A medida que se intensifica el impacto de la pandemia de COVID-19 en la vida de los consumidores, también se intensifica la necesidad de cooperación internacional para protegerlos.

Los consumidores se han enfrentado a una escasez de bienes y servicios esenciales, acaparamiento, nuevas formas de publicidad engañosa y otras prácticas comerciales engañosas que buscan ventajas indebidas en estos tiempos difíciles, todo en un entorno digital omnipresente.

La salud, la seguridad y los intereses económicos de los consumidores corren cada vez más peligro. Las partes interesadas se centraron en la mejor manera de protegerlos.

El Mapa mundial de protección del consumidor de la UNCTAD muestra que el 60% de los países que proporcionaron datos no tienen experiencia en cooperación transfronteriza. Cuando sucede, es principalmente entre países desarrollados.

Una investigación reciente de la UNCTAD identifica algunos de los obstáculos que se interponen en el camino: la falta de leyes y jurisdicción aplicables para las relaciones con los consumidores, la falta de poderes legales por parte de las agencias de protección al consumidor y las barreras del idioma.

Además, hay muy pocos marcos regionales que aborden específicamente la cooperación transfronteriza, especialmente para los países en desarrollo.

Hoy en día, tres cuestiones fundamentales son el núcleo de la cooperación internacional en la protección del consumidor: el comercio electrónico, la seguridad de los productos y el consumo sostenible.

Una encuesta de la UNCTAD a consumidores en nueve países, realizada en octubre de 2020, encontró que alrededor del 50% de ellos compraron más en línea después de que estalló el COVID-19, con un aumento similar en sus otras actividades digitales.

Los estados miembros de la UNCTAD adoptaron recientemente una recomendación que insta a los países a “concienciar a los consumidores sobre los riesgos para su seguridad física que plantean los productos inseguros, especialmente al realizar transacciones transfronterizas en línea”.

En los últimos años, el consumo sostenible, clave para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU , ha cobrado relevancia en los debates internacionales y la creación de consenso para la formulación de políticas.

La protección del consumidor se entiende cada vez más como algo más amplio que la protección de los “derechos de los compradores” y se considera fundamental para la formulación de políticas en general.