En América Latina y el Caribe vive el 8,4% de la población mundial; sin embargo, es una región que acumula la quinta parte de los casos de COVID-19 y el 30% de las muertes por esa enfermedad (1,5 millones), además de que su economía ha sido la más afectada por la pandemia, con una contracción del 6,8% de su Producto Interno Bruto en 2020.

Estos datos hacen evidente la necesidad de construir una agenda de salud pública integral “que reconozca la interdependencia entre las dimensiones sanitaria, social, económica y ambiental”, subraya un informe conjunto de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

El estudio La prolongación de la crisis sanitaria y su impacto en la salud, la economía y el desarrollo social insta a los gobiernos de la región a acelerar los procesos de vacunación, transformar los sistemas de salud, fortalecer la inversión pública y consolidar Estados de bienestar para controlar la crisis sanitaria en el corto plazo y avanzar hacia una recuperación con igualdad y sostenibilidad ambiental, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

La prioridad sigue siendo controlar la crisis sanitaria desde un enfoque integral y mediante la aceleración de los procesos de vacunación de la población, apuntan los organismos.

La pandemia de COVID-19 hizo evidentes las limitaciones de los países del bloque para el abastecimiento de vacunas y medicamentos, y probó las debilidades de los sistemas de salud, la desigualdad frente al acceso a atención primaria universal y la carencia de una planificación anticipatoria.

Además, la falta crónica de financiamiento a la investigación y el desarrollo tecnológico y las débiles políticas industriales impidieron desarrollar las capacidades existentes para producir vacunas oportunamente y construir un mercado de escala de medicamentos.

La OPS y la CEPAL indicaron que la lentitud y desigualdad de la vacunación en la región, así como las dificultades de los países para mantener medidas sociales y de salud pública en los niveles adecuados, son consecuencia directa de la debilidad estructural de los sistemas sanitarios para encarar la pandemia y la prolongación de la crisis.

El informe da cuenta también de la falta de acceso a los servicios de salud que ha padecido gran parte de la población debido a la saturación de los sistemas sanitarios por la pandemia. Según datos oficiales, en 2021 un 35% de los países habría registrado algún tipo de interrupción en la provisión de servicios integrados de salud, lo que llegó a un 55% en el caso de los países que declararon interrupciones en servicios prestados en el primer nivel de atención.

Frente a este escenario, es imperativo entender la salud como parte de la economía y trabajar en la construcción de sistemas sanitarios “universales, solidarios y resilientes”, lo que requiere inversiones públicas y privadas.