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Viernes, 3 de julio de 2020

Brechas de género en tiempos de la COVID-19

Las mujeres en América Latina y el Caribe han logrado avances significativos en los últimos 30 años. La mortalidad materna durante el parto ha disminuido a más de la mitad, las mujeres jóvenes tienen un nivel educativo ligeramente superior al de los hombres jóvenes, y la región registró la mayor tasa de convergencia entre la participación masculina y femenina en la fuerza laboral en el período 1990 – 2015, en comparación con otras regiones del mundo. No obstante, se siguen reportando muchos casos de maltrato doméstico, y existen notorias diferencias entre hombres y mujeres en materia de salarios, estabilidad laboral, distribución del trabajo no remunerado en relación con tareas domésticas y cuidado de los niños. Y, aparte de eso, la pandemia COVID-19 puede estar agravando aún más la situación de la mujer en esos ámbitos, lo que revela una enorme necesidad de hacer frente a este asunto en medio de una de las mayores crisis económicas y de salud en muchas generaciones.

Existe evidencia de Estados Unidos que sugiere que en los países desarrollados la pandemia está afectando de manera desproporcionada el lugar que ocupan las mujeres en el mercado laboral, ya que tienden a estar sobrerrepresentadas en los sectores más afectados como servicios, educación, entretenimiento y turismo. Lo mismo parece ser cierto en América Latina y el Caribe. Como queda claro con la reciente Encuesta BID/Cornell sobre el coronavirus y el Gráfico 1 abajo, las mujeres solteras tienen más probabilidades que los hombres solteros de declarar que al menos un adulto de su hogar ha perdido su fuente de ingresos durante la pandemia. Existe una brecha similar, aunque más pequeña, en lo que respecta a las mujeres casadas en relación con los hombres casados.

Las desigualdades durante la pandemia no son solo un reflejo del mercado laboral. También tienen que ver con las decisiones que se toman en los hogares mientras las familias se adaptan al choque de la pandemia, y los roles de género influyen considerablemente en ello.

El panorama es aún más desalentador en América Latina y el Caribe. El tiempo dedicado a las tareas domésticas era incluso más desigual antes de la pandemia. Durante el confinamiento, las mujeres han sido las únicas responsables de realizar las labores domésticas no remuneradas en muchas áreas, según datos de la Encuesta BID/Cornell sobre el coronavirus.

Las mujeres también son más vulnerables al abuso emocional, físico y sexual durante el confinamiento. Por un lado, la pérdida de ingresos puede reducir su poder de negociación en el hogar. Por otro lado, el repentino aumento del nivel de contacto interpersonal en el hogar, el aislamiento forzoso, así como el estrés y la ansiedad añadidos, tanto a raíz de la crisis de salud pública como de la pérdida de ingresos, exacerban los conflictos familiares y la violencia doméstica.

Está claro que medir la prevalencia de la violencia doméstica a menudo resulta ser una tarea difícil, propensa a múltiples problemas de datos inexactos. Por ejemplo, el número creciente de llamadas a líneas de ayuda reportando maltrato puede coincidir con una caída en los reportes presenciales. Por otro lado, durante un confinamiento, obtener información precisa resulta aún más difícil debido a la repentina y drástica pérdida de privacidad en el hogar. No obstante, la reciente encuesta BID/Cornell sobre el coronavirus reveló que, en promedio, el 15% de las mujeres experimentaron un aumento en los niveles de violencia doméstica durante la semana anterior, en relación con una situación de normalidad (sin confinamiento).

Las políticas de recuperación requerirán que se estudie y se aborde el problema de las distintas desigualdades de género. Estudios sobre si la pandemia u otras crisis económicas refuerzan o debilitan las normas sociales con sesgo de género, incluso con respecto al trabajo, serán cruciales para el diseño de políticas.

América Latina y el Caribe ha avanzado en varios temas de la mujer en los últimos años. Pero necesita hacer mucho más. Los gobiernos deben, ahora más que nunca, hacer hincapié en políticas que reduzcan las diferencias entre hombres y mujeres. No podemos darnos el lujo de echar por la borda tantos años de progreso.

 

Fuente: BID 01 de julio de 2020

Viernes, 3 de julio de 2020

Resultados del Censo Nacional de

Impartición de Justicia Federal 2020

  • Al cierre de 2019, el Poder Judicial de la Federación (PJF) tenía un total de 47 123 servidoras y servidores públicos. Las mujeres representaron 49.5% de toda la plantilla laboral del PJF; en la integración de los Plenos del PJF, las mujeres representaron, en promedio, 28.2 por ciento.

  • En 2019, ingresaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 25 284 asuntos jurisdiccionales, y se resolvieron 21 443. De estos, 69% fue resuelto sin sentencia y 31%, con sentencia.

  • Durante 2019, el Instituto Federal de Defensoría Pública atendió 177 912 asuntos y servicios. En ellos estuvieron involucradas 144 567 personas, de las cuales 2 881 fueron indígenas. Por su parte, la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas atendió 354 asuntos y servicios que comprendieron defensa y asesoría, en los cuales hubo 378 personas indígenas involucradas.

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal (CNIJF) 2020, programa estadístico que ofrece información relevante sobre la estructura organizacional, recursos y ejercicio de la función de los órganos que conforman al Poder Judicial de la Federación (PJF).

    Entre los datos que aporta este Censo, se encuentran:

    La mayoría de los asuntos de los cuales tuvo conocimiento, en 2019, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) corresponde a procedimientos de Amparo directo en revisión, que representaron 40.5% y 38.5% de los ingresos y resoluciones, respectivamente.

    Entre los asuntos conocidos por los órganos jurisdiccionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en 2019 destacan los procedimientos de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que representaron 64.4% de los ingresos y 62.4% de las resoluciones.

    En 2019 ingresaron 1 174 386 asuntos en todas las materias a los órganos jurisdiccionales supervisados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y se resolvieron 1 147 988.

    Las causas penales ingresadas en estos órganos jurisdiccionales ascendieron a un total de 1 145; la mayor parte (80.5%) ingresó con los Jueces de Control o Garantías de los Centros de Justicia Penal Federal (CJPF) y el resto (19.5%) a los Juzgados de Distrito (JD).

    En dichas causas penales se registraron 48 116 delitos. De estas, 33.4% correspondió a delitos en causas ingresadas a los JD y 66.6% a delitos en causas ingresadas a los CJPF.

    Del total de delitos registrados en las causas penales ingresadas, 44.8% (21 565) fue por delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos. Esto representa un aumento de 46.8% con respecto a lo ingresado en 2018.

    En cuanto al personal con el que contaba el PJF al cierre de 2019, se identificó un total de 47 123 servidoras y servidores públicos, de los cuales 3 424 (7.3%) estaban adscritos a la SCJN, 1 443 (3.1%) al TEPJF y 42 256 (89.6%) al CJF. Las mujeres representaron 49.5% de toda la plantilla laboral del PJF en 2019.

    Del personal adscrito al CJF al cierre de 2019, 1 437 servidoras y servidores públicos correspondieron a jueces y magistrados, lo que representa 3.4% del total. De ellos, 735 correspondieron a magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito, 95 a magistrados de Tribunales Unitarios de Circuito, 441 a jueces de distrito del Sistema Tradicional y 166 a jueces de distrito especializados en el Sistema Penal Acusatorio. Finalmente, de estos jueces y magistrados, 78.6% fueron hombres y 21.4%, mujeres.

    En su versión 2020, los resultados del CNIJF integran información correspondiente a 2019 y se presenta mediante cuadros estadísticos organizados en 11 apartados: Estructura organizacional y recursos; Trámites y servicios y ejercicio de funciones específicas; Transparencia; Control interno y Anticorrupción; Administración de archivos y gestión documental; Instituto Federal de Defensoría Pública; Impartición de justicia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Impartición de justicia en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Impartición de justicia en los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal; Impartición de Justicia en materia penal; y uno más sobre la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas, sección que se comenzó a captar en el levantamiento 2020 del CNIJF, como parte de los temas que enriquecen el programa.

    Fuente: INEGI 02 de julio de 2020

  • Miércoles, 24 de junio de 2020

    Día Internacional de la Lucha contra el Uso

    Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, 26 de junio

    Mejor conocimiento para un mejor cuidado

    Mediante la resolución 42/112, aprobada el 7 de diciembre de 1987, la Asamblea General decidió conmemorar el “Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas” cada 26 de junio para reforzar la acción y la cooperación con el fin de alcanzar una sociedad libre del consumo de drogas. En la resolución se recomiendan medidas adicionales al informe y las conclusiones de la Conferencia Internacional sobre Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas de 1987.

    Apoyado cada año por individuos, comunidades y varias organizaciones en todo el mundo, este Día Internacional tiene como objetivo crear conciencia sobre el problema importante que las drogas ilícitas representan para la sociedad.

    Últimamente, el abordar el problema mundial de las drogas ha estado ‘plagado’ por información errónea de muchos tipos.

    Es por ello que este año el tema “Mejor conocimiento para un mejor cuidado” enfatiza la necesidad de mejorar la comprensión del problema mundial de las drogas y cómo, a su vez, un mejor conocimiento fomentará una mayor cooperación internacional para contrarrestar su impacto en la salud, gobernanza y seguridad.

    La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) alienta a todas las personas, a las organizaciones sin fines de lucro, al sector privado y a los Estados Miembros a participar en su campaña a través de las redes sociales para conmemorar este día y los invita a aprovechar los recursos provistos en el paquete de la campaña de las redes sociales.

    Fuente: ONU 24 de junio de 2020

    Miércoles, 24 de junio de 2020

    Estadísticas a Propósito del Día Internacional de la

    Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico de Drogas

  • A nivel nacional, la tasa de delitos de narcomenudeo y delitos contra la salud registrados en averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas en 2018 fue de 83.9 delitos por cada cien mil personas de 12 años y más.

  • El delito de narcomenudeo fue el segundo delito registrado por el que más adolescentes fueron imputados en 2018, por detrás del delito de robo.

  • De los imputados por el delito de narcomenudeo en 2018, 80.3% de los adolescentes y 41.6% de los adultos fueron imputados por la tenencia de cannabis. Más de la mitad de ellos fueron imputados por la tenencia de entre 5 y 100 gramos de marihuana.

    El INEGI pone a disposición de los usuarios información sobre las características y cambios en las tendencias de los delitos de narcomenudeo y delitos contra la salud que forman parte de expedientes judiciales en distintas etapas del sistema de justicia penal, proveniente del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE), del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal (CNPJF), del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE), del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal (CNIJF), del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) y del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal (CNSPF).

    En 2018, 3.9% de los 1 935 451 delitos del fuero común registrados en averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas en el año, correspondieron a delitos de narcomenudeo. En el fuero federal, la proporción de delitos federales asociados a narcóticos (delitos contra la salud y narcomenudeo) representó 6.7% de los 112 920 delitos federales registrados ese año.

    El delito de narcomenudeo fue el segundo delito por el que mayormente fueron imputados los adolescentes en las procuradurías y fiscalías de justica del país en el 2018, por detrás del delito de robo.

    Entre 2016 y 2018 aumentó más del doble la cantidad de delitos de narcomenudeo registrados en las averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas en las agencias estatales del ministerio público.

    Respecto a las conductas que conforman el delito de narcomenudeo, 82.7% de los delitos registrados en 2018 por las procuradurías y fiscalías estatales de justica, fueron por posesión simple de narcóticos; mientras que 37.7% de los delitos contra la salud, registrados por los ministerios públicos federales durante 2018, correspondieron al delito de posesión de narcóticos con posibles fines de comercio, suministro, transporte o producción.

    Asimismo, 80% de los adolescentes imputados en 2018 fue por la tenencia de cannabis. De ellos, 94% fue por posesión de entre 5 y 100 gramos de esta sustancia; en cambio, 4 de cada 10 adultos imputados por el delito de narcomenudeo fueron imputados por la tenencia de estimulantes de tipo anfetamínico y una razón similar por la tenencia de cannabis. De estos últimos, 58% fueron imputados por la posesión de entre 5 y 100 gramos.

    Con relación a las causas penales que iniciaron proceso en los tribunales de justicia del país, se encontró que en 2018 se registraron 31 338 delitos relacionados con drogas a nivel nacional, de los cuales 84.7% correspondieron a delitos de narcomenudeo y 15.3% a delitos contra la salud. Entre 2016 y 2018, la cantidad de delitos de narcomenudeo registrados en las causas penales iniciadas en los órganos jurisdiccionales estatales aumentó más del doble.

    En cuanto a las sentencias, entre 2016 y 2018 hubo una disminución en el número de delitos relacionados con drogas que recibieron algún tipo de sentencia, sea condenatoria o absolutoria. En 2018, nueve de cada diez de delitos de narcomenudeo y contra la salud cometidos por adultos fueron sentenciados en sentido condenatorio, mientras que ocho de cada diez de delitos de narcomenudeo cometidos por adolescentes recibieron una sentencia condenatoria.

    El delito de narcomenudeo representó 14% del total de delitos del fuero común cometidos por los adultos que ingresaron a prisión en 2018, siendo el segundo delito más importante por el que son privados de la libertad, solo por detrás del delito de robo; mientras que los delitos federales asociados con narcóticos (delitos contra la salud y narcomenudeo) constituyeron la principal causa por la cual las personas adultas ingresaron a los centros penitenciaros estatales y federales en 2018.

    Finalmente, al cierre de 2018, 44% de los delitos asociados con narcóticos cometidos por la población adulta privada de la libertad en los centros penitenciarios estatales no habían recibido sentencia. En contraste, 30% de los delitos cometidos por los adultos que se encuentran recluidos en centros penitenciarios federales enfrentaban la misma situación.

    Fuente: INEGI 24 de junio de 2020

  • Viernes, 19 de junio de 2020

    Día Mundial de los Refugiados, 20 de junio

    Toda acción cuenta

    La pandemia de COVID19 y las recientes protestas contra el racismo ponen de manifiesto cómo necesitamos luchar desesperadamente por un mundo más inclusivo e igualitario; un mundo donde nadie se quede atrás. Este momento que vivimos nos demuestra que todos desempeñamos un papel en la lucha para conseguir cambiar las cosas. Esto es la esencia misma de la campaña del Día Mundial del Refugiado del ACNUR. Este año, nuestro objetivo es recordar al mundo que todas las personas, incluidos los refugiados, pueden hacer una contribución a la sociedad y cada acción cuenta para crear un mundo más justo, inclusivo e igualitario.

    El mundo está siendo testigo del mayor número de desplazamientos de los que se tienen constancia. Una cantidad sin precedentes de 70,8 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a abandonar sus hogares a causa del conflicto y la persecución a finales de 2018. Entre ellas, hay casi 30 millones de refugiados, de los cuales más de la mitad son menores de 18 años. Además, hay 10 millones de personas apátridas a las que se les ha negado una nacionalidad y el acceso a derechos fundamentales, como la educación, sanidad, empleo y libertad de circulación.

    Los refugiados se encuentran entre las personas más vulnerables del mundo. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967 constituyen los instrumentos legales únicos que amparan la protección internacional de los refugiados. Según sus provisiones, los refugiados merecen como mínimo los mismos estándares de tratamiento que el resto de extranjeros en un país y, en muchos casos, el mismo tratamiento que los nacionales.

    La Convención de 1951, que define quien es un refugiado, contiene una serie de sus derechos y también pone de relieve sus obligaciones hacia el país de acogida. La piedra angular de la Convención es el principio de no devolución. De acuerdo con este principio, un refugiado no debe ser devuelto a un país donde se enfrenta a graves amenazas a su vida o su libertad. Esta protección no puede reclamarse por los refugiados que están considerados un peligro razonable para la seguridad del país, que hayan sido condenados por un delito particularmente grave o que se consideren un peligro para la comunidad.

    Los derechos contenidos en la Convención de 1951 incluyen:
    el derecho a no ser expulsado, excepto bajo ciertas condiciones estrictamente definidas;
    el derecho a no ser castigado por entrada ilegal en el territorio de un Estado contratante;
    el derecho al empleo remunerado;
    el derecho a la vivienda;
    el derecho a la educación pública;
    el derecho a la asistencia pública;
    el derecho a la libertad de religión;
    el derecho al acceso a los tribunales;
    el derecho a la libertad de circulación dentro del territorio,
    y el derecho a emitir documentos de identidad y de viaje.

    Algunos derechos básicos, incluido el derecho a ser protegidos contra la devolución, se aplican a todos los refugiados. Un refugiado adquiere el derecho a otros derechos cuanto más tiempo permanezcan en el país anfitrión, derecho basado en el reconocimiento de que cuanto más tiempo permanecen en calidad de refugiados, más derechos necesitan.

    Fuente: ONU 19 de junio de 2020

    Viernes, 19 de junio de 2020

    INEGI e INAI presentan los resultados de la ENAID 2019

  • Incrementó el porcentaje de la población que conoce o ha escuchado sobre la existencia de una institución que garantice el derecho de acceso a la información pública; pasó de 50.6% en 2015 a 54.8% en 2019.

  • Con respecto de 2015, el tipo de información gubernamental que registró mayores incrementos porcentuales en cuanto a consultas fue la relacionada con seguridad pública y programas de apoyo social.

  • El 25.7% de la población de 18 años y más identifica a los portales de transparencia como medio para obtener información del gobierno.

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) presentan los resultados de la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) 2019.

    Se trata de la segunda edición de este proyecto estadístico, cuyo propósito es conocer las experiencias, actitudes y percepciones que influyen en el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, así como el grado de conocimiento sobre la legislación y las instituciones encargadas de garantizarlos. La primera edición se llevó a cabo en 2016.

    La ENAID permite hacer estimaciones sobre el tipo de información que consulta cotidianamente la población de 18 años y más, que habita en áreas urbanas de cien mil habitantes y más, así como el medio a través del cual lo hace. De igual manera, se indaga sobre el nivel de la satisfacción que tiene dicha población con la información que genera el gobierno, así como el grado de cumplimiento de diversas características deseables, como confiabilidad, veracidad, utilidad, oportunidad, entre otras.

    Fuente: INEGI 17 de junio de 2020

  • Viernes, 29 de mayo de 2020

    Día Internacional del Personal de Paz de la ONU, 29 de mayo

  • Más de un millón de hombres y mujeres han servido a la bandera de las Naciones Unidas desde 1948. El personal de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas puede estar formado por militares, policías o civiles. Por desgracia, más de 3500 personas perdieron la vida en pro de la paz.