Los organismos de las Naciones Unidas piden medidas urgentes para proteger a los niños más vulnerables en los 15 países más afectados por una crisis alimentaria y nutricional sin precedentes.

Los conflictos, las perturbaciones climáticas, las actuales repercusiones de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y el aumento del costo de la vida elevan el número de niños que padecen malnutrición aguda, mientras que los servicios fundamentales de salud y nutrición y otros servicios que salvan vidas son cada vez menos accesibles. Actualmente, en los 15 países más afectados, sufren emaciación —o malnutrición aguda— más de 30 millones de niños, de los que 8 millones sufren emaciación grave, la forma de desnutrición más letal. Esto representa una gran amenaza para la vida de los niños y para su salud y desarrollo a largo plazo, con repercusiones que no solo les afectan personalmente, sino que también se dejan sentir en sus comunidades y sus países.

El Plan de acción mundial aborda la necesidad de un enfoque multisectorial y destaca medidas prioritarias en materia de nutrición materna e infantil a través de los sistemas alimentarios, de salud, agua y saneamiento y de protección social. En respuesta a las crecientes necesidades, los organismos de las Naciones Unidas determinaron cinco medidas prioritarias que serán eficaces para abordar la malnutrición aguda en los países afectados por conflictos y desastres naturales y en las emergencias humanitarias. Ampliar tales medidas en forma de conjunto coordinado será fundamental para prevenir y tratar la malnutrición aguda en los niños, y evitar una pérdida trágica de vidas humanas.

Los organismos de las Naciones Unidas piden una actuación decidida y oportuna para evitar que esta crisis se convierta en una tragedia para los niños más vulnerables del mundo. Todos los organismos instan a que se haga una mayor inversión en apoyo de una respuesta coordinada de las Naciones Unidas con la que satisfacer las necesidades sin precedentes de esta crisis que no cesa de crecer, antes de que sea demasiado tarde.

El Panorama de la protección social en América Latina y el Caribe , analiza las tendencias de la seguridad social en la región, en especial el caso de los sistemas de pensiones y la seguridad económica de las personas mayores, que fueron puestos a prueba durante la crisis social y económica detonada por la pandemia.

La OIT recuerda en este documento que el desempeño de los sistemas de protección social y sus desafíos se relacionan con una “tríada de objetivos”: cobertura, suficiencia y sostenibilidad.

La nota técnica de la OIT destaca que los sistemas contributivos de pensiones permiten asegurar una continuidad en los ingresos, en la medida que se cumpla con los requisitos de edad y años de cotización requeridos (o de ahorros previsionales) para la obtención del beneficio lo que depende, entre otras cosas, de trayectorias laborales formales.

El análisis de la OIT dice que las dificultades para alcanzar los objetivos de cobertura, suficiencia y sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones se han agudizado, en un contexto de post – pandemia, con mayores incertidumbres sobre la capacidad de retomar el crecimiento económico, con menores espacios fiscales, aumento de las presiones inflacionarias e incremento del costo del crédito, entre otros.

El nuevo documento de la Oficina Regional de la OIT incluye los “10 desafíos para la consolidación de sistemas de protección social para la población mayor” en América Latina y el Caribe:

Fuente: OIT 21 de diciembre de 2022

NICEF ha presentado un llamamiento de financiación de emergencia por valor de 10.300 millones de dólares para ofrecer asistencia a más de 173 millones de personas –incluidos 110 millones de niños– afectadas por las crisis humanitarias, los efectos persistentes de la pandemia de COVID-19 en todo el mundo y la creciente amenaza de los fenómenos meteorológicos extremos provocados por el clima.

A principios de 2022, aproximadamente 274 millones de personas necesitaban asistencia y protección humanitaria. A lo largo del año, estas necesidades aumentaron considerablemente, en gran parte debido a los conflictos, incluida la guerra; al aumento de la inseguridad alimentaria; a las amenazas de hambruna provocadas por factores relacionados con el clima y otras causas; y a las devastadoras inundaciones registradas en Pakistán. En todo el mundo, el resurgimiento de brotes de enfermedades como el cólera y el sarampión suponen un peligro añadido para los niños y niñas que viven en situaciones de emergencia.

Los efectos persistentes de la pandemia de COVID-19, así como la inestabilidad y las perturbaciones económicas mundiales, entre ellas la inflación y el aumento del coste de los alimentos y el combustible, han tenido consecuencias devastadoras para la vida y el bienestar de millones de los niños y niñas más vulnerables del mundo.

Como parte de su Acción Humanitaria para la Infancia, donde figura el llamamiento del organismo para 2023, UNICEF tiene previsto prestar asistencia a:

En un momento en el que las necesidades humanitarias han alcanzado un nivel sin precedentes, UNICEF hace un llamamiento a sus aliados para que aumenten el apoyo a la respuesta humanitaria que salva vidas infantiles maximizando la flexibilidad de esta financiación, dando prioridad a los esfuerzos de preparación y a las medidas de anticipación adaptadas al clima, adoptando urgentemente enfoques de preparación y respuesta sin reservas, y garantizando una asistencia humanitaria equitativa y basada en principios.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México (CSTNRHM) 2021. Su finalidad es proveer información acerca del valor económico del trabajo no remunerado que los miembros del hogar destinan a las labores domésticas y de cuidados. Esta publicación permite dimensionar la aportación de los hogares —en particular, de las mujeres— al bienestar de la sociedad. Este documento representa la producción de los servicios del hogar que el Producto Interno Bruto (PIB) nacional no mide.

Principales resultados

En 2021, el valor económico de las labores domésticas y de cuidados que realiza la población de 12 años y más reportó un monto de 6.8 billones de pesos a precios corrientes. Este monto equivalió a 26.3 % del PIB nacional. Las mujeres contribuyeron con 19.1 % y los hombres, con 7.2 por ciento. Con sus labores domésticas y sus cuidados en el hogar, las mujeres aportaron 2.6 veces más valor económico que los hombres.

El valor que generó el Trabajo no Remunerado de los Hogares (TNRH) como porcentaje del PIB nacional fue superior al de algunas actividades económicas, como el comercio, la industria manufacturera y los servicios educativos. Estos registraron una participación de 19.6, 18.1 y 3.6 %, respectivamente.

Más de una de cada cinco personas empleadas (casi 23 por ciento) han experimentado violencia y acoso en el trabajo, ya sea física, psicológica o sexual, según un nuevo análisis conjunto, el primero de este tipo, realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Experiencias de violencia y el acoso en el trabajo: Primera encuesta mundial , proporciona una visión sobre la magnitud del problema y sus diferentes formas. Además, analiza los factores que pueden impedir a las personas hablar sobre sus experiencias, como la vergüenza, la culpa, la falta de confianza en las instituciones, o porqué este tipo conductas inaceptables son consideradas como “normales”.

La violencia y el acoso en el trabajo son difíciles de medir. El informe constató que sólo la mitad de las víctimas a nivel mundial ha revelado sus experiencias a otras personas y, con frecuencia, sólo cuando han sufrido más de una forma de violencia y acoso. Las razones más comunes de reticencia son “pérdida de tiempo” y “temor por su reputación”. Las mujeres eran más propensas a compartir sus experiencias que los hombres (60,7 por ciento frente a 50,1 por ciento).

A nivel mundial, 17,9 por ciento de las mujeres y hombres asalariados respondieron que habían sido víctimas de violencia y acoso psicológicos durante su vida laboral, y 8,5 por ciento que habían enfrentado violencia y acoso físicos, los hombres en mayor número. De los encuestados, 6,3 por ciento informó que había enfrentado violencia y acoso sexuales, siendo las mujeres las más expuestas.

Más de tres de cada cinco víctimas informaron que habían experimentado violencia y acoso en el trabajo múltiples veces y, para la mayoría, el más reciente episodio había tenido lugar durante los últimos cinco años.

El Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190) y la Recomendación sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 206) de la OIT, son las primeras normas internacionales que proporcionan un marco común para prevenir, reparar y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluida la violencia y el acoso basados en el género. El Convenio contiene el reconocimiento específico, por primera vez en la legislación internacional, del derecho de todas las personas a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, y establece la obligación de respetar, promover y asegurar el disfrute de ese derecho.

El informe formula una serie de recomendaciones, entre ellas:

El estudio de la OIT-LRF-Gallup se basó en entrevistas realizadas en 2021 a cerca de 75.000 personas empleadas mayores de 15 años en 121 países y territorios, como parte de la Encuesta Mundial de Riesgo de la Lloyd’s Register Foundation.

Fuente: OIT 05 de diciembre de 2022

El estudio, publicado en vísperas del Día Mundial del SIDA que se celebra el 1 de diciembre de 2022, muestra cómo la desigualdad de la mujer y las normas de género perjudiciales están bloqueando el fin de la pandemia de sida, con un aumento de las nuevas infecciones y la continuación de las muertes en muchas partes del planeta.

Según el informe Las desigualdades peligrosas, en las zonas con una alta carga de VIH, las mujeres que sufren violencia de pareja tienen hasta un 50% más de posibilidades de contraer el virus. Durante el período comprendido entre 2015 y 2021, solo el 41% de las mujeres casadas de entre 15 y 24 años de 33 países podían tomar sus propias decisiones en materia de salud sexual.

Los efectos que la desigualdad de género presentan en los riesgos que corren las mujeres frente al VIH son especialmente pronunciados en el África subsahariana, donde las mujeres representaron el 63% de las nuevas infecciones por VIH en 2021.

Además, las adolescentes y las mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años de la región tienen tres veces más probabilidades de contraer el VIH que sus homólogos masculinos.

El factor determinante es el poder, afirman los responsables de ONUSIDA, citando un estudio que muestran cómo la vulnerabilidad de las niñas a la infección por el VIH se reduce hasta en un 50% si se les permite permanecer en la escuela y completar la educación secundaria.

En forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica e incluye:

La desigualdad en el acceso al tratamiento entre los adultos y los niños también están frenando la respuesta al sida. Aunque más de las tres cuartas partes de los adultos que viven con el VIH reciben terapia antirretrovírica, poco más de la mitad de los niños reciben este medicamento que salva vidas.

El año pasado, los niños representaron sólo el 4% de las personas que viven con el VIH, pero el 15% de todas las muertes relacionadas con el SIDA.

El informe también revela que la lucha contra la desigualdad es posible.

El informe muestra además que la financiación de los donantes está contribuyendo a impulsar una mayor financiación por parte de los gobiernos.

Sin embargo, se necesitan urgentemente nuevas inversiones para hacer frente a las desigualdades, especialmente en un momento en que muchos países más ricos están recortando la ayuda a la salud mundial.

Aumentar el apoyo es fundamental para volver a poner en marcha la respuesta al sida.

Unos 110.00 jóvenes menores de 19 años murieron el año pasado por causas relacionadas con el sida, declaró el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señalando que, junto con los 310.000 nuevos infectados, el número total de jóvenes que viven con el VIH asciende a 2,7 millones.

UNICEF advirtió en su última instantánea mundial sobre los niños, el VIH y el sida que la prevención y el tratamiento de esta pandemia casi se ha estancado en los últimos tres años, y que muchas regiones aún no tienen la cobertura de servicios anterior al COVID-19.

Esto se suma a una brecha existente y creciente en el tratamiento entre adultos y niños, adolescentes y mujeres embarazadas.

A pesar de que sólo representan el 7% del total de personas que viven con el VIH, los niños y los adolescentes representaron el 17% de las muertes relacionadas con el sida y el 21% de las nuevas infecciones por el VIH el año pasado. A menos que se aborden las causas de la desigualdad acabar con el sida en niños y adolescentes seguirá siendo un sueño lejano, advierte UNICEF.

Las nuevas infecciones por VIH entre los niños menores de 14 años se redujeron en un 52% entre 2010 y 2021, y las nuevas infecciones entre los jóvenes de 15 a 19 años también se redujeron en un 40%.

Asimismo, la cobertura del tratamiento antirretroviral de por vida entre las mujeres embarazadas que viven con el VIH aumentó del 46% al 81% en una sola década.

Mientras que el número total de niños que viven con el VIH está disminuyendo, la brecha de tratamiento entre los niños y los adultos sigue creciendo. En los países prioritarios para el VIH de UNICEF, la cobertura del tratamiento antirretroviral para los niños se situó en el 56% en 2020, pero cayó al 54% en 2021.

Varios factores fueron responsables del descenso, entre ellos la pandemia y otras crisis mundiales que han aumentado la marginación y la pobreza. Sin embargo, el fracaso también refleja el debilitamiento de la voluntad política y el debilitamiento de la respuesta al sida en los niños.

A nivel mundial, sólo el 52% de los niños que viven con el VIH tienen acceso al tratamiento, lo que sólo ha aumentado ligeramente en los últimos años. Mientras tanto, entre todos los adultos que viven con el VIH, la cobertura del 76% en 2021 era más de 20 puntos porcentuales superior a la de los niños. Y había una diferencia del 81% entre los niños y las mujeres embarazadas que vivían con el VIH.

Además, el porcentaje de niños menores de cuatro años que viven con el VIH y que no reciben tratamiento antirretroviral subió al 72% el año pasado, tan alto como en 2012.

Durante 2020, las mujeres embarazadas y lactantes de Asia y el Pacífico; el Caribe; África oriental y meridional; América Latina, Oriente Medio y África del Norte, y África occidental y central experimentaron descensos en la cobertura del tratamiento. Y en 2021, la cobertura en Asia y el Pacífico, y Oriente Medio y África del Norte disminuyó aún más.

A excepción de África Occidental y Central, que sigue registrando la mayor carga de transmisión de madre a hijo, ninguna de las regiones mencionadas ha recuperado los niveles de 2019, lo que pone en mayor riesgo la vida de los recién nacidos.

En 2021, se produjeron más de 75.000 nuevas infecciones infantiles porque las mujeres embarazadas no fueron diagnosticadas ni iniciaron el tratamiento.

Se estima que alrededor de 110.000 niños, niñas y adolescentes (de 0 a 19 años) murieron en 2021 por causas relacionadas con el sida, según la última instantánea mundial de UNICEF sobre la infancia y el VIH/sida. Ese mismo año se registraron además 310.000 nuevas infecciones, lo que elevó a 2,7 millones el número total de jóvenes que viven con el VIH.

En vísperas del Día Mundial del Sida, UNICEF advierte que los avances en la prevención y el tratamiento del VIH en niños, adolescentes y mujeres embarazadas se han estancado prácticamente en los tres últimos años y que muchas regiones aún no han alcanzado la cobertura de servicios que tenían antes de la pandemia de COVID-19. Todo ello se suma a la brecha existente y cada vez mayor entre niños y adultos en lo que se refiere al acceso a los tratamientos.

Aunque solo constituyen el 7% del total de personas que viven con el VIH, los niños, las niñas y los adolescentes representaron en 2021 el 17% del total de muertes relacionadas con el sida y el 21% de las nuevas infecciones por VIH. Tal y como advierte UNICEF, si no se atajan las causas de la desigualdad en el acceso a los tratamientos, la erradicación del sida en niños y adolescentes seguirá siendo un sueño lejano.

Con todo, las tendencias a largo plazo siguen siendo positivas, según la instantánea de UNICEF. Entre 2010 y 2021, las nuevas infecciones por VIH disminuyeron en un 52% entre las niñas y niños de menor edad (de 0 a 14 años), al igual que entre los adolescentes (de 15 a 19 años), donde se redujeron en un 40%. De igual forma, la cobertura del tratamiento antirretrovírico de por vida en mujeres embarazadas que viven con el VIH ha pasado del 46% al 81% en una sola década.

Aunque la cifra total de niños y niñas que viven con el VIH está disminuyendo, la brecha en materia de tratamientos entre niños y adultos sigue aumentando. En los países prioritarios para UNICEF en la respuesta al VIH, la cobertura del tratamiento antirretrovírico en la infancia era del 56% en 2020, aunque disminuyó al 54% en 2021. Este descenso se debe a diversos factores, como la pandemia de COVID-19 y otras crisis mundiales, que han acentuado la marginación y la pobreza, pero es también el reflejo de la escasa voluntad política y la tibia respuesta frente al sida en la población infantil. A nivel mundial, el porcentaje de niños y niñas que viven con el VIH y tienen acceso a tratamientos fue aún más bajo, a saber, del 52%, una cifra que apenas ha aumentado en los últimos años.

Entretanto, la cobertura entre el total de adultos que viven con el VIH (76%) superó en más de 20 puntos porcentuales a la de los niños y las niñas. La brecha es aún mayor entre los niños y las mujeres embarazadas que padecen VIH (81%). El porcentaje de niños y niñas de 0 a 4 años que viven con el VIH y que no reciben tratamientos antirretrovíricos ha aumentado de forma preocupante en los últimos siete años. En 2021 alcanzó el 72%, una cifra similar a la de 2012.

En numerosas regiones, entre ellas África Occidental y Central, África Oriental y Meridional, América Latina y el Caribe, Asia y el Pacífico, Oriente Medio y Norte de África, también se registró durante 2020 un descenso de la cobertura de los tratamientos entre las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia. En 2021, en Asia y el Pacífico y Oriente Medio y Norte de África se observaron nuevas disminuciones. Con la excepción de África Occidental y Central, que sigue registrando la mayor incidencia de la transmisión maternoinfantil, ninguna de las regiones mencionadas ha vuelto a los niveles de cobertura alcanzados en 2019. Estas perturbaciones ponen en mayor riesgo la vida de los recién nacidos. En 2021 se produjeron más de 75.000 nuevas infecciones en niños debido a que las mujeres embarazadas no fueron diagnosticadas ni sometidas a tratamiento.

La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo preocupante: una de cada tres mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género y cada 11 minutos una mujer o niña muere asesinada por un familiar.

Hace cinco años, el movimiento #MeToo, fundado por Tarana Burke en 2006, provocó una movilización mundial que manifestó la urgente necesidad de prevenir y responder a la violencia contra las mujeres. Otros movimientos en todo el mundo como #NiUnaMenos, #BalanceTonPorc, #TimesUp entre muchos otros, también catalizaron el cambio. Desde entonces, ha habido una sensibilización y un impulso sin precedentes para poner este tipo de violencia sobre las mesas de las agendas gubernamentales, con leyes y políticas, servicios esenciales y estrategias de prevención.

Como cada año, el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer marca el comienzo de la Campaña Únete de la ONU, 16 días de activismo (25 nov-10 dic) que concluyen coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos.

La campaña 2022 ¡ÚNETE! Activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, tiene el objetivo de movilizar a todos los miembros de la sociedad para que se conviertan en activistas, se solidaricen con las defensoras de los derechos de las mujeres y apoyen a los movimientos feministas del planeta para evitar el retroceso de los derechos de las mujeres y conseguir un mundo libre de violencia de género.

Por qué debemos eliminar la violencia contra la mujer

La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas.

En forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica e incluye:

Para mayor clarificación, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”

Los efectos psicológicos adversos de la violencia contra las mujeres y niñas, al igual que las consecuencias negativas para su salud sexual y reproductiva, afectan a las mujeres en toda etapa de sus vidas. Por ejemplo, las desventajas tempranas en materia de educación no solo constituyen el obstáculo principal para alcanzar la escolarización universal y hace cumplir el derecho a la educación de las niñas, luego también le restringe el acceso a la educación superior a la mujer y limita sus oportunidades de empleo.

Aunque todas las mujeres, en todas partes del mundo, pueden sufrir violencia de género, algunas mujeres y niñas son particularmente vulnerables, ejemplo de ellas son las niñas y las mujeres más mayores, las mujeres que se identifican como lesbianas, bisexuales, transgénero o intersex, las migrantes y refugiadas, las de pueblos indígenas o minorías étnicas, o mujeres y niñas que viven con el VIH y discapacidades, y aquellas en crisis humanitarias.

La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas. Lo que es más, la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de no dejar que nadie se quede atrás, no podrá cumplirse sin primero poner fin a la violencia contra mujeres y niñas.

En 2021, al menos 4.473 mujeres fueron víctimas de femicidio o feminicidio en 29 países y territorios de la región, según los últimos datos oficiales informados por los países al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Esto representa al menos 12 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día en la región, alerta la institución.

“Desde hace una década y media, los Estados de América Latina y el Caribe han reconocido la gravedad de la violencia feminicida y las muertes violentas de mujeres por razón de género, lo que se ha expresado en la aprobación de leyes y protocolos y en la construcción de institucionalidad específica. A pesar de estos avances, el feminicidio o femicidio persiste como una realidad y no se observan señales claras de que el fenómeno vaya en disminución”, dice la CEPAL en un nuevo reporte del OIG.

En 2021, de los 18 países o territorios de América Latina que proporcionaron información, 11 presentaban una tasa igual o superior a 1 víctima de femicidio o feminicidio por cada 100.000 mujeres. Las mayores tasas de femicidio o feminicidio en América Latina se registraron en Honduras (4,6 casos por cada 100.000 mujeres), República Dominicana (2,7 casos por cada 100.000 mujeres), El Salvador (2,4 casos por cada 100.000 mujeres), Bolivia (1,8 casos por cada 100.000 mujeres) y Brasil (1,7 casos por cada 100.000 mujeres).

En 10 países de América Latina -de 18 analizados- las tasas de femicidio o feminicidio se mantuvieron iguales o superiores a 1 caso por cada 100.000 mujeres entre 2019 y 2021: Argentina, Bolivia, Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.

Las adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años componen el tramo etario en que se concentra la mayor proporción de casos de femicidio o feminicidio, de acuerdo con datos de 16 países y territorios de la región entre 2019 y 2021. Más de un 4% del total de esos delitos corresponden a niñas menores de 14 años.

Además, en 2021 al menos 781 niñas, niños y adolescentes y otros dependientes perdieron a su madre o cuidadora a causa del femicidio o feminicidio en solo 10 países de la región que cuentan con datos al respecto. “Este número revela el gran impacto que tiene la violencia de género no solo en las mujeres víctimas, sino también en sus familias, la comunidad y la sociedad en su conjunto”, subraya la CEPAL.

“Producir información estadística de calidad sobre femicidios o feminicidios requiere ir más allá del conteo del número de víctimas”, plantea la comisión regional de las Naciones Unidas y agrega que “para que la información sirva al diseño de políticas públicas integrales sobre violencia contra las mujeres y niñas, es importante conocer una serie de datos clave, como las características de las víctimas y los agresores, la relación entre ellos, los contextos en que se desarrollaron estos delitos, el medio utilizado para causar la muerte y si la víctima había presentado alguna queja previa contra el agresor, entre otros”.

Según explica el reporte del OIG, la CEPAL acompaña a varios países de la región en el mejoramiento de sus registros administrativos sobre femicidio o feminicidio, y observa su fortalecimiento general en términos de fiabilidad, lo que potencia la comparabilidad a nivel regional. Un factor que debe destacarse -aclara la Comisión- es que la información sobre femicidios o feminicidios está en constante actualización por parte de los países. Esto se relaciona mayoritariamente con el avance de las investigaciones judiciales, de modo que cifras de años anteriores están sujetas a corrección, lo que puede modificar las cifras totales que la CEPAL publica cada año a nivel regional.

El feminicidio es solo la expresión extrema de la desigualdad, la discriminación y las múltiples formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Por ejemplo, de acuerdo con encuestas nacionales especializadas de la región, entre el 60% y el 76% de las mujeres (alrededor de 2 de cada 3) han sido víctimas de violencia por razones de género en distintos ámbitos de su vida. Además, en promedio 1 de cada 4 mujeres ha sido víctima o vive violencia física y/o sexual por un perpetrador que era o es su pareja, lo que conlleva el riesgo de la violencia letal. A su vez, los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados son una práctica nociva y una manifestación de violencia de género persistente y extendida en la región y afectan a 1 de cada 5 niñas.

Un nuevo estudio elaborado por la UNODC y ONU Mujeres revela que, en promedio, más de cinco mujeres o niñas fueron asesinadas cada hora por alguien de su propia familia en 2021. El informe, que se publica antes de la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, es un recordatorio espantoso de que la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de derechos humanos más generalizada en todo el mundo.

De todas las mujeres y las niñas asesinadas intencionalmente el año pasado, alrededor del 56 % fueron asesinadas por parejas íntimas u otros miembros de la familia (45.000 de 81.000), lo que demuestra que el hogar no es un lugar seguro para muchas de ellas. Mientras tanto, el 11 % de todos los homicidios de hombres se cometen en la esfera privada.

Las cifras de este año también revelan que, en la última década, el número total de mujeres y las niñas asesinadas intencionalmente se ha mantenido en gran medida sin cambios, lo que subraya la urgencia de prevenir y responder a este flagelo con medidas más firmes. Aunque estos números son alarmantes, la verdadera escala del femicidio puede ser mucho mayor. Dadas las incoherencias en las definiciones y criterios entre los países, aún no se contabilizan demasiadas víctimas de femicidio. No se cuenta con suficiente información sobre alrededor de cuatro de cada diez mujeres y niñas asesinadas intencionalmente en 2021 para identificar los casos como femicidios, en especial, sobre los homicidios que ocurren en la esfera pública.

En cuanto a las diferencias regionales, si bien el femicidio es un problema que afecta a todos los países del mundo, de acuerdo con el informe, en términos absolutos, Asia registró el mayor número de homicidios por motivos de género en la esfera privada en 2021, mientras que las mujeres y las niñas corren más riesgo de ser asesinadas por sus parejas íntimas u otros miembros de la familia en África. En 2021, se calculó que la tasa de homicidios por motivos de género en la esfera privada fue de 2,5 por cada 100.000 mujeres en África, en comparación con 1,4 en América, 1,2 en Oceanía, 0,8 en Asia y 0,6 en Europa. Al mismo tiempo, los resultados sugieren que el inicio de la pandemia COVID-19 en 2020 coincidió con un aumento significativo de las muertes por cuestiones de género en la esfera privada en América del Norte y, hasta cierto punto, en Europa occidental y meridional.

Sin embargo, los asesinatos por motivos de género, así como otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas, no son inevitables. Pueden y deben prevenirse mediante la identificación temprana de las mujeres afectadas por la violencia, el acceso a la asistencia y la protección centradas en las sobrevivientes, asegurando que la policía y los sistemas de justicia respondan mejor a sus necesidades, y la prevención primaria mediante el abordaje de las causas profundas de la violencia contra las mujeres y las niñas, incluso mediante la transformación de las masculinidades nocivas, las normas sociales, la eliminación de las desigualdades estructurales de género y los estereotipos de género. El fortalecimiento de la recopilación de datos sobre femicidios es un paso fundamental para guiar la creación de políticas y programas destinados a prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas.

El informe ayudará a orientar los “16 Días de activismo contra la violencia de género” de este año, una campaña internacional que inicia el 25 de noviembre, cuando se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y finaliza el 10 de diciembre, que corresponde al Día de los Derechos Humanos. La campaña anual pone en marcha la celebración de cientos de eventos en todo el mundo para acelerar los esfuerzos encaminados a poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. El tema global de la campaña ÚNETE del secretario general de las Naciones Unidas de este año es “¡ÚNETE! Activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas”, que exhorta a los Gobiernos y socios a mostrar su solidaridad con los movimientos y activistas por los derechos de las mujeres e invita a todos a unirse al movimiento mundial para poner fin a la violencia contra las mujeres de una vez por todas.

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Según estimaciones de la ONU, la población mundial superó los 8.000 millones el 15 de noviembre. Durante los últimos 25 años, la cantidad de personas en el planeta ha aumentado en un tercio, o 2.100 millones. Se espera que la humanidad crezca en otra quinta parte a poco menos de 10 mil millones alrededor de 2050.

En los últimos 25 años, casi todo el crecimiento se produjo en las economías en desarrollo, principalmente en Asia y Oceanía (1.200 millones de personas más) y África (700 millones de personas adicionales). Se espera que esta tendencia continúe, y se espera que la mitad del aumento proyectado en la población mundial entre ahora y 2050 ocurra en algunos países más grandes en África y Asia.

A medida que ha crecido la población, la proporción de personas que viven en países en desarrollo ha aumentado del 66 % en 1950 al 83 % actual y debería alcanzar el 86 % para 2050. Esto subraya la importancia de abordar los desafíos que afectan a estas naciones, como el hambre, acceso a agua potable y servicios sanitarios y sanitarios, y conectar a las personas a fuentes asequibles de electricidad sostenible e Internet.

Se estima que 828 millones de personas se acuestan con hambre cada noche , la gran mayoría en países en desarrollo. Estos países, especialmente en África, están soportando la peor parte de las desigualdades socioeconómicas y las malas condiciones de vida, según el Índice de Crecimiento Inclusivo de la UNCTAD . En más de las tres cuartas partes de los países africanos, la mitad de la población no tiene acceso a agua limpia y gestionada de forma segura. Y en algunos países en desarrollo, solo una de cada 100 personas tiene una conexión a Internet de banda ancha.

El crecimiento demográfico más rápido en los países en desarrollo hace que abordar la emergencia climática sea aún más urgente. Los países en desarrollo ya luchan por encontrar formas de satisfacer las crecientes necesidades de alimentos y energía y necesitarán apoyo para satisfacer las demandas futuras de una población en crecimiento sin un uso excesivo de los recursos naturales, la contaminación y la generación de desechos.

Los países con alto rendimiento económico generan el doble de residuos per cápita en comparación con los países en desarrollo. Esto destaca la necesidad de que tanto los países desarrollados como los países en desarrollo “separen” la prosperidad de las emisiones de CO2 al tiempo que garantizan una transición justa hacia las bajas emisiones de carbono. Los países desarrollados deben redoblar sus esfuerzos hacia un futuro bajo en emisiones, al tiempo que brindan a los países en desarrollo las tecnologías, las habilidades y el apoyo financiero necesarios para mover sus economías hacia industrias y sectores menos contaminantes. Esto debe ser una prioridad en la cumbre climática COP27.

Si bien el rápido crecimiento de la población en los países en desarrollo presenta muchos desafíos, también puede ser una fuente de nuevas oportunidades económicas, por ejemplo, en África, donde el tamaño de la población en edad de trabajar está aumentando en relación con las generaciones más jóvenes y mayores. Pero si el mundo no puede romper el vínculo entre la contaminación y la riqueza, los desafíos probablemente eclipsarán las oportunidades para todo el planeta.

La financiación se destinará a apoyar las actividades mundiales para allanar los últimos obstáculos en la erradicación de la poliomielitis, vacunar a 370 millones de niños cada año en próximo lustro y mantener la vigilancia de esta enfermedad en 50 países.

El poliovirus salvaje es endémico en solo dos países: el Pakistán y el Afganistán. Ahora bien, tras registrarse solamente seis casos en 2021, en lo que va de año se han registrado 29 casos, cifra que incluye un pequeño número de nuevos casos detectados en el sudeste de África vinculados con una cepa originaria del Pakistán. Además, los brotes de cVDPV, esto es, de variantes del poliovirus que pueden surgir en lugares donde no hay suficientes personas inmunizadas, continúan propagándose por partes de África, Asia y Europa; de hecho, en los últimos meses se han detectado nuevos brotes en los Estados Unidos, Israel y el Reino Unido.

En un momento difícil para los países de todo el mundo, los gobiernos y los asociados han dado un paso adelante para demostrar su determinación colectiva de erradicar una enfermedad humana por segunda vez en la historia. Además de las promesas de contribuciones existentes, entre los nuevos compromisos para la Estrategia 2022-2026 de este otoño cabe mencionar los siguientes:

43,55 millones de dólares australianos aportados por Australia
€ 50 millones de Francia
€ 72 millones de Alemania
US$ 11 millones del Japón
4500 millones de won de la República de Corea
€ 1,7 millones de Luxemburgo
€ 30 000 de Malta
€ 450 000 de Mónaco
€ 100 000 de España
US$ 20 000 de Turquía
US$ 114 millones de los Estados Unidos
US$ 1200 millones de la Fundación Bill y Melinda Gates
US$ 50 millones de Bloomberg Philanthropies
US$ 1,8 millones de Islamic Food and Nutrition Council of America
US$ 400 000 de Latter-day Saint Charities
US$ 150 millones de Rotary International.

El acto dedicado a las promesas de contribuciones celebrado en Berlín ha sido la primera gran oportunidad de comprometer apoyos hacia el logro de los US$ 4800 millones necesarios para aplicar plenamente la Estrategia 2022-2026. Si la Estrategia se financia en su totalidad y se logra la erradicación, se estima que ello daría lugar a USUS$ 33 100 millones en ahorros en costos de saludnbsp; 33 100 millones en ahorros en costos de salud durante este siglo en comparación con los que costaría controlar los brotes. Además, el apoyo continuado a la IEMP le permitirá ofrecer servicios de salud y otras vacunas, además de vacunas contra la poliomielitis, a las comunidades subatendidas.

Además de la financiación para la IEMP anunciada, un grupo de más de 3000 influyentes científicos, médicos y expertos en salud pública procedentes de todo el mundo publicaron una declaración para respaldar la Estrategia 2022-2026 y pedir a los donantes que mantuvieran su compromiso con la erradicación y velaran por la financiación plena de la IEMP. El grupo pone de relieve las nuevas tácticas recogidas en la estrategia del programa, como el despliegue continuo de la nueva vacuna antipoliomielítica oral de tipo 2 (nOPV2), que los hacen confiar en la capacidad de la IEMP para poner fin a la poliomielitis. Ya se han administrado quinientos millones de dosis de nOPV2 en 23 países, y los datos recogidos sobre el terreno siguen mostrando que se trata de una herramienta prometedora para contener de manera más sostenible los brotes de cVDPV de tipo 2. El grupo afirma además que el apoyo a la erradicación fortalece considerablemente los sistemas de vacunación y la preparación frente a pandemias en todo el mundo –lo que destaca el apoyo de la IEMP a la respuesta a la COVID-19– e insta a los mandatarios de los países en que la poliomielitis es endémica y están afectados por la enfermedad a mantener su compromiso con la ampliación de las actividades de vacunación y vigilancia de morbilidad.

La Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis es una alianza público-privada dirigida por gobiernos nacionales que cuenta con seis asociados principales: Rotary International, la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, el UNICEF, la Fundación Bill y Melinda Gates y Gavi, la Alianza para las Vacunas.

Entre 2020 y 2030, casi 500 millones de personas desarrollarán enfermedades cardíacas, obesidad, diabetes u otras enfermedades crónicas atribuibles a la inactividad física, con un costo de 27.000 millones de dólares anuales, si los gobiernos no toman medidas urgentes para fomentar una mayor actividad física entre sus poblaciones, ha informado la Organización Mundial de la Salud.

En su informe sobre la situación global de la actividad física 2022, la Organización mide hasta qué punto los gobiernos están implementando las recomendaciones para aumentar la actividad física en todas las edades y capacidades.

Los datos de 194 países muestran que, en general, el progreso es lento y que los países deben acelerar el desarrollo y la implementación de políticas para aumentar los niveles de actividad física y, por lo tanto, prevenir enfermedades y reducir la carga en los sistemas de atención médica que ya están sobrecargados.

Entre otros datos, en el informe se destaca que:

De acuerdo con el estudio, la carga económica de la inactividad física es significativa y el costo del tratamiento de nuevos casos de enfermedades crónicas alcanzará casi los 300.000 millones de dólares para 2030, alrededor de 27.000 millones anuales.

Si bien las políticas nacionales para abordar estas enfermedades y la inactividad física han aumentado en los últimos años, actualmente el 28% de las medidas no están financiadas ni implementadas.

El informe muestra, además, que solo un poco más del 50% de los países realizaron una campaña de comunicación nacional u organizaron eventos de actividad física de participación masiva en los últimos dos años.

Además, la pandemia de COVID-19 no solo ha paralizado estas iniciativas, sino que también afectó la implementación de otras políticas que han ampliado las desigualdades en el acceso y las oportunidades para participar en la actividad física para muchas comunidades.

El informe anima a lograr el objetivo mundial de una reducción del 15 % en la prevalencia de la inactividad física para 2030. Para ayudar a los países a aumentar la actividad física, el Plan de acción mundial sobre actividad física 2018-2030 de la OMS establece 20 recomendaciones de políticas.

Entre esos consejos figuran las políticas para crear carreteras más seguras que fomenten un transporte más activo y proporcionar más programas de actividades físicas en entornos esenciales, como las escuelas, la atención primaria de la salud y el lugar de trabajo.

Un hallazgo crítico del informe es la existencia de brechas significativas en los datos globales para rastrear el avance de las políticas como la oferta de espacios públicos exteriores, la de infraestructuras para caminar y montar en bicicleta, o la de programas de deporte y educación física en escuelas.

El informe invita a los países a priorizar la actividad física como clave para mejorar la salud y abordar las enfermedades crónicas, integrar la actividad física en todas las políticas relevantes y desarrollar herramientas, orientación y capacitación para mejorar la implementación.

A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta datos sobre las defunciones de personas de 20 años y más por este padecimiento. Lo anterior con base en cifras preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas en 2021.

En México, durante 2021, se registraron 1 117 167 defunciones. De las personas que perdieron la vida, 644 058 fueron hombres (58 %) y 472 375 (42 %), mujeres. Por tumores malignos fallecieron 90 525 personas (8.1 %); de estas, 7 973 murieron por cáncer de mama. De la cifra anterior, 7 925 (99.4 %) fueron mujeres y 48 (0.6 %), hombres. De las defunciones en mujeres por tumores malignos, 17 % se debió a este cáncer.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución No. 66/170 estableció el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña. El objetivo de conmemorar el día es visualizar a las niñas, los retos que enfrentan y promover sus derechos y empoderamiento. Se trata de impulsar acciones que eliminen todas las posibles formas de discriminación y violencia que padecen. En este marco, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrece estadísticas sobre las niñas y adolescentes que residen en México.

Las niñas y mujeres adolescentes en México

El Censo de Población y Vivienda 2020 estimó que en México residen poco más de 38.2 millones de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. En términos relativos, la cifra representa 30.4 % de la población total.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han llamado a adoptar medidas concretas para abordar los problemas de salud mental en el entorno laboral.

Se estima que cada año se pierden 12.000 millones de días de trabajo debido a la depresión y la ansiedad, lo que cuesta a la economía mundial casi un billón de dólares. Hoy se publican dos nuevas publicaciones que pretenden abordar esta cuestión: las Directrices de la OMS sobre salud mental en el trabajo y una nota conjunta de la OMS y la OIT.

Las directrices mundiales de la OMS sobre la salud mental en el trabajo recomiendan medidas para hacer frente a los riesgos para la salud mental, como la gran carga de trabajo, los comportamientos negativos y otros factores que generan angustia en el trabajo. Por primera vez, la OMS recomienda la formación de los directivos para que puedan prevenir los entornos laborales estresantes y responder a los trabajadores que sufren.

El Informe Mundial de Salud Mental de la OMS, publicado en junio de 2022, mostró que de los mil millones de personas que viven con un trastorno mental en 2019, el 15% de los adultos en edad de trabajar experimentaron un trastorno mental. El trabajo amplifica problemas sociales más amplios que afectan negativamente a la salud mental, como la discriminación y la desigualdad. La intimidación y la violencia psicológica (también conocida como “mobbing”) son las quejas clave de acoso laboral que tienen un impacto negativo en la salud mental. Sin embargo, hablar o revelar la salud mental sigue siendo un tabú en los entornos laborales de todo el mundo.

Las directrices también recomiendan mejores formas de atender las necesidades de los trabajadores con problemas de salud mental, proponen intervenciones que apoyen su reincorporación al trabajo y, en el caso de los que padecen problemas graves de salud mental, ofrecen intervenciones que facilitan la incorporación al empleo remunerado. Es importante destacar que las directrices piden intervenciones dirigidas a la protección de los trabajadores sanitarios, humanitarios y de emergencias.

En otro documento de la OMS/OIT se explican las directrices de la OMS en términos de estrategias prácticas para los gobiernos, los empleadores y los trabajadores y sus organizaciones, en los sectores público y privado. El objetivo es apoyar la prevención de los riesgos para la salud mental, proteger y promover la salud mental en el trabajo, y apoyar a las personas con problemas de salud mental para que puedan participar y prosperar en el mundo del trabajo. Inversión y liderazgo serán fundamentales para la aplicación de las estrategias.

El Convenio de la OIT sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (nº 155) y la Recomendación (nº 164) proporcionan un marco legal para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores. Sin embargo, el Atlas de Salud Mental de la OMS descubrió que sólo el 35% de los países aseguraron contar con programas nacionales de promoción y prevención de la salud mental relacionada con el trabajo.

La COVID-19 provocó un aumento del 25% en la ansiedad y la depresión general en todo el mundo , lo que puso de manifiesto la falta de preparación de los gobiernos para lidiar con su impacto en la salud mental y reveló una escasez crónica de recursos de salud mental a nivel mundial. En 2020, los gobiernos de todo el mundo gastaron una media de sólo el 2% de los presupuestos sanitarios en salud mental, y los países de renta media-baja invirtieron menos del 1%.

Fuente: OIT 28 de septiembre de 2022

Brindar a las mujeres y las niñas el acceso a métodos anticonceptivos seguros forma parte de las responsabilidades de los Estados de garantizar el más alto nivel posible de salud física y mental para todos, subrayaron tres relatores especiales y un grupo de trabajo de derechos humanos de la ONU*.

En una declaración conjunta, los expertos se refirieron a los retrocesos registrados en algunos países que afectan el derecho a la salud sexual y reproductiva, incluido el derecho al aborto, y recalcaron que las decisiones autónomas de las mujeres y niñas deben ser respetadas.

“Las leyes de derechos humanos estipulan que las mujeres deben ser libres de decidir cuándo quedar embarazadas, cuántos hijos tener y cómo espaciar los embarazos. El pleno disfrute de las garantías de salud sexual y reproductiva es indispensable para que las mujeres y las niñas puedan ejercer todos los demás derechos humanos y para lograr la igualdad de género”, afirmaron.

La declaración de los expertos se produce con motivo del Día Mundial de la Anticoncepción, por celebrarse el 26 de septiembre, y el Día Internacional del Aborto Seguro, el 28 de septiembre, fechas que los expertos aprovechan para instar a los Estados y sus instituciones “a priorizar los derechos a la salud sexual y reproductiva, y a adoptar legislaciones, políticas y decisiones que aseguren a las mujeres y niñas el pleno ejercicio de su derecho al acceso a la salud sexual y reproductiva y a servicios sanitarios -incluido el aborto seguro-, sin temor a la intimidación, el estigma o la penalización, de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

La declaración cita los datos de la Organización Mundial de la Salud que indican que cada año mueren hasta 39.000 mujeres por falta de servicios de aborto seguro y recalca la importancia de prevenir embarazos no deseados a través del acceso a métodos anticonceptivos, servicios de aborto seguro y atención postaborto de calidad.

Todas las mujeres y niñas deben tener un acceso adecuado a métodos anticonceptivos seguros, eficaces y asequibles de su elección, incluidos los anticonceptivos modernos de acción corta y prolongada y otros métodos como la anticoncepción de emergencia, así como cualquier otro método para evitar embarazos forzados.

Los relatores explicaron que al garantizar este derecho, los Estados deben respetar la capacidad de las mujeres y las niñas para la toma de decisiones autónomas y no limitar el acceso a los anticonceptivos a la obtención de la autorización de los esposos, parejas o padres.

Asimismo, argumentaron que las estrategias de salud sexual y reproductiva deben tener en cuenta las necesidades de las mujeres lesbianas y bisexuales, los hombres trans y todas las personas de género diverso para quienes son relevantes. Advirtieron que los Estados son responsables de cualquier acto, incluidos los actos de omisión, que viole los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas por parte de actores estatales y no estatales.

Los relatores llamaron a los Estados a trabajar arduamente para desmantelar todas las barreras prácticas ancladas en la falta de regulaciones oficiales, como la objeción de conciencia y la imposición de un requisito de consentimiento conyugal, incluso cuando no lo exija la ley.

Los especialistas en derechos humanos encomiaron el reconocimiento constitucional de los derechos sexuales y reproductivos que han hecho algunos países y exhortaron a todos los Estados a adherirse a seguir ese camino.

Unos 900 millones de personas de 35 países de América, el 96% de la población, cuentan con al menos una de las seis medidas de control del tabaco recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, un 50% más que las registradas el año 2007, informó la Organización Panamericana de la Salud.

El Informe sobre el control del tabaco para la Región de las Américas 2022 indica que 26 de los 35 países de la región han alcanzado el máximo nivel de aplicación de al menos una de esas órdenes, pero en otras, como el aumento de los impuestos al tabaco, han avanzado con lentitud, y nueve países todavía no han adoptado ninguna medida.

Los progresos en la aplicación de las seis normas, conocidas como MPOWER* y establecidas por la Organización Mundial de la Salud en 2008, contribuyeron a reducir el número de consumidores, que pasaron de representar el 28% de la población de la región en 2000 al 16,3% en 2020, la segunda cifra más baja del mundo a ese nivel.

La agencia recuerda que el consumo de tabaco es el principal factor de riesgo en seis de las ocho principales causas de muerte en el mundo, así como para las cuatro enfermedades no transmisibles más prevenibles y prevalentes: cardiovasculares, diabetes, cáncer y afecciones respiratorias crónicas.

El estudio también advierte sobre la alta disponibilidad y accesibilidad de nuevos productos que pueden contener nicotina, como los cigarrillos electrónicos y alerta sobre las afirmaciones engañosas que usa la industria del tabaco para ganar consumidores e introducirse en nuevos mercados.

Siete países de América prohíben la venta de sistemas electrónicos de administración de nicotina. Cinco de esas naciones y otras trece adoptaron medidas parciales para prohibir su uso, limitar su publicidad, promoción y patrocinio o exigieron advertencias en su empaquetado. Por el contrario, quince no imponen ningún tipo de marco regulador.

El estudio halló que durante el año pasado sobre 35 países del continente americano:

Las seis medidas MPOWER son:

1.- Vigilar el consumo de tabaco y las políticas de prevención.

2.- Ofrecer ayuda para dejar el tabaco.

3.- Advertir de los peligros del tabaco.

4.-Hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio del tabaco.

5.- Aumentar los impuestos sobre el tabaco.

El papel de las mujeres indígenas en la preservación
y transmisión del conocimiento tradicional.

Las mujeres son pilares esenciales en las comunidades y pueblos indígenas y juegan un papel crucial en la preservación y transmisión de los conocimientos y prácticas tradicionales.

Tienen un rol colectivo y comunitario integral como cuidadoras de los recursos naturales y guardianes del conocimiento científico y cada vez más toman las riendas de iniciativas como la defensa de las tierras o la reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo.

El conocimiento tradicional de las mujeres ayuda a preservar la larga historia de interacción de estos pueblos con el medio natural, pero también abarcan un complejo cultural que va desde el lenguaje, los sistemas de clasificación y nombres o las prácticas de uso de recursos, hasta los rituales, la espiritualidad y las visiones del mundo.

A pesar del papel crucial que estas desempeñan en sus comunidades como sostén familiar, cuidadoras, guardianas del conocimiento, líderes y defensoras de los derechos humanos, a menudo sufren niveles interseccionales de discriminación por motivos de género, etnia y estatus socioeconómico. Su derecho a la libre determinación, el autogobierno y el control de los recursos y tierras ancestrales ha sido violado durante siglos.

Las mujeres indígenas han logrado avances pequeños pero significativos en los procesos de toma de decisiones en algunas comunidades. Son líderes a nivel local y nacional, y están al frente de la defensa de sus tierras, sus culturas y sus comunidades.

Sin embargo, la realidad sigue siendo que las mujeres indígenas están muy poco representadas, se ven afectadas negativamente y de manera desproporcionada por las decisiones que se toman en su nombre y, con demasiada frecuencia, son víctimas de múltiples expresiones de discriminación y violencia.

Este Día Internacional de los Pueblos Indígenas, reivindiquemos el papel de estas heroínas.

La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 9 de agosto de cada año como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, según la resolución A/RES/49/214. El objetivo de esta conmemoración es fortalecer la cooperación internacional para sensibilizar sobre las características de esta población, así como los retos que enfrentan en aspectos como derechos humanos, medioambiente, desarrollo, educación y salud.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta indicadores que caracterizan a la población que habla alguna lengua indígena a partir del Censo de Población y Vivienda 2020. El objetivo es difundir información sobre este grupo poblacional.

Población indígena por autoadscripción

Con base en los resultados del Cuestionario Ampliado del Censo de Población y Vivienda 2020, se estimó que, de acuerdo con su cultura, 23.2 millones de personas de tres años y más se autoidentificaron como indígenas. De estas, 51.4 % (11.9 millones) fueron mujeres y 48.6 % (11.3 millones), hombres. De los 23.2 millones de personas que se autoidentificaron como indígenas, 7.1 millones (30.8 %) hablaban alguna lengua indígena y 16.1 millones (69.2 %), no.

Hogares indígenas

En 2020, se contabilizaron 2 858 588 hogares censales indígenas, lo que se traduce en 8.1 % del total de hogares censales (35 219 141) en México. De estos, 90.7 % eran hogares de tipo familiar, 67.6 % hogares nucleares y 31.7 %, ampliados. De los hogares indígenas, 73.9 % refirió que es hombre el «jefe de familia» y 26.1 %, mujer. El tamaño promedio de los hogares indígenas resultó de 4.1 personas, lo que es mayor al promedio nacional, que era de 3.6 integrantes por hogar.

Esta Semana Mundial de la Lactancia Materna, ambas agencias de la ONU están pidiendo a los gobiernos que asignen mayores recursos para proteger, promover y apoyar políticas y programas de lactancia materna, especialmente para las familias más vulnerables que viven en situaciones de emergencia.

Durante emergencias, incluidas las de Afganistán, Yemen, Ucrania, el Cuerno de África, y la vasta región africana del Sahel, la lactancia materna garantiza una fuente de alimentos segura, nutritiva y accesible para bebés y niños pequeños.

Según la ONU, menos de la mitad de todos los recién nacidos son amamantados en la primera hora de vida, lo que los hace más vulnerables a las enfermedades y la muerte. Y solo el 44% de los bebés son amamantados exclusivamente en los primeros seis meses de vida, por debajo del objetivo de la Asamblea Mundial de la Salud dirigido, del 50% para 2025.

Proteger, promover y apoyar la lactancia materna es más importante que nunca, no solo para proteger nuestro planeta como el primer sistema alimentario natural y sostenible definitivo, sino también para la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo de millones de bebés.

para aumentar la cantidad de bebés amamantados en todo el mundo, los gobiernos, los donantes, la sociedad civil y el sector privado deben concentrarse en cuatro áreas clave.

1.- Priorizar la inversión en políticas y programas de apoyo a la lactancia, especialmente en situaciones de fragilidad e inseguridad alimentaria.

2.- Equipar a los trabajadores de la salud y la nutrición en los establecimientos y las comunidades con las habilidades que necesitan para brindar asesoramiento de calidad y apoyo práctico a las madres.

3.- Proteger a los cuidadores y trabajadores de la salud para que no sean influenciados por la falta de ética del mercadeo de la industria de fórmulas para bebés mediante la plena adopción e implementación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, incluso en contextos humanitarios.

4.- Implementar políticas e iniciativas de salud pública favorables a la familia, que brinden a las madres el tiempo, el espacio y el apoyo que necesitan para amamantar.

América Latina y el Caribe perdió 2,9 años de esperanza de vida al nacer entre 2019 y 2021 a consecuencia del COVID-19, pasando de 75,1 años en 2019 a 72,1 años en 2021, lo que la convierte en la región del mundo que perdió más años en la esperanza de vida debido a la pandemia, reveló un análisis de las tendencias recientes de la población de la región realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

De acuerdo al organismo, la caída entre 2019 y 2021 fue mayor en América Central, con una pérdida de 3,6 años, aunque se evidenció una aceleración en la pérdida de esperanza de vida en el Caribe en 2021, así como grandes desigualdades entre países.

Las proyecciones suponen que ya en 2022 comenzará la recuperación de los años perdidos de esperanza de vida, debido al proceso de vacunación y las medidas tomadas por los países para combatir la pandemia.

Según el análisis, la población de la región pasó de 168,3 millones de personas en 1950 a poco más de 660 millones en 2022 y se espera que comience a decrecer en aproximadamente 34 años.

El crecimiento cada vez menor de la población, resultante principalmente de la disminución de la fecundidad, llevará a la región a alcanzar su población máxima en el año 2056, con un total de 751,9 millones de personas, señala el análisis, que advierte un quiebre en la tendencia del crecimiento de la región en 2020 y 2021, como efecto de la pandemia de la COVID-19.

El análisis evidencia también un envejecimiento poblacional y la aproximación del fin del bono demográfico. Precisa que la región se encuentra en una etapa de envejecimiento relativamente acelerada y se proyecta que ya en 2047 la población de personas con 60 años y más supere a la de menos de 15 años. Se estima que en 1967 la relación de dependencia de la región empezó a decrecer, marcando el inicio del bono demográfico, mientras que, en 2029, se proyecta que la población dependiente (menores de 15 años y de 65 años y más) crecerá más que la población en edad de trabajar (de 15 a 64 años), lo que indica el aumento de la relación de dependencia y el fin del bono demográfico en la región, un bono que duraría cerca de 62 años. Sin embargo, persiste la heterogeneidad regional, existiendo distintos ritmos de envejecimiento.

Respecto a la fecundidad en las adolescentes de 15 a 19 años, las estimaciones y proyecciones muestran que América Latina y el Caribe presenta tasas de las más altas en el mundo, quedando solamente por debajo de las tasas estimadas y proyectadas para África. Pese a lo anterior, la región como promedio ha logrado aumentar el ritmo de descenso de la fecundidad adolescente desde 2010 pasando de 73,1 hijos por 1000 mujeres de 15-19 años en 2010 a 52,1 en 2022. Sin embargo, sigue siendo un valor elevado comparado con otras regiones del mundo y es 48% mayor que el promedio mundial. Nueve países de la región se encuentran entre los 60 países con mayor tasa de fecundidad adolescente del mundo en 2015-2020.

Finalmente, el análisis aborda la creciente importancia de la migración intrarregional y advierte que uno de los principales desafíos para el estudio de la migración es la disponibilidad de fuentes de datos que den cuenta de los patrones migratorios, flujos y características de la población migrante.

Precisa que América Latina y el Caribe se caracteriza por ser una región expulsora de población, con saldo migratorio negativo desde 1950 a la fecha. En ese sentido, y pese a las dificultades de movimiento de la población durante la pandemia, principalmente por el cierre de fronteras, la región presentó saldos migratorios negativos en 2020 y 2021, pero inferiores a los estimados para 2019.

El dinamismo con que se dan los cambios demográficos en la región, en especial el descenso de la fecundidad y los movimientos migratorios, y recientemente el impacto del COVID-19, llevan a que la CEPAL, en conjunto con la División de Población de las Naciones Unidas, realice un constante monitoreo y revisión de las estimaciones y proyecciones de población. Solo con información oportuna y de calidad es posible elaborar estimaciones y proyecciones de población que reflejen la realidad demográfica de los países de la región y del mundo.

El Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) propuso el 11 de julio como el Día Mundial de la Población, pues el papel que esta cumple en los programas y planes generales de cada país es fundamental. El día se celebró por primera vez en 1990.

A propósito de esta fecha, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta cifras representativas de la población mexicana. Estas incluyen información sobre el descenso de la fecundidad e incremento en las defunciones por la COVID-19. Asimismo, se incorpora información sobre los medios de traslado que usan las personas para ir a la escuela o al trabajo. Las formas de trasportarse son de interés por el tiempo que invierte la población, los medios que utiliza y los riesgos a los que se somete en este proceso.

Monto y estructura de la población

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda (Censo 2020), la población que residía en México en 2020 ascendía a 126 millones de personas. De estas, 51 % eran mujeres y 49 %, hombres.

Comparada con decenios anteriores, la estructura por edad mostró una base piramidal más angosta debido a la reducción relativa de niñas, niños y jóvenes. Entre 1970 y 2020, se presentaron dos cambios sustantivos en la estructura poblacional. Por un lado, el porcentaje de personas de 0 a 14 años se redujo de 46 a 25 %, mientras que el de la población de 30 a 59 años aumentó de 22 a 38 por ciento. Entre 1970 y 2020, el índice de envejecimiento pasó de 12 a 48 personas de 60 años y más por cada 100 niñas y niños con menos de 15 años.

El incremento de los adultos mayores evidencia un proceso de envejecimiento demográfico. No obstante lo anterior, México aún no muestra la misma magnitud que se ha observado en regiones más desarrolladas.

Cerca de la tercera parte de las mujeres que viven en los países en desarrollo se convierte en madre antes de los 19 años y casi la mitad de los primeros nacimientos de adolescentes son de niñas de 17 años o menos, informó este martes el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en un nuevo estudio sobre el tema.

Remediar este fenómeno, que desafortunadamente disminuye a un ritmo que alcanza apenas tres puntos porcentuales por década, requiere inversiones por parte de los gobiernos que amplíen las oportunidades, educación y capacidades de las adolescentes para evitar así embarazos precoces no deseados.

La agencia recomienda a los responsables de la elaboración de políticas, tomar en cuenta la urgencia de ofrecer a las niñas educación sexual integral, tutoría, apoyo social y servicios de salud de calidad, además de brindar apoyo económico a las familias e involucrar a las organizaciones locales.

El informe revela que, de acuerdo con los datos del periodo 2015-2019, aunque la fecundidad mundial ha disminuido, las mujeres que comenzaron a tener hijos en la adolescencia tuvieron casi cinco nacimientos al llegar a los 40 años.

Detalla que casi el 75% de las niñas con un primer parto a los 14 años o menos tiene un segundo alumbramiento en la adolescencia, y agrega que el 40% de las que tienen dos partos tienen un tercer hijo antes de salir de la adolescencia.

El UNFPA recuerda que las complicaciones del parto son una de las principales causas de muerte y lesiones entre las adolescentes.

Subraya también que ser madre adolescente puede dar lugar a otras graves violaciones de derechos humanos así como acarrear consecuencias sociales graves, entre ellas el matrimonio infantil, la violencia de pareja y los problemas de salud mental.

El análisis por regiones marca diferencias considerables y coloca a América Latina y el Caribe a la cabeza de la maternidad adolescente.

América Latina y el Caribe y los países de renta media de Europa han registrado los mayores aumentos de madres adolescentes, con el 18% del total de los nacimientos en los países latinoamericanos y caribeños.

En cambio, las naciones del norte de África y de Asia occidental han registrado el declive más pronunciado en el mundo de nacimientos durante la adolescencia, para abarcar en la actualidad el 6% del total.

De ese conjunto de naciones, destacan siete por haber documentado al menos el 20% de todos los nacimientos de adolescentes en los últimos años: Bangladesh, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Etiopía, Gabón y Nepal. Esos alumbramientos fueron de mujeres que hoy tienen una media de 40 años.

El 23% de nacimientos adolescentes entre las mujeres que hoy alcanzan los 40 años en América Latina ocurrieron en Colombia.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal (CNIJF) 2022.

Este programa estadístico ofrece información sobre la gestión y desempeño de los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación, específicamente, en las funciones de gobierno e impartición de justicia. La finalidad es que esta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los temas referidos.

El cierre de las escuelas ha resultado en importantes pérdidas de aprendizaje. En los países de ingresos bajos y medianos, el 70 % de los niños de diez años no pueden comprender un texto escrito simple, un aumento preocupante con respecto al 57 % registrado en 2019, según un nuevo informe multiagencial.

El estudio conjunto de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Banco Mundial y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) destaca el déficit de aprendizaje, acrecentado por la pandemia de COVID-19.

La UNESCO, el Banco Mundial y UNICEF alertaron de que los retrasos en el aprendizaje también tendrán un fuerte impacto en la economía y explicaron que a escala global representarán una pérdida acumulada de riqueza para la generación actual de escolares de alrededor de 21 billones de dólares. El cálculo hecho en 2021 apuntaba a 17 billones, es decir, la situación ha empeorado.

El informe enfatiza la crisis de financiamiento en la esfera educativa e indica que el 40% de los países de ingresos bajos y medios redujeron su gasto en educación durante la pandemia. La reducción media fue del 13,5% y los presupuestos aún no han vuelto a los niveles de 2019.

La UNESCO ponderó la urgencia de asignar fondos a la educación, que debe transformarse dados los desafíos del mundo actual, como la crisis climática y la revolución digital, dos cuestiones que deben integrarse a los planes de estudio.

Entre 2005 y 2020, las Naciones Unidas verificaron más de 266.000 violaciones graves contra la infancia cometidas por las partes en más de 30 situaciones de conflicto en África, Asia, Oriente Medio y América Latina, dijo UNICEF en un nuevo informe. Esta cifra representa solamente una fracción de todas las violaciones que se cree que se han producido, ya que las limitaciones en materia de acceso y seguridad, entre otras, y la vergüenza, el dolor y el miedo que sufren los niños y las familias supervivientes dificultan a menudo la denuncia, la documentación y la verificación de las violaciones graves contra la infancia en situaciones de conflicto armado.

El informe, titulado 25 años de conflictos armados y la infancia: Actuar para proteger a los niños y niñas en la guerra, reveló que entre 2005 y 2020 se han verificado los datos siguientes: más de 104.100 niños y niñas han sido asesinados o mutilados en situaciones de conflicto armado; más de 93.000 niños y niñas han sido reclutados y utilizados por las partes en conflicto; al menos 25.700 niños y niñas han sido secuestrados; y las partes en conflicto han violado, casado a la fuerza, explotado sexualmente y cometido otras formas graves de violencia sexual contra al menos 14.200 niñas y niños. Las Naciones Unidas verificaron más de 13.900 incidentes de ataques contra escuelas y hospitales y no menos de 14.900 incidentes de denegación de acceso humanitario a los niños desde 2005.

El informe señala que muchos niños y niñas sufren más de una violación, un factor que aumenta su vulnerabilidad.

El informe constata que todas las partes en conflicto, tanto los Estados como los agentes no estatales, cometen graves violaciones contra los niños. Entre 2016 y 2020, los agentes estatales –incluidas las fuerzas y coaliciones nacionales e internacionales– fueron responsables de al menos el 26% de todas las violaciones. En comparación, los agentes no estatales fueron responsables de alrededor del 58% de todas las violaciones verificadas, lo que destaca la importancia de comprometerse con todas las partes en conflicto, incluidos los agentes no estatales, para poner fin y prevenir de forma contundente las violaciones contra la infancia.

El informe también constató lo siguiente:

Poco antes de que varios dirigentes mundiales se reúnan en la cumbre del G7, UNICEF pide 1.200 millones de dólares para:

Las recomendaciones del informe, basadas en las pruebas y los análisis presentados, tienen por objeto movilizar a todas las partes interesadas, incluidas las partes en conflicto, los Estados y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para proteger a los niños de forma eficaz y sostenible y acelerar la acción a nivel local, nacional, regional y mundial.

Además de hacer un llamamiento a las partes en conflicto y a los Estados para que cumplan con sus obligaciones en virtud de los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario, el informe incluye una serie de recomendaciones sobre las cuestiones siguientes: