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Miércoles, 25 de noviembre de 2020

Basta de violencia contra la mujer, dice la ONU
en la jornada internacional contra ese flagelo

  • Liderados por el ente dedicado a las mujeres, el sistema de las Naciones Unidas pugna por poner fin a la violencia de género de una vez por todas y afirma que esto puede lograrse con voluntad. En el contexto de la pandemia de COVID-19, la violencia contra las mujeres es “una pandemia a la sombra de otra”, alerta la ONU.

    Una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia sexual o física, la mayor parte de las veces a manos de su pareja. Aún así, sólo dos de cada tres países han prohibido la violencia doméstica, en 37 no se juzga a los violadores si están casados o si se casan posteriormente con la víctima y en otros 49 no existe una legislación que proteja a las mujeres de ese lastre.

    Desde que surgió el brote de COVID-19, los nuevos datos e informes de los trabajadores de primera línea revelan que la violencia contra las mujeres y las niñas se ha agudizado, sobre todo cuando ocurre en el hogar.

    En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres, destacó la diferencia en la respuesta que las sociedades y los servicios públicos dan a las personas que contraen una enfermedad que podría ser mortal y a las que piden ayuda porque sus parejas amenazan su salud o su vida.

    Según los datos de ONU Mujeres, sólo el año pasado, 243 millones de mujeres y niñas sufrieron violencia sexual o física por parte de sus parejas. Este año, las denuncias de violencia contra mujeres y niñas en el ámbito privado, el ciberacoso, los matrimonios infantiles y el acoso y la violencia sexuales han aumentado.

    “Las mujeres deben gozar de pleno acceso a la justicia, procedimientos judiciales confiables y prevención efectiva de los delitos”, recalcó, añadiendo que menos del 40% de las mujeres víctimas de delitos violentos denuncian estas agresiones por desconfianza en la respuesta que obtendrán del sistema.

    Mlambo-Ngcuka afirmó que el cambio debe empezar en las facultades de Derecho y las academias de policía, enseñándole a sus estudiantes a reconocer e intervenir en casos de maltrato. “Implica erradicar la impunidad, con marcos jurídicos y políticos sólidos y con datos para registrar los avances y exigir cuentas de la sociedad y de las autoridades”, apuntó.

    “La economía de la violencia es simple y devastadora. Nadie sale ganando. Todas las personas perdemos. Debemos revertir esta situación”, enfatizó la directora ejecutiva y sostuvo que esto se puede lograr con voluntad.

    Hace 20 años, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución en la que designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre este flagelo y de impulsar medidas para ponerle fin.

    Hasta la fecha, sólo dos de cada tres países han prohibido la violencia doméstica, mientras que en 37 Estados todavía no se juzga a los violadores si están casados o si se casan posteriormente con la víctima. Además, en otros 49 Estados no existe aún una legislación que proteja a las mujeres de la violencia doméstica.

    Para amplificar su llamado a acabar con la violencia contra las mujeres, el Día Internacional marca el principio de la campaña anual 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que termina el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

    Fuente: ONU 25 de noviembre de 2020

  • Miércoles, 25 de noviembre de 2020

    Preocupa la persistencia de la violencia contra las mujeres y niñas
    en la región y su máxima expresión, el feminicidio o femicidio

  • La estrategia para enfrentar de forma urgente esta verdadera “pandemia en la sombra” debe basarse en cuatro pilares: financiamiento, prevención, respuesta y recopilación de datos.

    La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) manifestó hoy su preocupación por la persistencia de la violencia por razones de género contra las mujeres y las niñas de la región y por las altas tasas de feminicidio observadas. Según los últimos datos oficiales reportados al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Comisión, en 2019 se registraron 4.640 casos de feminicidio en 24 países, 18 latinoamericanos y 6 caribeños.

    La situación de las mujeres y las niñas se ha visto agravada durante el confinamiento y las restricciones de movilidad dispuestas por los países frente al COVID-19, que limitaron su acceso a redes de apoyo y servicios de atención, plantea la CEPAL en un documento publicado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, y que da inicio a 16 días de activismo hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

    “La violencia de género ocurre de forma sistemática en nuestra región. No conoce fronteras, afecta a mujeres y niñas de todas las edades y sucede en todos los espacios: en los lugares de trabajo, en el marco de la participación política y comunitaria, en el transporte y en la calle, en la escuela y en los centros educativos, en el ciberespacio y, sin duda, en los propios hogares. Es lo que en el sistema de las Naciones Unidas hemos llamado una ‘pandemia en la sombra’”, señaló la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

    De acuerdo con encuestas nacionales de seis países de la región, entre el 60% y el 76% de las mujeres (alrededor de 2 de cada 3) ha sido víctima de violencia por razones de género en distintos ámbitos de su vida. Además, en promedio 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima o vive violencia física, psicológica y/o sexual, por un perpetrador que era o es su pareja, lo que conlleva el riesgo de la violencia letal: el feminicidio o femicidio.

    Los gobiernos de la región han informado al Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe de la CEPAL más de 90 medidas para enfrentar la violencia contra las mujeres en este período. Se destaca la respuesta de países donde la totalidad o parte de los servicios de atención a este flagelo fueron declarados esenciales. Sin embargo, la adaptación a modalidades remotas ha sido muy compleja y limita el acceso a la justicia, lo que aumenta el riesgo de impunidad que afecta a estos delitos, alerta la CEPAL.

    El documento señala que “la gran cantidad de denuncias en líneas remotas y de forma presencial exige fortalecer la acción pública con aumento de recursos fiscales y medidas que garanticen la atención integral en servicios sociales y acceso a la justicia a través de canales activos y expeditos”.

    “Para superar la violencia por razones de género contra las mujeres y las niñas se requiere de políticas que aborden los nudos estructurales de la desigualdad, principalmente los derivados de los patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos”, dice la CEPAL. “Urge avanzar en forma integral y acelerada en la garantía de los derechos y la autonomía de las mujeres en sus dimensiones económica, física y en la toma de decisiones”.

     

    Fuente: CEPAL 24 de noviembre de 2020

     

  • Miércoles, 25 de noviembre de 2020

    ONU México: Poner fin a la violencia contra
    las mujeres y las niñas no está en pausa

  • El Sistema de las Naciones Unidas se une a sobrevivientes, activistas, defensoras de derechos humanos, responsables de la toma de decisiones y a toda la sociedad para destacar la necesidad de financiación, de servicios esenciales, de prevención y de generación de datos que propicien acciones efectivas para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, y para avanzar en la igualdad sustantiva.

    La violencia contra las mujeres y las niñas es una pandemia que no hemos logrado erradicar y que afecta a todos los países del mundo. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y de la campaña Únete, la Organización de las Naciones Unidas convoca a la sociedad en su conjunto a hacer frente a otra pandemia: la violencia contra las mujeres y las niñas, la cual ha generado que en México 7 de cada 10 mujeres hayan enfrentado algún tipo de violencia.

    Las emergencias humanitarias, los desastres, las crisis económicas y las pandemias generan, para las mujeres y las niñas, mayores riesgos de padecer violencia. La pandemia de COVID-19 no es una excepción; esta es mucho más que una crisis sanitaria, se trata de una crisis global que podría revertir décadas de progreso en los derechos y la igualdad de género.

    La pandemia afecta desproporcionadamente a las mujeres y las niñas. Mientras que los hombres sufren tasas de mortalidad más altas, las mujeres se ven especialmente afectadas por las consecuencias económicas, sociales, y la violencia de género, es decir, sufren una violencia estructural que las afecta tanto en espacios privados como públicos, lo cual vulnera la garantía de sus derechos humanos.

    Por ello, bajo el lema: Pinta el mundo de naranja: ¡Financiar, responder, prevenir y recopilar!, este año la campaña ÚNETE pone énfasis en la importancia de los gobiernos y el trabajo en conjunto con el Sistema de Naciones Unidas, sociedad civil y el sector privado para generar una estrategia de compromiso político a fin de acelerar respuestas concretas en los cuatro ejes de la campaña: financiarun paquete mínimo de servicios esenciales; responder adecuadamente a las sobrevivientes para garantizar su acceso a los servicios esenciales; prevenir la violencia y modificar las normas sociales que le dan origen y la normalizan; y recopilar datos e información para construir políticas que prevengan, atiendan y sancionen la violencia estructural que viven millones de mujeres y niñas, además de la adopción de medidas en pro de la reparación, la verdad y la memoria de las mujeres víctimas de la violencia.

    Para seguir respondiendo a esta situación de urgencia, a petición del Secretario General de la ONU, el Sistema de las Naciones Unidas ha diseñado una estrategia con cuatro ejes de compromisos a fin de acelerar una respuesta de políticas públicas concretas respecto de la violencia de género en el contexto de COVID-19 y promover la política de cero tolerancia hacia la violencia en todas las esferas de la sociedad:

    1. Financiar: dar prioridad al financiamiento de un paquete de servicios esenciales que incluyan la prevención de violencia de género. Y asegurar un financiamiento flexible a las organizaciones de sociedad civil de los derechos de las mujeres que trabajan en el nexo entre COVID-19 y la violencia de género.

    2. Prevenir: declarar una política nacional de cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres y las niñas con un plan de acción concreto.

    3. Responder: poner especial atención sobre las víctimas y sobrevivientes, a través del paquete de servicios esenciales que incluyan el acceso a la procuración e impartición de justicia, así como a servicios sociales y de salud.

    4. Recopilar: datos del incremento en los diversos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, incluido el ámbito digital, con el fin de generar una política que prevenga y atienda la violencia en circunstancias específicas de confinamiento.

    El hecho de que la violencia esté tan presente, no quiere decir que sea normal ni mucho menos aceptable; a pesar de toda la devastación que ha causado, la crisis del COVID-19 también representa una oportunidad generacional para construir economías y sociedades más inclusivas, pacíficas y libres del flagelo de la violencia. Necesitamos crear una “paz feminista” que escuche la voz de todos y todas, con todos los grupos incluidos de manera plena y significativa en las decisiones que afectan sus vidas. Esto debe incluir escuchar las voces de mujeres y niñas que marchan en contra la violencia y en defensa de sus derechos, garantizando que puedan ejercer el derecho de manifestación de forma segura.

    El Foro Generación Igualdad, convocado por ONU Mujeres y copresidido por Francia y México en el 2021, representa también la oportunidad de abordar el papel clave que desempeñan las mujeres y generar estrategias para revertir esta crisis. De ahí la importancia de la contribución en la respuesta y recuperación de COVID-19 por parte de todos los gobiernos del mundo para reforzar los mecanismos de accesos a servicios y políticas de prevención y eliminación de todos los tipos de violencia.

    Las Agencias de Naciones Unidas hacemos una invitación para que, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, durante los 16 días de activismo, las instituciones de gobierno, la sociedad civil, las universidades, el sector privado, medios de comunicación, junto con las y los jóvenes se unan a la campaña Únete para prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas con diferentes actividades como: foros públicos, actividades culturales, el uso de prendas de vestir color naranja, declaraciones públicas llamando a poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, y usando los hashtags oficiales #DíaNaranja #16días y #Únete.

    Fuente: ONU MUJERES 25 de noviembre de 2020

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  • Miércoles, 25 de noviembre de 2020

    ONU Mujeres insta a emprender acciones concretas
    para responder a la otra pandemia en la sombra

  • Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Dieciséis Días de Activismo contra la Violencia de Género

    En un momento en que la pandemia de COVID-19 y la cultura dominante de impunidad amenazan los avances logrados en el terreno de la igualdad de género y la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, ONU Mujeres insta a emprender acciones robustas y decididas en respuesta a esta crisis sin precedentes con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el período previo al Foro Generación Igualdad –en el que los agentes mundiales asumirán nuevos y firmes compromisos para erradicar la violencia contra las mujeres–, los Gobiernos, la sociedad civil, la juventud, las y los influencers y el sector privado prestarán sus voces a los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, una campaña de movilización global que arranca hoy y se prolongará hasta el 10 de diciembre. Juntas y juntos exigirán un cambio radical y la construcción de una “nueva normalidad” que ofrezca a todas las mujeres y niñas un futuro sin violencia.

    Incluso antes de la pandemia de COVID-19, la violencia contra las mujeres era una de las violaciones más extendidas de los derechos humanos: casi el 18% de las mujeres y niñas experimentaba violencia física o sexual por parte de una pareja íntima a lo largo de un período de 12 meses. Conforme la pandemia se aceleraba, se observó una alarmante “pandemia en la sombra” de violencia contra las mujeres, con un aumento de las tasas de violencia doméstica, pero también en las calles, en Internet y en diversos entornos. El número de llamadas a las líneas telefónicas de asistencia se quintuplicó en algunos países durante las semanas iniciales de la pandemia, mientras que en otros se redujo por la imposibilidad de las mujeres de buscar ayuda a través de los canales habituales al verse atrapadas en el hogar con sus maltratadores. De acuerdo con las proyecciones, cabe prever que la violencia alcance a 15 millones de mujeres más por cada tres meses que se mantenga el confinamiento.

    Hemos visto al mundo entero responder a la pandemia del coronavirus, trabajando al unísono, realizando grandes inversiones y utilizando protocolos con gran determinación. La violencia contra las mujeres también es una pandemia; de hecho, precede al virus y perdurará cuando este desaparezca.En un momento en que nos enfrentamos a la devastación provocada por la COVID-19, es más importante que nunca que pongamos en común nuestros recursos y asumamos un compromiso conjunto para hacer frente a los grandes desafíos y para poner fin a la violencia contra las mujeres, por el bien de todas y todos”, manifestó Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.

    En respuesta a la petición de “alto al fuego en el hogar” del Secretario General de las Naciones Unidas realizada este mismo año, casi 150 países acordaron incluir la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas como un componente fundamental de sus planes de respuesta a la COVID-19. Muchos de ellos han acompañado este compromiso con un fortalecimiento de los servicios esenciales, como los refugios, las líneas telefónicas de asistencia y otros mecanismos de denuncia. Sin embargo, tan sólo 48 países, menos de la cuarta parte de los 206 analizados en el marco de un reciente estudio, trataron la violencia contra las mujeres y los servicios prestados a las niñas en este ámbito como una parte integral de sus planes nacionales y locales de respuesta a la COVID-19, y muy pocos financiaron adecuadamente estas medidas.

    Con el fin de hacer frente a esta infradotación generalizada de recursos para este problema crucial, ONU Mujeres ha convocado a la Coalición de Acción sobre la violencia de género, una innovadora alianza formada por Gobiernos, la sociedad civil, líderes juveniles, el sector privado y entidades filantrópicas para desarrollar un programa claro de acciones que impulsen la erradicación de la violencia contra las mujeres y movilicen fondos para ello. Dichas acciones e inversiones se anunciarán en el Foro Generación Igualdad que se celebrará en 2021 en México y Francia, junto con las de las otras cinco Coaliciones de Acción del Foro Generación Igualdad.

    La conmemoración oficial del Día Internacional por parte de las Naciones Unidas tendrá lugar por primera vez en formato virtual y brindará a los Estados Miembros una oportunidad para fortalecer y cumplir sus compromisos con la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas.

    Como en años anteriores, edificios y monumentos emblemáticos de todo el mundo –entre ellos, las pirámides y la Esfinge de Guiza, en Egipto; las estatuas moáis de la isla de Pascua, en Chile; el Parlamento de la República de Moldova; las Torres de Kuwait; y el Ayuntamiento de Bruselas, en Bélgica– se iluminarán de naranja para instar a un futuro mejor en el que las mujeres y las niñas puedan vivir sin violencia. En los Países Bajos se iluminarán de naranja más de 200 ayuntamientos para demostrar su solidaridad con las sobrevivientes y apoyar los 16 Días de Activismo.

    Fuente: ONU MUJERES 25 de noviembre de 2020

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  • Miércoles, 25 de noviembre de 2020

    En la mira: 16 Días de activismo contra la violencia de género

    La campaña ÚNETE de aquí al 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres, marca los 16 Días de activismo contra la violencia de género (del 25 de noviembre al 10 de diciembre de 2020) con el tema mundial “Pinta el mundo de naranja: ¡financiar, responder, prevenir, recopilar!”. La campaña Generación Igualdad de las Naciones Unidas amplifica el llamado a la acción mundial para subsanar las brechas de financiación, asegurar servicios esenciales para las sobrevivientes de violencia durante la crisis de la COVID-19, y concentrarse en la prevención y la recopilación de datos que puedan mejorar los servicios para salvar vidas de mujeres y niñas.

    Este año es único. Incluso antes del brote de COVID-19, la violencia contra las mujeres y las niñas había alcanzado proporciones pandémicas. En el último año, 243 millones de mujeres y niñas han sufrido maltrato por parte de sus compañeros sentimentales en todo el mundo. Mientras tanto, menos del 40 por ciento de las mujeres que sufren violencia lo denuncian o solicitan ayuda.

    Asimismo, paralelamente a la implementación de medidas de confinamiento por parte de los países para detener la propagación del coronavirus, la violencia contra las mujeres y niñas, especialmente la violencia en el ámbito privado, en algunos países, las llamadas a las líneas de ayuda se han multiplicado por cinco. En otros, las denuncias formales de violencia doméstica han disminuido por las dificultades de las supervivientes para pedir ayuda y acceder a los servicios de apoyo a través de los canales regulares.

    Sin posibilidad de acudir a la escuela y sin empleo, los cierres de escuelas y las dificultades económicas han empobrecido a las mujeres y las niñas, haciéndolas más vulnerables a la explotación, el maltrato, el matrimonio forzado y el acoso.

    Actualmente, aunque las voces de activistas y sobrevivientes han llegado a un punto en que no pueden ser silenciadas o ignoradas, el fin de la violencia contra las mujeres exigirá más inversión, más liderazgo y más medidas. No es algo que pueda quedar al margen; debe ser parte de la respuesta nacional de todos y cada uno de los países, especialmente durante la crisis actual de la COVID-19.

    Durante los 16 Días de activismo, ONU Mujeres pasa el micrófono a sobrevivientes, activistas y entidades asociadas de las Naciones Unidas sobre el terreno para que expliquen la historia de lo que ocurrió tras el brote de COVID-19.

    Fuente: ONU MUJERES noviembre de 2020

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    Miércoles, 25 de noviembre de 2020

     

     

    La pandemia en la sombra de la COVID-19

  • Recrudece la violencia contra mujeres y niñas

     

    La violencia contra las mujeres y niñas, de por sí uno de los problemas más graves que encaramos, recrudece en cualquier tipo de emergencia. La crisis ocasionada por la COVID-19 no es la excepción.

    Las cifras escapan la imaginación: incluso antes de la COVID-19, en los últimos 12 meses cerca de 243 millones de mujeres habían sido maltratadas por su pareja.

    No solo es casi seguro que ese número esté por debajo de las cifras reales — se calcula que menos del 40% de las mujeres denuncian un incidente de maltrato o buscan ayuda — sino que esa cifra se ha disparado a medida que el costo social, mental y económico del confinamiento se ha ido arraigando con el correr de los meses.

    El repunte está poniendo presión incluso en los mejores sistemas de salud y los refugios contra la violencia doméstica están alcanzando su máxima capacidad. La necesidad de redireccionar recursos normales para atender la pandemia de la COVID-19 ha agudizado los desafíos. El costo, en términos monetarios, se calcula en US$1,5 billones, y esa cifra va en aumento conforme se prolonga la pandemia.

    Los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género del Sistema de las Naciones Unidas se desarrollará entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre, bajo el lema: “Pinta el mundo de naranja: ¡Financiar, responder, prevenir, recopilar!” La campaña señalará el alcance de un problema que con demasiada frecuencia permanece oculto, y sugerirá maneras en las que los gobiernos y las comunidades pueden convertir la acción eficaz en un componente fundamental de sus planes de respuesta ante la COVID-19.

    El PNUD está urgiendo la formulación de políticas que generen un compromiso para financiación a largo plazo que apoye a las sobrevivientes, así como a los sistemas policiales y de justicia. Estamos trabajando con más de 80 países para prevenir la violencia contra mujeres y niñas y responder ante las tasas en ascenso de ese flagelo. Ello incluye asegurar que las necesidades de las sobrevivientes sean atendidas y que las mujeres participen en el proceso de construir un futuro mejor, en el que sus preocupaciones, experiencia y opiniones se incorporen en todos los niveles de respuesta y recuperación frente a la COVID-19.

    En colaboración con ONU Mujeres, el PNUD México está estableciendo plataformas telefónicas y en línea para apoyar a mujeres vulnerables en centros LUNAS, que son espacios seguros donde las mujeres reciben un estipendio mensual y, cuando procede, pueden escapar de sus agresores.

    El PNUD y ONU Mujeres han lanzado el Rastreador Mundial de Respuestas de Género COVID-19. Incluye más de 2.500 medidas en 206 países que abordan directamente la seguridad económica y social de las mujeres, así como medidas para abordar la violencia de género. Hasta el momento los resultados indican que si bien muchos países están priorizando las necesidades de las mujeres en los esfuerzos emprendidos contra la COVID-19, el esfuerzo de muchos países no ha sido suficiente, en tanto que cerca del 20% de los países no está haciendo absolutamente nada al respecto.

    En el informe del PNUD sobre la violencia de género y la COVID-19 se incluyen medidas adicionales que los organismos de las Naciones Unidas, los gobiernos y otros asociados pueden adoptar para prevenir y abordar la violencia de género en el contexto de la COVID-19.

     

     

    Fuente: PNUD 25 de noviembre de 2020

  • Lunes, 23 de noviembre de 2020

    Estadísticas a Propósito del Día Internacional
    de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

  • La generación de información estadística sobre violencia contra la mujer en encuestas especializadas como la ENIDREH, de victimización como la ENSU, así como la que se obtiene de los Censos Nacionales de Gobierno, es una actividad prioritaria para el diseño de políticas públicas para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.

  • De acuerdo con los datos, las mujeres con mayor propensión a experimentar violencia por cualquier agresor a lo largo de la vida son aquellas que residen en áreas urbanas (69.3%), de edades entre 25 y 34 años (70.1%), con nivel de escolaridad superior (72.6%) o bien no pertenecen a un hogar indígena (66.8 por ciento).

    En 1999, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 25 de noviembre Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer como un llamado a gobiernos, organismos, órganos, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas, y a otras organizaciones internacionales y no gubernamentales, para llevar a cabo actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto del problema de la violencia contra la mujer.

    Con motivo del Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) difunde este comunicado con información estadística sobre la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país con el propósito de dimensionar y contribuir al conocimiento sobre el tema en México, y coadyuvar en el diseño y definición de acciones para prevenir, atender y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres.

    La información se obtiene de tres instrumentos de información clave que genera el INEGI: La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y los registros administrativos de los Censos Nacionales de Gobierno.

    Los resultados de la ENDIREH 2016 indican que 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más de edad que viven en el país han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de la vida. El 43.9% de ellas han sufrido violencia por parte de la pareja actual o última a lo largo de su relación mientras que 53.1% ha sufrido al menos un incidente de violencia por parte de otros agresores distintos a la pareja a lo largo de la vida.

    Las mujeres con mayor propensión a experimentar violencia por cualquier agresor a lo largo de la vida son las que residen en áreas urbanas (69.3%), en edades entre 25 y 34 años (70.1%), las que cuentan con nivel de educación superior (72.6%) y las que no pertenecen a un hogar indígena (66.8 por ciento).

    De acuerdo con los resultados de la ENSU tercer trimestre 2020, se estima que entre enero y septiembre de 2020, 9% de los hogares experimentaron alguna situación de violencia familiar.

    Los Censos de Gobierno revelan que, de los presuntos delitos registrados en las averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas, los principales delitos cometidos en contra de las mujeres son los relacionados con el abuso sexual (42.6%) y la violación (37.8 por ciento).

    En cuanto a la oferta institucional para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, el INEGI genera información que permite dimensionar los servicios. Por ejemplo, para 2020 en México existían 50 Centros de Justicia (CJM) para las Mujeres, distribuidos en 28 entidades federativas. Las entidades que cuentan con el mayor número de instancias son Coahuila (5), México y San Luis Potosí (4) y la Ciudad de México (3). Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Tabasco no cuentan con CJM.

    Fuente: INEGI 23 de noviembre de 2020

  • Lunes, 23 de noviembre de 2020

    G20: cooperación global y acciones políticas
    sólidas necesarias para una recuperación sostenible

    La crisis del COVID-19 ha puesto al descubierto importantes debilidades en nuestras economías que solo pueden solucionarse mediante una mayor cooperación global y una acción política sólida y específica, según un nuevo informe de la OCDE presentado a los líderes de los países del G20 en su cumbre virtual este fin de semana.

    New Horizons , un informe solicitado por el G20 para apoyar su Plan de Acción en respuesta a la crisis, dice que los gobiernos deben planificar ahora la recuperación mientras continúan viviendo con el virus. Las medidas económicas de emergencia para hacer frente a la crisis deberán adaptarse, el apoyo a las personas y las empresas será más específico y se establecerán nuevas políticas para hacer realidad el objetivo de una economía mundial más fuerte, sostenible e inclusiva.

    La OCDE identifica la necesidad de una cooperación más fuerte entre los gobiernos en varios campos:

  • en salud, desde la investigación hasta la distribución de vacunas COVID-19.

  • en el comercio, para garantizar cadenas de producción globales robustas.

  • en la fiscalidad de las multinacionales a medida que la economía se digitaliza cada vez más.

  • en sostenibilidad ambiental, y,

  • en la prevención de salidas repentinas de capital y crisis de deuda soberana en mercados emergentes y países en desarrollo.

    El informe dice que el gasto fiscal excepcional y el apoyo monetario deben mantenerse durante el tiempo que sea necesario para amortiguar el impacto de la pandemia, y describe cómo los gobiernos deben trabajar en tres frentes principales: reasignar recursos; apoyar a la gente; y construir un sistema económico sostenible y resistente para el futuro.

    La crisis está acelerando los cambios en la economía, que a menudo son disruptivos. Los gobiernos deberán ayudar a los trabajadores y las empresas a hacer la transición de los sectores en contracción a la expansión; eliminando las barreras a la movilidad, aumentando la competencia y facilitando a las empresas el acceso a la financiación y las tecnologías avanzadas o la reestructuración.

    La mejora de la formación y el desarrollo de habilidades, especialmente entre los jóvenes y las mujeres poco cualificadas, que a menudo son vulnerables en el mercado laboral, será clave. Los esquemas de retención de empleo deberán evolucionar para garantizar que las personas, en lugar de sus trabajos, estén protegidas, que se amplíen sus oportunidades y se salvaguarden sus ingresos.

    El aumento de la inversión pública y privada, en particular en la atención médica, la digitalización, la reducción de las emisiones de carbono, la educación y las habilidades, son esenciales para reforzar la sostenibilidad y la resiliencia.

    El G20 reafirma sus objetivos de reducir el porcentaje de jóvenes que están en mayor riesgo de quedarse atrás en el mercado laboral en un 15% para 2025, y reducir la brecha de género en la fuerza laboral en un 25%. durante los próximos cinco años. La OCDE y la OIT continuarán monitoreando los avances en estas áreas, así como el impacto de la pandemia en el empleo y las tendencias de la migración.

    a OCDE continúa trabajando con el G20 para lograr un acuerdo político sobre cómo gravar la economía digital a mediados de 2021. En el Informe fiscal del Secretario General a los ministros de finanzas del G20 , la OCDE advierte que sin un acuerdo habría una proliferación de medidas unilaterales y un aumento de las disputas fiscales y comerciales perjudiciales que podrían reducir el PIB mundial en un momento en que nos estamos recuperando de la crisis.

    Fuente: OECD 22 de noviembre de 2020

  • Jueves, 19 de noviembre de 2020

    El INEGI presenta el Cubo de Datos
    Geoespaciales de México (CDGM)

  • El INEGI expande sus procesos de innovación que permiten explotar fuentes de información no tradicionales mediante técnicas y herramientas novedosas.

  • El objetivo de esta herramienta es extraer el máximo potencial de las imágenes satelitales para al monitoreo de fenómenos ambientales, socioeconómicos y demográficos en México.

  • El acervo del CDGM consta de más de 118,000 imágenes Landsat con sus metadatos de todo el territorio nacional, desde 1984 hasta 2020.

    El poder de los datos se potencia cuando se asocian a su referencia geográfica, y el INEGI, que tiene el mandato de generar información estadística y geográfica, expande sus procesos de innovación para explotar fuentes de información no tradicionales, hacer más accesible la información, potenciar su uso mediante técnicas y herramientas novedosas, y avanzar en el análisis espacial.

    Es por ello que presenta el Cubo de Datos Geoespaciales de México (CDGM), una herramienta que facilita el acceso, manejo y explotación de grandes volúmenes de imágenes satelitales a través de una interfaz de programación abierta y de libre acceso que permite el monitoreo de fenómenos ambientales, socioeconómicos y demográficos en México.

    El aprovechamiento del CDGM permitirá vincular la información estadística que produce el INEGI con las imágenes satelitales para realizar análisis orientados a identificar crecimientos, comportamientos, distribuciones, tendencias, patrones y relaciones entre diversas variables.

    El aprovechamiento del CDGM permitirá vincular la información estadística que produce el INEGI con las imágenes satelitales para realizar análisis orientados a identificar crecimientos, comportamientos, distribuciones, tendencias, patrones y relaciones entre diversas variables.

    l CDGM ofrece la posibilidad de conocer y reconocer el carácter geoespacial, temporal y sistémico de fenómenos como crecimiento poblacional, deforestación, contaminación, estrés hídrico, salud, vegetación, protección civil, alimentación, gentrificación, energías limpias, niveles socioeconómicos y movilidad, entre otros.

    El CDGM hace uso de imágenes provenientes de los satélites Landsat de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y del Departamento de Geología de los Estados Unidos (USGS). Actualmente cuenta con un acervo histórico de 118,000 imágenes Landsat con sus metadatos, desde 1984 hasta abril de 2020. El 86.4% de las imágenes de este acervo tienen Nivel 1 de Calidad de la Colección 1 de la NASA.

    Con el CDGM el INEGI hace frente a la creciente demanda e interés internacional y nacional por los datos satelitales para examinar la relación entre los indicadores ambientales y socioeconómicos, y aporta herramientas que apoyen la interacción entre la ciencia de la Tierra y los dominios estadísticos.

    Con el CDGM México se suma a países como Australia, Suiza, Ghana y Colombia, entre otros que ya hacen uso de esta tecnología. Además, aprovecha los sistemas y herramientas tecnológicas para atender el llamado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de promover y fomentar la exploración y el uso de estos datos para monitorear y apoyar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

    Actualmente, el Cubo de Datos Geoespaciales de México es una herramienta que utiliza el INEGI en distintas líneas de investigación para producir información con base en imágenes de percepción remota y, por ahora, se pone a disposición de las distintas dependencias de los tres niveles de gobierno que así lo requieran, para que puedan hacer uso de esta infraestructura y con ello tomar decisiones de política pública.

    Fuente: INEGI 18 de noviembre de 2020

  • Miércoles, 18 de noviembre de 2020

    Continúa su alianza con ISO-Quito para medir los
    avances y desafíos para el logro de la igualdad de género

    La medición, en base a información cuantitativa y cualitativa, de cómo los países están avanzando en el cumplimiento de sus compromisos para el logro de la igualdad de género en aspectos como la autonomía económica de las mujeres, su bienestar físico, el derecho a una vida libre de violencia y la participación plena en la vida política, es una herramienta para el análisis y la incidencia política de primer orden. Es por ello que el mecanismo ISO-Quito se ha constituido en una de las fuentes de información más importantes para saber cómo y en qué medida la igualdad de género avanza o, por el contrario, retrocede en la región, en función de los compromisos adquiridos por los Estados en el marco de las Conferencias Regionales sobre la Mujer. Consciente de la necesidad de contar con este tipo de herramientas prácticas, ONU Mujeres renovó durante 2020 su compromiso para apoyar el buen funcionamiento de ISO-Quito.

    Según el último Informe ISO-Quito 2019 se muestran importantes variaciones entre los países. Uruguay, Chile y Costa Rica son los que presentan mayor consistencia, a lo largo del tiempo, en sus logros en materia de bienestar y paridad económica. Costa Rica ocupó el primer lugar en el liderazgo regional del año 2018, al presentar un elevado nivel de paridad política. Ecuador y México representan un caso similar: aunque exhiben valores menores en paridad económica y en bienestar de las mujeres, sus altos niveles de paridad política colocan a ambos países en un lugar alto en el ranking. Eso muestra que esta posición más consolidada de las mujeres en política no se traduce directa ni inmediatamente en logros sustantivos en la vida de las mujeres, en general. Por contraste, Guatemala, Honduras y Paraguay se encuentran en los peores lugares en el ranking. El grupo de países de valores medio-altos incluye a Argentina, Bolivia, Perú y Nicaragua. Aquí, nuevamente, los más altos índices de paridad política (como en el caso de Nicaragua y Bolivia) no presentan consistencia con los logros de las mujeres en las dimensiones económica, laboral y social. Por el contrario, Argentina, que muestra altos valores en estas dimensiones, baja su puntuación por sus menores logros en participación de las mujeres en política, especialmente, a nivel del Poder Judicial.

    Este último informe nos señala que aunque se registran avances en muchas dimensiones, en otras se produce un relativo estancamiento, especialmente, en las relativas a la pobreza femenina, el acceso al empleo y la paridad económica. Por otra parte, algunos de estos logros, en especial los más vinculados al desarrollo económico de los países, pueden verse amenazados por la crisis provocada por el COVID-19 que está afectando de manera particular a la región.

    La principal fuente de información para la elaboración del ISO-Quito es el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de CEPAL y CEPALStat para la elaboración de los indicadores a través de sus diferentes dimensiones. La primera dimensión es la relativa al bienestar social de las mujeres e incorpora la dimensión educativa, la mortalidad materna y la situación de pobreza. La segunda dimensión mide la paridad económica entre varones y mujeres en salario, tasas de participación laboral, acceso a ingresos propios y niveles de formalización del empleo. La tercera dimensión mide la paridad en la toma de decisiones y se construye en un índice que combina la participación de la mujer en diferentes niveles de la esfera político-institucional: la justicia, el parlamento y el gobierno. Estas dimensiones en conjunto se reflejan en un índice que sintetiza el estado efectivo de las mujeres, en general, y la brecha que las distancia de los logros de sus pares varones.

    La propuesta ISO-Quito surgió como una iniciativa de la Articulación Feminista Marcosur, buscando establecer las bases del seguimiento de los acuerdos alcanzados en el Consenso de Quito, en agosto de 2007, en el marco de la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Desde entonces, se estableció una línea de base que permite hoy evaluar los avances y rezagos que experimentan los países de la región.

    ISO-Quito también incorpora un índice llamado de compromisos institucionales, que mide los esfuerzos que hacen los gobiernos en el diseño e implementación de políticas públicas destinadas a combatir la desigualdad de género y asegurar el bienestar de las mujeres. Una de las innovaciones recientes de ISO-Quito ha sido la de relevar el compromiso político de los gobiernos para asegurar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la paridad política y las licencias parentales.

    Dentro del acuerdo en curso entre ISO-Quito y ONU Mujeres, en 2021 se producirá un documento de análisis sobre familias, empoderamiento e igualdad de género y se desarrollarán cuatro informes país con información exhaustiva y combinando el análisis de datos cuantitativos y cualitativos sobre economía y política, e integrando aspectos relativos a derechos sexuales y reproductivos, que serán presentados públicamente a través de diversas iniciativas digitales.

    Fuente: ONU 17 de noviembre de 2020

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    Viernes, 13 de noviembre de 2020

    Estadísticas a Propósito del Día Mundial en
    Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico

  • Durante 2019, uno de cada 100 eventos de tránsito correspondió a accidentes fatales, en tanto que 18 de cada 100 fueron accidentes no fatales.

  • En 2019 se reportaron 4 125 decesos en el lugar del accidente y 91 713 heridos.

  • alisco, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Ciudad de México, Nuevo León, Guanajuato y Sonora son las entidades del país que concentran el 48.5% de las muertes por accidentes de tránsito registrados en el lugar del accidente.

    La Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó en 2005 el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico como una fecha para reflexionar sobre las causas y consecuencias de los hechos de tránsito, así como sobre la labor de los servicios de apoyo y rescate, de los esfuerzos desplegados en todo el mundo para reducir las muertes por accidentes de tráfico. La conmemoración sirve también de motivo para concientizar sobre el costo económico que producen estos siniestros que alcanzan hasta 3% del PIB de los países, según la estimación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) produce la estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas que tiene como objetivo generar información sobre el número de los percances viales ocurridos en el territorio nacional, contribuyendo así a la elaboración y/o formulación de políticas de prevención de accidentes.

    De acuerdo con los resultados de la estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas, en 2019 se reportaron 362 586 accidentes, de los cuales 293 782 registraron solo daños materiales (81.0%); en 65 154 se identificaron víctimas heridas (18.0%), y los 3 650 accidentes restantes corresponden a eventos con al menos una persona fallecida (1.0%) en el lugar del accidente.

    El tipo de accidente con mayor número de víctimas muertas en el lugar del evento fue la colisión con peatón (atropellamiento) con un total de 887 víctimas (21.5%), seguido por colisión con vehículo automotor con 886 (21.5%) y, en tercer lugar, colisión con motocicleta con 608 personas fallecidas (14.7 por ciento). En conjunto, estos tres tipos de accidentes concentran 6 de cada 10 muertos en incidentes de tránsito.

    Durante el fin de semana se presentan la mayor cantidad de las víctimas mortales. En domingo se reportaron 22.2% de los decesos y 17.4% de los lesionados. En segundo lugar, aparece el sábado con 18.2% de los fallecidos y 16.6% de personas heridas y, en tercer lugar el lunes con 13.9% de personas fallecidas y 13.8% de los heridos.

    El horario en el que se registran accidentes con el mayor número de víctimas fatales es entre las 19:00 y las 23:59 horas. En este periodo fallecieron 26.3% del total de las víctimas de accidentes de tránsito durante 2019. Por otra parte, las personas que perdieron la vida en accidentes ocurridos entre las 13:00 y 18:59 horas alcanzaron un 25.9 por ciento. Durante la segunda mitad del día se registran 52.2% del total de los decesos.

    Fuente: INEGI 13 de noviembre de 2020

  • Viernes, 13 de noviembre de 2020

    Repunte laboral de octubre, impulsado por el empleo eventual

  • Suman ya 406,881 plazas recuperadas de los más de 1.1 millones de despidos que hubo entre marzo y julio; 45% de los nuevos empleos han sido temporales.

    La reactivación del empleo formal tras los despidos durante los meses de confinamiento anti Covid hiló tres meses y se aceleró en octubre, con la creación de 200,641 puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

    Se trata del mayor número de altas laborales para cualquier mes de octubre en la historia y de una cifra 25% superior a la observada en el mismo mes del año pasado, de acuerdo con cifras divulgadas ayer 12 de noviembre, por el IMSS.

    El número de nuevas plazas de trabajo se compuso de 111,832 empleos de carácter permanente y 88,809 de tipo eventual, lo que significa que 44.3% de las nuevas contrataciones fueron temporales, porcentaje que es el mayor desde octubre del 2009, cuando ascendió a 57 por ciento. Durante agosto, septiembre y octubre suman ya 406,881 empleos recuperados, respecto de los un millón 117,584 que fueron dados de baja de marzo a julio, lo que equivale a una tasa de recuperación de 36.4 por ciento.

    No obstante, 45% de los empleos reactivados tiene el carácter de eventual, cuando solo 29% de los despidos que hubo de marzo a julio se relacionaron con empleos de tipo temporal, lo que habla de un proceso de recuperación sesgado hacia puestos de trabajo con menor estabilidad laboral.

    De enero a octubre, de forma acumulada, se arrastra una pérdida de 518,609 puestos de trabajo, cifra que es superior a la del mismo período del 2009 (-104,368 empleos), aunque inferior a la observada en 1995 (-827,896 empleos), solo por contrastarla con datos de las dos últimas crisis económicas de los últimos años comparables en magnitud.

    Al 31 de octubre había en el país un registro de 19 millones 902,833 trabajadores dados de alta ante el IMSS, esto es 4% menos respecto de los que había un año antes. Esta variación es, no obstante, inferior a la de -4.2% observada en septiembre o a la de -4.4% observada en julio, cuando se tocó fondo en materia de destrucción de puestos de trabajo.

    En perspectiva, la mayor caída del empleo formal en la presente crisis (la de julio), rebasó la del clímax de despidos de la crisis del 2009 (junio, -4.2%), pero se quedó lejos del peor momento laboral de la crisis de 1995, en noviembre de ese año, cuando el retroceso llegó hasta 9.3 por ciento.

    Por sector económico, el de electricidad, el agropecuario y el de servicios sociales y comunales reportaron en octubre alzas de 1.4%, 0.8% y 0.5%, respectivamente en su plantilla laboral.

    Fuente:EL ECONOMISTA 12 de noviembre de 2020

  • Lunes, 9 de noviembre de 2020

    El impacto de la pandemia por COVID 19
    en la violencia contra las mujeres

  • Las medidas de confinamiento y distanciamiento social, así como las restricciones de movilidad, están generando mayores riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas, intensificando su aislamiento y generando barreras adicionales en el acceso a servicios esenciales.

    A medida que la pandemia de COVID-19 profundiza el estrés económico y social también puede intensificar la violencia contra las mujeres sobre todo en el ámbito doméstico. Los perpetradores pueden estar atravesando situaciones de desempleo, inestabilidad económica o estrés, lo cual puede aumentar la frecuencia y la severidad de la violencia contra las mujeres.

    A pesar de que no existen datos sistematizados sobre el impacto de la pandemia y las medidas de confinamiento en los femicidios, se están haciendo estudios rápidos en países como Colombia, México y Chile que podrían dar información relevante para ayudar a los gobiernos a tomar decisiones.

    Aunque no es posible sacar conclusiones sobre los datos en medio de la crisis, es urgente tomar medidas porque, incluso antes del COVID-19, la violencia contra las mujeres en América Latina tenía dimensiones pandémicas.

    Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, en América Latina y el Caribe 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física o sexual a lo largo de su vida y, según la CEPAL, en 33 países de la región durante el 2019 la cifra de mujeres asesinadas por el solo hecho de ser mujeres superaba las 3,800.

    ONU Mujeres celebra que muchos Estados hayan respondido a la violencia contra mujeres y niñas, por ejemplo, al declarar la atención a las víctimas como un servicio esencial, al establecer alianzas con hoteles para que brinden espacios gratuitos a las mujeres víctimas y sobrevivientes y al aplazar automáticamente el vencimiento de las medidas cautelares que protegen a las víctimas de violencia dentro de las medidas de cuarentena.

    Sin embargo, persisten barreras para que las mujeres puedan acceder a la justicia y a los servicios de atención. En algunos países, la atención ha sido interrumpida o las instituciones se han abocado a responder a lo más urgente de la crisis, como hacer cumplir las medidas de aislamiento social, lo que puede tener como consecuencia una mayor impunidad para los perpetradores.

    ONU Mujeres produce herramientas para promover una respuesta al COVID-19 en América Latina y el Caribe con perspectiva de género. El documento Prevención de la violencia contra las mujeres frente a COVID-19 en América Latina y el Caribe orienta a diferentes actores sociales sobre estrategias, recomendaciones y prácticas prometedoras para prevenir y responder a la violencia contra las mujeres en el marco de la crisis por la pandemia.

    Asimismo, la Iniciativa Spotlight, el mayor esfuerzo mundial enfocado en poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, nacido de una alianza mundial entre la Unión Europea y las Naciones Unidas, ajustó su plan de acción con el fin de responder a las necesidades surgidas a partir de la crisis provocada por el COVID-19.

    Por ejemplo, las actividades ahora se centran en fortalecer las redes de atención a víctimas de violencia, en particular los refugios, para asegurar una provisión de servicios alineada con las nuevas disposiciones sanitarias. Además, se están fortaleciendo las redes de defensoras de derechos humanos en su labor de prevención y atención de la violencia.

    También desde Spotlight, ONU Mujeres está promoviendo la generación de datos de calidad, que permitan visibilizar la dimensión del problema, hacer comparaciones entre países y dar respuestas hechas a la medida de cada situación.

    Fuente: ONU 05 de noviembre de 2020

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  • Jueves, 5 de noviembre de 2020

    Día Mundial de Concienciación sobre los Sunamis

    Tener un plan nacional y local salva vidas

    En 2020, el Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunami se enfoca en la Meta E de la campaña Sendai Siete, que invita a los países y comunidades a implementar antes de que termine 2020 estrategias nacionales y locales de reducción del riesgo de desastres para salvar más vidas.

    Para 2030, se estima que el 50% de la población mundial vivirá en áreas costeras propensas a inundaciones, tormentas y tsunamis. Tener planes y políticas para reducir el impacto de los tsunamis ayudará a construir una mayor resiliencia y a proteger a las poblaciones vulnerables. ¿Conoce usted algún plan local o nacional que anticipe un tsunami?

    En diciembre de 2015, la Asamblea General de ONU estableció el 5 de noviembre como el Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunami.

    La creación del Día Mundial es una idea original de Japón, que, desafortunadamente, se ha visto expuesto a estos desastres en repetidas ocasiones a lo largo de los años. Este país tiene una gran experiencia en áreas tales como la alerta temprana de sunamis, la acción pública y la reconstrucción posterior a los desastres para conseguir reducir los impactos futuros. La Oficina de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres se encarga de promer la celebración del Día, en colaboración con las organizaciones relevantes del sistema de las Naciones Unidas.

    En 2014, ONU Hábitat lanzó una iniciativa, Octubre Urbano, para poner de relieve los desafíos urbanos mundiales e involucrar a la comunidad internacional en el desarrollo de la Nueva Agenda Urbana, aprobada en octubre de 2016 en la ciudad de Quito durante la Conferencia de Hábitat III. Esta Nueva Agenda Urbana es la brújula para hacer frente a los desafíos de las ciudades en las próxima dos décadas y ha de ser vista como una extensión del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 de la Agenda 2030.

    Los sunamis son fenómenos poco frecuentes, sin embargo, pueden ser extremadamente mortales. En los últimos 100 años, 58 sunamis se han cobrado más de 260.000 vidas, un promedio de 4600 pérdidas humanas por desastre, superando cualquier otro riesgo natural. El mayor número de muertes se concentró en el sunami del Océano Índico de diciembre de 2004. Este sunami causó aproximadamente unas 227.000 muertes en 14 países; los más afectados fueron Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia.

    Apenas tres semanas después, la comunidad internacional se reunió en Kobe, en la región de Hyogo de Japón, donde los gobiernos aprobaron el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015, el primer acuerdo mundial de gran alcance sobre la reducción del riesgo de desastres.

    Crearon, además, el sistema de alerta y mitigación de los efectos de los sunamis en el Océano Índico, que cuenta con decenas de estaciones de vigilancia sismológica y del nivel del mar y difunde las alertas a los centros nacionales de información de sunamis.

    La ONU se encarga de informar a los ciudadanos, organizar simulacros y establecer rutas de evacuación para estar más preparados cuando suceda el próximo tsunami.

    Fuente: ONU 05 de noviembre de 2020

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    Jueves, 22 de octubre de 2020

    Resultados del Censo Nacional de
    Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) 2020

  • Al cierre de 2019, los Poderes Judiciales Estatales (PJE) tenían 65 546 servidoras y servidores públicos, de los cuales 4 627 se desempeñaron como magistrados y jueces. Del total de magistrados y jueces, 58.6% fueron hombres y 41.4%, mujeres.

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer los resultados de la décima edición del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) 2020, que tiene como objetivo generar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño del Poder Judicial de cada entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno, impartición de justicia, justicia para adolescentes y justicia alternativa y/o mecanismos alternativos de solución de controversias, con la finalidad de que ésta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

    Entre los datos que aporta este Censo se encuentran:

  • Al cierre de 2019, los PJE se conformaron por 4 198 órganos jurisdiccionales (92.1% correspondió a primera instancia y 7.9% a segunda instancia) y 1 321 a órganos administrativos y/o unidades administrativas.

  • Durante 2019, se reportaron 2 121 141 asuntos ingresados a los órganos jurisdiccionales en todas las materias. De ellos, 2 014 992 expedientes (95.0%) correspondieron a las materias civil, mercantil, familiar y otra; en tanto que, el total de causas penales (adultos y adolescentes) fue de 106 149 (5.0 por ciento).

  • Del total de expedientes ingresados, la mayoría se concentró en materia familiar con 858 928 lo que representó (40.5%), seguida de la materia civil con 604 858 (28.5%).

  • Del total de causas penales y expedientes ingresados a los órganos jurisdiccionales de los PJE, 1 611 113 se registraron en el Sistema Tradicional y 510 028 en el Sistema Oral.

  • Sobre los delitos registrados en las causas penales ingresadas, en 2019 se reportó un total de 126 224; de ellos, 120 847 (95.7%) correspondieron a adultos y 5 377 a adolescentes (4.3 por ciento).

  • De acuerdo con el tipo de delito cometido, el robo registró la mayor incidencia con 27.9%, seguido de los delitos contra la salud relacionados con narcóticos en su modalidad de narcomenudeo que representaron 14.3% del total.

  • El porcentaje de causas penales ingresadas en los Tribunales de Enjuiciamiento o Juicio Oral con respecto a los ingresos registrados en los Juzgados de Control o Garantías fue de 6.6% a nivel nacional.

  • -En 2019, se efectuaron 79 802 conclusiones a las causas penales, 79 353 para adultos y 449 para adolescentes. Además, se registró que en el Sistema Tradicional hubo 10 814 conclusiones; en el Sistema Penal Acusatorio la cifra fue de 68 539; en el Sistema Escrito o Mixto y Sistema Oral (adolescentes) se registraron 324 conclusiones, y 125 en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

  • En cuanto a los procesados e imputados registrados en las causas penales ingresadas, durante 2019 se reportó un total de 125 050; de ellos, 83.0% fueron hombres, 11.1% fueron mujeres, y para el resto (5.9%) no pudo identificarse el sexo.

  • Al cierre de 2019, en los PJE se identificó un total de 65 546 servidoras y servidores públicos, de los cuales 45 740 (69.8%) estuvieron adscritos a los órganos jurisdiccionales; 37 073 en órganos de primera instancia; 8 667 en segunda instancia, y 19 806 (30.2%) a órganos administrativos y/o unidades administrativas.

  • Respecto a los Jueces y Magistrados que al cierre de 2019 conformaron los órganos jurisdiccionales, se registraron 4 627 servidoras y servidores públicos. De ellos, 4 047 (87.5%) estaban adscritos a los órganos de primera instancia y 580 (12.5%) a los de segunda instancia. Del total, 58.6% (2 712) fueron hombres, mientras que las mujeres representaron 41.4% (1 915).

    Fuente: INEGI 22 de octubre de 2020

  • Miércoles, 21 de octubre de 2020

    Resultados del décimo Censo Nacional
    de Procuración de Justicia Estatal 2020

  • Al cierre de 2019, se reportaron 3 729 Agencias del Ministerio Público de las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia, en las cuales se encontraron adscritos 45 479 servidores públicos. De estos, 26.0% fungió como Policías ministeriales o investigadores.

    El INEGI presenta los resultados de la décima edición del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2020 que tiene como objetivo generar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General de cada entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno, procuración de justicia, justicia para adolescentes y mecanismos alternativos de solución de controversias, con la finalidad de que esta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

    Estructura Organizacional y Recursos

    Al cierre de 2019, se reportaron 1 458 unidades administrativas en las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia, en las cuales se encontraron adscritos 95 150 servidores públicos; de ellos, 56.9% fueron hombres y 43.1% mujeres.

    En el mismo periodo se reportaron 3 729 Agencias del Ministerio Público de las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia, en las cuales se encontraron adscritos 45 479 servidores públicos. De estos, 26.0% fungió como Policías ministeriales o investigadores.

    Durante 2019, las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia ejercieron un presupuesto de 44 400 millones de pesos. Las entidades que ejercieron mayores recursos fueron Ciudad de México (15.8%), México (9.8%) y Chihuahua (8.2 por ciento).

    Servicios Periciales

    Para el ejercicio de la función de los servicios periciales y/o servicio médico forense, durante 2019 se contó con 427 unidades y 338 laboratorios.

    Por su parte, se contó con 6 242 peritos de los servicios periciales y/o servicio médico forense de las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia, de los cuales 24.0% correspondió a la especialidad de Criminalística.

    Procuración de Justicia

    Durante 2019, se iniciaron y/o abrieron 1 535 489 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación (98.5% para adultos y 1.5% para adolescentes).

    Con relación a los delitos registrados en las averiguaciones previas iniciadas, investigaciones y carpetas de investigación abiertas, a nivel nacional se registraron 1 544 409, de los cuales 98.5% correspondió al sistema de justicia para adultos y 1.5% al sistema de adolescentes. El delito registrado con mayor frecuencia fue Robo al concentrar 36.8% del total nacional.

    Respecto de las víctimas registradas en las averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación abiertas, se reportaron 1 702 664. De ellas, 41.7% correspondió a hombres en el sistema de justicia para adultos.

    Sobre los inculpados y/o imputados registrados en las averiguaciones previas, investigaciones y carpetas de investigación abiertas, durante 2019 se reportaron 1 474 084, de los cuales 47.1% correspondió a hombres de acuerdo con el tipo de inculpado y/o imputado.

    Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal

    Finalmente, durante 2019 se abrieron 291 337 expedientes en materia penal para adultos y justicia para adolescentes por los órganos o unidades administrativas encargadas de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

    En el mismo periodo se concluyeron 392 227 expedientes, de los cuales 32.4% correspondió a acuerdos reparatorios. En tanto, 33 023 expedientes permanecieron pendientes al cierre de 2019.

    El CNPJE se realiza desde 2011 y la presente edición cuenta con 26 tabulados organizados de manera general en cuatro apartados conforme a los siguientes temas: Estructura organizacional y recursos; Servicios periciales; Procuración de justicia y Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.

    Fuente: INEGI 21 de octubre de 2020

  • Miércoles, 21 de octubre de 2020

    El avance de las mujeres hacia
    la igualdad de género se estanca

  • Solo el 47% de las mujeres del mundo están empleadas; apenas 20 son jefas de Estado o Gobierno; solo un 50% puede decidir utilizar métodos anticonceptivos o negarse a tener relaciones íntimas; todavía representan el 75% de los padres solteros; y aún son sometidas al matrimonio infantil y mutilación genital.

    El estudio indica que el mundo ha logrado avances sustanciales en el logro de la educación primaria universal, y las niñas y los niños participan por igual en la educación primaria en la mayoría de las regiones.

    Si bien es probable que los cierres de escuelas relacionados con COVID-19 retrasen el progreso en el acceso a la educación, la evidencia muestra que las niñas, una vez que tienen acceso a la escuela, suelen tener mejores resultados que los niños en términos de rendimiento académico. En la educación terciaria, las mujeres superan en número a los hombres y la matriculación está aumentando más rápidamente entre las mujeres que entre los hombres.

    Sin embargo, las mujeres siguen estando infrarrepresentadas en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas y representan solo un poco más del 35% de los graduados en estas áreas.

    Las mujeres también son una minoría en las áreas de investigación y el desarrollo científico, y representan menos de un tercio de los investigadores del mundo.

    Como dato positivo cabe destacar que la aceptación social de las mujeres golpeadas por sus parejas disminuyó en casi el 75% de los países con datos de los últimos siete años. Sin embargo, las leyes para abordar la violencia doméstica aún no están disponibles universalmente, y solo 153 países las aplican.

    Otros Datos del Informe

  • Un 20% de las mujeres entre 20 y 24 años se casaron antes o a los 18 años.

  • Las mujeres representan el 75% de los padres solteros.

  • Un 9,2% de las mujeres entre 45 y 49 años nunca tuvieron hijos.

  • Las mujeres tienen una media de esperanza de vida de 18,3 años después de los 65, en comparación con 15,6 de los hombres.

  • En 20 años se ha logrado reducir en un 27% el embarazo adolescente.

  • Solo un 50% de las mujeres en el mundo pueden decidir sobre el uso de anticonceptivos, o negarse a sostener relaciones íntimas.

  • Solo un 48% de las mujeres tiene acceso o utiliza internet, comparado con el 58% de los hombres.

  • Solo el 65% de las mujeres tienen acceso a servicios financieros, comparadas con el 72% de los hombres.

  • Solo 20 mujeres son jefas de Estado o de Gobierno.

  • Un 40% de los jueces del mundo son mujeres.

  • Solo un 13% de los policías del mundo son mujeres.

  • Un 58% de los asesinatos cometidos contra mujeres son perpetrados por sus parejas o familiares.

  • El 80% de los asesinatos de parejas íntimas son cometidos por hombres.

    Fuente: ONU 20 de octubre de 2020

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  • Martes, 20 de octubre de 2020

    INEGI se une a la conmemoración del Día Mundial de la
    Estadística: “Conectando al mundo con datos confiables”

  • Se realiza cada cinco años bajo la dirección de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas.

    Este día se celebra, por tercera ocasión, el Día Mundial de la Estadística con el lema “Conectando al mundo con datos confiables”, el cual se realiza cada cinco años, organizado bajo la dirección de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas con la participación de más de 140 Estados miembros de dicha comisión, así como de organizaciones internacionales y regionales.

    La consigna que promueve la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas invita a reflexionar sobre la importancia de la confianza, los datos oficiales, la innovación y el bien público que generan los sistemas estadísticos nacionales.

    En México, el INEGI es el organismo constitucional autónomo del Estado mexicano que, además de ser el principal productor de estadísticas oficiales del país, coordina el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

    La fortaleza institucional del INEGI es fundamental para mantener la credibilidad en la medición de la realidad mexicana y esto es posible gracias a 5 pilares que rigen su actuar: autonomía; objetividad y rigurosidad técnica; principios y buenas prácticas; transparencia y rendición de cuentas y participación de la sociedad.

    El INEGI tiene como mandato brindar a la sociedad y al Estado información estadística confiable, de acuerdo con las mejores prácticas nacionales e internacionales, generada y difundida libre de presiones de grupos de interés, que sirva de fundamento para la toma de decisiones basadas en evidencia.

    Aplicar las mejores prácticas nacionales e internacionales, así como utilizar metodologías científicamente sustentadas, permite la comparabilidad internacional de la información y da la oportunidad a nuestro país de estar conectado con el mundo.

    Actualmente, el Instituto cuenta con información estadística que permite el análisis de una gran variedad de fenómenos sociales y económicos tales como: población, ocupación y empleo, ingreso y gasto de los hogares, migración, salud y nutrición, victimización, percepción de inseguridad, corrupción, gobierno, igualdad de género, competitividad, evolución de las actividades económicas, comportamiento de precios, ciclos económicos, inclusión financiera, bienestar subjetivo, movilidad social, medio ambiente, uso de las tecnologías de la información, entre otros.

    Asimismo, el INEGI mantiene el compromiso de atender las necesidades de información de los usuarios para responder de manera rápida y eficiente a nuevas demandas de información, así como a necesidades coyunturales que permitan prevenir y en su caso atender emergencias o catástrofes.

    Tal es el caso de la pandemia por el COVID-19, en donde el Instituto tuvo que innovar en procesos alternativos de captación para seguir ofreciendo información pertinente a la sociedad y amplió su oferta de productos para poder medir el impacto de esta emergencia sanitaria en la actividad económica y el mercado laboral.

    Por todo lo anterior, el Instituto contribuye a la comunidad estadística internacional contando con información estadística confiable y comparable para conocer los fenómenos que acontecen, comprender nuestro mundo y aportar al progreso de nuestras sociedades.

    Y convoca a la sociedad a continuar contribuyendo a la generación de esta información participando como informantes de los distintos programas y a través de las consultas públicas, asimismo a seguir utilizando la información estadística para la toma de decisiones.

    Fuente: INEGI 20 de octubre de 2020

  • Martes, 20 de octubre de 2020

    Resultados del undécimo Censo Nacional de Gobierno,
    Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales

  • Al cierre de 2019, 2 091 865 servidores públicos se encontraban adscritos a las 1 998 instituciones de las administraciones públicas estatales, y de los 1 950 titulares que se encontraron al frente de estas instituciones, 72.1% eran hombres y 23.3%, mujeres.

    El INEGI presenta los resultados de la undécima edición del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) 2020 que tiene como objetivo generar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de las instituciones que integran la Administración Pública de cada entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno, seguridad pública, sistema penitenciario y medio ambiente, así como justicia cívica (únicamente para el caso de la Ciudad de México), con la finalidad de que esta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

    Administración Pública Estatal

    Al cierre de 2019, 2 091 865 servidores públicos se encontraban adscritos a las 1 998 instituciones de las administraciones públicas estatales. De ellos, 56.5% eran mujeres y 43.5%, hombres.

    Respecto del presupuesto que ejercieron los gobiernos estatales, a nivel nacional se reportó un total de 1 528 593 millones de pesos. De ellos, 41.0% se ejerció en Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas (capítulo 4000).

    Durante 2019, se realizaron 228 497 524 transacciones (solicitudes) por las personas (físicas y morales) ante las instituciones de las administraciones públicas estatales, de las cuales, Consulta médica fue la de mayor frecuencia con 25.2% del total.

    En materia de protección civil, al cierre de 2019, 26 de las 32 entidades federativas contaron con un Plan o Programa de Protección Civil mientras que 24 entidades reportaron tener un Plan de Emergencia o de Contingencia.

    En cuanto al ejercicio de la función de control interno a nivel nacional, durante 2019 se iniciaron 51 833 investigaciones por la presunta responsabilidad de faltas administrativas. De acuerdo con el origen de la investigación, 45.2% provino de una queja y/o denuncia.

    Al cierre de 2019, 17 entidades federativas contaron con un Plan o programa anticorrupción.

    Seguridad Pública

    Durante 2019, a nivel nacional se registraron 12 785 150 llamadas procedentes mediante los sistemas de emergencia 911, 066, 089 u otros.

    En el mismo periodo, se reportaron 1 401 724 intervenciones policiales realizadas. De ellas, 34.1% (477 mil 535) correspondió a presuntas faltas cívicas.

    Respecto de los delitos registrados en las intervenciones policiales realizadas en las entidades federativas durante 2019, la cifra nacional fue de 226 150, de los cuales, 93.0% correspondió a delitos del fuero común y 7.0% a delitos del fuero federal.

    Con relación al aseguramiento de armas, narcóticos y vehículos, durante 2019 se reportaron 272 050 armas aseguradas, de las cuales 74.2% fueron Cartuchos. En cuanto al aseguramiento de narcóticos, Cannabis sativa, indica o mariguana fue el principal tipo de narcótico con 190 039.7 kilogramos. Por su parte, se reportaron 40 037 Vehículos asegurados. De ellos, 53.1% presentó reporte de robo.

    Sistema Penitenciario

    Al cierre de 2019, se reportaron 241 centros penitenciarios. En ellos se contó con una capacidad instalada de 158 994 espacios (camas útiles). Por su parte, el número de centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes fue de 47, en los cuales se reportaron 6 mil 730 espacios (camas útiles).

    Durante 2019, ingresaron 102 700 personas a los centros penitenciarios y 1 452 más a los centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes a cargo de las entidades federativas. Del total de esta población, 92.6% eran hombres y 7.4% eran mujeres.

    En el mismo periodo egresaron 92 57 personas de los centros penitenciarios, y 1 304 más de los centros especializados de tratamiento o internamiento. Del total de egresos, 92.7% fueron hombres y 7.3% fueron mujeres.

    Al cierre de 2019, se encontraban privadas de la libertad 155 400 personas en los centros penitenciarios y 1 322 adolescentes internados en los centros especializados de tratamiento o internamiento. Del total de esta población, 94.7% eran hombres y 5.3% eran mujeres.

    Medio Ambiente

    Con relación a la aplicación de programas por parte de las administraciones públicas estatales, durante 2019, Biodiversidad y ecosistemas fue la materia de mayor frecuencia al registrar 139 programas aplicados.

    El CNGSPSPE se realiza desde 2010 y la presente edición cuenta con 111 cuadros estadísticos organizados en 14 apartados conforme a la siguiente estructura temática: 1) Estructura organizacional y ejercicio de la función de gobierno; 2) Trámites y servicios; 3) Protección civil; 4) Catastro; 5) Transparencia; 6) Control interno y anticorrupción; 7) Defensoría pública o defensoría de oficio; 8) Servicios periciales; 9) Administración de archivos y gestión documental; 19) Planeación y gestión territorial; 11) Seguridad pública; 12) Sistema penitenciario; 13) Medio ambiente; y 14) Justicia cívica.

    Fuente: INEGI 20 de octubre de 2020

  • Lunes, 19 de octubre de 2020

    Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana

    Cifras durante septiembre de 2020

  • El 67.8% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro.

    De acuerdo con los resultados del vigésimo octavo levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI en la primera quincena de septiembre de 2020, durante ese mes, 67.8% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

    Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo respecto al 73.4% y al 71.3% de marzo de 2020 y septiembre de 2019, respectivamente. Al respecto, 35 ciudades tuvieron cambios estadísticamente significativos respecto a marzo de 2020: 34 tuvieron reducciones y una tuvo un incremento. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 72.7%, mientras que para los hombres fue de 62.0 por ciento.

    Así, las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Ecatepec de Morelos, Fresnillo, Coatzacoalcos, Villahermosa, Toluca de Lerdo y Naucalpan de Juárez, con 92.8, 91.8, 91.1, 90.4, 88.9 y 88%, respectivamente.

    Por otro lado, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, La Paz, Mérida, Los Cabos, Cuajimalpa de Morelos y Saltillo, con 16.6, 21.8, 22.5, 26.9, 29.1 y 30.1%, respectivamente.

    Derivado de la cancelación del levantamiento de la ENSU correspondiente al segundo trimestre de 2020, en el cual se buscaría conocer la proporción de hogares en zonas urbanas con al menos un integrante mayor de 18 años víctima de los delitos de robo y/o extorsión, en el tercer trimestre se incorporaron adecuaciones al instrumento de captación con el objetivo de obtener dichos indicadores por mes de ocurrencia. Lo mismo ha sucedido con la información relativa a contacto con autoridades de seguridad pública y actos de corrupción. Además, en este tercer trimestre se busca, como tema nuevo, identificar situaciones de violencia en el entorno familiar que se pudieron haber presentado en el contexto de las relaciones en los hogares durante el confinamiento ocasionado por la pandemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

    Así, a nivel nacional, 21.8% de los hogares contó con al menos una víctima de robo y/o extorsión durante el primer semestre de 2020. Las ciudades con mayor porcentaje de hogares con al menos una víctima fueron: Iztacalco, Cuautitlán Izcalli, Iztapalapa, Aguascalientes y La Magdalena Contreras con 34.4, 34, 33.2, 33 y 32.7%, respectivamente.

    En cuanto a víctimas de actos de corrupción por parte de autoridades de seguridad pública, de enero a septiembre de 2020 se estima que el 13% de la población de 18 años y más tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública, del cual 45.6% declaró haber sufrido un acto de corrupción por parte de éstas.

    Finalmente, en este trimestre se proporciona información estadística sobre víctimas de violencia en el entorno familiar. Se estima que 9% de los hogares experimentó alguna situación de violencia de tal naturaleza entre enero y septiembre de 2020. Respecto a la población de 18 años y más, en ese mismo período, el 7.8% fue violentada en el ámbito del hogar. En el caso de las mujeres este porcentaje fue de 9.2%, mientras que en hombres fue de 6.1 por ciento.

    Fuente: INEGI 19 de octubre de 2020

  • Jueves, 15 de octubre de 2020

    Día Internacional de las Mujeres Rurales, 15 de octubre

    Construyendo la resiliencia de las mujeres rurales a raíz del COVID-19

  • Las mujeres rurales, una cuarta parte de la población mundial, trabajan como agricultoras, asalariadas y empresarias.

    Las mujeres y las niñas están en desventaja en esta pandemia, un problema que se agrava más aún en las zonas rurales. Las mujeres rurales ya enfrentaban, y se enfrentan, a batallas previas específicas en su vida diaria a pesar de sus roles clave en la agricultura, el suministro alimentario y la nutrición. Ahora, desde el COVID-19 y las necesidades de salud únicas en áreas remotas, les es menos probable tener acceso a servicios de salud de calidad, medicamentos esenciales y vacunas. Las normas sociales restrictivas y los estereotipos de género también pueden limitar la capacidad de las mujeres rurales para acceder a los servicios de salud.

    Además, muchas de ellas sufren de aislamiento, la difusión de información errónea y la falta de acceso a tecnologías críticas para mejorar su vida laboral y personal.

    A pesar de todo ello, han estado al pie del cañón en la pandemia, incluso con un trabajo de cuidados del hogar no remunerado que ha ido en aumento.

    Desde esta perspectiva, en las aldeas remotas, especialmente en las más marginadas, necesitamos medidas para aliviar la carga del cuidado y redistribuirla mejor entre mujeres y hombres.También necesitamos abogar por servicios e infraestructuras básicas suficientes (agua, salud, electricidad, etc.) para apoyar el trabajo doméstico y de cuidados productivo y no remunerado de las mujeres, que se ve agravado por la crisis.

    El tema de este Día Internacional de las Mujeres Rurales es “Construir la resiliencia de las mujeres rurales a raíz del COVID-19”, para crear conciencia sobre las luchas de estas mujeres, sus necesidades y su papel fundamental y clave en nuestra sociedad.

    Las mujeres rurales-una cuarta parte de la población mundial- trabajan como agricultoras, asalariadas y empresarias. Labran la tierra y plantan las semillas que alimentan naciones enteras. Además, garantizan la seguridad alimentaria de sus poblaciones y ayudan a preparar a sus comunidades frente al cambio climático.

    Sin embargo, como señala ONU Mujeres, las campesinas sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza y pese a ser tan productivas y buenas gestoras como sus homólogos masculinos, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de alto valor. Tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos, como la educación y la asistencia sanitaria, ni a infraestructuras, como el agua y saneamiento.

    Las barreras estructurales y las normas sociales discriminatorias continúan limitando el poder de las mujeres rurales en la participación política dentro de sus comunidades y hogares. Su labor es invisible y no remunerada, a pesar de que las tareas aumentan y se endurecen debido a la migración de los hombres. Mundialmente, con pocas excepciones, todos los indicadores de género y desarrollo muestran que las campesinas se encuentran en peores condiciones que los hombres del campo y que las mujeres urbanas.

    Fuente: ONU 15 de octubre de 2020

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  • Miércoles, 14 de octubre de 2020

    Desigualdad en las mujeres indígenas rurales

    Vivir en zonas rurales puede imponer restricciones a las oportunidades que las personas tienen para superar sus carencias. Por ejemplo, las mujeres indígenas presentan los niveles más elevados de pobreza y pobreza extrema, pero estos son mayores cuando residen en contextos rurales.

    En el Día Internacional de las Mujeres Rurales, que se celebra el 15 de octubre el CONEVAL visibiliza algunas de las brechas de este grupo de población, de acuerdo con información del 2018:

  • Mientras que el 79.7% de las mujeres indígenas rurales se encuentra en pobreza, el 35.4% de los hombres no indígenas urbanos está en la misma situación.

  • 6 de cada 100 mujeres no indígenas urbanas habitan en viviendas precarias sin acceso a agua entubada, o donde cocinan con carbón o leña sin tener chimenea. En el ámbito rural, esta relación asciende a 75 de cada 100 mujeres indígenas.

    En el Día Internacional de las Mujeres Rurales, el CONEVAL visibiliza algunas de las brechas de este grupo de población, de acuerdo con información del 2018:

  • 98 de cada 100 mujeres indígenas que viven en el ámbito rural nunca han cotizado en una institución de seguridad social. Por otro lado, 71 de cada 100 mujeres no indígenas que viven en el ámbito urbano se encuentran en la misma situación.

  • Únicamente el 38.7% de las mujeres indígenas rurales concluyeron el nivel educativo obligatorio de acuerdo con su generación de nacimiento. Este porcentaje se ubica en 80% para mujeres no indígenas urbanas.

    Fuente: CONEVAL 13 de octubre de 2020

  • Martes, 13 de octubre de 2020

    Día Internacional para la Reducción
    del Riesgo de Desastres 13 de octubre

    La reducción del riesgo de desastres tiene que ver con la gobernanza

  • No existen los desastres naturales como tal, se trata de peligros naturales.

    El Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres de este año se trata de gobernanza. La buena gobernanza del riesgo de desastres se puede medir en las vidas salvadas, la reducción del número de personas afectadas por los desastres y la reducción de las pérdidas económicas. La COVID-19 y la emergencia climática nos advierten de la necesidad de implementar una visión a largo plazo, con instituciones que planifiquen, que sean competentes y empoderadas, y que actúen en función de evidencia científica a favor del bien común.

    Esto requiere contar con estrategias nacionales y locales para la reducción del riesgo de desastres a finales de año, como acordaron los Estados Miembros de las Naciones Unidas cuando adoptaron el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres en 2015. Necesitamos estrategias que tengan en cuenta no solo los hechos puntuales, como las inundaciones y las tormentas, sino también las que respondan al riesgo sistémico generado por las enfermedades zoonóticas, las crisis climáticas y la degradación ambiental.

    La Asamblea General de la ONU decidió designar el 13 de octubre como “Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres” (resolución 44/236) con el propósito de concienciar a los gobiernos y a la opinión pública para que tomen medidas encaminadas a minimizar los riesgos. Asimismo, los desastres, muchos de los cuales se han agravado con el cambio climático, generan un impacto negativo en el desarrollo sostenible y en los resultados deseados.

    En 2016, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR, anteriormente UNISDR) lanzó la nueva campaña “Sendai siete” centrada en los siete objetivos del Marco de Sendai, el primero de los cuales es reducir la mortalidad de desastres. La campaña busca crear un nuevo grado de sensibilización en torno a las acciones que tienen emprender todos los actores implicados, incluidos los gobiernos nacionales y locales, los grupos comunitarios, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, las organizaciones internacionales y la ONU.

    Como los efectos de los desastres son más devastadores en el ámbito local, los gobiernos municipales y regionales son los que deben trabajar urgentemente en la preparación y respuesta a las catástrofes. El enfoque del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres se centra en proteger la vida de las personas y en las acciones que se deben tomar. Es pertinente tanto para los riesgos a pequeña como a gran escala, y tanto para los ocasionados por el ser humano como los producidos por las amenazas naturales. Abarca, además, los riesgos ambientales, tecnológicos y biológicos afines.

    Fuente: ONU 13 de octubre de 2020

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  • Miércoles, 23 de septiembre de 2020

    Datos preliminares revelan que en 2019
    se registraron 36 mil 476 homicidios

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer las estadísticas preliminares, a nivel nacional y por entidad federativa, de los homicidios registrados en el país durante 2019.

    Las estadísticas revelan que en 2019 se registraron 36 mil 476 homicidios en México. Es decir, una razón de 29 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa similar a la registrada en 2018. Con la finalidad de facilitar su comparación con la información de años anteriores, se agrega la serie histórica de la estadística definitiva de homicidios de 1990 a 2018.

    Estas cifras se derivan de la estadística de defunciones registradas, a partir de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas, los cuales son generados por las entidades federativas y que son recopilados mensualmente por el INEGI. Las fuentes informantes que tuvieron al menos un registro de homicidio corresponden a 405 Oficialías del Registro Civil, 259 Agencias del Ministerio Público y 106 Servicios Médicos Forenses.

    A partir de 2015, el INEGI capta información de presuntos homicidios directamente de los Servicios Médicos Forenses por medio de los certificados de defunción que emiten para las muertes accidentales y violentas. Además, capta datos en las Oficialías del Registro Civil a través de actas y certificados de defunción. Esta información se complementa con la proporcionada por las Agencias del Ministerio Público mediante cuadernos estadísticos.

    Los homicidios forman parte de las defunciones accidentales y violentas, cuya clasificación se determina con base en las afecciones y lesiones (causas), la presunción del tipo de defunción y el motivo de la lesión, registrados por el certificante en el certificado de defunción. Las primeras dos son fundamentales para distinguir entre un presunto homicidio, un presunto accidente o un presunto suicidio, aunque en algunos casos el certificante carece de elementos suficientes para identificar la intencionalidad del hecho ocurrido.

    Debido a la emergencia sanitaria causada por el virus SARS-CoV-2 que produce COVID-19, la cual tuvo impacto en la recopilación y procesamiento de la información de las defunciones, en este año la difusión de cifras preliminares de homicidio, registrados en 2019, se reprogramó de julio a septiembre. No obstante, la publicación de las cifras definitivas se mantiene en la fecha programada (29 de octubre), con la difusión del total de defunciones registradas en 2019.

    Además de la información que se presenta en este comunicado, el INEGI pone a disposición de los usuarios los tabulados interactivos de las estadísticas de defunciones por homicidio con las cifras preliminares de 2019. A través de esta herramienta interactiva, los usuarios podrán consultar la información sobre homicidios con diversas características tales como la desagregación por municipio y causa básica de la defunción, entre otras.

    Fuente: INEGI 23 de septiembre de 2020

    Lunes, 21 de septiembre de 2020

    Día Internacional de la Paz, 21 de septiembre

    Forjando la paz juntos, nuestro tema para 2020

    Cada año, el 21 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Paz en todo el mundo. La Asamblea General ha declarado esta fecha como el día dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz, a través de la observación de 24 horas de no violencia y alto el fuego.

    Este año, ha sido más claro que nunca que no somos enemigos el uno del otro. Más bien, nuestro enemigo común es un virus que amenaza nuestra salud, seguridad y estilo de vida. El COVID-19 ha llevado a nuestro mundo a la agitación y nos ha recordado por la fuerza que lo que sucede en una parte del planeta puede afectar a las personas en todas partes.

    Para las Naciones Unidas, 2020 ya estaba destinado a ser un año de escuchar y aprender. Para conmemorar su 75º aniversario, la ONU ha invitado a millones de personas en todo el mundo a unirse a UN75, la conversación global más grande y de mayor alcance sobre la construcción del futuro pacífico y próspero que queremos.

    La Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el Día Internacional de la Paz en 1981. Dos décadas más tarde, en 2001, la Asamblea General decidió por unanimidad designar este Día jornada de no violencia y alto el fuego.

    Las Naciones Unidas invitan a todas las naciones y a todos los pueblos a respetar el cese de las hostilidades durante este Día y a conmemorar por el contrario esta fecha mediante iniciativas de educación y sensibilización pública sobre cuestiones relacionadas con la paz.

    Fuente: INEGI 21 de septiembre de 2020

    Viernes, 11 de septiembre de 2020

    Día de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur
    (12 de septiembre)

    El mejor ejemplo de solidaridad entre países

     

    • Los países del Sur han contribuido a más de la mitad del crecimiento mundial en los últimos años.

     

    La Cooperación Sur-Sur es una manifestación de solidaridad entre pueblos y países del Sur que contribuye al bienestar de las poblaciones, su independencia colectiva y el logro de los objetivos de desarrollo acordados internacionalmente, tales como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

    Esta cooperación entre los países del Sur se lleva a cabo a través de un marco de colaboración amplio en las esferas política, económica, social, cultural, medioambiental y técnica. Pueden participar dos o más países en desarrollo y puede ser una cooperación a nivel bilateral, regional, intrarregional o interregional. En este tipo de acciones, los países en desarrollo comparten conocimientos, habilidades, experiencias y recursos que puede acelerar los progresos hacia la aplicación y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

    Otra modalidad de cooperación Sur-Sur es la cooperación triangular, una colaboración en la que los países donantes tradicionales y las organizaciones multilaterales facilitan las iniciativas Sur-Sur facilitándoles financiación, capacitación, sistemas de gestión y tecnológicos, así como otras formas de apoyo.

    Los objetivos de la Cooperación Sur-Sur son:

     

    • Fomentar y fortalecer la autosuficiencia de los países en desarrollo mediante el aumento de su capacidad creativa para encontrar soluciones y capacidades tecnológicas a sus problemas de desarrollo y formular las estrategias necesarias para abordarlos;

     

     

    • Promover y fortalecer la autosuficiencia colectiva entre los países en desarrollo mediante el intercambio de experiencias que conduzcan a una mayor conciencia de los problemas comunes y un mayor acceso a los conocimientos disponibles;

     

     

    • Reconocer y responder a los problemas y necesidades de los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países más gravemente afectados, por ejemplo, por desastres naturales y otras crisis, y permitirles alcanzar un mayor grado de participación en actividades económicas internacionales.

     

    Fuente: ONU 09 septiembre de 2020

    Jueves, 10 de septiembre de 2020

    Chiapas. Características de las mujeres
    recluidas en los centros penitenciarios