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Viernes, 26 de febrero de 2021

Nueva edición del Observatorio Demográfico
de América Latina y el Caribe 2020

El impacto de la pandemia del coronavirus (COVID-19) en la mortalidad de los países de la región y los posibles efectos de las muertes asociadas a esta enfermedad en la esperanza de vida al nacer de los 38 países y territorios de la región, son analizados en la nueva edición del Observatorio Demográfico de América Latina y el Caribe 2020, documento elaborado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

De acuerdo al documento, la aparición del COVID-19 golpeó a la región en un contexto de mejoras generalizadas y sistemáticas de la esperanza de vida concomitante con algunos retrocesos en ciertas causas de muerte y la presencia aún significativa de cargas de enfermedad asociadas a la desigualdad persistente.

Agrega que, desde el primer caso detectado en América Latina y el Caribe (Brasil, 25 de febrero de 2020), la pandemia ha presentado grandes retos económicos y sociales para la región, que van desde efectos directos en los sistemas de salud y en la salud de la población a los efectos indirectos generados por las medidas de distanciamiento social, con consecuencias en la oferta y la demanda económica, la suspensión de ciertas actividades productivas, el aumento del desempleo y la recesión económica mundial. La vulnerabilidad ante la pandemia se exacerba con los desafíos estructurales de la pobreza, la profunda desigualdad y la debilidad de los sistemas de protección social y salud en la región, señala la publicación.

El Observatorio revela que los diez países con mayor número de defunciones cuya causa se clasifica como COVID-19 hasta el 31 de octubre de 2020 por cada 100.000 habitantes son Perú, Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Argentina, Panamá, Colombia y Bahamas. En ese grupo, el rango de valores oscila entre 104,2 y 36,1 defunciones clasificadas como COVID-19 por 100.000 habitantes.

La evidencia indica que la mortalidad por COVID-19 es efectivamente mayor para la población de edades avanzadas. Además, una vez producido el contagio del virus, la mortalidad es más elevada en lugares con sistemas de salud fragilizados, donde hay más comorbilidades y, por ende, menor esperanza de vida al nacer. Los países con una mayor proporción de población adulta mayor, por una parte, y con una menor esperanza de vida al nacer, por otra, pueden resultar más afectados por la mortalidad de la pandemia una vez que estén infectados, a partir de las características observadas de mortalidad por el virus.

Asimismo, el documento señala que, de acuerdo a las investigaciones, el impacto mayor en la esperanza de vida al nacer se registraría en América del Norte, Europa y en América Latina y el Caribe debido a su estructura de población envejecida. En esas regiones, cada aumento porcentual en la prevalencia del COVID-19 puede disminuir la esperanza de vida al nacer en aproximadamente 0,1 años. Con una prevalencia del 10%, se perdería aproximadamente 1 año de esperanza de vida, y a 50%, 5 años. Cinco años menos en la esperanza de vida al nacer de América Latina y el Caribe significa retroceder a los niveles de 20 años atrás en la región. Así, América Latina y el Caribe puede ser una de las regiones más afectadas debido a su estructura por edades envejecidas.

El Observatorio Demográfico 2020 advierte que la tasa de letalidad por el COVID-19 puede ser cambiante y no estable, tanto por las mutaciones del virus y la población afectada como por los cambios en la práctica médica y en el tratamiento a medida que esta “aprende” con la pandemia, algo que, a su vez, puede ser diferente en los distintos países. Asimismo, el conocimiento sobre la prevalencia de la enfermedad acumulada en un año sigue siendo imprecisa. Con todo, aunque puede parecer apresurado indicar si los comportamientos observados impactan en la esperanza de vida al nacer, los resultados de las simulaciones alertan sobre probables estancamientos o retrocesos en este indicador. Pueden ser mayores si se considera el contexto de profundas desigualdades característico de la región, que puede estar incidiendo en grupos poblacionales en situación de mayor vulnerabilidad. Junto con ello, no se puede descartar un aumento de las muertes por enfermedades no tratadas debido a la crisis y a la falta de acciones claras por parte de los gobiernos para concientizar a la población sobre la necesidad de continuar los tratamientos en curso, así como los chequeos preventivos.

Fuente: CEPAL 23 de febrero de 2020

Viernes, 26 de febrero de 2021

La COVID-19 acentúa la desigualdad de género

  • A pesar de los avances recientes, las leyes aún limitan las oportunidades económicas de las mujeres, concluye un estudio

    Según un nuevo informe del Banco Mundial, los países continúan avanzando lentamente hacia una mayor equidad de género; sin embargo, las mujeres en todo el mundo se enfrentan a leyes y regulaciones que limitan sus oportunidades económicas, especialmente frente a los nuevos desafíos causados por la pandemia de COVID-19 en materia de salud, seguridad, y protección económica.

    Las reformas adoptadas para eliminar los obstáculos a la inclusión económica de las mujeres han sido lentas en muchas regiones y al mismo tiempo desiguales entre estas mismas, según el informe Mujer, Empresa y el Derecho 2021. En promedio, las mujeres tienen sólo tres cuartas partes de los derechos reconocidos a los hombres. Las mujeres ya se encontraban en desventaja antes de la pandemia, y las iniciativas gubernamentales a fin de atenuar algunos efectos de la crisis, si bien innovadoras, han sido limitadas en muchos países, señala el informe.

    El informe Mujer, Empresa y el Derecho 2021 mide leyes y regulaciones en 8 áreas que afectan las oportunidades económicas de las mujeres en 190 países dentro de un período que va desde septiembre de 2019 a octubre de 2020. Desde la movilidad a los desafíos que representan el trabajo, la crianza de los hijos y la jubilación, los datos ofrecen puntos de referencia objetivos y medibles sobre el progreso global hacia la igualdad de género. Tras el desencadenamiento de la pandemia, el informe también analiza igualmente la respuesta de los gobiernos a la crisis de COVID-19 y cómo la pandemia ha afectado a las mujeres en el trabajo y en el hogar, principalmente en lo referente al cuidado de los niños, el acceso a la justicia, la salud y la seguridad.

    En general, los hallazgos del informe indican que muchos gobiernos han adoptado medidas para abordar el impacto de la pandemia en las mujeres trabajadoras. Por ejemplo, menos de una cuarta parte de las economías analizadas por el informe garantizaba por ley a los padres trabajadores alguna licencia para el cuidado de los hijos antes de la pandemia. Desde entonces, con el cierre de escuelas, cerca de 40 economías en todo el mundo han establecido políticas sobre licencias o prestaciones sociales con el fin de ayudar a los padres en el cuidado de los niños. Aun así, es probable que estas medidas sean insuficientes para abordar los desafíos que ya enfrentan muchas madres trabajadoras, y la crisis de los servicios para el cuidado de los niños.

    La pandemia también ha contribuido al aumento de la gravedad y frecuencia de la violencia contra las mujeres. Una investigación preliminar muestra que, desde principios de 2020, los gobiernos adoptaron alrededor de 120 medidas nuevas como líneas de atención telefónica directa, asistencia psicológica y refugios para proteger a las mujeres de la violencia doméstica. Algunos gobiernos también establecieron medidas para brindar acceso a la justicia de varias maneras, por ejemplo, declarando urgentes los casos de familia durante el confinamiento y autorizando los procedimientos judiciales remotos para dichos asuntos. Sin embargo, los gobiernos aún cuentan con un amplio margen para implementar medidas y políticas destinadas a abordar las causas fundamentales de la violencia en el hogar.

    A pesar de la pandemia, 27 economías en todas las regiones y niveles de ingreso promulgaron reformas en todas las áreas analizadas y aumentaron las buenas prácticas en materia de legislación en 45 casos durante el año cubierto por el estudio. La mayoría de las reformas introdujeron o enmendaron leyes que afectan las áreas de remuneración y parentalidad.

    Aunque lograr la igualdad jurídica de género requiere un esfuerzo concertado por parte de los gobiernos, la sociedad civil y las organizaciones internacionales, entre otros, las reformas jurídicas y regulatorias pueden servir como un catalizador importante para mejorar las vidas de las mujeres, sus familias y comunidades. Un mejor desempeño en las áreas medidas por el informe Mujer, Empresa y el Derecho está asociado con la reducción de la brecha de género en resultados en materia de desarrollo, una mayor participación femenina en la fuerza laboral, empleos menos vulnerables y una mayor representación de las mujeres en los parlamentos nacionales.

    Fuente: BANCO MUNDIAL 23 de febrero de 2021

  • Martes, 19 de enero de 2021

    Indicador Oportuno de la Actividad Económica

    Cifras durante diciembre de 2020

  • El INEGI informa que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estima anticipadamente variaciones del IGAE para diciembre de 2020 contra diciembre de 2019 de (-)5.4 por ciento.

  • La variación anual esperada de las actividades secundarias al mes de diciembre de 2020 es de (-)4.9%, mientras que para las terciarias es de (-)6.6 por ciento.

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa las series consideradas con sus respectivos intervalos de confianza al 95 por ciento. Se estima una variación del IGAE de diciembre de 2020 respecto al mismo mes del año anterior de (-)5.4 por ciento. Considerando los principales Grandes Sectores de Actividad del IGAE, se tiene que, para las actividades secundarias, se calcula una caída anual de (-)4.9% en diciembre y para el sector terciario la variación anual sería de (-)6.6 por ciento.

    Fuente: INEGI 19 de diciembre de 2020

  • Martes, 12 de enero de 2021

    Contenida, la mosca del Mediterráneo en la frontera sur

  • Se instalaron 251 mil 673 Estaciones Cebo y se destruyeron 551 mil 054 kilogramos de frutos hospedantes de la plaga.

    El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) informó que las acciones de control y erradicación contra la mosca del Mediterráneo Ceratitis capitata (Wiedemann) en territorio chiapaneco resultaron efectivas, pues disminuyeron la población de la plaga a niveles manejables y dejaron de representar un riesgo mayor para la producción agrícola.

    La directora del programa Moscamed, confirmó que con base en la instrumentación del Dispositivo Nacional de Emergencia (DNE), la colaboración del gobierno del estado y del sector productivo se ha contenido el avance de la plaga, y en gran parte del territorio chiapaneco se han cumplido entre dos y tres ciclos biológicos sin que se detecten nuevos especímenes.

    De acuerdo con datos del Senasica, de enero a octubre de 2020, los técnicos mantuvieron en operación permanente en Chiapas alrededor de 16 mil trampas, tres mil 500 más que en 2019, las cuales fueron revisadas 425 mil 922 ocasiones, 30 por ciento más que en el mismo periodo del año pasado.

    Con el trampeo, los especialistas identificaron que el mayor número de incursiones se concentró en el área cafetalera, por lo que las acciones de control químico, mecánico y biológico se dirigieron principalmente a esa área.

    Se instalaron 251 mil 673 Estaciones de Cebo, las cuales utilizan atrayentes específicos a base de proteína de origen animal para atrapar a las moscas. Adicionalmente, se destruyeron 551 mil 054 kilogramos de frutos hospedantes de la plaga.

    Como parte de la estrategia de erradicación, se han liberado 20 mil 248 millones de moscas del Mediterráneo estériles, 14 mil 932 millones producidas en la planta de cría y esterilización Moscamed, ubicada en Metapa de Domínguez, Chiapas, y cinco mil 316 millones procedentes de la planta El Pino, Guatemala.

    También, como método de control biológico, se liberaron 882 millones de avispas parasitoides Diachasmimorpha longicaudata, las cuales son enemigas naturales de la mosca del Mediterráneo. Esta cifra es cuatro veces mayor que la registrada en el mismo periodo de 2019.

    El parasitoide fue liberado en más de 31 mil hectáreas en los municipios de Chicomuselo, Ocosingo y La Independencia, Chiapas, lugares con altos registros de larvas de la plaga, y que son de riesgo por ser áreas extensas de producción de café.

    Para evitar que productos hospedantes de la plaga salgan del área cuarentenada, 82 oficiales del Senasica y 24 técnicos de los Comités de Sanidad Vegetal y de Protección Pecuaria de Chiapas laboran en 13 Puntos de Verificación Interna, en las principales zonas de riesgo.

    Gracias al trabajo de técnicos y productores hortofrutícolas, México tiene un estatus fitosanitario privilegiado, ya que es libre de más de 900 plagas exóticas de importancia cuarentenaria, incluida la mosca del Mediterráneo, considerada como una de las más devastadoras a nivel mundial por su capacidad de dañar a más de 200 especies de frutas y hortalizas.

    Nuestro país es considerado libre de esta plaga desde hace más de 30 años, situación que impacta positivamente a los agricultores del país, que cultivan más de 1.9 millones de hectáreas, con una producción anual de 21 millones de toneladas y un valor comercial estimado en 174 mil 287 millones de pesos.

    Gran parte del éxito de esta labor proviene del trabajo de vigilancia epidemiológica que operan los técnicos de la Secretaría de Agricultura, quienes buscan permanentemente al insecto en todo el territorio nacional, por lo que cuando detectan un brote se implementan acciones de manera inmediata.

    Fuente: SAGARPA 11 de enero de 2021

  • Viernes, 18 de diciembre de 2020

    Panorama Laboral 2020. América Latina y el Caribe

  • Unas 30 millones de personas están desocupadas y 23 millones habrán salido de la fuerza de trabajo ante la falta de oportunidades. En 2021 el empleo estará en terapia intensiva y los indicadores podrían empeorar, dice informe anual de la OIT.

    Durante los últimos 10 meses los mercados de trabajo de América Latina y el Caribe han retrocedido al menos 10 años y la crisis está lejos de terminar, dijo el Director Regional de la OIT, al presentar una nueva edición del informe anual Panorama Laboral, que en esta ocasión retrata el impacto sin precedentes de la crisis por COVID-19.

    Frente a este escenario los países de la región enfrentan ahora el desafío de “sentar las bases para una nueva y mejor normalidad”, lo cual implicará adoptar estrategias para generar más y mejores empleos en la medida que se vaya reactive la producción y vaya disminuyendo la emergencia sanitaria.

    “Ahora es indispensable lograr crecimiento económico con empleo. El empleo es crucial para reducir la pobreza y enfrentar la amplificación de las desigualdades que está dejando como secuela esta pandemia”.

    El Panorama Laboral 2020 registra un fuerte aumento en la tasa de desocupación que subiría hasta 2,5 puntos porcentuales en comparación con el año anterior, pasando de 8,1% a 10,6%. Esto significaría que el número de personas buscando empleo que no lo pueden conseguir aumenta en 5,4 millones y llega hasta 30,1 millones.

    El informe de la OIT advierte que en un escenario de crisis tan abrupta la tasa de desocupación cuenta solo una parte de la historia. Este año se registró un inédito transito hacia la inactividad por parte de personas que desistieron de buscar trabajo ante la falta de oportunidades. La tasa de participación se desplomó en 5,4 puntos porcentuales hasta 57,2% de acuerdo con los datos disponles al cierre del tercer trimestre de 2020.

    Más allá de los porcentajes esto significa que unas 23 millones de personas salieron de la fuerza laboral temporalmente y han perdido sus empleos y sus ingresos. En la medida que las economías se recuperen, su regreso a los mercados de trabajo generará presiones adicionales para los indicadores de desocupación del año próximo.

    En 2021 la tasa de desocupación podría volver a subir hasta 11,2%, dijo la OIT, al considerar que influirán también factores como un crecimiento económico moderado en torno a 3,5%, insuficiente para recuperar el terreno perdido en la crisis, y la incertidumbre en torno a la evolución de la pandemia de COVID-19, incluyendo los temores sobre rebrotes y sobre la eficacia de los procesos de vacunación.

    El informe agrega que antes de la crisis sanitaria, lo que ha sostenido a la participación y ocupación regional ha sido la incorporación de las mujeres en el mercado laboral. Por la pandemia, este proceso claramente enfrenta un retroceso. La reducción en tasa de participación proporcionalmente fue más importante entre las mujeres, de -10,4% entre las mujeres, que entre los hombres, de -7,4%.

    En el caso de la población entre 15 y 24 años, durante los primeros tres trimestres de 2020 las tasas de participación y de ocupación juveniles cayeron en torno a los 5,5 pp., hasta ubicarse en 42,7% y 33,0%. La tasa de desocupación juvenil subió 2,7 pp. hasta 23,2%, un nivel que no había sido registrado antes, y que implica que uno de cada cuatro jóvenes estaba sin empleo al tercer trimestre de 2020.

    Al analizar los datos disponles sobre categorías ocupacionales al tercer trimestre, el informe de la OIT dice que en 2020 el empleo asalariado total y el empleo por cuenta propia cayeron -6,8% y -8,9%. También se observa el impacto que la crisis sanitaria tuvo en otras categorías ocupacionales, como los empleadores (-9,8%) y el servicio doméstico (-19,4%).

    La contracción del empleo fue particularmente importante en sectores de servicios como hoteles (-17,6%) y comercio (-12,0%). Por otra parte, también se observa que la crisis sanitaria afectó fuertemente el empleo en la construcción (-13,6%) y la industria (-8,9%). La menor caída de la ocupación se observó en la agricultura (-2,7%).

    El Panorama Laboral 2020 tiene un tema especial en el que se analizan diversas repercusiones de la crisis de la COVID-19, incluyendo las medidas adoptadas por los gobiernos para proteger los empleos, los ingresos, y el funcionamiento de las empresas en tiempos de emergencia. El informe dice que fue un esfuerzo importante, aún cuando “en algunos casos hubo la sensación de que las ayudas llegaron tarde, o bien que no eran suficientes para cubrir los ingresos perdidos”.

    El auge del trabajo de plataformas, en especial de reparto, y el crecimiento del teletrabajo, así como los desafíos que se enfrentan en su regulación, en el cierre de las brechas digitales, en la capacitación y en su desempeño en condiciones de formalidad, también son objetos de análisis en este Panorama Laboral.

    Fuente: OIT 17 de diciembre de 2020

  • Jueves, 17 de diciembre de 2020

    Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE)

    Cifras durante noviembre de 2020

    El IOAE estima anticipadamente variaciones del IGAE para noviembre de 2020 contra noviembre de 2019 de (-)5.0 por ciento.

    La variación anual esperada de las actividades secundarias al mes de noviembre de 2020 es de (-)5.3%, mientras que para las terciarias es de (-)4.8 por ciento.

    El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE), permite contar con estimaciones econométricas muy oportunas sobre la evolución del IGAE. Así, mientras que el IGAE y sus actividades económicas se dan a conocer aproximadamente 8 semanas después de terminado el mes de referencia, el IOAE presenta sus estimaciones apenas tres semanas después del cierre del mes, adelantadas en 5 semanas a la salida de los datos oficiales.

    La siguiente tabla muestra los resultados del IOAE para las series consideradas con sus respectivos intervalos de confianza al 95%. Se estima una variación del IGAE de noviembre respecto al mismo mes del año anterior de (-)5.0 por ciento. Considerando los principales Grandes Sectores de Actividad del IGAE, se tiene que, para las actividades secundarias, se calcula una caída anual de (-)5.3% en noviembre, mientras que, para el sector terciario, la variación anual sería de (-)4.8 por ciento.

    Fuente: INEGI 17 de diciembre de 2020

    Miércoles, 16 de diciembre de 2020

    Cuentas Corrientes y de Acumulación de
    los Gobiernos Estatales y Locales, 2019

    El INEGI presenta los principales resultados de las cuentas de los “Gobiernos Estatales y Gobiernos Locales. Cuentas Corrientes y de Acumulación. Cuentas de Producción por Finalidad, 2019, con año base 2013”, que forman parte del Sistema de Cuentas Nacionales de México. En estos resultados se integra el nivel, la estructura y evolución del gobierno de cada una de las entidades federativas y de la Ciudad de México.

    Durante 2019, los gobiernos estatales y locales contribuyeron con un Valor Agregado Bruto (VAB) de 1,305,356 millones de pesos corrientes. De dicho valor el 44.2% correspondió a la prestación de servicios educativos, 43.2% a las actividades del gobierno y a los denominados servicios de salud y de asistencia social el 12.6% restante.

    En el año de referencia, las entidades que asignaron una mayor proporción de su VAB a la educación fueron: Sinaloa, Chiapas, Veracruz de Ignacio de la Llave, Puebla, Coahuila de Zaragoza, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Jalisco, Durango y Oaxaca.

    El gasto en inversión fija (formación bruta de capital fijo) de los Gobiernos Estatales y Locales fue de 290,631 millones de pesos. Los Gobiernos que registraron la mayor aportación sobre este total fueron: el Estado de México con 12.7%, el Gobierno de la Ciudad de México 9.1%, Guanajuato 3%, Sinaloa 2.9%, Jalisco y Sonora con 2.3%, individualmente, Veracruz de Ignacio de la Llave y Chiapas con 2.1%, en cada estado, Coahuila de Zaragoza y Tamaulipas con 1.9%, en cada gobierno.

    En 2019 el número de ocupaciones remuneradas de los Gobiernos Estatales y Locales se ubicó en 3,722,001 personas, de las cuales el 54.7% prestó sus servicios en actividades del gobierno; el 37.8% en el sector educativo, y el 7.5% restante laboró en los servicios de salud y de asistencia social.

    Adicionalmente a los resultados anteriores, se proporciona la información desagregada del VAB de los Gobiernos Locales, quienes destinaron el 93.7% de sus recursos para realizar las actividades del gobierno.

    Fuente: INEGI 16 de diciembre de 2020

    Miércoles, 16 de diciembre de 2020

    América Latina y el Caribe tendrá crecimiento positivo en 2021

  • En su Balance Preliminar de las Economías de la región, la CEPAL prevé una contracción promedio de -7,7% para 2020 -la mayor en 120 años- y un rebote de 3,7% en 2021.

    La región de América Latina y el Caribe marcará una contracción de -7,7% en 2020, pero tendrá una tasa de crecimiento positiva de 3,7% en 2021, debido principalmente a un rebote estadístico que, sin embargo, no alcanzará para recuperar los niveles de actividad económica pre-pandemia del coronavirus (en 2019), indicó la CEPAL en un nuevo informe.

    La CEPAL dio a conocer su Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2020, uno de los principales reportes anuales del organismo de las Naciones Unidas.

    Según el documento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en un contexto de contracción global, América Latina y el Caribe es la región más golpeada del mundo en desarrollo por la crisis derivada del COVID-19. En la década previa a la pandemia la región mostraba una trayectoria de bajo crecimiento y en 2020 enfrenta una combinación de choques negativos de oferta y demanda sin precedentes, lo que se traduce en la peor crisis económica de los últimos 120 años.

    Si bien los importantes esfuerzos fiscales y monetarios realizados por los países han permitido mitigar los efectos de la crisis, las consecuencias económicas y sociales de la pandemia han sido exacerbadas por los problemas estructurales que la región arrastra históricamente. Para el año 2021 se espera una tasa de crecimiento del PIB positiva que refleja fundamentalmente un rebote estadístico, pero la recuperación del nivel de producto interno bruto (PIB) pre crisis será lenta y se alcanzaría recién hacia el año 2024.

    Las debilidades y brechas estructurales históricas de la región, su limitado espacio fiscal, la desigualdad, la escasa cobertura y acceso a la protección social, la elevada informalidad laboral, la heterogeneidad productiva y la baja productividad son centrales para entender el alcance de los efectos de la pandemia en las economías de la región, sus dificultades para implementar políticas que mitiguen estos efectos y los desafíos a la hora de emprender una reactivación económica sostenible e inclusiva.

    Antes de la pandemia la región ya mostraba un bajo crecimiento económico: en promedio un 0,3% en el sexenio 2014-2019, y específicamente en 2019 una tasa de 0,1%. Con la llegada de la pandemia, se sumaron a ese bajo crecimiento económico los choques externos negativos y la necesidad de implementar políticas de confinamiento, distanciamiento físico y cierre de actividades productivas, lo que hizo que la emergencia sanitaria se materializara en la peor crisis económica, social y productiva que ha vivido la región. La contracción de la actividad económica ha venido acompañada de un aumento significativo de la tasa de desocupación, que se prevé en torno al 10,7% en 2020, una profunda caída de la participación laboral y un incremento considerable de la pobreza y la desigualdad.

    De acuerdo con las proyecciones entregadas por el organismo de las Naciones Unidas, América del Sur se contraería -7,3% en 2020 y crecería 3,7% en 2021; América Central caería -6,5% en el presente período y se expandiría 3,8% el próximo año; mientras que El Caribe anotaría una contracción de -7,9% en 2020 y un crecimiento de 4,2% en 2021.

    El documento de la CEPAL enfatiza que para evitar que la región persista en su dinámica de bajo crecimiento se requiere de políticas fiscales y monetarias expansivas junto con políticas ambientales e industriales, que permitan las transformaciones estructurales que la región necesita y promuevan un desarrollo sostenible.

    Plantea la necesidad de priorizar el gasto para la reactivación y transformación económica y social mediante el fomento de la inversión intensiva en empleo y ambientalmente sostenible en sectores estratégicos; extender el ingreso básico a personas en situación de pobreza; otorgar financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES); entregar incentivos al desarrollo productivo, revolución digital para la sostenibilidad y tecnologías limpias; y universalizar los sistemas de protección social.

    Se argumenta que más allá de los esfuerzos nacionales, la reactivación y la transformación económica de la región requerirán de financiamiento y cooperación internacional. En este ámbito, enfatiza la necesidad de utilizar instrumentos como la emisión y reasignación de los Derechos Especiales de Giro (DEGs) del Fondo Monetario Internacional para fortalecer las reservas de los países de la región y los acuerdos regionales; incluir a los países de renta media vulnerables en la iniciativa de moratoria de deuda del G-20 (DSSI, por sus siglas en inglés) y además poner en práctica el canje de deuda por adaptación al cambio climático en el caso del Caribe junto con la creación de un fondo de resiliencia; y capitalizar las instituciones de crédito multilaterales, regionales y nacionales.

     

    Fuente: CEPAL 16 de diciembre de 2020

     

  • Martes, 15 de diciembre de 2020

    CONEVAL presenta la Plataforma para
    el Análisis Territorial de la Pobreza

  • La plataforma aporta elementos para el diseño e implementación de políticas públicas acordes a las especificidades de cada localidad, municipio o región. Es una herramienta que permite el análisis y divulgación de información geoespacial relacionada con la pobreza desde una perspectiva territorial.

  • Está organizada en cinco dimensiones: económica, sociodemográfica, infraestructura, geográfica y gobierno, con un total de 25 indicadores.

    El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) pone a disposición de la ciudadanía y los tomadores de decisión la Plataforma para el Análisis Territorial de la Pobreza (PATP), en su primera etapa, como una herramienta que permite el análisis y divulgación de información geoespacial sobre la pobreza desde una perspectiva territorial.

    La plataforma es un proyecto a largo plazo que se presentará por etapas y la actualización de sus indicadores se realizará en función de la disponibilidad de información. La primera etapa está organizada en cinco dimensiones: económica, sociodemográfica, infraestructura, geográfica y gobierno, con un total de 25 indicadores.

    Para cada dimensión, los indicadores están disponibles mediante visores geoespaciales en los que se presenta información sobre el acceso de la población a infraestructura de salud o educación; entorno físico-geográfico; estructura sociodemográfica de la población; contexto económico e incluso, de algunas acciones en materia de infraestructura social del gobierno, entre más información.

    La PATP destaca las características y contextos específicos de los municipios a partir de indicadores enfocados principalmente al análisis de la pobreza, con la finalidad de aportar elementos que sean de utilidad para tener un panorama general de las condiciones de los municipios en situación de pobreza y para el diseño e implementación de políticas públicas acordes a las características específicas de la población de cada localidad, municipio o región.

    La Plataforma para el Análisis Territorial de la Pobreza está compuesta por elementos que pueden ser descargados directamente y otros solo son para visualización y consulta.

    La estructura general de la plataforma se muestra en la imagen siguiente.

    Uno de los productos que se suma a la publicación de la PATP es el documento Pobreza rural en México (https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Documents/PATP/Pobreza_rural.pdf) que surge a partir de una tipología municipal que forma parte de los indicadores de la dimensión geográfica, con el objetivo de analizar la pobreza e identificar el contexto territorial de los municipios rurales en México.

    Fuente: CONEVAL 15 diciembre de 2020

  • Viernes, 11 de diciembre de 2020

    Resultados del Censo Nacional de Poderes
    Legislativos Estatales (CNPLE) 2020

  • Al cierre de 2019, los Congresos estatales reportaron un total de 956 legisladores: 50.5% fueron hombres y 49.5%, mujeres. De acuerdo con el cargo desempeñado, las mujeres fungieron como presidentas en 32.1% de las mesas directivas y 21.4% de las Juntas de Coordinación Política u homólogas.

  • Con relación al perfil de las y los legisladores, 62.8% contó con estudios de licenciatura; 1.6% perteneció a un pueblo indígena; 0.7% presentó alguna condición de discapacidad, y 84.4% indicó tener entre 1 y 3 años de antigüedad como legislador.

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales (CNPLE) 2020, programa estadístico que ofrece información relevante sobre la gestión y desempeño del Congreso de cada entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno, estructura parlamentaria y trabajo legislativo, con la finalidad de que ésta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

    Entre los datos que aporta este Censo, se encuentra que:

  • Al cierre de 2019, los Congresos estatales reportaron un total de 956 legisladores: 50.5% fueron hombres y 49.5%, mujeres.

  • En relación con el personal de apoyo con el que contaron las y los legisladores para el desarrollo de sus funciones al cierre de 2019, se reportó un total de 3 559; de ellos, 54.4% (1 937) fueron hombres y 45.6% (1 622), mujeres. De acuerdo con la función desempeñada, 31.2% eran asesores y 28.4% personal administrativo.

  • En relación con los recursos presupuestales que ejercieron las y los legisladores durante 2019, reportó un total de 3 380 751 065 pesos. De dicho presupuesto, 32.5% se destinó a remuneración mensual, 23.5% para atención ciudadana, 13.1% a asistencia legislativa, 6.2% para gestión parlamentaria y 22.3% a otro concepto de gasto.

  • Durante 2019 se presentaron 6 345 dictámenes para su discusión en el pleno, 5 314 (83.8%) correspondió a iniciativas y 1 031 (16.2%) a proposiciones con punto de acuerdo.

  • En el mismo periodo, los Congresos estatales aprobaron 2 669 leyes y 6 310 decretos que se publicaron en las gacetas o periódicos oficiales.

    En su versión 2020, los resultados del CNPLE integra información correspondiente a 2019, la cual se presenta mediante cuadros estadísticos organizados en los siguientes apartados:

    1) Estructura organizacional y recursos; 2) Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales; 3) Control interno y anticorrupción; 4) Administración de archivos y gestión documental; 5) Participación ciudadana; 6) Estructura parlamentaria y trabajo legislativo.

    Fuente: INEGI 11 de diciembre de 2020

  • Jueves, 10 de diciembre de 2020

    Día Internacional de los Derechos Humanos 2020

  • Todos a reconstruir tras la pandemia de COVID-19 para lograr un desarrollo sostenible para las personas y el planeta, exhorta la ONU.

    Plasmadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, estas prerrogativas son inalienables para toda persona, sin distingo de raza, color, religión, sexo, idioma, cultura, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, lugar de nacimiento o cualquier otra condición.

    Estos preceptos universales que representan un ideal común para todos los pueblos y naciones, postulan que todas las personas tienen la misma dignidad y el mismo valor, y son reconocidos en todo el mundo desde el 10 de diciembre de 1948, fecha en que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de Derechos Humanos, que ha sentado las bases de un mundo más justo.

    Los derechos humanos son inalienables, es decir, no pueden ser legítimamente negados a ninguna persona al ser inherentes al individuo por el sólo hecho de pertenecer a la especie humana; se adquieren de manera involuntaria.

    Considera que este 10 de diciembre es una oportunidad para reafirmar la importancia de los derechos humanos para construir de nuevo el mundo que queremos, la necesidad de solidaridad mundial y la interconexión y humanidad que compartimos como seres humanos.

    Los derechos humanos han sido clasificados según el momento histórico en que surgieron o el reconocimiento que han tenido por parte de los Estados, como de primera generación (derechos civiles y políticos); segunda generación (derechos económicos, sociales y culturales) y tercera generación (los que corresponden a grupos de personas o colectividades que comparten intereses comunes).

    Aun antes de la pandemia de COVID-19, el Gobierno de México había puesto un foco de atención sobre un grave problema de salud pública y ambiental relacionado con la alimentación basada en productos industrializados de alto contenido calórico que generó las comorbilidades que hoy agudizan la catástrofe sanitaria en el país y, por si fuera poco, impactan agua, suelos, aire y biodiversidad por el uso de agroquímicos.

    El organismo internacional aboga por asegurarnos de que las voces de los más afectados y vulnerables informen de las actividades de recuperación. Necesitamos, dice, el desarrollo sostenible para las personas y para el planeta, y considera que los derechos humanos, la Agenda 2030 y el Acuerdo de París son los pilares de una recuperación que no deje a nadie atrás.

    Fuente: SEMARNAT 10 de diciembre de 2020

  • Miércoles, 9 de diciembre de 2020

    Día para la Conmemoración y Dignificación de las
    Víctimas del Crimen de Genocidio y su Prevención

    Este 9 de diciembre de 2020 celebramos el Día para la Conmemoración y Dignificación de las Víctimas del Crimen de Genocidio y su Prevención, así como el septuagésimo aniversario de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, conocida como la “Convención sobre el genocidio”, el primer tratado de derechos humanos aprobado por la Asamblea General. La Convención es la afirmación del compromiso de la comunidad internacional de “nunca más” y proporciona la primera definición jurídica internacional de “genocidio”, una definición ampliamente adoptada, a nivel nacional e internacional. Asimismo, establece la obligación de los Estados Partes de prevenir y castigar el delito de genocidio.

    Para conmmemorar el día, el 9 de diciembre de las 11 a las 13 horas se celebrará, en la Sede de la ONU en Nueva York, un acto virtual. El evento quiere honrar a las víctimas del genocidio y está en sintonía con las iniciativas del 75º aniversario de la ONU, los compromisos de la Organización con la promoción de la paz y prevención de los conflictos y el llamamiento del Secretario General a favor de un alto al fuego mundial. En el acto se quiere escuchar las voces de las víctimas y debatir el impacto de las respuestas de la justicia internacional, tanto la justicia penal como las reparaciones, en el empoderamiento de las víctimas y la prevención de nuevos crímenes atroces. Los magistrados y expertos internacionales también compartirán sus experiencias en la concesión de justicia a las víctimas de genocidio y delitos conexos, en la búsqueda de la paz y la estabilidad y en la prevención de la repetición de esos delitos.

    Genocidio es “cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:

  • Matanza de miembros del grupo;

  • Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;

  • Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;

  • Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;

  • Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.”

    Así lo establece el artículo 2 de la Convención contra el Genocidio, que lo tipifica como delito de derecho internacional, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra. Aquellos países miembros de la convención se comprometen a prevenirlo y sancionarlo; y la responsabilidad principal tanto para evitarlo como para detenerlo recae en el Estado. Este año se cumplen 70 años de la Convención.

    Para poder prevenir el genocidio, es de importancia crucial entender sus causas fundamentales. Los conflictos pueden surgir por múltiples motivos, pero los conflictos genocidas responden a factores relacionados con la identidad y tienden a ocurrir en sociedades con diversos grupos nacionales, raciales, étnicos o religiosos. Lo que genera el conflicto no son las propias diferencias de identidad, reales o percibidas, sino sus consecuencias en cuanto al acceso al poder y a la riqueza, a los servicios y recursos, al empleo, a las oportunidades de desarrollo, a la ciudadanía y al disfrute de los derechos y libertades fundamentales. Esos conflictos son fomentados por la discriminación, los discursos de incitación al odio que promueven la violencia y otras violaciones de los derechos humanos.

    Es fundamental, además, determinar los factores (prácticas discriminatorias) que en cada situación concreta generan o propician desigualdades importantes en la administración de una población diversa. Tras la identificación de esos factores, se deben buscar maneras de reducir esas prácticas y, si es posible, erradicarlas. Puesto que no hay ningún país que sea totalmente homogéneo, el genocidio constituye una amenaza de alcance realmente mundial.

    Los tres pilares de la responsabilidad de proteger están estipulados en el Documento Final de la Cumbre y formulados en el informe del Secretario General de 2009 titulado “Hacer efectiva la responsabilidad de proteger”. El compromiso político adquirido por los Estados Miembros en 2005 está profundamente arraigado en el derecho internacional, incluida la Convención sobre el Genocidio.

    Fuente: ONU 09 de diciembre de 2020

  • Miércoles, 9 de diciembre de 2020

    Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 2019

    El INEGI presenta los resultados del Producto Interno Bruto por Entidad Federativa 2019, los cuales se derivan del Sistema de Cuentas Nacionales de México y se muestran con desagregaciones en valores corrientes, a precios constantes, índices de precios implícitos e índices de volumen físico. Esto permite observar la dinámica de las entidades federativas y su participación en el Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

    En términos nominales, las entidades con mayor aportación al PIB nacional fueron: la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz de Ignacio de la Llave, Guanajuato, Coahuila de Zaragoza, Baja California, Chihuahua, Sonora y Puebla; de manera conjunta contribuyeron con el 66.1% del PIB nacional a precios básicos en 2019.

    Durante el año en cuestión, las actividades terciarias (comercio y servicios) con más participación en el PIB total de estas actividades residieron en la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Veracruz de Ignacio de la Llave, Guanajuato, Puebla, Baja California, Michoacán de Ocampo, Chihuahua y Tamaulipas agrupando el 69.5% del producto total de estas actividades.

    En las actividades secundarias (sector industrial), las principales aportaciones fueron observadas en Nuevo León, el Estado de México, Jalisco, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Guanajuato, la Ciudad de México, Sonora, Baja California, Chihuahua, y Veracruz de Ignacio de la Llave participando con el 65.3 por ciento.

    Por su parte, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Sinaloa, Veracruz de Ignacio de la Llave, Chihuahua, Sonora, Guanajuato, Puebla, el Estado de México, Durango y Chiapas, destacaron al agregar el 68.6% del PIB en las actividades primarias (agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza).

    En 2019, los estados que reportaron el mayor crecimiento anual en su PIB en términos reales con relación al 2018 fueron: Tlaxcala con una tasa de 5.6%, Colima 4.6%, Sinaloa 2.3%, Tamaulipas 2%, Baja California y Nuevo León con 1.8%, en cada estado, Chihuahua 1.7%, Quintana Roo y Yucatán 1.4%, en cada caso, Veracruz de Ignacio de la Llave 1.1%, y Durango con el 1 por ciento.

    Fuente: INEGI 09 de diciembre de 2020

    Lunes, 7 de diciembre de 2020

    Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019

  • En 2019 la tasa de trabajo infantil se situó en 11.5%, correspondiente a 3.3 millones de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años que trabajan. En 2017 la tasa fue de 11% (3.2 millones).

  • De los 3.3 millones de niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil, 2 millones (7.1%) laboran en actividades económicas no permitidas, lo que representa una disminución de 4.4 puntos porcentuales de 2007 a 2019.

  • Además, 1.3 millones (4.4%) trabajan exclusivamente en actividades domésticas sin remuneración en sus propios hogares en condiciones no adecuadas.

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), realizó la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2019 durante el cuarto trimestre de 2019, dirigida a la población de 5 a 17 años en México.

    La encuesta da continuidad a la generación de información sobre la evolución del trabajo infantil en México y se levanta de manera regular cada dos años desde 2007.

    Ofrece información actualizada sobre la medición del trabajo infantil en actividades económicas no permitidas y sobre el trabajo no remunerado en actividades domésticas en el propio hogar en condiciones no adecuadas.

    Trabajo Infantil y sus Componentes

    De acuerdo con los resultados de la ENTI 2019, la población infantil de 5 a 17 años en México fue de 28.5 millones, de los cuales, 3.3 millones (11.5%) realizaron trabajo infantil: 61.1% hombres y 38.9% mujeres.

    La tasa de trabajo infantil en 2019 fue de 11.5%. De este, el 6.2% realizó solo alguna ocupación no permitida, 4.4% solo se dedicó a realizar quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas y 0.9% alternó ambas formas de trabajo.

    Estudios realizados por la OIT, establecen que el fenómeno del trabajo infantil está estrechamente vinculado con el entorno social, económico y cultural de cada país o región, además de que identifica entre las causas más inmediatas de este fenómeno, la pobreza y algunas problemáticas que enfrentan las familias.

    Las tasas de trabajo infantil más altas se observaron en Oaxaca con 21.5% y Puebla y Chiapas con 18.3%, cada una; en tanto que las más bajas se registraron en Baja California y Ciudad de México, con 5.3% y 5.4%, respectivamente.

    Población Infantil en Ocupaciones no Permitidas

    La medición del trabajo infantil en actividades económicas no permitidas comprende dos grupos de población, aquellos que trabajan a pesar de tener una edad menor a la permitida y los que teniendo la edad mínima legal para trabajar, lo hacen en sectores económicos y ocupaciones peligrosas y/o prohibidas; y en horarios prolongados de acuerdo con lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Esta metodología fue aprobada por el Comité Técnico Especializado de Estadísticas del Trabajo y Previsión Social (CTEETPS) en 2016, cuando se definió que las ocupaciones no permitidas son “las actividades económicas que no están permitidas por la ley, que ponen en riesgo la salud, o bien afectan el desarrollo físico y/o mental de las niñas, los niños y los adolescentes de 5 a 17 años de edad”.

    La ENTI 2019 identificó 2 millones de niños, niñas y adolescentes que realizan ocupaciones no permitidas, que equivalen a 7.1% de la población de 5 a 17 años del país; mientras que la ocupación permitida la desarrollan 133 mil personas en este grupo de edad.

    La tasa de ocupación infantil en actividades económicas no permitidas descendió de 11.5% a 7.1% entre 2007 y 2019. Esta tasa, para la población de 5 a 14 años en el mismo periodo, disminuyó de 6.9% a 4.1 por ciento.

    Finalmente, de los 16.9 millones de hogares con población de 5 a 17 años identificada en 2019; en 1.8 millones de ellos (10.5%) hay niños, niñas o adolescentes que realizan ocupaciones no permitidas, la mayoría en hogares con jefatura masculina (74.7%). Aun así, el número de hogares con ocupación infantil no permitida mostró un descenso de 2.3 millones en 2009 a 1.8 millones en 2019.

    Población Infantil que Realiza Trabajo
    Doméstico en Condiciones no Adecuadas

    Para la medición del trabajo doméstico en condiciones no adecuadas, se toma en cuenta la legislación laboral nacional, las recomendaciones internacionales y la metodología de las estimaciones mundiales de trabajo infantil de la OIT, su medición considera todas aquellas actividades dedicadas a la producción de servicios para el consumo de los integrantes del hogar, que afectan la salud o integridad física de quienes las realizan, es decir, se llevan a cabo en condiciones peligrosas o en horarios prolongados.

    La ENTI 2019 estima que 20.8 millones de niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años realizan quehaceres domésticos en sus hogares sin recibir remuneración, de los cuales 1.5 millones los hacen en condiciones no adecuadas (7.3%) y se puede descomponer en: 35.9% en horarios prolongados y 64.1% en condiciones peligrosas.

    Por sexo, se observa que los quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas lo realizan en menor proporción los niños (48.7%), en relación con las niñas (51.3 por ciento). Al dividirlos según las condiciones, en horarios prolongados, 34.2% representan los niños y 65.8% las niñas; en contraparte, en condiciones peligrosas, 56.8% corresponde a los niños y 43.2% a las niñas.

    A nivel estatal, la tasa de quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas más alta se registra en Oaxaca, con 9.3% y la más baja en Baja California con 2.3 por ciento.

    Fuente: INEGI 07 de diciembre de 2020

  • Lunes, 7 de diciembre de 2020

    Estadísticas a propósito del Día Internacional
    contra la Corrupción (9 de diciembre)

  • En el país, la prevalencia de corrupción mantiene una tendencia creciente de 2013 a 2019, al pasar de 12 a casi 16 víctimas de corrupción por cada 100 habitantes.

  • Entre 2017 y 2019, el costo de la corrupción a precios constantes aumentó 63.1%; el gasto promedio por persona afectada pasó de 2 273 pesos en 2017 a 3 822 pesos en 2019.

  • La corrupción afecta el nivel de confianza en el gobierno. Los datos indican que la desconfianza fue mayor entre las personas que habían experimentado algún acto de corrupción respecto a las que no fueron víctimas.

    Desde 2003, el combate a la corrupción es uno de los temas prioritarios en la agenda internacional. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción designa el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción y, más tarde, en 2015, se agregan indicadores sobre el tema en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Por su parte, el Estado mexicano ha realizado ajustes normativos e institucionales para responder al reto de controlar y disminuir la corrupción; sin embargo, los ajustes normativos e institucionales de los últimos años coinciden con un aumento sostenido de las víctimas de corrupción entre la población de 18 años y más.

    De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, entre 2013 y 2019, la cifra pasó de 12 a 16 víctimas de corrupción por cada 100 habitantes. Vista la distribución nacional, se tiene que, en 2019, las entidades que presentaron la mayor proporción de personas víctimas de algún acto de corrupción fueron Durango, Ciudad de México y México, en donde la población tiene el doble de probabilidad de ser víctima de corrupción comparada con Nuevo León, y el triple de probabilidad que en Colima o Zacatecas, entidades con la menor prevalencia a nivel nacional.

    Desde 2013, los trámites con mayor porcentaje de experiencias de corrupción son los que involucran contacto con autoridades de seguridad pública, hacer gestiones relacionadas con la propiedad o trámites ante el Ministerio Público. En 2019 estos trámites registraron prevalencias de 59.2%, 25.0% y 24.8% respectivamente.

    En una tendencia similar, el porcentaje de empresas víctimas de corrupción aumentó 1.8 puntos porcentuales entre 2013 y 2017, ubicando los últimos reportes en una prevalencia de 5.4% de unidades económicas víctimas de corrupción. Los mayores aumentos en los eventos de corrupción se presentaron en los sectores de industria y servicios, en los que el porcentaje de victimización por corrupción pasó de 4.9 y 3.5 en 2013 a 7.2 y 5.9 unidades víctimas por cada 100 unidades económicas del sector comercio en 2017, respectivamente; el sector de comercio fue el que menos aumento tuvo en la frecuencia de actos de corrupción entre 2013 y 2017.

    La corrupción tiene altos costos directos sobre las personas y las unidades económicas, así como sobre la confianza entre la ciudadanía y el gobierno. En 2019, el monto total que erogaron las personas por actos de corrupción al realizar pagos, trámites, solicitudes de servicios públicos o por otros contactos con autoridades, ascendió a 12 770 millones de pesos, de los cuales se estimó que 18% correspondió a la corrupción por el contacto con las autoridades de seguridad pública.

    Consistente con lo que se registra en otros contextos a nivel internacional, se observó que la corrupción en México está asociada de manera negativa con la confianza que las personas tienen de las instituciones de gobierno.

    En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el INEGI refrenda su compromiso de producir y ofrecer información relevante para el público en general y para los tomadores de decisiones encargados de diseñar las políticas y estrategias para contrarrestar las prácticas de corrupción que afectan a la sociedad mexicana.

    Fuente: INEGI 07 de diciembre de 2020

  • Viernes, 4 de diciembre de 2020

    Cuentas Económicas y Ecológicas de México 2019

    El INEGI presenta las Cuentas Económicas y Ecológicas de México 2019, que forman parte de los productos del Sistema de Cuentas Nacionales de México. Con estos resultados es posible identificar el impacto ambiental del quehacer económico que deriva del agotamiento de los recursos naturales y la degradación del medio ambiente.

    Al deducir del Producto Interno Bruto (PIB) dos tipos de costos: el consumo de capital fijo y los costos imputados por los usos ambientales, estos últimos causados por el agotamiento de los recursos naturales y por la degradación ambiental, resulta el Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente.

    El cálculo del Producto Interno Neto Ajustado Ambientalmente permite conocer el costo económico que se tendría que asumir por los daños ambientales. En 2019 éste fue equivalente al 4.5% del PIB a precios de mercado. Dicho rubro se refiere a la suma de los costos por el agotamiento de los recursos naturales y la degradación ambiental, que llegaron a un monto de 1,096,970 millones de pesos.

    Durante 2019 los gastos en protección ambiental realizados por el sector público en su conjunto y los hogares alcanzaron un monto de 104,433 millones de pesos, lo que representó cerca del 0.5% del PIB a precios básicos. Este gasto se destinó principalmente a las Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales con 63.1%, la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final 20.5%, los Servicios profesionales, científicos y técnicos con 8.2%, y el resto de los sectores junto con los hogares representaron el 8.2% restante.

    A lo largo del periodo 2003 a 2019 el Producto Interno Neto ajustado Ambientalmente ha representado en promedio el 78.8% del Producto Interno Bruto, a precios de mercado, del país.

    Fuente: INEGI 04 de diciembre de 2020

    Viernes, 4 de diciembre de 2020

    El costo del COVID-19: 207 millones de personas más
    en la pobreza extrema y reversión de años de desarrollo

  • Dos dependencias de la ONU alertaron del costo de la pandemia en términos económicos con proyecciones que cifran el número de personas en condiciones de pobreza extrema en mil millones para 2030, además de prever la pérdida de muchos de los avances en educación y nutrición. Los esfuerzos para reconstruir las economías más pobres del mundo después de la crisis del coronavirus deben centrarse en mejorar sus programas sociales y sus capacidades productivas.

    Unos 207 millones de personas se sumarían a las filas de la población que vive por debajo de la línea de pobreza como consecuencia de la crisis económica resultada de la pandemia de COVID-19, para elevar así a mil millones la cantidad de gente que estaría en esa situación en 2030, según cálculos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

    Al igual que el PNUD, la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), publicó un estudio que advierte del costo del COVID-19, sobre todo en los países menos desarrollados, que son también los que tienen menos medios financieros e institucionales para responder a este tipo de emergencias, al margen de alojar a más 50% de la población mundial en condiciones de pobreza extrema.

    Sendos informes estiman que sólo en 2020, las personas que viven con menos de 1,9 dólares al día aumentarían en 32 millones, lo que incrementaría la tasa de pobreza del 32,5% al 35,7%.

    La proyección más pesimista dice que el 80% de la crisis económica inducida por el COVID-19 persistiría diez años debido a la pérdida de la productividad, evitando el regreso al curso de desarrollo visto antes de la pandemia.

    Los datos de la ONU indican los 47 países menos desarrollados representan menos del 1,3% del PIB mundial pese a ser hogar de 1060 millones de personas. En 2019, el PIB per cápita promedio en esas naciones fue de apenas 1088 dólares en comparación con un promedio mundial de 11.371 dólares.

    De acuerdo con la UNCTAD, en 2020 esos países tendrán su peor desempeño económico en 30 años con una baja estrepitosa en sus ingresos, pérdida generalizada de empleos y déficits fiscales cada vez mayores, lo que revertirá años de progreso en la reducción de la pobreza, la nutrición y la educación.

    No obstante este impacto, el PNUD considera que si se hiciera una serie de inversiones abocadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el peor escenario podría evitarse y 146 millones de personas saldrían de la pobreza extrema.

    Con un plan ambicioso de impulso a los Objetivos de Desarrollo también se disminuiría la brecha de pobreza de género y se reduciría en 74 millones el número de mujeres en la pobreza, pese al efecto del COVID-19.

    El estudio sugiere una combinación de los cambios de comportamiento a través de estímulos para los gobiernos y para los ciudadanos, tales como la mejora de la eficacia y la eficiencia en la gobernanza, y los cambios en los patrones de consumo de alimentos, energía y agua.

    El desarrollo humano y económico se ha visto afectado en todos los aspectos y que la crisis de salud está lejos de terminar e insistieron en que un enfoque fragmentado frente a la crisis ha probado ser inadecuado y perjudicial para la salud y las economías, al igual que para el desarrollo y el disfrute de las garantías fundamentales.

    Fuente: ONU 03 de diciembre de 2020

  • Jueves, 3 de diciembre de 2020

    Cuentas por Sectores Institucionales de México

    Cifras durante el segundo trimestre de 2020

    El INEGI presenta los resultados de las Cuentas por Sectores Institucionales Trimestrales (CSIT), del primer trimestre de 2008 al segundo trimestre de 2020, los cuales proporcionan información referente a las transacciones reales y financieras, así como las posiciones de stocks que realizan los sectores entre sí y con el resto del mundo. Los sectores institucionales son: Sociedades no financieras, Sociedades financieras, Gobierno general, Hogares, Instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (ISFLSH) y Resto del mundo.

    Durante el segundo trimestre de 2020, las Sociedades no financieras contribuyeron con 42.4% del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que un 35.5% fue generado por los Hogares; les siguieron el Gobierno general con 10.2%, las Sociedades financieras 4.9% y las ISFLSH con 0.9 por ciento.