Según un nuevo estudio del Banco Mundial, es poco probable que se alcance el objetivo de poner fin a la pobreza extrema en todo el mundo a más tardar en 2030 si durante el resto de esta década el crecimiento económico no muestra tasas inéditas en la historia. En el estudio se concluye que la COVID‑19 representó el mayor revés para los esfuerzos de reducción de la pobreza a nivel mundial desde 1990.

En la nueva edición del informe del Banco Mundial titulado La pobreza y la prosperidad compartida (i) se presenta el primer panorama completo de la pobreza en todo el mundo después de la extraordinaria serie de conmociones producidas en la economía mundial en los últimos años. Se estima que la pandemia empujó a unos 70 millones de personas a la pobreza extrema en 2020, el mayor aumento en un año desde que comenzó el seguimiento de estas cifras, en 1990. En consecuencia, se calcula que 719 millones de personas subsistían con menos de USD 2,15 al día a fines de 2020.

En el informe se afirma que 2020 marcó un punto de inflexión histórico: la era de la convergencia de ingresos en el mundo dio paso a la divergencia. La mayor parte del costo de la pandemia recayó sobre los más pobres: entre los sectores que se ubican en el 40 % más bajo de la distribución, las pérdidas de ingresos alcanzaron un promedio del 4 %, es decir, el doble que entre el 20 % más rico. Como resultado, la desigualdad mundial se elevó por primera vez en décadas.

La aplicación de sólidas medidas de política fiscal significó una notable diferencia, pues permitió atenuar el impacto de la pandemia de COVID‑19 sobre la pobreza. De hecho, la tasa de pobreza promedio de las economías en desarrollo habría sido 2,4 puntos porcentuales más alta si no hubiera habido respuesta fiscal. Sin embargo, el gasto público resultó mucho más útil para la reducción de la pobreza en los países más ricos, que en general lograron compensar por completo el impacto de la COVID‑19 a través de políticas fiscales y otras medidas de apoyo de emergencia. Las economías en desarrollo disponían de un menor volumen de recursos y, por lo tanto, gastaron menos y lograron menos: las economías de ingreso mediano alto compensaron solo el 50 % del impacto en la pobreza, mientras que las de ingreso bajo y mediano bajo, apenas la cuarta parte.

En el nuevo informe se ofrecen por primera vez datos actuales e históricos sobre la nueva línea mundial de pobreza extrema, que se ha elevado a USD 2,15 al día para reflejar los datos más recientes de paridad del poder adquisitivo, de 2017. La pobreza extrema disminuyó drásticamente en todo el mundo entre 1990 y 2019, el último año para el que se dispone de datos oficiales. Pero los avances se desaceleraron después de 2014, y los responsables de formular políticas se enfrentan ahora a un contexto más complejo, pues la pobreza extrema se concentra en las áreas del mundo donde será más difícil erradicarla: África subsahariana, zonas afectadas por conflictos y zonas rurales.

En la actualidad, África subsahariana alberga al 60 % de todas las personas en situación de pobreza extrema: 389 millones, más que cualquier otra región. Aquí la tasa de pobreza se acerca al 35 %, la más alta del mundo. Para alcanzar el objetivo de reducción de la pobreza fijado para 2030, cada país de la región debería lograr un crecimiento del producto interno bruto (PIB) per cápita del 9 % al año durante el resto de la década actual. Esto representa una meta excepcionalmente difícil para países cuyo PIB per cápita creció, en promedio, un 1,2 % en los 10 años anteriores a la pandemia de COVID‑19.

Según el informe, las reformas de las políticas públicas nacionales pueden ayudar a reanudar los avances en la reducción de la pobreza. También será necesario intensificar la cooperación internacional. En lo que respecta a la política fiscal, los Gobiernos deben actuar sin demora en tres frentes:

Abordar la lacra de la pérdida y el desperdicio de alimentos representa una oportunidad de conseguir un triple beneficio —para el clima, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de nuestros sistemas agroalimentarios— y no puede dejarse de lado en un momento de aumento del hambre en el mundo y de alza de los precios de los alimentos.

Según el último informe de la FAO sobre El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI), el número de personas afectadas por el hambre aumentó hasta 828 millones en 2021, lo que supone un incremento de unos 46 millones desde 2020 y de 150 millones desde 2019. En total, se calcula que 3 100 millones de personas no tienen acceso a una dieta saludable.

La pérdida y el desperdicio de alimentos representan además entre el 8 % y el 10 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, lo que contribuye a un clima inestable y a fenómenos meteorológicos extremos como sequías e inundaciones. Estos cambios repercuten negativamente en el rendimiento de las cosechas, reducen potencialmente la calidad nutricional de los cultivos y provocan perturbaciones en la cadena de suministro.

Por tanto, dar prioridad a la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos es fundamental para la transición hacia sistemas agroalimentarios sostenibles que hagan más eficiente el uso de los recursos naturales, disminuyan su repercusión en el planeta y garanticen la seguridad alimentaria y la nutrición.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible pide reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha ―meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)―. Alcanzar esta meta tendría repercusiones significativas en la lucha contra el cambio climático.

Fuente: CONEVAL 07 de septiembre de 2022

“El progreso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Panorama de género 2022” demuestra que, al ritmo de progreso actual, nos puede llevar cerca de 300 años alcanzar una plena igualdad de género. Los desafíos mundiales, como la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias, los conflictos violentos, el cambio climático y los retrocesos en los derechos en materia de salud sexual y reproductiva de las mujeres exacerban aún más las disparidades de género. El nuevo informe, que fue presentado hoy por ONU Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES), destaca que, al ritmo actual, no se podrá cumplir el ODS 5 —lograr la igualdad de género— para 2030.

Si no tomamos medidas inmediatamente, los sistemas legales que no prohíben la violencia contra las mujeres, no protegen los derechos de las mujeres en el matrimonio y la familia —por ejemplo, que niegan a las mujeres el derecho de transmitir su nacionalidad a sus hijas e hijos, o de heredarla—, no aseguran la igualdad salarial y de beneficios laborales, y no garantizan los mismos derechos de poseer y controlar tierras podrían seguir existiendo por muchas generaciones más.

Al ritmo de progreso actual, el informe estima que tomaría alrededor de 286 años cerrar la brecha que existe en cuanto a protección legal y eliminar leyes discriminatorias, 140 años para que haya una representación equitativa de mujeres en posiciones de poder y liderazgo en el lugar de trabajo, y al menos 40 años para lograr una representación equitativa en parlamentos nacionales. Para erradicar el matrimonio infantil para el 2030, el progreso debería ser 17 veces más rápido del que se llevó a cabo durante la última década y se prevé que las niñas de los hogares rurales más pobres ubicados en zonas afectadas por conflictos sean quienes más sufran.

El informe también señala un retroceso preocupante en la reducción de la pobreza y la probabilidad de que los aumentos en los precios agraven esta tendencia. Para fines de 2022, alrededor de 383 millones de mujeres y niñas vivirán en la pobreza extrema —con menos de USD 1,90 por día— en comparación con los 368 millones de hombres y niños. En la mayor parte del mundo, muchas otras tendrán ingresos insuficientes para satisfacer necesidades básicas, como las necesidades de alimentación, vestimenta y una vivienda adecuada. Si continúan las tendencias actuales, para 2030, en África subsahariana, habrá más mujeres y niñas que hoy viviendo en la pobreza extrema.

Para lograr un desarrollo sostenible real y una mayor igualdad de género, es fundamental seguir evaluando las oportunidades y los obstáculos en el camino del empoderamiento de las mujeres y niñas, a fin de que estas puedan tener poder de acción e igualdad en la toma de decisiones vinculadas al cambio climático y la sostenibilidad. Las soluciones propuestas en relación con las políticas y los programas en materia de clima, medio ambiente y reducción del riesgo de desastres deben tener perspectiva de género; además, deben promover y proteger a las defensoras de los derechos humanos ambientales de las mujeres; deben generar la resiliencia de las mujeres y las niñas y sus organizaciones; deben fortalecer la prevención, la respuesta y la recuperación de violencia sexual y de género; y mejorar e invertir en estadísticas específicas de género e información para consolidar la relación entre el género y el clima.

Otros hechos y cifras que se destacan en el informe:

Antes de la Cumbre sobre la Transformación de la Educación, que tendrá lugar en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el informe señala que lograr la educación universal de las niñas, a pesar de no ser suficiente por sí misma, mejoraría significativamente esta perspectiva. Cada año de educación adicional puede aumentar las ganancias que tendrá una niña cuando sea adulta en hasta un 20 por ciento y también repercutiría en la reducción de la pobreza, mejoraría la salud materna, reduciría la mortalidad infantil, mejoraría la prevención contra el VIH y reduciría la violencia contra las mujeres.

El informe demuestra que la cooperación, las colaboraciones y las inversiones en la agenda de la igualdad de género, incluso a través de una mayor financiación mundial y nacional, son esenciales para rectificar el rumbo y volver a poner a la igualdad de género en marcha.

El número de personas que padecen hambre en el mundo aumentó hasta alcanzar los 828 millones de personas en 2021, lo que supone un aumento de unos 46 millones desde 2020 y de 150 millones desde el brote de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), según un informe de las Naciones Unidas en el que se aportan nuevas pruebas que muestran que el mundo se está alejando de su objetivo de acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas de aquí a 2030.

En la edición de 2022 del informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI) se presenta información actualizada sobre la situación de la seguridad alimentaria y la nutrición en todo el mundo, incluidas las últimas estimaciones sobre el costo y la asequibilidad de las dietas saludables. Además, en el informe se plantean las formas en que los gobiernos pueden reorientar el apoyo que actualmente prestan a la agricultura para reducir el costo de las dietas saludables, teniendo en cuenta los limitados recursos públicos disponibles en muchas partes del mundo.

Elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), el estudio destaca también el avance de la pobreza extrema y la creciente desnutrición crónica.

Las cifras describen un panorama desalentador:

En el informe se destaca de manera notable que el apoyo mundial al sector alimentario y agrícola representó un promedio anual de casi 630 000 millones de USD entre 2013 y 2018. La mayor parte de ese apoyo se destina a los agricultores individualmente, a través de las políticas sobre comercio y mercados y de subvenciones fiscales. No obstante, en gran parte, este apoyo no solo distorsiona el mercado, sino que tampoco está llegando a muchos agricultores, daña el medio ambiente y no promueve la producción de alimentos nutritivos que conforman una dieta saludable. Esto se debe, entre otras cosas, al hecho de que las subvenciones suelen dirigirse a la producción de alimentos básicos, lácteos y otros alimentos de origen animal, especialmente en los países de ingresos altos y los países de ingresos medianos altos. El arroz, el azúcar y las carnes de diversos tipos son los alimentos que más incentivos reciben a nivel mundial, mientras que las frutas y las hortalizas reciben un apoyo relativamente menor, sobre todo en algunos países de ingresos bajos.

Ante la amenaza de una recesión mundial y las consecuencias que comporta para los ingresos y gastos públicos, una forma de contribuir a la recuperación económica pasa por adaptar el apoyo a la alimentación y la agricultura para destinarlo a alimentos nutritivos allí donde el consumo per cápita aún no alcanza los niveles recomendados para una dieta saludable.

Los datos sugieren que, si los gobiernos adaptan los recursos que están utilizando para incentivar la producción, la oferta y el consumo de alimentos nutritivos, contribuirán a hacer las dietas saludables menos costosas y más asequibles y equitativas para todas las personas.

Por último, en el informe también se señala que los gobiernos podrían hacer más por reducir los obstáculos al comercio de alimentos nutritivos como las frutas, las hortalizas y las legumbres.

“El mundo está retrocediendo en sus esfuerzos por acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y la desnutrición para 2030, un objetivo establecido por las Naciones Unidas en 2015”, afirma la edición correspondiente a 2022 del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, publicada por cinco organismo de la ONU.

Elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), el estudio destaca también el avance de la pobreza extrema y la creciente desnutrición crónica.

El informe indica que el número de personas afectadas por el hambre en el mundo llegó a 828 millones en 2021 -el 9,8% de la población mundial-, un aumento de 46 millones desde 2020 y de 150 millones desde el comienzo de la pandemia de COVID-19.

El texto lamenta las proyecciones para 2030, que apuntan a casi 670 millones de personas -el 8 % de la población mundial- todavía con hambre, incluso calculando una recuperación económica global. El número no está lejos al de las personas hambrientas en 2015, cuando se fijó la meta de poner fin al hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición para fines de esta década en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El estudio detalla que en 2021 unos 2300 millones de personas padecieron inseguridad alimentaria a nivel moderado o grave, 350 millones más que al principio de la pandemia; y casi 924 millones -11,7% de la población mundial-, la enfrentaron en niveles severos, un incremento de 207 millones en dos años.

Las cifras desagregadas marcan que el 31,9% de las mujeres sufrió inseguridad alimentaria, una proporción mayor que el 27,6% de los hombres afectados por el mismo flagelo. Los números representan una brecha de género de 4 puntos porcentuales, en 2020 la diferencia era de 3 puntos.

Además, casi 45 millones de niños menores de cinco años presentaron emaciación, la forma más letal de desnutrición ya que aumenta hasta doce veces el riesgo de que mueran; mientras que 149 millones de menores de cinco años tenían retraso en el crecimiento y el desarrollo debido a la falta crónica de nutrientes esenciales en sus dietas. Por otra parte, 39 millones tenían sobrepeso.

El estudio cita avances en la lactancia materna exclusiva, con casi el 44% de los bebés menores de seis meses del mundo alimentados sólo con leche materna en 2020. La cifra aún está por debajo del objetivo del 50% para 2030.

El estado del hambre y la nutrición en América Latina y el Caribe no es mejor que en el resto del mundo.
De acuerdo con el informe, entre 2020 y 2021, cuatro millones de personas se sumaron al conjunto de hambrientos en la región.

El retroceso se produce después de un aumento ya desalentador de nueve millones de personas entre 2019 y 2020. Con respecto a las personas desnutridas, el número se ubicó en 56,5 millones en 2021, el 8,6% de la población regional.

Según el informe, en América Latina y el Caribe se concentra el 7,4% de la población mundial que sufre hambre; más de la mitad de las personas hambrientas vive en Asia, y más de un tercio en África.

La inseguridad alimentaria también sigue empeorando en la región. En 2021, el 40,6 % de la población, 268 millones de personas, encararon inseguridad alimentaria moderada o grave, un 1,1% más que el año previo.

La inseguridad alimentaria grave afectó a 93,5 millones de personas en 2021, luego de aumentar 1,4%, a 14,2%, un incremento de casi 10 millones de personas en un año, y casi 30 millones más en comparación con 2019.

El número de personas que padecen hambre en el mundo aumentó hasta alcanzar los 828 millones de personas en 2021, lo que supone un aumento de unos 46 millones desde 2020 y de 150 millones desde el brote de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) (1), según un informe de las Naciones Unidas en el que se aportan nuevas pruebas que muestran que el mundo se está alejando de su objetivo de acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas de aquí a 2030.

En la edición de 2022 del informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI) se presenta información actualizada sobre la situación de la seguridad alimentaria y la nutrición en todo el mundo, incluidas las últimas estimaciones sobre el costo y la asequibilidad de las dietas saludables. Además, en el informe se plantean las formas en que los gobiernos pueden reorientar el apoyo que actualmente prestan a la agricultura para reducir el costo de las dietas saludables, teniendo en cuenta los limitados recursos públicos disponibles en muchas partes del mundo.

Las cifras describen un panorama desalentador:

En el informe se destaca de manera notable que el apoyo mundial al sector alimentario y agrícola representó un promedio anual de casi 630 000 millones de USD entre 2013 y 2018. La mayor parte de ese apoyo se destina a los agricultores individualmente, a través de las políticas sobre comercio y mercados y de subvenciones fiscales. No obstante, en gran parte, este apoyo no solo distorsiona el mercado, sino que tampoco está llegando a muchos agricultores, daña el medio ambiente y no promueve la producción de alimentos nutritivos que conforman una dieta saludable. Esto se debe, entre otras cosas, al hecho de que las subvenciones suelen dirigirse a la producción de alimentos básicos, lácteos y otros alimentos de origen animal, especialmente en los países de ingresos altos y los países de ingresos medianos altos. El arroz, el azúcar y las carnes de diversos tipos son los alimentos que más incentivos reciben a nivel mundial, mientras que las frutas y las hortalizas reciben un apoyo relativamente menor, sobre todo en algunos países de ingresos bajos.

Ante la amenaza de una recesión mundial y las consecuencias que comporta para los ingresos y gastos públicos, una forma de contribuir a la recuperación económica pasa por adaptar el apoyo a la alimentación y la agricultura para destinarlo a alimentos nutritivos allí donde el consumo per cápita aún no alcanza los niveles recomendados para una dieta saludable.

Los datos sugieren que, si los gobiernos adaptan los recursos que están utilizando para incentivar la producción, la oferta y el consumo de alimentos nutritivos, contribuirán a hacer las dietas saludables menos costosas y más asequibles y equitativas para todas las personas.

Por último, en el informe también se señala que los gobiernos podrían hacer más por reducir los obstáculos al comercio de alimentos nutritivos como las frutas, las hortalizas y las legumbres.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) pone a disposición de la ciudadanía y personas encargadas de la planeación, diseño y elaboración de políticas públicas la tercera fase de la Plataforma para el Análisis Territorial de la Pobreza (PATP), herramienta que permite el análisis y la difusión de información estadística y geoespacial sobre la pobreza desde un enfoque territorial.

La PATP es un proyecto a largo plazo que se actualiza en función de la disponibilidad de la información. Está organizada en 5 dimensiones de análisis: económica, sociodemográfica, infraestructura, geográfica y gobierno. Cada una integrada por indicadores disponibles mediante bases de datos y visores geoespaciales1 que destacan componentes territoriales de los municipios.

La tercera fase de la PATP está enfocada en la incorporación de nuevos indicadores a la dimensión de infraestructura, la actualización de indicadores de las distintas dimensiones, así como la incorporación de los resultados de la medición de la pobreza en los municipios de México publicados el 15 de diciembre de 2021 en la página web del CONEVAL.

En esta tercera fase se incluyen dos nuevos indicadores en la dimensión de infraestructura: tiempo de traslado, a pie, hacia infraestructura de salud pública (primer nivel, segundo nivel y tercer nivel) y tiempo de traslado, a pie, hacia infraestructura de educación pública (preescolar, primaria y secundaria), los cuales son una aportación para el análisis de la accesibilidad y dotación de la infraestructura social. También se actualizaron 11 indicadores de las dimensiones económica, sociodemográfica, geográfica e infraestructura, así como los resultados de pobreza municipal 2020.

Principales resultados

Dimensión infraestructura

La información que proporcionan los indicadores sobre el tiempo de traslado hacia la infraestructura de salud y educación pública está georreferenciada y desagregada a nivel localidad; esto facilita conocer la disponibilidad y cobertura. Los datos de tiempo de traslado en automóvil y a pie ofrecen información que puede contribuir a identificar oportunidades de mejora en el acceso físico y efectivo a los servicios públicos, así como realizar diagnósticos sobre la situación del acceso a la infraestructura de salud y educativa en los distintos niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

Infraestructura de salud pública

Infraestructura de educación pública

Dimensión económica

Dimensión sociodemográfica

Dimensión geográfica

Fuente: CONEVAL 08 de junio de 2022

Cerca de 193 millones de personas de 53 países o territorios sufrieron hambre en “niveles de crisis o peores”, lo que supone un aumento de 40 millones en el año transcurrido entre 2020 y 2021, destacaron dos agencias de la ONU.

El Informe Global sobre Crisis Alimentarias 2022 publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), revela que este nivel récord incluye a 570.000 personas en Etiopía, el sur de Madagascar, Sudán del Sur y Yemen que se encuentran en la fase de catástrofe y han requerido una acción urgente para evitar un colapso generalizado de los medios de subsistencia y muertes por inanición.

El documento detalla que en la lista de países que padecen el flagelo, 39 naciones se repiten cada año y que su población hambrienta se duplicó entre 2016 y 2021 con incrementos constantes desde 2018.

Según los organismos, el aumento es resultado de diversos factores que se retroalimentan y que van desde conflictos hasta crisis ambientales y climáticas, económicas o sanitarias. Y la raíz de todas estas, sostuvieron son la pobreza y la desigualdad.

Los países que ya enfrentan altos niveles de hambre aguda son particularmente vulnerables a los riesgos creados por esa conflagración por su alta dependencia de las importaciones de alimentos e insumos agrícolas y su vulnerabilidad ante las crisis de precios de la comida.

De acuerdo con los datos de la FAO y el PMA, 12,76 millones de personas se encuentran en “situación de crisis o peor” en cinco países latinoamericanos y caribeños: El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua. El número supone un aumento de un millón de personas en un año.

En el apartado dedicado a América Latina y el Caribe, el informe precisa que de esas cinco naciones, Haití alberga la mayor crisis alimentaria de la región, con un tercio de las personas hambrientas: 4,4 millones.

Guatemala ocupa el segundo lugar con 3,73 millones de personas con hambre. Le siguen en la lista Honduras, con 3,29 millones y El Salvador con 985.000. En cuanto a Nicaragua, las agencias estiman la cifra alrededor de 400.000 personas.

Entre las causas del incremento de la inseguridad alimentaria, el estudio cita el alza de precio de los alimentos básicos, la demanda laboral atípicamente baja debida al impacto económico de la pandemia, los eventos climáticos extremos y los altos niveles de inseguridad.

Con respecto a la nutrición, el documento indica que la falta de información actualizada no permite una evaluación de la situación actual, pero recuerda que el retraso en el crecimiento ha sido tradicionalmente alto en la región, especialmente en Guatemala.

Del mismo modo, enfatiza que el sobrepeso está aumentando entre los niños y especifica que, de acuerdo con los datos disponibles, de 2019 a 2021 la emaciación estuvo dentro del rango “muy bajo” para todos los países, menos Haití, donde se le clasificó como de gravedad “media”.

Para 2022, la FAO y el PMA prevén una disminución en la cantidad de personas con hambre en la región, calculando que serán entre 10,66 y 10,8 millones los que la sufrirán en los mismos cinco países.

Fuente: CONEVAL 11 de abril de 2022

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) difundió el Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2021, disponible en internet, en el que se presenta una síntesis estadística que da cuenta del desarrollo socio-demográfico, económico y ambiental de los países de la región.

Esta publicación anual, una de las más importantes del organismo regional de las Naciones Unidas, constituye una referencia para quienes deseen contar con datos estadísticos descriptivos comparables entre países y en el tiempo. La presente edición contiene información que se encontraba disponible hasta mediados de diciembre de 2021.

El Anuario Estadístico 2021 se organiza en tres capítulos. En el primero se presentan aspectos demográficos y sociales que incluyen indicadores de población, trabajo, educación, salud, vivienda y servicios básicos, pobreza y distribución del ingreso y género.

En el ámbito social, los datos del Anuario evidencian el impacto de la pandemia de COVID-19 en las condiciones de vida de la población. En 2020 la pobreza en América Latina alcanzó al 33,0% de la población, incluyendo a un 13,1% de la población en situación de pobreza extrema. Estas cifras representan el mayor incremento anual observado en los últimos 20 años, de 2,5 puntos porcentuales en la pobreza y de 1,7 puntos en la pobreza extrema.

El impacto de la pandemia sobre el empleo se evidenció en la reducción de la tasa de participación de la población en la actividad económica, que para América Latina y el Caribe alcanzó apenas 57,8% en 2020 frente a un 62,5% en 2019; así como en un aumento de la tasa de desocupación abierta, que pasó de 8,1% en 2019 a 10,5% en 2020. En consecuencia, la población sin ingresos propios de la región tuvo un aumento apreciable, especialmente concentrado entre las personas de 15 a 24 años.

El segundo capítulo presenta información económica referida a cuentas nacionales, balanza de pagos, comercio exterior e índices de precios, entre otros. El Anuario muestra para el año 2021 una proyección positiva de recuperación del Producto Interno Bruto a precios constantes de 2010 de 6,3%, frente a la caída registrada a nivel regional durante el año 2020 de -6,8%, resultado del impacto que tuvo la pandemia por COVID-19 durante este período. Estos resultados se reflejan en el PIB promedio por habitante, el cual alcanzó 8.307 dólares en 2020 y 8.747 dólares en 2021, con una tasa de 5,3%.

Por su parte, la inversión extranjera directa (IED) en la región tuvo una variación de -20,4% en 2020 en comparación con el 2019, siendo del orden de -20,7% para América Latina y -10% para el Caribe. Mientras que, como porcentaje del PIB, la IED representó el 2,1% para el mismo período.

Al analizar los índices de precios de los principales productos de exportación de la región, se advierte un incremento del 28% para el año 2021, revirtiendo la baja que se detectó para el año 2020 en donde se registró una caída de 4,9% con referencia al año 2019.

En 2021 los precios al consumidor registraron una variación de 12,6% para América Latina y el Caribe sin considerar las cifras de la República Bolivariana de Venezuela, alcanzando un valor del 42,1% al considerar este dato en el cálculo regional. El mayor aporte lo tendrían los precios de los bienes de alimentos y bebidas alcanzando una variación de 12,5% (sin considerar la cifra de Venezuela).

El tercer capítulo ofrece estadísticas e indicadores ambientales de la región. Destacan métricas sobre condiciones físicas, cobertura terrestre, ecosistemas, biodiversidad, calidad ambiental, tierra, recursos energéticos, hídricos y biológicos, emisiones al aire, desastres, asentamientos humanos, regulación y gobernanza ambiental.

El informe también evidencia que desde 1990 la región incrementó sus exportaciones de recursos naturales (RRNN) renovables y no renovables en un 168%, aunque la participación de las exportaciones primarias (RRNN renovables y no renovables) en las exportaciones totales ha disminuido en un 31%. Esto significa una mayor presión sobre los recursos naturales que provoca un impacto desfavorable en el ambiente.

El Anuario Estadístico se publica en versión impresa y en formato web las cuales incluyen una selección de cuadros y gráficos orientados a brindar un resumen de la información estadística desde la perspectiva regional. La versión web interactiva facilita la navegación y el acceso a la información presentada en su versión impresa, vinculando los gráficos y tablas estadísticas con las series de datos disponibles en las bases de datos de CEPAL, lo que permite acceder a información más detallada y sobre un período histórico mucho más amplio. También incluye un capítulo adicional donde se explican los aspectos metodológicos y las referencias a las fuentes de los datos utilizadas.

La información que da sustento al Anuario forma parte del conjunto de estadísticas disponibles en CEPALSTAT, la plataforma que da acceso a toda la información estadística actualizada de los países de la región recolectada, sistematizada y publicada por la CEPAL, plataforma que fue recientemente actualizada tecnológica y funcionalmente, incluyendo un Geoportal que permite visualizar las estadísticas de la región en el territorio.

Dado que la mayor parte de la información proviene de las oficinas nacionales de estadística, bancos centrales, organismos internacionales y otras instituciones oficiales, la CEPAL invita a los usuarios a prestar atención a las fuentes y notas técnicas que se presentan en este trabajo. Los datos se obtienen a partir de metodologías y estándares internacionales con el fin de asegurar la mayor comparabilidad posible entre los países, por lo que estas cifras pueden no coincidir necesariamente con los datos nacionales.

Al menos dos terceras partes de los hogares con niños han sufrido una pérdida de ingresos desde que la pandemia de la COVID-19 sacudió el mundo hace dos años, según un nuevo informe publicado por UNICEF y el Banco Mundial.

El informe, denominado Impact of COVID-19 on the welfare of households with children (Repercusiones de la COVID-19 sobre el bienestar de los hogares con niños) presenta las conclusiones de los datos recopilados en 35 países y señala que los hogares con tres o más hijos son los que más probabilidades tienen de haber perdido ingresos, ya que más de tres cuartas partes de estos hogares han sufrido una reducción de sus ingresos, en comparación con el 68% de los hogares con uno o dos hijos.

El informe también señala que las pérdidas de ingresos han obligado a los adultos de uno de cada cuatro hogares con niños a dejar de comer durante un día o más. Los adultos de casi la mitad de los hogares con niños declaran haberse saltado una comida por falta de dinero. Alrededor de una cuarta parte de los adultos de los hogares con o sin niños declararon que se habían quedado sin trabajo desde que se inició la pandemia, según el informe.

El informe concluye que los niños se ven privados de las necesidades más básicas, ya que los que pertenecen al 40% de los hogares no realizan ningún tipo de actividad educativa mientras sus escuelas están cerradas. Dado que los datos se recopilan a nivel de hogar, es probable que la tasa de participación real a nivel individual sea aún más baja, especialmente para los niños que provienen de hogares con tres o más hijos.

Aunque los hogares con tres o más hijos fueron los que más sufrieron la pérdida de ingresos, también fueron los que más ayuda recibieron de los gobiernos, ya que el 25% recibió este tipo de asistencia, en comparación con el 10% de los hogares sin hijos. El informe señala que esta ayuda contribuyó a mitigar el impacto adverso de la crisis en los hogares que la recibieron.

El informe señala que antes de la COVID-19, uno de cada seis niños en todo el mundo –356 millones– vivía en la pobreza extrema, ya que los miembros de sus hogares trataban de sobrevivir con menos de 1,90 dólares al día. Más del 40% de los niños vivían en una situación de pobreza moderada. Y casi 1.000 millones de niños vivían en la pobreza multidimensional en los países en desarrollo, una cifra que desde entonces ha aumentado en un 10% como resultado de la pandemia.

UNICEF y el Banco Mundial exhortan a las autoridades a que impulsen una ampliación rápida de los sistemas de protección social para los niños y sus familias. El apoyo, que incluiría la entrega de transferencias en efectivo y la universalización de las prestaciones para los niños, son inversiones fundamentales que pueden ayudar a sacar a las familias de las dificultades económicas y ayudarlas a prepararse para futuras crisis. Desde el comienzo de la pandemia, más de 200 países o territorios han introducido miles de medidas de protección social, y el Banco Mundial ha financiado la aplicación de dichas medidas con unos 12.500 millones de dólares, una ayuda que ha llegado a casi 1.000 millones de personas en todo el mundo.

La mayoría de la población pobre del mundo vive en zonas rurales, pero resulta difícil obtener información fiable y armonizada sobre sus cifras y condiciones.

Para ayudar a cubrir esta deficiencia en la lucha contra el hambre mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha publicado un informe en colaboración con la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano (OPHI), en el que se presenta un Índice de Pobreza Rural Multidimensional innovador.

El Índice de Pobreza Rural Multidimensional amplía los métodos actuales de medición de la pobreza rural al examinar con mayor detenimiento capacidades de la población rural como la seguridad alimentaria, la calidad de su nutrición, su educación y los niveles de vida. Además, la FAO y la OPHI han añadido dos aspectos fundamentales que repercuten en la vida de los habitantes del medio rural en particular, a saber, el acceso (o la falta de este) a activos agrícolas adecuados, la exposición a riesgos ambientales y de otro tipo y la protección social.

El Índice de Pobreza Rural Multidimensional se basa en el concepto de que una única dimensión, como los ingresos de los hogares, no refleja con exactitud la pobreza en las zonas rurales. En la actualidad se reconoce ampliamente que unas condiciones de vida difíciles significan mucho más que una cuenta bancaria vacía.

Esa idea queda reflejada en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) global, que fue presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la OPHI en 2010 y que abarcó 109 países y 5 900 millones de personas en 2021.

El Índice de Pobreza Rural Multidimensional, que amplía el alcance del IPM global, incluye también una combinación innovadora de datos geoespaciales y datos de encuestas que cuantifica los riesgos de exposición a sequías, inundaciones y olas de calor de los habitantes del medio rural.

La utilidad de esta nueva herramienta se ilustra en el informe conjunto de la FAO y la OPHI, que probó el índice utilizando recientes encuestas por hogares en Etiopía, Malawi, el Níger y Nigeria.

En el informe se muestra cómo el Índice de Pobreza Rural Multidimensional capta información adicional y diferente en comparación con otras mediciones, tanto monetarias como multidimensionales que no comprenden las especificidades del medio rural. Las dimensiones incluidas demostraron su eficacia desde el punto de vista estadístico. La superposición entre las privaciones monetarias y no monetarias es significativa; sin embargo, el Índice de Pobreza Rural Multidimensional refleja más cosas. En Malawi, por ejemplo, la métrica monetaria no determinó como pobre a un 14 % de la población rural pobre identificada por el Índice de Pobreza Rural Multidimensional.

El índice también se probó sobre el terreno, en concreto en 64 zonas rurales de Malawi. Se pidió a miembros de las comunidades que examinaran las dimensiones incluidas en el Índice de Pobreza Rural Multidimensional, basándose en su experiencia de vida, y definieran, en sus propias palabras, las condiciones de vida difíciles y la pobreza rurales. Aunque la mayoría de las dimensiones se consideraron cruciales, también surgieron otras como el estado mental o la apariencia física. Si bien no todas estas se pueden obtener fácilmente en encuestas a gran escala, se han aprendido importantes enseñanzas respecto de la limitación de la métrica monetaria y la importancia de adaptar la medición a los contextos rurales.

Todo esto no consiste únicamente en producir más datos. Determinar de manera más precisa quiénes son las poblaciones en situación de pobreza extrema, dónde viven y qué obstáculos concretos les impiden salir de la pobreza en las zonas rurales puede desempeñar un papel esencial a la hora de formular políticas más acertadas para luchar contra la pobreza y el hambre en el medio rural.

La FAO está prestando apoyo a los países para formular y aplicar políticas que aborden las condiciones de los agricultores pobres y en pequeña escala, potenciando sus medios de vida y mejorando su resiliencia y capacidad para escapar de la pobreza extrema. El Índice de Pobreza Rural Multidimensional puede ayudar como instrumento de orientación para los responsables de la formulación de políticas y como herramienta de seguimiento para proyectos y programas que tratan de hacer frente a la pobreza rural.

La crisis sanitaria permanece vigente y América Latina y el Caribe es la región más vulnerable del mundo en esta pandemia. Así, como consecuencia de la crisis sanitaria y social prolongada de la pandemia de COVID-19, la tasa de pobreza extrema en América Latina habría aumentado del 13,1% de la población en 2020 al 13,8% en 2021, un retroceso de 27 años, mientras que se estima que la tasa de pobreza general habría disminuido levemente, del 33,0% al 32,1% de la población. Esto significa que la cantidad de personas en pobreza extrema pasaría de 81 a 86 millones, y el número total de personas en situación de pobreza bajaría ligeramente de 204 a 201 millones, informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Según el informe, la región experimentó un notorio retroceso en su lucha contra la pobreza en 2020 por causa de la pandemia. Tanto la pobreza como la pobreza extrema aumentaron por sexto año consecutivo. En 2020 la pobreza extrema se elevó a niveles registrados 27 años atrás, mientras que la tasa de pobreza general se ubicó en un nivel similar al de finales de la década de 2000.

En el estudio, la CEPAL indica que en 2020 aumentó la proporción de mujeres que no recibe ingresos propios y se mantuvieron las brechas de pobreza en áreas rurales, pueblos indígenas y la niñez. Asimismo, al examinar distintos índices, entre ellos el coeficiente de Gini, se constató un aumento de la desigualdad.

De acuerdo con el organismo de las Naciones Unidas, la pobreza habría sido mayor en 2020 si los países de la región no hubieran adoptado medidas como las transferencias de ingresos de emergencia. La pobreza extrema habría sido alrededor de 1,8 puntos porcentuales más alta, y la pobreza general habría sido 2,9 puntos porcentuales más elevada en promedio en 7 países.

Pese a lo anterior, el Panorama Social 2021 consigna que en los últimos 10 meses de 2020 las transferencias de emergencia anunciadas por los países para mitigar el efecto de la crisis representaron un gasto de 89.700 millones de dólares, mientras que en los primeros diez meses de 2021 el gasto anunciado en estas medidas fue la mitad: 45.300 millones de dólares.

El documento sostiene que la desigualdad aumentó entre 2019 y 2020, con lo que se quebró una tendencia decreciente que venía observándose desde 2002. El Coeficiente de Gini -utilizado internacionalmente para medir la distribución del ingreso- aumentó en 0,7 puntos porcentuales para el promedio regional entre 2019 y 2020. Este deterioro tiene relación directa con las repercusiones de la pandemia.

América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo que lleva más tiempo de interrupción de clases presenciales, en promedio cerca de 56 semanas de interrupción total o parcial, lo que ha generado brechas en el desarrollo de habilidades cognitivas, la pérdida de oportunidades de aprendizaje y el riesgo de aumento del abandono escolar. Asimismo, el cierre escolar ha impactado sobre la sobrecarga de las tareas de cuidado de las mujeres. Por ello, el retorno seguro a clases presenciales es urgente en 2022, subraya la comisión regional de las Naciones Unidas.

En el estudio, la CEPAL recalca que sin control de la crisis sanitaria la recuperación económica no será sostenible, y advierte que América Latina y el Caribe es la región más vulnerable del mundo ante el COVID-19.

La región presenta el mayor número de defunciones informadas por COVID-19 a nivel global (1.562.845 hasta el 31 de diciembre de 2021), cifra que seguirá creciendo mientras la pandemia persista. Estas representan el 28,8% del total de defunciones por COVID-19 informadas en el mundo, pese a que la población de la región apenas asciende al 8,4% de la población mundial.

Al 26 de enero de 2022, el 62,3% de la población de América Latina y el Caribe (en torno a 408 millones de personas) contaba con un esquema completo de vacunación, por lo que la CEPAL hace un llamado a incrementar los esfuerzos, de tal manera que a mediados de 2022 todos los países de la región hayan vacunado al 70% de su población con el esquema completo.

el informe aborda la propuesta de la CEPAL de transitar hacia una sociedad del cuidado, que supone reconocer que los cuidados son una necesidad universal y a la vez expresan diversidades estructurales como el ciclo de la vida, las condiciones físicas, las condiciones socioeconómicas y de ingresos y las diferencias territoriales. “La universalidad, la coordinación interinstitucional e intersectorial, la corresponsabilidad y la sostenibilidad financiera constituyen pilares fundamentales de las políticas integrales de cuidados que precisa la región”, concluye el documento.

América Latina y el Caribe bajará su ritmo de crecimiento a 2,1% en 2022, luego de haber alcanzado un promedio de 6,2% el año pasado, estimó la CEPAL, explicando que la desaceleración ocurre en medio de las grandes disparidades que hay en las capacidades de los países desarrollados, emergentes y en desarrollo para implementar políticas fiscales, sociales, monetarias, de salud y de vacunación con miras a una recuperación sostenible de la crisis desatada por la pandemia de COVID-19.

Los motores económicos de la región tendrán un desempeño bajo este año. La CEPAL estima que Brasil, la economía más grande, será la que menos crezca con apenas un 0,5%. México, por su parte avanzará 2,9%, Colombia 3,7% y Chile 1,9%.

En la conferencia de prensa en México para la presentación del Balance Preliminar de la Economías de América Latina y el Caribe 2021, elaborado por la CEPAL, Alicia Bárcena señaló que en un escenario como el que plantea el 2022, es crucial la creatividad “para poder articular políticas fiscales y monetarias con mayor coordinación y con una mirada de mediano plazo”.

No obstante los retrocesos, la CEPAL prevé una ligera mejoría en los niveles de pobreza y pobreza extrema, con una disminución del 1,5% de la pobreza, y del 0,7% de la pobreza extrema.

El estudio de la CEPAL atribuye la compleja realidad de la región en 2022 a la perseverancia e incertidumbre sobre la evolución de la pandemia; la fuerte desaceleración del crecimiento mundial; la persistencia de la baja inversión, la productividad y la lenta recuperación del empleo; la persistencia de los efectos sociales provocados por la crisis; el menor espacio fiscal; los aumentos en las presiones inflacionarias; y los desequilibrios financieros.

El informe destaca que el menor crecimiento mundial significará una menor demanda externa y un menor crecimiento del comercio mundial, lo que impactará directamente a las economías latinoamericanas. En cuanto a los precios de las materias primas, de cuyas exportaciones depende gran parte del PIB regional, las proyecciones apuntan a una disminución o, en el mejor de los casos, a que se mantengan al nivel de 2021, pero no a que suban.

Por lo mismo, la recuperación de los países de la región dependerá, sobre todo, de la demanda interna, que en 2021 tuvo un repunte con el mayor consumo propulsado por los apoyos en efectivo implementados por los gobiernos para sortear la emergencia del COVID-19 y por las remesas, que crecieron un 30%.

Para controlar la inflación y no frenar el crecimiento, las autoridades monetarias deben echar mano de todos los instrumentos con los que cuentan, más allá de la tasa de interés. También abogó por incrementar los niveles de recaudación y mejorar la estructura tributaria.

El programa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pone en el centro a la persona y al planeta, se apoya en los derechos humanos y está respaldado por una alianza mundial decidida a ayudar a la gente a superar la pobreza, el hambre y las enfermedades. Se forjará por tanto sobre la base de una cooperación y solidaridad mundiales.

El Día Internacional de la Solidaridad Humana es:

La solidaridad se identifica en la Declaración del Milenio (PDF) como uno de los valores fundamentales para las relaciones internacionales en el siglo 21 y para que quienes sufren o tienen menos se beneficien de la ayuda de los más acomodados. En consecuencia, en el contexto de la globalización y el desafío de la creciente desigualdad, el fortalecimiento de la solidaridad internacional es indispensable.

Convencida de que la promoción de la cultura de la solidaridad y el espíritu de compartir es importante para la lucha contra la pobreza, la Asamblea General proclamó el 20 de diciembre como Día Internacional de la Solidaridad Humana.

A través de iniciativas como la creación del Fondo Mundial de Solidaridad para erradicar la pobreza y la proclamación del Día Internacional de la Solidaridad Humana, este concepto fue promovido como crucial en la lucha contra la pobreza y en la participación de todos los interesados pertinentes.

La solidaridad ha definido el trabajo de las Naciones Unidas desde el nacimiento de la Organización que, desde su creación, atrajeron a los pueblos del mundo para promover la paz, los derechos humanos y el desarrollo económico y social. La organización fue fundada en la premisa básica de la unidad y la armonía entre sus miembros, expresada en el concepto de seguridad colectiva que se basa en la solidaridad de sus miembros a unirse “para mantener la paz y la seguridad internacionales”.

Así mismo, la Organización se basa en este espíritu de solidaridad para “la cooperación en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario”.

La solidaridad es uno de los valores fundamentales y universales en que deberían basarse las relaciones entre los pueblos en el siglo XXI. Por ese motivo, la Asamblea General decidió proclamar el 20 de diciembre de cada año Día Internacional de la Solidaridad Humana, en su 60/209 (PDF) de fecha 22 de diciembre de 2005.

Además, con el objetivo de erradicar la pobreza y promover el desarrollo humano y social en los países menos industrializados, en particular entre los segmentos más pobres de sus poblaciones, la Asamblea General creó el Fondo Mundial de Solidaridad, en su resolución 57/265 (PDF).

Fuente: CONEVAL 15 de diciembre de 2021

UNICEF ha realizado un llamamiento de financiación de emergencia sin precedentes por valor de 9.400 millones de dólares para atender a más de 327 millones de personas –entre ellas 177 millones de niños– afectadas por las crisis humanitarias y la pandemia de COVID-19 en todo el mundo.

El llamamiento es un 31% mayor que el del año pasado, ya que las necesidades humanitarias siguen aumentando.

El llamamiento incluye 2.000 millones de dólares para la respuesta de UNICEF en Afganistán, donde 13 millones de niños necesitan ayuda humanitaria urgente. Entre ellos hay un millón de niños que corren el peligro de sufrir desnutrición aguda grave en un momento en que el sistema sanitario está al borde del colapso. El llamamiento para Afganistán es el mayor de la historia de UNICEF para un solo país.

UNICEF también necesitará 909 millones de dólares para la crisis de los refugiados de Siria, otros 334 millones de dólares para la crisis en el interior de Siria, 484 millones de dólares para la respuesta en Yemen y más de 356 millones de dólares para los programas en la República Democrática del Congo.

El llamamiento de financiación de este año, el mayor de la historia de UNICEF, se produce también en un momento en el que la escalada de conflictos ha llevado a millones de niños y a sus comunidades al borde del abismo. Los ataques a los niños que viven en países en conflicto, incluidos los ataques contra las infraestructuras civiles fundamentales para la supervivencia de los niños, continúan a un ritmo alarmante. El año pasado se confirmaron cerca de 24.000 violaciones graves contra los niños, es decir, 72 violaciones al día.

Como parte de su Acción Humanitaria para la Infancia, que establece el llamamiento de la organización para 2022, UNICEF tiene previsto llegar a:

Gracias al apoyo de los asociados, los principales resultados en 2021 fueron los siguientes:

El Informe de Acción Humanitaria para la Infancia de este año se presenta en el marco del CY21, un Foro Mundial para la Infancia y la Juventud que reúne a líderes, expertos, promotores del cambio y personas influyentes, junto con niños, niñas y jóvenes. El foro tiene como objetivo acelerar soluciones nuevas y de eficacia probada, inspirar compromisos para impulsar el cambio y movilizar conocimientos y recursos para promover los derechos de la infancia con el fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030.

El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas advirtió que sigue creciendo el número de personas que se encuentran al borde de la hambruna, mientras el número de personas que sufren un problema de hambre aguda se ha disparado y ha crecido en alrededor de tres millones de personas desde el inicio de año.

La cifra de quienes pasan hambre de forma aguda ha aumentado desde los 42 millones de principios de año, y los 27 millones de 2019, hasta los actuales 45 millones en 43 países.

El Programa Mundial de Alimentos y sus socios humanitarios continúan intensificando sus esfuerzos para ayudar a millones de personas que se enfrentan al hambre. Sin embargo, las necesidades superan ampliamente los recursos disponibles en un momento en el que las fuentes de financiación tradicionales están sobrecargadas.

El coste de evitar la hambruna en el mundo asciende ahora a 7000 millones de dólares, frente a los 6600 millones estimados a principios de año.

Un análisis de vulnerabilidad de la agencia de la ONU en 43 países demuestra que las familias se ven obligadas a comer menos, o a saltarse las comidas por completo, a alimentar a los niños en lugar de a los adultos y, en algunos casos extremos, a comer langostas, hojas silvestres o cactus para sobrevivir, como en Madagascar.

En otras zonas, las familias se ven obligadas a casar a los niños a una edad temprana o a sacarlos de la escuela, a vender sus bienes como el ganado o lo poco que les queda. Un caso extremo es el reportado por los medios de comunicación de Afganistán que señalan que las familias se ven obligadas a vender a sus hijos en un intento desesperado por sobrevivir.

La subida de los precios de los alimentos recientemente anunciada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación no solo provoca que los alimentos estén fuera del alcance de millones de las personas más pobres del mundo, sino que también aumenta el coste de la adquisición de la comida en los mercados mundiales.

A esta coyuntura se suman los altos precios del combustible, que aumentan los costes de transporte y suponen una mayor presión sobre las cadenas de suministro mundiales: cuando hace un año el envío de un contenedor costaba 1000 dólares ahora cuesta 4000 o incluso más.

Durante este año, el Programa Mundial de Alimentos se ha embarcado en la mayor operación de su historia dirigida a 139 millones de personas en los 85 países en los que opera.

Esta labor abarca tanto las necesidades alimentarias y nutricionales de emergencia, como el trabajo con los socios para fortalecer la resiliencia y aumentar la autonomía de las personas más pobres y vulnerables del planeta.

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) mundial, elaborado por el Programa para el Desarrollo de la ONU y la Iniciativa de Oxford para la Pobreza y el Desarrollo Humano, muestra también que en nueve grupos étnicos específicos encuestados, más del 90% de su población está atrapada en la pobreza.

Además de los ingresos, el Índice mide la pobreza mediante varios indicadores, como la salud deficiente, la educación insuficiente y el bajo nivel de vida.

La investigación para el informe se ha llevado a cabo en 109 países y abarca 5900 millones de personas. Presenta, además, un desglose por etnia, raza y casta, en 41 naciones.

En América Latina, por ejemplo, los pueblos indígenas se encuentran entre los más pobres. En Bolivia, las comunidades indígenas representan alrededor del 44% de la población, pero representan el 75% de los pobres multidimensionales.

Las cifras son también muy reveladoras en la India, donde cinco de cada seis personas en situación de pobreza pertenecen a “tribus o castas inferiores”, según el citado Programa.

En los 109 países estudiados, un total de 1300 millones de personas son multidimensionalmente pobres.

Aproximadamente la mitad de estas personas, 644 millones, son menores de 18 años, y casi el 85% vive en el África subsahariana o en el sur de Asia. Más del 67% vive en países de renta media.

Alrededor de 788 millones de personas viven en hogares con al menos una persona desnutrida, y unos 568 millones carecen de fuentes de agua potable en un radio de 30 minutos a pie.

De las 80 naciones y 5000 millones de personas de las que hay datos, 70 naciones redujeron su Índice de pobreza multidimensional en al menos un período. Los cambios más rápidos se produjeron en Sierra Leona y Togo.

La directora de la Iniciativa de Oxford para la Pobreza y el Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford, Sabina Alkire, insistió en la necesidad de arreglar las desigualdades estructurales que oprimen y obstaculizan el progreso.

Para ella, el desglose de los datos de pobreza multidimensional por etnia, raza, casta y género “desenmascara las disparidades y constituye una guía vital para que los responsables políticos no dejen a nadie atrás en la última década de acción”.

Pero ¿cuál es la realidad cotidiana de las personas en situación de pobreza multidimensional? Los datos dibujan un panorama sombrío:

Aunque todavía no contamos con datos completos sobre el impacto de la COVID-19 en el IPM, la pandemia ha desnudado las grietas existentes en los sistemas de protección social, en la educación y la vulnerabilidad de los trabajadores en todo el mundo. Estas grietas, señala el informe, son más profundas en los países con mayores tasas de pobreza multidimensional. Por ejemplo, millones de niños y niñas vieron interrumpida su escolarización presencial durante la pandemia en todo el mundo, pero la alteración en la educación formal fue más acentuada en los países con los índices de pobreza multidimensional más elevados. Un ejemplo es Zambia, donde la diferencia entre el porcentaje de hogares con niños que iban a la escuela antes de la pandemia y los que utilizaron la educación a distancia durante la misma fue de alrededor de 80 puntos porcentuales. Si nos atenemos a la experiencia de emergencias sanitarias anteriores, es posible que muchos de estos niños y niñas ya no vuelvan a la escuela.

Fuente: CONEVAL 05 de agosto de 2021

El hambre mundial empeoró de forma espectacular en 2020, según informaron las Naciones Unidas, y es probable que ello se deba en gran parte a la repercusión de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Aunque todavía no se ha cartografiado por completo el impacto de la pandemia*, en un informe preparado por varios organismos se estima que el año pasado estaba subalimentada cerca de la décima parte de la población mundial, lo cual puede suponer hasta 811 millones de personas. La cifra es indicio de que será preciso un esfuerzo tremendo para que el mundo cumpla su promesa de poner fin al hambre para 2030.

La edición del año en curso de El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo es la primera evaluación mundial en su género realizada en tiempos de pandemia. La publicación del informe es obra conjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Ya a mediados del decenio de 2010 el hambre había empezado a aumentar sigilosamente, frustrando las esperanzas de una disminución irreversible. Resulta perturbador que en 2020 el hambre se disparara en términos tanto absolutos como relativos superando al crecimiento demográfico: se estima que el año pasado padeció subalimentación cerca del 9,9 % de la población total, frente al 8,4 % registrado en 2019.

Más de la mitad de la población subalimentada (418 millones de personas) vive en Asia; más de un tercio (282 millones) vive en África, y una proporción inferior (60 millones) vive en América Latina y el Caribe. Sin embargo, el aumento más acusado del hambre se registró en África, donde la prevalencia estimada de la subalimentación (21 % de la población) supera en más del doble a la de cualquier otra región.

El año 2020 también fue sombrío en relación con otras mediciones. Globalmente, más de 2 300 millones de personas (el 30 % de la población mundial) carecieron de acceso a alimentos adecuados durante todo el año: este indicador, conocido como prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave, se disparó en un año tanto como en los cinco años anteriores combinados. La desigualdad de género se agudizó: en 2020, por cada 10 hombres que padecían inseguridad alimentaria, había 11 mujeres que la padecían (frente a 10,6 en 2019).

Persistió la malnutrición en todas sus formas, que se cobró un precio alto entre los niños: se estima que en 2020 más de 149 millones de menores de 5 años padecieron retraso del crecimiento (su estatura era demasiado baja para su edad); más de 45 millones padecieron emaciación (su delgadez era excesiva para su altura), y casi 39 millones sufrieron sobrepeso***. No menos de 3 000 millones de adultos y niños seguían sin poder acceder a dietas saludables, en gran parte a causa de los costos excesivos. Casi un tercio de las mujeres en edad reproductiva padece anemia. A escala mundial, pese a los avances en algunos aspectos (por ejemplo, se alimenta a más niños pequeños exclusivamente con leche materna), el mundo no va camino de cumplir para 2030 las metas correspondientes a ninguno de los indicadores en materia de nutrición.

A partir de las tendencias actuales, en El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo se estima que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (Hambre cero de aquí a 2030) quedará incumplido por un margen de casi 660 millones de personas. De esta cifra total, puede que unos 30 millones se deban a los efectos duraderos de la pandemia.

Como se indicaba en el informe del año pasado, la transformación de los sistemas alimentarios es esencial para lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y poner las dietas saludables al alcance de todos. En la edición del año en curso se pasa a exponer seis “vías de transformación” que, según afirman los autores, se basan en “un conjunto coherente de carteras de políticas e inversiones” dirigidas a contrarrestar los factores que determinan el hambre y la malnutrición.

Un nuevo informe divulgado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) muestra que las políticas de asistencia en efectivo redujeron sustancialmente el número de personas que de otra forma habrían caído en la pobreza durante la pandemia de la COVID-19.

‘Mitigación de la pobreza’. El informe incluye nuevos datos de cómo el gasto en ayudas sociales impidió que las personas quedaran en la pobreza.

En los 41 países para los cuales hay datos, las medidas de ayuda social ayudaron a escapar de la pobreza a un 80% de las personas —12 millones de un total de 15 millones— que podrían haber quedado por debajo del umbral de pobreza de USD 1,90.

Cuando los beneficios de las políticas de asistencia social se miden según umbrales de pobreza más altos en los mismos 41 países —por ejemplo, las personas que viven con USD 5,50 por día o menos en esas naciones —, desde marzo de 2020 se evitó que 31 millones de un total de 42 millones de personas cayeran en la pobreza.

Si bien los beneficios generales de las estrategias de mitigación fueron sólidos, el estudio también revela que estos efectos se limitaron en gran medida a los países de ingresos altos e ingresos medianos altos, que pudieron destinar más dinero a las medidas de protección social.

En el caso de los países de ingresos medianos, el gasto en ayuda social no alcanzó para impedir que el número de pobres aumentara, y en los países de ingresos bajos, fue imposible impedir la pérdida de ingresos.

Los datos disponibles revelan diferencias abismales entre los países ricos y los pobres en lo referido a los fondos movilizados para preservar los ingresos y mitigar la pobreza. A nivel mundial, se invirtieron USD 2,9 billones en políticas de protección social, pero apenas USD 379 000 millones se destinaron a los países en desarrollo.

Mientras que los países de ingresos altos han destinado una media de USD 847 per cápita a las políticas de protección social (asistencia social y seguros), los países de ingresos bajos e ingresos medianos han gastado apenas un promedio de USD 124 por persona. Si se consideran solo los países de ingresos bajos, la suma promedio per cápita destinada a la protección social alcanza a solo USD 4.

El estudio también señala que haber destinado un ingreso temporal básico a todos los hogares pobres y vulnerables del mundo en desarrollo podría haber reducido el número de personas que cayeron en la pobreza extrema a nivel mundial.

Las proyecciones del informe muestran que eso habría sido posible destinando apenas un 0,5% del PIB de los países en desarrollo a medidas de apoyo a los ingresos durante seis meses.

“En el informe se incluyen algunas reflexiones sobre cómo la pandemia afectó a los hogares pobres y vulnerables en los países en desarrollo, pero también sobre la importancia de las opciones de política para mitigar los aumentos en la pobreza. La conclusión es que los países de ingresos bajos fueron incapaces de poner en marcha programas sólidos de asistencia social, lo que implica que no todos los países lograrán recuperarse de la pandemia al mismo ritmo”.

Fuente: PNUD 01 de julio de 2021

Según una nueva evaluación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la crisis del mercado de trabajo provocada por la pandemia de COVID-19 dista mucho de haber terminado, y al menos hasta 2023 el crecimiento del empleo no logrará compensar las pérdidas sufridas.

Las proyecciones de la OIT recogidas en Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo: Tendencias 2021 indican que el déficit de puestos de trabajo derivado de la crisis mundial llegará a los 75 millones en 2021 para luego reducirse a 23 millones en 2022. El correspondiente déficit en horas de trabajo, que abarca el déficit de puestos de trabajo y la reducción de horas, equivale a 100 millones de empleos a tiempo completo en 2021 y a 26 millones de empleos a tiempo completo en 2022. Esta insuficiencia de puestos y horas de trabajo viene a añadirse a los persistentes niveles de desocupación, subutilización de la mano de obra y condiciones de trabajo deficientes anteriores a la crisis.

En consecuencia, se prevé que en 2022 el número de personas desempleadas en el mundo se sitúe en 205 millones, muy por encima de los 187 millones de 2019. Esta cifra equivale a una tasa de desocupación del 5,7 por ciento. Antes del periodo de crisis de la COVID-19, solo se había registrado una tasa similar en 2013.

Las regiones más afectadas en el primer semestre de 2021 han sido América Latina y el Caribe, y Europa y Asia Central. En ambas, la pérdida estimada de horas de trabajo superó el 8 por ciento en el primer trimestre, y el 6 por ciento en el segundo, mientras que a nivel mundial y en los mismos periodos las tasas fueron de 4,8 y 4,4 por ciento.

La caída del empleo y de las horas de trabajo se ha traducido en una reducción drástica de los ingresos laborales y el consiguiente aumento de la pobreza. En comparación con 2019, a nivel mundial, la categoría de trabajadores pobres o sumamente pobres (es decir, que esas personas y sus familias viven con una suma inferior a 3,20 dólares de los Estados Unidos por persona al día) se ha engrosado con 108 millones de personas. Según el informe, “los cinco años de avance hacia la erradicación de la pobreza laboral se han perdido”, y ello empaña el horizonte de la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible de haber erradicado la pobreza en 2030.

El informe concluye que la crisis de la COVID-19, ha afectado con más dureza a los trabajadores más vulnerables, de ahí que también haya agravado las desigualdades preexistentes. Dada la falta de protección social generalizada –por ejemplo, la de los 2000 millones de trabajadores del sector informal– las perturbaciones laborales relacionadas con la pandemia han tenido consecuencias catastróficas para los ingresos y los medios de subsistencias de las familias.

México cerró el primer trimestre del año con 5 millones más de personas en pobreza laboral respecto al mismo periodo de 2020. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en el arranque del 2021 este indicador llegó a un nivel de 39.4%, un incremento anual de 3.8 puntos porcentuales, espacio en el que pasamos de ver a la covid-19 en las noticias internacionales a vivirla en nuestras casas.

El Coneval dio a conocer los resultados del Índice de la Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP) para el periodo enero-marzo de 2021. De acuerdo con esta información, la población cuyos ingresos no le permiten cubrir el costo de una canasta básica alimentaria aumentó de 45.1 a 50.1 millones de personas en un año. La tercera parte de quienes se sumaron a esta condición viven en la Ciudad de México.

En su reporte, el organismo señala que la brecha en la distribución del ingreso también se amplió, y con ello la desigualdad. Las personas con menores percepciones son ahora más pobres. Las mujeres y las personas jóvenes e indígenas son las más afectadas. En cambio, quienes tienen los mejores ingresos en el país se han visto mínimamente afectados.

Para efectos de esta medición, la población está dividida en cinco grupos o quintiles según sus ingresos laborales. La población en el primero de ellos percibía apenas 156.46 pesos en el primer trimestre de 2020. Pero para este trimestre sus ganancias bajaron 40% y llegaron a 92.69 pesos en promedio. Esa cifra ni siquiera equivale a un salario mínimo actual, que es de 141.7 pesos diarios.

En el otro extremo, la población que más gana, y que se ubica en el quinto quintil, tuvo una reducción de 1.5% respecto a lo que obtenía a inicios del año pasado.

La pandemia es la principal explicación de este aumento en la precariedad laboral, según el Coneval. En ello coincide Rogelio Gómez, pero para el exconsultor del Banco Mundial (BM), la reacción del gobierno federal también tiene gran relevancia en estos resultados.

El país ha recuperado más de 10 millones de empleos de los 12 millones que perdió en el momento más álgido de la pandemia. Sin embargo, “es trabajo de menor calidad, con bajos salarios, sin contrato y seguridad social”.

En su informe previo, correspondiente al periodo octubre-diciembre de 2020, el Coneval señaló que 40.7% de la población se encontraba en pobreza laboral. Es decir, si comparamos la situación de finales del año pasado con el primer trimestre de éste, la proporción de personas con ingresos ínfimos se redujo 1.3 puntos.

El nuevo reporte del Consejo detalla que en 26 de las 32 entidades federativas aumentó la pobreza laboral. Sólo Nayarit, Chiapas, Oaxaca, Zacatecas, Tamaulipas y Campeche quedaron fuera de los números rojos. De hecho, reportaron que en este primer trimestre del año tienen a menos personas en esta condición que las que tenían a inicios de 2020.

En contraparte, entre las entidades que más resultaron afectadas destaca principalmente la Ciudad de México. La capital del país tuvo un incremento de 14.9 puntos en su población que trabaja, invierte esfuerzo e incluso dinero y arriesga su salud en un momento como éste de pandemia, pero que lo que obtiene a cambio no le alcanza ni para lo más básico. En esta entidad la población en pobreza laboral aumentó de 28.3 a 43.2 por ciento.

En los primeros meses de este año el ingreso laboral real fue de 2,039 pesos a nivel nacional. A la par que los ingresos de las personas tuvieron una disminución anual de 4.8%, los precios de los artículos que componen una canasta alimentaria aumentaron, señala el Coneval.

Lo anterior tuvo efectos diferentes en las zonas rurales y urbanas. Y fue en las ciudades donde aumentó más el porcentaje de personas cuyo ingreso no alcanza para comprar los alimentos básicos. En el primer trimestre de 2020, el 31.7% de la población ocupada en una urbe estaba en pobreza laboral. Para enero-marzo de este 2021 ya eran 36.4 por ciento. Es decir, el incremento fue de 4.8 puntos.

Había muchas más personas pobres por ingreso en las zonas rurales antes de la pandemia, y las sigue habiendo. Sin embargo, a inicios del año pasado el 48% de la población estaba en esa situación y ahora lo está el 48.9%, un aumento fue de 0.9 puntos.

Fuente:EL ECONOMISTA 18 de mayo de 2021

El poder adquisitivo del ingreso laboral real per cápita tuvo una disminución de 4.8% entre el primer trimestre 2020 y el primer trimestre 2021, al pasar de $1,919.84 a $1,827.39. Esta variación anual del ingreso laboral representa una pérdida de $92.46 pesos respecto al primer trimestre de 2020, antes del inicio de la pandemia por COVID-19.

Durante el primer trimestre 2021, se observó un aumento del Índice de Precios al Consumidor (INPC) respecto al registrado en el mismo periodo del año anterior. La inflación promedio anual se ubicó en 4.0%, 0.6 puntos porcentuales superior a la del primer trimestre 2020 (3.4%). Este comportamiento en el nivel de precios se podría deber, en parte, al aumento en las variaciones anuales de los precios de los energéticos que se observaron en marzo 2021.

En el primer trimestre 2021, en promedio, las líneas de pobreza extrema por ingresos (valor monetario de la canasta alimentaria) aumentaron anualmente 3.7% en zonas urbanas y 4.0% en zonas rurales.

Asimismo, la variación de la línea de pobreza extrema por ingresos urbana fue inferior a la inflación anual promedio del trimestre (4.0%), mientras que la variación de la línea de pobreza extrema por ingresos rural fue similar a esta última.

El porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria aumentó al pasar de 35.6% en el primer trimestre 2020 a 39.4% en el primer trimestre 2021. Entre los factores que explican este incremento se encuentra la disminución anual de 4.8% en el ingreso laboral real y el aumento en los precios del valor monetario de la canasta alimentaria durante el mismo periodo.

Este mismo comportamiento se da en los ámbitos rural y urbano; sin embargo, destaca el incremento en el ámbito urbano de 4.8 puntos porcentuales al pasar de 31.7% a 36.4%, mientras que en el rural
dicho incremento fue de 0.9 puntos porcentuales, al pasar de 48.0% a 48.9% durante este periodo

El impacto generalizado de la emergencia sanitaria y las medidas adoptadas para mitigar la contingencia provocaron la contracción de la economía. No obstante, en periodos recientes diversos
indicadores económicos han mostrado signos de recuperación. Por ejemplo, el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) con cifras desestacionalizadas, pasó de tener una variación anual promedio de -8.2% durante el tercer trimestre 2020 a -4.1% en el cuarto trimestre 2020. Sin embargo, para el primer trimestre 2021, la variación anual de enero y febrero de la actividad económica mostró disminuciones similares al trimestre inmediato anterior: -4.3% y -4.0%, dicho comportamiento podría estar relacionado en parte con el aumento de casos por COVID-19 durante estos periodos.

Fuente: CONEVAL 18 mayo de 2021

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) pone a disposición de la ciudadanía la segunda fase de la Plataforma para el Análisis Territorial de la Pobreza (PATP), herramienta que permite el análisis y la divulgación de información geoespacial sobre la pobreza desde una perspectiva territorial

La PATP es un proyecto a largo plazo de actualización constante, en función de la disponibilidad de la información, y está organizada en cinco dimensiones: económica, sociodemográfica, infraestructura, geográfica y gobierno. Para cada dimensión, hay una serie de indicadores que están disponibles mediante visores geoespaciales que destacan las características y contextos específicos de los municipios orientados principalmente al análisis de la pobreza.

La presentación de la segunda fase está enfocada, principalmente, en la incorporación de nuevos indicadores a la dimensión gobierno relacionados con programas sociales. De manera adicional, se realizó la actualización de algunos indicadores, lo cual fue posible por la reciente publicación de fuentes de información utilizadas para cada uno de estos.

Los 14 nuevos indicadores que se integraron a la dimensión gobierno refieren a la presencia de algunos programas sociales prioritarios del Gobierno federal en 2020 y su vínculo con la población en situación de pobreza en los municipios de México. Para esto, se generaron dos tipos de indicadores: El primero es la Relación de las participaciones de programas sociales y de la población en situación de pobreza que es una comparación entre los beneficiarios de un programa y las personas en situación de pobreza de un municipio donde opera el programa. Este indicador se estimó para los siguientes programas sociales:

La constante actualización de la PATP permite contar con una herramienta que facilita el análisis de las características específicas de los municipios de México a partir de cruces de información entre los distintos indicadores, en su versión más reciente, y las estimaciones de pobreza a nivel municipal generadas por el CONEVAL

Fuente: CONEVAL 12 mayo de 2021

El número de personas que sufre inseguridad alimentaria aguda y necesita asistencia urgente para salvar su vida y salvaguardar sus medios de subsistencia alcanzó en 2020 su nivel más alto en cinco años en los países aquejados por crisis alimentarias, según se revela en un informe anual presentado por la Red mundial contra las crisis alimentarias, una alianza internacional de las Naciones Unidas, la Unión Europea (UE), organismos gubernamentales y no gubernamentales que trabaja para hacer frente conjuntamente a las crisis alimentarias.

La seria advertencia formulada en el Informe mundial de 2021 sobre las crisis alimentarias pone de manifiesto que los conflictos o las conmociones económicas, a menudo relacionadas con la enfermedad por coronavirus (COVID-19) junto con las condiciones meteorológicas extremas, siguen abocando a millones de personas a la inseguridad alimentaria aguda.

En el informe de la Red mundial contra las crisis alimentarias se revela que al menos 155 millones de personas se encontraban en contextos de crisis con una inseguridad alimentaria aguda o en situaciones peores (Fases 3 a 5 de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF/CH)) en 55 países o territorios en 2020 -un aumento de alrededor de 20 millones de personas respecto del año anterior- y se advierte seriamente de una tendencia preocupante: la inseguridad alimentaria aguda lleva aumentando de forma incesante desde 2017, año de la primera edición del informe.

De dichas personas, en torno a 133 000 habían alcanzado en 2020 la fase más grave de inseguridad alimentaria aguda -la fase de catástrofe (Fase 5 de la CIF/CH)- en Burkina Faso, Sudán del Sur y el Yemen, donde fue preciso actuar urgentemente para evitar la muerte generalizada y el colapso de los medios de vida.

Al menos otros 28 millones de personas se enfrentaron a niveles de emergencia (Fase 4 de la CIF/CH) de inseguridad alimentaria aguda en 2020 -lo que significa que se encontraban a un paso de la inanición -en 38 países o territorios donde la intervención urgente salvó vidas y salvaguardó los medios de subsistencia, además de evitar que la hambruna se propagase.

Treinta y nueve países y territorios han padecido crisis alimentarias durante los cinco años que la Red mundial contra las crisis alimentarias ha venido publicando su informe anual; en esos países o territorios, la población afectada por altos niveles de inseguridad alimentaria aguda (Fases 3 a 5 de la CIF/CH) aumentó de 94 millones a 147 millones entre 2016 y 2020.

Además, en los 55 países y territorios con crisis alimentaria que abarca el informe, más de 75 millones de niños menores de cinco años sufrían retraso del crecimiento (eran demasiado bajos) y más de 15 millones, emaciación (estaban demasiado delgados) en 2020.

Las principales causas subyacentes de la creciente inseguridad alimentaria aguda de 2020 fueron:

Si bien en 2021 los conflictos siguen siendo la principal causa de las crisis alimentarias, la COVID-19 y las medidas de contención de la enfermedad, así como los fenómenos meteorológicos extremos, continuarán exacerbando la inseguridad alimentaria aguda en las economías frágiles.

“Un año después de que se declarase la pandemia de la COVID-19, las perspectivas para 2021 y posteriormente son sombrías. Los conflictos, las restricciones impuestas a raíz de la pandemia que han exacerbado las penurias económicas y la amenaza persistente de condiciones atmosféricas adversas probablemente sigan desencadenando crisis alimentarias”, afirmaron la UE, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas -miembros fundadores de la Red mundial- junto con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) en la declaración que publicaron con el informe.

“La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la fragilidad del sistema alimentario mundial y la necesidad de sistemas más equitativos, sostenibles y resilientes para alimentar de forma nutritiva y sistemática a 8 500 millones de personas para 2030. Es necesaria una transformación radical de nuestros sistemas agroalimentarios a fin de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”.

“El carácter prolongado de la mayoría de las crisis alimentarias indica que las tendencias medioambientales, sociales y económicas a largo plazo agravadas por los crecientes conflictos y la inseguridad están menoscabando la resiliencia de los sistemas agroalimentarios. Si las tendencias actuales no se revierten, la frecuencia y la gravedad de las crisis alimentarias se incrementarán”.

Para abordar esos desafíos, la Red mundial redoblará los esfuerzos para promover los sistemas agroalimentarios resilientes que sean sostenibles desde el punto de vista social, medioambiental y económico y apoyará grandes eventos este año, tales como la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Cumbre del Grupo de los Veinte (G-20), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Cumbre sobre Nutrición para el crecimiento. Asimismo, cooperará con la iniciativa del Grupo de los Siete (G-7) para evitar la hambruna.

La Red mundial hace hincapié en la necesidad de actuar urgentemente y con decisión y pide a la comunidad internacional que se movilice contra el hambre.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) da a conocer los resultados de las estimaciones correspondientes al año 2020 del Índice de Rezago Social (IRS) a nivel entidad federativa, municipal y por localidad, con base en el Censo de Población y Vivienda 2020, publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)

El IRS no es una medición de pobreza, ya que no incorpora todas las dimensiones que la medición multidimensional de la pobreza debe de contemplar de acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, permite tener información de indicadores sociales desagregados hasta nivel localidad, con lo que CONEVAL contribuye con la generación de datos para la toma de decisiones en materia de política social.

Es un indicador que es utilizado para el diseño de política pública que incorpora información de educación, acceso a servicios de salud, servicios básicos de la vivienda, calidad y espacios en la vivienda, y activos en el hogar. De esta forma, el IRS resume las cinco dimensiones mencionadas en un valor numérico, el cual permite clasificar a los estados, municipios y localidades en cinco grados de rezago social: muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo.

Resultados a Nivel Entidad Federativa 2020

De las 32 entidades federativas, cuatro se encontraban en muy alto rezago social y, también cuatro presentaron un grado muy bajo de rezago social.

Las entidades con mayor rezago social fueron Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla.

Las entidades con menor rezago social fueron Nuevo León, Coahuila, Ciudad de México, Aguascalientes y Colima.

Resultados a Nivel Municipal 2020

De los 2,469 municipios, solo 152 municipios, que representan 6.2% del total, mostraron un grado muy alto de rezago social; en tanto que 677 (27.4% del total) presentaron muy bajo rezago social.

Los municipios con mayor rezago social fueron Batopilas de Manuel Gómez Morín en
Chihuahua, Mezquital en Durango, Del Nayar en Nayarit, Cochoapa el Grande en Guerrero, Mezquitic en Jalisco, Chalchihuitán y Sitalá en Chiapas, San José Tenango en Oaxaca, Urique en Chihuahua y Mixtla de Altamirano en Veracruz.

Las demarcaciones territoriales o los municipios con menor rezago social fueron Benito Juárez en Ciudad de México; Apodaca en Nuevo León; Coacalco de Berriozábal en el Estado de México; San Nicolás de los Garza en Nuevo León; Coyoacán y Miguel Hidalgo en Ciudad de México; Cuautitlán en el Estado de México; Guadalupe en Nuevo León; Cuauhtémoc y Azcapotzalco en Ciudad de México.

Resultados a Nivel Localidad 2020

Para este año 108, 149 localidades contaban con información de rezago social, de las cuales 7,741 localidades estaban en muy alto rezago social, lo que representa cerca del 7.2% del total de
localidades; mientras que 17,292 localidades, que representan 16.0% del total, mostraron muy bajo rezago social.

Respecto a las localidades, se encontró que, para 2020 las localidades con el IRS más alto fueron: El Sabino, Sinaloa; Sicochi, Chihuahua; La Guacamaya, Durango; San Jerónimo, Chiapas; Las Cruces, Nayarit; Ninguno, Jalisco; La Mesa de Papante, El Chalate, Rincón de Vinateros, El Rincón Grande, y Las Higueras, así como Mesa de Remisacachi y La Agüita, Chihuahua. Estas localidades cuentan con un grado de rezago social muy alto.

En 2020, se identificaron 86 localidades que presentan el valor mínimo de IRS y que, en consecuencia, cuentan con un grado de rezago social muy bajo. A continuación, se muestra el cuadro con las localidades que presentan el menor nivel de IRS según entidad federativa.

Baja California cuenta con 16 localidades con un IRS bajo, mientras que entidades como Campeche o Chiapas, registran una localidad con IRS bajo.

La publicación del Índice de Rezago Social (IRS) 2020 para los niveles de entidad federativa, municipio y localidad abona a los esfuerzos del CONEVAL por ofrecer información actualizada que muestre las diferencias en el rezago social en el país y permita identificar los territorios o regiones que requieren atención prioritaria. Este Índice tiene la virtud de poder ordenar entidades federativas, municipios y localidades de mayor a menor rezago social en un momento en el tiempo; sin embargo, la técnica estadística utilizada para su cálculo (conocida como análisis de componentes principales) no permite la comparación de los valores del índice a lo largo del tiempo.

Fuente: CONEVAL 26 abril de 2021

América Latina y el Caribe aporta el 14% de la producción mundial de alimentos y el 45% del comercio internacional neto de productos agroalimentarios, y sus sistemas agroalimentarios suponen hasta la mitad del empleo total, así como entre el 30 y el 40% del producto interior bruto económico.

En la Revolución Verde de los años 60 y 70 que creció en México fue decisiva para acabar con las hambrunas en todo el mundo, la nueva misión, regional, es “impulsar la necesaria transformación de los sistemas agroalimentarios para que podamos alimentar a 10.000 millones de personas en 2050”.

Para que llegue a producirse será necesario aumentar la productividad agrícola mediante sistemas agroalimentarios sostenibles con dietas seguras y saludables, una mayor eficiencia hídrica, la regeneración del suelo y el almacenamiento de carbono, menos gases de efecto invernadero, la preservación de los bosques tropicales y la biodiversidad y una mayor equidad para los pequeños agricultores, los pueblos indígenas y los jóvenes y mujeres del medio rural.

La pandemia de COVID-19 ha producido un impacto negativo en el continente americano, donde se han producido casi la mitad de las muertes y los casos documentados de la enfermedad. A este dato negativo, se le añade la contracción de un 7,7% del PIB de América Latina y el Caribe en 2020 que ha provocado un retroceso sin precedentes en la lucha contra el hambre y la pobreza.

“La mayor caída económica del mundo producto del COVID-19 se verá en América Latina y el Caribe. 2,7 millones de empresas han cerrado. La región podría tardar una década en volver al nivel prepandemia”.