Los gobiernos han respondido a la pandemia de COVID-19 , incluidos sus efectos sociales y económicos, con un conjunto de planes ad hoc, en particular, bajas profesionales remuneradas, transferencias de dinero y apoyo familiar. Si bien son dignas de elogio, esas medidas poseen dos limitaciones principales.

En primer lugar, muchas son soluciones temporales a corto plazo, que abarcan confinamientos o períodos de cierre de duración determinada hasta que se produzca la recuperación económica. No contribuyen a modificar las circunstancias subyacentes que dejaron a millones de personas en situación de vulnerabilidad, ni a mejorar su situación para afrontar crisis futuras.

En segundo lugar, dichas medidas no abordan los riesgos vitales a los que deben hacer frente la mayoría de las comunidades más afectadas del mundo. Pese a que las medidas gubernamentales adoptadas en todo el mundo para hacer frente a la COVID-19 han costado más de 11 billones de dólares, la inmensa mayoría se han aplicado en países ricos. Por ejemplo, la Unión Europea aprobó recientemente un plan de recuperación de 750.000 millones de euros (878.780 millones de dólares) (equivalente al 6% de su producto interno bruto, PIB), y Japón implantó un plan de recuperación económica equivalente al 22% de su PIB (1,1 billones de dólares). Sin embargo, en los países en desarrollo de bajos ingresos las medidas de respuesta fiscal han representado, en promedio, el 1,2% del PIB.

Los países en desarrollo, en particular los de bajos ingresos, poseen recursos internos limitados, limitación que se ve acentuada por la caída del precio de determinados productos básicos de exportación. No tienen la capacidad necesaria para aplicar las medidas necesarias para afrontar la crisis que precisa su población, y mucho menos para implantar los sistemas de protección social a largo plazo que permitirían fomentar su resiliencia.

Antes de la pandemia de la COVID-19, el 69% de la población mundial no gozaba de cobertura de seguridad social, ya fuera de forma íntegra o parcial. Casi dos terceras partes de los niños en todo el mundo no tenían cobertura de protección social, únicamente el 22% de las personas desempleadas recibían prestaciones económicas por desempleo y solo el 28% de las personas con discapacidad grave percibían prestaciones económicas por discapacidad.

Los niveles mínimos de protección social para todos son viables económicamente. A lo largo del año en curso, el déficit de financiación de todos los países en desarrollo, a saber, la diferencia entre lo que dichos países invierten en sistemas de protección social y el costo que tendría la implantación de un nivel básico de protección social íntegro (incluidas sus prestaciones sanitarias), equivale a unos 1,19 billones de dólares, incluídos los efectos de la COVID-19. Pero dicho déficit es sólo de unos 78.000 millones de dólares en el caso de los países de bajos ingresos, cantidad desdeñable con respecto al PIB de los países industrializados. Sin embargo, el valor económico total de los programas oficiales de asistencia al desarrollo destinada a protección social se eleva únicamente al 0,0047% del ingreso nacional bruto de los países donantes.

Los países deben destinar la mayor cantidad posible de recursos disponibles a facilitar el establecimiento de sistemas de protección social para todos. Ello puede conllevar la adopción de enfoques más eficaces en materia de fiscalidad y de lucha contra la corrupción. A largo plazo, esa redistribución de activos contribuirá a disminuir la desigualdad y la discriminación, así como a facilitar el cumplimiento del objetivo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de “no dejar a nadie atrás”.