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Jueves, 21 de octubre de 2021

La Covid-19 sacó de la seguridad social a
2 millones de trabajadores en México: OIT

  • En América Latina y el Caribe, sumando el aporte de México, 8 millones de personas dejaron de cotizar para una pensión y la protección social debido al impacto de la pandemia en los mercados laborales.

    A la distancia de los meses en los que la covid-19 sofocaba con más fuerza al país, los resultados del daño se van conociendo mejor. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) dio a conocer esta semana que la población en México que cotizaba en algún esquema de seguridad social disminuyó de cerca de 21 millones en 2019 a 19 millones en 2020.

    Alrededor de 2 millones de trabajadoras y trabajadores dejaron de aportar para una pensión, acumular semanas para un día jubilarse, tener derecho a una incapacidad pagada o al acceso directo a los servicios de salud, según el reporte Panorama de la protección social en América Latina y el Caribe: Avances y retrocesos ante la pandemia.

    Según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en marzo de 2020 más de 120,000 personas pidieron una parte de su dinero acumulado porque se quedaron desempleadas. Tres meses después, en junio de ese año, el número de retiros subió a más de175,800.

    A pesar de que el empleo formal se ha ido recuperando, la gente ha seguido haciendo retiros por desempleo. En septiembre pasado se crearon más de 174,000 nuevos empleos formales, pero otras 170,573 personas sacaron dinero de sus cuentas de ahorro para la jubilación por desempleo.

    La caída de cotizantes a la seguridad social en la región fue de 7.3%, señala el informe de la OIT. Los países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, fueron los más afectados, en esas naciones la disminución fue 24.5 por ciento.

    La segunda subregión con mayores estragos fue la del Cono Sur: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Ahí la caída en cotizantes fue 5.2 por ciento. “Y, finalmente, Centroamérica y México que experimentó una disminución 1.2 por ciento”.

    En 2005 sólo 36.6% de la población empleada tenía cobertura de seguridad social. Con altibajos a través de los años, para 2019 la proporción ya era de 46.6 por ciento. En el período 2012-2019 “la cantidad de cotizantes aumentó en 14 millones de personas y la de ocupados en 22 millones, lo que representa un incremento del 14 y 9.6%, respectivamente”.

    El año pasado, 216 millones de personas en los 12 países que conforman la región tenían una actividad económica. De ellas, poco menos de la mitad, 105 millones tenían seguridad social, mientras que en 2019 esta proporción era de 113.2 millones. Es decir, 8 millones de trabajadoras y trabajadores en Latinoamérica y el Caribe salieron de la formalidad y con ello, de la seguridad social.

    “La destrucción de empleos formales e informales ha sido significativa”. Sin embargo, el desempleo fue mayor para quienes trabajaban en ocupaciones informales, donde no tienen cobertura de seguridad social.

    El panorama antes descrito también se observó en México. El país inició el 2019 con más de 55.6 millones de personas ocupadas. De ellas, más de 20.9 millones tenían acceso a los servicios de salud por parte de su empleo y más de 34.3 millones laboraban sin seguridad social, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

    El organismo estimó que de abril a junio de 2020 más de 12 millones de personas no pudieron seguir laborando o fueron despedidas. Según la OIT, al menos 2 millones de ellas sí tenían seguridad social, pero dejaron de acceder a varios derechos que les otorgaba esa cobertura al quedarse sin empleo.

    El último reporte sobre pobreza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indica que en 2018 sólo el 35% de las personas trabajadoras tenían acceso a la seguridad social. Para 2020 esa población aumentó a 35.8 por ciento.

    De acuerdo con el reporte de la OIT, “en Centroamérica y México se profundiza la falta de ingresos y pensiones para las personas mayores: el 52.7% no cuenta con ingresos, 21% recibe una pensión, 2.4% recibe un ingreso laboral y pensión y 24% percibe solo ingresos del trabajo”.

    Fuente:EL ECONOMISTA 21 de octubre de 2021

  • Jueves, 21 de octubre de 2021

    La falta de protección social durante la COVID-19
    crea más vulnerabilidad en América Latina

  • La gran mayoría de los trabajadores de la región no contaba con seguros de desempleo ni con otras maneras de compensar ingresos. El número de personas que cotizaron en los sistemas contributivos de protección social cayó un 7,9% y el 30% de los mayores de 65 años no tienen ingresos ni pensión.

    La pandemia del coronavirus ha evidenciado las deficiencias de los sistemas de protección social en América Latina y el Caribe, advirtió la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señaló la necesidad de mejorar su cobertura, suficiencia y sostenibilidad para contribuir a mitigar el aumento de la pobreza y las desigualdades.

    Las cifras de la Organización así lo demuestran. Antes del inicio de la pandemia solo el 56% de los habitantes de la región estaban cubiertos por algún tipo de protección social y los sistemas contributivos, que dependen de las cotizaciones de los trabajadores y empleadores, únicamente incluían al 46% de los ocupados.

    “La gran mayoría de la población ocupada no contaba con seguros de desempleo ni con otras maneras de compensar ingresos, en especial quienes estaban en la informalidad”, destaca el estudio. “Una lección aprendida de esta pandemia es que la falta de protección social nos hace más vulnerables”.

    El documento plantea la necesidad de avanzar hacia “sistemas integrales de protección que tengan como base un piso de bienestar social con garantías para el acceso universal a la salud y la seguridad económica a lo largo del ciclo vital”.

    El estudio de la agencia de la onu estima que la crisis causada por la COVID-19 causó un descenso del 7,9% en el número de personas registradas que cotizaron en los sistemas contributivos de protección social, un registro que representa un retroceso de casi una década.

    Igualmente, indica que las estrategias más comunes para la protección de empleos e ingresos fueron la entrega de alimentos y la atención nutricional junto a políticas orientadas a la salud.

    Los hogares con menores que dependen de los ingresos de los trabajadores en el segmento informal de la economía vieron como aumentó su vulnerabilidad y la exposición a los riesgos asociados al trabajo infantil.

    El informe alerta también sobre la seguridad económica de las personas de mayor edad en América Latina y el Caribe ya que, según los datos más recientes, el 30% de los mayores de 65 años no reciben ningún tipo de ingreso laboral ni tampoco una pensión.

    Entre esta franja poblacional, solo el 47,2% de personas recibe una pensión o jubilación, el 7% opta tanto a una pensión como a ingresos laborales, y el 14,9% solamente se beneficia de ingresos laborales.

    Entre los futuros desafíos a los que se enfrenta la protección social el estudio destaca la necesidad de:

  • Avanzar hacia pisos de protección social que garanticen prestaciones mínimas para todas las personas.

  • Ampliar las políticas para la población infantil.

  • Expandir los seguros de desempleo.

  • Ofrecer protección universal en salud.

  • Garantizar la sostenibilidad de financiamiento, especialmente frente a elevados niveles de deuda y procesos inflacionarios.

    Fuente: ONU 20 de octubre de 2021

  • Martes, 19 de octubre de 2021

    Resultados del Censo Nacional de
    Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2021

  • Durante 2020, el presupuesto ejercido por las instituciones encargadas de la función de seguridad pública estatal fue de 96 571 357 632 pesos. Esta cantidad representó un aumento de 13.9% en comparación con la cifra reportada en 2019.

  • De las prestaciones laborales que recibió el personal, el aguinaldo, la prima vacacional y las vacaciones destacan como las de mayor frecuencia con 87.6%, 86.3% y 84.1% respectivamente; en cambio, becas escolares para sus hijos, ahorro solidario y apoyos para los familiares de elementos caídos en cumplimiento de su deber fueron las prestaciones de menor frecuencia con 6.2%, 4.1% y 3.8%, respectivamente.

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2021, programa que ofrece información estadística sobre la gestión y desempeño de la institución encargada de la función de seguridad pública de cada entidad federativa, con la finalidad de que esta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en el referido tema.

    Entre los datos que aporta este Censo, se encuentra que:

  • Al cierre de 2020 se reportaron 224 923 personas adscritas a las instituciones estatales encargadas de seguridad pública. De ellas, 75.4% (169 633) eran hombres y 24.6% (55 290) mujeres.

  • De acuerdo con el tipo de corporación, 100 500 elementos estaban adscritos a la policía preventiva. Del total de personal, la mayoría (45.0%) percibió un ingreso bruto mensual entre 10 001 y 15 000 pesos.

  • Durante 2020, a nivel nacional, el personal fallecido adscrito a las instituciones de seguridad pública estatal fue de 1 449. La principal causa de defunción fue por causas naturales (82.4%). El total de personal fallecido durante la jornada laboral fue de 116 personas, de las cuales 93.1% (108) fueron hombres y 6.9% (8) mujeres. El total de fallecidos representó una disminución de 26.6% con respecto a lo reportado en 2019. La mayoría del personal (53.3%) falleció en enfrentamientos con civiles armados.

  • Al cierre de 2020, las instituciones de seguridad pública estatales contaron 39 academias o institutos de formación policial que ejercieron un presupuesto de 1 438 787 720 pesos.

  • En 2020, las instituciones de seguridad pública estatales recibieron 13 328 quejas ciudadanas a través de los mecanismos para la recepción de quejas. Derivado de la normatividad en materia de régimen disciplinario, 11 618 servidoras y servidores públicos fueron sancionados y 364 fueron denunciados ante el Ministerio Público por la comisión de algún presunto delito realizado en el ejercicio de sus funciones.

  • Derivado de las llamadas procedentes al 911, en 2020 se registraron 18 205 896 incidentes de emergencia, la mayoría se relacionaron con el rubro de seguridad. En cuanto al sistema 089, se reportaron en total 387 529 incidentes; el principal fue tráfico de drogas.

  • En 2020 se aseguraron 9 995 armas de fuego, 6 757 (67.6%) eran cortas y 3 238 (32.4%) largas. En contraste con lo reportado en 2019, las armas largas aseguradas aumentaron 13.0%, mientras que las cortas disminuyeron 5.9 por ciento.

  • Durante 2020, la cantidad de víctimas atendidas por las instituciones de seguridad pública estatales fue de 211 137. De ellas 47.3% fueron mujeres, 13.6% hombres y para el restante 39.1% no se especificó el sexo. El principal grupo vulnerable de pertenencia fueron mujeres víctimas de discriminación o de violencia por razón de género.

  • En el mismo periodo, las instituciones de seguridad pública estatales tuvieron conocimiento de 13 542 reportes de personas desaparecidas o no localizadas: 53.3% correspondió a personas mayores de edad, 32.5% a menores de edad y en 14.2% no se especificó la condición de edad.

  • Asimismo, se reportaron 3 170 personas localizadas: 35.8% eran hombres, 26.6% mujeres y en 37.6% no se especificó el sexo.

  • En 2020 se tuvo registro de 716 enfrentamientos en los que participaron elementos adscritos a las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas. El total de enfrentamientos indica que hubo un aumento de 110.6% en comparación con 2019.

    Fuente: INEGI 19 de octubre de 2021

  • Martes, 19 de octubre de 2021

    Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana

    Cifras durante septiembre de 2021

  • 64.5% de la población de 18 años y más considera que es inseguro vivir en su ciudad.

  • Las ciudades con mayor proporción de población que siente inseguridad fueron Fresnillo, Ciudad Obregón, Irapuato, Coatzacoalcos, Naucalpan de Juárez y Zacatecas.

    De acuerdo con los resultados del trigésimo segundo levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la primera quincena de septiembre de 2021, durante ese mes 64.5% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad.

    Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo con respecto a los registrados en septiembre de 2020 y junio de 2021, que fueron de 67.8 y 66.6%, respectivamente. En esta edición, 14 ciudades tuvieron cambios estadísticamente significativos con respecto de junio de 2021: 8 tuvieron reducciones y 6 incrementaron. La percepción de inseguridad permaneció mayor en el caso de las mujeres con 69.1%, mientras que para los hombres fue de 58.8 por ciento.

    Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Fresnillo, Ciudad Obregón, Irapuato, Coatzacoalcos, Naucalpan de Juárez y Zacatecas, con 94.3, 92.5, 91.7, 89.0, 88.3 y 86.1%, respectivamente.

    Por otro lado, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, Benito Juárez, Los Cabos, La Paz, San Nicolás de los Garza y Saltillo, con 14.5, 21.8, 22.2, 27.3, 28.6 y 29.5%, en ese orden.

    En específico, 75% de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 68.7% en el transporte público, 61.4% en el banco y 56.2% en las calles que habitualmente usa.

    Finalmente, en este trimestre, se proporciona información estadística sobre víctimas de violencia en el entorno familiar. Se estima que 7.5% de los hogares experimentó alguna situación de violencia de tal naturaleza entre enero y septiembre de 2021. En el mismo periodo, se estima que 6.4% de la población de 18 años y más fue violentada en el ámbito del hogar. Para las mujeres este porcentaje fue de 7.2%, mientras que en hombres fue de 5.4 por ciento.

    Fuente: INEGI 19 de octubre de 2021

  • Jueves, 23 de septiembre de 2021

    Desempleo, inflación y pobreza quitan el sueño a los mexicanos

  • Las preocupaciones de los mexicanos incrementan en línea con la pérdida de dinamismo de los indicadores. Derivado de la crisis Covid-19 en 2020 se sumaron 3.8 millones de personas a la pobreza, la tasa de inflación se encuentra en 5.87% y poco más de la mitad de los empleos son informales.

    Las preocupaciones de los mexicanos incrementan en línea con la pérdida de dinamismo de los indicadores. Derivado de la crisis Covid-19 en 2020 se sumaron 3.8 millones de personas a la pobreza, la tasa de inflación se encuentra en 5.87% y poco más de la mitad de los empleos son informales.

    Cuatro de cada 10 mexicanos (41.5%) se mostró preocupado por los niveles de desempleo, lo que implicó un aumento importante respecto del ejercicio pasado (36.4%), de acuerdo con los datos actualizados de la Encuesta de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (Envipe) del Inegi.

    También incrementó la preocupación por el nivel de precios al consumidor; el 29.0% de los mexicanos consideró que es una de las problemáticas más grandes del país y 27.6% dijo estar agobiado por el aumento de la pobreza. En ambos rubros también hubo un incremento respecto del ejercicio del año previo.

    Adicionalmente, la preocupación por la salud también incrementó con la llegada de la pandemia, que hasta el momento ha cobrado la vida de 273,391 personas en México. El 40.2% de los mexicanos considera que la salud es una de las problemáticas más importantes en estos momentos.

    La preocupación por la inseguridad fue el único rubro que la pandemia logró moderar, como parte también de los confinamientos y la reducción de movilidad y actividades públicas, la incidencia de delitos de bajo impacto y el miedo de los ciudadanos se redujo también pasando de ser la preocupación de 68.2% de los mexicanos a afectar al 58.9% actualmente.

    Fuente:EL ECONOMISTA 23 de septiembre de 2021

  • Miércoles, 22 de septiembre de 2021

    Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
    sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021

  • Se estima en 21.2 millones el número de víctimas de 18 años y más en el país durante 2020, lo cual representa una tasa de prevalencia delictiva de 23520 víctimas por cada cien mil habitantes, cifra estadísticamente inferior a la estimada en 2019.

  • El 28.4% de los hogares del país contó con al menos un integrante víctima del delito.

  • En 93.3% de los delitos no hubo denuncia, o bien, la autoridad no inició una carpeta de investigación, lo que se denomina cifra negra.

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

    El propósito de esta encuesta es generar información a nivel nacional, por entidad federativa y áreas metropolitanas de interés sobre el fenómeno de la victimización delictiva durante 2020, así como la percepción social respecto de la seguridad pública y el desempeño de las autoridades en el período de marzo y abril de 2021, para proveer información a la sociedad ya quienes toman decisiones de política pública en estas materias.

    La ENVIPE permite hacer estimaciones sobre la victimización que afecta de manera directa a las personas ya los hogares en los delitos de robo total de vehículo, robo parcial de vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en calle o transporte público. Asimismo, robo en forma distinta a las anteriores (como carterismo, allanamientos con robo en patio o cochera, abigeato), fraude, extorsión, amenazas verbales, lesiones y otros delitos distintos a los anteriores (como secuestros y delitos sexuales). Delitos como narcotráfico, delincuencia organizada, robo de combustible y trata de personas, entre otros de este tipo, no son susceptibles de medirse en una encuesta de victimización.

    Principales resultados de la ENVIPE 2021

    La ENVIPE estima 21.2 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa de prevalencia delictiva de 23 520 víctimas por cada cien mil habitantes durante 2020, cifra estadísticamente inferior a la estimada en 2019.

    La tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en 2020 fue de 30601, cifra estadísticamente menor a la estimada en 2019 que fue de 33659.

    En 2020, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 277.6 mil millones de pesos, es decir, 1.85% del PIB. Lo anterior equivale a un promedio de 7 155 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.

    La ENVIPE 2021 estima que los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son por circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia como pérdida de tiempo con 33.9% y la desconfianza en la autoridad con 14.2 por ciento.

    La percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en las entidades federativas en marzo y abril de 2021 se ubicó en 75.6 por ciento. Durante el mismo periodo, la sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos a las personas fue de 65.5% en su municipio o demarcación territorial y 41.9% en su colonia o localidad. Dichas estimaciones fueron estadísticamente menores a las registradas en 2020.

    Documentación

    Los productos y documentos derivados de la ENVIPE 2021 que el INEGI pone a disposición de los usuarios son los siguientes: Tabulados con los principales resultados, Tabulados de medidas de precisión (errores estándar, coeficientes de variación e intervalos de confianza), Bases de datos, Descripción de archivos, Marco conceptual, Cuestionario principal y Módulo de victimización, Diseño muestral e Informe operativo.

    Como parte de los resultados de la ENVIPE, el INEGI pone a disposición de sus usuarios 700 tabulados con los principales resultados de información de la Encuesta, los cuales se clasifican en los siguientes temas: 1) Nivel de victimización y delincuencia; 2) Caracterización del delincuente; 3) Denuncia del delito; 4) Características de las víctimas de delito, los delitos y los daños; 5) Percepción sobre la seguridad pública; 6) Desempeño institucional; 7) Caracterización del delito en los hogares; 8) Información en ciudades y/o áreas metropolitanas, e 9) Información Ciudad de México.

    Fuente: INEGI 22 de septiembre de 2020

  • Miércoles, 1 de septiembre de 2021

    Más de 4.000 millones de personas todavía
    no tienen acceso a ninguna protección social

  • Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-2022

    A pesar de la expansión sin precedentes de la protección social durante la crisis generada por la COVID-19, más de 4.000 millones de personas en el mundo siguen estando completamente desprotegidas, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

    El informe constata que la respuesta a la pandemia fue desigual e insuficiente, aumentando la distancia entre los países de altos ingresos y los de bajos ingresos, y no logró ofrecer la protección social indispensable que todos los seres humanos merecen.

    La protección social incluye el acceso a la atención médica y a la seguridad del ingreso, en particular para las personas de edad, en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, accidente en el trabajo, maternidad o pérdida del principal generador de ingresos de la familia, así como para las familias con hijos.

    El Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-2022: La protección social en la encrucijada – en busca de un futuro mejor ofrece un panorama mundial de la evolución reciente de los sistemas de protección social, incluyendo los pisos de protección social, y abarca las consecuencias de la pandemia de COVID-19. El informe identifica los déficits en materia de protección social y formula recomendaciones políticas esenciales, en especial en relación a los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

    En la actualidad, sólo 47 por ciento de la población mundial está efectivamente cubierta por al menos una prestación de protección social, mientras que 4.100 millones de personas (53 por ciento) no se benefician de ninguna seguridad del ingreso de su sistema de protección social nacional.

    Existen diferencias regionales considerables en materia de protección social. Europa y Asia Central tienen las tasas de cobertura más altas, con 84 por ciento de la población cubierta por al menos una prestación. Las Américas también tienen una tasa superior a la medida mundial, con 64,3 por ciento. Asia y el Pacífico (44 por ciento), los Estados Árabes (40 por ciento) y África (17,4 por ciento) tienen evidentes deficiencias en materia de cobertura.

    A nivel mundial, la gran mayoría de los niños aún no tiene una cobertura efectiva de protección social; sólo uno de cada cuatro niños (26,4 por ciento) se beneficia de una prestación de protección social. Sólo 45 por ciento de las mujeres con recién nacidos recibe una prestación de maternidad en efectivo. Sólo una de cada tres personas con discapacidad grave en el mundo (33,5 por ciento) recibe una prestación por invalidez. La cobertura de las prestaciones de desempleo es aún más baja, sólo 18,6 por ciento de los trabajadores desempleados de todo el mundo están efectivamente cubiertos. Si bien 77,5 por ciento de las personas con derecho a pensión de vejez reciben una forma de pensión de ancianidad, persisten importantes disparidades entre las regiones, entre zonas urbanas y rurales, y entre hombres y mujeres.

    El informe señala que el déficit de financiación (el gasto adicional necesario para garantizar al menos una protección social mínima para todos) ha aumentado de alrededor de 30 por ciento desde el comienzo de la crisis generada por la COVID-19.

    A fin de garantizar al menos una cobertura de protección social básica, los países de bajos ingresos deberían invertir 77.900 millones de dólares adicionales al año, los países de ingresos medios-bajos 362.900 millones de dólares adicionales al año, los países de ingresos medios-altos 750.800 millones de dólares adicionales al año. Esto equivale respectivamente a 15,9; 5,1 y 3,1 por ciento de su PIB.

    Medidas específicas para promover una protección social universal fueron presentadas en el Llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en las personas de la crisis causada por la COVID-19 . Este Llamamiento a la acción, que define un programa de recuperación completo, fue adoptado por unanimidad en junio 2021 por los Estados miembros de la OIT, en representación de los gobiernos, las organizaciones de trabajadores y de empleadores.

    Fuente: OIT 01 de septiembre de 2021

  • Jueves, 19 de agosto de 2021

     

    Chiapas. Pobreza 2020

    La Secretaría de Hacienda, en el marco del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, presenta el documento Chiapas. Pobreza 2020.

    Este documento pretende mostrar un panorama general de la Población Hablante de Lengua Indígena (PHLI) residente en el Estado de Chiapas en el año 2020, tomando como fuente de información los datos publicados por el INEGI como resultado del reciente Censo de Población y Vivienda 2020.

    A nivel nacional se registro que 43.9% de la población se encontraba en condición de pobreza.

    El estado de Chiapas tuvo el mayor porcentaje de población en condición de pobreza ya que representa tres cuartas partes de su población total, es decir 75.5%.

    A nivel nacional se registró un aumento de 2 puntos en cuanto al porcentaje de población en condición de pobreza entre los años 2018 y 2020. Lo anterior representó un aumento de 3 millones 763 mil personas.

    En lo que respecta a Chiapas, se ubicó dentro de las 13 entidades que redujeron su porcentaje de población en condición de pobreza, registrando 2.5 puntos porcentuales menos en el año 2020 en relación al año 2018, en términos absolutos fue una disminución de 52 mil personas.

    En lo que respecta al porcentaje de población en condición de pobreza moderada en el año 2020, a nivel nacional se obtuvo el valor de 35.4% del total de la población.

    El estado de Chiapas, ocupó la tercera posición a nivel nacional con un valor de 46.4%, que representa 2 millones 594 mil personas con esta condición en el año 2020.

    A nivel nacional se registró un aumento de 0.5 puntos en cuanto al porcentaje de población en condición de pobreza moderada, entre los años 2018 y 2020, lo anterior representó un aumento de 1 millón 666 mil personas.

    Chiapas, se ubicó dentro de las 19 entidades que redujeron su porcentaje de población en condición de pobreza moderada, registrando 1 punto porcentual menos en el año 2020 en relación al año 2018, en términos absolutos fue una disminución de 61 mil personas.

    En lo que respecta al porcentaje de población en condición de pobreza extrema en el año 2020, a nivel nacional se obtuvo el valor de 8.5% del total de la población.

    En este aspecto, el estado de Chiapas registro el valor más alto a nivel nacional con 29%; que representa 1 millón 623 mil personas en esta condición.

    A nivel nacional se registró un aumento de 1.5 puntos en cuanto al porcentaje de población en condición de pobreza extrema, entre los años 2018 y 2020, lo anterior representó un aumento de poco más de 2 millones de personas.

    Chiapas se ubicó como la tercer entidad con la mayor reducción del porcentaje de población en condición de pobreza extrema con 1.5 puntos porcentuales menos, lo que en términos absolutos representó una disminución de poco menos de 10 mil personas.

    A nivel nacional el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales alcanzó la cifra de 23.7%.

    Chiapas se ubicó como la entidad con el menor porcentaje de población en esta condición al registrar 14.1%, cifra que representa a 788 mil personas.

    A nivel nacional el porcentaje de población vulnerable por ingresos alcanzó la cifra de 8.9% en el año 2020.

    La entidad con el menor porcentaje de población en esta condición es Oaxaca con 2.4%, en segundo lugar se ubica Chiapas al registrar 3.3% de su población, esta cifra representa a 183 mil personas.

    El porcentaje de población no pobre y no vulnerable a nivel nacional registró un valor de 23.5% en el año 2020.

    La entidad con el menor porcentaje de población en esta condición es Chiapas con 7.1%, que en términos absolutos representa 397 mil personas.

    El porcentaje de población con rezago educativo a nivel nacional registró un valor de 19.2% en el año 2020.

    Para el mismo año, Chiapas fue la entidad que registró el mayor porcentaje de población en esta condición con 32.5%, dicho valor representó un aumento de 1.3 puntos porcentuales en relación al valor registrado en 2018.

    En lo que se refiere a la carencia por acceso a los servicios de salud, se tiene que a nivel nacional se registró que 28.2% de la población se encontraba en esta condición en el año 2020.

    Para el año 2020, en el estado de Chiapas se registró que 37.1% de su población padecía esta condición, dicho valor posicionó al estado como la segunda entidad con el mayor porcentaje registrado.

    Cabe mencionar que el incremento del valor estatal entre el año 2018 y el 2020 fue de poco más del doble, es decir 19.7 puntos porcentuales más.

    El porcentaje de población con carencia por acceso a la seguridad social a nivel nacional en 2020 registró el valor de 52% de la población.

    Para el mismo año, Chiapas fue el estado con el mayor porcentaje de población en esta condición con 78.9%, dicho valor fue 4.2 puntos porcentuales menos que el registrado en el 2018 (83.1%).

    A nivel nacional, el porcentaje de población con carencia por calidad y espacios de la vivienda en 2020 registró el valor de 9.3% de la población con esta carencia.

    Chiapas ocupó la tercera posición a nivel nacional como las entidades con mayo porcentaje de su población con esta carencia, dicho valor fue 20%; mismo que registro un descenso de 3.6 puntos porcentuales en relación al año 2018 (23.6%).

    La dotación de servicios básicos ha sido contemplada en todo momento por los diferentes niveles de gobierno, para el año 2020 a nivel nacional, el porcentaje de población con carencia por acceso a estos servicios en la vivienda registró el valor de 17.9%.

    Chiapas ocupó la segunda posición a nivel nacional como las entidades con mayor porcentaje de su población con esta carencia, dicho valor fue 55.8%; registrando una disminución de 1.3 puntos porcentuales en relación al año 2018 (57.1%).

    El porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad a nivel nacional se ubicó en 22.5% para el año 2020.

    En lo que respecta al estado de Chiapas, se tiene que 24.5% de su población presenta esta carencia, dicho valor presentó una disminución de 1.2 puntos porcentuales en relación al año 2018 (25.7%).

    A nivel nacional, el porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos fue de 17.2 para el año 2020.

    Chiapas fue el estado con el mayor porcentaje de población con esta carencia al registrar 44.1%, a pesar de lo anterior también fue el estado con la mayor disminución de dicho porcentaje al registrar 5.2 puntos porcentuales menos en relación al año 2018 (49.4%).

    A nivel nacional, el porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos alcanzó un valor de 52.8% para el año 2020.

    Chiapas, al igual que en el indicador anterior, fue el estado con el mayor porcentaje de población con esta carencia al registrar 78.8%, aún con lo anterior se ubicó dentro de las entidades que lograron reducir dicho porcentaje con 2.2 puntos porcentuales menos en relación al año 2018 (81%).

    Fuente: SH 19 de agosto de 2021

    Miércoles, 21 de julio de 2021

    Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana

    Cifras durante junio de 2021

    De acuerdo con los resultados del trigésimo primer levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI en la primera quincena de junio de 2021, durante ese mes 66.6% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

    Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo con respecto del registrado en diciembre de 2020, que fue de 68.1%. Sin embargo, no representa un cambio estadísticamente significativo con respecto de marzo de 2021, que fue de 66.4%. En esta edición, 12 ciudades tuvieron cambios estadísticamente significativos con respecto de marzo de 2021: 4 tuvieron reducciones y 8 incrementaron. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 71.3%, mientras que para los hombres fue de 60.9 por ciento.

    Por primera vez, la ENSU identifica la frecuencia de salida de su vivienda, ya sea por cuestiones laborales, escolares, de salud, para realizar compras, etcétera. Se estima que 52% de la población de 18 años y más en zonas urbanas, salió diariamente de su vivienda durante el segundo trimestre de 2021, de los cuales el 66.1% tuvo sensación de inseguridad.

    Fuente: INEGI 19 de julio de 2021

    Martes, 6 de julio de 2021

    Teletrabajo en América Latina: 23 millones de personas
    trabajaron desde casa durante la pandemia de COVID-19

  • Desde que entraron en vigor las medidas de confinamiento, entre el 20 y 30% de los asalariados que estuvieron efectivamente trabajando, lo hicieron desde sus domicilios.

    El teletrabajo irrumpió en los mercados laborales de América Latina y el Caribe como una manera de enfrentar las consecuencias de la pandemia COVID-19, permitiendo la continuidad de actividades en algunos sectores en el contexto de una caída devastadora de la actividad económica, con pérdida de empleo, caída de los ingresos y cierre de empresas.

    Las estimaciones preliminares de la Organización Internacional del Trabajo indican que, en el peor momento de la crisis, en el segundo trimestre de 2020, unos 23 millones de personas teletrabajaron en la región.

    Esto representa entre el 20 y 30% de los asalariados que estuvieron efectivamente trabajando. Antes de la pandemia, esa cifra era inferior al 3%.

    El informe destaca que, aunque es muy temprano para predecir el alcance efectivo del teletrabajo, será necesario que los países y las sociedades estén preparados para asumir que esta modalidad llegó para quedarse, ya sea como una solución conveniente para algunas personas y empresas, o a través de la proliferación de formas híbridas que combinen trabajo presencial con trabajo desde el hogar.

    El análisis de la agencia de la ONU señala que si bien ya antes de la pandemia existía el trabajo desde el domicilio, este abarcaba principalmente a trabajadores por cuenta propia, o en situaciones especiales se combinaba con trabajo en el establecimiento, “pero en el contexto de cuarentena pasó, en mucho casos, a ser la modalidad exclusiva de trabajo”.

    Aunque en los últimos tiempos la región ha reportado avances en materia de regulación del teletrabajo, el aumento sin precedentes de esta modalidad expuso una multiplicidad de desafíos que deben ser abordados.

    El informe destaca algunos para enfrentar esos desafíos del teletrabajo:

  • Principio de voluntariedad y acuerdo entre las partes

  • Organización y tiempo de trabajo

  • Seguridad y salud en el trabajo

  • Protección del derecho de privacidad de los trabajadores

    Los temas de la seguridad social, del cumplimiento de las jornadas, de libertad de asociación, de acceso a la formación laboral, de salud y seguridad en el lugar de trabajo, entre otros, forman parte de los temas a considerar.

    El informe destaca que para abordar estos temas es clave el diálogo entre gobiernos, empleadores y trabajadores.

    “Resulta fundamental considerar las lecciones aprendidas durante la pandemia”, dice la OIT, pero también indica que para futuros análisis sobre este tema “se requiere contar con estadísticas oficiales que brinden información adecuada, comparable y actualizada” sobre el teletrabajo en América Latina y el Caribe.

    Fuente: ONU 06 de julio de 2021

  • Viernes, 2 de julio de 2021

    Día Internacional de las Cooperativas

  • Más del 12 % de las población mundial es cooperativista de alguna de las 3 millones de cooperativas del planeta

    El 3 de julio, se celebrará el Día Internacional de las Cooperativas (#CoopsDay) con el tema «Reconstruir mejor juntos». Las cooperativas de todo el mundo mostrarán cómo están afrontando la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 con solidaridad y resiliencia, ofreciendo a las comunidades una recuperación centrada en las personas y respetuosa con el medioambiente.

    En ámbitos como la salud, la agricultura, la producción, el comercio minorista, las finanzas, la vivienda, el trabajo, la educación, los servicios sociales y muchos otros ámbitos en los que se desarrollan las cooperativas, los más de mil millones de miembros cooperativos en todo el mundo siguen demostrando que nadie tiene por qué enfrentarse solo a una crisis como la pandemia actual.

    Las cooperativas son reconocidas como asociaciones y empresas a través de las cuales los ciudadanos pueden mejorar sus vidas de manera efectiva mientras contribuyen al avance económico, social, cultural y político de su comunidad y país. El movimiento cooperativo también ha sido reconocido como un actor principal en los asuntos nacionales e internacionales.

    Las cooperativas también fomentan la igualdad externa. Como están basadas en la comunidad, están comprometidas con el desarrollo sostenible de sus comunidades, ambiental, social y económicamente. Este compromiso se puede ver en su apoyo a las actividades comunitarias, el suministro local de suministros para beneficiar a la economía local y en la toma de decisiones que considera el impacto en sus comunidades.

    A pesar de su enfoque en la comunidad local, las cooperativas también aspiran a llevar los beneficios de su modelo económico y social a todas las personas en el mundo. La globalización debe regirse por un conjunto de valores como los del movimiento cooperativo; de lo contrario, la desigualdad y los excesos crearían sociedades insostenibles.

    El movimiento cooperativista es muy democrático, localmente autónomo pero integrado internacionalmente y una forma de organización de asociaciones y empresas por la cual los ciudadanos cuentan con la autoayuda y su propia responsabilidad para alcanzar objetivos no solo económicos sino también sociales y ambientales, como la superación de la pobreza, la obtención de empleo productivo y el fomento de la integración social.

    Fuente: ONU 02 de julio de 2021

  • Jueves, 1 de julio de 2021

    Mejores medidas de bienestar
    necesarias para políticas infantiles eficaces

    Mejorar el bienestar infantil beneficia a la sociedad en su conjunto y es clave para fomentar la prosperidad. Sin embargo, mejorar las políticas para ayudar a los niños a prosperar requerirá mejores datos sobre sus necesidades y experiencias vividas, según un nuevo informe de la OCDE.

    La medición de lo que importa para el bienestar y las políticas del niño desarrolla un nuevo marco de medición del bienestar del niño, identifica las brechas clave en los datos del niño y describe cómo pueden subsanarse.

    Un enfoque multidimensional es fundamental porque interactúan las dificultades o fortalezas en diferentes áreas. El informe cita, por ejemplo, cómo la regulación emocional en la primera infancia tiene un impacto positivo en el aprendizaje y en la calidad de las amistades y las habilidades sociales a medida que los niños crecen.

    El marco trata las diferentes dimensiones del bienestar infantil (bienestar material, social, emocional, cultural y educativo, así como la salud física y el desarrollo cognitivo) como interconectados. También tiene como objetivo captar la distribución del bienestar a través de medidas que reflejen la falta de oportunidades y las disparidades entre los diferentes grupos de niños, por ejemplo, por sexo, arreglo de vida y origen migrante.

    El informe dice que aunque los datos internacionales comparables han mejorado, su alcance sigue siendo limitado. Algunos niños, a menudo los más vulnerables, con frecuencia faltan o no son fácilmente identificables en los datos existentes, mientras que la información es limitada sobre el bienestar de los más pequeños y sobre las propias opiniones de los niños sobre aspectos importantes de sus vidas.

    Se necesita una acción coordinada de los gobiernos, las organizaciones internacionales y la comunidad en general para mejorar la disponibilidad de datos sobre la infancia entre países. Esta es una tarea considerable, dice. Requerirá una inversión significativa y un compromiso a medio y largo plazo.

    El informe ha sido elaborado por el nuevo Centro de Bienestar, Inclusión, Sostenibilidad e Igualdad de Oportunidades (WISE) de la OCDE . El Centro está generando nuevos datos y soluciones para mejorar el bienestar de las personas y reducir las desigualdades, y para comprender mejor el impacto de las políticas y acciones comerciales en la vida de las personas.

    Fuente: OECD 01 de julio de 2021

    Miércoles, 30 de junio de 2021

    La migración laboral crece de cinco millones a nivel mundial

  • Un nuevo informe de la OIT estima que entre 2017 y 2019 el número de migrantes internacionales ha incrementado de 164 millones a 169 millones.

    A nivel mundial, el número de trabajadores migrantes internacionales ascendió a 169 millones, un aumento de tres por ciento desde 2017, según las últimas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

    La proporción de trabajadores jóvenes migrantes (16-24 años) también aumentó, de casi dos por ciento, o 3,2 millones, desde 2017. Su número ascendió a 16,8 millones en 2019.

    El nuevo informe Estimaciones mundiales de la OIT sobre los trabajadores y las trabajadoras migrantes – Resultados y metodología , muestra que en 2019, los trabajadores migrantes internacionales representaron alrededor del cinco por ciento de la fuerza de trabajo mundial, convirtiéndolos en una parte integral de la economía mundial.

    Sin embargo, muchos trabajadores migrantes con frecuencia ocupan empleos temporales, informales o no protegidos, lo cual los expone a un riesgo mayor de inseguridad, despidos y el deterioro de las condiciones de trabajo. La crisis de COVID-19 ha agravado estas vulnerabilidades, sobre todo para las trabajadoras migrantes, ya que están sobrerrepresentadas en empleos mal remunerados y poco calificados, y tienen un acceso limitado a la protección social y menores oportunidades de acceso a los servicios de apoyo.

    Más de dos terceras partes de los trabajadores migrantes internacionales se concentran en los países de altos ingresos. De los 169 millones de trabajadores migrantes internacionales, 63,8 millones (37,7 por ciento) viven en Europa y Asia Central. Otros 43,3 millones (25,6 por ciento) viven en las Américas. Por consiguiente, Europa, Asia Central y las Américas albergan, conjuntamente, 63,3 por ciento de todos los trabajadores migrantes.

    La mayoría de los trabajadores migrantes – 99 millones – son hombres, mientras que 70 millones son mujeres.

    En calidad de trabajadoras migrantes, las mujeres enfrentan más obstáculos socioeconómicos y tienen mayores probabilidades de migrar como miembros de la familia acompañantes por razones distintas a la de buscar trabajo. Ellas pueden experimentar discriminación de género en el empleo y es posible que no tengan contactos con personas afines, lo cual dificulta el equilibrio entre la vida profesional y familiar en un país extranjero.

    El porcentaje de jóvenes entre los trabajadores migrantes internacionales ha aumentado, de 8,3 por ciento en 2017 a 10 por ciento en 2019. Este aumento probablemente está relacionado con las elevadas tasas de desempleo juvenil en los países en desarrollo. La gran mayoría de los trabajadores migrantes (86,5 por ciento) todavía está constituida por adultos jóvenes (25-64 años).

    Según el informe – que se concentra en el período 2017-2019 – 66,2 por ciento de los trabajadores migrantes se encuentra en el sector de los servicios, 26,7 por ciento en la industria y 7,1 por ciento en la agricultura. Sin embargo, subsisten importantes diferencias de género entre un sector y otro: Las trabajadoras migrantes están mayormente representadas en los servicios, lo cual puede ser explicado en parte por la creciente demanda de cuidadores, como en el sector de la salud y del trabajo doméstico. Los trabajadores migrantes están más representados en la industria.

    Fuente: OIT 30 de junio de 2021

  • Viernes, 25 de junio de 2021

    OIT y ONU Mujeres: Es hora de decir basta a la
    violencia y el acoso laboral en América Latina y el Caribe

  • Las Oficinas Regionales de la OIT y de ONU Mujeres hicieron un llamado a los países de la región a mantener el liderazgo en la ratificación de la norma internacional que entró en vigor.

    La OIT y ONU Mujeres exhortaron a los países de América Latina y el Caribe a avanzar hacia la ratificación del Convenio 190 sobre la Violencia y el Acoso que entró en vigor, esencial para construir un futuro del trabajo más digno, seguro y saludable.

    “La violencia y el acoso son inaceptables en cualquier lugar y en cualquier momento, pero ahora debemos estar más alertas que nunca, pues el riesgo de violencia mayor en tiempos de crisis: el brote del COVID-19 ha sido un triste recordatorio de que eso puede suceder. La frustración, la presión económica, el estrés pueden ser detonadores de violencia, con más riesgos para las mujeres trabajadoras. Además de una ser una grave violación de derechos, la violencia tiene impactos negativos sobre el empleo, condiciones de trabajo y productividad”.

    “Una de las primeras cosas que desapareció a consecuencia de la pandemia fue el empleo femenino, por el impacto que tuvo en áreas que suelen emplear principalmente mujeres, como el comercio, la hostelería y los servicios. Las que mantuvieron el empleo expuestas a violencias laborales que suelen ser invisibilizadas, por ejemplo, en el trabajo doméstico; el personal sanitario -en su mayoría mujeres- expuesto a ataques violentos y al acoso en el trabajo y en medios de transporte. El Convenio 190 no solo promueve espacios seguros en el trabajo, sino también reconoce que la violencia domestica afecta la participación de las mujeres en el mundo del trabajo, su productividad, su acceso al empleo y su salud. En nuestra visión de ‘reconstruir mejor’, contar con el trabajo de las mujeres es fundamental: la definición amplia y abarcadora de este Convenio debería ser un compromiso para que los países se aboquen a resolver esta injusticia y coloquen a las mujeres en el centro de sus medidas de recuperación post-COVID”.

    El Convenio 190 introduce una serie de importantes innovaciones. Por primera vez se aclara lo que debe entenderse por ‘violencia y acoso en el mundo del trabajo’ y se precisan las medidas que deben tomarse para prevenirla y abordarla, y quién debe hacerlo.

    Su alcance es amplio: aplica a todas las personas en el mundo laboral, el entorno, y también a todos los demás trabajadores y trabajadoras, independientemente de su situación contractual, así como a aprendices, quienes hacen trabajo voluntario o buscan un empleo, entre otros. También las personas que ejercen la autoridad, las funciones y las responsabilidades del empleador, caen bajo la tutela del Convenio.

    Asimismo, el Convenio es aplicable a todos los sectores de la economía, incluyendo el sector público y el privado y la economía informal, tanto en el ámbito urbano como en el rural. Los países que han ratificado se comprometen a establecer mecanismos de prevención y protección, control de su aplicación, vías de recurso y reparación, así como orientación y difusión.

    Las mujeres trabajadoras latinoamericanas lideran el movimiento para la ratificación en sus países, reconociendo la importancia de generar entornos de trabajos seguros y libres de violencia de género para lograr la equidad en el trabajo.

    Los países cuentan con un año después de la ratificación para su entrada en vigor a nivel nacional. Esto les permite abrir un diálogo tripartito donde el Estado, los empleadores y trabajadores pueden examinar la legislación y la practica nacional y trazar una hoja de ruta para llevar a cabo los cambios normativos, identificar los retos de aplicación y, sobre todo, fomentar los cambios culturales para un entorno de “tolerancia cero” a la violencia y el acoso en el lugar de trabajo.

    Los Convenios son parte esencial de las normas internacionales del trabajo, instrumentos jurídicos elaborados por los mandantes de la OIT (gobiernos, empleadores y trabajadores), con objeto de enunciar los principios y derechos fundamentales en el trabajo y de reglamentar otros ámbitos del mundo laboral.

    Fuente: OIT 25 de junio de 2021

  • Miércoles, 23 de junio de 2021

    Atrapados: alta desigualdad y bajo
    crecimiento en América Latina y el Caribe

    La región se encuentra en una trampa de alta desigualdad y bajo crecimiento. La concentración de poder, la violencia, y las políticas de protección social ineficientes alimentan ese círculo vicioso y limitan el desarrollo humano.

    La brecha entre extrema riqueza y extrema pobreza y vulnerabilidad que caracteriza a la región quedó en evidencia como nunca y se profundizó aún más a raíz de la pandemia de la COVID-19. El Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 “Atrapados: Alta Desigualdad y Bajo Crecimiento en América Latina y el Caribe”, lanzado de forma virtual por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), analiza la trampa en la que se encuentra sumida la región, que impide el avance hacia el logro de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

    A pesar de los avances de las últimas décadas, los países de América Latina y el Caribe son más desiguales que los de otras regiones con niveles similares de desarrollo, y sus indicadores sociales aún se encuentran por debajo de los esperados para su nivel de ingreso promedio.

    El informe explora tres factores que se repiten y retroalimentan el círculo vicioso de alta desigualdad y bajo crecimiento: la concentración de poder, la violencia en todas sus formas y las políticas de protección social que no funcionan bien.

    El documento señala que la concentración de poder en manos de unos pocos que defienden sus intereses privados es uno de los factores que conectan la alta desigualdad con el bajo crecimiento. A través de su influencia política, el poder mal utilizado distorsiona las políticas públicas y debilita las instituciones. Un ejemplo que se explora en el informe es el rol de las élites económicas en el bloqueo a reformas fiscales que apoyarían una forma más progresiva de redistribución. Para balancear la distribución de poder, el organismo sugiere explorar líneas de acción como la regulación del lobby y el financiamiento de las campañas políticas.

    También se destaca que la región es la más violenta del planeta, y advierte que si bien la desigualdad causa mayor violencia, la violencia también aumenta la desigualdad porque afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables, contribuyendo a perpetuar su estado de privación. La violencia limita también el crecimiento a través de su impacto sobre el capital humano (y la productividad) y sobre la inversión pública y privada que se ve distorsionada, así como por el gasto en seguridad y por la incertidumbre acerca de los derechos de propiedad.

    Entre las líneas de acción que propone el documento para abordar este tema, figuran el fortalecimiento de los sistemas de justicia local y la expansión de la atención en salud mental para las víctimas de violencia.

    El informe también se detiene en la fragilidad de los sistemas de protección social de la región, evidenciada en su limitada capacidad de respuesta durante la pandemia. La vinculación de los sistemas de aseguramiento frente a los riesgos con el empleo formal ha motivado a los gobiernos a crear sistemas paralelos, de menor calidad, para cubrir a las personas que quedan excluidas, que en la región son la mayoría. Los países de ALC tienen mercados laborales segmentados y sistemas de protección social que reproducen desigualdades e incentivan la organización de la producción en negocios muy pequeños y poco productivos. Para ello, el documento sugiere repensar la protección social para asegurar universalidad.

    Finalmente, el reporte plantea que las soluciones deben llevar a un mayor crecimiento con sostenibilidad ambiental, y a una mayor inclusión y movilidad social. Se trata de soluciones que requieren balancear el poder en el área de la definición de reglas y políticas, erradicar la violencia en todas sus formas y redefinir del ambiente institucional que constituye la esencia del contrato social: las oportunidades en el mercado laboral, la fiscalidad y la protección social.

    Fuente: PNUD 22 de junio de 2021

    Martes, 22 de junio de 2021

    Concentración de poder, violencia y protección social
    ineficiente limitan el desarrollo humano en América Latina

  • La región está atrapada en un círculo vicioso exacerbado por la pandemia de COVID-19 que produce avances muy desiguales y bajo crecimiento, revela un nuevo informe de la ONU.

    La pandemia de COVID-19 ha aumentado enormemente la brecha entre riqueza y pobreza extremas, al igual que la vulnerabilidad en América Latina y el Caribe, asegura el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021, divulgado este martes por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

    El estudio destaca que la región se encuentra empantanada en una trampa que no le permite avanzar hacia la consecución de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

    Según los datos del PNUD, los progresos conseguidos en las últimas décadas son más desiguales en los países latinoamericanos y caribeños que en las otras regiones del mundo comparables con sus niveles de desarrollo, además de que sus indicadores sociales están por debajo de lo que deberían tomando en cuenta que se trata de una región de renta media.

    Con respecto a la concentración de poder en manos de unos pocos que defienden sus intereses privados, el texto señala que la influencia política de estos individuos o grupos hacen mal uso del poder que detentan, distorsionando así las políticas públicas y debilitando las instituciones.

    El informe recuerda que la región es la más violenta del mundo y destaca la violencia y la desigualdad forman un ciclo cerrado en el que la violencia es causa y consecuencia de la desigualdad y viceversa. La desigualdad provoca mayor violencia, pero la violencia aumenta la desigualdad porque afecta y priva desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables, detalla.

    Además, la violencia limita el crecimiento al golpear el capital humano, la productividad y la inversión pública y privada, mientras obliga a aumentar el presupuesto para la seguridad.

    En cuanto a los sistemas de protección social, el PNUD los considera frágiles y destaca la capacidad limitada de respuesta que tuvieron durante la pandemia. Los gobiernos han creado sistemas paralelos de menor calidad para cubrir a las personas que quedan excluidas, “que en la región son la mayoría”, indica.

    Los mercados de trabajo de las naciones latinoamericanas y caribeñas están segmentados y tienen sistemas de protección social que reproducen desigualdades e incentivan la organización de la producción en negocios muy pequeños y poco productivos. Ante esta realidad, el informe sugiere repensar la protección social para asegurar la cobertura universal.

    De acuerdo con el Programa de la ONU para el Desarrollo, para salir de la trampa que frena el avance de los países de la región se deben buscar soluciones que impulsen un crecimiento ambientalmente sostenible y que propicien la inclusión y la movilidad social.

    Dichas soluciones -abunda el documento-, deben tener el objetivo de erradicar la violencia en todas sus formas y rediseñar la operación institucional como base del contrato social que debe garantizar, entre otras cosas, oportunidades en el mercado laboral y protección social.

    El estudio argumenta que la crisis asociada con el COVID-19 es muy diferente de la crisis de la deuda de la década de 1980. La primera es un hecho realmente exógeno causado por un virus; la segunda fue en gran medida endógena, causada por una mala gestión macroeconómica.

    Sin embargo, hay una dimensión en la que la crisis actual que podría ser muy similar a la de la década de 1980: puede ir seguida de cambios sustanciales en la protección social y la tributación, conforme los países luchan por contener los daños sociales, restablecer el equilibrio fiscal y reanudar el crecimiento económico.

    El informe aclara, no obstante, que el restablecimiento del equilibrio fiscal debe tener en cuenta muchos factores ya que con el actual sistema de protección social, aumentar los impuestos para financiar más gasto social no daría lugar a una prosperidad compartida y sostenible. En cambio, si los países contaran con un sistema de protección universal la región sería más equitativa y podría crecer más rápidamente.

    Fuente: ONU 22 de junio de 2021

  • Miércoles, 19 de mayo de 2021

    Centro de Excelencia, una década de trabajo
    para mejorar las estadísticas delictivas

  • El Centro de Excelencia es pionero a nivel internacional en el impulso de iniciativas que mejoren la generación de estadísticas sobre gobernanza, seguridad y justicia.

  • Se inauguró en 2011 como resultado de un acuerdo de colaboración entre UNODC y el INEGI.

  • El reto ahora es aprovechar la experiencia de este Centro para potenciar su alcance hacia temáticas como la medición de la victimización, la corrupción y los flujos financieros ilícitos, entre otras.

    A 10 años de su creación, el Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia (CdE) ha fortalecido las capacidades estadísticas, analíticas y de monitoreo en 29 países de América Latina y el Caribe en el uso de la evidencia para el diseño de políticas públicas eficaces y ha impulsado iniciativas regionales para mejorar la generación de estadísticas sobre gobernanza, seguridad y justicia.

    Para conmemorar este aniversario, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Oficina de las Naciones Unidad contra la Droga y el Delito (UNODC) organizaron un conversatorio sobre los retos actuales y futuros de las estadísticas delictivas en México y la región de América Latina y el Caribe.

    Durante el conversatorio, las y los participantes reflexionaron sobre las tendencias y cambios por los que atraviesa el mundo y la región de América Latina y el Caribe, además de los retos que implica la medición de fenómenos delictivos, el crimen organizado, el uso intensivo de tecnologías y la propia pandemia de la COVID-19 y para los cuales es necesaria más y mejor información que permita tomar las decisiones basadas en evidencia.

    El CdE fue inaugurado en 2011 como resultado de un acuerdo de colaboración UNODC en México y el INEGI, tras la creación en 2008 del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia.

    Pionero a nivel internacional, el Centro ha impulsado trabajos para el desarrollo metodológico en temas complejos como la medición de la victimización, la corrupción, el crimen organizado y los flujos financieros ilícitos.

    Actualmente, una tercera parte de los países del continente cuentan con encuestas nacionales equivalentes a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que realiza el INEGI. Más de la mitad de estas naciones trabajan para adoptar la Clasificación Internacional de Delito con fines Estadísticos, considerada como estándar internacional para armonizar las estadísticas delictivas.

    El CdE ha brindado asistencia técnica a 29 países de la región, impulsando y desarrollando actividades relacionadas con la generación y mejora de la calidad de los datos y promoviendo el uso de evidencia para el diseño de políticas públicas, lo que facilita el monitoreo del progreso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

    El compromiso del Centro de Excelencia es trabajar de manera continua para avanzar y mejorar la calidad de la información estadística y así aportar en la construcción de sociedades más justas, pacíficas e inclusivas.

    Fuente: INEGI 19 de mayo de 2021

  • Jueves, 29 de abril de 2021

    Ciudad de México, única entidad con alta
    competitividad en el país: Imco

  • La capital siguió atrayendo talento e inversión pese a la pandemia.

    Durante el primer año de la pandemia, la Ciudad de México fue la única entidad federativa que mostró una alta competitividad, es decir, siguió atrayendo talento e inversión, mientras que en el otro extremo se encontraron los estados del sur como los más rezagados.

    De acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal 2021 (ICE) del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), que mide la capacidad de los estados para generar, atraer y retener talento e inversiones, la capital del país se ubicó en la primera posición de un ranking de 32.

    Pese a la emergencia sanitaria, la Ciudad de México no perdió su primer lugar en el ICE; desde el 2001 lo ocupa.

    La Ciudad de México presentó el mayor PIB per cápita (408,042 pesos por persona) y la mayor diversificación económica (937 sectores), uso de banca móvil (14,827 contratos de banca móvil por cada 10,000 adultos) y carga aérea (51,000 kilogramos por cada 1,000 personas).

    Entre las razones principales que pusieron al sur en jaque, la especialista indicó que la emergencia sanitaria mermó la diversificación económica de estos estados; también se suma un rezago histórico donde se ha excluido a la región de los planes de desarrollo y crecimiento económico.

    Recalcó que los cinco estados del sur tienen en promedio el menor PIB per cápita del país (87,00 pesos por persona), también el mayor rezago en inversión por población económicamente activa (45,000 pesos) y sólo 19% de las personas de 25 años o más cuentan con estudios universitarios o técnicos. También se concentra el mayor porcentaje de informalidad (71% de los trabajadores).

    Sobre el proceso de evaluación y metodología del ICE, el índice está compuesto por 72 indicadores que forman 10 subíndices (tecnología, turismo, conectividad, economía, mercado laboral, seguridad, uso de recursos naturales, democracia, gestión gubernamental; e inclusión, salud y educación).

    Los resultados de las entidades permiten clasificarlas en seis grupos de competitividad: alta, adecuada, media alta, media baja, baja y muy baja.

    A partir de los resultados identificados en el ICE 2021, el Imco desarrolló algunas propuestas para que las entidades mejoren su competitividad. La primera busca que se pueda adecuar la legislación presupuestal estatal con el fin de crear controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos locales, para evitar que los recursos sean reasignados sin aprobación previa y con ello evitar la discrecionalidad.

    Se debe promover la inserción de los estados del sur-sureste del país en la cadena productiva de América del Norte, mediante mejoras regulatorias e inversión en infraestructura y conectividad.

    También se deben desarrollar capacidades para la generación y procesamiento de datos que mejoren la toma de decisiones de política pública y faciliten trámites y servicios.

    Se necesitan reformar las leyes de adquisiciones y obras públicas estatales para incluir protocolos y lineamientos; se deben crear sistemas estatales de innovación que incentiven un vínculo entre el sector privado y los generadores de patentes.

    Por último, se tienen que aprovechar las facultades de los estados para desarrollar programas de nivelación académica ante los efectos de la pandemia.

    Fuente:EL ECONOMISTA 27 de abril de 2021

  • Lunes, 19 de abril de 2021

    Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana

    Cifras durante marzo de 2021

  • 66.4% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro.

    De acuerdo con los resultados del trigésimo levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI en la primera quincena de marzo de 2021, durante ese mes 66.4% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

    Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo respecto a los registrados en marzo y diciembre de 2020, que fueron de 73.4 y 68.1%, respectivamente. En esta edición, 17 ciudades tuvieron cambios estadísticamente significativos respecto a diciembre de 2020: 12 tuvieron reducciones y 5 incrementaron. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 71%, mientras que para los hombres fue de 60.9 por ciento.

    Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Fresnillo, Ecatepec de Morelos, Cuernavaca, Gustavo A. Madero, Uruapan y Guadalajara, con 94.2, 89.9, 87.8, 86.4, 86.3 y 86.1%, respectivamente.

    Por otro lado, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, Tampico, San Nicolás de los Garza, Los Cabos, Piedras Negras y Mérida, con 8.2, 25.2, 26.2, 26.2, 29.4 y 30.3%, respectivamente.

    En específico, 78.4% de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 71.2% en el transporte público, 63.4% en el banco y 59.2% en las calles que habitualmente usa.

    A partir de marzo de 2021, en el apartado de problemáticas urbanas, se estima el porcentaje de personas que identificó hospitales saturados o con servicio deficiente como uno de los problemas más importantes en las ciudades.

    La ENSU, con periodicidad trimestral, ha realizado a la fecha treinta levantamientos. El primero de ellos se llevó a cabo en septiembre de 2013.

    Fuente: INEGI 19 de abril de 2020

  • Miércoles, 17 de marzo de 2021

     

    Los estragos que la pandemia de
    COVID-19 ha causado a los niños del mundo

    La pandemia de COVID-19 ha trastornado la vida de las familias de todo el mundo. En los 12 meses que han pasado desde que se declaró la pandemia, el progreso ha retrocedido en prácticamente todos los indicadores importantes relativos a la infancia y los niños se están enfrentando a una nueva normalidad devastadora y distorsionada.

    En el último año se ha registrado un aumento de los niños que pasan hambre, están aislados, son víctimas del abuso o sufren ansiedad. La educación de cientos de millones de niños se ha interrumpido. El acceso a los servicios de protección y de salud, incluida la vacunación sistemática, se ha visto gravemente restringido. La pandemia también está afectando a la salud mental de los niños y está llevando a las familias a la pobreza. Este tipo de alteraciones sociales y económicas pueden aumentar las probabilidades de que se produzcan matrimonios infantiles.

    Las escuelas de más de 168 millones de estudiantes de todo el mundo llevan casi un año cerradas. Dos terceras partes de los países donde las escuelas han cerrado total o parcialmente se encuentran en América Latina y el Caribe.

    Se prevé que la pobreza aumente: en un informe publicado en noviembre de 2020, se estimaba que el número de niños que vivían en hogares pobres desde el punto de vista financiero podía aumentar en 140 millones antes del final de ese año.

    Al menos uno de cada tres niños en edad de ir a la escuela no pudo acceder a la educación a distancia mientras las escuelas permanecieron cerradas.

    En noviembre de 2020, en 59 países de los que se dispone de datos, los refugiados y los solicitantes de asilo carecían de acceso a cualquier tipo de medida de protección social relacionada con la COVID-19 debido al cierre de las fronteras y el auge de la xenofobia y la exclusión.

    En noviembre de 2020, más de 94 millones de personas corrían el riesgo de no recibir una vacuna a causa de la interrupción de las campañas del sarampión en 26 países.

    Al menos uno de cada siete niños y jóvenes vivió confinado en su hogar durante gran parte de 2020 y, como consecuencia, sufrió ansiedad, depresión y aislamiento.

    En noviembre de 2020, se estimaba que otros 6 o 7 millones de niños menores de cinco años podrían haber sufrido emaciación o malnutrición aguda en lo que iba de año: un aumento del 14% que podría traducirse en más de 10.000 muertes infantiles más al mes, sobre todo en África Subsahariana y Asia Meridional. Además, la disminución del 40% en los servicios de nutrición dirigidos a mujeres y niños podría empeorar otros resultados relacionados con la alimentación.

    Alrededor de 3.000 millones de personas del mundo carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos con agua y jabón en su hogar. En los países menos desarrollados, tres cuartas partes de las personas y más de dos terceras partes de las escuelas no cuentan con los servicios básicos de higiene necesarios para reducir la transmisión de la COVID-19. Como promedio, más de 700 niños menores de cinco años mueren cada día de enfermedades provocadas por la falta de agua, saneamiento e higiene.

    Antes de la pandemia, el conflicto, la pobreza, la desnutrición y el cambio climático ya estaban provocando un drástico aumento en el número de niños que necesitaban asistencia. La COVID-19 está empeorando aún más la situación. Sin embargo, aunque podamos sentirnos abrumados por esta realidad, también hay motivos para tener esperanza.

    A lo largo de la crisis, UNICEF ha trabajado con sus aliados en la tarea de llegar a cada niño y cada familia para proporcionarles servicios vitales de salud; nutrición; educación; agua, saneamiento e higiene (WASH); así como protección social y contra la violencia por razón de género.

    Fuente: UNICEF 15 de marzo de 2021

    Miércoles, 10 de marzo de 2021

    Estadísticas sobre la Mujer

    La Secretaría de Hacienda, en el marco del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, a través de  la Dirección de Información Geografía y Estadística, presenta el documento “Estadísticas sobre la Mujer”.

    El interés de esta sección es mostrar la situación que guardan las cifras sobre las mujeres en Chiapas en diferentes aspectos de su vida económica y social.

    La fuente de información principal es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de censos y encuestas y del PNUD en el aspecto de desarrollo humano.

    Los apartados que se actualizaron fueron:

  • Percepción de la seguridad

  • Percepción de las autoridades

  • Educación

  • Población

  • Salud

  • Hogares y vivienda

  • Victimización

  • Población indígena

    Fuente: INEGI 10 de marzo de 2021

  • Martes, 9 de marzo de 2021

    Violencia contra la mujer

    Datos y Cifras

  • La violencia contra la mujer -especialmente la ejercida por su pareja y la violencia sexual- constituye un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos de las mujeres.

  • Las estimaciones mundiales publicadas por la OMS indican que alrededor de una de cada tres (35%) mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida.

  • La mayoría de estos casos son violencia infligida por la pareja. En todo el mundo, casi un tercio (30%) de las mujeres que han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de violencia física y/o sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida.

  • La violencia puede afectar negativamente la salud física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres y, en algunos entornos, puede aumentar el riesgo de contraer el VIH.

    Las estimaciones más precisas relativas a la prevalencia de la violencia de pareja y la violencia sexual se derivan de las encuestas poblacionales basadas en los testimonios de las víctimas. En un análisis llevado a cabo en 2013 por la OMS en colaboración con la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y el Consejo de Investigación Médica de Sudáfrica, en el que se utilizaron los datos de más de 80 países, se observó que, en todo el mundo, una de cada tres mujeres (o el 35%) había sido objeto de violencia física o violencia sexual bien dentro o fuera de la pareja.

    Casi un tercio (30%) de todas las mujeres que han tenido una relación ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja. Las estimaciones de prevalencia de la violencia de pareja oscilan entre el 23,2% en los países de ingresos altos y el 24,6% en la región del Pacífico Occidental, al 37% en la región del Mediterráneo Oriental y el 37,7% en la región de Asia Sudoriental.

    El 38% de los feminicidios que se cometen en el mundo son perpetrados por la pareja. Además de la violencia de pareja, el 7% de las mujeres refieren haber sufrido agresiones sexuales por personas distintas de su pareja, si bien los datos a ese respecto son más escasos. Los actos de violencia de pareja y violencia sexual son cometidos en su mayoría por hombres contra mujeres.

    La violencia de pareja (física, sexual y emocional) y la violencia sexual ocasionan graves problemas de salud física, mental, sexual y reproductiva a corto y largo plazo a las mujeres. También afecta a sus hijos y tiene un elevado costo social y económico para la mujer, su familia y la sociedad.

    Repercusión en los niños

  • Los niños que crecen en familias en las que hay violencia pueden sufrir diversos trastornos conductuales y emocionales. Estos trastornos pueden asociarse también a la comisión o el padecimiento de actos de violencia en fases posteriores de su vida.

  • La violencia de pareja también se ha asociado a mayores tasas de mortalidad y morbilidad en los menores de 5 años (por ejemplo, por enfermedades diarreicas o malnutrición).

    Los costos sociales y económicos de este problema son enormes y repercuten en toda la sociedad. Las mujeres pueden llegar a encontrarse aisladas e incapacitadas para trabajar, perder su sueldo, dejar de participar en actividades cotidianas y ver menguadas sus fuerzas para cuidar de sí mismas y de sus hijos.

    Cada vez hay más estudios bien concebidos sobre la eficacia de los programas de prevención y respuesta. Se necesitan más recursos que refuercen la prevención y la respuesta frente a la violencia de pareja y la violencia sexual, en particular en el ámbito de la prevención primaria, a fin de impedir que llegue a producirse.

    Existen datos procedentes de los países de ingresos altos que indican que las intervenciones de sensibilización y la prestación de orientación psicológica para mejorar el acceso a los servicios dirigidos a las víctimas de violencia de pareja son eficaces a la hora de reducir dicha violencia. Los programas de visitas domiciliarias en que participan los servicios periféricos de salud por medio de profesionales de enfermería capacitados también parecen prometedores a efectos de reducir la violencia de pareja. No obstante, aún han de evaluarse para poder ser utilizados en entornos con pocos recursos.

    Entre las estrategias de prevención que podrían dar buenos resultados en entornos de bajos recursos cabe citar las siguientes: aquellas que permiten que la mujer se emancipe económica y socialmente mediante una combinación de microfinanciación y formación en materia de igualdad de género; las que fomentan la comunicación y las relaciones interpersonales dentro de la pareja y la comunidad; las que reducen el acceso al alcohol y su uso nocivo; las que transforman las normas sociales y de género nocivas, mediante la movilización de la comunidad y la educación grupal y participativa de mujeres y hombres con el fin de provocar una reflexión crítica sobre las relaciones de género y de poder desiguales.

    Fuente: OIT 09 de marzo de 2021

  • Jueves, 4 de marzo de 2021

     

    Chiapas. Victimización y Percepción
    sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020

    La Secretaría de Hacienda, en el marco del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica a través de la Dirección de Información Geográfica y Estadística pone a su disposición el Informe para Chiapas sobre la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Publica (ENVIPE) 2020, publicada por el INEGI.

    La ENVIPE se enfoca en proporcionar información relevante para diseño e implementación de políticas públicas en materias de seguridad.

    En 2019 la tasa de prevalencia delictiva, la cual señala el número de víctimas del delito, presentó una disminución de 3,700 víctimas por cada 100 mil habitantes respecto a 2018, dicho valor representó 23.2% menos.

    En 2019 la tasa de prevalencia delictiva a nivel nacional fue de 24,849 víctimas por cada 100 mil habitantes, en tanto que en Chiapas fue de 12,258 ocupando el primer lugar nacional con la tasa más baja. Las tasas más altas se registraron en dos de las entidades del centro del país: el Estado de México y la Ciudad de México.

    En Chiapas la tasa de prevalencia fue menor en los hombres con 12,142 víctimas mientras que en las mujeres fue de 12,363 víctimas por cada 100 mil habitantes. El área metropolitana de Tuxtla Gutiérrez registró una tasa de 27,261 víctimas por cada 100 mil habitantes

    En Chiapas, para el año 2019 la tasa de incidencia delictiva, la cual señala el número de delitos, presentó un descenso de 5,507 delitos por cada 100 mil habitantes, equivalente a 28.4% menos respecto al año 2018.

    En 2019 la tasa de incidencia delictiva nacional fue de 33,659 delitos por cada 100 mil habitantes, en tanto que en Chiapas fue de 13,903 ocupando el primer lugar nacional con la tasa más baja seguido de Yucatán y Nayarit.

    En Chiapas, el total de víctimas pasó de 537,994 en el año 2018 a 436,185 en el 2019, esto significó una disminución en términos absolutos de 101,809 víctimas, cifra representa un decremento de 18.9 %.

    En 2019 a nivel nacional 42.9% de los delitos cometidos donde la víctima estuvo presente pudo identificar la portación de algún tipo de arma por parte del victimario. Esta proporción en Chiapas fue de 29.9%, es decir 13 puntos porcentuales menos que el
    valor nacional.

    En 2019 a nivel nacional 71.4% de los delitos fueron cometidos con armas de fuego, Chiapas (31.6%) es el cuarto estado con el menor porcentaje de delitos cometidos con esta característica.

    En 2019 a nivel nacional se registró que en 24.1% de los delitos, la víctima pudo percibir que los delincuentes se encontraban bajo efectos de alcohol o drogas, el valor registrado en el estado de Chiapas fue de 30.1%, mientras que Nayarit (38.7%) y Guanajuato (38.3%) son las entidades con los valores más altos.

    En 2019, no se denunció 92.4% de los delitos cometidos a nivel nacional, en tanto que en Chiapas esta cifra fue de 90.2%

    Entre las personas de 18 años y más, los temas que generaron mayor preocupación en 2020 en el país fueron la inseguridad (68.2%), el desempleo (36.4%) y la salud con 36.2% de la población.

    En Chiapas los temas de mayor preocupación fueron la inseguridad (54.2%), la pobreza (43.4%), el desempleo (42.4%) y la salud con 41.6%.

    En Chiapas 31.7% de las personas de 18 años y más perciben como segura a la entidad, valor que aumentó 3.18 puntos porcentuales respecto al año anterior.

    En Chiapas la percepción de que la entidad es insegura ha venido en aumento desde 2015 para alcanzar el valor más alto en 2018 con 71.37% de las personas de 18 años y más.

    En el país como en Chiapas, las autoridades a las que se les tiene mucha confianza son la marina, el ejercito y la guardia nacional, seguidas de la policía federal.

    Las autoridades con menor confianza por parte de la población de 18 años y más, son la policía de tránsito, la policía preventiva, el ministerio público, los jueces, la policía ministerial y la policía estatal; tanto a nivel nacional como en el estado de Chiapas.

    Las autoridades a las que se les tiene mucha desconfianza por parte de la población de 18 años y más, son la policía de tránsito, la policía preventiva, policía ministerial o judicial, los jueces, el ministerio público y la policía estatal; tanto a nivel nacional como en el estado de Chiapas.

    En contraparte se encuentran la marina, el ejercito, guardia nacional, la policía federal y la fiscalía.

    Fuente: INEGI 04 de marzo de 2021

    Lunes, 1 de marzo de 2021

    La Secretaría de Hacienda, en el marco del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, a través de  la Dirección de Información Geografía y Estadística informa la actualización de Compendio de Información Geográfica y Estadística de Chiapas (CIGECH):

    En este documento obtendrás un panorama completo del estado con el Compendio de Información Geográfica y Estadística de Chiapas, amplio documento temático que contiene mapas e información sociodemográfica y económica que permite conocer la situación estatal en distintos rubros.

    Para facilitar su consulta los archivos en formato pdf han sido separados por tema para que puedas descargar la información que sea de tu interés.

    Esta información esta disponible para su consulta en el Geoweb , herramienta geográfica para desplegar de manera cartográfica la distribución espacial de la información estatal.

    Fuente: SH 01 de marzo de 2021

    Jueves, 28 de enero de 2021

    México mejora en índice de percepción de corrupción

    El más reciente Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2020, de la organización Transparencia Internacional, indica que México mejoró, durante el año pasado, seis lugares respecto del ranking del 2019, y pasó del sitio 130 al 124 de entre 180 países evaluados.

    Mientras que su evaluación global avanzó dos puntos con relación a un año anterior, ya que su calificación en el Índice de Percepción de Corrupción del 2020 contó con 31 puntos (donde 0 es la evaluación más baja y 100 la mejor evaluación posible). En el 2019, esta cifra se colocó en 29 puntos.

    Lo anterior se traduce en que nuestro país se ha recuperado 14 lugares desde el 2018, año en que México se colocó en la posición número 138 de 180 países; sin embargo, aunque el avance es significativo, no se compara con los datos registrados en el 2015, cuando logró obtener su mejor calificación al posicionarse en el lugar 95 del ranking con 35 puntos.

    Fuente:EL ECONOMISTA 27 de enero de 2021

    Miércoles, 27 de enero de 2021

    Características de las defunciones registradas en México durante enero a agosto de 2020

    Entre enero y agosto de 2020 en México se contabilizaron, mediante los registros administrativos generados a partir de los certificados de defunción suministrados por las oficialías del Registro Civil, los Servicios Médicos Forenses y de los cuadernos estadísticos suministrados por las Agencias del Ministerio Público, un total de 683 823 muertes, es decir, 184 039 más que en el mismo periodo del año inmediato anterior.

    Las entidades federativas que presentan el mayor número de muertes respecto al año anterior son estado de México con 84 185, Ciudad de México con 82 449, Veracruz de Ignacio de la Llave con 50 842 y Jalisco con 40 158.

    Por problemas de salud, las tres principales causas de muerte a nivel nacional son: enfermedades del corazón (141 873, 20.8%), COVID-19 (108 658, 15.9%) y diabetes mellitus (99 733, 14.6%).

    Fuente: INEGI 27 de enero de 2021

    Miércoles, 27 de enero de 2021

    Resultados del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal (CNSPEF) 2020

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal (CNSPEF) 2020, programa estadístico que ofrece información relevante sobre la gestión y desempeño del Sistema Penitenciario Federal (centros penitenciarios federales), específicamente en las funciones de gobierno y sistema penitenciario, con la finalidad de que esta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

    Entre los datos que aporta este Censo, se encuentra que:

    -Al cierre de 2019, se reportaron 19 centros penitenciarios en operación que se concentraron en 16 entidades del país. El total de ellos se clasificó como de seguridad máxima.

    -En cuanto a la capacidad instalada al cierre de 2019, se reportaron 33 024 camas útiles (capacidad instalada) para la población con sentencia y sin sentencia.

    -Del total de personal adscrito a los centros penitenciarios federales, al cierre de 2019, 46.0% fueron hombres y 54.0% eran mujeres. Del total de personal, 60.9% percibió ingresos brutos mensuales de más de 15 000 hasta 20 000 pesos.

    -Durante 2019 se ejercieron en total 21 470 292 754 pesos, lo que representó un aumento de 43.6% con respecto a 2018. A nivel nacional, 677 809 562.1 pesos de destinaron para la adquisición y mantenimiento de equipo tecnológico y de seguridad.

    En su versión 2020, los resultados del CNSPEF integran información correspondiente a 2019, la cual se presenta mediante cuadros estadísticos organizados en los siguientes apartados: Estructura organizacional y recursos y Ejercicio de la función de los centros penitenciarios federales.

    Fuente: INEGI 27 de enero de 2021

    Miércoles, 27 de enero de 2021

    Resultados del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal (CNPJF) 2020

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal (CNPJF) 2020, que ofrece información relevante sobre la gestión y desempeño de la Fiscalía General de la República, específicamente en las funciones de gobierno, procuración de justicia y mecanismos alternativos de solución de controversias, con la finalidad de que esta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

    Entre los datos que aporta este Censo, se encuentra que:

    Al cierre de 2019, la FGR contó con 20 904 servidoras y servidores públicos. Los hombres representaron 57.2% y las mujeres, 42.8 por ciento.

    -En el mismo periodo, la FGR contó con 189 fiscalías, la mayoría de ellas, 63.5% eran subsedes, las sedes representaron 20.6%, las fiscalías especializadas 12.2% y el resto, 3.7%, fueron de otro tipo.

    -Al cierre de 2019 las fiscalías contaron con 11 855 servidoras y servidores públicos, de los cuales 57.0% fueron hombres y 43.0% mujeres. Del total, 24.7% se desempeñó como fiscales, 22.6% era personal administrativo y de apoyo, y 22.5% fueron policías ministeriales.

    -En 2019 se iniciaron y/o abrieron 98 396 averiguaciones previas y/o carpetas de investigación. Asimismo, se realizaron 192 536 determinaciones y/o conclusiones, en las averiguaciones previas y carpetas de investigación en etapa de investigación inicial. En tanto que, al cierre de 2019, se reportaron 55 513 procedimientos pendientes de concluir en las averiguaciones previas y/o carpetas de investigación.

    -En 2019, se registraron 98 396 delitos en las averiguaciones previas iniciadas y/o carpetas de investigación abiertas, 98 285 en el Sistema Penal y 111 en el Sistema Tradicional. De acuerdo con el tipo de delito, se reportó que robo fue el más frecuente con 17.0 %, seguido de delitos en materia de armas y explosivos con 15.0%, y delitos en materia de hidrocarburos con 10.6 por ciento.

    En su versión 2020, los resultados del CNPJF integra información correspondiente a 2019, la cual se presenta mediante cuadros estadísticos organizados en los siguientes apartados: Estructura organizacional y recursos; Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales; Control interno y anticorrupción; Servicios periciales; Administración de archivos y gestión documental; Procuración de justicia federal; y, Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.

     

    Fuente: INEGI 27 de enero de 2021

    Martes, 26 de enero de 2021

    Datos preliminares revelan que de enero a junio de 2020 se registraron 17 123 homicidios

    Las estadísticas revelan que en el primer semestre de 2020 se registraron 17 123 homicidios en México. Es decir, una razón de 13 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa que es menor a la registrada en 2019 para el mismo periodo. Con la finalidad de facilitar su comparación con la información de años anteriores se agrega la serie histórica de la estadística definitiva de presuntos homicidios de 1990 a 2019.

    Estas cifras se derivan de la estadística de defunciones registradas, a partir de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas, los cuales son generados por las entidades federativas y que son recopilados mensualmente por el INEGI. Las fuentes informantes que tuvieron al menos un registro de homicidio corresponden a 201 Oficialías del Registro Civil, a 100 Servicios Médicos Forenses y a 168 Agencias del Ministerio Público.

    Los homicidios forman parte de las defunciones accidentales y violentas, cuya clasificación se determina con base en las afecciones y lesiones (causas), la presunción del tipo de defunción y el motivo de la lesión, registrados por el médico certificante en el certificado de defunción. Las primeras dos son fundamentales para distinguir entre un presunto homicidio, un presunto accidente o un presunto suicidio, aunque en algunos casos el certificante carece de elementos suficientes para identificar la intencionalidad del hecho ocurrido.

    Fuente: INEGI 26 de enero de 2021

    Miércoles, 16 de diciembre de 2020

    América Latina y el Caribe tendrá crecimiento positivo en 2021

  • En su Balance Preliminar de las Economías de la región, la CEPAL prevé una contracción promedio de -7,7% para 2020 -la mayor en 120 años- y un rebote de 3,7% en 2021.

    La región de América Latina y el Caribe marcará una contracción de -7,7% en 2020, pero tendrá una tasa de crecimiento positiva de 3,7% en 2021, debido principalmente a un rebote estadístico que, sin embargo, no alcanzará para recuperar los niveles de actividad económica pre-pandemia del coronavirus (en 2019), indicó la CEPAL en un nuevo informe.

    La CEPAL dio a conocer su Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2020, uno de los principales reportes anuales del organismo de las Naciones Unidas.

    Según el documento de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en un contexto de contracción global, América Latina y el Caribe es la región más golpeada del mundo en desarrollo por la crisis derivada del COVID-19. En la década previa a la pandemia la región mostraba una trayectoria de bajo crecimiento y en 2020 enfrenta una combinación de choques negativos de oferta y demanda sin precedentes, lo que se traduce en la peor crisis económica de los últimos 120 años.

    Si bien los importantes esfuerzos fiscales y monetarios realizados por los países han permitido mitigar los efectos de la crisis, las consecuencias económicas y sociales de la pandemia han sido exacerbadas por los problemas estructurales que la región arrastra históricamente. Para el año 2021 se espera una tasa de crecimiento del PIB positiva que refleja fundamentalmente un rebote estadístico, pero la recuperación del nivel de producto interno bruto (PIB) pre crisis será lenta y se alcanzaría recién hacia el año 2024.

    Las debilidades y brechas estructurales históricas de la región, su limitado espacio fiscal, la desigualdad, la escasa cobertura y acceso a la protección social, la elevada informalidad laboral, la heterogeneidad productiva y la baja productividad son centrales para entender el alcance de los efectos de la pandemia en las economías de la región, sus dificultades para implementar políticas que mitiguen estos efectos y los desafíos a la hora de emprender una reactivación económica sostenible e inclusiva.

    Antes de la pandemia la región ya mostraba un bajo crecimiento económico: en promedio un 0,3% en el sexenio 2014-2019, y específicamente en 2019 una tasa de 0,1%. Con la llegada de la pandemia, se sumaron a ese bajo crecimiento económico los choques externos negativos y la necesidad de implementar políticas de confinamiento, distanciamiento físico y cierre de actividades productivas, lo que hizo que la emergencia sanitaria se materializara en la peor crisis económica, social y productiva que ha vivido la región. La contracción de la actividad económica ha venido acompañada de un aumento significativo de la tasa de desocupación, que se prevé en torno al 10,7% en 2020, una profunda caída de la participación laboral y un incremento considerable de la pobreza y la desigualdad.

    De acuerdo con las proyecciones entregadas por el organismo de las Naciones Unidas, América del Sur se contraería -7,3% en 2020 y crecería 3,7% en 2021; América Central caería -6,5% en el presente período y se expandiría 3,8% el próximo año; mientras que El Caribe anotaría una contracción de -7,9% en 2020 y un crecimiento de 4,2% en 2021.

    El documento de la CEPAL enfatiza que para evitar que la región persista en su dinámica de bajo crecimiento se requiere de políticas fiscales y monetarias expansivas junto con políticas ambientales e industriales, que permitan las transformaciones estructurales que la región necesita y promuevan un desarrollo sostenible.

    Plantea la necesidad de priorizar el gasto para la reactivación y transformación económica y social mediante el fomento de la inversión intensiva en empleo y ambientalmente sostenible en sectores estratégicos; extender el ingreso básico a personas en situación de pobreza; otorgar financiamiento a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES); entregar incentivos al desarrollo productivo, revolución digital para la sostenibilidad y tecnologías limpias; y universalizar los sistemas de protección social.

    Se argumenta que más allá de los esfuerzos nacionales, la reactivación y la transformación económica de la región requerirán de financiamiento y cooperación internacional. En este ámbito, enfatiza la necesidad de utilizar instrumentos como la emisión y reasignación de los Derechos Especiales de Giro (DEGs) del Fondo Monetario Internacional para fortalecer las reservas de los países de la región y los acuerdos regionales; incluir a los países de renta media vulnerables en la iniciativa de moratoria de deuda del G-20 (DSSI, por sus siglas en inglés) y además poner en práctica el canje de deuda por adaptación al cambio climático en el caso del Caribe junto con la creación de un fondo de resiliencia; y capitalizar las instituciones de crédito multilaterales, regionales y nacionales.

     

    Fuente: CEPAL 16 de diciembre de 2020

     

  • Martes, 15 de diciembre de 2020

    Aumento del riesgo de violencia en el hogar contra
    niñas, niños y adolescentes en tiempos de COVID-19

  • El documento elaborado en conjunto por CEPAL, UNICEF y la Oficina de la Representante Especial del Secretario General sobre Violencia contra los Niños recomienda acciones concretas para abordar la violencia contra niñas, niños y adolescentes en el marco de la respuesta a la crisis del COVID-19.

    El documento Violencia contra niños, niñas y adolescentes en tiempos de COVID-19 alerta que estimaciones recientes calculan una prevalencia del 55% de agresión física y 48% de agresión psicológica en la crianza en América Latina y el Caribe.

    Asimismo, agrega que, en el marco de la contención de la pandemia, se han reducido factores de protección y se han exacerbado los riesgos de violencia. De un lado, se constata una menor capacidad de detección de incidentes de violencia debido al aislamiento físico y al cierre de actividades presenciales en instituciones educativas y centros de primera infancia, la reducción en la oferta social de los Estados y la crisis económica que ha impactado el nivel de ingresos en los hogares.

    A lo anterior se suma la cobertura limitada de acceso a internet y la brecha generacional en conocimientos sobre entorno digital en los adultos, que limita la labor de adecuado monitoreo y acompañamiento a niñas y niños que hoy pasan más tiempo en línea.

    De igual forma, el informe advierte que los factores de riesgo para que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de violencia en el hogar se han exacerbado. Entre estos, se resalta el incremento en los reportes de violencia contra la mujer (que tiene una estrecha relación con violencia perpetrada contra niñas, niños y adolescentes), el aumento en el estrés y la ansiedad, el impacto económico en la niñez y adolescencia, el incremento de la actividad en línea tanto de niñas, niños y adolescentes, como de los perpetradores de violencia sexual.

    Para abordar la violencia contra niñas, niños y adolescentes en el marco de la respuesta a la crisis del COVID-19, el documento propone recomendaciones adicionales a las políticas, programas y acciones con que se contaba antes de la crisis:

    1.- Poner a la niñez en el centro de las políticas y planes para la recuperación económica de los países para revertir el incremento de la pobreza y erradicar inequidades históricas que perpetúan desafíos estructurales como la violencia basada en el género y la violencia contra niños, niñas y adolescentes, al mismo tiempo, que se reconstruye la confianza en las instituciones democráticas.

    2.- Optimizar recursos mediante la convergencia de servicios que, entre otras, permita atender de forma coordinada los casos de violencia contra las mujeres y contra las niñas, niños y adolescentes; que amplíe el número de perceptores de oferta pública de servicios; que brinde atención específica y diferencial a las poblaciones que ya estaban en vulnerabilidad, y que promuevan la economía del cuidado atendiendo el equilibrio en la distribución de roles y tareas.

    3.- Brindar atención para la salud mental y apoyo psicosocial en forma universal y gratuita para prevenir y atender trastornos de salud mental como depresión, ansiedad, tendencias suicidas y estrés en padres, madres y cuidadores, y en los propios niños, niñas y adolescentes, y a su vez promover prácticas asertivas de crianza y comunicación en el hogar.

    4.- Asegurar el acceso universal a internet de todos los niños, niñas y adolescentes en áreas no cubiertas, así como la difusión de dispositivos electrónicos a las niñas, niños y adolescentes para asegurar su educación continua.

    5.- Proteger a la niñez frente a la violencia en línea, difundiendo mensajes sobre el comportamiento seguro y responsable en línea y adoptando medidas concretas para combatir adecuadamente la violencia en internet.

    6.- Garantizar la protección social universal para las familias incluyendo estímulos en efectivo, cobertura universal de salud y reconociendo la protección de la infancia, la salud mental y la educación como servicios esenciales y parte de una respuesta intersectorial basada en derechos.

    7.- Asignar una inversión sostenida en la infancia y fortalecer los servicios para el bienestar y la protección de la niñez frente a todas las formas de violencia.

    8.- Promover políticas laborales orientadas a apoyar la parentalidad positiva y basada en el género.

    9.- Involucrar a las niñas, niños y adolescentes en la construcción de soluciones y oportunidades en el ámbito comunitario, local, regional y nacional.

     

    Fuente: CEPAL 15 de diciembre de 2020

     

  • Jueves, 10 de diciembre de 2020

    Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2020

  • Durante 2019 ocurrieron 3.9 millones de delitos asociados a 1.5 millones de unidades económicas víctima.

  • La extorsión y el robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes fueron los delitos con mayor incidencia.

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2020. El objetivo de esta encuesta es generar información estadística que permita realizar estimaciones con cobertura nacional sobre la prevalencia delictiva en unidades económicas.

    La Encuesta permite hacer estimaciones sobre la victimización de los delitos más representativos del fuero común ocurridos durante 2019 en las unidades económicas del sector privado. Delitos como narcotráfico, delincuencia organizada y lavado de dinero, no son susceptibles de medirse en una encuesta de victimización.

    Principales Resultados

    Se estima que 30.5% de las unidades económicas del país fue víctima de algún delito durante 2019; para 2017 esta cifra fue de 33.7 por ciento.

    Se estima que, durante 2019, 34.2% de las unidades económicas del sector Comercio fue víctima de algún delito, 25.4% del sector Industria y 27.8% del sector Servicios.

    Durante 2019, 51.5% de las unidades económicas grandes fue víctima de algún delito, 56.4% de las medianas, 48.3% de las pequeñas y 29.6% de las micro.

    En 2019 ocurrieron 3.9 millones de delitos; el delito con mayor incidencia fue la extorsión, seguido del robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes.

    El costo promedio del delito por unidad económica en 2019 fue de 85,329 pesos, mientras que en 2017 fue de 66,031 pesos. En las unidades económicas grandes el costo promedio pasó de 1.9 a 1.5 millones de pesos entre 2017 y 2019; de igual forma, en las unidades económicas medianas pasó de 725 mil a 545 mil pesos; mientras que en unidades económicas pequeñas pasó de 241 mil a 279 mil pesos.

    La cifra negra de los delitos ocurridos durante 2019 al sector privado asciende a 92%, en los cuales no hubo denuncia, o bien, no se inició una carpeta de investigación. Esta cifra resulta ser estadísticamente superior al 86.6% estimado para 2017. La cifra negra ha aumentado en las unidades económicas comerciales al pasar de 83.7% a 91% de 2017 a 2019, así como en las grandes, en donde pasó de 56.9% a 68.3 por ciento.

    A nivel nacional, 60.4% de las unidades económicas considera a la inseguridad y delincuencia como el problema más importante que les afecta, seguido del bajo poder adquisitivo de la población con 37.8%, y la falta de apoyos del gobierno con 36.1 por ciento.

    75.5% de las Unidades Económicas refiere que la entidad federativa en la que operan es insegura, cifra estadísticamente inferior al 78.9% estimado para 2018.

    85% de las unidades económicas manifiesta que la Marina desempeña un trabajo muy efectivo o algo efectivo, seguida del Ejército con 83 por ciento. En contraste, esta cifra llega a 36.4% para la Policía de Tránsito, mientras que para la Policía Preventiva Municipal se ubica en 39.8 por ciento.

    Fuente: INEGI 10 de diciembre de 2020

  • Jueves, 10 de diciembre de 2020

    Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
    sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2020

  • Se estima en 22.3 millones el número de víctimas de 18 años y más en el país durante 2019

  • El 29.2% de los hogares del país contó con al menos un integrante víctima del delito

  • En 92.4% de los delitos no hubo denuncia, o bien, la autoridad no inició una Carpeta de Investigación

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2020.

    El propósito de esta encuesta es generar información a nivel nacional, por entidad federativa y áreas metropolitanas de interés sobre el fenómeno de la victimización delictiva durante 2019, así como la percepción social respecto de la seguridad pública y el desempeño de las autoridades en el periodo de marzo de 2020, para proveer información a la sociedad y a quienes toman decisiones de política pública en estas materias.

    La ENVIPE permite hacer estimaciones estadísticas sobre la victimización que afecta de manera directa a las personas y a los hogares en los delitos de robo total de vehículo, robo parcial de vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en calle o transporte público.

    Principales resultados de la ENVIPE 2020

    La ENVIPE estima 22.3 millones1 de víctimas2 de 18 años y más, lo cual representa una tasa de prevalencia delictiva de 24,849 víctimas por cada cien mil habitantes durante 2019, cifra estadísticamente inferior a la estimada en 2018.

    La tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en 2019 fue de 33,659, cifra estadísticamente menor a la estimada en 2018 que fue de 37,807.

    En 2019, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 282.1 mil millones de pesos, es decir, 1.53% del PIB. Lo anterior equivale a un promedio de 6,931 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.

    La ENVIPE 2020 estima que los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son por circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia como pérdida de tiempo con 36.3% y la desconfianza en la autoridad con 15 por ciento.

    La percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en las entidades federativas en marzo de 2020, se ubicó en 78.6%. Asimismo, la sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos a las personas en marzo de 2020 fue de 70.3% y 48.7% de la población de 18 años y más que se siente insegura en su municipio o demarcación territorial y en su colonia o localidad, respectivamente.

    La ENVIPE 2020 y la contingencia sanitaria

    Debido a la contingencia sanitaria generada a causa de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), en atención a las disposiciones de las autoridades federales y locales, y a la determinación del INEGI de priorizar la salud de los entrevistadores y de la población informante, la etapa de captación de la ENVIPE 2020 prevista para los meses de marzo y abril de 2020 fue suspendida el 31 de marzo y se reanudó el 27 de julio.

    Por lo anterior, la captación de información se realizó en dos periodos: del 17 al 31 de marzo y del 27 de julio al 04 de septiembre. En las ediciones anteriores de la ENVIPE el levantamiento de información se realizó sólo en los meses de marzo y abril.

    Por esta circunstancia, los resultados relacionados con las experiencias de la población relativos a delitos podrían presentar algún grado de subestimación tanto en víctimas como en incidencia delictiva. Esto, por la falta de recordación por parte de los informantes relacionada con los actos delictivos experimentados durante 2019.

    Documentación

    Los productos y documentos derivados de la ENVIPE 2020 que el INEGI pone a disposición de los usuarios son los siguientes: Tabulados con los principales resultados, Tabulados de medidas de precisión (errores estándar, coeficientes de variación e intervalos de confianza), Bases de datos, Estructura de la base de datos, Marco conceptual, Cuestionario principal y Módulo de victimización, Diseño muestral e Informe operativo.

    Como parte de los resultados de la ENVIPE, el INEGI pone a disposición de sus usuarios 700 tabulados con los principales resultados de información de la Encuesta, los cuales se clasifican en los siguientes temas: 1) Nivel de victimización y delincuencia; 2) Caracterización del delincuente; 3) Denuncia del delito; 4) Características de las víctimas de delito, los delitos y los daños; 5) Percepción sobre la seguridad pública; 6) Desempeño institucional; 7) Caracterización del delito en los hogares; 8) Información en ciudades y/o áreas metropolitanas, e 9) Información Ciudad de México.

    Fuente: INEGI 10 de diciembre de 2020

  • Miércoles, 25 de noviembre de 2020

    Basta de violencia contra la mujer, dice la ONU
    en la jornada internacional contra ese flagelo

  • Liderados por el ente dedicado a las mujeres, el sistema de las Naciones Unidas pugna por poner fin a la violencia de género de una vez por todas y afirma que esto puede lograrse con voluntad. En el contexto de la pandemia de COVID-19, la violencia contra las mujeres es “una pandemia a la sombra de otra”, alerta la ONU.

    Una de cada tres mujeres en el mundo sufre violencia sexual o física, la mayor parte de las veces a manos de su pareja. Aún así, sólo dos de cada tres países han prohibido la violencia doméstica, en 37 no se juzga a los violadores si están casados o si se casan posteriormente con la víctima y en otros 49 no existe una legislación que proteja a las mujeres de ese lastre.

    Desde que surgió el brote de COVID-19, los nuevos datos e informes de los trabajadores de primera línea revelan que la violencia contra las mujeres y las niñas se ha agudizado, sobre todo cuando ocurre en el hogar.

    En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU Mujeres, destacó la diferencia en la respuesta que las sociedades y los servicios públicos dan a las personas que contraen una enfermedad que podría ser mortal y a las que piden ayuda porque sus parejas amenazan su salud o su vida.

    Según los datos de ONU Mujeres, sólo el año pasado, 243 millones de mujeres y niñas sufrieron violencia sexual o física por parte de sus parejas. Este año, las denuncias de violencia contra mujeres y niñas en el ámbito privado, el ciberacoso, los matrimonios infantiles y el acoso y la violencia sexuales han aumentado.

    “Las mujeres deben gozar de pleno acceso a la justicia, procedimientos judiciales confiables y prevención efectiva de los delitos”, recalcó, añadiendo que menos del 40% de las mujeres víctimas de delitos violentos denuncian estas agresiones por desconfianza en la respuesta que obtendrán del sistema.

    Mlambo-Ngcuka afirmó que el cambio debe empezar en las facultades de Derecho y las academias de policía, enseñándole a sus estudiantes a reconocer e intervenir en casos de maltrato. “Implica erradicar la impunidad, con marcos jurídicos y políticos sólidos y con datos para registrar los avances y exigir cuentas de la sociedad y de las autoridades”, apuntó.

    “La economía de la violencia es simple y devastadora. Nadie sale ganando. Todas las personas perdemos. Debemos revertir esta situación”, enfatizó la directora ejecutiva y sostuvo que esto se puede lograr con voluntad.

    Hace 20 años, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución en la que designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre este flagelo y de impulsar medidas para ponerle fin.

    Hasta la fecha, sólo dos de cada tres países han prohibido la violencia doméstica, mientras que en 37 Estados todavía no se juzga a los violadores si están casados o si se casan posteriormente con la víctima. Además, en otros 49 Estados no existe aún una legislación que proteja a las mujeres de la violencia doméstica.

    Para amplificar su llamado a acabar con la violencia contra las mujeres, el Día Internacional marca el principio de la campaña anual 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que termina el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

    Fuente: ONU 25 de noviembre de 2020

  • Miércoles, 25 de noviembre de 2020

    Preocupa la persistencia de la violencia contra las mujeres y niñas
    en la región y su máxima expresión, el feminicidio o femicidio

  • La estrategia para enfrentar de forma urgente esta verdadera “pandemia en la sombra” debe basarse en cuatro pilares: financiamiento, prevención, respuesta y recopilación de datos.

    La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) manifestó hoy su preocupación por la persistencia de la violencia por razones de género contra las mujeres y las niñas de la región y por las altas tasas de feminicidio observadas. Según los últimos datos oficiales reportados al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Comisión, en 2019 se registraron 4.640 casos de feminicidio en 24 países, 18 latinoamericanos y 6 caribeños.

    La situación de las mujeres y las niñas se ha visto agravada durante el confinamiento y las restricciones de movilidad dispuestas por los países frente al COVID-19, que limitaron su acceso a redes de apoyo y servicios de atención, plantea la CEPAL en un documento publicado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, y que da inicio a 16 días de activismo hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

    “La violencia de género ocurre de forma sistemática en nuestra región. No conoce fronteras, afecta a mujeres y niñas de todas las edades y sucede en todos los espacios: en los lugares de trabajo, en el marco de la participación política y comunitaria, en el transporte y en la calle, en la escuela y en los centros educativos, en el ciberespacio y, sin duda, en los propios hogares. Es lo que en el sistema de las Naciones Unidas hemos llamado una ‘pandemia en la sombra’”, señaló la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

    De acuerdo con encuestas nacionales de seis países de la región, entre el 60% y el 76% de las mujeres (alrededor de 2 de cada 3) ha sido víctima de violencia por razones de género en distintos ámbitos de su vida. Además, en promedio 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima o vive violencia física, psicológica y/o sexual, por un perpetrador que era o es su pareja, lo que conlleva el riesgo de la violencia letal: el feminicidio o femicidio.

    Los gobiernos de la región han informado al Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe de la CEPAL más de 90 medidas para enfrentar la violencia contra las mujeres en este período. Se destaca la respuesta de países donde la totalidad o parte de los servicios de atención a este flagelo fueron declarados esenciales. Sin embargo, la adaptación a modalidades remotas ha sido muy compleja y limita el acceso a la justicia, lo que aumenta el riesgo de impunidad que afecta a estos delitos, alerta la CEPAL.

    El documento señala que “la gran cantidad de denuncias en líneas remotas y de forma presencial exige fortalecer la acción pública con aumento de recursos fiscales y medidas que garanticen la atención integral en servicios sociales y acceso a la justicia a través de canales activos y expeditos”.

    “Para superar la violencia por razones de género contra las mujeres y las niñas se requiere de políticas que aborden los nudos estructurales de la desigualdad, principalmente los derivados de los patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos”, dice la CEPAL. “Urge avanzar en forma integral y acelerada en la garantía de los derechos y la autonomía de las mujeres en sus dimensiones económica, física y en la toma de decisiones”.

     

    Fuente: CEPAL 24 de noviembre de 2020

     

  • Miércoles, 25 de noviembre de 2020

    ONU México: Poner fin a la violencia contra
    las mujeres y las niñas no está en pausa

  • El Sistema de las Naciones Unidas se une a sobrevivientes, activistas, defensoras de derechos humanos, responsables de la toma de decisiones y a toda la sociedad para destacar la necesidad de financiación, de servicios esenciales, de prevención y de generación de datos que propicien acciones efectivas para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, y para avanzar en la igualdad sustantiva.

    La violencia contra las mujeres y las niñas es una pandemia que no hemos logrado erradicar y que afecta a todos los países del mundo. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y de la campaña Únete, la Organización de las Naciones Unidas convoca a la sociedad en su conjunto a hacer frente a otra pandemia: la violencia contra las mujeres y las niñas, la cual ha generado que en México 7 de cada 10 mujeres hayan enfrentado algún tipo de violencia.

    Las emergencias humanitarias, los desastres, las crisis económicas y las pandemias generan, para las mujeres y las niñas, mayores riesgos de padecer violencia. La pandemia de COVID-19 no es una excepción; esta es mucho más que una crisis sanitaria, se trata de una crisis global que podría revertir décadas de progreso en los derechos y la igualdad de género.

    La pandemia afecta desproporcionadamente a las mujeres y las niñas. Mientras que los hombres sufren tasas de mortalidad más altas, las mujeres se ven especialmente afectadas por las consecuencias económicas, sociales, y la violencia de género, es decir, sufren una violencia estructural que las afecta tanto en espacios privados como públicos, lo cual vulnera la garantía de sus derechos humanos.

    Por ello, bajo el lema: Pinta el mundo de naranja: ¡Financiar, responder, prevenir y recopilar!, este año la campaña ÚNETE pone énfasis en la importancia de los gobiernos y el trabajo en conjunto con el Sistema de Naciones Unidas, sociedad civil y el sector privado para generar una estrategia de compromiso político a fin de acelerar respuestas concretas en los cuatro ejes de la campaña: financiarun paquete mínimo de servicios esenciales; responder adecuadamente a las sobrevivientes para garantizar su acceso a los servicios esenciales; prevenir la violencia y modificar las normas sociales que le dan origen y la normalizan; y recopilar datos e información para construir políticas que prevengan, atiendan y sancionen la violencia estructural que viven millones de mujeres y niñas, además de la adopción de medidas en pro de la reparación, la verdad y la memoria de las mujeres víctimas de la violencia.

    Para seguir respondiendo a esta situación de urgencia, a petición del Secretario General de la ONU, el Sistema de las Naciones Unidas ha diseñado una estrategia con cuatro ejes de compromisos a fin de acelerar una respuesta de políticas públicas concretas respecto de la violencia de género en el contexto de COVID-19 y promover la política de cero tolerancia hacia la violencia en todas las esferas de la sociedad:

    1. Financiar: dar prioridad al financiamiento de un paquete de servicios esenciales que incluyan la prevención de violencia de género. Y asegurar un financiamiento flexible a las organizaciones de sociedad civil de los derechos de las mujeres que trabajan en el nexo entre COVID-19 y la violencia de género.

    2. Prevenir: declarar una política nacional de cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres y las niñas con un plan de acción concreto.

    3. Responder: poner especial atención sobre las víctimas y sobrevivientes, a través del paquete de servicios esenciales que incluyan el acceso a la procuración e impartición de justicia, así como a servicios sociales y de salud.

    4. Recopilar: datos del incremento en los diversos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, incluido el ámbito digital, con el fin de generar una política que prevenga y atienda la violencia en circunstancias específicas de confinamiento.

    El hecho de que la violencia esté tan presente, no quiere decir que sea normal ni mucho menos aceptable; a pesar de toda la devastación que ha causado, la crisis del COVID-19 también representa una oportunidad generacional para construir economías y sociedades más inclusivas, pacíficas y libres del flagelo de la violencia. Necesitamos crear una “paz feminista” que escuche la voz de todos y todas, con todos los grupos incluidos de manera plena y significativa en las decisiones que afectan sus vidas. Esto debe incluir escuchar las voces de mujeres y niñas que marchan en contra la violencia y en defensa de sus derechos, garantizando que puedan ejercer el derecho de manifestación de forma segura.

    El Foro Generación Igualdad, convocado por ONU Mujeres y copresidido por Francia y México en el 2021, representa también la oportunidad de abordar el papel clave que desempeñan las mujeres y generar estrategias para revertir esta crisis. De ahí la importancia de la contribución en la respuesta y recuperación de COVID-19 por parte de todos los gobiernos del mundo para reforzar los mecanismos de accesos a servicios y políticas de prevención y eliminación de todos los tipos de violencia.

    Las Agencias de Naciones Unidas hacemos una invitación para que, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, durante los 16 días de activismo, las instituciones de gobierno, la sociedad civil, las universidades, el sector privado, medios de comunicación, junto con las y los jóvenes se unan a la campaña Únete para prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas con diferentes actividades como: foros públicos, actividades culturales, el uso de prendas de vestir color naranja, declaraciones públicas llamando a poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, y usando los hashtags oficiales #DíaNaranja #16días y #Únete.

    Fuente: ONU MUJERES 25 de noviembre de 2020

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  • Miércoles, 25 de noviembre de 2020

    ONU Mujeres insta a emprender acciones concretas
    para responder a la otra pandemia en la sombra

  • Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Dieciséis Días de Activismo contra la Violencia de Género

    En un momento en que la pandemia de COVID-19 y la cultura dominante de impunidad amenazan los avances logrados en el terreno de la igualdad de género y la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, ONU Mujeres insta a emprender acciones robustas y decididas en respuesta a esta crisis sin precedentes con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el período previo al Foro Generación Igualdad –en el que los agentes mundiales asumirán nuevos y firmes compromisos para erradicar la violencia contra las mujeres–, los Gobiernos, la sociedad civil, la juventud, las y los influencers y el sector privado prestarán sus voces a los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, una campaña de movilización global que arranca hoy y se prolongará hasta el 10 de diciembre. Juntas y juntos exigirán un cambio radical y la construcción de una “nueva normalidad” que ofrezca a todas las mujeres y niñas un futuro sin violencia.

    Incluso antes de la pandemia de COVID-19, la violencia contra las mujeres era una de las violaciones más extendidas de los derechos humanos: casi el 18% de las mujeres y niñas experimentaba violencia física o sexual por parte de una pareja íntima a lo largo de un período de 12 meses. Conforme la pandemia se aceleraba, se observó una alarmante “pandemia en la sombra” de violencia contra las mujeres, con un aumento de las tasas de violencia doméstica, pero también en las calles, en Internet y en diversos entornos. El número de llamadas a las líneas telefónicas de asistencia se quintuplicó en algunos países durante las semanas iniciales de la pandemia, mientras que en otros se redujo por la imposibilidad de las mujeres de buscar ayuda a través de los canales habituales al verse atrapadas en el hogar con sus maltratadores. De acuerdo con las proyecciones, cabe prever que la violencia alcance a 15 millones de mujeres más por cada tres meses que se mantenga el confinamiento.

    Hemos visto al mundo entero responder a la pandemia del coronavirus, trabajando al unísono, realizando grandes inversiones y utilizando protocolos con gran determinación. La violencia contra las mujeres también es una pandemia; de hecho, precede al virus y perdurará cuando este desaparezca.En un momento en que nos enfrentamos a la devastación provocada por la COVID-19, es más importante que nunca que pongamos en común nuestros recursos y asumamos un compromiso conjunto para hacer frente a los grandes desafíos y para poner fin a la violencia contra las mujeres, por el bien de todas y todos”, manifestó Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.

    En respuesta a la petición de “alto al fuego en el hogar” del Secretario General de las Naciones Unidas realizada este mismo año, casi 150 países acordaron incluir la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas como un componente fundamental de sus planes de respuesta a la COVID-19. Muchos de ellos han acompañado este compromiso con un fortalecimiento de los servicios esenciales, como los refugios, las líneas telefónicas de asistencia y otros mecanismos de denuncia. Sin embargo, tan sólo 48 países, menos de la cuarta parte de los 206 analizados en el marco de un reciente estudio, trataron la violencia contra las mujeres y los servicios prestados a las niñas en este ámbito como una parte integral de sus planes nacionales y locales de respuesta a la COVID-19, y muy pocos financiaron adecuadamente estas medidas.

    Con el fin de hacer frente a esta infradotación generalizada de recursos para este problema crucial, ONU Mujeres ha convocado a la Coalición de Acción sobre la violencia de género, una innovadora alianza formada por Gobiernos, la sociedad civil, líderes juveniles, el sector privado y entidades filantrópicas para desarrollar un programa claro de acciones que impulsen la erradicación de la violencia contra las mujeres y movilicen fondos para ello. Dichas acciones e inversiones se anunciarán en el Foro Generación Igualdad que se celebrará en 2021 en México y Francia, junto con las de las otras cinco Coaliciones de Acción del Foro Generación Igualdad.

    La conmemoración oficial del Día Internacional por parte de las Naciones Unidas tendrá lugar por primera vez en formato virtual y brindará a los Estados Miembros una oportunidad para fortalecer y cumplir sus compromisos con la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas.

    Como en años anteriores, edificios y monumentos emblemáticos de todo el mundo –entre ellos, las pirámides y la Esfinge de Guiza, en Egipto; las estatuas moáis de la isla de Pascua, en Chile; el Parlamento de la República de Moldova; las Torres de Kuwait; y el Ayuntamiento de Bruselas, en Bélgica– se iluminarán de naranja para instar a un futuro mejor en el que las mujeres y las niñas puedan vivir sin violencia. En los Países Bajos se iluminarán de naranja más de 200 ayuntamientos para demostrar su solidaridad con las sobrevivientes y apoyar los 16 Días de Activismo.

    Fuente: ONU MUJERES 25 de noviembre de 2020

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  • Miércoles, 25 de noviembre de 2020

    En la mira: 16 Días de activismo contra la violencia de género

    La campaña ÚNETE de aquí al 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres, marca los 16 Días de activismo contra la violencia de género (del 25 de noviembre al 10 de diciembre de 2020) con el tema mundial “Pinta el mundo de naranja: ¡financiar, responder, prevenir, recopilar!”. La campaña Generación Igualdad de las Naciones Unidas amplifica el llamado a la acción mundial para subsanar las brechas de financiación, asegurar servicios esenciales para las sobrevivientes de violencia durante la crisis de la COVID-19, y concentrarse en la prevención y la recopilación de datos que puedan mejorar los servicios para salvar vidas de mujeres y niñas.

    Este año es único. Incluso antes del brote de COVID-19, la violencia contra las mujeres y las niñas había alcanzado proporciones pandémicas. En el último año, 243 millones de mujeres y niñas han sufrido maltrato por parte de sus compañeros sentimentales en todo el mundo. Mientras tanto, menos del 40 por ciento de las mujeres que sufren violencia lo denuncian o solicitan ayuda.

    Asimismo, paralelamente a la implementación de medidas de confinamiento por parte de los países para detener la propagación del coronavirus, la violencia contra las mujeres y niñas, especialmente la violencia en el ámbito privado, en algunos países, las llamadas a las líneas de ayuda se han multiplicado por cinco. En otros, las denuncias formales de violencia doméstica han disminuido por las dificultades de las supervivientes para pedir ayuda y acceder a los servicios de apoyo a través de los canales regulares.

    Sin posibilidad de acudir a la escuela y sin empleo, los cierres de escuelas y las dificultades económicas han empobrecido a las mujeres y las niñas, haciéndolas más vulnerables a la explotación, el maltrato, el matrimonio forzado y el acoso.

    Actualmente, aunque las voces de activistas y sobrevivientes han llegado a un punto en que no pueden ser silenciadas o ignoradas, el fin de la violencia contra las mujeres exigirá más inversión, más liderazgo y más medidas. No es algo que pueda quedar al margen; debe ser parte de la respuesta nacional de todos y cada uno de los países, especialmente durante la crisis actual de la COVID-19.

    Durante los 16 Días de activismo, ONU Mujeres pasa el micrófono a sobrevivientes, activistas y entidades asociadas de las Naciones Unidas sobre el terreno para que expliquen la historia de lo que ocurrió tras el brote de COVID-19.

    Fuente: ONU MUJERES noviembre de 2020

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    Miércoles, 25 de noviembre de 2020

     

     

    La pandemia en la sombra de la COVID-19

  • Recrudece la violencia contra mujeres y niñas

     

    La violencia contra las mujeres y niñas, de por sí uno de los problemas más graves que encaramos, recrudece en cualquier tipo de emergencia. La crisis ocasionada por la COVID-19 no es la excepción.

    Las cifras escapan la imaginación: incluso antes de la COVID-19, en los últimos 12 meses cerca de 243 millones de mujeres habían sido maltratadas por su pareja.

    No solo es casi seguro que ese número esté por debajo de las cifras reales — se calcula que menos del 40% de las mujeres denuncian un incidente de maltrato o buscan ayuda — sino que esa cifra se ha disparado a medida que el costo social, mental y económico del confinamiento se ha ido arraigando con el correr de los meses.

    El repunte está poniendo presión incluso en los mejores sistemas de salud y los refugios contra la violencia doméstica están alcanzando su máxima capacidad. La necesidad de redireccionar recursos normales para atender la pandemia de la COVID-19 ha agudizado los desafíos. El costo, en términos monetarios, se calcula en US$1,5 billones, y esa cifra va en aumento conforme se prolonga la pandemia.

    Los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género del Sistema de las Naciones Unidas se desarrollará entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre, bajo el lema: “Pinta el mundo de naranja: ¡Financiar, responder, prevenir, recopilar!” La campaña señalará el alcance de un problema que con demasiada frecuencia permanece oculto, y sugerirá maneras en las que los gobiernos y las comunidades pueden convertir la acción eficaz en un componente fundamental de sus planes de respuesta ante la COVID-19.

    El PNUD está urgiendo la formulación de políticas que generen un compromiso para financiación a largo plazo que apoye a las sobrevivientes, así como a los sistemas policiales y de justicia. Estamos trabajando con más de 80 países para prevenir la violencia contra mujeres y niñas y responder ante las tasas en ascenso de ese flagelo. Ello incluye asegurar que las necesidades de las sobrevivientes sean atendidas y que las mujeres participen en el proceso de construir un futuro mejor, en el que sus preocupaciones, experiencia y opiniones se incorporen en todos los niveles de respuesta y recuperación frente a la COVID-19.

    En colaboración con ONU Mujeres, el PNUD México está estableciendo plataformas telefónicas y en línea para apoyar a mujeres vulnerables en centros LUNAS, que son espacios seguros donde las mujeres reciben un estipendio mensual y, cuando procede, pueden escapar de sus agresores.

    El PNUD y ONU Mujeres han lanzado el Rastreador Mundial de Respuestas de Género COVID-19. Incluye más de 2.500 medidas en 206 países que abordan directamente la seguridad económica y social de las mujeres, así como medidas para abordar la violencia de género. Hasta el momento los resultados indican que si bien muchos países están priorizando las necesidades de las mujeres en los esfuerzos emprendidos contra la COVID-19, el esfuerzo de muchos países no ha sido suficiente, en tanto que cerca del 20% de los países no está haciendo absolutamente nada al respecto.

    En el informe del PNUD sobre la violencia de género y la COVID-19 se incluyen medidas adicionales que los organismos de las Naciones Unidas, los gobiernos y otros asociados pueden adoptar para prevenir y abordar la violencia de género en el contexto de la COVID-19.

     

     

    Fuente: PNUD 25 de noviembre de 2020

  • Lunes, 23 de noviembre de 2020

    Estadísticas a Propósito del Día Internacional
    de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

  • La generación de información estadística sobre violencia contra la mujer en encuestas especializadas como la ENIDREH, de victimización como la ENSU, así como la que se obtiene de los Censos Nacionales de Gobierno, es una actividad prioritaria para el diseño de políticas públicas para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las mujeres.

  • De acuerdo con los datos, las mujeres con mayor propensión a experimentar violencia por cualquier agresor a lo largo de la vida son aquellas que residen en áreas urbanas (69.3%), de edades entre 25 y 34 años (70.1%), con nivel de escolaridad superior (72.6%) o bien no pertenecen a un hogar indígena (66.8 por ciento).

    En 1999, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró el 25 de noviembre Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer como un llamado a gobiernos, organismos, órganos, fondos y programas del Sistema de las Naciones Unidas, y a otras organizaciones internacionales y no gubernamentales, para llevar a cabo actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública respecto del problema de la violencia contra la mujer.

    Con motivo del Día internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) difunde este comunicado con información estadística sobre la situación de violencia que enfrentan las mujeres en nuestro país con el propósito de dimensionar y contribuir al conocimiento sobre el tema en México, y coadyuvar en el diseño y definición de acciones para prevenir, atender y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres.

    La información se obtiene de tres instrumentos de información clave que genera el INEGI: La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y los registros administrativos de los Censos Nacionales de Gobierno.

    Los resultados de la ENDIREH 2016 indican que 66 de cada 100 mujeres de 15 años o más de edad que viven en el país han sufrido al menos un incidente de violencia de cualquier tipo a lo largo de la vida. El 43.9% de ellas han sufrido violencia por parte de la pareja actual o última a lo largo de su relación mientras que 53.1% ha sufrido al menos un incidente de violencia por parte de otros agresores distintos a la pareja a lo largo de la vida.

    Las mujeres con mayor propensión a experimentar violencia por cualquier agresor a lo largo de la vida son las que residen en áreas urbanas (69.3%), en edades entre 25 y 34 años (70.1%), las que cuentan con nivel de educación superior (72.6%) y las que no pertenecen a un hogar indígena (66.8 por ciento).

    De acuerdo con los resultados de la ENSU tercer trimestre 2020, se estima que entre enero y septiembre de 2020, 9% de los hogares experimentaron alguna situación de violencia familiar.

    Los Censos de Gobierno revelan que, de los presuntos delitos registrados en las averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas, los principales delitos cometidos en contra de las mujeres son los relacionados con el abuso sexual (42.6%) y la violación (37.8 por ciento).

    En cuanto a la oferta institucional para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres, el INEGI genera información que permite dimensionar los servicios. Por ejemplo, para 2020 en México existían 50 Centros de Justicia (CJM) para las Mujeres, distribuidos en 28 entidades federativas. Las entidades que cuentan con el mayor número de instancias son Coahuila (5), México y San Luis Potosí (4) y la Ciudad de México (3). Baja California, Nuevo León, Tamaulipas y Tabasco no cuentan con CJM.

    Fuente: INEGI 23 de noviembre de 2020

  • Lunes, 23 de noviembre de 2020

    G20: cooperación global y acciones políticas
    sólidas necesarias para una recuperación sostenible

    La crisis del COVID-19 ha puesto al descubierto importantes debilidades en nuestras economías que solo pueden solucionarse mediante una mayor cooperación global y una acción política sólida y específica, según un nuevo informe de la OCDE presentado a los líderes de los países del G20 en su cumbre virtual este fin de semana.

    New Horizons , un informe solicitado por el G20 para apoyar su Plan de Acción en respuesta a la crisis, dice que los gobiernos deben planificar ahora la recuperación mientras continúan viviendo con el virus. Las medidas económicas de emergencia para hacer frente a la crisis deberán adaptarse, el apoyo a las personas y las empresas será más específico y se establecerán nuevas políticas para hacer realidad el objetivo de una economía mundial más fuerte, sostenible e inclusiva.

    La OCDE identifica la necesidad de una cooperación más fuerte entre los gobiernos en varios campos:

  • en salud, desde la investigación hasta la distribución de vacunas COVID-19.

  • en el comercio, para garantizar cadenas de producción globales robustas.

  • en la fiscalidad de las multinacionales a medida que la economía se digitaliza cada vez más.

  • en sostenibilidad ambiental, y,

  • en la prevención de salidas repentinas de capital y crisis de deuda soberana en mercados emergentes y países en desarrollo.

    El informe dice que el gasto fiscal excepcional y el apoyo monetario deben mantenerse durante el tiempo que sea necesario para amortiguar el impacto de la pandemia, y describe cómo los gobiernos deben trabajar en tres frentes principales: reasignar recursos; apoyar a la gente; y construir un sistema económico sostenible y resistente para el futuro.

    La crisis está acelerando los cambios en la economía, que a menudo son disruptivos. Los gobiernos deberán ayudar a los trabajadores y las empresas a hacer la transición de los sectores en contracción a la expansión; eliminando las barreras a la movilidad, aumentando la competencia y facilitando a las empresas el acceso a la financiación y las tecnologías avanzadas o la reestructuración.

    La mejora de la formación y el desarrollo de habilidades, especialmente entre los jóvenes y las mujeres poco cualificadas, que a menudo son vulnerables en el mercado laboral, será clave. Los esquemas de retención de empleo deberán evolucionar para garantizar que las personas, en lugar de sus trabajos, estén protegidas, que se amplíen sus oportunidades y se salvaguarden sus ingresos.

    El aumento de la inversión pública y privada, en particular en la atención médica, la digitalización, la reducción de las emisiones de carbono, la educación y las habilidades, son esenciales para reforzar la sostenibilidad y la resiliencia.

    El G20 reafirma sus objetivos de reducir el porcentaje de jóvenes que están en mayor riesgo de quedarse atrás en el mercado laboral en un 15% para 2025, y reducir la brecha de género en la fuerza laboral en un 25%. durante los próximos cinco años. La OCDE y la OIT continuarán monitoreando los avances en estas áreas, así como el impacto de la pandemia en el empleo y las tendencias de la migración.

    a OCDE continúa trabajando con el G20 para lograr un acuerdo político sobre cómo gravar la economía digital a mediados de 2021. En el Informe fiscal del Secretario General a los ministros de finanzas del G20 , la OCDE advierte que sin un acuerdo habría una proliferación de medidas unilaterales y un aumento de las disputas fiscales y comerciales perjudiciales que podrían reducir el PIB mundial en un momento en que nos estamos recuperando de la crisis.

    Fuente: OECD 22 de noviembre de 2020

  • Jueves, 19 de noviembre de 2020

    El INEGI presenta el Cubo de Datos
    Geoespaciales de México (CDGM)

  • El INEGI expande sus procesos de innovación que permiten explotar fuentes de información no tradicionales mediante técnicas y herramientas novedosas.

  • El objetivo de esta herramienta es extraer el máximo potencial de las imágenes satelitales para al monitoreo de fenómenos ambientales, socioeconómicos y demográficos en México.

  • El acervo del CDGM consta de más de 118,000 imágenes Landsat con sus metadatos de todo el territorio nacional, desde 1984 hasta 2020.

    El poder de los datos se potencia cuando se asocian a su referencia geográfica, y el INEGI, que tiene el mandato de generar información estadística y geográfica, expande sus procesos de innovación para explotar fuentes de información no tradicionales, hacer más accesible la información, potenciar su uso mediante técnicas y herramientas novedosas, y avanzar en el análisis espacial.

    Es por ello que presenta el Cubo de Datos Geoespaciales de México (CDGM), una herramienta que facilita el acceso, manejo y explotación de grandes volúmenes de imágenes satelitales a través de una interfaz de programación abierta y de libre acceso que permite el monitoreo de fenómenos ambientales, socioeconómicos y demográficos en México.

    El aprovechamiento del CDGM permitirá vincular la información estadística que produce el INEGI con las imágenes satelitales para realizar análisis orientados a identificar crecimientos, comportamientos, distribuciones, tendencias, patrones y relaciones entre diversas variables.

    El aprovechamiento del CDGM permitirá vincular la información estadística que produce el INEGI con las imágenes satelitales para realizar análisis orientados a identificar crecimientos, comportamientos, distribuciones, tendencias, patrones y relaciones entre diversas variables.

    l CDGM ofrece la posibilidad de conocer y reconocer el carácter geoespacial, temporal y sistémico de fenómenos como crecimiento poblacional, deforestación, contaminación, estrés hídrico, salud, vegetación, protección civil, alimentación, gentrificación, energías limpias, niveles socioeconómicos y movilidad, entre otros.

    El CDGM hace uso de imágenes provenientes de los satélites Landsat de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) y del Departamento de Geología de los Estados Unidos (USGS). Actualmente cuenta con un acervo histórico de 118,000 imágenes Landsat con sus metadatos, desde 1984 hasta abril de 2020. El 86.4% de las imágenes de este acervo tienen Nivel 1 de Calidad de la Colección 1 de la NASA.

    Con el CDGM el INEGI hace frente a la creciente demanda e interés internacional y nacional por los datos satelitales para examinar la relación entre los indicadores ambientales y socioeconómicos, y aporta herramientas que apoyen la interacción entre la ciencia de la Tierra y los dominios estadísticos.

    Con el CDGM México se suma a países como Australia, Suiza, Ghana y Colombia, entre otros que ya hacen uso de esta tecnología. Además, aprovecha los sistemas y herramientas tecnológicas para atender el llamado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de promover y fomentar la exploración y el uso de estos datos para monitorear y apoyar la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

    Actualmente, el Cubo de Datos Geoespaciales de México es una herramienta que utiliza el INEGI en distintas líneas de investigación para producir información con base en imágenes de percepción remota y, por ahora, se pone a disposición de las distintas dependencias de los tres niveles de gobierno que así lo requieran, para que puedan hacer uso de esta infraestructura y con ello tomar decisiones de política pública.

    Fuente: INEGI 18 de noviembre de 2020

  • Miércoles, 18 de noviembre de 2020

    Continúa su alianza con ISO-Quito para medir los
    avances y desafíos para el logro de la igualdad de género

    La medición, en base a información cuantitativa y cualitativa, de cómo los países están avanzando en el cumplimiento de sus compromisos para el logro de la igualdad de género en aspectos como la autonomía económica de las mujeres, su bienestar físico, el derecho a una vida libre de violencia y la participación plena en la vida política, es una herramienta para el análisis y la incidencia política de primer orden. Es por ello que el mecanismo ISO-Quito se ha constituido en una de las fuentes de información más importantes para saber cómo y en qué medida la igualdad de género avanza o, por el contrario, retrocede en la región, en función de los compromisos adquiridos por los Estados en el marco de las Conferencias Regionales sobre la Mujer. Consciente de la necesidad de contar con este tipo de herramientas prácticas, ONU Mujeres renovó durante 2020 su compromiso para apoyar el buen funcionamiento de ISO-Quito.

    Según el último Informe ISO-Quito 2019 se muestran importantes variaciones entre los países. Uruguay, Chile y Costa Rica son los que presentan mayor consistencia, a lo largo del tiempo, en sus logros en materia de bienestar y paridad económica. Costa Rica ocupó el primer lugar en el liderazgo regional del año 2018, al presentar un elevado nivel de paridad política. Ecuador y México representan un caso similar: aunque exhiben valores menores en paridad económica y en bienestar de las mujeres, sus altos niveles de paridad política colocan a ambos países en un lugar alto en el ranking. Eso muestra que esta posición más consolidada de las mujeres en política no se traduce directa ni inmediatamente en logros sustantivos en la vida de las mujeres, en general. Por contraste, Guatemala, Honduras y Paraguay se encuentran en los peores lugares en el ranking. El grupo de países de valores medio-altos incluye a Argentina, Bolivia, Perú y Nicaragua. Aquí, nuevamente, los más altos índices de paridad política (como en el caso de Nicaragua y Bolivia) no presentan consistencia con los logros de las mujeres en las dimensiones económica, laboral y social. Por el contrario, Argentina, que muestra altos valores en estas dimensiones, baja su puntuación por sus menores logros en participación de las mujeres en política, especialmente, a nivel del Poder Judicial.

    Este último informe nos señala que aunque se registran avances en muchas dimensiones, en otras se produce un relativo estancamiento, especialmente, en las relativas a la pobreza femenina, el acceso al empleo y la paridad económica. Por otra parte, algunos de estos logros, en especial los más vinculados al desarrollo económico de los países, pueden verse amenazados por la crisis provocada por el COVID-19 que está afectando de manera particular a la región.

    La principal fuente de información para la elaboración del ISO-Quito es el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe de CEPAL y CEPALStat para la elaboración de los indicadores a través de sus diferentes dimensiones. La primera dimensión es la relativa al bienestar social de las mujeres e incorpora la dimensión educativa, la mortalidad materna y la situación de pobreza. La segunda dimensión mide la paridad económica entre varones y mujeres en salario, tasas de participación laboral, acceso a ingresos propios y niveles de formalización del empleo. La tercera dimensión mide la paridad en la toma de decisiones y se construye en un índice que combina la participación de la mujer en diferentes niveles de la esfera político-institucional: la justicia, el parlamento y el gobierno. Estas dimensiones en conjunto se reflejan en un índice que sintetiza el estado efectivo de las mujeres, en general, y la brecha que las distancia de los logros de sus pares varones.

    La propuesta ISO-Quito surgió como una iniciativa de la Articulación Feminista Marcosur, buscando establecer las bases del seguimiento de los acuerdos alcanzados en el Consenso de Quito, en agosto de 2007, en el marco de la X Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Desde entonces, se estableció una línea de base que permite hoy evaluar los avances y rezagos que experimentan los países de la región.

    ISO-Quito también incorpora un índice llamado de compromisos institucionales, que mide los esfuerzos que hacen los gobiernos en el diseño e implementación de políticas públicas destinadas a combatir la desigualdad de género y asegurar el bienestar de las mujeres. Una de las innovaciones recientes de ISO-Quito ha sido la de relevar el compromiso político de los gobiernos para asegurar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, la paridad política y las licencias parentales.

    Dentro del acuerdo en curso entre ISO-Quito y ONU Mujeres, en 2021 se producirá un documento de análisis sobre familias, empoderamiento e igualdad de género y se desarrollarán cuatro informes país con información exhaustiva y combinando el análisis de datos cuantitativos y cualitativos sobre economía y política, e integrando aspectos relativos a derechos sexuales y reproductivos, que serán presentados públicamente a través de diversas iniciativas digitales.

    Fuente: ONU 17 de noviembre de 2020

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    Viernes, 13 de noviembre de 2020

    Estadísticas a Propósito del Día Mundial en
    Recuerdo de las Víctimas de los Accidentes de Tráfico

  • Durante 2019, uno de cada 100 eventos de tránsito correspondió a accidentes fatales, en tanto que 18 de cada 100 fueron accidentes no fatales.

  • En 2019 se reportaron 4 125 decesos en el lugar del accidente y 91 713 heridos.

  • alisco, Chihuahua, Sinaloa, Michoacán, Ciudad de México, Nuevo León, Guanajuato y Sonora son las entidades del país que concentran el 48.5% de las muertes por accidentes de tránsito registrados en el lugar del accidente.

    La Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó en 2005 el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico como una fecha para reflexionar sobre las causas y consecuencias de los hechos de tránsito, así como sobre la labor de los servicios de apoyo y rescate, de los esfuerzos desplegados en todo el mundo para reducir las muertes por accidentes de tráfico. La conmemoración sirve también de motivo para concientizar sobre el costo económico que producen estos siniestros que alcanzan hasta 3% del PIB de los países, según la estimación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) produce la estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas que tiene como objetivo generar información sobre el número de los percances viales ocurridos en el territorio nacional, contribuyendo así a la elaboración y/o formulación de políticas de prevención de accidentes.

    De acuerdo con los resultados de la estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas, en 2019 se reportaron 362 586 accidentes, de los cuales 293 782 registraron solo daños materiales (81.0%); en 65 154 se identificaron víctimas heridas (18.0%), y los 3 650 accidentes restantes corresponden a eventos con al menos una persona fallecida (1.0%) en el lugar del accidente.

    El tipo de accidente con mayor número de víctimas muertas en el lugar del evento fue la colisión con peatón (atropellamiento) con un total de 887 víctimas (21.5%), seguido por colisión con vehículo automotor con 886 (21.5%) y, en tercer lugar, colisión con motocicleta con 608 personas fallecidas (14.7 por ciento). En conjunto, estos tres tipos de accidentes concentran 6 de cada 10 muertos en incidentes de tránsito.

    Durante el fin de semana se presentan la mayor cantidad de las víctimas mortales. En domingo se reportaron 22.2% de los decesos y 17.4% de los lesionados. En segundo lugar, aparece el sábado con 18.2% de los fallecidos y 16.6% de personas heridas y, en tercer lugar el lunes con 13.9% de personas fallecidas y 13.8% de los heridos.

    El horario en el que se registran accidentes con el mayor número de víctimas fatales es entre las 19:00 y las 23:59 horas. En este periodo fallecieron 26.3% del total de las víctimas de accidentes de tránsito durante 2019. Por otra parte, las personas que perdieron la vida en accidentes ocurridos entre las 13:00 y 18:59 horas alcanzaron un 25.9 por ciento. Durante la segunda mitad del día se registran 52.2% del total de los decesos.

    Fuente: INEGI 13 de noviembre de 2020

  • Viernes, 13 de noviembre de 2020

    Repunte laboral de octubre, impulsado por el empleo eventual

  • Suman ya 406,881 plazas recuperadas de los más de 1.1 millones de despidos que hubo entre marzo y julio; 45% de los nuevos empleos han sido temporales.

    La reactivación del empleo formal tras los despidos durante los meses de confinamiento anti Covid hiló tres meses y se aceleró en octubre, con la creación de 200,641 puestos de trabajo registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

    Se trata del mayor número de altas laborales para cualquier mes de octubre en la historia y de una cifra 25% superior a la observada en el mismo mes del año pasado, de acuerdo con cifras divulgadas ayer 12 de noviembre, por el IMSS.

    El número de nuevas plazas de trabajo se compuso de 111,832 empleos de carácter permanente y 88,809 de tipo eventual, lo que significa que 44.3% de las nuevas contrataciones fueron temporales, porcentaje que es el mayor desde octubre del 2009, cuando ascendió a 57 por ciento. Durante agosto, septiembre y octubre suman ya 406,881 empleos recuperados, respecto de los un millón 117,584 que fueron dados de baja de marzo a julio, lo que equivale a una tasa de recuperación de 36.4 por ciento.

    No obstante, 45% de los empleos reactivados tiene el carácter de eventual, cuando solo 29% de los despidos que hubo de marzo a julio se relacionaron con empleos de tipo temporal, lo que habla de un proceso de recuperación sesgado hacia puestos de trabajo con menor estabilidad laboral.

    De enero a octubre, de forma acumulada, se arrastra una pérdida de 518,609 puestos de trabajo, cifra que es superior a la del mismo período del 2009 (-104,368 empleos), aunque inferior a la observada en 1995 (-827,896 empleos), solo por contrastarla con datos de las dos últimas crisis económicas de los últimos años comparables en magnitud.

    Al 31 de octubre había en el país un registro de 19 millones 902,833 trabajadores dados de alta ante el IMSS, esto es 4% menos respecto de los que había un año antes. Esta variación es, no obstante, inferior a la de -4.2% observada en septiembre o a la de -4.4% observada en julio, cuando se tocó fondo en materia de destrucción de puestos de trabajo.

    En perspectiva, la mayor caída del empleo formal en la presente crisis (la de julio), rebasó la del clímax de despidos de la crisis del 2009 (junio, -4.2%), pero se quedó lejos del peor momento laboral de la crisis de 1995, en noviembre de ese año, cuando el retroceso llegó hasta 9.3 por ciento.

    Por sector económico, el de electricidad, el agropecuario y el de servicios sociales y comunales reportaron en octubre alzas de 1.4%, 0.8% y 0.5%, respectivamente en su plantilla laboral.

    Fuente:EL ECONOMISTA 12 de noviembre de 2020

  • Lunes, 9 de noviembre de 2020

    El impacto de la pandemia por COVID 19
    en la violencia contra las mujeres

  • Las medidas de confinamiento y distanciamiento social, así como las restricciones de movilidad, están generando mayores riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas, intensificando su aislamiento y generando barreras adicionales en el acceso a servicios esenciales.

    A medida que la pandemia de COVID-19 profundiza el estrés económico y social también puede intensificar la violencia contra las mujeres sobre todo en el ámbito doméstico. Los perpetradores pueden estar atravesando situaciones de desempleo, inestabilidad económica o estrés, lo cual puede aumentar la frecuencia y la severidad de la violencia contra las mujeres.

    A pesar de que no existen datos sistematizados sobre el impacto de la pandemia y las medidas de confinamiento en los femicidios, se están haciendo estudios rápidos en países como Colombia, México y Chile que podrían dar información relevante para ayudar a los gobiernos a tomar decisiones.

    Aunque no es posible sacar conclusiones sobre los datos en medio de la crisis, es urgente tomar medidas porque, incluso antes del COVID-19, la violencia contra las mujeres en América Latina tenía dimensiones pandémicas.

    Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, en América Latina y el Caribe 1 de cada 3 mujeres ha experimentado violencia física o sexual a lo largo de su vida y, según la CEPAL, en 33 países de la región durante el 2019 la cifra de mujeres asesinadas por el solo hecho de ser mujeres superaba las 3,800.

    ONU Mujeres celebra que muchos Estados hayan respondido a la violencia contra mujeres y niñas, por ejemplo, al declarar la atención a las víctimas como un servicio esencial, al establecer alianzas con hoteles para que brinden espacios gratuitos a las mujeres víctimas y sobrevivientes y al aplazar automáticamente el vencimiento de las medidas cautelares que protegen a las víctimas de violencia dentro de las medidas de cuarentena.

    Sin embargo, persisten barreras para que las mujeres puedan acceder a la justicia y a los servicios de atención. En algunos países, la atención ha sido interrumpida o las instituciones se han abocado a responder a lo más urgente de la crisis, como hacer cumplir las medidas de aislamiento social, lo que puede tener como consecuencia una mayor impunidad para los perpetradores.

    ONU Mujeres produce herramientas para promover una respuesta al COVID-19 en América Latina y el Caribe con perspectiva de género. El documento Prevención de la violencia contra las mujeres frente a COVID-19 en América Latina y el Caribe orienta a diferentes actores sociales sobre estrategias, recomendaciones y prácticas prometedoras para prevenir y responder a la violencia contra las mujeres en el marco de la crisis por la pandemia.

    Asimismo, la Iniciativa Spotlight, el mayor esfuerzo mundial enfocado en poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas, nacido de una alianza mundial entre la Unión Europea y las Naciones Unidas, ajustó su plan de acción con el fin de responder a las necesidades surgidas a partir de la crisis provocada por el COVID-19.

    Por ejemplo, las actividades ahora se centran en fortalecer las redes de atención a víctimas de violencia, en particular los refugios, para asegurar una provisión de servicios alineada con las nuevas disposiciones sanitarias. Además, se están fortaleciendo las redes de defensoras de derechos humanos en su labor de prevención y atención de la violencia.

    También desde Spotlight, ONU Mujeres está promoviendo la generación de datos de calidad, que permitan visibilizar la dimensión del problema, hacer comparaciones entre países y dar respuestas hechas a la medida de cada situación.

    Fuente: ONU 05 de noviembre de 2020

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  • Jueves, 5 de noviembre de 2020

    Día Mundial de Concienciación sobre los Sunamis

    Tener un plan nacional y local salva vidas

    En 2020, el Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunami se enfoca en la Meta E de la campaña Sendai Siete, que invita a los países y comunidades a implementar antes de que termine 2020 estrategias nacionales y locales de reducción del riesgo de desastres para salvar más vidas.

    Para 2030, se estima que el 50% de la población mundial vivirá en áreas costeras propensas a inundaciones, tormentas y tsunamis. Tener planes y políticas para reducir el impacto de los tsunamis ayudará a construir una mayor resiliencia y a proteger a las poblaciones vulnerables. ¿Conoce usted algún plan local o nacional que anticipe un tsunami?

    En diciembre de 2015, la Asamblea General de ONU estableció el 5 de noviembre como el Día Mundial de Concienciación sobre los Tsunami.

    La creación del Día Mundial es una idea original de Japón, que, desafortunadamente, se ha visto expuesto a estos desastres en repetidas ocasiones a lo largo de los años. Este país tiene una gran experiencia en áreas tales como la alerta temprana de sunamis, la acción pública y la reconstrucción posterior a los desastres para conseguir reducir los impactos futuros. La Oficina de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres se encarga de promer la celebración del Día, en colaboración con las organizaciones relevantes del sistema de las Naciones Unidas.

    En 2014, ONU Hábitat lanzó una iniciativa, Octubre Urbano, para poner de relieve los desafíos urbanos mundiales e involucrar a la comunidad internacional en el desarrollo de la Nueva Agenda Urbana, aprobada en octubre de 2016 en la ciudad de Quito durante la Conferencia de Hábitat III. Esta Nueva Agenda Urbana es la brújula para hacer frente a los desafíos de las ciudades en las próxima dos décadas y ha de ser vista como una extensión del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 11 de la Agenda 2030.

    Los sunamis son fenómenos poco frecuentes, sin embargo, pueden ser extremadamente mortales. En los últimos 100 años, 58 sunamis se han cobrado más de 260.000 vidas, un promedio de 4600 pérdidas humanas por desastre, superando cualquier otro riesgo natural. El mayor número de muertes se concentró en el sunami del Océano Índico de diciembre de 2004. Este sunami causó aproximadamente unas 227.000 muertes en 14 países; los más afectados fueron Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia.

    Apenas tres semanas después, la comunidad internacional se reunió en Kobe, en la región de Hyogo de Japón, donde los gobiernos aprobaron el Marco de Acción de Hyogo para 2005-2015, el primer acuerdo mundial de gran alcance sobre la reducción del riesgo de desastres.

    Crearon, además, el sistema de alerta y mitigación de los efectos de los sunamis en el Océano Índico, que cuenta con decenas de estaciones de vigilancia sismológica y del nivel del mar y difunde las alertas a los centros nacionales de información de sunamis.

    La ONU se encarga de informar a los ciudadanos, organizar simulacros y establecer rutas de evacuación para estar más preparados cuando suceda el próximo tsunami.

    Fuente: ONU 05 de noviembre de 2020

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    Jueves, 22 de octubre de 2020

    Resultados del Censo Nacional de
    Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) 2020

  • Al cierre de 2019, los Poderes Judiciales Estatales (PJE) tenían 65 546 servidoras y servidores públicos, de los cuales 4 627 se desempeñaron como magistrados y jueces. Del total de magistrados y jueces, 58.6% fueron hombres y 41.4%, mujeres.

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer los resultados de la décima edición del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) 2020, que tiene como objetivo generar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño del Poder Judicial de cada entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno, impartición de justicia, justicia para adolescentes y justicia alternativa y/o mecanismos alternativos de solución de controversias, con la finalidad de que ésta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

    Entre los datos que aporta este Censo se encuentran:

  • Al cierre de 2019, los PJE se conformaron por 4 198 órganos jurisdiccionales (92.1% correspondió a primera instancia y 7.9% a segunda instancia) y 1 321 a órganos administrativos y/o unidades administrativas.

  • Durante 2019, se reportaron 2 121 141 asuntos ingresados a los órganos jurisdiccionales en todas las materias. De ellos, 2 014 992 expedientes (95.0%) correspondieron a las materias civil, mercantil, familiar y otra; en tanto que, el total de causas penales (adultos y adolescentes) fue de 106 149 (5.0 por ciento).

  • Del total de expedientes ingresados, la mayoría se concentró en materia familiar con 858 928 lo que representó (40.5%), seguida de la materia civil con 604 858 (28.5%).

  • Del total de causas penales y expedientes ingresados a los órganos jurisdiccionales de los PJE, 1 611 113 se registraron en el Sistema Tradicional y 510 028 en el Sistema Oral.

  • Sobre los delitos registrados en las causas penales ingresadas, en 2019 se reportó un total de 126 224; de ellos, 120 847 (95.7%) correspondieron a adultos y 5 377 a adolescentes (4.3 por ciento).

  • De acuerdo con el tipo de delito cometido, el robo registró la mayor incidencia con 27.9%, seguido de los delitos contra la salud relacionados con narcóticos en su modalidad de narcomenudeo que representaron 14.3% del total.

  • El porcentaje de causas penales ingresadas en los Tribunales de Enjuiciamiento o Juicio Oral con respecto a los ingresos registrados en los Juzgados de Control o Garantías fue de 6.6% a nivel nacional.

  • -En 2019, se efectuaron 79 802 conclusiones a las causas penales, 79 353 para adultos y 449 para adolescentes. Además, se registró que en el Sistema Tradicional hubo 10 814 conclusiones; en el Sistema Penal Acusatorio la cifra fue de 68 539; en el Sistema Escrito o Mixto y Sistema Oral (adolescentes) se registraron 324 conclusiones, y 125 en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

  • En cuanto a los procesados e imputados registrados en las causas penales ingresadas, durante 2019 se reportó un total de 125 050; de ellos, 83.0% fueron hombres, 11.1% fueron mujeres, y para el resto (5.9%) no pudo identificarse el sexo.

  • Al cierre de 2019, en los PJE se identificó un total de 65 546 servidoras y servidores públicos, de los cuales 45 740 (69.8%) estuvieron adscritos a los órganos jurisdiccionales; 37 073 en órganos de primera instancia; 8 667 en segunda instancia, y 19 806 (30.2%) a órganos administrativos y/o unidades administrativas.

  • Respecto a los Jueces y Magistrados que al cierre de 2019 conformaron los órganos jurisdiccionales, se registraron 4 627 servidoras y servidores públicos. De ellos, 4 047 (87.5%) estaban adscritos a los órganos de primera instancia y 580 (12.5%) a los de segunda instancia. Del total, 58.6% (2 712) fueron hombres, mientras que las mujeres representaron 41.4% (1 915).