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Viernes, 31 de julio de 2020

En América Latina no habrá recuperación

económica mientras no se controle la pandemia

  • Sólo si se aplana la curva de contagio de COVID-19 se podrán reactivar las economías de América Latina y el Caribe, advierte un informe conjunto de dos agencias regionales de la ONU. “No hay dilema entre economía y salud, la salud es primero”, dice la responsable de la comisión económica y destaca que la salud es, además de un derecho humano, uno de los pilares económicos.

    La región de América Latina y el Caribe deberá controlar la transmisión del coronavirus antes de pensar en reactivar la economía, advierte un informe inter agencial de la ONU dado a conocer este jueves, que insiste en la necesidad de fortalecer los sistemas de sanitarios para lograr una reconstrucción económica sana.

    “No hay apertura económica posible sin que la curva de contagios haya sido controlada, y no hay reactivación posible sin un plan claro para evitar el repunte de los contagios”, afirman la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el estudio conjunto.

    La secretaria ejecutiva de la CEPAL, explicó en una conferencia de prensa para presentar el informe, que el coronavirus puso de manifiesto la relación estructural que existe entre la economía y la salud, evidenciando las debilidades de los sistemas sanitarios de la región, que están fragmentados y segmentados.

    La salud es ante todo un derecho humano que debe ser garantizado por los Estados, es la base de una economía sana.

    “La salud es parte del capital humano, afecta directamente la productividad y el desempeño económico y social de las personas. El sector salud es un área económica que tiene una gran cantidad de trabajadores y una gran cantidad de encadenamientos productivos. Es un generador de empleos y de inversiones de gran peso para generar crecimiento”.

    Para reforzar esta aseveración, la titular de la CEPAL alertó del riesgo de que América Latina caiga en un círculo vicioso si no se fortalecen los sistemas de salud, señalando que la crisis sanitaria puede convertirse en una crisis alimentaria lo que, a su vez, haría más vulnerable la salud y colapsaría los servicios médicos.

    Romper este ciclo implica controlar la pandemia con medidas que incluyen el confinamiento y el distanciamiento físico, pero la población, sobre todo la más pobre, sólo podrá resistir esta disminución de la actividad económica si recibe ayudas de su gobierno.

    La CEPAL y la OPS han identificado a las personas mayores, los trabajadores informales, las mujeres, los pueblos indígenas y afrodescendientes, las personas con discapacidades y los migrantes como los grupos más vulnerables en esta pandemia, por lo que llamaron a extenderles asistencia y protección social mediante un ingreso básico y un bono contra el hambre.

    El caso de México

    Al responder una pregunta sobre la situación de México, Alicia Bárcena destacó que el país ha reconocido que el sistema de salud estaba desfinanciado y con muchos déficits cuando lo recibió el actual gobierno a fines de 2018.

    Este reconocimiento, continuó, “ha logrado ampliar las nuevas contrataciones, añadiendo casi 40.000 personas a la plantilla de trabajadores del sector salud”..

    Mencionó también el aumento de las capacidades del Instituto Mexicano del Seguro Social y de otras dependencias sanitarias públicas, además de que se ha conseguido la participación diligente de los hospitales privados y de las fuerzas armadas en los esfuerzos contra la pandemia.

    Indicó, además, que casi 21 millones de personas reciben transferencias del gobierno federal, once millones de los cuales son mujeres y ocho millones adultos mayores. Esto al margen de las pensiones para personas con discapacidades y otros grupos vulnerables.

    “Creo que el objetivo que se propuso el gobierno de México es, primero, evitar el colapso del sistema sanitario y lo han apuntalado con la reconversión de hospitales, la contratación de más trabajadores de la salud, y segundo, apuntalar el ingreso, algo sumamente importante”, puntualizó Bárcena.

    Fuente: ONU 30 julio de 2020

  • Miércoles, 29 de julio de 2020

    La pandemia de COVID-19 provoca

    un aumento del hambre en América Latina

  • La propagación del coronavirus se ha sumado a otros problemas endémicos de la región, como la desigualdad y la vulnerabilidad frente a fenómenos naturales, incrementando el hambre y la inseguridad alimentaria.

    El Programa Mundial de Alimentos (PMA) advirtió que el hambre y la inseguridad alimentaria van en aumento en América Latina, creando un ambiente propicio para los conflictos y la emigración de su población más vulnerable a menos que se tomen provisiones urgentes.

    Los países latinoamericanos tienen problemas de larga data como la falta de seguridad alimentaria ya existente en ciertas regiones, la fragilidad de las economías, la desigualdad profunda y la implacable temporada de huracanes que cada año azota a varias naciones.

    A estos flagelos se ha sumado la llegada del coronavirus, que se ha propagado convirtiendo a la región en la más impactada del mundo hasta el momento por el COVID-19, con más de una cuarta parte de los casos registrados a nivel mundial.

    “La pandemia de COVID-19 ha sido devastadora en América Latina, donde ya se concentraban las nubes de una tormenta económica. Las familias pasan dificultades para comprar productos básicos como comida y medicinas mientras que sus medios de vida se destruyen y el desempleo afecta ya a 44 millones de personas. Es una combinación fatal”, dijo el director ejecutivo del PMA.

    El PMA apoya a la región con diversas estrategias de distribución de alimentos, pero necesita con urgencia 328 millones de dólares en fondos para continuar sus operaciones de alivio a la población.

    La agencia estimó que América latina y el Caribe verán un aumento del 269% en el número de personas en situación de inseguridad alimentaria grave durante los próximos meses, es decir, que 16 millones de personas en la región no tendrán la certeza de comer al día siguiente. En 2019, esa cantidad llegaba a 4,3 millones.

    Para asistir a los países de la región, el PMA está suministrando los almuerzos que solía repartir en las escuelas para que los niños se los lleven a sus casas y distribuye cupones para comprar comida en las tiendas locales.

    Fuente: ONU 29 julio de 2020

  • Lunes, 27 de julio de 2020

    CONEVAL Presenta Información Referente a la Pobreza Laboral

    con la Encuesta Telefónica de Ocupación Y Empleo (ETOE)

    El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) publica trimestralmente el Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) para observar la evolución del poder adquisitivo del ingreso laboral de los hogares y analizar los cambios en la pobreza laboral, es decir, conocer el porcentaje de la población cuyos ingresos laborales son insuficientes para adquirir la canasta alimentaria. Para su cálculo, el CONEVAL retoma la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de manera trimestral.

    Hasta el primer trimestre de 2020, el CONEVAL generó información sobre la evolución del poder adquisitivo del ingreso laboral de los hogares y la tendencia laboral de la pobreza a partir de los datos de la ENOE.

    De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018, aproximadamente el 74% del ingreso total de los hogares proviene del trabajo. Dada la relevancia de estos ingresos, el CONEVAL genera información para observar la evolución del poder adquisitivo del ingreso laboral de los hogares.

    Con la ETOE, el ingreso laboral se redujo 6.2%, al pasar de $1,516.93 en abril, a $1,422.24 en mayo.

    Se realizó un seguimiento a los hogares encuestados mediante la ETOE en abril y mayo. De acuerdo con esta información, el 11.7% de las personas pasó de no estar en pobreza laboral a estar en pobreza laboral y el 10.3% pasó de estar en pobreza laboral a no estarlo.

    El seguimiento indica que entre las personas que dejaron de estar en pobreza laboral, 27.4% se emplearon en el sector informal y 7.6% en el sector formal.

    Las afectaciones provocadas por la contingencia sanitaria por la COVID-19 ocurrieron en magnitudes desiguales tanto en el sector formal como en el informal. El empleo se redujo 13.7% en el sector formal y 27.2% en el informal, entre el primer trimestre (ENOE) y mayo (ETOE) de 2020.

    En términos porcentuales, la mayor pérdida de empleos se concentra en los grupos de jóvenes y adultos mayores. Entre el primer trimestre (ENOE) y mayo 2020 (ETOE), el grupo de 15 a 29 años perdió aproximadamente el 25.0% de los empleos; en el grupo de 30 a 64 años, 18.9%; y, en el grupo de 65 y más, 30.2%.

    Dado que la situación actual requiere de información oportuna para entender el contexto laboral que están enfrentando los mexicanos, el CONEVAL retoma la información generada por la ETOE, con sus respectivas consideraciones, para generar un diagnóstico de la pobreza laboral, así como de la situación de grupos vulnerables ante el cambio en el contexto laboral durante la pandemia por SARS-CoV-2.

    De acuerdo con lo que INEGI informa sobre la ETOE, “las cifras que ofrece no son estrictamente comparables en su forma de implementarse con la ENOE”, por lo que no es posible generar una aproximación equivalente a las estimaciones de pobreza laboral obtenidas hasta el primer trimestre de 2020. No obstante, los datos generados proporcionan una referencia sobre los cambios en el mercado laboral en los meses recientes.

    El CONEVAL informa que suspende la estimación del ITLP hasta que el INEGI vuelva a generar la ENOE, por lo que el cálculo de la pobreza laboral con la ETOE es temporal.

    Fuente: CONEVAL 27 de julio de 2020

    Jueves, 23 de julio de 2020

    La comida de los niños en México, en peligro por el COVID-19

  • Más de la mitad de las familias en México ya de por sí sufría de algún grado de inseguridad alimentaria antes de la pandemia, que está poniendo a los hogares más vulnerables en situaciones aún más difíciles y que pueden comprometer la salud y la nutrición de los niños.

    Se necesitan medidas urgentes para evitar que la salud y la nutrición de los niños más vulnerables en México se deteriore, advirtieron el Instituto Nacional de Salud Pública y tres agencias de las Naciones Unidas.

    Las organizaciones expresaron grave preocupación ya que México es un país que por décadas ha enfrentado grandes desigualdades, y atraviesa la crisis del coronavirus con el 55,5% de los hogares del país presentando algún grado de inseguridad alimentaria, es decir, con una incapacidad para satisfacer sus necesidades mínimas de comida durante largos periodos.

    Según un documento publicado por las agencias entre las que se encuentra el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Organización Panamericana de la Salud, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se estima que la crisis económica por la pérdida de empleo y reducción de ingresos, intensificará aún más la vulnerabilidad de los hogares, especialmente de la población que ya vivía en situación de pobreza o carencia alimentaria, por lo que ésta debe recibir atención prioritaria.

    Los expertos temen que los sistemas alimentarios puedan verse afectados a mediano y largo plazo, y resaltaron la importancia de mantener viva la cadena de suministros, tomando medidas que eviten aumentos en los precios de los alimentos.

    Actualmente México carece de un programa nacional consolidado y con recursos para mitigar el impacto económico que la pandemia de COVID-19 tendrá en el estado de nutrición y salud desde los primeros años de vida de un niño o niña, advirtieron.

    La buena nutrición es una parte esencial de la defensa contra el COVID-19, ya que las personas desnutridas tienen sistemas inmunes más débiles que aumentan su riesgo de enfermedad en general. Al mismo tiempo, la obesidad y la diabetes están fuertemente relacionadas con las manifestaciones más severas de esta enfermedad en particular, incluido un mayor riesgo de hospitalización y muerte.

    Las agencias resaltaron que a medida que se adoptan estrategias para frenar la propagación del COVID-19, se debe asegurar que haya suficientes alimentos nutritivos y que sean distribuidos de manera justa, para cubrir las necesidades básicas de alimentación de toda la población, especialmente los más vulnerables. Para ello, se debe garantizar la continuidad y adaptación de los sistemas alimentarios que corren el riesgo de interrumpirse por diversos factores asociados a la pandemia.

    Los expertos pidieron en un documento la participación y contribución de todos los sectores de la sociedad, liderados por el gobierno federal, con la participación de organismos internacionales y de la sociedad civil, profesionales de la salud, medios de comunicación y sociedad en general para implementar medidas urgentes que permitan mitigar el impacto duradero de la pandemia.

    Fuente: ONU 22 julio de 2020

  • Viernes, 19 de junio de 2020

    Día Mundial de los Refugiados, 20 de junio

    Toda acción cuenta

    La pandemia de COVID19 y las recientes protestas contra el racismo ponen de manifiesto cómo necesitamos luchar desesperadamente por un mundo más inclusivo e igualitario; un mundo donde nadie se quede atrás. Este momento que vivimos nos demuestra que todos desempeñamos un papel en la lucha para conseguir cambiar las cosas. Esto es la esencia misma de la campaña del Día Mundial del Refugiado del ACNUR. Este año, nuestro objetivo es recordar al mundo que todas las personas, incluidos los refugiados, pueden hacer una contribución a la sociedad y cada acción cuenta para crear un mundo más justo, inclusivo e igualitario.

    El mundo está siendo testigo del mayor número de desplazamientos de los que se tienen constancia. Una cantidad sin precedentes de 70,8 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a abandonar sus hogares a causa del conflicto y la persecución a finales de 2018. Entre ellas, hay casi 30 millones de refugiados, de los cuales más de la mitad son menores de 18 años. Además, hay 10 millones de personas apátridas a las que se les ha negado una nacionalidad y el acceso a derechos fundamentales, como la educación, sanidad, empleo y libertad de circulación.

    Los refugiados se encuentran entre las personas más vulnerables del mundo. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967 constituyen los instrumentos legales únicos que amparan la protección internacional de los refugiados. Según sus provisiones, los refugiados merecen como mínimo los mismos estándares de tratamiento que el resto de extranjeros en un país y, en muchos casos, el mismo tratamiento que los nacionales.

    La Convención de 1951, que define quien es un refugiado, contiene una serie de sus derechos y también pone de relieve sus obligaciones hacia el país de acogida. La piedra angular de la Convención es el principio de no devolución. De acuerdo con este principio, un refugiado no debe ser devuelto a un país donde se enfrenta a graves amenazas a su vida o su libertad. Esta protección no puede reclamarse por los refugiados que están considerados un peligro razonable para la seguridad del país, que hayan sido condenados por un delito particularmente grave o que se consideren un peligro para la comunidad.

    Los derechos contenidos en la Convención de 1951 incluyen:
    el derecho a no ser expulsado, excepto bajo ciertas condiciones estrictamente definidas;
    el derecho a no ser castigado por entrada ilegal en el territorio de un Estado contratante;
    el derecho al empleo remunerado;
    el derecho a la vivienda;
    el derecho a la educación pública;
    el derecho a la asistencia pública;
    el derecho a la libertad de religión;
    el derecho al acceso a los tribunales;
    el derecho a la libertad de circulación dentro del territorio,
    y el derecho a emitir documentos de identidad y de viaje.

    Algunos derechos básicos, incluido el derecho a ser protegidos contra la devolución, se aplican a todos los refugiados. Un refugiado adquiere el derecho a otros derechos cuanto más tiempo permanezcan en el país anfitrión, derecho basado en el reconocimiento de que cuanto más tiempo permanecen en calidad de refugiados, más derechos necesitan.

    Fuente: ONU 19 de junio de 2020

    Viernes, 22 de mayo de 2020

    Índice de Tendencia Laboral de la

    Pobreza al Primer Trimestre 2020

  • El ingreso laboral real mostró un aumento de 7.6% entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020.

  • El ingreso laboral real aumentó 4.9% entre el cuarto trimestre de 2019 y primer trimestre de 2020. Lo anterior disminuyó la pobreza laboral de 37.3% a 35.7% en este periodo.

    El poder adquisitivo del ingreso laboral real per cápita tuvo un aumento de 7.6% entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020, al pasar de $1,774.35 a $1,909.49. De manera trimestral se observa un aumento de 4.9% entre el cuarto trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020. Este es el ingreso más alto reportado desde el cuarto trimestre de 2007, cuando se ubicó en $1,911.17 pesos, lo que ubica al ingreso en niveles similares mostrados previo a la crisis económica anterior.

    La estabilización en el nivel de precios favorece el poder adquisitivo del ingreso laboral. En este sentido, durante el primer trimestre del 2020, se observó una disminución del Índice de Precios al Consumidor (INPC), respecto a los registrados en el mismo periodo del año anterior, la inflación anual se ubicó en 3.4%, menor a lo reportado en el mismo periodo del año anterior cuando se ubicó en 4.1%.

    El aumento del ingreso laboral promedio, entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020, se observó principalmente en la población con menor ingreso laboral (primer quintil de ingresos), al aumentar 12.3% en este periodo. El aumento porcentual en el ingreso laboral promedio de los quintiles restantes es aproximadamente de 8.0%. El aumento de 12.3% en el primer quintil de ingresos representa $17.02 pesos más en promedio y de $360.97 pesos más en promedio en el último quintil de ingresos, lo que representa un crecimiento de 8.0%.

    Las líneas de pobreza extrema por ingresos (valor de la canasta alimentaria) aumentaron anualmente 4.1% en zonas urbanas y 4.3% en zonas rurales, mayores a la inflación anual de 3.4% y menores a las observadas en el mismo periodo del año anterior. De forma trimestral, se observa que el valor de la línea de pobreza extrema por ingresos urbana presentó un aumento de 2.9%, mientras que para el ámbito rural fue de 3.5%. Este comportamiento en el nivel de precios puede deberse en parte a la disminución del precio de los energéticos, principalmente el del petróleo y las tarifas autorizadas por el gobierno, rubros en los que se presentaron las disminuciones más significativas en este periodo.

    El porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria disminuyó al pasar de 38.7% en el primer trimestre de 2019 a 35.7% en el primer trimestre de 2020. Entre los factores que explican este incremento se encuentra el aumento anual de 7.6% en el ingreso laboral real, así como un incremento en la masa salarial.

    Los resultados del ITLP del primer trimestre de 2020 presentan el panorama general del mercado laboral previo a los efectos de la declaratoria de emergencia emitida por el Gobierno Federal. Sin embargo, apoyan a identificar a los grupos vulnerables dentro del mercado laboral en los que recaerán los efectos de dicha declaratoria.

    En los últimos 5 años, desde 2014, el porcentaje de la población con ingreso insuficiente para adquirir la canasta alimentaria había disminuido. En 2014, 42.3% de la población contaba con ingreso laboral insuficiente para adquirir la canasta alimentaria, mientras que en el primer trimestre de 2020 esta cifra es de 35.7%. De 2014 a 2020, trimestralmente, el valor mínimo tanto del porcentaje como el nivel máximo del ingreso laboral per cápita se presentó en el primer trimestre de 2020. Sin embargo, en este trimestre, aproximadamente 1 de cada 2 trabajadores eran informales. Esto resulta relevante, dado que los ocupados en la informalidad se encuentran más vulnerables ante la contingencia sanitaria y la desaceleración económica, ya que no cuentan con seguridad social y sus ingresos son menores.

    En promedio, los ingresos laborales de los trabajadores formales son del doble de los trabajadores informales, $9,163.87 y $4,507.14, respectivamente. Estos ingresos pueden verse disminuidos, derivado de la contingencia.

    Entre el cuarto trimestre 2019 y el primer trimestre 2020, disminuyó la población ocupada en 407.4 mil personas. Respecto a los trabajadores informales según actividad económica, se observa una
    disminución especialmente en la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca con 320.1 mil trabajadores menos, así como en transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento con 51.5 mil trabajadores menos. Por otro lado, entre los trabajadores formales, hubo una caída en el comercio y la industria manufacturera, con 138.9 mil y 68.4 mil trabajadores menos, respectivamente.

    Fuente: CONEVAL 19 de mayo de 2020

  • Miércoles, 13 de mayo de 2020

    Confirma, ahora Comisión Económica para América

    Latina y el Caribe (Cepal), aumento de la pobreza

  • Estimó que México tardaría hasta 13 años en volver a niveles más bajos

    México será uno de los tres países de América Latina y el Caribe que registrará un mayor aumento en sus niveles de pobreza y desigualdad este año, pronunciado por las medidas para limitar el contagio del Covid-19 y la caída del flujo de remesas, estimó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).