En 2018, 20.4% de la población mexicana presentaba carencia por Acceso a la alimentación; la población hablante de una lengua indígena fue el grupo con mayor prevalencia, de acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza 2018.
En el Día Mundial de la Alimentación, el CONEVAL señala la necesidad de garantizar que mexicanas y mexicanos tengan acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, una tarea pendiente que se vuelve apremiante en esta emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19. Para ello, es imprescindible que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 cuente con alternativas que mitiguen los efectos de la pandemia, específicamente, en el derecho a la alimentación.
Carencia por acceso a la alimentación previo a la contingencia por la COVID-19
De acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza que realiza el CONEVAL cada dos años, el porcentaje de la población nacional con carencia por acceso a la alimentación pasó de 21.7% a 20.4% entre 2008 y 2018, lo que representa en términos de la población total de 24.3 a 25.5 millones de personas. La población hablante de una lengua indígena fue el grupo de población con un mayor porcentaje de esta carencia. Entre 2008 y 2018, pasó de 42.3% a 33.7%.
El CONEVAL realizó el documento Consideraciones para el proceso presupuestario 2021, en el cual se detalla que para la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se deben contemplar los derechos sociales como elemento central del quehacer gubernamental. Por ello, identificó qué programas contribuyen al acceso efectivo a los derechos sociales y visibilizó su nivel de relevancia.
En este análisis, el CONEVAL identificó 30 programas relevantes para la atención del derecho a la alimentación nutritiva y de calidad: 13 con fuerte contribución, 9 con mediana y 8 que contribuyen ligeramente. Esto quiere decir que de los 149 programas sociales que operan en 2020, poco más de 20% contribuyen al acceso efectivo de este derecho.
El CONEVAL define en el documento Consideraciones para el proceso presupuestario 2021, las siguientes medidas para su atención:
Consolidar la política nacional en torno al derecho a la alimentación, ya que actualmente esta se encuentra fragmentada en diversas estrategias e iniciativas desarrolladas de manera independiente una de otra y poco vinculadas entre sí.
Garantizar que todas las personas tengan acceso a una alimentación nutritiva y de calidad es una tarea pendiente, y que se vuelve más apremiante considerando que actualmente se enfrenta la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19. En este sentido, es pertinente considerar nuevas necesidades, debido a que las medidas de distanciamiento para evitar la propagación de la enfermedad podrían ocasionar alteraciones en las cadenas de producción y distribución, lo que afectaría, además, el comportamiento de los precios del mercado.
Se debe garantizar la operación del Programa Abasto Rural (Diconsa), que distribuye 23 productos contenidos en la canasta básica en localidades de alta o muy alta marginación y el Programa de Abasto Social de Leche (Liconsa), esto con las medidas sanitarias adecuadas.
Fortalecer el Programa de Precios de Garantía que compra maíz y frijol a productores locales y pequeños, mismo que se vende en las tiendas Diconsa, lo cual ayudaría a que los productores mantengan su ingreso y aseguraría que las tiendas Diconsa cuenten con el abasto suficiente de estos productos para venderlos a precios accesibles.
Es deseable que los programas que brindan servicios de alimentación en las escuelas, como el programa Escuela de Tiempo Completo (SEP) y el Programa de Apoyo a la Educación Indígena (INPI) otorguen despensas a las familias beneficiadas mientras las escuelas se encuentran cerradas.
Disminuir la alta prevalencia de anemia que persisten en ciertos grupos específicos, como es el caso de los adultos mayores, mujeres en edad fértil y embarazadas.
Desincentivar el consumo de productos ultra-procesados con alto contenido de azúcar, sal y grasas para combatir la obesidad y otros padecimientos asociados.
Para profundizar en el tema del derecho a la alimentación, el CONEVAL ha realizado diversos
documentos que permiten conocer el estado actual y los retos de este derecho en México, entre los que destacan reducir las diferentes manifestaciones de desnutrición y anemia; disminuir la prevalencia de sobrepeso y obesidad en toda la población con atención especial en la población infantil; garantizar el acceso a una alimentación adecuada, principalmente en la población de menores ingresos y comunidades rurales; y mejorar la oferta, distribución y sanidad de alimentos.
