El cambio climático es uno de los mayores desafíos que enfrenta el planeta actualmente. Las variaciones de temperaturas, sequías, el derretimiento de los glaciares y las inundaciones son cada vez más persistentes. En este contexto, uno de los efectos más preocupantes del calentamiento global es el acceso al agua, pues alterará los recursos hidrológicos y hará más impredecible la disponibilidad de este recurso.

La mayoría de los países ejerce una presión sin precedentes sobre los recursos hídricos. La población mundial crece con rapidez y las estimaciones muestran que, con las prácticas actuales, para 2030 la diferencia entre la demanda prevista y el suministro de agua disponible en el mundo será del 40%.

En los últimos años, América Latina y el Caribe, a pesar de contar con casi un tercio de los recursos hídricos del planeta, muestran cada vez más señales de estrés hídrico. Esto se traduce en que la oferta de agua no es suficiente para satisfacer las necesidades de la población, la agricultura, las industrias y los ecosistemas. Es causado principalmente por la sequía, pero también por la sobreexplotación de los acuíferos, la contaminación del agua y el aumento general e indiscriminado de la demanda, generando consecuencias negativas como la escasez de alimentos, la migración de poblaciones y la pérdida de biodiversidad.

En América Latina y el Caribe hay 173 millones de hectáreas cultivadas, lo que representa un 14% de la producción agrícola en el mundo. En contraste, alrededor de 150 millones de personas viven en áreas con gran escasez de agua, según cifras del Banco Mundial.

El desarrollo de la región se ha visto impulsado inadvertidamente por el agua. En su informe “El agua importa: crecimiento resiliente, inclusivo y verde por medio de la seguridad hídrica en América Latina”, el Banco Mundial plantea los lineamientos de priorización del recurso como un tema político, económico y social, dándole el peso merecido para su conservación.

Según el informe, la gestión del agua se define como los procesos que se realizan para preservar y maximizar su uso adecuado. Esto será posible mediante políticas, instituciones y proyectos sólidos encargados de esta labor, mejorando la autonomía tecnológica, la rendición de cuentas y la transparencia en la administración. Un ejemplo ha sido la inversión en nuevas tecnologías de tratamiento de aguas residuales que puedan extraer el metano de la materia orgánica para producir energía eléctrica, como se practica en países de la región como México y Perú.

Entender el agua como un recurso estratégico, finito y con la necesidad de una gestión con buena infraestructura y consciente del entorno, ayudará a los Gobiernos de América Latina y el Caribe a fortalecer las políticas y colaborar con diferentes sectores para incorporar el problema del estrés hídrico a la participación ciudadana, concientizando de la necesidad de ejercer prácticas sostenibles para un recurso primordial para la calidad de las personas y, por lo tanto, para su desarrollo social y económico.