La pandemia del coronavirus ha evidenciado las deficiencias de los sistemas de protección social en América Latina y el Caribe, advirtió la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señaló la necesidad de mejorar su cobertura, suficiencia y sostenibilidad para contribuir a mitigar el aumento de la pobreza y las desigualdades.

Las cifras de la Organización así lo demuestran. Antes del inicio de la pandemia solo el 56% de los habitantes de la región estaban cubiertos por algún tipo de protección social y los sistemas contributivos, que dependen de las cotizaciones de los trabajadores y empleadores, únicamente incluían al 46% de los ocupados.

“La gran mayoría de la población ocupada no contaba con seguros de desempleo ni con otras maneras de compensar ingresos, en especial quienes estaban en la informalidad”, destaca el estudio. “Una lección aprendida de esta pandemia es que la falta de protección social nos hace más vulnerables”.

El documento plantea la necesidad de avanzar hacia “sistemas integrales de protección que tengan como base un piso de bienestar social con garantías para el acceso universal a la salud y la seguridad económica a lo largo del ciclo vital”.

El estudio de la agencia de la onu estima que la crisis causada por la COVID-19 causó un descenso del 7,9% en el número de personas registradas que cotizaron en los sistemas contributivos de protección social, un registro que representa un retroceso de casi una década.

Igualmente, indica que las estrategias más comunes para la protección de empleos e ingresos fueron la entrega de alimentos y la atención nutricional junto a políticas orientadas a la salud.

Los hogares con menores que dependen de los ingresos de los trabajadores en el segmento informal de la economía vieron como aumentó su vulnerabilidad y la exposición a los riesgos asociados al trabajo infantil.

El informe alerta también sobre la seguridad económica de las personas de mayor edad en América Latina y el Caribe ya que, según los datos más recientes, el 30% de los mayores de 65 años no reciben ningún tipo de ingreso laboral ni tampoco una pensión.

Entre esta franja poblacional, solo el 47,2% de personas recibe una pensión o jubilación, el 7% opta tanto a una pensión como a ingresos laborales, y el 14,9% solamente se beneficia de ingresos laborales.

Entre los futuros desafíos a los que se enfrenta la protección social el estudio destaca la necesidad de: