Los cuatro pilares de una recuperación resiliente para todos

Hasta este momento, más de 1 millón de personas han perdido la vida por la COVID-19 y más de 35 millones se han contagiado. En cada lugar del mundo, las personas más pobres son las que más sufren y, según el informe La pobreza y la prosperidad compartida (i), publicado recientemente por el Banco Mundial, se estima que este año aumentará la pobreza extrema mundial, algo que sucedería por primera vez en una generación.

an solo en 2020, la pandemia podría aumentar drásticamente la cantidad de personas que viven en la pobreza extrema; el incremento, de hecho, podría ser de entre 88 millones y 115 millones. Este es el peor revés que hemos sufrido en nuestra lucha por poner fin a la pobreza. Además, el impacto de la COVID-19 no solo se observa en las personas extremadamente pobres: los confinamientos y el cese repentino de varias actividades económicas y de la movilidad han tenido un efecto mayor que las crisis anteriores. Es probable que los “nuevos pobres” sean personas de zonas urbanas, que hayan recibido educación y que trabajen en los sectores de servicios informales y manufacturas, en vez de la agricultura, y que los países de ingreso mediano se vean afectados considerablemente. Las mujeres también pueden resultar más perjudicadas, ya que tienen el doble de posibilidades que los hombres de perder su empleo, de cargar con el peso de los cuidados familiares durante el confinamiento y de “saltarse comidas” como respuesta a la caída de los ingresos.

En el informe también se analizan las tres “c” que impulsan esta situación adversa. Si bien la COVID-19 constituye la amenaza más reciente, el conflicto y el cambio climático han desacelerado la reducción de la pobreza durante años y, si no se abordan, incidirán negativamente en las posibilidades de alcanzar nuestra meta de 2030. Por ejemplo, en Oriente Medio y Norte de África, las tasas de pobreza extrema prácticamente se duplicaron entre 2013 y 2015, y luego de nuevo entre 2015 y 2018, a raíz de los conflictos registrados en Siria y Yemen. Si bien 37 de los Estados frágiles y en conflicto conforman el 10 % de la población mundial, constituyen el 40 % de la población pobre del mundo. Si no se hace algo al respecto, el cambio climático podría llevar a la pobreza a entre 68 millones y 132 millones de personas para 2030, lo que constituiría una amenaza particularmente grave para los países de África al sur del Sahara y Asia meridional. Estos son los lugares críticos donde se concentra la mayor parte de los habitantes pobres del mundo.

Como parte de nuestra respuesta a esta convergencia inusual de COVID-19, conflicto y cambio climático, la primera prioridad debe ser salvar vidas y restaurar los medios de subsistencia. Algunas de las políticas necesarias para lograr esto ya se están aplicando, como los sistemas de protección social: hasta el momento, más de 55 países —incluidos Brasil e Indonesia— han avanzado rápidamente para ampliar los programas de transferencias monetarias de Gobiernos a personas. En otros casos, podemos ayudar a los países a diseñar una respuesta específica para sus necesidades: en Haití (i), por ejemplo, el Banco Mundial ha proporcionado financiamiento para mejorar las pruebas y los tratamientos médicos, así como para prevenir la inseguridad alimentaria mediante la protección de la producción agrícola.

En el informe La pobreza y la prosperidad compartida se ofrece una evaluación basada en datos empíricos por región y país, con las prioridades de cada zona y las diferencias entre ellas. Hemos respondido de manera rápida y contundente, con fondos y actividades de conocimientos que orientan las políticas de respuesta de nuestros países clientes, a fin de poner en marcha programas de alivio sanitario y económico de emergencia. Hasta la fecha, hemos extraído cuatro conclusiones interconectadas, que ojalá sirvan para ayudar a definir mejor y acelerar nuestra acción colectiva —del Banco Mundial, los Gobiernos, los asociados y las partes interesadas— de cara al futuro.

Ampliar el aprendizaje y mejorar los datos:En medio de la incertidumbre desatada por la COVID-19, los Gobiernos y sus asociados tienen que encontrar respuestas eficaces rápidamente y ampliar su escala. Los países deben aprender sobre la marcha y compartir los resultados apenas se produzcan, mediante el registro, la organización y el intercambio de datos abiertamente. Esto genera confianza en el público y favorece la innovación y la implementación de políticas adecuadas. Poner datos de alta calidad a disposición de todos siempre es importante, pero especialmente en épocas de crisis. También contribuye a identificar mejor a los beneficiarios, determinar los tipos de programas necesarios para garantizar que se incluya a los grupos vulnerables (como las mujeres) y evaluar si los programas son eficaces.

Cerrar la brecha entre las aspiraciones y los logros en materia de políticas: muy a menudo se produce una brecha entre las políticas formuladas y los logros en la práctica; lo mismo se replica entre lo que esperan los ciudadanos y lo que experimentan a diario. Se debe prestar atención no solo a diseñar las políticas adecuadas sino también a fortalecer la capacidad de los sistemas administrativos encargados de implementarlas. Por ejemplo, hay una oportunidad de fortalecer y adaptar los sistemas de protección social para anticiparse a la próxima crisis —en vez de solo hacer frente a la crisis actual— y mejorar los sistemas de prestación de servicios, como el uso de los pagos digitales..

Invertir en preparación y prevención: la COVID-19, los conflictos y el cambio climático subrayan la necesidad de invertir en medidas integrales de preparación y prevención dentro de los países y más allá de sus fronteras. Un ejemplo de cooperación internacional exitosa es el Sistema de Alerta contra los Tsunamis y Atenuación de sus Efectos en el Océano Índico, que hoy coordina los centros de alerta que inicialmente crearon cinco países —Australia, India, Indonesia, Malasia y Tailandia— por separado después del terremoto y el tsunami de 2004. África, por su parte, se enfrenta a la COVID-19 desde una base más firme gracias a las enseñanzas aprendidas de los brotes de ébola y con la cooperación encabezada por organismos regionales, como el Programa de Mejoramiento de los Sistemas Regionales de Vigilancia de Enfermedades (en África occidental y central) y el Proyecto de Redes de Laboratorios de Salud Pública de África Oriental.

Ampliar la cooperación y la coordinación: durante las crisis, la cooperación y la coordinación son vitales para cultivar la solidaridad en las zonas afectadas y garantizar que las decisiones de los Gobiernos sean confiables y creíbles. Como lo han demostrado las respuestas de los países a la COVID-19, a pesar de ser muy diferentes entre sí, hacer hincapié en la cooperación y la coordinación es especialmente importante para garantizar una acción colectiva decisiva desde el comienzo de una crisis. La coordinación y la cooperación deben producirse entre los asociados en el desarrollo y el país en cuestión; dentro del Gobierno en general (Gobiernos nacionales, Gobiernos nacionales y locales), y en el conjunto de la sociedad, los Gobiernos y el sector no gubernamental (sector privado, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones comunitarias).

Pensando en Shanu, M’Balu y otros millones de personas, nos hemos comprometido a actuar con velocidad y determinación para ayudar a los países a salvar vidas, proteger los medios de subsistencia, reforzar las actividades orientadas a una recuperación resiliente y contribuir a que los países reencaminen sus programas de desarrollo.

Fuente: BANCO MUNDIAL octubre 2018