Casi la mitad de las mujeres en 57 países en desarrollo no tienen el derecho a decidir si quieren tener relaciones sexuales con sus parejas, usar anticonceptivos o buscar atención sanitaria, según concluye el nuevo informe sobre el Estado de la Población Mundial 2021 del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

El informe anual sobre el Estado de la Población Mundial, este año bajo el lema Mi cuerpo me pertenece: Reclamar el derecho a la autonomía y la autodeterminación, es el primero que realiza la ONU centrándose en la autonomía corporal y busca resaltar el poder y la capacidad para tomar decisiones de las mujeres sobre sus cuerpos, sin temor a la violencia o a que alguien más decida por ellas.

El Fondo destaca que la falta de autonomía corporal comporta grandes implicaciones que van más allá de los grandes perjuicios para las mujeres y las niñas en la esfera individual: una potencial depresión de su productividad económica, el menoscabo de sus habilidades, y los costos adicionales resultantes para los sistemas judiciales y de atención de la salud.

El análisis mide tanto el poder de las mujeres para tomar decisiones acerca de sus cuerpos como el grado de apoyo o interferencia legislativo de los países sobre el derecho de una mujer a tomar este tipo de decisiones. Los datos muestran que existe un fuerte vínculo entre el poder para tomar decisiones y los niveles educativos más altos.

El informe también analiza cómo las iniciativas para confrontar los abusos pueden derivar en mayores vulneraciones de la autonomía corporal.

Según el estudio, las auténticas soluciones a estos problemas deberán considerar las necesidades y experiencias de las personas afectadas.

El informe sobre el Estado de la Población Mundial se publica anualmente desde 1978 y pone de relieve cuestiones novedosas en el campo de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, incorporándolas al debate público y analizando los retos y las oportunidades que presentan para el desarrollo internacional.

El Informe sobre Financiamiento para el Desarrollo Sostenible 2021 dice que la economía global ha experimentado la peor recesión en 90 años, con los segmentos más vulnerables de las sociedades afectados de manera desproporcionada. Se estima que se han perdido 114 millones de puestos de trabajo y alrededor de 120 millones de personas han vuelto a sumirse en la pobreza extrema.

La respuesta sumamente desigual a la pandemia ha ampliado las ya enormes disparidades e inequidades tanto dentro de cada país como entre los distintitos pueblos y naciones. La cifra histórica de 16 billones de dólares en fondos de estímulo y recuperación que los países han puesto para superar la crisis del coronavirus ayudaron a evitar los peores efectos, pero menos del 20% de esa suma se gastó en países en desarrollo. En enero de este año, de los 38 países que pusieron en marcha campañas de vacunación solo 9 no eran países desarrollados.

Alrededor de la mitad de los países menos adelantados y otros países de bajos ingresos estaban en alto riesgo o con problemas de endeudamiento antes del COVID-19 y, con la caída de los ingresos fiscales, la pandemia ha disparado los niveles de deuda.

La situación en los países más pobres del mundo es profundamente preocupante y podría retrasar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible previstos para 2030 otros 10 años más.

La inversión sostenible e inteligente, por ejemplo, en infraestructura, reduciría los riesgos y haría que el mundo fuera más resistente a las crisis futuras. Crearía crecimiento; permitiría una vida mejor para millones de personas; y combatiría el cambio climático.

Por ejemplo, se estima que invertir entre 70.000 y 120.000 millones de dólares durante los próximos dos años, y entre 20.000 y 40.000 millones a partir de entonces, reduciría significativamente la probabilidad de otra pandemia, unas cifras que contrastan con los billones de dólares gastados en daños económicos causados por el COVID-19. Sin embargo, a diferencia de sus contrapartes desarrolladas, la mayoría de los países en desarrollo no tienen el espacio fiscal para tal inversión.

El informe sugiere formas de abordar este desafío, que incluyen:

El informe hace hincapié en que el desarrollo que no tenga en cuenta los riesgos que existen no será sostenible, y presenta la respuesta a la crisis provocada por la pandemia como una oportunidad para restablecer y “preparar los sistemas mundiales para el futuro”.

Si bien las brechas en la arquitectura financiera internacional o las políticas inadecuadas a menudo socavan la financiación del desarrollo, durante la crisis del COVID-19, las salvaguardas anteriores significaron que algunos sistemas se mantuvieron, en particular los sistemas financiero y bancario, en parte debido a las reformas posteriores a las fallas bancarias de 2008.

Las lecciones aprendidas de la crisis actual pueden permitir que se implementen reformas ahora para crear resiliencia en el futuro. Por eso, el informe recomienda encontrar una solución global para la tributación de la economía digital para combatir la elusión de impuestos corporativos, reducir las compensaciones tributarias perjudiciales.

La Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) advierten en un nuevo informe que el hambre aguda aumentará en más de 20 países en los próximos meses si no se presta asistencia urgente y a escala.

El Yemen, Sudán del Sur y el norte de Nigeria encabezan la lista y afrontan un hambre aguda en grado de catástrofe, con familias en determinadas zonas de Sudán del Sur y el Yemen que ya sufren inanición y mueren o están en riesgo de hacerlo, según el informe “Hunger Hotspots” (Lugares críticos con respecto al hambre).

Aunque la mayoría de los países afectados se encuentran en África, se prevé que el hambre aguda aumente drásticamente en la mayoría de las regiones del mundo, desde Afganistán, en Asia, a la República Árabe Siria y el Líbano, en Oriente Medio, hasta Haití, en América Latina y el Caribe.

En el mundo, más de 34 millones de personas ya experimentan hambre aguda en grado de emergencia (CIF4), lo que significa que están a un paso de la inanición.

Uno de los siguientes factores o una combinación de ellos está detrás del aumento previsto de la inseguridad alimentaria aguda en los 20 lugares críticos con respecto al hambre entre marzo y julio de 2021.

En el informe se recomiendan medidas críticas a corto plazo en cada lugar crítico con respecto al hambre a fin de abordar las necesidades existentes y futuras.

Las personas de Sudán del Sur, el Yemen y el norte de Nigeria siguen siendo las que tienen un mayor riesgo de sufrir unos niveles de inseguridad alimentaria aguda crecientes y peligrosamente elevados. En Burkina Faso, la seguridad alimentaria ha mejorado ligeramente desde el pasado octubre, pero la situación sigue siendo muy preocupante.

Otros países que, según el informe, se sitúan entre los lugares más críticos con respecto al hambre, donde el hambre que supone un riesgo para la vida está aumentando, son Afganistán, Etiopía, Haití, la República Árabe Siria, la República Democrática del Congo y el Sudán.

En 2021, la FAO está tratando de llegar a más de 48,9 millones de personas que dependen de la agricultura para su supervivencia y sus medios de vida, a través de intervenciones dirigidas a impulsar la producción local de alimentos y mejorar la nutrición, a la vez que refuerzan la capacidad de las comunidades de hacer frente a las crisis y de recuperarse, así como a prestar apoyo para los medios de vida después de catástrofes a fin de ayudar a las personas a reanudar la producción.

Según los datos más recientes de la FAO, los países uno tras otro han registrado nuevas cifras de inseguridad alimentaria y se estima que el número total de personas que en 2020 padecieron inseguridad alimentaria aguda en grado de crisis o peor superará el punto máximo de 2019, que se situó en 135 millones de personas.

Los 30 millones de personas que se estima se encuentran en la fase 4 de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases o que padecen hambre aguda en grado de emergencia, y que ya están experimentando un exceso de mortalidad y la pérdida irreversible de activos vitales de subsistencia, son motivo de preocupación extrema.

Cientos de miles de niñas, niños, mujeres y hombres se encuentran en situación de riesgo extremo de padecer inseguridad alimentaria aguda en varios países. Muchos de ellos viven en zonas en conflicto donde el acceso de la asistencia humanitaria es limitado o difícil.

La agricultura es decisiva, ya que casi cuatro de cada cinco personas viven en zonas rurales y dependen de alguna forma de la producción agrícola para su subsistencia. La manifestación más grave del hambre aguda sigue siendo un fenómeno principalmente rural, por consiguiente, se debe empezar a evitar la hambruna en las zonas rurales y se han de adoptar medidas colectivas a gran escala para salvar medios de subsistencia y vidas.

La FAO ya ha prestado un apoyo decisivo para proteger los medios de vida de más de 24 millones de personas de las consecuencias socioeconómicas de la COVID-19. Las operaciones de control de la langosta del desierto también han tenido repercusiones en el Gran Cuerno de África y el Yemen, donde la FAO ha protegido más de 3,1 millones de toneladas de cereales, por valor de 939 millones de USD, que son suficientes para alimentar a más de 20,8 millones de personas durante un año y proteger más de 1,5 millones de hogares pastorales.

Con el apoyo de la FAO, las personas afectadas pueden disponer de los medios y la capacidad para producir los alimentos necesarios para evitar el hambre aguda.

La respuesta de emergencia de la FAO en 2021 se centrará en prestar asistencia a las comunidades que se encuentren en una situación de gran inseguridad alimentaria en más de 30 países, como Etiopía, la República Árabe Siria, la República Democrática del Congo, Somalia, Sudán del Sur y el Yemen.

Consciente de que el seguimiento minucioso y la agilidad son esenciales para prevenir un rápido empeoramiento, en 2021, la FAO seguirá ampliando las medidas preventivas vinculadas a las alertas tempranas para proteger los medios de vida antes de que se produzca una catástrofe.

El poder adquisitivo del ingreso laboral real per cápita tuvo una disminución de 2.5% entre el cuarto trimestre de 2019 y el cuarto trimestre de 2020, al pasar de $1,819.55 a $1,773.43. Asimismo, entre el tercer trimestre de 2020 y el cuarto trimestre de 2020, se observa un incremento de 5.9% en el ingreso laboral real per cápita. Esta recuperación en el ingreso se da ante la reapertura de diferentes comercios en ciertas regiones del país.

Durante el cuarto trimestre del 2020, se observó un aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) respecto al registrado en el mismo periodo del año anterior; la inflación promedio anual se ubicó en 3.5%, 0.4 puntos porcentuales inferior a la del tercer trimestre de 2020 (3.9%).

En el cuarto trimestre de 2020 las líneas de pobreza extrema por ingresos (valor de la canasta alimentaria) aumentaron anualmente 6.1% en zonas urbanas y 7.6% en zonas rurales, ambas variaciones mayores a la inflación anual de 3.5% y a las observadas en el mismo periodo del año anterior.

Del tercer al cuarto trimestre de 2020, se observa que el valor de la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos urbana presentó un aumento de 0.9%, mientras que para el ámbito rural fue de 1.1%. Este comportamiento en los valores de las líneas de pobreza, así como el incremento del ingreso laboral contribuye a la mejora en el poder adquisitivo de los hogares en el último trimestre de 2020.

El porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria aumentó al pasar de 37.3% en el cuarto trimestre de 2019 a 40.7% en el cuarto trimestre de 2020

Entre los factores que explican este incremento se encuentra la disminución anual de 2.5% en el ingreso laboral real y el aumento en los precios del valor monetario de la canasta alimentaria durante el mismo periodo.

Fuente: CONEVAL 16 febrero de 2020

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en colaboración con la Alianza 8.7 alianza mundial, lanza el Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil , para fomentar acciones legislativas y prácticas para erradicar el trabajo infantil en todo el mundo.

El Año Internacional se adoptó por unanimidad en una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2019. Un objetivo principal del año es instar a los gobiernos a hacer lo necesario para lograr la Meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (ODS).

La meta 8.7 pide a los Estados miembros que tomen medidas inmediatas y efectivas para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a la esclavitud moderna y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluido el reclutamiento y uso de niños soldados, y para 2025 poner fin trabajo infantil en todas sus formas.

En los últimos 20 años, casi 100 millones de niños han sido retirados del trabajo infantil, lo que ha reducido el número de 246 millones en 2000 a 152 millones en 2016.

La OIT ha estado trabajando por la abolición del trabajo infantil a lo largo de sus 100 años de historia. Uno de los primeros convenios que adoptaron sus miembros fue sobre la edad mínima en la industria.

La organización es socia de Alliance 8.7, una asociación global que tiene como objetivo erradicar el trabajo forzoso, la esclavitud moderna, la trata de personas y el trabajo infantil en todo el mundo, como se describe en los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

El documento Violencia contra niños, niñas y adolescentes en tiempos de COVID-19 alerta que estimaciones recientes calculan una prevalencia del 55% de agresión física y 48% de agresión psicológica en la crianza en América Latina y el Caribe.

Asimismo, agrega que, en el marco de la contención de la pandemia, se han reducido factores de protección y se han exacerbado los riesgos de violencia. De un lado, se constata una menor capacidad de detección de incidentes de violencia debido al aislamiento físico y al cierre de actividades presenciales en instituciones educativas y centros de primera infancia, la reducción en la oferta social de los Estados y la crisis económica que ha impactado el nivel de ingresos en los hogares.

A lo anterior se suma la cobertura limitada de acceso a internet y la brecha generacional en conocimientos sobre entorno digital en los adultos, que limita la labor de adecuado monitoreo y acompañamiento a niñas y niños que hoy pasan más tiempo en línea.

De igual forma, el informe advierte que los factores de riesgo para que niñas, niños y adolescentes sean víctimas de violencia en el hogar se han exacerbado. Entre estos, se resalta el incremento en los reportes de violencia contra la mujer (que tiene una estrecha relación con violencia perpetrada contra niñas, niños y adolescentes), el aumento en el estrés y la ansiedad, el impacto económico en la niñez y adolescencia, el incremento de la actividad en línea tanto de niñas, niños y adolescentes, como de los perpetradores de violencia sexual.

Para abordar la violencia contra niñas, niños y adolescentes en el marco de la respuesta a la crisis del COVID-19, el documento propone recomendaciones adicionales a las políticas, programas y acciones con que se contaba antes de la crisis:

1.- Poner a la niñez en el centro de las políticas y planes para la recuperación económica de los países para revertir el incremento de la pobreza y erradicar inequidades históricas que perpetúan desafíos estructurales como la violencia basada en el género y la violencia contra niños, niñas y adolescentes, al mismo tiempo, que se reconstruye la confianza en las instituciones democráticas.

2.- Optimizar recursos mediante la convergencia de servicios que, entre otras, permita atender de forma coordinada los casos de violencia contra las mujeres y contra las niñas, niños y adolescentes; que amplíe el número de perceptores de oferta pública de servicios; que brinde atención específica y diferencial a las poblaciones que ya estaban en vulnerabilidad, y que promuevan la economía del cuidado atendiendo el equilibrio en la distribución de roles y tareas.

3.- Brindar atención para la salud mental y apoyo psicosocial en forma universal y gratuita para prevenir y atender trastornos de salud mental como depresión, ansiedad, tendencias suicidas y estrés en padres, madres y cuidadores, y en los propios niños, niñas y adolescentes, y a su vez promover prácticas asertivas de crianza y comunicación en el hogar.

4.- Asegurar el acceso universal a internet de todos los niños, niñas y adolescentes en áreas no cubiertas, así como la difusión de dispositivos electrónicos a las niñas, niños y adolescentes para asegurar su educación continua.

5.- Proteger a la niñez frente a la violencia en línea, difundiendo mensajes sobre el comportamiento seguro y responsable en línea y adoptando medidas concretas para combatir adecuadamente la violencia en internet.

6.- Garantizar la protección social universal para las familias incluyendo estímulos en efectivo, cobertura universal de salud y reconociendo la protección de la infancia, la salud mental y la educación como servicios esenciales y parte de una respuesta intersectorial basada en derechos.

7.- Asignar una inversión sostenida en la infancia y fortalecer los servicios para el bienestar y la protección de la niñez frente a todas las formas de violencia.

8.- Promover políticas laborales orientadas a apoyar la parentalidad positiva y basada en el género.

9.- Involucrar a las niñas, niños y adolescentes en la construcción de soluciones y oportunidades en el ámbito comunitario, local, regional y nacional.

Fuente: CEPAL 15 de diciembre de 2020

Unos 207 millones de personas se sumarían a las filas de la población que vive por debajo de la línea de pobreza como consecuencia de la crisis económica resultada de la pandemia de COVID-19, para elevar así a mil millones la cantidad de gente que estaría en esa situación en 2030, según cálculos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Al igual que el PNUD, la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), publicó un estudio que advierte del costo del COVID-19, sobre todo en los países menos desarrollados, que son también los que tienen menos medios financieros e institucionales para responder a este tipo de emergencias, al margen de alojar a más 50% de la población mundial en condiciones de pobreza extrema.

Sendos informes estiman que sólo en 2020, las personas que viven con menos de 1,9 dólares al día aumentarían en 32 millones, lo que incrementaría la tasa de pobreza del 32,5% al 35,7%.

La proyección más pesimista dice que el 80% de la crisis económica inducida por el COVID-19 persistiría diez años debido a la pérdida de la productividad, evitando el regreso al curso de desarrollo visto antes de la pandemia.

Los datos de la ONU indican los 47 países menos desarrollados representan menos del 1,3% del PIB mundial pese a ser hogar de 1060 millones de personas. En 2019, el PIB per cápita promedio en esas naciones fue de apenas 1088 dólares en comparación con un promedio mundial de 11.371 dólares.

De acuerdo con la UNCTAD, en 2020 esos países tendrán su peor desempeño económico en 30 años con una baja estrepitosa en sus ingresos, pérdida generalizada de empleos y déficits fiscales cada vez mayores, lo que revertirá años de progreso en la reducción de la pobreza, la nutrición y la educación.

No obstante este impacto, el PNUD considera que si se hiciera una serie de inversiones abocadas al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el peor escenario podría evitarse y 146 millones de personas saldrían de la pobreza extrema.

Con un plan ambicioso de impulso a los Objetivos de Desarrollo también se disminuiría la brecha de pobreza de género y se reduciría en 74 millones el número de mujeres en la pobreza, pese al efecto del COVID-19.

El estudio sugiere una combinación de los cambios de comportamiento a través de estímulos para los gobiernos y para los ciudadanos, tales como la mejora de la eficacia y la eficiencia en la gobernanza, y los cambios en los patrones de consumo de alimentos, energía y agua.

El desarrollo humano y económico se ha visto afectado en todos los aspectos y que la crisis de salud está lejos de terminar e insistieron en que un enfoque fragmentado frente a la crisis ha probado ser inadecuado y perjudicial para la salud y las economías, al igual que para el desarrollo y el disfrute de las garantías fundamentales.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) manifestó hoy su preocupación por la persistencia de la violencia por razones de género contra las mujeres y las niñas de la región y por las altas tasas de feminicidio observadas. Según los últimos datos oficiales reportados al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Comisión, en 2019 se registraron 4.640 casos de feminicidio en 24 países, 18 latinoamericanos y 6 caribeños.

La situación de las mujeres y las niñas se ha visto agravada durante el confinamiento y las restricciones de movilidad dispuestas por los países frente al COVID-19, que limitaron su acceso a redes de apoyo y servicios de atención, plantea la CEPAL en un documento publicado en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre, y que da inicio a 16 días de activismo hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

“La violencia de género ocurre de forma sistemática en nuestra región. No conoce fronteras, afecta a mujeres y niñas de todas las edades y sucede en todos los espacios: en los lugares de trabajo, en el marco de la participación política y comunitaria, en el transporte y en la calle, en la escuela y en los centros educativos, en el ciberespacio y, sin duda, en los propios hogares. Es lo que en el sistema de las Naciones Unidas hemos llamado una ‘pandemia en la sombra’”, señaló la Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

De acuerdo con encuestas nacionales de seis países de la región, entre el 60% y el 76% de las mujeres (alrededor de 2 de cada 3) ha sido víctima de violencia por razones de género en distintos ámbitos de su vida. Además, en promedio 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima o vive violencia física, psicológica y/o sexual, por un perpetrador que era o es su pareja, lo que conlleva el riesgo de la violencia letal: el feminicidio o femicidio.

Los gobiernos de la región han informado al Observatorio COVID-19 en América Latina y el Caribe de la CEPAL más de 90 medidas para enfrentar la violencia contra las mujeres en este período. Se destaca la respuesta de países donde la totalidad o parte de los servicios de atención a este flagelo fueron declarados esenciales. Sin embargo, la adaptación a modalidades remotas ha sido muy compleja y limita el acceso a la justicia, lo que aumenta el riesgo de impunidad que afecta a estos delitos, alerta la CEPAL.

El documento señala que “la gran cantidad de denuncias en líneas remotas y de forma presencial exige fortalecer la acción pública con aumento de recursos fiscales y medidas que garanticen la atención integral en servicios sociales y acceso a la justicia a través de canales activos y expeditos”.

“Para superar la violencia por razones de género contra las mujeres y las niñas se requiere de políticas que aborden los nudos estructurales de la desigualdad, principalmente los derivados de los patrones culturales patriarcales discriminatorios y violentos”, dice la CEPAL. “Urge avanzar en forma integral y acelerada en la garantía de los derechos y la autonomía de las mujeres en sus dimensiones económica, física y en la toma de decisiones”.

Fuente: CEPAL 24 de noviembre de 2020

La violencia contra las mujeres y las niñas es una pandemia que no hemos logrado erradicar y que afecta a todos los países del mundo. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y de la campaña Únete, la Organización de las Naciones Unidas convoca a la sociedad en su conjunto a hacer frente a otra pandemia: la violencia contra las mujeres y las niñas, la cual ha generado que en México 7 de cada 10 mujeres hayan enfrentado algún tipo de violencia.

Las emergencias humanitarias, los desastres, las crisis económicas y las pandemias generan, para las mujeres y las niñas, mayores riesgos de padecer violencia. La pandemia de COVID-19 no es una excepción; esta es mucho más que una crisis sanitaria, se trata de una crisis global que podría revertir décadas de progreso en los derechos y la igualdad de género.

La pandemia afecta desproporcionadamente a las mujeres y las niñas. Mientras que los hombres sufren tasas de mortalidad más altas, las mujeres se ven especialmente afectadas por las consecuencias económicas, sociales, y la violencia de género, es decir, sufren una violencia estructural que las afecta tanto en espacios privados como públicos, lo cual vulnera la garantía de sus derechos humanos.

Por ello, bajo el lema: Pinta el mundo de naranja: ¡Financiar, responder, prevenir y recopilar!, este año la campaña ÚNETE pone énfasis en la importancia de los gobiernos y el trabajo en conjunto con el Sistema de Naciones Unidas, sociedad civil y el sector privado para generar una estrategia de compromiso político a fin de acelerar respuestas concretas en los cuatro ejes de la campaña: financiarun paquete mínimo de servicios esenciales; responder adecuadamente a las sobrevivientes para garantizar su acceso a los servicios esenciales; prevenir la violencia y modificar las normas sociales que le dan origen y la normalizan; y recopilar datos e información para construir políticas que prevengan, atiendan y sancionen la violencia estructural que viven millones de mujeres y niñas, además de la adopción de medidas en pro de la reparación, la verdad y la memoria de las mujeres víctimas de la violencia.

Para seguir respondiendo a esta situación de urgencia, a petición del Secretario General de la ONU, el Sistema de las Naciones Unidas ha diseñado una estrategia con cuatro ejes de compromisos a fin de acelerar una respuesta de políticas públicas concretas respecto de la violencia de género en el contexto de COVID-19 y promover la política de cero tolerancia hacia la violencia en todas las esferas de la sociedad:

1. Financiar: dar prioridad al financiamiento de un paquete de servicios esenciales que incluyan la prevención de violencia de género. Y asegurar un financiamiento flexible a las organizaciones de sociedad civil de los derechos de las mujeres que trabajan en el nexo entre COVID-19 y la violencia de género.

2. Prevenir: declarar una política nacional de cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres y las niñas con un plan de acción concreto.

3. Responder: poner especial atención sobre las víctimas y sobrevivientes, a través del paquete de servicios esenciales que incluyan el acceso a la procuración e impartición de justicia, así como a servicios sociales y de salud.

4. Recopilar: datos del incremento en los diversos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, incluido el ámbito digital, con el fin de generar una política que prevenga y atienda la violencia en circunstancias específicas de confinamiento.

El hecho de que la violencia esté tan presente, no quiere decir que sea normal ni mucho menos aceptable; a pesar de toda la devastación que ha causado, la crisis del COVID-19 también representa una oportunidad generacional para construir economías y sociedades más inclusivas, pacíficas y libres del flagelo de la violencia. Necesitamos crear una “paz feminista” que escuche la voz de todos y todas, con todos los grupos incluidos de manera plena y significativa en las decisiones que afectan sus vidas. Esto debe incluir escuchar las voces de mujeres y niñas que marchan en contra la violencia y en defensa de sus derechos, garantizando que puedan ejercer el derecho de manifestación de forma segura.

El Foro Generación Igualdad, convocado por ONU Mujeres y copresidido por Francia y México en el 2021, representa también la oportunidad de abordar el papel clave que desempeñan las mujeres y generar estrategias para revertir esta crisis. De ahí la importancia de la contribución en la respuesta y recuperación de COVID-19 por parte de todos los gobiernos del mundo para reforzar los mecanismos de accesos a servicios y políticas de prevención y eliminación de todos los tipos de violencia.

Las Agencias de Naciones Unidas hacemos una invitación para que, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, durante los 16 días de activismo, las instituciones de gobierno, la sociedad civil, las universidades, el sector privado, medios de comunicación, junto con las y los jóvenes se unan a la campaña Únete para prevenir y poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas con diferentes actividades como: foros públicos, actividades culturales, el uso de prendas de vestir color naranja, declaraciones públicas llamando a poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, y usando los hashtags oficiales #DíaNaranja #16días y #Únete.

En un momento en que la pandemia de COVID-19 y la cultura dominante de impunidad amenazan los avances logrados en el terreno de la igualdad de género y la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas, ONU Mujeres insta a emprender acciones robustas y decididas en respuesta a esta crisis sin precedentes con ocasión del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En el período previo al Foro Generación Igualdad –en el que los agentes mundiales asumirán nuevos y firmes compromisos para erradicar la violencia contra las mujeres–, los Gobiernos, la sociedad civil, la juventud, las y los influencers y el sector privado prestarán sus voces a los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, una campaña de movilización global que arranca hoy y se prolongará hasta el 10 de diciembre. Juntas y juntos exigirán un cambio radical y la construcción de una “nueva normalidad” que ofrezca a todas las mujeres y niñas un futuro sin violencia.

Incluso antes de la pandemia de COVID-19, la violencia contra las mujeres era una de las violaciones más extendidas de los derechos humanos: casi el 18% de las mujeres y niñas experimentaba violencia física o sexual por parte de una pareja íntima a lo largo de un período de 12 meses. Conforme la pandemia se aceleraba, se observó una alarmante “pandemia en la sombra” de violencia contra las mujeres, con un aumento de las tasas de violencia doméstica, pero también en las calles, en Internet y en diversos entornos. El número de llamadas a las líneas telefónicas de asistencia se quintuplicó en algunos países durante las semanas iniciales de la pandemia, mientras que en otros se redujo por la imposibilidad de las mujeres de buscar ayuda a través de los canales habituales al verse atrapadas en el hogar con sus maltratadores. De acuerdo con las proyecciones, cabe prever que la violencia alcance a 15 millones de mujeres más por cada tres meses que se mantenga el confinamiento.

Hemos visto al mundo entero responder a la pandemia del coronavirus, trabajando al unísono, realizando grandes inversiones y utilizando protocolos con gran determinación. La violencia contra las mujeres también es una pandemia; de hecho, precede al virus y perdurará cuando este desaparezca.En un momento en que nos enfrentamos a la devastación provocada por la COVID-19, es más importante que nunca que pongamos en común nuestros recursos y asumamos un compromiso conjunto para hacer frente a los grandes desafíos y para poner fin a la violencia contra las mujeres, por el bien de todas y todos”, manifestó Phumzile Mlambo-Ngcuka, Directora Ejecutiva de ONU Mujeres.

En respuesta a la petición de “alto al fuego en el hogar” del Secretario General de las Naciones Unidas realizada este mismo año, casi 150 países acordaron incluir la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas como un componente fundamental de sus planes de respuesta a la COVID-19. Muchos de ellos han acompañado este compromiso con un fortalecimiento de los servicios esenciales, como los refugios, las líneas telefónicas de asistencia y otros mecanismos de denuncia. Sin embargo, tan sólo 48 países, menos de la cuarta parte de los 206 analizados en el marco de un reciente estudio, trataron la violencia contra las mujeres y los servicios prestados a las niñas en este ámbito como una parte integral de sus planes nacionales y locales de respuesta a la COVID-19, y muy pocos financiaron adecuadamente estas medidas.

Con el fin de hacer frente a esta infradotación generalizada de recursos para este problema crucial, ONU Mujeres ha convocado a la Coalición de Acción sobre la violencia de género, una innovadora alianza formada por Gobiernos, la sociedad civil, líderes juveniles, el sector privado y entidades filantrópicas para desarrollar un programa claro de acciones que impulsen la erradicación de la violencia contra las mujeres y movilicen fondos para ello. Dichas acciones e inversiones se anunciarán en el Foro Generación Igualdad que se celebrará en 2021 en México y Francia, junto con las de las otras cinco Coaliciones de Acción del Foro Generación Igualdad.

La conmemoración oficial del Día Internacional por parte de las Naciones Unidas tendrá lugar por primera vez en formato virtual y brindará a los Estados Miembros una oportunidad para fortalecer y cumplir sus compromisos con la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas.

Como en años anteriores, edificios y monumentos emblemáticos de todo el mundo –entre ellos, las pirámides y la Esfinge de Guiza, en Egipto; las estatuas moáis de la isla de Pascua, en Chile; el Parlamento de la República de Moldova; las Torres de Kuwait; y el Ayuntamiento de Bruselas, en Bélgica– se iluminarán de naranja para instar a un futuro mejor en el que las mujeres y las niñas puedan vivir sin violencia. En los Países Bajos se iluminarán de naranja más de 200 ayuntamientos para demostrar su solidaridad con las sobrevivientes y apoyar los 16 Días de Activismo.

La violencia contra las mujeres y niñas, de por sí uno de los problemas más graves que encaramos, recrudece en cualquier tipo de emergencia. La crisis ocasionada por la COVID-19 no es la excepción.

Las cifras escapan la imaginación: incluso antes de la COVID-19, en los últimos 12 meses cerca de 243 millones de mujeres habían sido maltratadas por su pareja.

No solo es casi seguro que ese número esté por debajo de las cifras reales — se calcula que menos del 40% de las mujeres denuncian un incidente de maltrato o buscan ayuda — sino que esa cifra se ha disparado a medida que el costo social, mental y económico del confinamiento se ha ido arraigando con el correr de los meses.

El repunte está poniendo presión incluso en los mejores sistemas de salud y los refugios contra la violencia doméstica están alcanzando su máxima capacidad. La necesidad de redireccionar recursos normales para atender la pandemia de la COVID-19 ha agudizado los desafíos. El costo, en términos monetarios, se calcula en US$1,5 billones, y esa cifra va en aumento conforme se prolonga la pandemia.

Los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género del Sistema de las Naciones Unidas se desarrollará entre el 25 de noviembre y el 10 de diciembre, bajo el lema: “Pinta el mundo de naranja: ¡Financiar, responder, prevenir, recopilar!” La campaña señalará el alcance de un problema que con demasiada frecuencia permanece oculto, y sugerirá maneras en las que los gobiernos y las comunidades pueden convertir la acción eficaz en un componente fundamental de sus planes de respuesta ante la COVID-19.

El PNUD está urgiendo la formulación de políticas que generen un compromiso para financiación a largo plazo que apoye a las sobrevivientes, así como a los sistemas policiales y de justicia. Estamos trabajando con más de 80 países para prevenir la violencia contra mujeres y niñas y responder ante las tasas en ascenso de ese flagelo. Ello incluye asegurar que las necesidades de las sobrevivientes sean atendidas y que las mujeres participen en el proceso de construir un futuro mejor, en el que sus preocupaciones, experiencia y opiniones se incorporen en todos los niveles de respuesta y recuperación frente a la COVID-19.

En colaboración con ONU Mujeres, el PNUD México está estableciendo plataformas telefónicas y en línea para apoyar a mujeres vulnerables en centros LUNAS, que son espacios seguros donde las mujeres reciben un estipendio mensual y, cuando procede, pueden escapar de sus agresores.

El PNUD y ONU Mujeres han lanzado el Rastreador Mundial de Respuestas de Género COVID-19. Incluye más de 2.500 medidas en 206 países que abordan directamente la seguridad económica y social de las mujeres, así como medidas para abordar la violencia de género. Hasta el momento los resultados indican que si bien muchos países están priorizando las necesidades de las mujeres en los esfuerzos emprendidos contra la COVID-19, el esfuerzo de muchos países no ha sido suficiente, en tanto que cerca del 20% de los países no está haciendo absolutamente nada al respecto.

En el informe del PNUD sobre la violencia de género y la COVID-19 se incluyen medidas adicionales que los organismos de las Naciones Unidas, los gobiernos y otros asociados pueden adoptar para prevenir y abordar la violencia de género en el contexto de la COVID-19.

Fuente: PNUD 25 de noviembre de 2020

En el tercer trimestre la ENOEN alcanzó el 64% de la muestra trimestral de la ENOE, por lo que, aún no se alcanzan los niveles de respuesta previos al inicio de la pandemia originada por la enfermedad COVID-19. Adicionalmente, su muestra se conformó de un 79% de entrevistas cara a cara y un 21% de entrevistas telefónicas efectivas.

El poder adquisitivo del ingreso laboral real per cápita tuvo una disminución de 6.7% entre el tercer trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2020, al pasar de $1,794.87 a $1,675.21. Asimismo, entre el primer trimestre de 2020, el último trimestre disponible con información de la ENOE, y el tercer trimestre de 2020, se observa una disminución de 12.3% en el ingreso laboral real per cápita. Este es el ingreso más bajo desde el cuarto trimestre de 2017, cuando se ubicó en $1,669.31. Este comportamiento contrasta con la tendencia creciente en el ingreso de los últimos años.

En este sentido, durante el tercer trimestre de 2020, también se observó un aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) respecto al registrado en el mismo periodo del año anterior, la inflación promedio anual se ubicó en 3.9%, mayor a lo reportado en el tercer trimestre de 2019 que fue de 3.3%. Este comportamiento en el nivel de precios puede deberse en parte al incremento en los precios de las mercancías, de las frutas y las verduras, así como de los energéticos.

Las líneas de pobreza extrema por ingresos (valor monetario de la canasta alimentaria) aumentaron anualmente 6.2% en zonas urbanas y 7.4% en zonas rurales, ambas variaciones mayores a la inflación anual de 3.9% y a las observadas en el mismo periodo del año anterior.

Del primer al tercer trimestre de 2020, se observa que el valor monetario de la línea de pobreza extrema por ingresos urbana presentó un aumento de 2.2%, mientras que para el ámbito rural fue de 2.8%. Este comportamiento en las líneas de pobreza, así como la reducción del ingreso, explica parte de la disminución en el poder adquisitivo de los hogares, similares a los dos últimos trimestres de 2017.

El porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria aumentó al pasar de 38.5% en el tercer trimestre de 2019 a 44.5% en el tercer trimestre de 2020.

Entre el tercer trimestre de 2019 y el tercer trimestre de 2020, se observó una ampliación en la brecha del ingreso laboral per cápita entre la población de menores y mayores ingresos laborales. Durante el tercer trimestre de 2019, el ingreso laboral promedio del 20.0% de la población con mayores ingresos laborales per cápita (quinto quintil) representó 34.3 veces el ingreso del 20.0% de la población con menor ingreso laboral (primer quintil); mientras que para el mismo periodo de 2020 representó 146.3 veces.

La masa salarial (monto de las remuneraciones totales de los ocupados) disminuyó 5.8% entre el tercer trimestre de 2019 y el mismo periodo de 2020, al pasar de $203,095.15 a $191,217.58 millones de pesos. De igual modo, entre el primer y el tercer trimestre de 2020 la masa salarial disminuyó 12.4%, dado que en el primer trimestre de este año se ubicó en $218,345.97 millones de pesos. La disminución de la masa salarial se da ante una reducción en el ingreso laboral real de los trabajadores y una disminución en el número de ocupados, durante este periodo.

Fuente: CONEVAL 20 noviembre de 2020

El Convenio núm. 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil se ha convertido en la primera norma internacional del trabajo objeto de una ratificación universal. Este hito histórico pone de manifiesto un consenso a escala mundial, en virtud del cual se considera que las peores formas de trabajo infantil son inaceptables y contrarias a los valores que compartimos. También refleja la acuciante necesidad de adoptar medidas para proteger los derechos y la infancia de los niños que sean objeto de esclavitud, trabajos forzosos o trata de personas, o se vean obligados a participar en conflictos armados, ejercer la prostitución, o realizar pornografía, entre otros tipos de actividades ilícitas, así como a llevar a cabo trabajos peligrosos.

Pese a que la ratificación universal del Convenio 182 de la OIT contribuirá en gran medida a erradicar el problema mediante el establecimiento de un marco jurídico adecuado, los países aún deben hacer cumplir y garantizar su aplicación de forma eficaz, en particular por medio de inspecciones laborales, con objeto de promover el trabajo decente para adultos y jóvenes en edad de trabajar de forma legal.

El Convenio núm. 182 reviste suma importancia en África. De hecho, el primer país que ratificó oficialmente dicho Convenio fue la República de Seychelles , solo varios meses después de que los 174 Estados miembros de la OIT lo aprobaran por unanimidad en junio de 1999.

La ratificación generalizada del Convenio por los países de África permitió que se registraran avances para abordar la cuestión en el marco de los programas de trabajo de los encargados de formular políticas y de los interlocutores sociales. Con objeto de tener una compresión más cabal de las consecuencias de esa ratificación, se han llevado a cabo encuestas y estudios de índole diversa a escala nacional. En muchos países de África se han logrado avances sustanciales, en particular la puesta en marcha de unidades nacionales de lucha contra el trabajo infantil, la armonización de marcos jurídicos nacionales con respecto a varios Convenios para hacer frente al trabajo infantil, la aprobación de planes de acción a escala nacional para erradicar el trabajo infantil y el establecimiento de comités de supervisión a escala local, encargados de analizar y notificar casos de trabajo infantil.

No obstante, 72,1 millones de niños siguen realizando trabajo infantil en África, incluidos 31,5 millones de niños que llevan a cabo trabajos peligrosos. Según estimaciones de la OIT sobre trabajo infantil a escala mundial publicadas en 2017, en el África subsahariana se registró un aumento del trabajo infantil de 2012 a 2016, a diferencia de otras regiones, en las que el trabajo infantil registró una disminución paulatina.

A fin de alcanzar la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuyo fin es la supresión de todas las formas de trabajo infantil para 2025, es necesario fomentar medidas encaminadas a erradicar el trabajo infantil en África. Los países de dicho continente deben abordar el problema de la informalidad, ampliar la protección social a toda la población, fortalecer los mecanismos para hacer cumplir la ley, mejorar el acceso a enseñanza gratuita básica y de calidad, y fomentar el diálogo social.

Desafortunadamente, la crisis de COVID-19 ha propiciado un aumento de la inseguridad económica, ha interrumpido las cadenas de suministro y ha repercutido de forma muy adversa en los procesos de producción. Puesto que alrededor del 85% del empleo en África se crea en la economía informal, cabe prever un aumento del trabajo infantil como consecuencia del cierre de escuelas, la pérdida sustancial de ingresos de los padres a lo largo de la pandemia, la falta de protección social fundamental y el aumento de la pobreza.

La OIT promueve la adopción de medidas encaminadas a fortalecer la capacidad de los gobiernos en materia de inspección laboral y medios para hacer cumplir la ley, y la de organizaciones de trabajadores y empleadores para luchar contra las peores formas de trabajo infantil. La OIT respalda asimismo el desarrollo de economías más resilientes después de la pandemia con objeto de facilitar una “mejor reconstrucción”.

El Convenio núm. 182 se aprobó para propiciar acciones a muy corto plazo a fin de hacer frente a las peores formas de trabajo infantil. Los países que lo han ratificado han de facilitar la adopción de medidas eficaces con arreglo a plazos fijados previamente, con objeto de suprimir las peores formas de trabajo infantil a la mayor brevedad posible.

UNICEF advierte en un nuevo informe de que la pandemia de COVID-19, de cuyo inicio está a punto de cumplirse un año, tendrá consecuencias cada vez más graves para los niños.

Publicado poco antes de la celebración del Día Mundial de los Niños, Evitar una generación perdida a causa de la COVID-19 es el primer informe de UNICEF que describe de manera exhaustiva las graves y cada vez peores consecuencias para los niños que puede generar la pandemia si se prolonga. En el informe se muestra que, si bien los síntomas entre los niños infectados siguen siendo leves, las infecciones van en aumento y las repercusiones a largo plazo sobre la educación, la nutrición y el bienestar de toda una generación de niños y jóvenes pueden cambiar sus vidas.

En el informe se señala que, hasta el 3 de noviembre, los niños y adolescentes menores de 20 años representaban 1 de cada 9 de las infecciones por COVID-19 en 87 países con datos desglosados por edad; esto supone el 11% de los 25,7 millones de infecciones notificadas por esos países. Para comprender mejor cómo repercute la crisis en los niños más vulnerables, y orientar por consiguiente la respuesta, es necesario recopilar datos más fiables y desglosados por edad sobre las infecciones, las muertes y las pruebas.

Si bien los niños pueden transmitirse el virus entre ellos y a grupos de mayor edad, hay pruebas sólidas de que, con las medidas de seguridad básicas que hay en vigor, los beneficios netos de mantener las escuelas abiertas superan los costos de cerrarlas, señala el informe. Las escuelas no son el principal factor de transmisión en la comunidad, y los niños tienen más probabilidades de contraer el virus fuera del entorno escolar.

Las alteraciones relacionadas con la COVID en los servicios sociales y de salud, que son esenciales para los niños, representan la amenaza más grave para ellos, según el informe. Utilizando nuevos datos de las encuestas realizadas por UNICEF en 140 países, el informe señala que:

Entre los datos más alarmantes del informe se incluyen los siguientes:

Para responder a esta crisis, UNICEF hace un llamamiento a los gobiernos y a los aliados para que tomen las siguientes medidas:

Con motivo del Día Mundial de la Infancia, UNICEF ha publicado un informe con contundente mensaje Evitar la generación perdida del COVID-19.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia describe de manera exhaustiva en ese documento las graves y crecientes consecuencias para los niños a medida que avanza la pandemia y demuestra que, si bien los síntomas entre los menores infectados siguen siendo leves, las infecciones están aumentando y el impacto a largo plazo en la educación, la nutrición y el bienestar de toda una generación de niños y jóvenes puede alterar la vida.

“A lo largo de la pandemia de COVID-19 ha existido un mito persistente de que los niños apenas se ven afectados por la enfermedad. Nada podría estar más lejos de la verdad”, asegura la directora ejecutiva de UNICEF.

“Si bien los niños pueden enfermarse y propagar la enfermedad, esto es solo la punta del iceberg de la pandemia. Las interrupciones en los servicios clave y las crecientes tasas de pobreza representan la mayor amenaza para los niños. Cuanto más persista la crisis, más profundas serán sus repercusiones en la educación, la salud, la nutrición y el bienestar de los niños. El futuro de toda una generación está en riesgo”.

El informe concluye que, al 3 de noviembre, en 87 países con datos desglosados ​​por edad, los niños y adolescentes menores de 20 años representaban una de cada nueve infecciones por COVID-19, o el 11% de los 25,7 millones de infecciones notificadas por estos países. No obstante, señala que se necesitan datos más fiables y sobre infecciones, muertes y pruebas para comprender mejor cómo la crisis afecta a los niños más vulnerables y orientar la respuesta.

Si bien los niños pueden transmitirse el virus entre sí y a los adultos, existen pruebas claras de que medidas de seguridad básicas , los beneficios de mantener las escuelas abiertas superan los costos de cerrarlas, señala el informe. Las escuelas no son el principal impulsor de la transmisión comunitaria y los niños tienen más probabilidades de contraer el virus fuera de los entornos escolares.

Utilizando nuevos datos de encuestas de UNICEF en 140 países, señala que:

Los datos más alarmantes del informe señalan que:

Por todo ello y para responder a esta crisis, UNICEF pide a los Gobiernos y otros agentes de la sociedad:

Los principios y derechos fundamentales en el trabajo pueden desempeñar una función primordial en la adopción de medidas de respuesta eficaces y consensuadas que faciliten la recuperación frente a la crisis de la COVID-19 y contribuyan a una reconstrucción más adecuada y justa del mundo del trabajo, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Sin embargo, en el informe se señala que la crisis ha conllevado un mayor riesgo para las libertades y los derechos laborales, habida cuenta del nivel más elevado de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad que deben afrontar los países.

En el informe Issue paper on COVID-19 and fundamental principles and rights at work (Documento temático sobre los principios y derechos fundamentales en el trabajo frente a la COVID-19) se proporciona información pormenorizada sobre los efectos de la pandemia de COVID-19 en el trabajo infantil, el trabajo forzoso, la discriminación, la libertad de asociación y la negociación colectiva. Se aborda la manera de invertir los procesos que propician la informalidad, la pobreza y la explotación, a fin de facilitar una mejor reconstrucción, en beneficio de todos. Se señala que aún no se ha atendido a la acuciante necesidad de dar una respuesta integrada a la pandemia.

En los resultados del informe se destaca que las restricciones en materia de libertad de circulación y celebración de reuniones públicas, impuestas en el marco de determinadas medidas de respuesta para luchar contra la pandemia a escala nacional, dificultan “la observancia de los derechos de libertad de asociación y de negociación colectiva, tanto en el plano legislativo como en el de su aplicación, y que ello es a su vez un obstáculo para la formulación de medidas de respuesta frente a la crisis sobre la base de un consenso social”. Según se desprende de las conclusiones del informe, se ven afectadas, en particular, 2.000 millones de personas que trabajan en la economía informal, que con frecuencia carecen de voz representativa colectiva.

Se ha constatado que los efectos económicos de la pandemia, entre otros, exacerban el trabajo infantil, puesto que las familias se ven obligadas a encontrar nuevos medios de subsistencia para sobrevivir. También propician la servidumbre por deudas y una mayor dependencia de organismos y plataformas de contratación informales que dejan a los trabajadores más expuestos a casos de explotación.

Por otro lado, el acceso a una educación de calidad es fundamental para evitar el trabajo infantil. A lo largo de este año, 1.500 millones de niños se han visto afectados por el cierre de escuelas. Un tercio de esos niños no pueden tener acceso a sistemas de enseñanza a distancia, y muchos de ellos dependían de la comida que recibían gratuitamente en centros escolares y de las ayudas económicas que percibían por asistir a la escuela.

La crisis de la COVID-19 también ha puesto de relieve la discriminación de determinados grupos de trabajadores y la arraigada desigualdad de género en los mercados de trabajo y en la prestación de servicios de atención comunitaria no remunerados.

En el documento se propone asimismo un marco de políticas basado en cuatro pilares para hacer frente a la COVID-19, en consonancia con las normas internacionales del trabajo. Éstas abarcan la promoción de la economía y del empleo; el apoyo a las empresas y el fomento del empleo y de los ingresos; la protección de los trabajadores en el lugar de trabajo; y la eficacia del diálogo social para la búsqueda de soluciones.

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Grupo Banco Mundial publicaron un informe que revela cifras alarmantes de la situación de millones de niños que viven paupérrimamente.

Ya antes de que la pandemia de COVID-19 golpeara las economías de todos los países, uno de cada seis menores de edad, o 356 millones, vivía en condiciones de pobreza extrema.

El análisis muestra que el número de personas que viven en la pobreza extrema disminuyó 29 millones entre 2013 y 2017. Sin embargo, agrega que el avance de los últimos años ha sido “lento y desigual, además de que se encuentra en riesgo” debido al impacto económico de la pandemia.

Aunque los niños representan cerca de un tercio de la población mundial, son casi a mitad de la población extremadamente pobre. Además, tienen más del doble de probabilidades de ser paupérrimos que los adultos.

Los niños más pequeños son los que están en peor situación: el 20% de ellos es menor de cinco años y vive en hogares extremadamente pobres del mundo en desarrollo, destaca el informe.

La pobreza extrema entre los niños ha disminuido menos que entre los adultos, y una mayor proporción de los pobres del mundo eran niños en 2017, en comparación con la cifra de 2013.

Los datos del Banco Mundial y UNICEF sugieren que la mayoría de los países han respondido a la crisis ampliando los programas de protección social, en particular las transferencias de efectivo, que brindan una plataforma para inversiones a más largo plazo en capital humano.

Sin embargo, muchas de las respuestas son a corto plazo y no son adecuadas para responder a la magnitud esperada a largo plazo de la recuperación, dice el estudio.

Es más importante que nunca que los gobiernos amplíen y ajusten sus sistemas y programas de protección social para prepararse para futuras crisis, incluidas las innovaciones para la sostenibilidad financiera. También precisan fortalecer los marcos legales e institucionales; proteger el capital humano; ampliar los beneficios para niños y familias a largo plazo; e invertir en políticas favorables a la familia, como la licencia parental remunerada y el cuidado infantil de calidad para todos.

Fuente: ONU 20 de octubre de 2020

Con motivo de su 75.° aniversario y del tercer Día Mundial de la Estadística, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) publica su nuevo Anuario estadístico, cuya edición de este año cuenta con 366 páginas y ofrece también por primera vez interactividad digital y la posibilidad de descargar conjuntos de datos.

La alimentación y la agricultura en el mundo:
Anuario estadístico de la FAO 2020

Ofrece una síntesis de los principales factores que conforman el panorama mundial actual de la alimentación y la agricultura, incluidas tendencias agrícolas, en el uso de insumos, utilización de mano de obra, seguridad alimentaria y nutrición o las emisiones de gases de efecto invernadero y el impacto de la agricultura en el medio ambiente.

La FAO es uno de los principales proveedores de datos mundiales sobre la agricultura y la seguridad alimentaria. En particular, cuenta con el portal FAOSTAT con información actualizada sobre 20 000 indicadores que cubren 245 países y territorios, el portal de datos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la nueva plataforma de datos geoespaciales Mano de la mano, que aprovecha la innovación y un amplio conjunto de asociados para identificar proyectos de desarrollo viables.

El Anuario está dividido en cuatro capítulos temáticos centrados respectivamente en las dimensiones económicas de la agricultura, la silvicultura y la pesca; la producción, comercio y tendencias de los precios; la seguridad alimentaria y la nutrición; y la sostenibilidad ambiental. El Anuario va acompañado de un compendio estadístico de bolsillo de la FAO, que ofrece una referencia rápida y sencilla sobre los principales datos y tendencias de la alimentación y la agricultura.

Conclusiones principales

La contribución global de la agricultura al producto interno bruto mundial aumentó en un 68 % entre los años 2000 y 2018, hasta alcanzar los 3,4 billones de USD. Asia representa el 63 % de este total, mientras que África es el continente que registra el crecimiento más rápido, casi el doble de la media mundial.

El número de personas que trabajan en la agricultura ha disminuido en este milenio hasta los 884 millones -un 27 % de la mano de obra mundial- frente a los 1 050 millones -un 40 % de la fuerza laboral global- en el año 2000. La mayor parte de este descenso se produjo en Asia, aunque la caída más pronunciada se registró en Europa, donde sólo un 5,3 % de la población activa ocupada trabaja en el sector, en comparación con el 49 % en África.

En el Anuario también se señala que el 37,1 % de estos trabajadores son mujeres, que representan más de la mitad de la mano de obra agrícola nacional en 22 países.

La producción de cultivos primarios ascendió a 9 200 millones de toneladas en 2018, en torno a un 50 % superior a la del año 2000. Los cultivos oleaginosos experimentaron el crecimiento más rápido (+ 88 %). Cuatro productos suponen la mitad de la producción mundial de cultivos primarios: caña de azúcar, maíz, trigo y arroz.

Los datos muestran también que los mayores productores de muchos de los principales cultivos alimentarios representan una parte importante de la producción mundial: Brasil (caña de azúcar), China (arroz y papas), y los Estados Unidos de América (maíz y soja). Algo similar sucede con los productos elaborados, siendo China el principal productor de aceite de soja, Indonesia y Malasia los mayores productores de aceite de palma, y Ucrania y Rusia liderando la producción de aceite de girasol.

El comercio mundial de alimentos ha crecido incluso más rápido que la producción, y su valor monetario total casi se ha cuadruplicado entre 2000 y 2018, hasta alcanzar los 1,4 billones de USD.

El hambre está aumentando: el número de personas subalimentadas ascendió a casi 690 millones en 2019, cerca de 60 millones más que en 2014. Al mismo tiempo, la obesidad está creciendo también: en 2016 afectaba al 13,1 % de la población adulta, en comparación con el 8,7 % en 2000.

La superficie de tierras agrícolas aumentó en 75 millones de hectáreas entre 2000 y 2017, un incremento equivalente a dos veces la superficie del Japón. En el mismo período, las tierras forestales disminuyeron en 89 millones de hectáreas, una reducción equivalente a la superficie de Nigeria.

Las emisiones mundiales de la agricultura en las explotaciones agrícolas crecieron a su vez un 16 % entre 2000 y 2017. Cerca de un 60 % de esas emisiones proceden de actividades relacionadas con la ganadería.

El Anuario proporciona datos detallados organizados por países y temas, así como una gran cantidad de gráficos y mapas que hacen que la información sea más accesible.

Fuente: FAO 20 de octubre de 2020

México cuenta con la medición multidimensional de la pobreza, la cual genera información rigurosa sobre la pobreza a nivel nacional, estatal y municipal para que los tomadores de decisiones cuenten con evidencia sólida sobre los avances y los retos de la política social. Esta medición del Estado mexicano ha sido adoptada también por diversos países.

En el 2021, el CONEVAL dará a conocer la medición de la pobreza a nivel nacional y estatal 2020, con la cual inicia un nuevo ciclo de comparabilidad 2018-2020 con la misma metodología utilizada desde 2008, pero con algunas actualizaciones de indicadores, desde el punto de vista normativo y técnico.

También, en 2021, este Consejo publicará la medición de pobreza a nivel municipal. Por primera vez en la historia de nuestro país, se contará con información de la evolución de la pobreza para cada municipio para los años 2010-2015-2020.

Previo a estas mediciones de pobreza, en marzo 2021, el CONEVAL actualizará la línea de pobreza por ingresos y línea de pobreza extrema por ingresos que sirven de base para la determinación del indicador de Bienestar económico, que establece la medición de pobreza multidimensional. Esta actualización también nos permitirá contar con información actualizada de los cambios de patrones de consumo de la sociedad mexicana.

Desde el CONEVAL, reafirmamos nuestro compromiso de continuar generando información rigurosa que ayude a mejorar la política social de nuestro país.

Fuente: CONEVAL 17 de octubre de 2020

En un mundo caracterizado por un nivel sin precedentes de desarrollo económico, medios tecnológicos y recursos financieros, es un escándalo moral que millones de personas vivan en la extrema pobreza. Por ese motivo, debemos dejar de pensar que este problema es exclusivamente una falta de ingresos. Se trata de un fenómeno multidimensional que comprende, además, la falta de las capacidades básicas para vivir con dignidad.

Las personas que viven en la pobreza experimentan muchas privaciones interrelacionadas que se refuerzan mutuamente, inmpidiéndoles ejercer sus derechos y perpetuar su pobreza, entre ellas:

Este año marca el 27º aniversario de la declaración del Día Internacional por parte de la Asamblea General, en su resolución 47/196 de 22 de diciembre de 1992. A su vez, 2020 marca el 32º aniversario del llamamiento a la acción del Padre Joseph Wresinski – que inspiró la celebración del 17 de octubre como el Día Mundial para la Superación de la Pobreza Extrema y que, 5 años después, conllevaría el reconocimiento por las Naciones Unidas del día como el Día Internacional para la Erradicación de la pobreza.

Actuar juntos para lograr justicia social
y medioambiental para todas las personas

Este año, el tema del día internacional aborda el desafío de lograr la justicia social y medioambiental para todas las personas. El creciente reconocimiento de la multidimensionalidad de la pobreza significa que ambos elementos están inseparablemente entrelazados, y que la justicia social no puede realizarse plenamente sin abordar simultáneamente y de manera drástica las injusticias medioambientales. Aunque se ha avanzado en la lucha contra la pobreza en el ámbito de los ingresos, se han tenido menos en consideración, en el marco de un enfoque más global, otras dimensiones importantes de la pobreza como el creciente impacto medioambiental.

Las personas que viven en la extrema pobreza, a menudo por pura necesidad, son las primeras en actuar de manera concreta dentro de sus comunidades en respuesta a la misma, al cambio climático y los desafíos medioambientales. Sin embargo, sus esfuerzos y su experiencia suelen pasar desapercibidos y no se aprecian; no se toma en consideración su capacidad para contribuir positivamente a la búsqueda de soluciones; no se les reconoce como impulsores del cambio y sus voces no se escuchan, especialmente en los órganos internacionales.

Pero esto tiene que cambiar. La participación, los conocimientos, las contribuciones y la experiencia de las personas en situación de pobreza y a quienes se deja atrás deben ser valoradas, respetadas y se deben reflejar en nuestros esfuerzos por construir un mundo equitativo y sostenible en el que haya justicia social y medioambiental para todas las personas.

Todos pueden unirse a la campaña en las redes sociales utilizando el hashtag #EndPoverty o #AcabarConLaPobreza y conectarse con personas de todo el mundo que se han unido a la lucha para superar la pobreza. Además del acto conmemorativo que se celebrará en Nueva York el 17 de octubre, se están organizando conmemoraciones del día internacional en todo el mundo.

El Día Internacional de las Mujeres Rurales fue establecido internacionalmente por la ONU el 15 de octubre de 2008. En 2020, la pandemia por el #COVID _19 acrecentó muchas de las desigualdades que ya enfrentaban las mujeres que viven en zonas rurales como: restricciones en el acceso a servicios de salud de calidad y medicamentos esenciales; acceso a información errónea; aumento en el trabajo de cuidados no remunerado; dificultades para acceder al agua y saneamiento; falta de ingresos económicos, por mencionar algunos ejemplos.

Algunos datos clave para conocer su situación:

En el mundo:

Las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y el 43% de la mano de obra agrícola (ONU, 2018).

En México:

Fuente: GOBIERNO DE MÉXICO 15 de octubre de 2020

Las mujeres y las niñas están en desventaja en esta pandemia, un problema que se agrava más aún en las zonas rurales. Las mujeres rurales ya enfrentaban, y se enfrentan, a batallas previas específicas en su vida diaria a pesar de sus roles clave en la agricultura, el suministro alimentario y la nutrición. Ahora, desde el COVID-19 y las necesidades de salud únicas en áreas remotas, les es menos probable tener acceso a servicios de salud de calidad, medicamentos esenciales y vacunas. Las normas sociales restrictivas y los estereotipos de género también pueden limitar la capacidad de las mujeres rurales para acceder a los servicios de salud.

Además, muchas de ellas sufren de aislamiento, la difusión de información errónea y la falta de acceso a tecnologías críticas para mejorar su vida laboral y personal.

A pesar de todo ello, han estado al pie del cañón en la pandemia, incluso con un trabajo de cuidados del hogar no remunerado que ha ido en aumento.

Desde esta perspectiva, en las aldeas remotas, especialmente en las más marginadas, necesitamos medidas para aliviar la carga del cuidado y redistribuirla mejor entre mujeres y hombres.También necesitamos abogar por servicios e infraestructuras básicas suficientes (agua, salud, electricidad, etc.) para apoyar el trabajo doméstico y de cuidados productivo y no remunerado de las mujeres, que se ve agravado por la crisis.

El tema de este Día Internacional de las Mujeres Rurales es “Construir la resiliencia de las mujeres rurales a raíz del COVID-19”, para crear conciencia sobre las luchas de estas mujeres, sus necesidades y su papel fundamental y clave en nuestra sociedad.

Las mujeres rurales-una cuarta parte de la población mundial- trabajan como agricultoras, asalariadas y empresarias. Labran la tierra y plantan las semillas que alimentan naciones enteras. Además, garantizan la seguridad alimentaria de sus poblaciones y ayudan a preparar a sus comunidades frente al cambio climático.

Sin embargo, como señala ONU Mujeres, las campesinas sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza y pese a ser tan productivas y buenas gestoras como sus homólogos masculinos, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de alto valor. Tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos, como la educación y la asistencia sanitaria, ni a infraestructuras, como el agua y saneamiento.

Las barreras estructurales y las normas sociales discriminatorias continúan limitando el poder de las mujeres rurales en la participación política dentro de sus comunidades y hogares. Su labor es invisible y no remunerada, a pesar de que las tareas aumentan y se endurecen debido a la migración de los hombres. Mundialmente, con pocas excepciones, todos los indicadores de género y desarrollo muestran que las campesinas se encuentran en peores condiciones que los hombres del campo y que las mujeres urbanas.

Cuatro agencias de las Naciones Unidas pidieron solidaridad mundial con los países más pobres afectados por la pandemia de COVID-19 a través de una declaración conjunta.

El coronavirus ha provocado una dramática pérdida de vidas humanas en todo el mundo y presenta un desafío sin precedentes para la salud pública, los sistemas alimentarios y el ámbito laboral, aseguraron la Organización Mundial de la Salud, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización para la Alimentación y la Agricultura y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola.

Las agencias reiteraron que el trastorno económico y social causado por la pandemia es devastador: decenas de millones de personas corren el riesgo de caer en la pobreza extrema, mientras que el número de personas desnutridas, que actualmente se estima en casi 690 millones, podría aumentar hasta 132 millones para el final del año.

Asimismo, millones de empresas se enfrentan a una amenaza existencial. Casi la mitad de los 3300 millones de trabajadores del mundo corren el riesgo de perder sus medios de vida, y aquellos que se desempeñan en la economía informal son particularmente vulnerables porque la mayoría carece de protección social y atención de salud.

Los cierres de fronteras, las restricciones comerciales y las medidas de confinamiento han impedido que los agricultores accedan a los mercados, incluso para comprar insumos y vender sus productos, y que se interrumpan las cadenas de suministro de alimentos nacionales e internacionales reduciendo el acceso a dietas saludables, seguras y diversas.

Además, millones de trabajadores agrícolas, asalariados y autónomos, aunque alimentan al mundo, e se enfrentan regularmente a altos niveles de pobreza laboral, desnutrición y mala salud, y sufren falta de seguridad y protección laboral, así como otros tipos de abusos.

“Con ingresos bajos e irregulares y falta de apoyo social, muchos de ellos se ven motivados a seguir trabajando, a menudo en condiciones inseguras, exponiéndose a sí mismos y a sus familias a riesgos adicionales. Además, cuando experimentan pérdidas de ingresos, pueden recurrir a estrategias de supervivencia negativas, como la venta de activos por situaciones de emergencia, los préstamos abusivos o el trabajo infantil”, advirtieron las agencias de la ONU.

Las cuatro agencias de la ONU explicaron que los trabajadores agrícolas migrantes son particularmente vulnerables, porque enfrentan riesgos durante sus viajes, así como malas condiciones de trabajo y de vida sin poder acceder muchas veces a las medidas de apoyo implementadas por los gobiernos.

Para las agencias de salud, trabajo y alimentación de las Naciones Unidas, la acción inmediata y decidida para salvar vidas y medios de subsistencia debe incluir la extensión de la protección social hacia la cobertura universal de salud y el apoyo a los ingresos para los más afectados.

También se debe tener en cuenta que los países que se enfrentan a crisis humanitarias u otras emergencias están particularmente expuestos a los efectos del COVID-19. Según las agencias, es fundamental responder rápidamente a la pandemia y, al mismo tiempo, garantizar que la asistencia humanitaria y de recuperación llegue a los más necesitados.

Para las agencias, es necesario desarrollar estrategias sostenibles a largo plazo para abordar los desafíos a los que se enfrentan los sectores sanitario y agroalimentario. Se debe dar prioridad a abordar los desafíos subyacentes de la seguridad alimentaria y la desnutrición, abordar la pobreza rural, en particular mediante más y mejores empleos, extender la protección social a todos, facilitar vías migratorias seguras y promover la formalización de la economía informal.

“Debemos repensar el futuro de nuestro medio ambiente y abordar el cambio climático y la degradación ambiental con ambición y urgencia. Solo así podremos proteger la salud, los medios de vida, la seguridad alimentaria y la nutrición de todas las personas y garantizar que nuestra “nueva normalidad” sea mejor”.

En el Día Internacional de las Mujeres Rurales, el CONEVAL visibiliza algunas de las brechas de este grupo de población, de acuerdo con información del 2018:

Fuente: CONEVAL 13 de octubre de 2020

El número mundial de muertes de menores de cinco años alcanzó el nivel más bajo registrado al disminuir de los 12,5 millones de 1990 a 5,2 millones en 2019, según las nuevas estimaciones de mortalidad publicadas por UNICEF, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas y el Grupo Banco Mundial.

Sin embargo, los estudios de UNICEF y la OMS revelan que, desde entonces, la pandemia de COVID-19 ha ocasionado importantes interrupciones en los servicios de salud que podrían echar por tierra décadas de avances conseguidos con mucho esfuerzo.

A lo largo de los últimos 30 años, los servicios de salud destinados a prevenir o tratar las causas de las muertes infantiles (como los partos prematuros, la insuficiencia ponderal al nacer, las complicaciones durante el parto, la sepsis neonatal, la neumonía, la diarrea y la malaria), así como las vacunas, han sido decisivos para salvar la vida de millones de niños.

Sin embargo, muchos servicios de salud infantil y materna, como los reconocimientos médicos, las vacunas y la atención prenatal y posnatal, han sido interrumpidos en todo el mundo debido a la limitación de los recursos y a la aprensión general a la hora de hacer uso de los servicios de salud por miedo a contagiarse con la COVID-19.

Un estudio llevado a cabo por UNICEF en 77 países a lo largo del verano reveló que en casi un 68% de los países se notificó al menos alguna interrupción en los reconocimientos médicos de los niños y en los servicios de inmunización. Además, en un 63% de los países se registraron interrupciones en los exámenes prenatales, un porcentaje que se situó en el 59% en el caso de la atención posnatal.

Un estudio llevado a cabo por UNICEF en 77 países a lo largo del verano reveló que en casi un 68% de los países se notificó al menos alguna interrupción en los reconocimientos médicos de los niños y en los servicios de inmunización. Además, en un 63% de los países se registraron interrupciones en los exámenes prenatales, un porcentaje que se situó en el 59% en el caso de la atención posnatal.

Por otra parte, un estudio reciente de la OMS basado en las respuestas de 105 países reveló que en un 52% de los países se notificaron alteraciones en los servicios de la salud para los niños que padecían una enfermedad y un 51% en los servicios de tratamiento de la malnutrición.

Este tipo de intervenciones en materia de salud son esenciales para poner fin a las muertes evitables de niños y recién nacidos. Por ejemplo, las mujeres que reciben los cuidados de matronas profesionales formadas según las normativas internacionales tienen un 16% menos de probabilidades de perder a su bebé y un 24% menos de probabilidades de dar a luz prematuramente, según la OMS.

En siete de esos nueve países se registraron índices de mortalidad infantil de más de 50 muertes por cada 1.000 nacidos vivos menores de cinco años en 2019. En el Afganistán, donde uno de cada 17 niños murió antes de cumplir cinco años en 2019, el Ministerio de Salud informó de una importante reducción en las visitas a los centros de salud. Debido al miedo a contagiarse con el virus de la COVID-19, las familias están restándole prioridad a la atención prenatal y posnatal, lo cual aumenta el riesgo al que se enfrentan las mujeres embarazadas y los bebés recién nacidos.

Fuente: OMS 09 de septiembre 2020

La beneficencia puede contribuir a la promoción del diálogo, la solidaridad y la comprensión mutua entre las personas. También puede aliviar los peores efectos de las crisis humanitarias, complementar los servicios públicos de atención de la salud, la educación, la vivienda y la protección de la infancia. Además, ayuda a promover la cultura, la ciencia, el deporte y la protección del patrimonio cultural y natural. También ayuda a concienciar sobre los derechos de los marginados y desfavorecidos, y permite guardar nuestra humanidad en situaciones de conflicto.

En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada en septiembre de 2015, las Naciones Unidas reconocen que la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, es el mayor desafío mundial y un requisito indispensable para el desarrollo sostenible. La Agenda también pide un espíritu de solidaridad global reforzada, centrado en particular en las necesidades de los más pobres y vulnerables. También reconoce el papel de los diversos sectores privados, que van desde las microempresas a las cooperativas y las multinacionales, y el de las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones filantrópicas.

Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en dicha agenda —que pueden agruparse en seis “elementos esenciales”: la dignidad, los seres humanos, el planeta, la prosperidad, la justicia y las alianzas— tienen el potencial de transformar nuestras vidas y nuestro planeta a través de la armonización y, de esa forma, hacer frente a los desafíos a los que se enfrenta la humanidad. También proporcionan el marco necesario para que las instituciones filantrópicas permitan a todas las personas contribuir al mejoramiento de nuestro mundo.

En reconocimiento del papel de la caridad a la hora de mitigar el sufrimiento humano, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución A/RES/67/105, decidió designar el 5 de septiembre como Día Internacional de la Beneficencia.

La fecha fue elegida para conmemorar el aniversario del fallecimiento de la Madre Teresa de Calcuta, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 1979 por su trabajo en la lucha contra la pobreza y la angustia.

Monja y misionera reconocida, la Madre Teresa nació en 1910 en la antigua Yugoslavia, con el nombre de Agnes Gonxha Bojaxhiu. En 1928 se fue a la India, donde se dedicó a ayudar a los indigentes. En 1948 se hizo ciudadana india y en 1950 fundó la orden de las Misioneras de la Caridad en Calcuta, que alcanzó notoriedad por su labor entre los más pobres y los moribundos.

Durante 45 años ejerció su ministerio entre pobres, enfermos, huérfanos y moribundos, mientras las Misioneras de la Caridad se extendían, primero por la India y luego por otros países, con la creación de hospicios y residencias para los pobres y desamparados. Su labor obtuvo el reconocimiento y la alabanza del mundo entero y le granjeó numerosos premios y distinciones, entre otros el Premio Nobel de la Paz en 1979. Para ella, “la pobreza y la angustia constituyen una amenaza a la paz”. La Madre Teresa murió el 5 de septiembre de 1997, a los 87 años de edad.

La crisis del COVID-19 aumentará drásticamente la tasa de pobreza de las mujeres y ampliará la brecha entre hombres y mujeres que viven en la pobreza extrema, asegura un nuevo informe publicado por ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Se esperaba que la tasa de pobreza de las mujeres disminuyera en un 2,7% entre 2019 y 2021, pero las proyecciones ahora apuntan a un aumento del 9,1% debido a la pandemia y sus consecuencias, advirtieron las agencias.

El resto de datos indican que, si bien la pandemia afectará a la pobreza global en general, las mujeres sufrirán el impacto de manera desproporcionada, especialmente aquellas en edad reproductiva: para 2021, por cada 100 hombres de 25 a 34 años que vivan en pobreza extrema (con 1,90 dólares al día o menos) habrá 118 mujeres, una brecha que podría aumentar a 121 mujeres por cada 100 hombres para 2030.

El informe explica que, en general, la pandemia arrastrará a 96 millones de personas a la pobreza extrema para 2021, entre ellas 47 millones de mujeres y niñas. De este modo, el número total de mujeres y niñas que viven en la pobreza extrema aumentará a 435 millones, y las proyecciones muestran que este número no volverá a los niveles anteriores a la pandemia por lo menos hasta 2030.

ONU Mujeres y el PNUD resaltan que la pandemia plantea una grave amenaza a las perspectivas de erradicar la pobreza extrema para fines de esta década, y que la realidad podría ser aún más desalentadora, ya que estas proyecciones de aumento de las tasas de pobreza para mujeres y niñas solo tienen en cuenta la revisión a la baja del producto interno bruto (PIB), excluyendo otros factores, como que las mujeres abandonen la fuerza laboral debido a responsabilidades de cuidado infantil.

Las consecuencias de la pandemia cambiarán los pronósticos de pobreza extrema en todas las regiones. Dado que el 59% de las mujeres pobres del mundo viven actualmente en el África subsahariana, la región seguirá albergando el mayor número de personas en situación de pobreza extrema del mundo.

Si bien estas cifras son alarmantes, el estudio estima que solo se necesitaría el 0,14% del PIB mundial (2 billones de dólares ) para sacar al mundo de la pobreza extrema para 2030; y 48.000 millones de dólares para cerrar la brecha de pobreza de género. Sin embargo, el número real podría terminar siendo mucho más alta, especialmente si los gobiernos no actúan, o lo hacen demasiado tarde.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para junio de 2020, se estima que el 72 por ciento de los trabajadores domésticos en todo el mundo habían perdido sus trabajos como resultado del COVID-19. Tanto las mujeres como los hombres asumen más tareas domésticas y cuidan a los niños y miembros de la familia durante los encierros, pero la mayor parte del trabajo aún recae sobre los hombros de las mujeres y las niñas.

El informe recalca que no es imposible evitar retroceder en el progreso hacia la igualdad de género y hace algunas recomendaciones:

Por primera vez en la historia de la OIT, todos sus Estados Miembros han ratificado una convención internacional del trabajo.

El citado Convenio es el que ha logrado la ratificación más rápida en la historia de la Organización, desde su aprobación en la Conferencia Internacional del Trabajo que tuvo lugar hace 21 años.

“La ratificación universal del Convenio 182 constituye un hito histórico y permitirá que todos los niños gocen a partir de ahora de protección jurídica frente a las peores formas de trabajo infantil”, afirmó Guy Ryder, Director General de la OIT. “Ello pone de manifiesto un compromiso a escala mundial para erradicar de nuestra sociedad las peores formas de trabajo infantil, incluidas la esclavitud, la explotación sexual y la utilización de niños en conflictos armados u otros trabajos ilícitos o peligrosos susceptibles de menoscabar la salud, la moral o el bienestar psicológico de los niños”.

La OIT estima que hay 152 millones de niños que realizan trabajo infantil , 73 millones de los cuales llevan a cabo trabajos peligrosos. El 70% de todo el trabajo infantil tiene lugar en el sector agrícola y obedece principalmente a situaciones de pobreza y a las dificultades de los padres para encontrar un empleo decente.

En virtud del Convenio núm. 182 se establece la prohibición y la erradicación de las peores formas de trabajo infantil, incluidas la esclavitud, el trabajo forzoso y la trata de niños. Se prohíbe la utilización de niños en conflictos armados, la prostitución, la pornografía y actividades ilícitas como el tráfico de drogas, así como en trabajos peligrosos.

La incidencia del trabajo infantil, incluidas sus peores formas, disminuyó en casi un 40% de 2000 a 2016, a raíz del aumento del índice de ratificación de los Convenios núm. 182 y 138 (sobre la edad mínima para trabajar) y la adaptación de legislaciones y políticas eficaces en los países.

No obstante, el ritmo de los avances ha sido cada vez menor en los últimos años, en particular en relación con el grupo de menor edad (de 5 a 11 años) y determinadas zonas geográficas. Como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, existe un riesgo real de que se produzca un retroceso con respecto a los avances logrados hasta ahora, y de que el trabajo infantil aumente por primera vez en veinte años, a menos que se adopten medidas adecuadas.

En el marco de la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible , adoptada por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2015, se aboga por “poner fin a todas las formas de trabajo infantil para 2025”. El partenariado global, la Alianza 8.7 , de la que la OIT presta servicios de secretaría, reúne a más de 250 asociados y 21 países pioneros para coordinar, innovar y acelerar los progresos encaminados a poner fin al trabajo infantil, el trabajo forzoso, la trata de personas y la esclavitud moderna. La ratificación universal del Convenio núm. 182 pone de manifiesto la voluntad de todos los Estados Miembros de la OIT de erradicar el trabajo infantil, incluidas todas sus formas, en todos los lugares.

Ese objetivo histórico se ha alcanzado pocos meses antes de que comience el Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil en 2021 , cuya celebración liderará la OIT en colaboración con sus asociados. Su objetivo es aumentar la concienciación sobre el problema y contribuir a lograr avances para subsanarlo.

La región de América Latina y el Caribe deberá controlar la transmisión del coronavirus antes de pensar en reactivar la economía, advierte un informe inter agencial de la ONU dado a conocer este jueves, que insiste en la necesidad de fortalecer los sistemas de sanitarios para lograr una reconstrucción económica sana.

“No hay apertura económica posible sin que la curva de contagios haya sido controlada, y no hay reactivación posible sin un plan claro para evitar el repunte de los contagios”, afirman la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el estudio conjunto.

La secretaria ejecutiva de la CEPAL, explicó en una conferencia de prensa para presentar el informe, que el coronavirus puso de manifiesto la relación estructural que existe entre la economía y la salud, evidenciando las debilidades de los sistemas sanitarios de la región, que están fragmentados y segmentados.

La salud es ante todo un derecho humano que debe ser garantizado por los Estados, es la base de una economía sana.

“La salud es parte del capital humano, afecta directamente la productividad y el desempeño económico y social de las personas. El sector salud es un área económica que tiene una gran cantidad de trabajadores y una gran cantidad de encadenamientos productivos. Es un generador de empleos y de inversiones de gran peso para generar crecimiento”.

Para reforzar esta aseveración, la titular de la CEPAL alertó del riesgo de que América Latina caiga en un círculo vicioso si no se fortalecen los sistemas de salud, señalando que la crisis sanitaria puede convertirse en una crisis alimentaria lo que, a su vez, haría más vulnerable la salud y colapsaría los servicios médicos.

Romper este ciclo implica controlar la pandemia con medidas que incluyen el confinamiento y el distanciamiento físico, pero la población, sobre todo la más pobre, sólo podrá resistir esta disminución de la actividad económica si recibe ayudas de su gobierno.

La CEPAL y la OPS han identificado a las personas mayores, los trabajadores informales, las mujeres, los pueblos indígenas y afrodescendientes, las personas con discapacidades y los migrantes como los grupos más vulnerables en esta pandemia, por lo que llamaron a extenderles asistencia y protección social mediante un ingreso básico y un bono contra el hambre.

El caso de México

Al responder una pregunta sobre la situación de México, Alicia Bárcena destacó que el país ha reconocido que el sistema de salud estaba desfinanciado y con muchos déficits cuando lo recibió el actual gobierno a fines de 2018.

Este reconocimiento, continuó, “ha logrado ampliar las nuevas contrataciones, añadiendo casi 40.000 personas a la plantilla de trabajadores del sector salud”..

Mencionó también el aumento de las capacidades del Instituto Mexicano del Seguro Social y de otras dependencias sanitarias públicas, además de que se ha conseguido la participación diligente de los hospitales privados y de las fuerzas armadas en los esfuerzos contra la pandemia.

Indicó, además, que casi 21 millones de personas reciben transferencias del gobierno federal, once millones de los cuales son mujeres y ocho millones adultos mayores. Esto al margen de las pensiones para personas con discapacidades y otros grupos vulnerables.

“Creo que el objetivo que se propuso el gobierno de México es, primero, evitar el colapso del sistema sanitario y lo han apuntalado con la reconversión de hospitales, la contratación de más trabajadores de la salud, y segundo, apuntalar el ingreso, algo sumamente importante”, puntualizó Bárcena.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) advirtió que el hambre y la inseguridad alimentaria van en aumento en América Latina, creando un ambiente propicio para los conflictos y la emigración de su población más vulnerable a menos que se tomen provisiones urgentes.

Los países latinoamericanos tienen problemas de larga data como la falta de seguridad alimentaria ya existente en ciertas regiones, la fragilidad de las economías, la desigualdad profunda y la implacable temporada de huracanes que cada año azota a varias naciones.

A estos flagelos se ha sumado la llegada del coronavirus, que se ha propagado convirtiendo a la región en la más impactada del mundo hasta el momento por el COVID-19, con más de una cuarta parte de los casos registrados a nivel mundial.

“La pandemia de COVID-19 ha sido devastadora en América Latina, donde ya se concentraban las nubes de una tormenta económica. Las familias pasan dificultades para comprar productos básicos como comida y medicinas mientras que sus medios de vida se destruyen y el desempleo afecta ya a 44 millones de personas. Es una combinación fatal”, dijo el director ejecutivo del PMA.

El PMA apoya a la región con diversas estrategias de distribución de alimentos, pero necesita con urgencia 328 millones de dólares en fondos para continuar sus operaciones de alivio a la población.

La agencia estimó que América latina y el Caribe verán un aumento del 269% en el número de personas en situación de inseguridad alimentaria grave durante los próximos meses, es decir, que 16 millones de personas en la región no tendrán la certeza de comer al día siguiente. En 2019, esa cantidad llegaba a 4,3 millones.

Para asistir a los países de la región, el PMA está suministrando los almuerzos que solía repartir en las escuelas para que los niños se los lleven a sus casas y distribuye cupones para comprar comida en las tiendas locales.

Se necesitan medidas urgentes para evitar que la salud y la nutrición de los niños más vulnerables en México se deteriore, advirtieron el Instituto Nacional de Salud Pública y tres agencias de las Naciones Unidas.

Las organizaciones expresaron grave preocupación ya que México es un país que por décadas ha enfrentado grandes desigualdades, y atraviesa la crisis del coronavirus con el 55,5% de los hogares del país presentando algún grado de inseguridad alimentaria, es decir, con una incapacidad para satisfacer sus necesidades mínimas de comida durante largos periodos.

Según un documento publicado por las agencias entre las que se encuentra el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Organización Panamericana de la Salud, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, se estima que la crisis económica por la pérdida de empleo y reducción de ingresos, intensificará aún más la vulnerabilidad de los hogares, especialmente de la población que ya vivía en situación de pobreza o carencia alimentaria, por lo que ésta debe recibir atención prioritaria.

Los expertos temen que los sistemas alimentarios puedan verse afectados a mediano y largo plazo, y resaltaron la importancia de mantener viva la cadena de suministros, tomando medidas que eviten aumentos en los precios de los alimentos.

Actualmente México carece de un programa nacional consolidado y con recursos para mitigar el impacto económico que la pandemia de COVID-19 tendrá en el estado de nutrición y salud desde los primeros años de vida de un niño o niña, advirtieron.

La buena nutrición es una parte esencial de la defensa contra el COVID-19, ya que las personas desnutridas tienen sistemas inmunes más débiles que aumentan su riesgo de enfermedad en general. Al mismo tiempo, la obesidad y la diabetes están fuertemente relacionadas con las manifestaciones más severas de esta enfermedad en particular, incluido un mayor riesgo de hospitalización y muerte.

Las agencias resaltaron que a medida que se adoptan estrategias para frenar la propagación del COVID-19, se debe asegurar que haya suficientes alimentos nutritivos y que sean distribuidos de manera justa, para cubrir las necesidades básicas de alimentación de toda la población, especialmente los más vulnerables. Para ello, se debe garantizar la continuidad y adaptación de los sistemas alimentarios que corren el riesgo de interrumpirse por diversos factores asociados a la pandemia.

Los expertos pidieron en un documento la participación y contribución de todos los sectores de la sociedad, liderados por el gobierno federal, con la participación de organismos internacionales y de la sociedad civil, profesionales de la salud, medios de comunicación y sociedad en general para implementar medidas urgentes que permitan mitigar el impacto duradero de la pandemia.

El poder adquisitivo del ingreso laboral real per cápita tuvo un aumento de 7.6% entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020, al pasar de $1,774.35 a $1,909.49. De manera trimestral se observa un aumento de 4.9% entre el cuarto trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020. Este es el ingreso más alto reportado desde el cuarto trimestre de 2007, cuando se ubicó en $1,911.17 pesos, lo que ubica al ingreso en niveles similares mostrados previo a la crisis económica anterior.

La estabilización en el nivel de precios favorece el poder adquisitivo del ingreso laboral. En este sentido, durante el primer trimestre del 2020, se observó una disminución del Índice de Precios al Consumidor (INPC), respecto a los registrados en el mismo periodo del año anterior, la inflación anual se ubicó en 3.4%, menor a lo reportado en el mismo periodo del año anterior cuando se ubicó en 4.1%.

El aumento del ingreso laboral promedio, entre el primer trimestre de 2019 y el primer trimestre de 2020, se observó principalmente en la población con menor ingreso laboral (primer quintil de ingresos), al aumentar 12.3% en este periodo. El aumento porcentual en el ingreso laboral promedio de los quintiles restantes es aproximadamente de 8.0%. El aumento de 12.3% en el primer quintil de ingresos representa $17.02 pesos más en promedio y de $360.97 pesos más en promedio en el último quintil de ingresos, lo que representa un crecimiento de 8.0%.

Las líneas de pobreza extrema por ingresos (valor de la canasta alimentaria) aumentaron anualmente 4.1% en zonas urbanas y 4.3% en zonas rurales, mayores a la inflación anual de 3.4% y menores a las observadas en el mismo periodo del año anterior. De forma trimestral, se observa que el valor de la línea de pobreza extrema por ingresos urbana presentó un aumento de 2.9%, mientras que para el ámbito rural fue de 3.5%. Este comportamiento en el nivel de precios puede deberse en parte a la disminución del precio de los energéticos, principalmente el del petróleo y las tarifas autorizadas por el gobierno, rubros en los que se presentaron las disminuciones más significativas en este periodo.

El porcentaje de la población con un ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria disminuyó al pasar de 38.7% en el primer trimestre de 2019 a 35.7% en el primer trimestre de 2020. Entre los factores que explican este incremento se encuentra el aumento anual de 7.6% en el ingreso laboral real, así como un incremento en la masa salarial.

Los resultados del ITLP del primer trimestre de 2020 presentan el panorama general del mercado laboral previo a los efectos de la declaratoria de emergencia emitida por el Gobierno Federal. Sin embargo, apoyan a identificar a los grupos vulnerables dentro del mercado laboral en los que recaerán los efectos de dicha declaratoria.

En los últimos 5 años, desde 2014, el porcentaje de la población con ingreso insuficiente para adquirir la canasta alimentaria había disminuido. En 2014, 42.3% de la población contaba con ingreso laboral insuficiente para adquirir la canasta alimentaria, mientras que en el primer trimestre de 2020 esta cifra es de 35.7%. De 2014 a 2020, trimestralmente, el valor mínimo tanto del porcentaje como el nivel máximo del ingreso laboral per cápita se presentó en el primer trimestre de 2020. Sin embargo, en este trimestre, aproximadamente 1 de cada 2 trabajadores eran informales. Esto resulta relevante, dado que los ocupados en la informalidad se encuentran más vulnerables ante la contingencia sanitaria y la desaceleración económica, ya que no cuentan con seguridad social y sus ingresos son menores.

En promedio, los ingresos laborales de los trabajadores formales son del doble de los trabajadores informales, $9,163.87 y $4,507.14, respectivamente. Estos ingresos pueden verse disminuidos, derivado de la contingencia.

Entre el cuarto trimestre 2019 y el primer trimestre 2020, disminuyó la población ocupada en 407.4 mil personas. Respecto a los trabajadores informales según actividad económica, se observa una
disminución especialmente en la agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca con 320.1 mil trabajadores menos, así como en transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento con 51.5 mil trabajadores menos. Por otro lado, entre los trabajadores formales, hubo una caída en el comercio y la industria manufacturera, con 138.9 mil y 68.4 mil trabajadores menos, respectivamente.

Fuente: CONEVAL 19 de mayo de 2020

México será uno de los tres países de América Latina y el Caribe que registrará un mayor aumento en sus niveles de pobreza y desigualdad este año, pronunciado por las medidas para limitar el contagio del Covid-19 y la caída del flujo de remesas, estimó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La caída que tendrá el PIB podría ser proporcional al aumento de la pobreza en la población, admitió.

Argentina será el líder en el aumento de la pobreza en la región con un incremento de 6.9 puntos porcentuales en la proporción de habitantes en esta condición, que era 26% todavía en 2019; seguido por México, a quien estima un aumento de 5.9 puntos sobre el 41% de los habitantes que el año pasado vivían en niveles de pobreza; y Brasil, a quien anticipa un incremento de 4.9 puntos respecto del 19.4% de la población local que en 2019 vivía en condiciones de pobreza.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) presentó el lunes estimaciones más pronunciadas sobre el impacto que tendrá este año la pobreza en México, refirió. Pero la dimensión de “pobreza de ingreso” que tiene el Consejo son congruentes con la métrica de la Comisión, observó la Secretaria Ejecutiva de la Comisión, Alicia Bárcena.

Durante la presentación del tercer informe sobre el coronavirus, dedicado al Desafío social en tiempos del Covid -19, la funcionaria mexicana destacó que la caída que tendrá el PIB mexicano este año, estimada por ellos en 6.5% “sí podría ser proporcional al aumento de la pobreza”.

“Sin duda habrá un incremento muy importante en la pobreza (en México) al tomar en cuenta la caída del PIB que nosotros estimamos en 6.5 por ciento. Pero este incremento de la pobreza que estamos previendo estará explicado también por otros factores como la caída en el flujo de remesas” aseveró.

La Cepal estimó que podría tomar a México 13 años para regresar a niveles de pobreza previos al Covid-19.

“Esta es una crisis que afecta la parte social. Esto no fue un terremoto donde se cayeron los edificios que implica una pérdida de infraestructura física. Aquí, lo que se esta perdiendo es el capital humano, salud e ingresos” dijo Alicia Bárcena, titular de la Cepal.

Se requerirá un ingreso percápita de 5%, “cosa que va a ser prácticamente imposible”, y una redistribución o avance del Índice de Gini de 1.5%, “estamos hablando que estamos en un largo camino por recorrer”.

México enfrenta esta contingencia en condiciones de vulnerabilidad debido, entre otros elementos, a altas prevalencias de diabetes y enfermedades cardiovasculares; precariedad laboral y estancamiento económico; carencias en el acceso al agua y hacinamiento, y brechas en el cumplimiento de los derechos sociales: salud, alimentación, educación, seguridad social y vivienda.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) elaboró el documento La política social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID19) en México para contribuir con los esfuerzos del Estado mexicano para enfrentar esta coyuntura, aportando elementos para la discusión pública y la toma de decisiones, especialmente en materia de desarrollo social.

La conclusión general del documento es que esta crisis puede revertir los avances de México en materia de desarrollo social y que afectará en mayor proporción a los grupos más vulnerables. Ante este desafío, es necesario ampliar y fortalecer las medidas emergentes de respuesta desplegadas a partir de los programas prioritarios, mejorar la capacidad operativa de éstos, asegurar que beneficien prioritariamente a la población en situación de pobreza y de vulnerabilidad, así como considerar medidas adicionales de atención a quienes pierdan su fuente de ingreso, como resultado de la contingencia, y a los sectores urbanos más expuestos a afectaciones.

El Consejo estimó los efectos potenciales que la actual coyuntura sanitaria podría generar en los niveles de pobreza por ingresos y en la pobreza laboral. La pobreza por ingresos se podría incrementar entre 7.2 y 7.9 puntos porcentuales, teniendo un incremento de la población en situación de pobreza extrema por ingresos entre 6.1 y 10.7 millones de personas para 2020, mientras que para la pobreza laboral se estima un aumento de 37.3% a 45.8% en el segundo trimestre del 2020.

Es necesario considerar que hay sectores de la población que afrontan esta pandemia con mayores desventajas, por ejemplo: las mujeres, los trabajadores tanto del sector formal como del informal, las personas desempleadas y las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME), los jornaleros agrícolas, y niñas y niños, cuyo aprendizaje se ve afectado por falta de acceso a las nuevas tecnologías.

La crisis podría provocar que la población que en 2018 no era pobre ni vulnerable, tenga afectaciones que los lleven a encontrarse en condiciones de pobreza o vulnerabilidad

El documento analiza la incidencia que podrían tener los 19 programas sociales prioritarios para apoyar a los sectores más afectados por la pandemia; ocho programas sociales son identificados como directamente relevantes para atender la pobreza; en el corto plazo, la operación de estos programas puede ser de utilidad para atender la reducción en el ingreso de la población.