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Jueves, 14 de octubre de 2021

Estadísticas a Propósito del Día Mundial
para la Erradicación de la Pobreza

Datos nacionales

  • De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020, el ingreso corriente promedio trimestral en los hogares en México es de 53 798 pesos, esto significa una disminución de casi 6 puntos porcentuales con respecto a 2018 (57 065 pesos).
  • Los servicios de educación y gastos de esparcimiento son el rubro de gasto con mayor cambio entre 2018 y 2020. Disminuyó de 12% a 8 por ciento.
  • En el rubro de cuidados de la salud, el gasto corriente trimestral de los hogares aumentó de 3% en 2018 a 4% en 2020.
  • La conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza se remonta al 17 de octubre de 1987 y se ha conmemorado cada año a partir de 1993, desde su declaración por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este día tiene el propósito de promover una mayor conciencia sobre la necesidad de erradicar la pobreza y la indigencia en todos los países, en particular en los países en desarrollo, necesidad que se ha convertido en una de las prioridades del desarrollo.

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrece información sobre las fuentes principales de ingresos en los hogares, así como las principales características del gasto de los hogares en México de acuerdo con información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020.

    Ingreso en los hogares

    De acuerdo con la ENIGH 2020 el promedio del ingreso total trimestral en los hogares de México es de 53 798 pesos por hogar; esto significa una disminución de 5.7 puntos porcentuales con respecto al promedio de la ENIGH 2018 (57 065 pesos).

    El ingreso corriente promedio trimestral por hogar según la ENIGH 2020 es de 50 309 pesos, esta cifra representa una disminución de 3 110 pesos trimestrales con respecto al ingreso de 2018 (53 419 pesos).

    La principal fuente de ingreso de los hogares la constituye el ingreso por trabajo, que en 2020 representó 64%, tres puntos porcentuales menos que en 2018 (67%). Estos ingresos corresponden a un monto de 32 106 pesos, cifra menor a los 35 951 pesos que reportó la ENIGH 2018, es decir, una disminución de 10.7 por ciento.

    La segunda fuente de ingresos son las transferencias con 18 por ciento. Estas reflejan un aumento de tres puntos porcentuales con respecto a 2018 que fue de 15 por ciento.

    Fuente: INEGI 14 de octubre de 2021

    Jueves, 7 de octubre de 2021

    La pobreza multidimensional es un
    problema más étnico que geográfico

  • En América Latina, por ejemplo, los pueblos indígenas se encuentran entre los más pobres. En Bolivia, las comunidades indígenas representan alrededor del 44% de la población, pero representan el 75% de los pobres multidimensionales.

    El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) mundial, elaborado por el Programa para el Desarrollo de la ONU y la Iniciativa de Oxford para la Pobreza y el Desarrollo Humano, muestra también que en nueve grupos étnicos específicos encuestados, más del 90% de su población está atrapada en la pobreza.

    Además de los ingresos, el Índice mide la pobreza mediante varios indicadores, como la salud deficiente, la educación insuficiente y el bajo nivel de vida.

    La investigación para el informe se ha llevado a cabo en 109 países y abarca 5900 millones de personas. Presenta, además, un desglose por etnia, raza y casta, en 41 naciones.

    En América Latina, por ejemplo, los pueblos indígenas se encuentran entre los más pobres. En Bolivia, las comunidades indígenas representan alrededor del 44% de la población, pero representan el 75% de los pobres multidimensionales.

    Las cifras son también muy reveladoras en la India, donde cinco de cada seis personas en situación de pobreza pertenecen a “tribus o castas inferiores”, según el citado Programa.

    En los 109 países estudiados, un total de 1300 millones de personas son multidimensionalmente pobres.

    Aproximadamente la mitad de estas personas, 644 millones, son menores de 18 años, y casi el 85% vive en el África subsahariana o en el sur de Asia. Más del 67% vive en países de renta media.

    Alrededor de 788 millones de personas viven en hogares con al menos una persona desnutrida, y unos 568 millones carecen de fuentes de agua potable en un radio de 30 minutos a pie.

    De las 80 naciones y 5000 millones de personas de las que hay datos, 70 naciones redujeron su Índice de pobreza multidimensional en al menos un período. Los cambios más rápidos se produjeron en Sierra Leona y Togo.

    La directora de la Iniciativa de Oxford para la Pobreza y el Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford, Sabina Alkire, insistió en la necesidad de arreglar las desigualdades estructurales que oprimen y obstaculizan el progreso.

    Para ella, el desglose de los datos de pobreza multidimensional por etnia, raza, casta y género “desenmascara las disparidades y constituye una guía vital para que los responsables políticos no dejen a nadie atrás en la última década de acción”.

    Fuente: ONU 07 de octubre de 2021

  • Jueves, 7 de octubre de 2021

    El Índice de pobreza revela profundas
    desigualdades entre grupos étnicos

    Las disparidades en la pobreza multidimensional entre grupos étnicos se mantienen consistentemente altas en muchos países y en nueve grupos étnicos más del 90 % de la población se encuentra atrapada en la pobreza, según revela el nuevo análisis sobre pobreza multidimensional a nivel mundial.

    El Índice global de Pobreza Multidimensional (IPM), producido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Iniciativa sobre Pobreza y Desarrollo Humano de Oxford (OPHI), mide la pobreza a partir de la valoración de diversas privaciones experimentadas por las personas en sus vidas cotidianas, como la falta de buena salud, una educación insuficiente, y un bajo nivel de vida. El informe, examina el grado y la composición de la pobreza multidimensional en 109 países, donde viven 5.900 millones de personas, además de ofrecer datos desglosados por etnia, raza y casta de 41 países en los que existen datos disponibles.

    El informe concluye que, en algunos casos, las disparidades en la pobreza multidimensional entre grupos étnicos y raciales son aún mayores que las disparidades entre territorios geográficos subnacionales. De hecho, al efectuar un desglose del IPM por grupos étnicos, el rango de los valores es mayor que el obtenido entre los 109 países y en todas las demás variables de desagregación aplicadas.

    Asimismo, el informe muestra la enorme variación en pobreza multidimensional que puede existir dentro de un mismo país entre diversos grupos étnicos. Por ejemplo, la diferencia en el porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional en los distintos grupos étnicos en Gabón y Nigeria supera los 70 puntos porcentuales.

    En América Latina, las poblaciones indígenas se encuentran entre las más pobres. Así, en Bolivia, las comunidades indígenas constituyen el 44 % de la población pero representan el 75 % de las personas en situación de pobreza multidimensional. Las cifras son también abrumadoras en India, donde cinco de cada seis personas en pobreza multidimensional proceden de tribus o castas más bajas.

    El informe incluye también un análisis de la pobreza multidimensional intrafamiliar centrado en el género. En los 109 países incluidos, alrededor de dos tercios de la población en situación de pobreza multidimensional (836 millones) viven en hogares en los que no hay ninguna mujer o niña con, al menos, seis años de escolarización completa. Una sexta parte de la población en situación de pobreza multidimensional (215 millones) vive en hogares en los que al menos un niño o un hombre han completado seis o más años de escolarización pero ninguna mujer o niña lo ha hecho. El informe pone de manifiesto también que las mujeres y niñas que viven en situación de pobreza multidimensional corren un mayor riesgo de sufrir violencia a manos de sus parejas.

    A nivel mundial, en 109 países con una población de 5.900 millones de personas:

  • 1.300 millones de personas sufren la pobreza en múltiples dimensiones.

  • Aproximadamente la mitad (644 millones) son menores de 18 años.

  • Casi el 85 % vive en el África subsahariana (556 millones) y Asia meridional (532 millones).

  • Más del 67 % vive en países de renta media

    Pero ¿cuál es la realidad cotidiana de las personas en situación de pobreza multidimensional? Los datos dibujan un panorama sombrío:

  • 1.000 millones de personas están expuestas a combustibles de cocina sólidos, 1.000 millones viven con sistemas de saneamiento inadecuados y 1.000 millones carecen de una vivienda digna.

  • 788 millones viven en hogares donde, al menos, una persona sufre desnutrición.

  • 568 millones carecen de agua potable o tienen que caminar más de 30 minutos (ida y vuelta) para poder acceder a ella.

    Aunque todavía no contamos con datos completos sobre el impacto de la COVID-19 en el IPM, la pandemia ha desnudado las grietas existentes en los sistemas de protección social, en la educación y la vulnerabilidad de los trabajadores en todo el mundo. Estas grietas, señala el informe, son más profundas en los países con mayores tasas de pobreza multidimensional. Por ejemplo, millones de niños y niñas vieron interrumpida su escolarización presencial durante la pandemia en todo el mundo, pero la alteración en la educación formal fue más acentuada en los países con los índices de pobreza multidimensional más elevados. Un ejemplo es Zambia, donde la diferencia entre el porcentaje de hogares con niños que iban a la escuela antes de la pandemia y los que utilizaron la educación a distancia durante la misma fue de alrededor de 80 puntos porcentuales. Si nos atenemos a la experiencia de emergencias sanitarias anteriores, es posible que muchos de estos niños y niñas ya no vuelvan a la escuela.

    Fuente: PNUD 07 de octubre de 2021

  • Jueves, 7 de octubre de 2021

    Se necesitan reformas urgentes para impulsar el crecimiento
    y evitar otra década perdida en América Latina y el Caribe

    Las secuelas de la crisis de COVID-19 llevarán años en desaparecer si los países de América Latina y el Caribe no toman medidas inmediatas para impulsar un deslucido proceso de recuperación de la pandemia, con la pobreza en su mayor nivel en décadas, de acuerdo con un nuevo informe del Banco Mundial, Recobrar el crecimiento: Reconstruyendo economías dinámicas pos-COVID con restricciones presupuestarias.

    Si bien se prevé que el crecimiento regional se recupere un 6,3 por ciento en 2021, junto a una aceleración de la vacunación y una caída en las muertes por COVID-19, la mayoría de los países no logrará revertir del todo la contracción de 6,7 por ciento que tuvo lugar el año pasado. Más aún, las previsiones de crecimiento para los próximos dos años caen por debajo del 3 por ciento, un regreso a las tasas de crecimiento bajas de la década de 2010, generando preocupación de una nueva década perdida en términos de desarrollo.

    Para alcanzar el ritmo de crecimiento necesario para hacer avanzar a la región y reducir las tensiones sociales, esta debe llevar a cabo de forma urgente reformas muy postergadas aunque viables en el ámbito de la infraestructura, la educación, la salud, la política energética y la innovación, además de encarar los nuevos desafíos planteados por el cambio climático, según el informe.

    No obstante, la recuperación a nivel regional enfrenta múltiples obstáculos. Cualquier resurgimiento del virus impactará sobre el crecimiento, mientras que la persistencia de las presiones inflacionarias a nivel mundial podría derivar en tasas de interés más elevadas, reduciendo la demanda. A su vez, el elevado nivel de endeudamiento del sector privado podría acotar su capacidad de liderar la recuperación, mientras que los crecientes niveles de déficit público y endeudamiento limitan el potencial de cualquier intervención pública futura.

    Mediante un aumento de la transparencia y la rendición de cuentas en el sector público, y aprovechando la disciplina del sector privado, el informe insta a promover el crecimiento sostenible y equitativo en tres grandes áreas:

    Replantear las prioridades de gasto público: acercándose a niveles mundiales de eficiencia y fijando nuevas prioridades para el gasto, los sistemas de salud pueden obtener ganancias rápidas que alargarían la esperanza de vida promedio en cuatro años. La educación puede mejorarse centrándose en las escuelas más afectadas, con un mejor uso de tecnologías y promoviendo las carreras terciarias cortas capaces de alinear mejor las habilidades disponibles con las necesidades de la industria. El gasto en investigación y desarrollo, que es la mitad del porcentaje observado en los países de ingreso medio, puede ser usado de manera más eficiente asegurando la existencia de vínculos entre los centros de investigación y el sector privado, mientras que un mayor nivel de transferencias públicas e inversión en infraestructura puede servir para impulsar el crecimiento y reducir la desigualdad. La generación y el consumo de energía pueden volverse más sostenibles en términos ambientales y fiscales focalizando mejor los subsidios hacia los segmentos más vulnerables (entre el 40 y el 60 por ciento de los subsidios eléctricos se dirige al 20 por ciento más alto de la escala de ingreso).

    Gasto más eficiente: en lugar de recortar el gasto, reducir la ineficiencia en el sistema de contrataciones públicas y en los programas de transferencias, que representan pérdidas promedio de 4,4 por ciento del PIB, podría liberar recursos para otros fines. Solamente en las contrataciones se estima que el uso de mejores prácticas tendientes a reducir la corrupción, la ineficiencia y aumentar la competitividad de las licitaciones podría resultar en un ahorro del 22 por ciento del gasto sin cambios en las actuales leyes de contratación pública.

    Potenciar los ingresos: hay espacio para aumentar los impuestos sin afectar el crecimiento de manera significativa. Las áreas a explorar incluyen ampliar los impuestos sobre la propiedad y en menor medida sobre la renta de las personas, elevar los gravámenes sobre alimentos no saludables y las emisiones de carbono, y mejorar la capacidad de recaudación en una región donde el nivel de evasión del impuesto sobre la renta de las sociedades es prácticamente del 50 por ciento.

    Fuente: UNCTAD 06 de octubre de 2021

    Miércoles, 25 de agosto de 2021

    La seguridad alimentaria y la COVID-19

    Cada vez más países se enfrentan a crecientes niveles de inseguridad alimentaria grave, que echan por tierra años de avances de desarrollo. Incluso antes de que la COVID-19 redujera los ingresos e interrumpiera las cadenas de suministro, el hambre crónica y el hambre aguda estaban aumentando por diversos factores, como los conflictos, las condiciones socioeconómicas, los peligros naturales, el cambio climático y las plagas.

    El índice de precios de los productos básicos agrícolas se mantuvo cercano al nivel máximo registrado desde 2013, y el 16 de julio de 2021 era aproximadamente un 30 % más alto que en enero de 2020. Los precios del maíz, el trigo y el arroz superaban en alrededor del 43 %, el 12 % y el 10 %, respectivamente, los de enero de 2020. Las alzas reflejan la fuerte demanda, junto con la incertidumbre respecto del clima, las condiciones macroeconómicas y las alteraciones de la oferta relacionadas con la COVID-19, aun cuando las perspectivas de la producción mundial de los cereales más importantes siguen siendo buenas.

    Los principales riesgos para la seguridad alimentaria se plantean a nivel nacional: los mayores precios minoristas, combinados con la disminución de los ingresos, implica que más y más hogares están reduciendo la cantidad y la calidad de su consumo de alimentos.

    Numerosos países están experimentando una elevada inflación de precios de los alimentos a nivel minorista, lo que obedece a la persistencia de las alteraciones de la oferta derivadas de las medidas de distanciamiento social impuestas debido a la COVID-19, las devaluaciones monetarias y otros factores. El alza del precio de los alimentos afecta más a la población de los países de ingreso bajo y mediano, que gasta en alimentos un porcentaje mayor de sus ingresos que la de los países de ingreso alto.

    Según encuestas telefónicas rápidas realizadas por el Banco Mundial en 48 países, un número considerable de personas se está quedando sin alimentos o está reduciendo su consumo. La disminución de la ingesta de calorías y la nutrición deficiente amenazan los avances obtenidos en materia de salud y reducción de la pobreza, y podrían tener efectos duraderos en el desarrollo cognitivo de los niños pequeños. Entre 720 millones y 811 millones de personas padecieron hambre en el mundo en 2020, de acuerdo con el informe de las Naciones Unidas El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (i). Si se toma en cuenta el valor medio de las proyecciones (768 millones), se desprende que alrededor de 118 millones de personas más que en 2019 sufrían hambre crónica en 2020. Al utilizar otro indicador que refleja el acceso a alimentos suficientes a lo largo del año, se llega a la conclusión de que casi 2370 millones de personas (el 30 % de la población mundial) carecieron de acceso a alimentos suficientes en 2020, lo que representa un aumento de 320 millones en apenas un año.

    El hambre presentaba una tendencia al alza incluso antes de la pandemia de COVID-19, que intensificó los efectos de los fenómenos climáticos extremos, los conflictos y otras crisis que ya menoscababan las oportunidades económicas.

    A nivel de los países, el Grupo Banco Mundial trabaja con los Gobiernos y los asociados internacionales para vigilar de cerca las cadenas nacionales de suministro alimentario y agrícola, analizar de qué forma la pérdida de empleo y de ingresos está afectando la capacidad de las personas para comprar alimentos, y asegurar que los sistemas alimentarios continúen funcionando pese a las dificultades que plantea la COVID-19.

    Fuente: UNCTAD 24 de agosto de 2021

    Lunes, 23 de agosto de 2021

    CONEVAL presenta información referente a la
    pobreza laboral al segundo trimestre de 2021

    El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), estima los datos referentes a la pobreza laboral a partir de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En 2020, debido a la contingencia sanitaria, se interrumpió la recolección de la información de la ENOE durante el segundo trimestre de 2020. De esta forma, INEGI incorporó dos estrategias de levantamiento en el marco del mismo diseño conceptual, estadístico y metodológico de la ENOE tradicional, con la finalidad de contar con información relevante para monitorear la situación de la ocupación y empleo en el periodo de contingencia de la COVID-19.1,2,3 De manera que, a partir de septiembre de 2020, el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo denominada Nueva Edición(ENOEN).

    El poder adquisitivo del ingreso laboral real per cápita tuvo un aumento de 2.9% entre el primer trimestre 2021 y el segundo trimestre 2021, al pasar de $1,827.39 a $1,879.53. Este cambio trimestral del ingreso laboral representa un incremento de $52.15 pesos respecto al primer trimestre de 2021.

    En cuanto al tercer trimestre de 2020, el poder adquisitivo del ingreso laboral real per cápita del segundo trimestre 2021 presentó un aumento de 11.7%; sin embargo, este aún se encuentra por debajo del que se reportó en el primer trimestre de 2020, previo a la crisis sanitaria derivada del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), cuando se ubicó en $1,919.84 pesos.

    En el segundo trimestre 2021, en promedio, las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI) rural y urbana, es decir, el valor monetario de las canastas alimentarias, mostraron un incremento trimestral de 3.2% y 2.6%, respectivamente, ambos aumentos son superiores a la inflación trimestral promedio que fue de 1.4%. Cabe señalar que estos aumentos son los más altos desde el primer trimestre 2020.

    El porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria disminuyó de forma trimestral al pasar de 39.4% en el primer trimestre de 2021 a 38.5% en el segundo trimestre de 2021. Entre los factores que explican esta disminución se encuentra el incremento trimestral de 2.9% en el ingreso laboral real, el aumento en la masa salarial de 3.1% y de los ocupados (4.9%) durante el mismo periodo.

    La recuperación paulatina de la economía mexicana también se refleja en el registro de ocupados en el IMSS. Este comportamiento se observa a partir del tercer trimestre 2020 donde se mostró una recuperación de las plazas registradas. De tal forma que, entre el primer y segundo trimestre de 2021, el número de trabajadores permanentes y eventuales en el IMSS reflejó una recuperación de 149,671 empleos (0.7%), donde los trabajadores permanentes presentaron un aumento de 195,676 empleos (1.1%), mientras que, en los trabajadores eventuales se dio una disminución de 46,005 empleos (-1.6%). De manera similar, se registró este comportamiento en las plazas tanto para hombres (0.5%) como para las mujeres (1.2%).

    Entre el primer trimestre de 2021 y segundo trimestre de 2021 se observa un aumento de la pobreza laboral para las personas ocupadas según su situación de formalidad: informales y formales. Durante este periodo, el porcentaje de ocupados informales con un ingreso laboral promedio por debajo de la canasta alimentaria pasó de 19.8% a 21.2%. Por otro lado, el porcentaje de trabajadores formales en esta situación se mantuvo aproximadamente en los mismos niveles, alrededor del 0.9% entre los mismos periodos. Asimismo, se observó una disminución de 0.3% y 1.2% en el ingreso laboral real promedio tanto de los trabajadores informales y los formales, respectivamente.

    Entre el primer y el segundo trimestre de 2021, se observa un aumento en el número de trabajadores subordinados y remunerados al pasar de 36.6 millones a 38.1 millones. Este aumento representa la incorporación al mercado laboral como trabajadores subordinados y remunerados de 1.5 millones de personas. En el caso de empleadores, trabajadores por cuenta propia y trabajadores sin pago, durante estos trimestres se observa un aumento de 98.6 mil, 559.6 mil y 249.5 mil trabajadores, respectivamente.

    En cuanto a la relación de dependientes económicos, que indica el promedio del número de dependientes económicos que hay en los hogares por cada residente ocupado, entre el primer trimestre de 2021 y el segundo trimestre de 2021 se observa que esta relación disminuyó en 5.7%, al pasar de 1.5 a 1.4, respectivamente.

    Respecto al total de los desocupados según la clasificación de los antecedentes laborales, del primer al segundo trimestre de 2021 hubo una disminución de 5.6 puntos porcentuales en el porcentaje de personas que perdieron o terminaron su empleo anterior (es decir, pasó de 67.6% a 62.1% en cada trimestre).

    En relación con el tiempo de las personas que se encuentran desempleadas, entre el primer trimestre de 2021 y el segundo trimestre de 2021, hubo una disminución de 1.9 puntos porcentuales en la población que permaneció más de un mes y hasta tres meses desempleado (de 32.0% a 30.1%, respectivamente); mientras que, en la población de más de tres meses hasta seis meses, se presentó un incremento de 5.6 puntos porcentuales en el mismo periodo (11.0% a 16.6%). De igual manera, se observa una disminución en las personas con una duración de desempleo de más de seis meses hasta un año, de 4.8 puntos porcentuales, al pasar de 10.2% a 5.4% entre el primer y segundo trimestre de 2021, respectivamente.

    Entre el primer trimestre de 2021 y el segundo trimestre de 2021, el número de trabajadores domésticos con alguna remuneración aumentó en 5.2%, al pasar de 2.0 a 2.1 millones de personas. Este incremento derivó en una mayor incorporación de trabajadores del hogar para ambos sexos, aunque los hombres presentaron un mayor aumento, en comparación con las mujeres (11.4% y 4.6% respectivamente).

    Del total de trabajadores del hogar remunerados en el segundo trimestre de 2021, 16.2% se encontraban en situación de pobreza laboral, es decir, su ingreso laboral fue inferior al valor monetario de la canasta alimentaria; esto representa un aumento de 2.0 puntos porcentuales con respecto al primer trimestre 2021.

    Este aumento fue provocado por la caída del 12.5% del ingreso promedio real de los trabajadores domésticos hombres. De manera contraria, las mujeres presentaron un incremento de 2.2%; sin embargo, la brecha salarial entre hombres y mujeres se mantiene en $995.69 pesos reales.

    Entre el primer trimestre de 2021 y el segundo trimestre de 2021, se observó un aumento real del ingreso laboral per cápita en los hogares en todos los quintiles de ingresos. Estos incrementos se concentran principalmente en el primer quintil, es decir, en el 20.0% de la población de menores ingresos, ya que se observa que su ingreso laboral real per cápita promedio pasó de $92.69 a $118.78 pesos reales entre el primer y el segundo trimestre de 2021, lo cual corresponde a un incremento trimestral de 28.1%. Por otra parte, el ingreso laboral per cápita promedio del resto de la población mostró una recuperación de menor magnitud. Por ejemplo, el 20.0% de la población con mayores ingresos (quinto quintil) presentó un aumento trimestral de 1.6% en este periodo.

    la población ocupada con ingreso laboral menor al salario mínimo presentó el mayor aumento (758,449 personas), al pasar de 15,185,382 ocupados en el primer trimestre 2021 a 15,943,831 ocupados en el segundo trimestre de 2021. En contraste, la población con ingreso laboral mayor a 5 salarios mínimos y hasta 10, fue el único rango que presentó una disminución durante este periodo (14,201 personas ocupadas) al pasar de 973,598 a 959,397, respectivamente.

    La masa salarial real (monto de las remuneraciones totales de los ocupados) aumentó 3.1% entre el primer trimestre 2021 y el segundo trimestre 2021, al pasar de $209,821.71 a $216,255.28 millones de pesos. Lo anterior representa un aumento de $6,433.57 millones de pesos entre estos periodos.

    El porcentaje de población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral entre el primer trimestre 2021 y el segundo trimestre 2021 disminuyó a nivel nacional 0.9 puntos porcentuales. Destacan los estados de Hidalgo con una disminución de 6.8; Quintana Roo con 3.7 y Baja California con 3.5 puntos porcentuales.

    Por otra parte, entre el tercer trimestre 2020 y el segundo trimestre 2021, el porcentaje de población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral disminuyó 5.8 puntos porcentuales a nivel nacional, lo cual se vio reflejado en una disminución de la pobreza laboral en la mayoría de las entidades federativas.

    En el segundo trimestre de 2021 el ingreso laboral real de los trabajadores a nivel nacional fue de $1,879.53, lo que representa un aumento de 2.9% con respecto al trimestre anterior, en el que el ingreso total fue de $1,827.39.

    En el segundo trimestre 2021, el ingreso laboral real promedio de la población ocupada a nivel nacional fue de $4,380.71 al mes. Los hombres ocupados reportaron un ingreso laboral mensual de $4,755.36 y las mujeres $3,803.92; la brecha de los ingresos laborales entre hombres y mujeres el segundo trimestre fue de $951.45, la cual es $94.91 mayor que la del primer trimestre 2021 ($856.54). En términos relativos en el segundo trimestre 2021 el ingreso de los hombres ocupados es aproximadamente 1.3 veces el de las mujeres, lo que indica una proporción mayor al del trimestre anterior (1.2 veces más).

    En el segundo trimestre 2021, el ingreso laboral real promedio del total de la población ocupada que reside en municipios no indígenas fue de $4,585.36 al mes, aproximadamente el doble del ingreso real de los ocupados residentes en municipios indígenas, que en promedio fue de $2,256.05.

    En el segundo trimestre de 2021, la población adulta (30 a 64 años), los jóvenes (12 a 29 años), y los adultos mayores (65 años o más) recibieron en promedio por su trabajo $4,801.09, $3,630.72, y $3,212.42, respectivamente. Es decir, durante este periodo, la población de 30 a 64 años recibió aproximadamente 1.3 veces el ingreso de los jóvenes y 1.5 veces el de los adultos mayores, proporciones similares a las del trimestre anterior.

    Fuente: CONEVAL 20 de agosto de 2021

    Jueves, 19 de agosto de 2021

     

    Chiapas. Pobreza 2020

    La Secretaría de Hacienda, en el marco del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, presenta el documento Chiapas. Pobreza 2020.

    Este documento pretende mostrar un panorama general de la Población Hablante de Lengua Indígena (PHLI) residente en el Estado de Chiapas en el año 2020, tomando como fuente de información los datos publicados por el INEGI como resultado del reciente Censo de Población y Vivienda 2020.

    A nivel nacional se registro que 43.9% de la población se encontraba en condición de pobreza.

    El estado de Chiapas tuvo el mayor porcentaje de población en condición de pobreza ya que representa tres cuartas partes de su población total, es decir 75.5%.

    A nivel nacional se registró un aumento de 2 puntos en cuanto al porcentaje de población en condición de pobreza entre los años 2018 y 2020. Lo anterior representó un aumento de 3 millones 763 mil personas.

    En lo que respecta a Chiapas, se ubicó dentro de las 13 entidades que redujeron su porcentaje de población en condición de pobreza, registrando 2.5 puntos porcentuales menos en el año 2020 en relación al año 2018, en términos absolutos fue una disminución de 52 mil personas.

    En lo que respecta al porcentaje de población en condición de pobreza moderada en el año 2020, a nivel nacional se obtuvo el valor de 35.4% del total de la población.

    El estado de Chiapas, ocupó la tercera posición a nivel nacional con un valor de 46.4%, que representa 2 millones 594 mil personas con esta condición en el año 2020.

    A nivel nacional se registró un aumento de 0.5 puntos en cuanto al porcentaje de población en condición de pobreza moderada, entre los años 2018 y 2020, lo anterior representó un aumento de 1 millón 666 mil personas.

    Chiapas, se ubicó dentro de las 19 entidades que redujeron su porcentaje de población en condición de pobreza moderada, registrando 1 punto porcentual menos en el año 2020 en relación al año 2018, en términos absolutos fue una disminución de 61 mil personas.

    En lo que respecta al porcentaje de población en condición de pobreza extrema en el año 2020, a nivel nacional se obtuvo el valor de 8.5% del total de la población.

    En este aspecto, el estado de Chiapas registro el valor más alto a nivel nacional con 29%; que representa 1 millón 623 mil personas en esta condición.

    A nivel nacional se registró un aumento de 1.5 puntos en cuanto al porcentaje de población en condición de pobreza extrema, entre los años 2018 y 2020, lo anterior representó un aumento de poco más de 2 millones de personas.

    Chiapas se ubicó como la tercer entidad con la mayor reducción del porcentaje de población en condición de pobreza extrema con 1.5 puntos porcentuales menos, lo que en términos absolutos representó una disminución de poco menos de 10 mil personas.

    A nivel nacional el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales alcanzó la cifra de 23.7%.

    Chiapas se ubicó como la entidad con el menor porcentaje de población en esta condición al registrar 14.1%, cifra que representa a 788 mil personas.

    A nivel nacional el porcentaje de población vulnerable por ingresos alcanzó la cifra de 8.9% en el año 2020.

    La entidad con el menor porcentaje de población en esta condición es Oaxaca con 2.4%, en segundo lugar se ubica Chiapas al registrar 3.3% de su población, esta cifra representa a 183 mil personas.

    El porcentaje de población no pobre y no vulnerable a nivel nacional registró un valor de 23.5% en el año 2020.

    La entidad con el menor porcentaje de población en esta condición es Chiapas con 7.1%, que en términos absolutos representa 397 mil personas.

    El porcentaje de población con rezago educativo a nivel nacional registró un valor de 19.2% en el año 2020.

    Para el mismo año, Chiapas fue la entidad que registró el mayor porcentaje de población en esta condición con 32.5%, dicho valor representó un aumento de 1.3 puntos porcentuales en relación al valor registrado en 2018.

    En lo que se refiere a la carencia por acceso a los servicios de salud, se tiene que a nivel nacional se registró que 28.2% de la población se encontraba en esta condición en el año 2020.

    Para el año 2020, en el estado de Chiapas se registró que 37.1% de su población padecía esta condición, dicho valor posicionó al estado como la segunda entidad con el mayor porcentaje registrado.

    Cabe mencionar que el incremento del valor estatal entre el año 2018 y el 2020 fue de poco más del doble, es decir 19.7 puntos porcentuales más.

    El porcentaje de población con carencia por acceso a la seguridad social a nivel nacional en 2020 registró el valor de 52% de la población.

    Para el mismo año, Chiapas fue el estado con el mayor porcentaje de población en esta condición con 78.9%, dicho valor fue 4.2 puntos porcentuales menos que el registrado en el 2018 (83.1%).

    A nivel nacional, el porcentaje de población con carencia por calidad y espacios de la vivienda en 2020 registró el valor de 9.3% de la población con esta carencia.

    Chiapas ocupó la tercera posición a nivel nacional como las entidades con mayo porcentaje de su población con esta carencia, dicho valor fue 20%; mismo que registro un descenso de 3.6 puntos porcentuales en relación al año 2018 (23.6%).

    La dotación de servicios básicos ha sido contemplada en todo momento por los diferentes niveles de gobierno, para el año 2020 a nivel nacional, el porcentaje de población con carencia por acceso a estos servicios en la vivienda registró el valor de 17.9%.

    Chiapas ocupó la segunda posición a nivel nacional como las entidades con mayor porcentaje de su población con esta carencia, dicho valor fue 55.8%; registrando una disminución de 1.3 puntos porcentuales en relación al año 2018 (57.1%).

    El porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad a nivel nacional se ubicó en 22.5% para el año 2020.

    En lo que respecta al estado de Chiapas, se tiene que 24.5% de su población presenta esta carencia, dicho valor presentó una disminución de 1.2 puntos porcentuales en relación al año 2018 (25.7%).

    A nivel nacional, el porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos fue de 17.2 para el año 2020.

    Chiapas fue el estado con el mayor porcentaje de población con esta carencia al registrar 44.1%, a pesar de lo anterior también fue el estado con la mayor disminución de dicho porcentaje al registrar 5.2 puntos porcentuales menos en relación al año 2018 (49.4%).

    A nivel nacional, el porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos alcanzó un valor de 52.8% para el año 2020.

    Chiapas, al igual que en el indicador anterior, fue el estado con el mayor porcentaje de población con esta carencia al registrar 78.8%, aún con lo anterior se ubicó dentro de las entidades que lograron reducir dicho porcentaje con 2.2 puntos porcentuales menos en relación al año 2018 (81%).

    Fuente: SH 19 de agosto de 2021

    Jueves, 12 de agosto de 2021

    Valor de la canasta alimentaria, julio 2021

    El valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (canasta alimentaria) urbana pasó de $1,688.57 (julio de 2020) a $1,810.09 (julio de 2021), incrementó 7.2%, mientras que el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (canasta alimentaria) rural pasó de $1,287.59 (julio de 2020) a $1,383.84 (julio de 2021), incrementó 7.5%.

    Respecto a la variación mensual, el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (canasta alimentaria) urbana pasó de $1,793.40 (junio de 2021) a $1,810.09 (julio de 2021), incrementó 0.9%, mientras que el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (canasta alimentaria) rural pasó de $1,370.74 (junio de 2021) a $1,383.84 (julio de 2021), incrementó 1.0%.

    Fuente: CONEVAL 11 agosto de 2021

    Jueves, 5 de agosto de 2021

    CONEVAL presenta las estimaciones de
    pobreza multidimensional 2018 y 2020

    El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en cumplimiento con las disposiciones establecidas en los Lineamientos y criterios generales para la definición, identificación y medición de pobreza, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de octubre de 2018,8 y derivado de cambios normativos y de investigaciones que fundamentan la incorporación de adecuaciones técnicas para reflejar los cambios sociales del país, actualizó la Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México.

    La tercera edición de la actualización de la Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México responde a dos elementos centrales: 1) cambios normativos aprobados por el Poder Legislativo a partir de 2010 y 2) cambios técnicos producto de los procesos de investigación realizados por el CONEVAL. Con ello, a partir de los resultados de 2020 y los presentados para 2018 comienza una nueva serie de medición de pobreza.

    Cabe señalar que, aunque dicha actualización implicó cambios en los criterios adoptados para la definición de los umbrales o la construcción de los indicadores, la metodología conserva los mismos fundamentos, criterios generales y la definición de pobreza multidimensional presentada en 2009.

    El CONEVAL en el marco de sus atribuciones y con base en información contenida en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2020, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el 28 de julio del presente año, da a conocer las estimaciones de pobreza multidimensional 2020 y su comparativo con 2018, con base en los Lineamientos 2018 iniciando con ello una nueva serie.

  • Entre 2018 y 2020, el porcentaje de la población en situación de pobreza aumentó de 41.9% a 43.9%, mientras que el número de personas en esta situación pasó de 51.9 a 55.7 millones de personas.

  • El porcentaje de la población en situación de pobreza extrema presentó un incremento de 7.0% a 8.5% entre 2018 y 2020 y el número de personas en situación de pobreza extrema aumentó de 8.7 a 10.8 millones de personas.

  • En términos de carencias sociales, el mayor cambio entre 2018 y 2020 es un aumento de 12.0 puntos porcentuales en la carencia por acceso a los servicios de salud, que pasó de 16.2% a 28.2%. Otras carencias que aumentaron en menor medida son el rezago educativo con un incremento de 0.25 puntos porcentuales y la carencia por acceso a alimentación nutritiva y de calidad (0.31 puntos porcentuales).

  • Por otro lado, entre 2018 y 2020, se observa una disminución a nivel nacional de los indicadores de la carencia por calidad y espacios de la vivienda y de la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda con 1.7 puntos porcentuales cada una; así como de la carencia por acceso a la seguridad social, con 1.4 puntos porcentuales.

  • Entre 2018 y 2020, 19 entidades federativas presentaron un aumento en el porcentaje de la población en situación de pobreza. 4 Las tres entidades con mayores incrementos fueron: Quintana Roo (de 30.2% a 47.5%), Baja California Sur (de 18.6% a 27.6%) y Tlaxcala (de 51.0% a 59.3%), con 17.3, 9.0 y 8.3 puntos porcentuales más, respectivamente.

  • Entre 2018 y 2020, el porcentaje de la población hablante de lengua indígena en situación de pobreza aumentó de 75.8% a 76.8%7 y el de la población no hablante de lengua indígena en situación de pobreza cambió de 39.3% a 41.5%.

  • Entre 2018 y 2020, el ingreso corriente total per cápita disminuyó 6.9%. Esta reducción es producto de la caída de todas las fuentes de ingreso, salvo las transferencias monetarias totales, que aumentaron 16.2%, al pasar de $639.67 a $743.51.

  • Ante dicho contexto, los resultados de la medición de pobreza multidimensional 2020 permiten guiar y fortalecer la implementación de programas o acciones de política de desarrollo social enfocadas en alentar la recuperación del ingreso de las personas y la atención del conjunto de carencias sociales, con la coordinación interinstitucional de los tres niveles de gobierno.

    Fuente: CONEVAL 05 de agosto de 2021

  • Lunes, 12 de julio de 2021

    Valor de la canasta alimentaria junio de 2021

    El valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (canasta alimentaria) urbana pasó de $1,679.08 (junio de 2020) a $1,793.40 (junio de 2021), incrementó 6.8%, mientras que el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (canasta alimentaria) rural pasó de $1,279.09 (junio de 2020) a $1,370.74 (junio de 2021), incrementó 7.2%.

    Respecto a la variación mensual, El valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (canasta alimentaria) urbana pasó de $1,778.98 (mayo de 2021) a $1,793.40 (junio de 2021), incrementó 0.8%, mientras que el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (canasta alimentaria) rural pasó de $1,360.83 (mayo de 2021) a $1,370.74 (junio de 2021), incrementó 0.7%.

    Fuente: CONEVAL 12 julio de 2021

    Lunes, 12 de julio de 2021

    Informe de las Naciones Unidas: El año de la
    pandemia, dominado por un repunte del hambre mundial

  • El mayor aumento se registra en África. El mundo, que se encuentra en una coyuntura crítica, debe actuar ahora para invertir la situación para 2030.

    El hambre mundial empeoró de forma espectacular en 2020, según informaron las Naciones Unidas, y es probable que ello se deba en gran parte a la repercusión de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Aunque todavía no se ha cartografiado por completo el impacto de la pandemia*, en un informe preparado por varios organismos se estima que el año pasado estaba subalimentada cerca de la décima parte de la población mundial, lo cual puede suponer hasta 811 millones de personas. La cifra es indicio de que será preciso un esfuerzo tremendo para que el mundo cumpla su promesa de poner fin al hambre para 2030.

    La edición del año en curso de El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo es la primera evaluación mundial en su género realizada en tiempos de pandemia. La publicación del informe es obra conjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

    Ya a mediados del decenio de 2010 el hambre había empezado a aumentar sigilosamente, frustrando las esperanzas de una disminución irreversible. Resulta perturbador que en 2020 el hambre se disparara en términos tanto absolutos como relativos superando al crecimiento demográfico: se estima que el año pasado padeció subalimentación cerca del 9,9 % de la población total, frente al 8,4 % registrado en 2019.

    Más de la mitad de la población subalimentada (418 millones de personas) vive en Asia; más de un tercio (282 millones) vive en África, y una proporción inferior (60 millones) vive en América Latina y el Caribe. Sin embargo, el aumento más acusado del hambre se registró en África, donde la prevalencia estimada de la subalimentación (21 % de la población) supera en más del doble a la de cualquier otra región.

    El año 2020 también fue sombrío en relación con otras mediciones. Globalmente, más de 2 300 millones de personas (el 30 % de la población mundial) carecieron de acceso a alimentos adecuados durante todo el año: este indicador, conocido como prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave, se disparó en un año tanto como en los cinco años anteriores combinados. La desigualdad de género se agudizó: en 2020, por cada 10 hombres que padecían inseguridad alimentaria, había 11 mujeres que la padecían (frente a 10,6 en 2019).

    Persistió la malnutrición en todas sus formas, que se cobró un precio alto entre los niños: se estima que en 2020 más de 149 millones de menores de 5 años padecieron retraso del crecimiento (su estatura era demasiado baja para su edad); más de 45 millones padecieron emaciación (su delgadez era excesiva para su altura), y casi 39 millones sufrieron sobrepeso***. No menos de 3 000 millones de adultos y niños seguían sin poder acceder a dietas saludables, en gran parte a causa de los costos excesivos. Casi un tercio de las mujeres en edad reproductiva padece anemia. A escala mundial, pese a los avances en algunos aspectos (por ejemplo, se alimenta a más niños pequeños exclusivamente con leche materna), el mundo no va camino de cumplir para 2030 las metas correspondientes a ninguno de los indicadores en materia de nutrición.

    A partir de las tendencias actuales, en El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo se estima que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (Hambre cero de aquí a 2030) quedará incumplido por un margen de casi 660 millones de personas. De esta cifra total, puede que unos 30 millones se deban a los efectos duraderos de la pandemia.

    Como se indicaba en el informe del año pasado, la transformación de los sistemas alimentarios es esencial para lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y poner las dietas saludables al alcance de todos. En la edición del año en curso se pasa a exponer seis “vías de transformación” que, según afirman los autores, se basan en “un conjunto coherente de carteras de políticas e inversiones” dirigidas a contrarrestar los factores que determinan el hambre y la malnutrición.

    Fuente: FAO 12 de julio de 2021

  • Viernes, 2 de julio de 2021

    Gasto en ayuda social mitigó la pobreza generada por la pandemia,
    pero la brecha entre los países ricos y los pobres aumentó

  • Los países ricos gastaron hasta 212 veces más por persona que las naciones pobres en ayudas sociales para mitigar los efectos económicos sin precedentes de la pandemia.

    Un nuevo informe divulgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestra que las políticas de asistencia en efectivo redujeron sustancialmente el número de personas que de otra forma habrían caído en la pobreza durante la pandemia de la COVID-19.

    Mitigación de la pobreza’. El informe incluye nuevos datos de cómo el gasto en ayudas sociales impidió que las personas quedaran en la pobreza.

    En los 41 países para los cuales hay datos, las medidas de ayuda social ayudaron a escapar de la pobreza a un 80% de las personas —12 millones de un total de 15 millones— que podrían haber quedado por debajo del umbral de pobreza de USD 1,90.

    Cuando los beneficios de las políticas de asistencia social se miden según umbrales de pobreza más altos en los mismos 41 países —por ejemplo, las personas que viven con USD 5,50 por día o menos en esas naciones —, desde marzo de 2020 se evitó que 31 millones de un total de 42 millones de personas cayeran en la pobreza.

    Si bien los beneficios generales de las estrategias de mitigación fueron sólidos, el estudio también revela que estos efectos se limitaron en gran medida a los países de ingresos altos e ingresos medianos altos, que pudieron destinar más dinero a las medidas de protección social.

    En el caso de los países de ingresos medianos, el gasto en ayuda social no alcanzó para impedir que el número de pobres aumentara, y en los países de ingresos bajos, fue imposible impedir la pérdida de ingresos.

    Los datos disponibles revelan diferencias abismales entre los países ricos y los pobres en lo referido a los fondos movilizados para preservar los ingresos y mitigar la pobreza. A nivel mundial, se invirtieron USD 2,9 billones en políticas de protección social, pero apenas USD 379 000 millones se destinaron a los países en desarrollo.

    Mientras que los países de ingresos altos han destinado una media de USD 847 per cápita a las políticas de protección social (asistencia social y seguros), los países de ingresos bajos e ingresos medianos han gastado apenas un promedio de USD 124 por persona. Si se consideran solo los países de ingresos bajos, la suma promedio per cápita destinada a la protección social alcanza a solo USD 4.

    El estudio también señala que haber destinado un ingreso temporal básico a todos los hogares pobres y vulnerables del mundo en desarrollo podría haber reducido el número de personas que cayeron en la pobreza extrema a nivel mundial.

    Las proyecciones del informe muestran que eso habría sido posible destinando apenas un 0,5% del PIB de los países en desarrollo a medidas de apoyo a los ingresos durante seis meses.

    “En el informe se incluyen algunas reflexiones sobre cómo la pandemia afectó a los hogares pobres y vulnerables en los países en desarrollo, pero también sobre la importancia de las opciones de política para mitigar los aumentos en la pobreza. La conclusión es que los países de ingresos bajos fueron incapaces de poner en marcha programas sólidos de asistencia social, lo que implica que no todos los países lograrán recuperarse de la pandemia al mismo ritmo”.

    Fuente: PNUD 01 de julio de 2021

  • Viernes, 25 de junio de 2021

    La crisis de la pandemia provoca una reducción
    de la clase media en América Latina y el Caribe

    La pandemia de COVID-19 empujó el año pasado a 4,7 millones de personas de la clase media a la vulnerabilidad o la pobreza en América Latina y el Caribe (ALC), posiblemente revirtiendo décadas de avances sociales, de acuerdo con un nuevo informe del Banco Mundial. El impacto es aún más dramático si el efecto de un programa de transferencias sociales de carácter masivo y temporal en Brasil es excluido de las proyecciones. Sin ese efecto brasileño, un total de 12 millones de personas en la región perdieron su lugar en la clase media en 2020.

    Lo mismo ocurre con la pobreza. A nivel regional, hubo 400.000 menos pobres en 2020, pero sin el efecto compensador de Brasil se calcula que unas 20 millones de personas cayeron en la pobreza en 2020, con un aumento adicional de 1,4 millones a causa del crecimiento poblacional, de acuerdo con El lento ascenso y súbita caída de la clase media en América Latina y el Caribe.

    En las últimas dos décadas, el número de personas que viven en la pobreza en la región se redujo a la mitad. La clase media (ingreso per cápita de entre US$13 y US$70 al día) superó a los vulnerables (ingreso de entre US$5,50 y US$13 al día) y pobres (por debajo de la línea de pobreza de US$5,50 al día) para pasar a ser el grupo más grande en 2018, pero ese crecimiento se estancó en los últimos años y la región fue una de las más afectadas por la pandemia del coronavirus en términos de costos sanitarios y económicos. En 2020, la clase media se redujo a 37,3% de la población, la clase vulnerable creció a 38,5% y los pobres representaron el 21,8% de la población de ALC.

    Si bien las medidas paliativas como los programas de protección social ayudaron a contener el impacto negativo en el corto plazo, sin una recuperación acelerada e inclusiva y niveles similares de medidas de mitigación, la pobreza podría crecer nuevamente en 2021. Garantizar un acceso amplio a las vacunas, implantar sistemas eficientes y efectivos para distribuirlas y administrarlas, y fortalecer los sistemas de salud en toda la región será clave para la recuperación.

    Asimismo, la crisis amplificó los efectos nocivos de la desigualdad en la región. Más de la mitad (54,4%) de los trabajadores de la región opera en el sector informal, nueve de cada diez trabajadores que viven en la pobreza se encuentran en el sector informal, y casi un tercio son empleados autónomos.

    No obstante, menos de uno de cada cuatro hogares cuenta con saneamiento adecuado, 9% carece de electricidad y apenas el 25% utiliza Internet en casa. De cara a la pandemia y la incertidumbre en curso, los gobiernos deben priorizar el acceso equitativo a los servicios esenciales.

    Los confinamientos subrayaron la importancia de un acceso amplio a Internet y métodos alternativos para adquirir bienes y servicios. Los países deben seguir invirtiendo en infraestructura digital para acelerar estos cambios y promulgar leyes para expandir la economía digital.

    Por otra parte, los programas de protección social deben reevaluarse para ajustar su alcance e incorporar nuevos beneficiarios. Las transferencias de ingreso son útiles para brindarles a los grupos vulnerables algún tipo de seguridad financiera durante los períodos de confinamiento, pero son temporales y podrían no ser suficientes para evitar una caída fuerte de la clase media.

    Fuente: BANCO MUNDIAL 24 de junio de 2021

    Miércoles, 23 de junio de 2021

    Atrapados: alta desigualdad y bajo
    crecimiento en América Latina y el Caribe

    La región se encuentra en una trampa de alta desigualdad y bajo crecimiento. La concentración de poder, la violencia, y las políticas de protección social ineficientes alimentan ese círculo vicioso y limitan el desarrollo humano.

    La brecha entre extrema riqueza y extrema pobreza y vulnerabilidad que caracteriza a la región quedó en evidencia como nunca y se profundizó aún más a raíz de la pandemia de la COVID-19. El Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 “Atrapados: Alta Desigualdad y Bajo Crecimiento en América Latina y el Caribe”, lanzado de forma virtual por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), analiza la trampa en la que se encuentra sumida la región, que impide el avance hacia el logro de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

    A pesar de los avances de las últimas décadas, los países de América Latina y el Caribe son más desiguales que los de otras regiones con niveles similares de desarrollo, y sus indicadores sociales aún se encuentran por debajo de los esperados para su nivel de ingreso promedio.

    El informe explora tres factores que se repiten y retroalimentan el círculo vicioso de alta desigualdad y bajo crecimiento: la concentración de poder, la violencia en todas sus formas y las políticas de protección social que no funcionan bien.

    El documento señala que la concentración de poder en manos de unos pocos que defienden sus intereses privados es uno de los factores que conectan la alta desigualdad con el bajo crecimiento. A través de su influencia política, el poder mal utilizado distorsiona las políticas públicas y debilita las instituciones. Un ejemplo que se explora en el informe es el rol de las élites económicas en el bloqueo a reformas fiscales que apoyarían una forma más progresiva de redistribución. Para balancear la distribución de poder, el organismo sugiere explorar líneas de acción como la regulación del lobby y el financiamiento de las campañas políticas.

    También se destaca que la región es la más violenta del planeta, y advierte que si bien la desigualdad causa mayor violencia, la violencia también aumenta la desigualdad porque afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables, contribuyendo a perpetuar su estado de privación. La violencia limita también el crecimiento a través de su impacto sobre el capital humano (y la productividad) y sobre la inversión pública y privada que se ve distorsionada, así como por el gasto en seguridad y por la incertidumbre acerca de los derechos de propiedad.

    Entre las líneas de acción que propone el documento para abordar este tema, figuran el fortalecimiento de los sistemas de justicia local y la expansión de la atención en salud mental para las víctimas de violencia.

    El informe también se detiene en la fragilidad de los sistemas de protección social de la región, evidenciada en su limitada capacidad de respuesta durante la pandemia. La vinculación de los sistemas de aseguramiento frente a los riesgos con el empleo formal ha motivado a los gobiernos a crear sistemas paralelos, de menor calidad, para cubrir a las personas que quedan excluidas, que en la región son la mayoría. Los países de ALC tienen mercados laborales segmentados y sistemas de protección social que reproducen desigualdades e incentivan la organización de la producción en negocios muy pequeños y poco productivos. Para ello, el documento sugiere repensar la protección social para asegurar universalidad.

    Finalmente, el reporte plantea que las soluciones deben llevar a un mayor crecimiento con sostenibilidad ambiental, y a una mayor inclusión y movilidad social. Se trata de soluciones que requieren balancear el poder en el área de la definición de reglas y políticas, erradicar la violencia en todas sus formas y redefinir del ambiente institucional que constituye la esencia del contrato social: las oportunidades en el mercado laboral, la fiscalidad y la protección social.

    Fuente: PNUD 22 de junio de 2021

    Miércoles, 2 de junio de 2021

    Daños de la COVID-19 a largo plazo: Lenta
    recuperación del empleo y riesgo de mayor desigualdad

  • Las proyecciones de la OIT destacan el peligro de que la COVID-19 deje en el mercado laboral mayor desigualdad geográfica y demográfica, más pobreza y menos trabajos dignos.

    Según una nueva evaluación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la crisis del mercado de trabajo provocada por la pandemia de COVID-19 dista mucho de haber terminado, y al menos hasta 2023 el crecimiento del empleo no logrará compensar las pérdidas sufridas.

    Las proyecciones de la OIT recogidas en Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2021 indican que el déficit de puestos de trabajo derivado de la crisis mundial llegará a los 75 millones en 2021 para luego reducirse a 23 millones en 2022. El correspondiente déficit en horas de trabajo, que abarca el déficit de puestos de trabajo y la reducción de horas, equivale a 100 millones de empleos a tiempo completo en 2021 y a 26 millones de empleos a tiempo completo en 2022. Esta insuficiencia de puestos y horas de trabajo viene a añadirse a los persistentes niveles de desocupación, subutilización de la mano de obra y condiciones de trabajo deficientes anteriores a la crisis.

    En consecuencia, se prevé que en 2022 el número de personas desempleadas en el mundo se sitúe en 205 millones, muy por encima de los 187 millones de 2019. Esta cifra equivale a una tasa de desocupación del 5,7 por ciento. Antes del periodo de crisis de la COVID-19, solo se había registrado una tasa similar en 2013.

    Las regiones más afectadas en el primer semestre de 2021 han sido América Latina y el Caribe, y Europa y Asia Central. En ambas, la pérdida estimada de horas de trabajo superó el 8 por ciento en el primer trimestre, y el 6 por ciento en el segundo, mientras que a nivel mundial y en los mismos periodos las tasas fueron de 4,8 y 4,4 por ciento.

    La caída del empleo y de las horas de trabajo se ha traducido en una reducción drástica de los ingresos laborales y el consiguiente aumento de la pobreza. En comparación con 2019, a nivel mundial, la categoría de trabajadores pobres o sumamente pobres (es decir, que esas personas y sus familias viven con una suma inferior a 3,20 dólares de los Estados Unidos por persona al día) se ha engrosado con 108 millones de personas. Según el informe, “los cinco años de avance hacia la erradicación de la pobreza laboral se han perdido”, y ello empaña el horizonte de la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible de haber erradicado la pobreza en 2030.

    El informe concluye que la crisis de la COVID-19, ha afectado con más dureza a los trabajadores más vulnerables, de ahí que también haya agravado las desigualdades preexistentes. Dada la falta de protección social generalizada –por ejemplo, la de los 2000 millones de trabajadores del sector informal– las perturbaciones laborales relacionadas con la pandemia han tenido consecuencias catastróficas para los ingresos y los medios de subsistencias de las familias.

    Fuente: OIT 02 de junio de 2021

  • Jueves, 27 de mayo de 2021

    Líneas de Pobreza por Ingresos: estimación
    del bienestar económico de la población

    Las Líneas de Pobreza por Ingresos son una referencia monetaria que establece el CONEVAL para medir el bienestar económico de la población como parte de la medición multidimensional de la pobreza.

    Son dos las líneas que el CONEVA utiliza: Línea de Pobreza por Ingresos (LPI) y Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI), las cuales nos permiten conocer si los ingresos de los hogares mexicanos, tanto en el ámbito rural como en el urbano, posibilitan que las familias adquieran los productos de la canasta alimentaria y la no alimentaria.

    La canasta alimentaria se compone de los víveres que al mes consumen las familias y su costo lo conforma la LPEI. El proceso para su construcción consiste en establecer los nutrientes que aportan los alimentos consumidos por los hogares; obtener el Coeficiente de Adecuación Energética; comparar el consumo real de calorías con el mínimo indispensable; seleccionar un Estrato Poblacional de Referencia (EPR), quiénes consumen lo requerido, así como conocer qué alimentos consumen y con qué frecuencia para determinar los alimentos en la canasta y el costo de esta.

    En tanto, las canastas alimentaria y no alimentaria forman el valor monetario de la LPI; esta se establece cuando se elige un EPR; se estipulan sus gastos en bienes o servicios no alimentarios como transporte, cuidado personal, vivienda, entre otros, y se contempla el gasto para tener esos productos y servicios después de cubrir el costo de la canasta alimentaria.

    Cada mes, el CONEVAL actualiza el valor monetario de las Líneas de Pobreza por Ingreso tanto para zonas rurales como urbanas. Para su construcción, retoma la información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del INEGI. Es importante destacar que no deben considerarse como un patrón de consumo sugerido porque este depende de ciertos factores en cada hogar.

    Para conocer más sobre este tema, consulta Construcción de las Líneas de Pobreza por Ingresos. Documento metodológico.

    Fuente: CONEVAL 26 mayo de 2021

    Miércoles, 19 de mayo de 2021

    Un año en pandemia: Más de 5 millones de
    personas se sumaron a la pobreza laboral

  • El aumento observado en el año de la emergencia sanitaria por la covid-19 equivale a la población de Michoacán o Chiapas. El 30% de las nuevas personas con ingresos laborales ínfimos vive en la CDMX.

    México cerró el primer trimestre del año con 5 millones más de personas en pobreza laboral respecto al mismo periodo de 2020. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el arranque del 2021 este indicador llegó a un nivel de 39.4%, un incremento anual de 3.8 puntos porcentuales, espacio en el que pasamos de ver a la covid-19 en las noticias internacionales a vivirla en nuestras casas.

    El Coneval dio a conocer los resultados del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) para el periodo enero-marzo de 2021. De acuerdo con esta información, la población cuyos ingresos no le permiten cubrir el costo de una canasta básica alimentaria aumentó de 45.1 a 50.1 millones de personas en un año. La tercera parte de quienes se sumaron a esta condición viven en la Ciudad de México.

    En su reporte, el organismo señala que la brecha en la distribución del ingreso también se amplió, y con ello la desigualdad. Las personas con menores percepciones son ahora más pobres. Las mujeres y las personas jóvenes e indígenas son las más afectadas. En cambio, quienes tienen los mejores ingresos en el país se han visto mínimamente afectados.

    Para efectos de esta medición, la población está dividida en cinco grupos o quintiles según sus ingresos laborales. La población en el primero de ellos percibía apenas 156.46 pesos en el primer trimestre de 2020. Pero para este trimestre sus ganancias bajaron 40% y llegaron a 92.69 pesos en promedio. Esa cifra ni siquiera equivale a un salario mínimo actual, que es de 141.7 pesos diarios.

    En el otro extremo, la población que más gana, y que se ubica en el quinto quintil, tuvo una reducción de 1.5% respecto a lo que obtenía a inicios del año pasado.

    La pandemia es la principal explicación de este aumento en la precariedad laboral, según el Coneval. En ello coincide Rogelio Gómez, pero para el exconsultor del Banco Mundial (BM), la reacción del gobierno federal también tiene gran relevancia en estos resultados.

    El país ha recuperado más de 10 millones de empleos de los 12 millones que perdió en el momento más álgido de la pandemia. Sin embargo, “es trabajo de menor calidad, con bajos salarios, sin contrato y seguridad social”.

    En su informe previo, correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2020, el Coneval señaló que 40.7% de la población se encontraba en pobreza laboral. Es decir, si comparamos la situación de finales del año pasado con el primer trimestre de éste, la proporción de personas con ingresos ínfimos se redujo 1.3 puntos.

    El nuevo reporte del Consejo detalla que en 26 de las 32 entidades federativas aumentó la pobreza laboral. Sólo Nayarit, Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, Tamaulipas y Campeche quedaron fuera de los números rojos. De hecho, reportaron que en este primer trimestre del año tienen a menos personas en esta condición que las que tenían a inicios de 2020.

    En contraparte, entre las entidades que más resultaron afectadas destaca principalmente la Ciudad de México. La capital del país tuvo un incremento de 14.9 puntos en su población que trabaja, invierte esfuerzo e incluso dinero y arriesga su salud en un momento como éste de pandemia, pero que lo que obtiene a cambio no le alcanza ni para lo más básico. En esta entidad la población en pobreza laboral aumentó de 28.3 a 43.2 por ciento.

    En los primeros meses de este año el ingreso laboral real fue de 2,039 pesos a nivel nacional. A la par que los ingresos de las personas tuvieron una disminución anual de 4.8%, los precios de los artículos que componen una canasta alimentaria aumentaron, señala el Coneval.

    Lo anterior tuvo efectos diferentes en las zonas rurales y urbanas. Y fue en las ciudades donde aumentó más el porcentaje de personas cuyo ingreso no alcanza para comprar los alimentos básicos. En el primer trimestre de 2020, el 31.7% de la población ocupada en una urbe estaba en pobreza laboral. Para enero-marzo de este 2021 ya eran 36.4 por ciento. Es decir, el incremento fue de 4.8 puntos.

    Había muchas más personas pobres por ingreso en las zonas rurales antes de la pandemia, y las sigue habiendo. Sin embargo, a inicios del año pasado el 48% de la población estaba en esa situación y ahora lo está el 48.9%, un aumento fue de 0.9 puntos.

    Fuente:EL ECONOMISTA 18 de mayo de 2021

  • Miércoles, 19 de mayo de 2021

    El Coneval presenta información referente a
    la pobreza laboral al primer trimestre de 2021

  • A partir de la información publicada por el INEGI, el CONEVAL da a conocer únicamente los resultados de la pobreza laboral para el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021.

  • El CONEVAL cuenta con información de la evolución de la pobreza laboral y el ITLP en forma trimestral desde el 2005, con base en la información proveniente de la Encuesta Nacional de Ocupación de Empleo (ENOE) realizada por el INEGI.

  • La pobreza laboral (porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria) aumentó 3.8 puntos porcentuales a nivel nacional, al pasar de 35.6% a 39.4% entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre 2021.

  • Entre los factores que explican el incremento anual de la pobreza laboral se encuentran la disminución anual de 4.8% en el ingreso laboral real y el aumento de las líneas de pobreza extrema por ingresos (valor monetario de la canasta alimentaria), de 3.7% en zonas urbanas y de 4.0% en zonas rurales.

  • La pobreza laboral aumentó en 26 de las 32 entidades federativas. Destacan Ciudad de México con un incremento de 14.9 puntos porcentuales; Quintana Roo con 10.1 y Baja California Sur con 8.3 puntos.

  • La disminución del ingreso laboral real promedio se concentra en el primer y segundo quintil de ingreso, con disminuciones del 40.8% y 11.5%, respectivamente, mientras que en el 20.0%
    de la población con mayores ingresos (quinto quintil) esta disminución es de 1.5%. Esto se tradujo en un aumento de la desigualdad del ingreso laboral que, medido a partir del coeficiente de Gini, el cual pasó de 0.490 a 0.512 en el mismo periodo.

  • En el primer trimestre 2021, el ingreso laboral real promedio de la población ocupada a nivel nacional fue de $4,456.58 al mes. El ingreso laboral mensual de los hombres ocupados durante este periodo fue $4,787.40 y el de las mujeres, $3,930.86. Lo que indica una brecha entre los ingresos laborales en este trimestre de $856.54.

  • Por otra parte, el ingreso laboral real de los ocupados indígenas fue de $2,173.14, menos de la mitad del ingreso laboral real de los ocupados no indígenas ($4,619.90); es decir, una brecha de $2,446.76.

    El poder adquisitivo del ingreso laboral real per cápita tuvo una disminución de 4.8% entre el primer trimestre 2020 y el primer trimestre 2021, al pasar de $1,919.84 a $1,827.39. Esta variación anual del ingreso laboral representa una pérdida de $92.46 pesos respecto al primer trimestre de 2020, antes del inicio de la pandemia por COVID-19.

    Durante el primer trimestre 2021, se observó un aumento del Índice de Precios al Consumidor (INPC) respecto al registrado en el mismo periodo del año anterior. La inflación promedio anual se ubicó en 4.0%, 0.6 puntos porcentuales superior a la del primer trimestre 2020 (3.4%). Este comportamiento en el nivel de precios se podría deber, en parte, al aumento en las variaciones anuales de los precios de los energéticos que se observaron en marzo 2021.

    En el primer trimestre 2021, en promedio, las líneas de pobreza extrema por ingresos (valor monetario de la canasta alimentaria) aumentaron anualmente 3.7% en zonas urbanas y 4.0% en zonas rurales.

    Asimismo, la variación de la línea de pobreza extrema por ingresos urbana fue inferior a la inflación anual promedio del trimestre (4.0%), mientras que la variación de la línea de pobreza extrema por ingresos rural fue similar a esta última.

    El porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria aumentó al pasar de 35.6% en el primer trimestre 2020 a 39.4% en el primer trimestre 2021. Entre los factores que explican este incremento se encuentra la disminución anual de 4.8% en el ingreso laboral real y el aumento en los precios del valor monetario de la canasta alimentaria durante el mismo periodo.

    Este mismo comportamiento se da en los ámbitos rural y urbano; sin embargo, destaca el incremento en el ámbito urbano de 4.8 puntos porcentuales al pasar de 31.7% a 36.4%, mientras que en el rural
    dicho incremento fue de 0.9 puntos porcentuales, al pasar de 48.0% a 48.9% durante este periodo

    El impacto generalizado de la emergencia sanitaria y las medidas adoptadas para mitigar la contingencia provocaron la contracción de la economía. No obstante, en periodos recientes diversos
    indicadores económicos han mostrado signos de recuperación. Por ejemplo, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) con cifras desestacionalizadas, pasó de tener una variación anual promedio de -8.2% durante el tercer trimestre 2020 a -4.1% en el cuarto trimestre 2020. Sin embargo, para el primer trimestre 2021, la variación anual de enero y febrero de la actividad económica mostró disminuciones similares al trimestre inmediato anterior: -4.3% y -4.0%, dicho comportamiento podría estar relacionado en parte con el aumento de casos por COVID-19 durante estos periodos.

    Fuente: CONEVAL 18 mayo de 2021

  • Jueves, 13 de mayo de 2021

    Presenta el Coneval la Segunda Fase de la
    Plataforma para el Análisis Territorial de la Pobreza

  • La Plataforma para el Análisis Territorial de la Pobreza (PATP) es una herramienta que permite el análisis y divulgación de información geoespacial sobre la pobreza desde una perspectiva territorial.

  • La segunda fase de la PATP incorpora nuevos indicadores a la dimensión gobierno relacionados con programas sociales y la actualización de indicadores en las dimensiones económicas, sociodemográficas y geográficas.

  • Los nuevos indicadores en la dimensión gobierno refieren a la presencia de algunos programas sociales prioritarios del Gobierno federal en 2020 y su vínculo con la población en situación de pobreza en los municipios de México.

  • El programa Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez tuvo beneficiarios en 9 de cada 10 municipios del país. Y aunque en 1,203 municipios no se identificó población objetivo en situación de pobreza, sí existieron beneficiarios del programa.

  • En 2020, el programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores presenta en 3 de cada 4 municipios la relación de las participaciones de programas sociales y de la subpoblación en situación de pobreza con resultado menor a 1, lo que indica que hay mayor proporción de población adulta mayor en situación de pobreza, que personas beneficiarias en el municipio.

    El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) pone a disposición de la ciudadanía la segunda fase de la Plataforma para el Análisis Territorial de la Pobreza (PATP), herramienta que permite el análisis y la divulgación de información geoespacial sobre la pobreza desde una perspectiva territorial

    La PATP es un proyecto a largo plazo de actualización constante, en función de la disponibilidad de la información, y está organizada en cinco dimensiones: económica, sociodemográfica, infraestructura, geográfica y gobierno. Para cada dimensión, hay una serie de indicadores que están disponibles mediante visores geoespaciales que destacan las características y contextos específicos de los municipios orientados principalmente al análisis de la pobreza.

    La presentación de la segunda fase está enfocada, principalmente, en la incorporación de nuevos indicadores a la dimensión gobierno relacionados con programas sociales. De manera adicional, se realizó la actualización de algunos indicadores, lo cual fue posible por la reciente publicación de fuentes de información utilizadas para cada uno de estos.

    Los 14 nuevos indicadores que se integraron a la dimensión gobierno refieren a la presencia de algunos programas sociales prioritarios del Gobierno federal en 2020 y su vínculo con la población en situación de pobreza en los municipios de México. Para esto, se generaron dos tipos de indicadores: El primero es la Relación de las participaciones de programas sociales y de la población en situación de pobreza que es una comparación entre los beneficiarios de un programa y las personas en situación de pobreza de un municipio donde opera el programa. Este indicador se estimó para los siguientes programas sociales:

    La constante actualización de la PATP permite contar con una herramienta que facilita el análisis de las características específicas de los municipios de México a partir de cruces de información entre los distintos indicadores, en su versión más reciente, y las estimaciones de pobreza a nivel municipal generadas por el CONEVAL

    Fuente: CONEVAL 12 mayo de 2021

  • Miércoles, 5 de mayo de 2021

    La inseguridad alimentaria aguda
    alcanza su nivel más alto en cinco años

  • Los conflictos, las conmociones económicas —en particular debido a la COVID-19 y a las condiciones meteorológicas extremas— abocaron al menos a 155 millones de personas a la inseguridad alimentaria aguda en 2020.

    El número de personas que sufre inseguridad alimentaria aguda y necesita asistencia urgente para salvar su vida y salvaguardar sus medios de subsistencia alcanzó en 2020 su nivel más alto en cinco años en los países aquejados por crisis alimentarias, según se revela en un informe anual presentado por la Red mundial contra las crisis alimentarias, una alianza internacional de las Naciones Unidas, la Unión Europea (UE), organismos gubernamentales y no gubernamentales que trabaja para hacer frente conjuntamente a las crisis alimentarias.

    La seria advertencia formulada en el Informe mundial de 2021 sobre las crisis alimentarias pone de manifiesto que los conflictos o las conmociones económicas, a menudo relacionadas con la enfermedad por coronavirus (COVID-19) junto con las condiciones meteorológicas extremas, siguen abocando a millones de personas a la inseguridad alimentaria aguda.

    En el informe de la Red mundial contra las crisis alimentarias se revela que al menos 155 millones de personas se encontraban en contextos de crisis con una inseguridad alimentaria aguda o en situaciones peores (Fases 3 a 5 de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF/CH)) en 55 países o territorios en 2020 -un aumento de alrededor de 20 millones de personas respecto del año anterior- y se advierte seriamente de una tendencia preocupante: la inseguridad alimentaria aguda lleva aumentando de forma incesante desde 2017, año de la primera edición del informe.

    De dichas personas, en torno a 133 000 habían alcanzado en 2020 la fase más grave de inseguridad alimentaria aguda -la fase de catástrofe (Fase 5 de la CIF/CH)- en Burkina Faso, Sudán del Sur y el Yemen, donde fue preciso actuar urgentemente para evitar la muerte generalizada y el colapso de los medios de vida.

    Al menos otros 28 millones de personas se enfrentaron a niveles de emergencia (Fase 4 de la CIF/CH) de inseguridad alimentaria aguda en 2020 -lo que significa que se encontraban a un paso de la inanición -en 38 países o territorios donde la intervención urgente salvó vidas y salvaguardó los medios de subsistencia, además de evitar que la hambruna se propagase.

    Treinta y nueve países y territorios han padecido crisis alimentarias durante los cinco años que la Red mundial contra las crisis alimentarias ha venido publicando su informe anual; en esos países o territorios, la población afectada por altos niveles de inseguridad alimentaria aguda (Fases 3 a 5 de la CIF/CH) aumentó de 94 millones a 147 millones entre 2016 y 2020.

    Además, en los 55 países y territorios con crisis alimentaria que abarca el informe, más de 75 millones de niños menores de cinco años sufrían retraso del crecimiento (eran demasiado bajos) y más de 15 millones, emaciación (estaban demasiado delgados) en 2020.

    Las principales causas subyacentes de la creciente inseguridad alimentaria aguda de 2020 fueron:

  • Los conflictos (principal factor que abocó a casi 100 millones de personas a la inseguridad alimentaria aguda, respecto de los 77 millones de 2019);

  • Las conmociones económicas -a menudo debido a la COVID-19- ocuparon el lugar de los fenómenos meteorológicos como segunda causa de inseguridad alimentaria aguda en cuanto a número de personas y de países afectados (más de 40 millones de personas en 17 países o territorios, respecto de los 24 millones de personas y los ocho países de 2019);

  • Las condiciones meteorológicas extremas (más de 15 millones de personas, respecto de 34 millones).

    Si bien en 2021 los conflictos siguen siendo la principal causa de las crisis alimentarias, la COVID-19 y las medidas de contención de la enfermedad, así como los fenómenos meteorológicos extremos, continuarán exacerbando la inseguridad alimentaria aguda en las economías frágiles.

    “Un año después de que se declarase la pandemia de la COVID-19, las perspectivas para 2021 y posteriormente son sombrías. Los conflictos, las restricciones impuestas a raíz de la pandemia que han exacerbado las penurias económicas y la amenaza persistente de condiciones atmosféricas adversas probablemente sigan desencadenando crisis alimentarias”, afirmaron la UE, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas -miembros fundadores de la Red mundial- junto con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en la declaración que publicaron con el informe.

    “La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la fragilidad del sistema alimentario mundial y la necesidad de sistemas más equitativos, sostenibles y resilientes para alimentar de forma nutritiva y sistemática a 8 500 millones de personas para 2030. Es necesaria una transformación radical de nuestros sistemas agroalimentarios a fin de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.

    “El carácter prolongado de la mayoría de las crisis alimentarias indica que las tendencias medioambientales, sociales y económicas a largo plazo agravadas por los crecientes conflictos y la inseguridad están menoscabando la resiliencia de los sistemas agroalimentarios. Si las tendencias actuales no se revierten, la frecuencia y la gravedad de las crisis alimentarias se incrementarán”.

    Para abordar esos desafíos, la Red mundial redoblará los esfuerzos para promover los sistemas agroalimentarios resilientes que sean sostenibles desde el punto de vista social, medioambiental y económico y apoyará grandes eventos este año, tales como la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Cumbre del Grupo de los Veinte (G-20), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Cumbre sobre Nutrición para el crecimiento. Asimismo, cooperará con la iniciativa del Grupo de los Siete (G-7) para evitar la hambruna.

    La Red mundial hace hincapié en la necesidad de actuar urgentemente y con decisión y pide a la comunidad internacional que se movilice contra el hambre.

    Fuente: FAO 23 de abril de 2021

  • Lunes, 26 de abril de 2021

    El CONEVAL presenta el Índice de Rezago Social 2020
    a nivel entidad federativa, municipal y localidad.

  • Se presenta el Índice de Rezago Social 2020 (IRS) con el objetivo de contribuir al conjunto de herramientas que el CONEVAL pone a disposición de la ciudadanía y los gobiernos para identificar las zonas prioritarias del país en términos de desarrollo social y así apoyar a la toma de decisiones en materia de política social.

  • El Índice de Rezago Social incorpora indicadores de rezago educativo, acceso a los servicios de salud, calidad y espacios en la vivienda, servicios básicos en la vivienda, y, activos en el hogar.

  • En esta ocasión se presenta el Índice de Rezago Social 2020, con lo cual se cuenta con 20 años de información del grado de rezago social en nuestro país.

  • Para 2020, 108, 149 localidades contaban con información de rezago social, de las cuales 7,741 localidades (7.2% del total) estaban en muy alto rezago social; mientras que 17,292 localidades (16.0% del total) mostraron muy bajo rezago social.

  • En el 2021, el CONEVAL dará a conocer la medición de la pobreza a nivel nacional y estatal 2020, con la cual inicia un nuevo ciclo de comparabilidad 2018-2020, con la misma metodología utilizada desde 2008, pero con algunas actualizaciones de indicadores, desde el punto de vista normativo y técnico.

    El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) da a conocer los resultados de las estimaciones correspondientes al año 2020 del Índice de Rezago Social (IRS) a nivel entidad federativa, municipal y por localidad, con base en el Censo de Población y Vivienda 2020, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

    El IRS no es una medición de pobreza, ya que no incorpora todas las dimensiones que la medición multidimensional de la pobreza debe de contemplar de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, permite tener información de indicadores sociales desagregados hasta nivel localidad, con lo que CONEVAL contribuye con la generación de datos para la toma de decisiones en materia de política social.

    Es un indicador que es utilizado para el diseño de política pública que incorpora información de educación, acceso a servicios de salud, servicios básicos de la vivienda, calidad y espacios en la vivienda, y activos en el hogar. De esta forma, el IRS resume las cinco dimensiones mencionadas en un valor numérico, el cual permite clasificar a los estados, municipios y localidades en cinco grados de rezago social: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo.

    Resultados a Nivel Entidad Federativa 2020

    De las 32 entidades federativas, cuatro se encontraban en muy alto rezago social y, también cuatro presentaron un grado muy bajo de rezago social.

    Las entidades con mayor rezago social fueron Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla.

    Las entidades con menor rezago social fueron Nuevo León, Coahuila, Ciudad de México, Aguascalientes y Colima.

    Resultados a Nivel Municipal 2020

    De los 2,469 municipios, solo 152 municipios, que representan 6.2% del total, mostraron un grado muy alto de rezago social; en tanto que 677 (27.4% del total) presentaron muy bajo rezago social.

    Los municipios con mayor rezago social fueron Batopilas de Manuel Gómez Morín en
    Chihuahua, Mezquital en Durango, Del Nayar en Nayarit, Cochoapa el Grande en Guerrero, Mezquitic en Jalisco, Chalchihuitán y Sitalá en Chiapas, San José Tenango en Oaxaca, Urique en Chihuahua y Mixtla de Altamirano en Veracruz.

    Las demarcaciones territoriales o los municipios con menor rezago social fueron Benito Juárez en Ciudad de México; Apodaca en Nuevo León; Coacalco de Berriozábal en el Estado de México; San Nicolás de los Garza en Nuevo León; Coyoacán y Miguel Hidalgo en Ciudad de México; Cuautitlán en el Estado de México; Guadalupe en Nuevo León; Cuauhtémoc y Azcapotzalco en Ciudad de México.

    Resultados a Nivel Localidad 2020

    Para este año 108, 149 localidades contaban con información de rezago social, de las cuales 7,741 localidades estaban en muy alto rezago social, lo que representa cerca del 7.2% del total de
    localidades; mientras que 17,292 localidades, que representan 16.0% del total, mostraron muy bajo rezago social.

    Respecto a las localidades, se encontró que, para 2020 las localidades con el IRS más alto fueron: El Sabino, Sinaloa; Sicochi, Chihuahua; La Guacamaya, Durango; San Jerónimo, Chiapas; Las Cruces, Nayarit; Ninguno, Jalisco; La Mesa de Papante, El Chalate, Rincón de Vinateros, El Rincón Grande, y Las Higueras, así como Mesa de Remisacachi y La Agüita, Chihuahua. Estas localidades cuentan con un grado de rezago social muy alto.

    En 2020, se identificaron 86 localidades que presentan el valor mínimo de IRS y que, en consecuencia, cuentan con un grado de rezago social muy bajo. A continuación, se muestra el cuadro con las localidades que presentan el menor nivel de IRS según entidad federativa.

    Baja California cuenta con 16 localidades con un IRS bajo, mientras que entidades como Campeche o Chiapas, registran una localidad con IRS bajo.

    La publicación del Índice de Rezago Social (IRS) 2020 para los niveles de entidad federativa, municipio y localidad abona a los esfuerzos del CONEVAL por ofrecer información actualizada que muestre las diferencias en el rezago social en el país y permita identificar los territorios o regiones que requieren atención prioritaria. Este Índice tiene la virtud de poder ordenar entidades federativas, municipios y localidades de mayor a menor rezago social en un momento en el tiempo; sin embargo, la técnica estadística utilizada para su cálculo (conocida como análisis de componentes principales) no permite la comparación de los valores del índice a lo largo del tiempo.

    Fuente: CONEVAL 26 abril de 2021

  • Martes, 20 de abril de 2021

    Los precios de los productos básicos se
    estabilizan tras los aumentos de principios de 2021

    Los precios de los productos básicos continuaron su recuperación en el primer trimestre de 2021, y se prevé que se mantendrán cercanos a los niveles actuales a lo largo del año, gracias al repunte de la economía mundial y a las mejoras en las perspectivas de crecimiento, según la publicación semestral Commodity Markets Outlook (Perspectivas de los mercados de productos básicos) del Banco Mundial.

    Sin embargo, el panorama futuro depende en gran medida de los avances en la contención de la pandemia de la COVID-19, así como de las medidas normativas de apoyo que adopten las economías avanzadas y las decisiones de producción de los principales generadores de productos básicos.

    Se estima que este año los precios de la energía aumentarán, en promedio, más de un tercio respecto de los valores de 2020, y que el petróleo se ubicará en un valor medio de USD 56 por barril. Se prevé que los precios de los metales aumentarán un 30 %, en tanto que los precios de los productos agrícolas se incrementarán casi un 14 %. Gracias al repunte de la actividad económica, así como a algunos factores específicos de la oferta, en particular en los sectores del petróleo, el cobre y algunos alimentos básicos, casi todos los precios de los productos básicos han superado los niveles previos a la pandemia.

    Tras los mínimos históricos alcanzados durante la pandemia, se observa una recuperación de los precios del petróleo crudo, respaldada por el acelerado repunte de la economía mundial y los continuos recortes a la producción promovidos por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus socios. Se espera que la demanda se fortalezca durante 2021.

    Se prevé que los precios se ubicarán en un promedio de USD 60 por barril en 2022. Sin embargo, si las medidas de contención de la pandemia no prosperan, una nueva disminución de la demanda podría ejercer presión sobre los precios.

    Se estima que los precios de los metales retrocederán parcialmente respecto de los aumentos de este año, a medida que el crecimiento generado por los estímulos pierda su fuerza en 2022. Si algunas de las principales economías emergentes retiran los estímulos antes de lo previsto, los precios podrían inclinarse a la baja; sin embargo, la implementación de un importante programa de infraestructura en Estados Unidos podría ayudar a sostener los precios de los metales, entre ellos los del aluminio, el cobre y el mineral de hierro. Por otra parte, intensificar el avance de la matriz energética mundial hacia la descarbonización también podría fortalecer la demanda de metales.

    Los precios agrícolas han aumentado sustancialmente este año, en particular los de los productos alimentarios básicos, a raíz de la disminución de la oferta en América del Sur y la fuerte demanda de China. No obstante, la mayor parte de los mercados mundiales de alimentos básicos siguen estando adecuadamente abastecidos en comparación con los niveles históricos, y se prevé que los precios se estabilizarán en 2022.

    En una de las secciones destacadas de la publicación se investigan las repercusiones de los drásticos cambios en los precios de los metales sobre los países exportadores. Los metales, en particular el cobre y el aluminio, son una de las principales fuentes de ingresos por exportaciones para un 35 % de los mercados emergentes y las economías en desarrollo, y revisten una gran importancia en lo referido al crecimiento económico, la estabilidad macroeconómica y, por ende, la reducción de la pobreza. Dado que los precios de los metales responden principalmente a la demanda internacional, estos países pueden verse sumamente afectados por las recesiones mundiales, que pueden generar caídas tanto en los precios de los metales como en los ingresos por exportaciones. Las ganancias extraordinarias derivadas de los altos precios de los metales, que en general se extienden poco en el tiempo, deberían reservarse para enfrentar los efectos negativos y a más largo plazo de las disminuciones de los precios, que justificarían la adopción de políticas de apoyo.

    Fuente: BANCO MUNDIAL 20 de abril de 2021

    Lunes, 19 de abril de 2021

    América Latina y el Caribe es clave para
    alimentar a 10.000 millones de personas en 2050

  • Latinoamérica y el Caribe aportan el 14% de la producción mundial de alimentos. Su nueva misión regional es impulsar la transformación necesaria de los sistemas agroalimentarios para alimentar a 10.000 millones de personas en 2050.

    América Latina y el Caribe aporta el 14% de la producción mundial de alimentos y el 45% del comercio internacional neto de productos agroalimentarios, y sus sistemas agroalimentarios suponen hasta la mitad del empleo total, así como entre el 30 y el 40% del producto interior bruto económico.

    En la Revolución Verde de los años 60 y 70 que creció en México fue decisiva para acabar con las hambrunas en todo el mundo, la nueva misión, regional, es “impulsar la necesaria transformación de los sistemas agroalimentarios para que podamos alimentar a 10.000 millones de personas en 2050”.

    Para que llegue a producirse será necesario aumentar la productividad agrícola mediante sistemas agroalimentarios sostenibles con dietas seguras y saludables, una mayor eficiencia hídrica, la regeneración del suelo y el almacenamiento de carbono, menos gases de efecto invernadero, la preservación de los bosques tropicales y la biodiversidad y una mayor equidad para los pequeños agricultores, los pueblos indígenas y los jóvenes y mujeres del medio rural.

    La pandemia de COVID-19 ha producido un impacto negativo en el continente americano, donde se han producido casi la mitad de las muertes y los casos documentados de la enfermedad. A este dato negativo, se le añade la contracción de un 7,7% del PIB de América Latina y el Caribe en 2020 que ha provocado un retroceso sin precedentes en la lucha contra el hambre y la pobreza.

    “La mayor caída económica del mundo producto del COVID-19 se verá en América Latina y el Caribe. 2,7 millones de empresas han cerrado. La región podría tardar una década en volver al nivel prepandemia”.

    Fuente: ONU 16 de abril de 2021

  • Viernes, 16 de abril de 2021

    El Banco Mundial adelanta la AIF-20 para ayudar a los países
    más pobres a recuperarse de la crisis provocada por la COVID-19

    El Banco Mundial puso en marcha anticipadamente el vigésimo proceso de reposición de los recursos de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), su fondo para los países más pobres del mundo, con el objetivo de ayudar a dichos países a recuperarse de la crisis desatada por la COVID-19 e iniciar la transición hacia un desarrollo verde, resiliente e inclusivo. La vigésima reposición de los recursos de la AIF (AIF-20) concluirá en diciembre de 2021 con un paquete de políticas y financiamiento para apoyar a 74 países entre julio de 2022 y junio de 2025.

    “En 2020, la AIF aceleró sus compromisos de financiamiento para ayudar a los países más pobres del mundo a contener los impactos de la pandemia y sentar las bases para la recuperación. Me complace que nuestros accionistas hayan acordado una reposición anticipada para que la AIF pueda continuar con estos esfuerzos”.

    “La AIF es una plataforma sumamente eficaz que consolida los recursos mundiales de los donantes y los mercados de capital para respaldar programas y gastos de desarrollo nacionales bien orientados. Para proporcionar a los países más pobres el financiamiento en condiciones concesionarias y las donaciones que necesitan con tanta urgencia en este momento, será imprescindible lograr que para diciembre de 2021 tenga lugar una AIF-20 ambiciosa y exitosa”.

    El ciclo de tres años de la AIF-19 comenzó en julio de 2020 con USD 23 500 millones en contribuciones de donantes destinadas a proporcionar un financiamiento total de USD 82 000 millones a los países de la AIF. Casi la mitad de este monto se ha comprometido para ayudar a los países más pobres del mundo en el primer año del ciclo de la AIF-19, por lo que es necesario acelerar la AIF-20 a fin de que los países puedan disponer de recursos financieros adicionales para atender sus necesidades de desarrollo urgentes. En febrero de 2021, los representantes de los donantes y los prestatarios de la AIF acordaron realizar la AIF-20 un año antes de lo previsto debido a las presiones de la crisis provocada por la COVID‑19.

    En el marco del tema “Construir mejor tras la crisis: hacia un futuro verde, resiliente e inclusivo”, el proceso de la AIF-20 se basará en los avances logrados en la AIF-19 y en la misión del Banco Mundial y su respuesta a la COVID-19. Los representantes de los donantes y los prestatarios de la AIF acordaron que en el marco de políticas de la AIF-20 se mantendrán los cuatros temas especiales de la AIF-19 (cambio climático; fragilidad, conflicto y violencia; género, y empleo y la transformación económica), y se incorporará el capital humano como el quinto tema especial. En la AIF-20 también se profundizarán los esfuerzos de recuperación haciendo hincapié en cuatro cuestiones transversales: preparación para la crisis; sostenibilidad y transparencia de la deuda; gobernanza e instituciones, y tecnología.

    Fuente: BANCO MUNDIAL 15 de abril de 2021

    Miércoles, 14 de abril de 2021

    A casi la mitad de las mujeres se les niega el derecho
    a decidir sobre su cuerpo y sus relaciones sexuales

  • Un nuevo informe de la agencia de población señala que la educación es vital para las mujeres, ya que a mayor educación mayor control sobre sus cuerpos. Las principales vulneraciones que sufren las mujeres incluyen la violación, la esterilización forzada, las pruebas de virginidad, la mutilación genital femenina o el matrimonio infantil entre otros.

    Casi la mitad de las mujeres en 57 países en desarrollo no tienen el derecho a decidir si quieren tener relaciones sexuales con sus parejas, usar anticonceptivos o buscar atención sanitaria, según concluye el nuevo informe sobre el Estado de la Población Mundial 2021 del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

    El informe anual sobre el Estado de la Población Mundial, este año bajo el lema Mi cuerpo me pertenece: Reclamar el derecho a la autonomía y la autodeterminación, es el primero que realiza la ONU centrándose en la autonomía corporal y busca resaltar el poder y la capacidad para tomar decisiones de las mujeres sobre sus cuerpos, sin temor a la violencia o a que alguien más decida por ellas.

    El Fondo destaca que la falta de autonomía corporal comporta grandes implicaciones que van más allá de los grandes perjuicios para las mujeres y las niñas en la esfera individual: una potencial depresión de su productividad económica, el menoscabo de sus habilidades, y los costos adicionales resultantes para los sistemas judiciales y de atención de la salud.

    El análisis mide tanto el poder de las mujeres para tomar decisiones acerca de sus cuerpos como el grado de apoyo o interferencia legislativo de los países sobre el derecho de una mujer a tomar este tipo de decisiones. Los datos muestran que existe un fuerte vínculo entre el poder para tomar decisiones y los niveles educativos más altos.

  • Solo el 55% de las mujeres están totalmente empoderadas para tomar decisiones relacionadas con la atención de la salud, la anticoncepción y la capacidad para decir sí o no a mantener relaciones sexuales

  • Únicamente el 71% de los países garantizan el acceso a servicios de maternidad integrales

  • Solamente el 75% de los países garantizan legalmente un acceso pleno y equitativo a la anticoncepción

  • Cerca del 80% de los países tienen leyes que apoyan la salud y el bienestar sexuales

  • Únicamente alrededor del 56% de los países tienen leyes y políticas que apoyan la educación integral en sexualidad

    El informe también analiza cómo las iniciativas para confrontar los abusos pueden derivar en mayores vulneraciones de la autonomía corporal.

    Según el estudio, las auténticas soluciones a estos problemas deberán considerar las necesidades y experiencias de las personas afectadas.

    El informe sobre el Estado de la Población Mundial se publica anualmente desde 1978 y pone de relieve cuestiones novedosas en el campo de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, incorporándolas al debate público y analizando los retos y las oportunidades que presentan para el desarrollo internacional.

    Fuente: ONU 14 de abril de 2021

  • Lunes, 5 de abril de 2021

     

    1 de cada 8 países gasta más en deuda que
    en educación, salud y protección social juntas

    Alrededor de 1 de cada 8 países del mundo gasta más en deuda que en servicios sociales, según un informe de UNICEF

    COVID-19 and the Looming Debt Crisis (La COVID 19 y la inminente crisis de la deuda) señala que 25 países de todas las regiones del mundo –la mayoría de los cuales ya estaban abrumados por la pobreza y las privaciones– dedicaron en 2019 una proporción mayor del gasto público total al servicio de la deuda que a la educación, la salud y la protección social combinadas. Por tanto, es necesario realizar esfuerzos a escala mundial para proteger el gasto social y por ende el derecho de todos los niños a la seguridad social, la educación y los servicios de salud, señala el informe.

    “Los niños que viven en países con una elevada carga de la deuda, y donde los recursos para la protección social, la educación y la salud son limitados, carecen de posibilidades para salir de la pobreza y dejar atrás las privaciones”, dijo la Directora Ejecutiva de UNICEF, Henrietta Fore. “Los costes personales y públicos son enormes, y llevan a que los niños, sus comunidades y sus países tengan muy pocas esperanzas de lograr un desarrollo económico y social sostenible”.

    Antes de la pandemia de COVID-19, los países con los niveles más elevados de servicio de la deuda –entre ellos Chad, Gambia, Haití y Sudán del Sur– gastaban al menos 3 dólares en deuda por cada dólar que destinaban a los servicios sociales esenciales, según el informe.

    Además, el informe señala que una cuarta parte de los países de ingresos bajos y medios –donde viven 200 millones de niños– se encuentran actualmente endeudados o corren el peligro de endeudarse.

    Aunque los países del G20 acordaron poner en marcha una Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda que abarca desde abril de 2020 hasta junio de 2021, sólo ha participado en la misma uno de cada tres países que reúnen las condiciones. Hasta ahora, la iniciativa ha contribuido a preservar el gasto en sanidad y protección social en los 46 países participantes. Sin embargo, el gasto en educación ya se ha contraído en el último año. Según el informe, los países endeudados también han recortado el gasto en sectores como la protección de la infancia, la nutrición y los servicios de agua, saneamiento e higiene.

    El informe también señala que la respuesta mundial a la crisis de la deuda es demasiado tímida en comparación con la respuesta fiscal que se ha dado a la COVID-19 en todo el mundo. En la actualidad, la paralización de la deuda no abarca la deuda contraída con los acreedores comerciales, lo que deja a los países de ingresos medios cada vez más expuestos.

    A fin de proteger los derechos de los niños tras la COVID-19, resulta fundamental poner en práctica una nueva arquitectura internacional para la reestructuración de la deuda que incluya un mayor apoyo en condiciones favorables para los países pobres muy endeudados; una mayor transparencia sobre la deuda en el marco de los procesos presupuestarios nacionales; y una acción coordinada por parte de los acreedores.

    Fuente: UNICEF 31 de marzo de 2021

    Jueves, 25 de marzo de 2021

    La pandemia del COVID-19 acelera la
    desigualdad y frena el desarrollo sostenible

  • La economía global ha experimentado la peor recesión en 90 años, y los segmentos más vulnerables de las sociedades son los más afectados de una manera desproporcionada.

    El Informe sobre Financiamiento para el Desarrollo Sostenible 2021 dice que la economía global ha experimentado la peor recesión en 90 años, con los segmentos más vulnerables de las sociedades afectados de manera desproporcionada. Se estima que se han perdido 114 millones de puestos de trabajo y alrededor de 120 millones de personas han vuelto a sumirse en la pobreza extrema.

    La respuesta sumamente desigual a la pandemia ha ampliado las ya enormes disparidades e inequidades tanto dentro de cada país como entre los distintitos pueblos y naciones. La cifra histórica de 16 billones de dólares en fondos de estímulo y recuperación que los países han puesto para superar la crisis del coronavirus ayudaron a evitar los peores efectos, pero menos del 20% de esa suma se gastó en países en desarrollo. En enero de este año, de los 38 países que pusieron en marcha campañas de vacunación solo 9 no eran países desarrollados.

    Alrededor de la mitad de los países menos adelantados y otros países de bajos ingresos estaban en alto riesgo o con problemas de endeudamiento antes del COVID-19 y, con la caída de los ingresos fiscales, la pandemia ha disparado los niveles de deuda.

    La situación en los países más pobres del mundo es profundamente preocupante y podría retrasar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible previstos para 2030 otros 10 años más.

    La inversión sostenible e inteligente, por ejemplo, en infraestructura, reduciría los riesgos y haría que el mundo fuera más resistente a las crisis futuras. Crearía crecimiento; permitiría una vida mejor para millones de personas; y combatiría el cambio climático.

    Por ejemplo, se estima que invertir entre 70.000 y 120.000 millones de dólares durante los próximos dos años, y entre 20.000 y 40.000 millones a partir de entonces, reduciría significativamente la probabilidad de otra pandemia, unas cifras que contrastan con los billones de dólares gastados en daños económicos causados por el COVID-19. Sin embargo, a diferencia de sus contrapartes desarrolladas, la mayoría de los países en desarrollo no tienen el espacio fiscal para tal inversión.

    El informe sugiere formas de abordar este desafío, que incluyen:

  • Proporcionar financiación a ultra largo plazo, por ejemplo, más de 50 años, a los países en desarrollo, a tasas de interés fijas, para aprovechar las tasas de interés históricamente bajas actuales

  • Utilizar mejor los bancos públicos de desarrollo como herramienta para la inversión en desarrollo sostenible

  • Reorientar los mercados de capitales hacia la alineación con el desarrollo sostenible eliminando por ejemplo los incentivos a corto plazo a lo largo de la cadena de inversión

    El informe hace hincapié en que el desarrollo que no tenga en cuenta los riesgos que existen no será sostenible, y presenta la respuesta a la crisis provocada por la pandemia como una oportunidad para restablecer y “preparar los sistemas mundiales para el futuro”.

    Si bien las brechas en la arquitectura financiera internacional o las políticas inadecuadas a menudo socavan la financiación del desarrollo, durante la crisis del COVID-19, las salvaguardas anteriores significaron que algunos sistemas se mantuvieron, en particular los sistemas financiero y bancario, en parte debido a las reformas posteriores a las fallas bancarias de 2008.

    Las lecciones aprendidas de la crisis actual pueden permitir que se implementen reformas ahora para crear resiliencia en el futuro. Por eso, el informe recomienda encontrar una solución global para la tributación de la economía digital para combatir la elusión de impuestos corporativos, reducir las compensaciones tributarias perjudiciales.

    Fuente: ONU 25 de marzo de 2021

  • Jueves, 25 de marzo de 2021

    Se necesitan datos más sólidos para luchar contra la pobreza

    El Banco Mundial insta a reforzar los sistemas nacionales de datos, con el objeto de aprovechar todo el potencial de la revolución de los datos y transformar las vidas de las personas pobres.

    Los datos —desde la información recogida en encuestas de hogares hasta los píxeles de las imágenes satelitales— pueden contribuir a la formulación de políticas y promover la actividad económica, actuando como una herramienta poderosa en la lucha contra la pobreza. Hoy en día se dispone de más datos que nunca, pero se desaprovecha la mayor parte de su valor, según el nuevo Informe sobre el desarrollo mundial 2021: Datos para una vida mejor. Al mismo tiempo, los datos son una espada de doble filo; por eso se requiere un contrato social que fortalezca la confianza —protegiendo a las personas de los daños y el uso indebido— y ayude a lograr un acceso y una representación equitativos.

    “Los datos ofrecen un enorme potencial para generar valor mediante el mejoramiento de programas y políticas, el impulso a las economías y el empoderamiento de los ciudadanos. La perspectiva de las personas pobres ha estado prácticamente ausente en el debate mundial sobre gestión de datos, pero debe ser oída con urgencia”, dijo David Malpass, presidente del Grupo Banco Mundial. “Muy a menudo, los países de ingreso bajo están en desventaja debido a la falta de instituciones, de autonomía para la toma de decisiones y de recursos financieros; esto es un obstáculo para la implementación eficaz y la operación eficiente de los sistemas de datos y los marcos de gestión. Se necesita de la cooperación internacional para armonizar las regulaciones y coordinar las políticas, de modo de utilizar el valor de los datos en beneficio de todos, y para contribuir a una recuperación ecológica, resiliente e inclusiva”.

    Los datos obtenidos para fines públicos o comerciales —por métodos tradicionales o modernos— se utilizan, combinan y reutilizan de formas que generan beneficios para más personas y ofrecen información más precisa.

    Los métodos innovadores de uso de los datos también están empoderando a las personas para que puedan tomar decisiones fundamentadas, lo que lleva a mejoras en los servicios públicos que se brindan.

    La COVID-19 puso de manifiesto las oportunidades y los desafíos relacionados con los nuevos usos de los datos. Los países comenzaron a utilizar los datos de los teléfonos móviles para hacer un seguimiento del virus, pero a la vez han debido abordar las inquietudes sobre la privacidad. El cambio abrupto al trabajo virtual también ha dejado a la vista la brecha digital entre quienes tienen acceso a la tecnología y quienes no lo tienen; esto nos recuerda que debemos trabajar para lograr que las personas pobres y los países de ingreso bajo tengan un acceso equitativo a los teléfonos móviles y a internet. En muchos países, las tareas de contención del virus han impedido la recolección de datos básicos, lo que pone de manifiesto la necesidad de invertir más en infraestructura, sistemas de datos y capacidad estadística.

    No obstante, mientras más se utilizan los datos, mayores son las posibilidades de uso indebido. Diseñar cuidadosamente las regulaciones para reforzar la ciberseguridad y proteger los datos personales es esencial para generar confianza. En una encuesta mundial de 80 países, solo el 40 % contaba con disposiciones sobre mejores prácticas en cuanto a la regulación de datos; de este porcentaje, menos de un tercio eran países de ingreso bajo, aunque muchos están comenzando a adoptar medidas de este tipo.

    Si bien los datos presentan un enorme potencial para impulsar el desarrollo, los beneficios del sistema mundial de datos se orientan, por el momento, a las personas en mejor posición. La prioridad es mejorar la representación de las personas marginadas en el sistema de uso de los datos y su acceso a estos recursos. La conectividad digital es baja en África al sur del Sahara y prácticamente no hay infraestructura moderna en los países de ingreso bajo para intercambiar, almacenar y procesar datos. Estos países también se encuentran en desventaja competitiva cuando se trata de aprovechar los beneficios económicos de las empresas basadas en plataformas de datos.

    En el informe se reconoce la amplia variedad de opiniones en cuanto al uso de los datos y el precario entorno normativo. A fin de cosechar los máximos beneficios de los datos y crear oportunidades para todos, se necesitan esfuerzos renovados dirigidos a mejorar la gestión de datos a nivel local y una cooperación internacional más estrecha. El costo de la inacción es elevado y conduce a la pérdida de oportunidades y a mayores desigualdades. Forjar un nuevo contrato social para los datos —basado en principios clave como el valor, la confianza y la equidad— nos conducirá, en definitiva, a lograr un resultado favorable.

    Fuente: BANCO MUNDIAL 24 de marzo de 2021

    Miércoles, 24 de marzo de 2021

    La FAO y el PMA advierten de que el hambre
    aguda aumentará en más de 20 países

  • Llamamiento para adoptar medidas urgentes y a escala a fin de evitar el aumento del hambre y el riesgo de hambruna

    La Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) advierten en un nuevo informe que el hambre aguda aumentará en más de 20 países en los próximos meses si no se presta asistencia urgente y a escala.

    El Yemen, Sudán del Sur y el norte de Nigeria encabezan la lista y afrontan un hambre aguda en grado de catástrofe, con familias en determinadas zonas de Sudán del Sur y el Yemen que ya sufren inanición y mueren o están en riesgo de hacerlo, según el informe “Hunger Hotspots” (Lugares críticos con respecto al hambre).

    Aunque la mayoría de los países afectados se encuentran en África, se prevé que el hambre aguda aumente drásticamente en la mayoría de las regiones del mundo, desde Afganistán, en Asia, a la República Árabe Siria y el Líbano, en Oriente Medio, hasta Haití, en América Latina y el Caribe.

    En el mundo, más de 34 millones de personas ya experimentan hambre aguda en grado de emergencia (CIF4), lo que significa que están a un paso de la inanición.

    Uno de los siguientes factores o una combinación de ellos está detrás del aumento previsto de la inseguridad alimentaria aguda en los 20 lugares críticos con respecto al hambre entre marzo y julio de 2021.

  • Los conflictos u otras formas de violencia

  • La enfermedad por coronavirus (COVID-19)

  • Probablemente, los fenómenos climáticos extremos y los fenómenos meteorológicos provocados por La Niña

  • Los brotes de langosta del desierto

  • El acceso cada vez más limitado en algunos países para ayudar a las personas necesitadas

    En el informe se recomiendan medidas críticas a corto plazo en cada lugar crítico con respecto al hambre a fin de abordar las necesidades existentes y futuras.

    Las personas de Sudán del Sur, el Yemen y el norte de Nigeria siguen siendo las que tienen un mayor riesgo de sufrir unos niveles de inseguridad alimentaria aguda crecientes y peligrosamente elevados. En Burkina Faso, la seguridad alimentaria ha mejorado ligeramente desde el pasado octubre, pero la situación sigue siendo muy preocupante.

    Otros países que, según el informe, se sitúan entre los lugares más críticos con respecto al hambre, donde el hambre que supone un riesgo para la vida está aumentando, son Afganistán, Etiopía, Haití, la República Árabe Siria, la República Democrática del Congo y el Sudán.

    Fuente: FAO 23 de marzo de 2021

  • Viernes, 12 de marzo de 2021

    La FAO pretende proporcionar asistencia para los
    medios de vida a casi 49 millones de personas en 2021

  • Se necesitan 1 100 millones de USD para combatir el empeoramiento de la inseguridad alimentaria mundial

    En 2021, la FAO está tratando de llegar a más de 48,9 millones de personas que dependen de la agricultura para su supervivencia y sus medios de vida, a través de intervenciones dirigidas a impulsar la producción local de alimentos y mejorar la nutrición, a la vez que refuerzan la capacidad de las comunidades de hacer frente a las crisis y de recuperarse, así como a prestar apoyo para los medios de vida después de catástrofes a fin de ayudar a las personas a reanudar la producción.

    Según los datos más recientes de la FAO, los países uno tras otro han registrado nuevas cifras de inseguridad alimentaria y se estima que el número total de personas que en 2020 padecieron inseguridad alimentaria aguda en grado de crisis o peor superará el punto máximo de 2019, que se situó en 135 millones de personas.

    Los 30 millones de personas que se estima se encuentran en la fase 4 de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases o que padecen hambre aguda en grado de emergencia, y que ya están experimentando un exceso de mortalidad y la pérdida irreversible de activos vitales de subsistencia, son motivo de preocupación extrema.

    Cientos de miles de niñas, niños, mujeres y hombres se encuentran en situación de riesgo extremo de padecer inseguridad alimentaria aguda en varios países. Muchos de ellos viven en zonas en conflicto donde el acceso de la asistencia humanitaria es limitado o difícil.

    La agricultura es decisiva, ya que casi cuatro de cada cinco personas viven en zonas rurales y dependen de alguna forma de la producción agrícola para su subsistencia. La manifestación más grave del hambre aguda sigue siendo un fenómeno principalmente rural, por consiguiente, se debe empezar a evitar la hambruna en las zonas rurales y se han de adoptar medidas colectivas a gran escala para salvar medios de subsistencia y vidas.

    La FAO ya ha prestado un apoyo decisivo para proteger los medios de vida de más de 24 millones de personas de las consecuencias socioeconómicas de la COVID-19. Las operaciones de control de la langosta del desierto también han tenido repercusiones en el Gran Cuerno de África y el Yemen, donde la FAO ha protegido más de 3,1 millones de toneladas de cereales, por valor de 939 millones de USD, que son suficientes para alimentar a más de 20,8 millones de personas durante un año y proteger más de 1,5 millones de hogares pastorales.

    Con el apoyo de la FAO, las personas afectadas pueden disponer de los medios y la capacidad para producir los alimentos necesarios para evitar el hambre aguda.

    La respuesta de emergencia de la FAO en 2021 se centrará en prestar asistencia a las comunidades que se encuentren en una situación de gran inseguridad alimentaria en más de 30 países, como Etiopía, la República Árabe Siria, la República Democrática del Congo, Somalia, Sudán del Sur y el Yemen.

    Consciente de que el seguimiento minucioso y la agilidad son esenciales para prevenir un rápido empeoramiento, en 2021, la FAO seguirá ampliando las medidas preventivas vinculadas a las alertas tempranas para proteger los medios de vida antes de que se produzca una catástrofe.

    Fuente: FAO 11 de marzo de 2021

  • Lunes, 8 de marzo de 2021

    ¿Qué datos tiene el CONEVAL sobre
    la situación de las mujeres en México?

    Desde hace más de 10 años, el CONEVAL genera información que sirve de insumo para el diseño y la evaluación de la política de desarrollo social orientada a reducir las brechas de género en el acceso a los derechos sociales.

    En esta ocasión, te compartimos algunos análisis y documentos que el Consejo ha generado para tener un panorama sobre el vínculo entre la pobreza y las mujeres en México.

    Medición multidimensional de la pobreza 2008-2018

    Cada dos años, el CONEVAL publica los resultados de la medición de pobreza a nivel nacional y por grupo de población. Esta proporciona el porcentaje de mujeres en el país que se encuentra en situación de pobreza y que carece de acceso a la alimentación, salud, educación, seguridad social, servicios básicos de la vivienda, así como de calidad y espacios en la misma.

    Pobreza y género: hacia un sistema de indicadores 2008-2018

    Este sistema está integrado por 30 indicadores que analizan la desigualdad de género en términos de la conformación de los hogares, el acceso a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación, el trabajo remunerado, el ingreso, las características de la vivienda y el trabajo doméstico no remunerado, los cuales muestran la relación entre las inequidades de género y la situación de la pobreza de las personas. La actualización que en esta ocasión se presenta permite observar el comportamiento de los indicadores de 2008 a 2018.

    Sistema de Información de Derechos Sociales

    En el Sistema de Información de Derechos Social (SIDS) puedes consultar 161 indicadores sobre las brechas que enfrentan las mujeres indígenas en el acceso a sus derechos sociales.

    Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020

    El informe presenta un análisis sobre las condiciones de pobreza, salud y trabajo que presentan las mujeres. También, señala algunas condiciones que limitan el ejercicio de sus derechos sociales y que las colocan en una mayor condición de vulnerabilidad frente a la pandemia de COVID-19. Para atender estos desafíos, el CONEVAL propone recomendaciones puntuales en materia de políticas públicas.

    Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP)

    Trimestralmente, el CONEVAL publica el ITLP para conocer la evolución de los ingresos laborales a nivel nacional y en grupos de población vulnerable, como es el caso de las mujeres.

    DataMun: datos del avance municipal

    Esta plataforma tiene indicadores a nivel municipal agrupados en siete categorías temáticas. Respecto al género, encontrarás información sobre la situación de las mujeres y hombres en el ámbito laboral, trabajo no remunerado y la participación en puestos titulares de administraciones públicas municipales.

    Fuente: CONEVAL 08 de marzo de 2021

    Jueves, 4 de marzo de 2021

     

    Las escuelas de más de 168 millones de niños
    del mundo llevan casi un año entero cerradas

    Las escuelas de más de 168 millones de niños del mundo llevan casi un año cerradas por completo debido a los confinamientos impuestos por la COVID-19, según los nuevos datos que ha publicado hoy UNICEF. Además, en torno a 214 millones de niños del mundo (uno de cada siete) han perdido más de tres cuartas partes de la educación presencial.

    El informe Análisis del cierre de las escuelas pone de relieve que 14 países del mundo permanecieron cerrados en gran medida desde marzo de 2020 hasta febrero de 2021. Dos terceras partes de esos países se encuentran en América Latina y el Caribe, y casi 98 millones de niños en edad de asistir a la escuela resultaron afectados. De los 14 países, las escuelas de Panamá son las que más días permanecieron cerradas, seguidas de las de El Salvador, Bangladesh y Bolivia.

    El cierre de las escuelas tiene consecuencias desastrosas para la educación y el bienestar de los niños. Los niños más vulnerables y los que no pueden acceder a la educación a distancia tienen más probabilidades de no regresar nunca a la escuela, e incluso de ser víctimas del matrimonio infantil o el trabajo infantil. Según los últimos datos publicados por la UNESCO, más de 888 millones de niños de todo el mundo siguen sufriendo interrupciones en su educación debido al cierre total o parcial de las escuelas.

    Para la mayoría de niños en edad escolar del mundo, las escuelas son el único lugar en el que pueden relacionarse con sus compañeros, encontrar apoyo, acceder a servicios de salud e inmunización y obtener comidas nutritivas. Cuanto más se prolonga el cierre de las escuelas, más tiempo pasan los niños sin acceder a estos elementos fundamentales de la infancia.

    A medida que los estudiantes regresan a las clases, necesitarán ayuda para volver a adaptarse y ponerse al día con su educación. Los planes de reapertura de las escuelas deben incluir iniciativas para que los niños recuperen la educación perdida. UNICEF exige a los gobiernos que den prioridad a las necesidades específicas de cada estudiante ofreciendo actividades de recuperación, servicios de salud y nutrición y medidas relacionadas con la salud mental y la protección en las escuelas, con objeto de fomentar el desarrollo y el bienestar de los niños y los adolescentes.

    Fuente: UNICEF 03 de marzo de 2021

    Jueves, 25 de febrero de 2021

    Coneval Presenta Información Referente al Índice
    de la Tendencia Laboral de la Pobreza(ITLP)

    Cifras durante el cuarto trimestre de 2020

  • El ingreso laboral real mostró una disminución de 2.5% entre el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020. Lo anterior aumentó la pobreza laboral (porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria) de 37.3% a 40.7% en este periodo

  • Entre los factores que explican el incremento anual de la pobreza laboral se encuentran la disminución anual de 2.5% en el ingreso laboral real y el aumento de las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos (valor de la canasta alimentaria) 6.1% en zonas urbanas y 7.6% en zonas rurales, ambas variaciones mayores a la inflación anual de 3.5%.

  • Entre el cuarto trimestre 2019 y el cuarto trimestre 2020, se observan disminuciones en la población ocupada con acceso a los servicios de salud por prestación laboral, según sector económico, por ejemplo; en restaurantes y servicios de alojamiento se presenta una reducción anual del 22.9%, mientras que en servicios diversos de 9.9% y en el sector de construcción de 8.8%.

    El poder adquisitivo del ingreso laboral real per cápita tuvo una disminución de 2.5% entre el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020, al pasar de $1,819.55 a $1,773.43. Asimismo, entre el tercer trimestre de 2020 y el cuarto trimestre de 2020, se observa un incremento de 5.9% en el ingreso laboral real per cápita. Esta recuperación en el ingreso se da ante la reapertura de diferentes comercios en ciertas regiones del país.

    Durante el cuarto trimestre del 2020, se observó un aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) respecto al registrado en el mismo periodo del año anterior; la inflación promedio anual se ubicó en 3.5%, 0.4 puntos porcentuales inferior a la del tercer trimestre de 2020 (3.9%).

    En el cuarto trimestre de 2020 las líneas de pobreza extrema por ingresos (valor de la canasta alimentaria) aumentaron anualmente 6.1% en zonas urbanas y 7.6% en zonas rurales, ambas variaciones mayores a la inflación anual de 3.5% y a las observadas en el mismo periodo del año anterior.

    Del tercer al cuarto trimestre de 2020, se observa que el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos urbana presentó un aumento de 0.9%, mientras que para el ámbito rural fue de 1.1%. Este comportamiento en los valores de las líneas de pobreza, así como el incremento del ingreso laboral contribuye a la mejora en el poder adquisitivo de los hogares en el último trimestre de 2020.

    El porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria aumentó al pasar de 37.3% en el cuarto trimestre de 2019 a 40.7% en el cuarto trimestre de 2020

    Entre los factores que explican este incremento se encuentra la disminución anual de 2.5% en el ingreso laboral real y el aumento en los precios del valor monetario de la canasta alimentaria durante el mismo periodo.

    Fuente: CONEVAL 16 febrero de 2020

  • Jueves, 25 de febrero de 2021

    Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020

    En un contexto en el que enfrentamos una crisis económica, de salud pública y social, cuyo desarrollo y efectos aún no son totalmente conocidos, el CONEVAL da a conocer el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020 que proporciona información sobre la situación social del país a partir del análisis de la evolución de la pobreza en México en la última década y el análisis de algunas de las condiciones socioeconómicas de los grupos históricamente discriminados, así como un estudio exploratorio de la política nacional de desarrollo social y su enfoque territorial.

    En el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020 se comparten algunas recomendaciones por grupo poblacional para su atención en el corto plazo. Se enlistan a continuación al menos una por cada sector.

    Mujeres: implementar acciones y programas integrales que compensen la carencia de acceso a seguridad social para las mujeres en situación de pobreza y madres jefas de familia.

    Niños: garantizar su acceso a la alimentación y educación con énfasis en los hogares en situación de pobreza.

    Jóvenes: continuar con la promoción para que los jóvenes se inserten de manera exitosa en el mercado laboral.

    Población con discapacidad: generar estrategias que aseguren igualdad de oportunidades para los trabajadores con discapacidad y que permitan recopilar información de este sector de la población.

    Personas mayores: garantizar el esquema universal de pensiones para la población mayor de 65 años, entendido como un derecho en términos de su subsistencia y dignidad.

    Población indígena: generar estrategias que aseguren igualdad de oportunidades para las personas indígenas, que permitan el acceso a empleos fuera de condiciones precarias y que garanticen el acceso a la seguridad social.

    Dichas recomendaciones buscan desplegar mecanismos de reparación, desarrollo de capacidades, eliminación de barreras e incentivos discriminatorios, esenciales para la construcción de una política efectiva de bienestar que contribuya a la reducción de la pobreza.

    Fuente: CONEVAL 15 de febrero de 20210

    Lunes, 18 de enero de 2021

    2021: Año Internacional de la Erradicación del Trabajo Infantil

  • El trabajo infantil ha disminuido en un 38 por ciento en la última década, pero 152 millones de niños siguen afectados. La pandemia de COVID-19 ha empeorado considerablemente la situación, pero una acción conjunta y decisiva puede revertir esta tendencia.

    La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en colaboración con la Alianza 8.7 alianza mundial, lanza el Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil , para fomentar acciones legislativas y prácticas para erradicar el trabajo infantil en todo el mundo.

    El Año Internacional se adoptó por unanimidad en una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2019. Un objetivo principal del año es instar a los gobiernos a hacer lo necesario para lograr la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS).

    La meta 8.7 pide a los Estados miembros que tomen medidas inmediatas y efectivas para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a la esclavitud moderna y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluido el reclutamiento y uso de niños soldados, y para 2025 poner fin trabajo infantil en todas sus formas.

    En los últimos 20 años, casi 100 millones de niños han sido retirados del trabajo infantil, lo que ha reducido el número de 246 millones en 2000 a 152 millones en 2016.

    La OIT ha estado trabajando por la abolición del trabajo infantil a lo largo de sus 100 años de historia. Uno de los primeros convenios que adoptaron sus miembros fue sobre la edad mínima en la industria.

    La organización es socia de Alliance 8.7, una asociación global que tiene como objetivo erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud moderna, la trata de personas y el trabajo infantil en todo el mundo, como se describe en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

    Fuente: OIT 15 de enero de 2021

  • Martes, 15 de diciembre de 2020

    Aumento del riesgo de violencia en el hogar contra
    niñas, niños y adolescentes en tiempos de COVID-19

  • El documento elaborado en conjunto por CEPAL, UNICEF y la Oficina de la Representante Especial del Secretario General sobre Violencia contra los Niños recomienda acciones concretas para abordar la violencia contra niñas, niños y adolescentes en el marco de la respuesta a la crisis del COVID-19.

    El documento Violencia contra niños, niñas y adolescentes en tiempos de COVID-19 alerta que estimaciones recientes calculan una prevalencia del 55% de agresión física y 48% de agresión psicológica en la crianza en América Latina y el Caribe.

    Asimismo, agrega que, en el marco de la contención de la pandemia, se han reducido factores de protección y se han exacerbado los riesgos de violencia. De un lado, se constata una menor capacidad de detección de incidentes de violencia debido al aislamiento físico y al cierre de actividades presenciales en instituciones educativas y centros de primera infancia, la reducción en la oferta social de los Estados y la crisis económica que ha impactado el nivel de ingresos en los hogares.

    A lo anterior se suma la cobertura limitada de acceso a internet y la brecha generacional en conocimientos sobre entorno digital en los adultos, que limita la labor de adecuado monitoreo y acompañamiento a niñas y niños que hoy pasan más tiempo en línea.

    De igual forma, el informe advierte que los factores de riesgo para que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de violencia en el hogar se han exacerbado. Entre estos, se resalta el incremento en los reportes de violencia contra la mujer (que tiene una estrecha relación con violencia perpetrada contra niñas, niños y adolescentes), el aumento en el estrés y la ansiedad, el impacto económico en la niñez y adolescencia, el incremento de la actividad en línea tanto de niñas, niños y adolescentes, como de los perpetradores de violencia sexual.

    Para abordar la violencia contra niñas, niños y adolescentes en el marco de la respuesta a la crisis del COVID-19, el documento propone recomendaciones adicionales a las políticas, programas y acciones con que se contaba antes de la crisis:

    1.- Poner a la niñez en el centro de las políticas y planes para la recuperación económica de los países para revertir el incremento de la pobreza y erradicar inequidades históricas que perpetúan desafíos estructurales como la violencia basada en el género y la violencia contra niños, niñas y adolescentes, al mismo tiempo, que se reconstruye la confianza en las instituciones democráticas.

    2.- Optimizar recursos mediante la convergencia de servicios que, entre otras, permita atender de forma coordinada los casos de violencia contra las mujeres y contra las niñas, niños y adolescentes; que amplíe el número de perceptores de oferta pública de servicios; que brinde atención específica y diferencial a las poblaciones que ya estaban en vulnerabilidad, y que promuevan la economía del cuidado atendiendo el equilibrio en la distribución de roles y tareas.

    3.- Brindar atención para la salud mental y apoyo psicosocial en forma universal y gratuita para prevenir y atender trastornos de salud mental como depresión, ansiedad, tendencias suicidas y estrés en padres, madres y cuidadores, y en los propios niños, niñas y adolescentes, y a su vez promover prácticas asertivas de crianza y comunicación en el hogar.

    4.- Asegurar el acceso universal a internet de todos los niños, niñas y adolescentes en áreas no cubiertas, así como la difusión de dispositivos electrónicos a las niñas, niños y adolescentes para asegurar su educación continua.

    5.- Proteger a la niñez frente a la violencia en línea, difundiendo mensajes sobre el comportamiento seguro y responsable en línea y adoptando medidas concretas para combatir adecuadamente la violencia en internet.

    6.- Garantizar la protección social universal para las familias incluyendo estímulos en efectivo, cobertura universal de salud y reconociendo la protección de la infancia, la salud mental y la educación como servicios esenciales y parte de una respuesta intersectorial basada en derechos.

    7.- Asignar una inversión sostenida en la infancia y fortalecer los servicios para el bienestar y la protección de la niñez frente a todas las formas de violencia.

    8.- Promover políticas laborales orientadas a apoyar la parentalidad positiva y basada en el género.

    9.- Involucrar a las niñas, niños y adolescentes en la construcción de soluciones y oportunidades en el ámbito comunitario, local, regional y nacional.

     

    Fuente: CEPAL 15 de diciembre de 2020

     

  • Viernes, 4 de diciembre de 2020

    El costo del COVID-19: 207 millones de personas más
    en la pobreza extrema y reversión de años de desarrollo

  • Dos dependencias de la ONU alertaron del costo de la pandemia en términos económicos con proyecciones que cifran el número de personas en condiciones de pobreza extrema en mil millones para 2030, además de prever la pérdida de muchos de los avances en educación y nutrición. Los esfuerzos para reconstruir las economías más pobres del mundo después de la crisis del coronavirus deben centrarse en mejorar sus programas sociales y sus capacidades productivas.

    Unos 207 millones de personas se sumarían a las filas de la población que vive por debajo de la línea de pobreza como consecuencia de la crisis económica resultada de la pandemia de COVID-19, para elevar así a mil millones la cantidad de gente que estaría en esa situación en 2030, según cálculos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

    Al igual que el PNUD, la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), publicó un estudio que advierte del costo del COVID-19, sobre todo en los países menos desarrollados, que son también los que tienen menos medios financieros e institucionales para responder a este tipo de emergencias, al margen de alojar a más 50% de la población mundial en condiciones de pobreza extrema.

    Sendos informes estiman que sólo en 2020, las personas que viven con menos de 1,9 dólares al día aumentarían en 32 millones, lo que incrementaría la tasa de pobreza del 32,5% al 35,7%.

    La proyección más pesimista dice que el 80% de la crisis económica inducida por el COVID-19 persistiría diez años debido a la pérdida de la productividad, evitando el regreso al curso de desarrollo visto antes de la pandemia.

    Los datos de la ONU indican los 47 países menos desarrollados representan menos del 1,3% del PIB mundial pese a ser hogar de 1060 millones de personas. En 2019, el PIB per cápita promedio en esas naciones fue de apenas 1088 dólares en comparación con un promedio mundial de 11.371 dólares.

    De acuerdo con la UNCTAD, en 2020 esos países tendrán su peor desempeño económico en 30 años con una baja estrepitosa en sus ingresos, pérdida generalizada de empleos y déficits fiscales cada vez mayores, lo que revertirá años de progreso en la reducción de la pobreza, la nutrición y la educación.

    No obstante este impacto, el PNUD considera que si se hiciera una serie de inversiones abocadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el peor escenario podría evitarse y 146 millones de personas saldrían de la pobreza extrema.

    Con un plan ambicioso de impulso a los Objetivos de Desarrollo también se disminuiría la brecha de pobreza de género y se reduciría en 74 millones el número de mujeres en la pobreza, pese al efecto del COVID-19.

    El estudio sugiere una combinación de los cambios de comportamiento a través de estímulos para los gobiernos y para los ciudadanos, tales como la mejora de la eficacia y la eficiencia en la gobernanza, y los cambios en los patrones de consumo de alimentos, energía y agua.

    El desarrollo humano y económico se ha visto afectado en todos los aspectos y que la crisis de salud está lejos de terminar e insistieron en que un enfoque fragmentado frente a la crisis ha probado ser inadecuado y perjudicial para la salud y las economías, al igual que para el desarrollo y el disfrute de las garantías fundamentales.

    Fuente: ONU 03 de diciembre de 2020

  • Miércoles, 25 de noviembre de 2020

    Preocupa la persistencia de la violencia contra las mujeres y niñas
    en la región y su máxima expresión, el feminicidio o femicidio

  • La estrategia para enfrentar de forma urgente esta verdadera “pandemia en la sombra” debe basarse en cuatro pilares: financiamiento, prevención, respuesta y recopilación de datos.

    La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) manifestó hoy su preocupación por la persistencia de la violencia por razones de género contra las mujeres y las niñas de la región y por las altas tasas de feminicidio observadas. Según los últimos datos oficiales reportados al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Comisión, en 2019 se registraron 4.640 casos de feminicidio en 24 países, 18 latinoamericanos y 6 caribeños.

    La situación de las mujeres y las niñas se ha visto agravada durante el confinamiento y las restricciones de movilidad dispuestas por los países frente al COVID-19, que limitaron su acceso a redes de apoyo y servicios de atención, plantea la CEPAL en un documento publicado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, y que da inicio a 16 días de activismo hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

    “La violencia de género ocurre de forma sistemática en nuestra región. No conoce fronteras, afecta a mujeres y niñas de todas las edades y sucede en todos los espacios: en los lugares de trabajo, en el marco de la participación política y comunitaria, en el transporte y en la calle, en la escuela y en los centros educativos, en el ciberespacio y, sin duda, en los propios hogares. Es lo que en el sistema de las Naciones Unidas hemos llamado una ‘pandemia en la sombra’”, señaló la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

    De acuerdo con encuestas nacionales de seis países de la región, entre el 60% y el 76% de las mujeres (alrededor de 2 de cada 3) ha sido víctima de violencia por razones de género en distintos ámbitos de su vida. Además, en promedio 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima o vive violencia física, psicológica y/o sexual, por un perpetrador que era o es su pareja, lo que conlleva el riesgo de la violencia letal: el feminicidio o femicidio.

    Los gobiernos de la región han informado al Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe de la CEPAL más de 90 medidas para enfrentar la violencia contra las mujeres en este período. Se destaca la respuesta de países donde la totalidad o parte de los servicios de atención a este flagelo fueron declarados esenciales. Sin embargo, la adaptación a modalidades remotas ha sido muy compleja y limita el acceso a la justicia, lo que aumenta el riesgo de impunidad que afecta a estos delitos, alerta la CEPAL.

    El documento señala que “la gran cantidad de denuncias en líneas remotas y de forma presencial exige fortalecer la acción pública con aumento de recursos fiscales y medidas que garanticen la atención integral en servicios sociales y acceso a la justicia a través de canales activos y expeditos”.

    “Para superar la violencia por razones de género contra las mujeres y las niñas se requiere de políticas que aborden los nudos estructurales de la desigualdad, principalmente los derivados de los patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos”, dice la CEPAL. “Urge avanzar en forma integral y acelerada en la garantía de los derechos y la autonomía de las mujeres en sus dimensiones económica, física y en la toma de decisiones”.

     

    Fuente: CEPAL 24 de noviembre de 2020

     

  • Miércoles, 25 de noviembre de 2020

    ONU México: Poner fin a la violencia contra
    las mujeres y las niñas no está en pausa

  • El Sistema de las Naciones Unidas se une a sobrevivientes, activistas, defensoras de derechos humanos, responsables de la toma de decisiones y a toda la sociedad para destacar la necesidad de financiación, de servicios esenciales, de prevención y de generación de datos que propicien acciones efectivas para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, y para avanzar en la igualdad sustantiva.

    La violencia contra las mujeres y las niñas es una pandemia que no hemos logrado erradicar y que afecta a todos los países del mundo. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y de la campaña Únete, la Organización de las Naciones Unidas convoca a la sociedad en su conjunto a hacer frente a otra pandemia: la violencia contra las mujeres y las niñas, la cual ha generado que en México 7 de cada 10 mujeres hayan enfrentado algún tipo de violencia.

    Las emergencias humanitarias, los desastres, las crisis económicas y las pandemias generan, para las mujeres y las niñas, mayores riesgos de padecer violencia. La pandemia de COVID-19 no es una excepción; esta es mucho más que una crisis sanitaria, se trata de una crisis global que podría revertir décadas de progreso en los derechos y la igualdad de género.

    La pandemia afecta desproporcionadamente a las mujeres y las niñas. Mientras que los hombres sufren tasas de mortalidad más altas, las mujeres se ven especialmente afectadas por las consecuencias económicas, sociales, y la violencia de género, es decir, sufren una violencia estructural que las afecta tanto en espacios privados como públicos, lo cual vulnera la garantía de sus derechos humanos.

    Por ello, bajo el lema: Pinta el mundo de naranja: ¡Financiar, responder, prevenir y recopilar!, este año la campaña ÚNETE pone énfasis en la importancia de los gobiernos y el trabajo en conjunto con el Sistema de Naciones Unidas, sociedad civil y el sector privado para generar una estrategia de compromiso político a fin de acelerar respuestas concretas en los cuatro ejes de la campaña: financiarun paquete mínimo de servicios esenciales; responder adecuadamente a las sobrevivientes para garantizar su acceso a los servicios esenciales; prevenir la violencia y modificar las normas sociales que le dan origen y la normalizan; y recopilar datos e información para construir políticas que prevengan, atiendan y sancionen la violencia estructural que viven millones de mujeres y niñas, además de la adopción de medidas en pro de la reparación, la verdad y la memoria de las mujeres víctimas de la violencia.

    Para seguir respondiendo a esta situación de urgencia, a petición del Secretario General de la ONU, el Sistema de las Naciones Unidas ha diseñado una estrategia con cuatro ejes de compromisos a fin de acelerar una respuesta de políticas públicas concretas respecto de la violencia de género en el contexto de COVID-19 y promover la política de cero tolerancia hacia la violencia en todas las esferas de la sociedad:

    1. Financiar: dar prioridad al financiamiento de un paquete de servicios esenciales que incluyan la prevención de violencia de género. Y asegurar un financiamiento flexible a las organizaciones de sociedad civil de los derechos de las mujeres que trabajan en el nexo entre COVID-19 y la violencia de género.

    2. Prevenir: declarar una política nacional de cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres y las niñas con un plan de acción concreto.

    3. Responder: poner especial atención sobre las víctimas y sobrevivientes, a través del paquete de servicios esenciales que incluyan el acceso a la procuración e impartición de justicia, así como a servicios sociales y de salud.

    4. Recopilar: datos del incremento en los diversos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, incluido el ámbito digital, con el fin de generar una política que prevenga y atienda la violencia en circunstancias específicas de confinamiento.

    El hecho de que la violencia esté tan presente, no quiere decir que sea normal ni mucho menos aceptable; a pesar de toda la devastación que ha causado, la crisis del COVID-19 también representa una oportunidad generacional para construir economías y sociedades más inclusivas, pacíficas y libres del flagelo de la violencia. Necesitamos crear una “paz feminista” que escuche la voz de todos y todas, con todos los grupos incluidos de manera plena y significativa en las decisiones que afectan sus vidas. Esto debe incluir escuchar las voces de mujeres y niñas que marchan en contra la violencia y en defensa de sus derechos, garantizando que puedan ejercer el derecho de manifestación de forma segura.

    El Foro Generación Igualdad, convocado por ONU Mujeres y copresidido por Francia y México en el 2021, representa también la oportunidad de abordar el papel clave que desempeñan las mujeres y generar estrategias para revertir esta crisis. De ahí la importancia de la contribución en la respuesta y recuperación de COVID-19 por parte de todos los gobiernos del mundo para reforzar los mecanismos de accesos a servicios y políticas de prevención y eliminación de todos los tipos de violencia.

    Las Agencias de Naciones Unidas hacemos una invitación para que, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, durante los 16 días de activismo, las instituciones de gobierno, la sociedad civil, las universidades, el sector privado, medios de comunicación, junto con las y los jóvenes se unan a la campaña Únete para prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas con diferentes actividades como: foros públicos, actividades culturales, el uso de prendas de vestir color naranja, declaraciones públicas llamando a poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, y usando los hashtags oficiales #DíaNaranja #16días y #Únete.

    Fuente: ONU MUJERES 25 de noviembre de 2020

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  • Miércoles, 25 de noviembre de 2020

    ONU Mujeres insta a emprender acciones concretas
    para responder a la otra pandemia en la sombra

  • Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Dieciséis Días de Activismo contra la Violencia de Género

    En un momento en que la pandemia de COVID-19 y la cultura dominante de impunidad amenazan los avances logrados en el terreno de la igualdad de género y la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, ONU Mujeres insta a emprender acciones robustas y decididas en respuesta a esta crisis sin precedentes con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el período previo al Foro Generación Igualdad –en el que los agentes mundiales asumirán nuevos y firmes compromisos para erradicar la violencia contra las mujeres–, los Gobiernos, la sociedad civil, la juventud, las y los influencers y el sector privado prestarán sus voces a los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, una campaña de movilización global que arranca hoy y se prolongará hasta el 10 de diciembre. Juntas y juntos exigirán un cambio radical y la construcción de una “nueva normalidad” que ofrezca a todas las mujeres y niñas un futuro sin violencia.

    Incluso antes de la pandemia de COVID-19, la violencia contra las mujeres era una de las violaciones más extendidas de los derechos humanos: casi el 18% de las mujeres y niñas experimentaba violencia física o sexual por parte de una pareja íntima a lo largo de un período de 12 meses. Conforme la pandemia se aceleraba, se observó una alarmante “pandemia en la sombra” de violencia contra las mujeres, con un aumento de las tasas de violencia doméstica, pero también en las calles, en Internet y en diversos entornos. El número de llamadas a las líneas telefónicas de asistencia se quintuplicó en algunos países durante las semanas iniciales de la pandemia, mientras que en otros se redujo por la imposibilidad de las mujeres de buscar ayuda a través de los canales habituales al verse atrapadas en el hogar con sus maltratadores. De acuerdo con las proyecciones, cabe prever que la violencia alcance a 15 millones de mujeres más por cada tres meses que se mantenga el confinamiento.

    Hemos visto al mundo entero responder a la pandemia del coronavirus, trabajando al unísono, realizando grandes inversiones y utilizando protocolos con gran determinación. La violencia contra las mujeres también es una pandemia; de hecho, precede al virus y perdurará cuando este desaparezca.En un momento en que nos enfrentamos a la devastación provocada por la COVID-19, es más importante que nunca que pongamos en común nuestros recursos y asumamos un compromiso conjunto para hacer frente a los grandes desafíos y para poner fin a la violencia contra las mujeres, por el bien de todas y todos”, manifestó Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.

    En respuesta a la petición de “alto al fuego en el hogar” del Secretario General de las Naciones Unidas realizada este mismo año, casi 150 países acordaron incluir la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas como un componente fundamental de sus planes de respuesta a la COVID-19. Muchos de ellos han acompañado este compromiso con un fortalecimiento de los servicios esenciales, como los refugios, las líneas telefónicas de asistencia y otros mecanismos de denuncia. Sin embargo, tan sólo 48 países, menos de la cuarta parte de los 206 analizados en el marco de un reciente estudio, trataron la violencia contra las mujeres y los servicios prestados a las niñas en este ámbito como una parte integral de sus planes nacionales y locales de respuesta a la COVID-19, y muy pocos financiaron adecuadamente estas medidas.

    Con el fin de hacer frente a esta infradotación generalizada de recursos para este problema crucial, ONU Mujeres ha convocado a la Coalición de Acción sobre la violencia de género, una innovadora alianza formada por Gobiernos, la sociedad civil, líderes juveniles, el sector privado y entidades filantrópicas para desarrollar un programa claro de acciones que impulsen la erradicación de la violencia contra las mujeres y movilicen fondos para ello. Dichas acciones e inversiones se anunciarán en el Foro Generación Igualdad que se celebrará en 2021 en México y Francia, junto con las de las otras cinco Coaliciones de Acción del Foro Generación Igualdad.

    La conmemoración oficial del Día Internacional por parte de las Naciones Unidas tendrá lugar por primera vez en formato virtual y brindará a los Estados Miembros una oportunidad para fortalecer y cumplir sus compromisos con la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas.

    Como en años anteriores, edificios y monumentos emblemáticos de todo el mundo –entre ellos, las pirámides y la Esfinge de Guiza, en Egipto; las estatuas moáis de la isla de Pascua, en Chile; el Parlamento de la República de Moldova; las Torres de Kuwait; y el Ayuntamiento de Bruselas, en Bélgica– se iluminarán de naranja para instar a un futuro mejor en el que las mujeres y las niñas puedan vivir sin violencia. En los Países Bajos se iluminarán de naranja más de 200 ayuntamientos para demostrar su solidaridad con las sobrevivientes y apoyar los 16 Días de Activismo.

    Fuente: ONU MUJERES 25 de noviembre de 2020

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  • Miércoles, 25 de noviembre de 2020

    En la mira: 16 Días de activismo contra la violencia de género

    La campaña ÚNETE de aquí al 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres, marca los 16 Días de activismo contra la violencia de género (del 25 de noviembre al 10 de diciembre de 2020) con el tema mundial “Pinta el mundo de naranja: ¡financiar, responder, prevenir, recopilar!”. La campaña Generación Igualdad de las Naciones Unidas amplifica el llamado a la acción mundial para subsanar las brechas de financiación, asegurar servicios esenciales para las sobrevivientes de violencia durante la crisis de la COVID-19, y concentrarse en la prevención y la recopilación de datos que puedan mejorar los servicios para salvar vidas de mujeres y niñas.

    Este año es único. Incluso antes del brote de COVID-19, la violencia contra las mujeres y las niñas había alcanzado proporciones pandémicas. En el último año, 243 millones de mujeres y niñas han sufrido maltrato por parte de sus compañeros sentimentales en todo el mundo. Mientras tanto, menos del 40 por ciento de las mujeres que sufren violencia lo denuncian o solicitan ayuda.

    Asimismo, paralelamente a la implementación de medidas de confinamiento por parte de los países para detener la propagación del coronavirus, la violencia contra las mujeres y niñas, especialmente la violencia en el ámbito privado, en algunos países, las llamadas a las líneas de ayuda se han multiplicado por cinco. En otros, las denuncias formales de violencia doméstica han disminuido por las dificultades de las supervivientes para pedir ayuda y acceder a los servicios de apoyo a través de los canales regulares.

    Sin posibilidad de acudir a la escuela y sin empleo, los cierres de escuelas y las dificultades económicas han empobrecido a las mujeres y las niñas, haciéndolas más vulnerables a la explotación, el maltrato, el matrimonio forzado y el acoso.

    Actualmente, aunque las voces de activistas y sobrevivientes han llegado a un punto en que no pueden ser silenciadas o ignoradas, el fin de la violencia contra las mujeres exigirá más inversión, más liderazgo y más medidas. No es algo que pueda quedar al margen; debe ser parte de la respuesta nacional de todos y cada uno de los países, especialmente durante la crisis actual de la COVID-19.

    Durante los 16 Días de activismo, ONU Mujeres pasa el micrófono a sobrevivientes, activistas y entidades asociadas de las Naciones Unidas sobre el terreno para que expliquen la historia de lo que ocurrió tras el brote de COVID-19.

    Fuente: ONU MUJERES noviembre de 2020

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    Miércoles, 25 de noviembre de 2020

     

     

    La pandemia en la sombra de la COVID-19

  • Recrudece la violencia contra mujeres y niñas

     

    La violencia contra las mujeres y niñas, de por sí uno de los problemas más graves que encaramos, recrudece en cualquier tipo de emergencia. La crisis ocasionada por la COVID-19 no es la excepción.

    Las cifras escapan la imaginación: incluso antes de la COVID-19, en los últimos 12 meses cerca de 243 millones de mujeres habían sido maltratadas por su pareja.

    No solo es casi seguro que ese número esté por debajo de las cifras reales — se calcula que menos del 40% de las mujeres denuncian un incidente de maltrato o buscan ayuda — sino que esa cifra se ha disparado a medida que el costo social, mental y económico del confinamiento se ha ido arraigando con el correr de los meses.

    El repunte está poniendo presión incluso en los mejores sistemas de salud y los refugios contra la violencia doméstica están alcanzando su máxima capacidad. La necesidad de redireccionar recursos normales para atender la pandemia de la COVID-19 ha agudizado los desafíos. El costo, en términos monetarios, se calcula en US$1,5 billones, y esa cifra va en aumento conforme se prolonga la pandemia.

    Los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género del Sistema de las Naciones Unidas se desarrollará entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre, bajo el lema: “Pinta el mundo de naranja: ¡Financiar, responder, prevenir, recopilar!” La campaña señalará el alcance de un problema que con demasiada frecuencia permanece oculto, y sugerirá maneras en las que los gobiernos y las comunidades pueden convertir la acción eficaz en un componente fundamental de sus planes de respuesta ante la COVID-19.

    El PNUD está urgiendo la formulación de políticas que generen un compromiso para financiación a largo plazo que apoye a las sobrevivientes, así como a los sistemas policiales y de justicia. Estamos trabajando con más de 80 países para prevenir la violencia contra mujeres y niñas y responder ante las tasas en ascenso de ese flagelo. Ello incluye asegurar que las necesidades de las sobrevivientes sean atendidas y que las mujeres participen en el proceso de construir un futuro mejor, en el que sus preocupaciones, experiencia y opiniones se incorporen en todos los niveles de respuesta y recuperación frente a la COVID-19.

    En colaboración con ONU Mujeres, el PNUD México está estableciendo plataformas telefónicas y en línea para apoyar a mujeres vulnerables en centros LUNAS, que son espacios seguros donde las mujeres reciben un estipendio mensual y, cuando procede, pueden escapar de sus agresores.

    El PNUD y ONU Mujeres han lanzado el Rastreador Mundial de Respuestas de Género COVID-19. Incluye más de 2.500 medidas en 206 países que abordan directamente la seguridad económica y social de las mujeres, así como medidas para abordar la violencia de género. Hasta el momento los resultados indican que si bien muchos países están priorizando las necesidades de las mujeres en los esfuerzos emprendidos contra la COVID-19, el esfuerzo de muchos países no ha sido suficiente, en tanto que cerca del 20% de los países no está haciendo absolutamente nada al respecto.

    En el informe del PNUD sobre la violencia de género y la COVID-19 se incluyen medidas adicionales que los organismos de las Naciones Unidas, los gobiernos y otros asociados pueden adoptar para prevenir y abordar la violencia de género en el contexto de la COVID-19.

     

     

    Fuente: PNUD 25 de noviembre de 2020

  • Viernes, 20 de noviembre de 2020