La ficha informativa titulada Su educación, nuestro futuro, demuestra que un mayor compromiso por parte de los países en lo relativo a la educación de las niñas ha tenido una repercusión real. En 1995, el Marco de Acción de Beijing hizo un llamamiento a los países para que erradicaran la discriminación por cuestiones de género en la educación. Según la herramienta interactiva de la UNESCO, Su Atlas, que explora los derechos educativos de las niñas y las mujeres en todo el mundo, 105 países prohíben hoy en día esta discriminación en su Constitución.

Detrás de las cifras globales, sin embargo, persisten focos de exclusión tenaces. Los diez países con la tasa más alta de niñas sin escolarizar, excepto Afganistán, se encuentran todos en África. En ocho de entre de ellos, más de la mitad de las niñas en edad escolar permanecen sin escolarizar; en Afganistán, el 75% de las niñas no asisten a la escuela.

La escolarización tardía y la repetición siguen siendo un obstáculo importante en la trayectoria escolar de las jóvenes en África Subsahariana. Los hombres jóvenes pueden permitirse terminar tarde sus estudios, pero las mujeres jóvenes que no terminan a tiempo el segundo ciclo de educación secundaria se ven presionadas para casarse y tener hijos. En los últimos 20 años no se ha avanzado en la solución de este problema.

El género sigue siendo uno de los factores determinantes de la probabilidad de cursar estudios y carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. En el 87% de los sistemas educativos que participaron en la encuesta TIMSS 2019, los niños de octavo grado estaban más dispuestos a dedicarse a una profesión relacionada con las matemáticas que sus compañeras.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial están llamando a los responsables de políticas, partes interesadas y a las comunidades de toda América Latina y el Caribe a tomar medidas inmediatas para superar una de las mayores crisis educativas de la región en los últimos 100 años, para garantizar las perspectivas futuras de los jóvenes y el crecimiento sostenible.

En un nuevo informe conjunto, “El aprendizaje no puede esperar: Lecciones para América Latina y el Caribe a partir de PISA 2022”, las dos instituciones analizan cómo abordar esta crisis. Además, abogan por aumentar y hacer más eficientes las inversiones para acelerar los resultados del aprendizaje, cerrar las brechas socioeconómicas y tecnológicas en los sistemas educativos, y asegurar que los jóvenes estén adecuadamente preparados para los trabajos de hoy y de mañana.

Los resultados de PISA 2022, el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes de la OCDE, demostraron la profundidad de la crisis de aprendizaje para los adolescentes en la región. La evaluación, que tuvo una participación récord de los países de América Latina y el Caribe, mostró que tres de cada cuatro jóvenes de 15 años en la región no pueden demostrar habilidades matemáticas fundamentales, y uno de cada dos no puede hacerlo para la lectura. Las tendencias de aprendizaje no se están moviendo en la dirección correcta para la mayoría de los países.

Para revertir este escenario, el informe señala tres prioridades políticas urgentes para la región:

Este nuevo informe conjunto es parte de la colaboración en curso entre el BID y el Banco Mundial para cerrar la brecha digital en educación en América Latina y el Caribe, asegurando que los jóvenes tengan las habilidades necesarias para la economía del mañana. Las dos instituciones están coordinando acciones para maximizar el impacto de los programas ya aprobados, que representan inversiones de USD 512 millones, que beneficiarán a 3,5 millones de estudiantes en 16 países. Además, están explorando otras iniciativas para expandir significativamente la escala y movilizar más capital en los próximos años para apoyar esta agenda de educación digital.

El bajo desempeño educativo de los países de América Latina y el Caribe, que quedó una vez más en evidencia con los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos (PISA) 2022 de la OCDE, demanda respuestas decididas por parte de los países de la región para retomar los avances de las últimas décadas, revertir los daños y cicatrices dejados por la pandemia del COVID-19 y avanzar hacia un desarrollo más productivo, inclusivo, sostenible, democrático y con justicia social.

A pesar de los avances educativos de las últimas décadas en la región, antes de la pandemia ya se veían signos visibles de estancamiento, de acuerdo con los diagnósticos de dos estudios divulgados en 2022: el Panorama Social de América Latina y el Caribe 2022: la transformación de la educación como base para el desarrollo sostenible, de la CEPAL, y el Informe regional de monitoreo ODS4-Educación 2030, elaborado por UNESCO, UNICEF y CEPAL. Tras el COVID-19, existía un alto riesgo de una generación perdida que debía abordarse con urgencia, advertía el año pasado la Comisión.

PISA mide la capacidad de los estudiantes de 15 años (que cursan al menos el séptimo grado) de utilizar sus conocimientos y habilidades de lectura, matemáticas y ciencias para afrontar los retos de la vida real. Según se informó durante el evento, unos 690.000 estudiantes de 15 años en 81 países y economías participaron en PISA 2022, incluidos 14 países de América Latina y el Caribe: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay.

Desde su inicio en el año 2000, la participación de los países de la región se ha triplicado: pasó de 5 a 14. Pese al panorama heterogéneo de la región, PISA 2022 confirmó que América Latina y el Caribe sigue mostrando un bajo desempeño educativo a nivel internacional.

En la región, tres de cada cuatro estudiantes no alcanzan las competencias mínimas en matemáticas (en comparación con un 31% de la OCDE), 55% no cuenta con habilidades básicas de lectura y 57%, de ciencias. Todos los países de la región están mejor posicionados en lectura que en matemáticas y ciencias.

PISA 2022 registró una caída sin precedentes en el desempeño de la OCDE en matemáticas y lectura. En cambio, en la región la evolución de los países es mixta.

Se evidencia, por otra parte, una alta desigualdad en el rendimiento educativo que perjudica a los estudiantes en situación de mayor vulnerabilidad: en promedio, el 88% de los estudiantes más pobres de la región tienen bajo desempeño en matemáticas, comparado con el 55% entre los más ricos. En esa línea, PISA 2022 da cuenta de una mayor escasez de recursos humanos y pedagógicos en las escuelas de menor nivel socioeconómico de la región.

De acuerdo con datos de la CEPAL, en promedio, en 2022, el gasto público en educación en América Latina y el Caribe cumplía con al menos uno de los dos compromisos globales de financiamiento educativo: un gasto de al menos 4% del PIB o 15% del gasto público total. No obstante, los países que más invierten en educación en la región invierten menos que prácticamente todos los países de la OCDE. En promedio, los países de la OCDE invierten por estudiante casi 5 veces lo que invierten los países de América Latina y el Caribe.

De 2018 a 2022, los estudiantes en México redujeron significativamente sus competencias y rendimiento en matemáticas, ciencias y lectura. Es posible que la pandemia y los cambios en los sistemas educativos impactaran negativamente en el desempeño de los alumnos; pero la tendencia a la baja se observó incluso antes de la Covid-19.

De acuerdo con los resultados de la prueba PISA (Programa Internacional para el Seguimiento de los Alumnos), México —junto con Colombia— registró los peores puntajes del grupo de países OCDE.

En matemáticas los estudiantes mexicanos obtuvieron un puntaje promedio de 395 puntos, lo que reflejó una caída de 14 puntos respecto del registro previo (en 2018 se obtuvo una media de 409 puntos). La caída en matemáticas fue la más pronunciada de todas las áreas de estudio. Para el área de ciencias, en 2022 México anotó una calificación de 410 puntos, un retroceso de 9 puntos respecto de la medición previa. Por su parte, en comprensión lectora el puntaje fue de 415, una caída de 5 puntos.

En México menos del 1% de los estudiantes obtuvieron alto rendimiento en las áreas de estudio, mientras que el promedio para los paíes OCDE en este indicador fue de entre 7 y 9%, de acuerdo con las cifras publicadas por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).

Otro de los factores que impactan el rendimiento de los estduiantes en México, y en casi todos los países participantes, es la desigualdad. Las ventajas sociales y educativas de estar entre la población más rica tienden a traducirse en mejores competencias y habilidades escolares.

El rendimiento de los estudiantes en la escuela no sólo depende de sus capacidades intelectuales. También está relacionado con su acceso a derechos, como la alimentación suficiente y de calidad, la vivienda digna, el uso de tecnologías de la información, los tiempos de traslado, las dinámicas familiares y las experiencias cotidianas en la escuela.

En México, 22% de los estudiantes dijo sentirse inseguro en su camino hacia la escuela, una cifra significativamente alta en comparación con el promedio de la OCDE (7 por ciento). Dentro de los hogares, especialmente durante los periodos de educación a distancia, 3 de cada 10 estudiantes tuvieron problemas para encontrar alguien que los guiara o ayudara con las tareas escolares.

Incluso la escuela no fue un lugar seguro para todos los estudiantes, el 19% de las niñas y el 17% de los niños fueron víctimas de algún tipo de acoso escolar. Aunque este promedio es muy parecido al promedio de los países OCDE, el “bullying” sigue siendo uno de los grandes retos en la educación básica.

Fuente: EL ECONOMISTA 05 de diciembre de 2023

Como parte de una visión compartida para promover el crecimiento sustentable e inclusivo, las dos instituciones coordinarán actividades sobre los USD 512 millones de dólares que actualmente están invirtiendo para impulsar la transformación digital de los sistemas educativos en la región.

Estos esfuerzos conjuntos se enfocarán en mejorar el acceso a la conectividad, dispositivos, plataformas educativas y el desarrollo de habilidades digitales para estudiantes y docentes. Como resultados, más de 3,5 millones de estudiantes, más de 350.000 docentes, y 12.000 escuelas serán beneficiadas en 16 países. Además, las dos instituciones planifican una inversión adicional de USD 400 millones para apoyar esta agenda de trabajo en los próximos dos años.

Las dos instituciones desarrollarán recomendaciones y plataformas para acelerar el proceso de conexión de escuelas y avanzar hacia la universalización, la compra de equipos y dispositivos, y la capacitación docente para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.

Según nuevas cifras de la UNESCO, el número de niños y jóvenes sin escolarizar ha aumentado en 6 millones desde 2021 y asciende ahora a 250 millones. Este aumento se debe en parte a la exclusión masiva de niñas y mujeres jóvenes de la educación en Afganistán, pero también al continuo estancamiento del progreso de la educación en todo el mundo.

Este resultado socava el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de la ONU, que establece una educación de calidad para todos de aquí a 2030. Si los países cumplieran sus metas nacionales del ODS 4, 6 millones más de niños en edad de ingresar en la escuela primaria participarían hoy en la enseñanza preescolar, 58 millones más de niños, adolescentes y jóvenes estarían escolarizados, y al menos 1,7 millones más de docentes de primaria habrían sido formados, según el análisis de la UNESCO.

Hace un año, en la Cumbre sobre la Transformación de la Educación de la ONU, 141 países se comprometieron a transformar sus sistemas de educación para acelerar el progreso hacia el ODS 4. Entre ellos, 4 de cada 5 países se fijaron como objetivo avanzar en la formación y el desarrollo profesional docente, 7 de cada 10 se comprometieron a aumentar o mejorar su inversión en la educación y 1 de cada 4 se comprometió a aumentar el apoyo financiero y las comidas escolares.

El Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo de la UNESCO de 2023 constata que, desde 2015, el porcentaje de niños y niñas que finalizan la educación primaria ha aumentado en menos de 3 puntos porcentuales, situándose en el 87%, y el porcentaje de jóvenes que finalizan la educación secundaria ha aumentado en menos de 5 puntos porcentuales, situándose en el 58%.

De los 31 países de ingresos bajos y medios-bajos que miden el progreso del aprendizaje al final de la escuela primaria, Viet Nam es el único país en el que la mayoría de los niños alcanzan una competencia mínima tanto en lectura como en matemáticas. A nivel mundial, las tasas de alfabetización de las y los jóvenes mejoraron en menos de un punto porcentual. Las tasas de participación de los adultos en la educación (formal o no formal) disminuyeron un 10%. Este descenso se debe principalmente a la pandemia de COVID-19.

A propósito de la celebración del Día Internacional de la Juventud (12 de agosto), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) comparte indicadores sobre el monto, la condición de residencia –o no residencia– en zonas metropolitanas (ZM), y la movilidad cotidiana de las personas jóvenes (de 12 a 29 años) por motivos de estudio y trabajo, a partir de la información del Cuestionario Ampliado del Censo de Población y Vivienda (CA del CPV) 2020.

Población joven

De acuerdo con datos del CA del CPV 2020, se estima que, para ese año, en México residían 125.5 millones de personas, de las cuales 30.0 % (37.7 millones) correspondía a personas jóvenes (de 12 a 29 años). De ellas, 63.4 % (23.9 millones) vivía en alguna de las 74 ZM identificadas dentro del territorio nacional, mientras que 36.6 % (13.8 millones) vivía fuera de estas.

La distribución según sexo de las personas jóvenes, que de acuerdo con el CA del CPV 2020 residían en las ZM, permite identificar que una mitad eran hombres y la otra, mujeres. Por grupos de edad, cuatro de cada 10 tenían entre 18 y 24 años, característica que se repite según sexo.

En un nuevo informe sobre la tecnología en la educación presentado en Montevideo, Uruguay, la UNESCO urge al uso adecuado de esos avances en la formación académica de niños y adultos. Asimismo, destaca la falta de una gobernanza y regulación adecuadas de la tecnología en la esfera educativa y advierte sobre los perjuicios que puede tener en los procesos de aprendizaje.

El estudio plantea a los responsables de elaborar políticas educativas cuatro preguntas básicas que insta a responder cuando se eche mano de la tecnología en la educación.

El primero de esos cuestionamientos se refiere a qué tan apropiada es la tecnología puesto que si bien puede mejorar algunos tipos de aprendizaje en ciertos contextos, sus beneficios desaparecen cuando se usa en exceso o en ausencia de un maestro calificado. Para reforzar este argumento, la UNESCO explica que distribuir computadoras a los estudiantes no mejora el aprendizaje si los docentes no están involucrados en la experiencia pedagógica. También lamenta que aunque los teléfonos inteligentes han demostrado ser una distracción para el aprendizaje, menos de una cuarta parte de los países prohíben su uso en las escuelas.

La segunda cuestión es si la tecnología en la educación es equitativa en vista de que durante la pandemia de COVID-19, el cambio acelerado al aprendizaje en línea dejó fuera al menos a 500 millones de estudiantes en el mundo, afectando sobre todo a los más pobres o a los de las zonas rurales. En este punto, el informe hace hincapié en que si bien cada vez es más necesaria la conectividad y el acceso a internet, una de cada cuatro escuelas primarias carece de electricidad, por lo que exhorta a la comunidad internacional a movilizar recursos para conectar a la red a todas las escuelas del mundo para 2030.

La tercera pregunta es si los beneficios de la tecnología en la educación se pueden extender a todos los estudiantes en todos los contextos puesto que, por el momento, casi todos los reportes sobre su utilidad citan evidencia proveniente de Estados Unidos y han sido elaborados por las propias empresas de tecnología. Además, la UNESCO detalla que muchos países ignoran los costos a largo plazo de las compras de tecnología y que ese mercado se expande mientras que las necesidades de educación básica siguen sin cubrirse.

En cuarto lugar, el informe pregunta si la tecnología en la educación es sostenible y suena la alarma con respecto al crecimiento de la inteligencia artificial generativa, aseverando que esto hace imperativa la alfabetización digital y el pensamiento crítico para hacerle frente. El estudio precisa que sólo once de 51 gobiernos encuestados tienen planes de estudio para la inteligencia artificial.

Por otra parte, la UNESCO enfatiza que los docentes también necesitan una formación adecuada y que actualmente sólo la mitad de los países cuentan con estándares para desarrollar sus habilidades en tecnologías de la información, con pocos programas de formación de profesores en materia de ciberseguridad a pesar de que el 5% de los ataques para robar datos tienen como objetivo la educación.

Finalmente el informe aboga por los derechos de los usuarios puesto que hoy en día los países que garantizan por ley la privacidad de los datos en la educación apenas llegan a un 16%, en tanto que 39 de los 42 gobiernos que brindaron educación en línea durante la pandemia fomentaron usos que pusieron en riesgo o infringieron los derechos de los niños.

Fuente: ONU 26 de julio de 2023

En América Latina hay 34 millones de afrodescendientes en edad escolar. Sin embargo, las estadísticas indican que 7 millones de ellos abandonarán el sistema educativo antes de terminar la escuela primaria, el doble de la media regional en comparación a sus pares no afrodescendientes.

El estudio del Banco Mundial Inclusión afrodescendiente en la educación continúa un exhaustivo trabajo de investigación sobre las poblaciones afrodescendientes en América Latina realizado en los últimos años, y revela nuevos datos sobre la calidad de la educación y los retornos educativos para esta población. Además, profundiza en uno de los posibles motivos de la exclusión –el racismo en la educación– al identificar a la exclusión de la educación como uno de los principales factores que hace que la crisis educativa regional sea más profunda para la población afrodescendiente. Todo esto se comprueba en entrevistas a niños, niñas y adolescentes afrodescendientes que comparten sus reacciones y cuentan sus experiencias en primera persona.

Un factor importante detrás de la exclusión de afrodescendientes es el racismo, ya sea explícito o implícito, pues los niños y jóvenes reciben mensajes y estímulos negativos sobre sí mismos y sus perspectivas de vida.

El estudio del Banco Mundial incluye la revisión de 5.121 imágenes, procedentes de 40 libros de primaria y secundaria de 10 países de América Latina. En ellas, solo había representación de personas afrodescendientes en el 15% de las imágenes, mayormente en actividades asociadas a la música, los deportes, el trabajo rural, manual o industrial.

Si bien América Latina atraviesa una crisis generalizada de aprendizaje, los estudiantes afrodescendientes se encuentran entre los más afectados. En Brasil, por ejemplo, casi la mitad de los niños afrodescendientes no pueden leer o comprender un texto apropiado para su edad, en comparación con el 39% de los niños no afrodescendientes.

Un paso crucial para avanzar en la inclusión en la educación es reconocer y abordar los factores que causan y perpetúan la exclusión. El informe propone una serie de estrategias:

Eliminar la exclusión de los niños, niñas y adolescentes afrodescendientes en América Latina es vital para el desarrollo de la región. Una educación de calidad sin racismo es la herramienta más poderosa.

El informe, titulado Transforming Education with Equitable Financing (Transformar la educación mediante una financiación equitativa), señala que, como término medio, el quintil de alumnos más pobres solo se beneficia del 16% de la financiación pública destinada a la educación, en comparación con el quintil más rico, que se beneficia del 28%. Entre los países de ingresos bajos, solo el 11% de la financiación pública para la educación se dedica a los alumnos más pobres, mientras que el 42% se dedica a los más ricos.

El informe examina los datos sobre el gasto público para la enseñanza preescolar, primaria, secundaria y superior de 102 países. El estudio concluye que un aumento de un punto porcentual en la asignación de recursos públicos dedicados a la educación del 20% más pobre podría sacar de la pobreza del aprendizaje a 35 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria. A escala mundial, el estudio señala que es más probable que el gasto público para la educación llegue a los alumnos de los hogares más ricos tanto en los países de ingresos bajos como en los de ingresos medios.

Según el informe, los niños que viven en la pobreza tienen menos probabilidades de acceder a la escuela y la abandonan antes. Además, los niños de los hogares pobres están menos representados en los niveles superiores de la enseñanza, que reciben una cantidad mucho mayor de fondos públicos per cápita para la educación. También tienen más probabilidades de vivir en zonas remotas y rurales que, por lo general, no cuentan con suficientes servicios y se encuentran en el extremo más desfavorecido de la brecha digital.

Según el informe, una medida fundamental para hacer frente a la crisis del aprendizaje es que los gobiernos proporcionen una financiación equitativa y den prioridad a los recursos destinados a la educación pública, entre otras cosas centrándose cada vez más en el aprendizaje básico. Esto supone garantizar que la financiación pública para la educación preescolar y primaria llegue a todos y prestar especial atención a los pobres y marginados en los niveles superiores de la enseñanza.

Estas son otras conclusiones del informe:

Es necesario tomar medidas urgentes para garantizar que los recursos destinados a la educación lleguen a todos los alumnos. En el informe se formulan cuatro recomendaciones fundamentales: desbloquear fondos públicos para la educación con el fin de promover la equidad; dar prioridad a la financiación pública del aprendizaje básico; monitorear y garantizar una asignación equitativa de la ayuda a la educación en contextos humanitarios y de desarrollo; e invertir en modalidades innovadoras para impartir educación.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) llevó a cabo la Encuesta Nacional de Acceso y Permanencia en la Educación (ENAPE) 2021. Su finalidad es proporcionar información de interés respecto a las características educativas de la población y presentar datos útiles para las y los tomadores de decisiones en materia de política pública educativa, así como para la sociedad en general. Para este levantamiento se contó con la colaboración de las Unidades del Estado del sector educativo. Así, los resultados de la encuesta permiten hacer una sinergia y complementariedad con la estadística censal del Formato 911 así como los registros administrativos del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED), a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

La encuesta se realizó a través de entrevistas telefónicas. La muestra fue aleatoria y constó de 145 015 números —fijos o móviles— que se obtuvieron del Plan Nacional de Numeración del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). En 22 719 números se logró entrevista con alguna persona informante sobre su vivienda y en 14 456 se contó con población objetivo de 0 a 29 años. Dada la selección probabilística, la encuesta permitió expandir sus resultados a población en viviendas donde había telefonía fija o celular; es decir, representa a 96.6 % de las personas del país.

Principales resultados

La ENAPE 2021 estimó una población de 60.0 millones personas de 0 a 29 años en el momento de la entrevista: 30.1 millones eran hombres (50.2 %) y 29.9 millones, mujeres (49.8 %). Por grupos de edad, la población de 6 a 11 y de 23 a 29 años concentró el mayor porcentaje, con 21.1 y 21.9 %, respectivamente.

Según el nuevo informe para el año 2022 elaborado por ONU Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, El Progreso en el Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Panorama de Género, incluso sin tener en cuenta las consecuencias del COVID-19, pasarán al menos 54 años hasta que todas las niñas del mundo estén en condiciones de empezar y terminar la escuela primaria.

Según datos recientes de 29 países relevados en el informe, la brecha entre las niñas más pobres de las zonas rurales y las niñas más ricas de las zonas urbanas en relación con la finalización de estudios secundarios puede variar entre el 11,5 % y el 72,2 %.

La discriminación por raza, origen étnico, religión, condición migratoria y discapacidad también puede ser un factor disruptivo de la educación. Según datos de 42 países, las niñas y los niños con discapacidad tienen menos acceso a la educación en la primera infancia, y la disparidad es mayor en el caso de las niñas (sólo el 18 % de las niñas con una o más dificultades funcionales asistieron a un programa educativo para la primera infancia, en comparación con el 28 % de las niñas sin este tipo de condiciones). Además, las disrupciones vinculadas a la pandemia en materia de educación profundizaron aún más las desigualdades en el aprendizaje de las niñas y mujeres jóvenes.

A dos años del inicio de la pandemia, aunque casi todas las escuelas han retomado las clases presenciales, las disrupciones en la educación dejarán efectos persistentes, en especial para las niñas marginadas y vulnerables. Por ejemplo, en el Panorama de Género se revela que, en las zonas rurales de Pakistán, la pérdida de aprendizaje es más alta entre las niñas que entre los niños en todas las asignaturas. En los estados mexicanos de Campeche y Yucatán, el número de estudiantes de 10 años que pueden comprender textos simples disminuyó en un 25 % entre aquellos de condiciones socioeconómicas bajas, en comparación con el 15 % en el caso de aquellos de condiciones socioeconómicas más altas. En todo el mundo, casi 130 millones de niñas no están inscritas en la educación formal y más de la mitad de ellas viven en países afectados por crisis. En Afganistán, las jóvenes ni siquiera tienen permitido asistir a la escuela secundaria.

Los embarazos adolescentes aumentaron con la pandemia del COVID-19 y con ello también aumentó la amenaza a la educación de las jóvenes. Según el Panorama de Género, en Kenya, Rwanda, Uganda y la República Unida de Tanzanía, el 56 % de las adolescentes provenientes de poblaciones de difícil acceso que abandonaron la escuela al inicio de la pandemia están embarazadas o lo estuvieron hasta hace poco tiempo. La pandemia también aumentó el riesgo de las niñas de experimentar violencia de género, trastornos de salud mental e inseguridad alimentaria y económica.

Las enfermedades y muertes por el COVID-19 entre personas adultas cuidadoras también tuvo efectos directos en la disminución de los resultados educativos. A octubre de 2021, más de 5 millones de niñas y niños habían perdido a causa del COVID-19 a uno de sus padres o persona adulta principalmente encargada de su cuidado. En el caso de las adolescentes en África Subsahariana, estas pérdidas implicaron el aumento del riesgo de violencia sexual, explotación, infección de VIH y disminución del nivel de educación.

Las normas y los estereotipos de género sesgados y arraigados en la cultura siguen presentes en los planes de estudios, en los libros de texto y en la enseñanza, y limitan el horizonte de las niñas respecto de qué estudiar y qué carreras seguir. A nivel mundial, hay mayor asistencia de mujeres jóvenes que de hombres en la educación terciaria; no obstante, en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, las mujeres conforman sólo el 35 % del alumnado. En el campo de la tecnología de la información y las comunicaciones, la participación de las mujeres es sólo del 3 %.

En todos los países, las jóvenes quedan atrás en los campos mencionados. Tanto el personal docente como las familias, con o sin intención, perpetúan los sesgos en cuanto a qué tipos de trabajos son “apropiados” para las mujeres y los hombres. En Filipinas, las niñas de sólo 10 años pierden el interés por la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas pues perciben que estas carreras son de hombres y consideran que las niñas son naturalmente menos habilidosas en estos campos. Sin mujeres como ejemplo de desarrollo en dichos campos, estas percepciones se refuerzan continuamente. Las mujeres conforman sólo el 19,9 % de las profesionales de la ciencia y la ingeniería.

Las brechas en la educación en dichos campos son más amplias en el caso de las mujeres y jóvenes en desventaja por otras condiciones además de su género. Según el informe, en los Estados Unidos de América, las mujeres negras e hispanas que trabajan en los campos mencionados ganan alrededor de USD 20 000 menos por año que el promedio de los trabajos en dichos campos y, aproximadamente, USD 33 000 menos que sus colegas hombres blancos.

La Cumbre ha abordado una crisis en la educación que ha visto cómo unos 147 millones de estudiantes han perdido más de la mitad de su instrucción presencial, desde 2020. En 2021, 244 millones de niños y jóvenes estaban sin escolarizar. La pandemia ha perjudicado el aprendizaje de más del 90 % de los niños del mundo -la mayor interrupción de la historia- y la mitad de los países han recortado sus presupuestos de educación, lo que ha agravado la crisis.

En la actualidad se calcula que el 64,3% de los niños de todo el mundo, en todos los países, son incapaces de leer y comprender una simple historia. Esto significa que, dentro de unos años, una de cada tres personas será incapaz de entender este mismo texto, mientras que 840 millones de jóvenes abandonarán la escuela en su adolescencia sin ninguna cualificación para el trabajo del futuro.

Sin embargo, menos de la mitad de los países tienen estrategias para ayudar a los niños a ponerse al día. Si esto no ocurre, estos estudiantes pueden perder 10 billones de dólares en ingresos a lo largo de su vida laboral.

Los compromisos se produjeron tras 115 consultas nacionales que reunieron a dirigentes, profesores, estudiantes, la sociedad civil y otros socios para recoger recomendaciones colectivas sobre las peticiones más urgentes.

Casi la mitad de los países dieron prioridad a las medidas para hacer frente a la pérdida de aprendizaje, mientras que un tercio de los países se comprometió a apoyar el bienestar psicosocial tanto de los estudiantes como de los profesores. Dos de cada tres países también se refirieron a medidas para compensar los costes directos e indirectos de la educación para las comunidades económicamente vulnerables, y el 75% de los países subrayaron la importancia de las políticas educativas sensibles al género en sus compromisos.

Estas declaraciones subrayaron el papel de la educación en la consecución de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y los vínculos con las crisis climáticas, los conflictos y la pobreza. Las medidas abordaron la recuperación de la COVID-19 y la reanudación del camino hacia esos Objetivos, al tiempo que hicieron hincapié en la necesidad de innovar en la educación para preparar a los alumnos de hoy en día para un mundo que cambia rápidamente.

Las dificultades económicas y los devastadores efectos de la pandemia de la COVID-19 contribuyeron a la desaceleración y el estancamiento en el avance de los logros educativos entre 2015 y 2021 respecto a las metas del ODS4 de la Agenda de Educación 2030. Así lo revela La encrucijada de la educación en América Latina y el Caribe. Informe regional de monitoreo ODS4-Educación 2030 , lanzado en el marco del Día Internacional de la Alfabetización.

El reporte, fruto de la colaboración entre la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/UNESCO Santiago), la Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe (UNICEF LACRO) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), identifica los desafíos que enfrenta la región y las áreas que requieren atención urgente por parte de los países para alcanzar los objetivos trazados por el ODS4. Por la riqueza y amplitud de información que contiene, este informe se constituye en un insumo regional clave para los tomadores de decisión y para la Cumbre sobre la Transformación de la Educación.

Conclusiones

La publicación sintetiza el ciclo de 2015 a 2021 en cinco grandes tendencias regionales. Las primeras dos destacan aspectos positivos en la evolución de algunos indicadores relevantes de la educación.

La primera tendencia expresa la continuidad en el crecimiento generalizado del nivel educativo de la población, que se reconoce en el incremento de los niveles de alfabetización de los adultos y en el máximo nivel educativo alcanzado por la población, indicadores que llevan décadas de avance sostenido. Por ejemplo, en los últimos diez años la cantidad de analfabetos se redujo en 7,7 millones, aunque en las zonas rurales el 12,8% de la población joven y adulta es aún analfabeta.

La segunda tendencia indica una mejora más reciente en ciertos indicadores educativos, combinada con una reducción de las desigualdades. Destaca el incremento del acceso al nivel preprimario, más marcado en los sectores rurales y en el quintil de la población con menores ingresos. También mejoró la finalización de la educación secundaria, en especial en la población más vulnerable. Por otra parte, la proporción de estudiantes con edades mayores a la esperadas en el nivel primario disminuyó del 14,4% al 7,8% entre 2000 y 2020, mientras que en la educación secundaria baja cayó del 18,0% al 13,0% entre 2010 y 2020.

Las siguientes tres tendencias muestran señales de alerta sobre la evolución de los indicadores de la educación. Es el caso de la tercera tendencia, que evidencia una desaceleración de la mejora de ciertos indicadores que venían progresando en las últimas décadas. Por ejemplo, entre los años 2015 y 2020 la tasa de finalización de la educación secundaria se incrementó en 1,9 puntos porcentuales para el primer ciclo de secundaria y 2,1 para el segundo ciclo, mientras que en el periodo 2010-2015 estos valores eran de 6,1 y 6,0 respectivamente.

La cuarta tendencia indica un preocupante estancamiento en indicadores clave de acceso a la educación primaria y secundaria y en las evaluaciones de la calidad de los aprendizajes. El porcentaje de la población fuera de la escuela en educación primaria y secundaria prácticamente no se ha modificado durante el periodo. “Se estima que en 2019, 10,4 millones de niños, niñas y jóvenes se encontraban excluidos del acceso a la educación primaria y secundaria en América Latina y el Caribe, y estas cifras son anteriores a la pandemia, cuyos efectos agregan mayor fragilidad a las trayectorias que garantizan la permanencia en el sistema educativo.

Los logros de aprendizaje se ven amenazados por serios retrocesos producto del impacto de la pandemia. En la comparación de los resultados de las pruebas del estudio ERCE 2019 de la UNESCO con la evaluación anterior (TERCE 2013), la región no logró mejorar en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias, lo que sí había ocurrido entre 2006 y 2013. En la educación secundaria, para los diez países de América Latina participantes de la última edición de PISA, en 2018, los resultados también muestran que el promedio de la región no varió entre 2015 y 2018 en las tres áreas.

La quinta tendencia indica el aumento de ciertas brechas específicas en el nivel terciario. Pese a que entre 2015 y 2020 continuó el ciclo expansivo de la educación terciaria, que en los últimos veinte años logró incorporar a 17 millones de estudiantes, esta expansión se presenta de forma desigual. Por ejemplo, el acceso a la educación terciaria en el sector rural aumentó muy levemente entre 2015 y 2020. Las diferencias de acceso entre hombres y mujeres se han acrecentado: si en el año 2000 la tasa bruta de matrícula en educación superior para ambos grupos se situaba entre el 21% y 25%, para 2020 la diferencia se amplió, con un 61,7% para las mujeres y un 46,8% para los hombres. También ha aumentado la brecha de acceso por nivel socioeconómico. En los años recientes la educación terciaria ha favorecido casi exclusivamente a sectores medios y altos.

Respecto al financiamiento de la educación, dimensión clave de la política educativa y que acompaña las tendencias identificadas, 15 países de América Latina y el Caribe redujeron su inversión pública en educación desde 2015. Este estancamiento se acrecentó con la crisis de la COVID-19, que solo en 2020 implicó una contracción económica del 7,7% del PIB. Entre 2015 y 2019, el gasto educativo como porcentaje del gasto público total cayó del 16,1% al 15,4% en la región y, en relación al PIB, cayó del 4,5% al 4,3%.

“El progreso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Panorama de género 2022” demuestra que, al ritmo de progreso actual, nos puede llevar cerca de 300 años alcanzar una plena igualdad de género. Los desafíos mundiales, como la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias, los conflictos violentos, el cambio climático y los retrocesos en los derechos en materia de salud sexual y reproductiva de las mujeres exacerban aún más las disparidades de género. El nuevo informe, que fue presentado hoy por ONU Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES), destaca que, al ritmo actual, no se podrá cumplir el ODS 5 —lograr la igualdad de género— para 2030.

Si no tomamos medidas inmediatamente, los sistemas legales que no prohíben la violencia contra las mujeres, no protegen los derechos de las mujeres en el matrimonio y la familia —por ejemplo, que niegan a las mujeres el derecho de transmitir su nacionalidad a sus hijas e hijos, o de heredarla—, no aseguran la igualdad salarial y de beneficios laborales, y no garantizan los mismos derechos de poseer y controlar tierras podrían seguir existiendo por muchas generaciones más.

Al ritmo de progreso actual, el informe estima que tomaría alrededor de 286 años cerrar la brecha que existe en cuanto a protección legal y eliminar leyes discriminatorias, 140 años para que haya una representación equitativa de mujeres en posiciones de poder y liderazgo en el lugar de trabajo, y al menos 40 años para lograr una representación equitativa en parlamentos nacionales. Para erradicar el matrimonio infantil para el 2030, el progreso debería ser 17 veces más rápido del que se llevó a cabo durante la última década y se prevé que las niñas de los hogares rurales más pobres ubicados en zonas afectadas por conflictos sean quienes más sufran.

El informe también señala un retroceso preocupante en la reducción de la pobreza y la probabilidad de que los aumentos en los precios agraven esta tendencia. Para fines de 2022, alrededor de 383 millones de mujeres y niñas vivirán en la pobreza extrema —con menos de USD 1,90 por día— en comparación con los 368 millones de hombres y niños. En la mayor parte del mundo, muchas otras tendrán ingresos insuficientes para satisfacer necesidades básicas, como las necesidades de alimentación, vestimenta y una vivienda adecuada. Si continúan las tendencias actuales, para 2030, en África subsahariana, habrá más mujeres y niñas que hoy viviendo en la pobreza extrema.

Para lograr un desarrollo sostenible real y una mayor igualdad de género, es fundamental seguir evaluando las oportunidades y los obstáculos en el camino del empoderamiento de las mujeres y niñas, a fin de que estas puedan tener poder de acción e igualdad en la toma de decisiones vinculadas al cambio climático y la sostenibilidad. Las soluciones propuestas en relación con las políticas y los programas en materia de clima, medio ambiente y reducción del riesgo de desastres deben tener perspectiva de género; además, deben promover y proteger a las defensoras de los derechos humanos ambientales de las mujeres; deben generar la resiliencia de las mujeres y las niñas y sus organizaciones; deben fortalecer la prevención, la respuesta y la recuperación de violencia sexual y de género; y mejorar e invertir en estadísticas específicas de género e información para consolidar la relación entre el género y el clima.

Otros hechos y cifras que se destacan en el informe:

Antes de la Cumbre sobre la Transformación de la Educación, que tendrá lugar en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el informe señala que lograr la educación universal de las niñas, a pesar de no ser suficiente por sí misma, mejoraría significativamente esta perspectiva. Cada año de educación adicional puede aumentar las ganancias que tendrá una niña cuando sea adulta en hasta un 20 por ciento y también repercutiría en la reducción de la pobreza, mejoraría la salud materna, reduciría la mortalidad infantil, mejoraría la prevención contra el VIH y reduciría la violencia contra las mujeres.

El informe demuestra que la cooperación, las colaboraciones y las inversiones en la agenda de la igualdad de género, incluso a través de una mayor financiación mundial y nacional, son esenciales para rectificar el rumbo y volver a poner a la igualdad de género en marcha.

La crisis climática, la pandemia de COVID-19 y un mayor número de conflictos en el mundo ponen en peligro la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), advirtió en su informe la ONU.

La publicación destaca la gravedad y la magnitud de los desafíos que enfrentamos, con estas crisis en cascada que se interceptan, afectando la alimentación y la nutrición, la salud, la educación, el medio ambiente y la paz y la seguridad, y dificultando la carrera hacia el logro de los ODS, establecidos en 2015 para la construcción de sociedades más resilientes, pacíficas, justas y equitativas para todos los habitantes del planeta.

Según los datos de la ONU, la pandemia ha causado estragos en los Objetivos y sus efectos aún están lejos de terminar. El “exceso de muertes” a nivel mundial atribuible directa e indirectamente al COVID-19 sumaba 15 millones a fines de 2021.

Esto significa un retroceso de más de cuatro años en el alivio de la pobreza que había sumido a 93 millones de personas más en la pobreza extrema en 2020. Además, unos 147 millones de niños perdieron más de sus clases presenciales en últimos dos años.

Para evitar los peores efectos del cambio climático, como se establece en el Acuerdo de París, las emisiones globales de gases de efecto invernadero deberán alcanzar su punto máximo antes de 2025 y luego disminuir en un 43% para 2030, cayendo a cero neto para 2050. Sin embargo, esas emisiones crecerán casi un 14% en la próxima década.

Los países y grupos de población más vulnerables del mundo sufren de manera desproporcionada todas estas afectaciones, con las mujeres a la cabeza de las pérdidas de empleo y un mayor trabajo de cuidados en el hogar, además de encarar una violencia doméstica exacerbada por los confinamientos de la pandemia.

Los países menos adelantados luchan contra un crecimiento económico débil, una inflación creciente, grandes interrupciones en la cadena de suministro, incertidumbres políticas y una deuda insostenible.

La ONU advirtió que el mundo se encuentra frente a una disyuntiva que definirá su futuro: abandonar los compromisos de ayudar a los más vulnerables, o redoblar los esfuerzos por revitalizar la marcha hacia los Objetivos y construir un mejor porvenir para las personas y el planeta en 2030. El informe sostiene que para que el mundo salga fortalecido de la crisis y se prepare para los desafíos que se avecinen, es imperativo el financiamiento de la infraestructura de datos e información de los gobiernos nacionales y la comunidad internacional.

Entre los datos negativos que detalla el estudio, destacan los siguientes:

Se prevé que cuatro de cada cinco alumnos de sexto grado en América Latina y el Caribe (ALC) no alcancen el nivel mínimo de comprensión lectora, de acuerdo con un informe publicado por el Banco Mundial y UNICEF, en colaboración con la UNESCO. Si bien la región ya se encontraba en una crisis de aprendizaje antes de la pandemia, esto representa un agravamiento sustancial. Esta nueva y alarmante estimación también sugiere que luego de dos años de cierre de escuelas en la región a causa de la COVID-19, los resultados del aprendizaje podrían haber retrocedido más de diez años. La evidencia que surge a lo largo de ALC apoya estas estimaciones.

El nuevo informe, “Dos años después: salvando a una generación”, recalca que estas pérdidas de aprendizaje podrían costar a los alumnos de hoy una reducción en sus ingresos del 12 por ciento a lo largo de su vida.

Los niños de América Latina y el Caribe vivieron algunos de los cierres de escuela por COVID-19 más largos y constantes del mundo. En promedio, desde el comienzo de la pandemia los alumnos de la región perdieron, parcial o completamente, dos tercios de los días de clase presenciales, con una pérdida estimada de 1,5 años de aprendizaje.

Los niños más jóvenes y vulnerables han sido desproporcionadamente afectados por estas pérdidas de aprendizaje, como muestra la evidencia más reciente a lo largo de la región, sentando las bases para una mayor desigualdad y una crisis generacional.

El informe “Situación de la pobreza de aprendizaje a nivel mundial: actualización 2022”, elaborado por el Banco Mundial, UNESCO, UNICEF, FCDO, USAID y BMGF, muestra que, en términos comparativos, la crisis educativa en América Latina y el Caribe coloca a la región en el segundo peor lugar a nivel mundial. Apenas la región de África Subsahariana muestra una tasa más alta de pobreza de aprendizaje, con nueve de cada diez alumnos que no pueden leer y comprender un texto simple al final de la primaria.

Más preocupante aún, América Latina y el Caribe muestra el aumento más pronunciado en este índice desde 2019, seguida de Asia Meridional. De acuerdo con el informe, esto probablemente se deba a la duración de los cierres de escuela en ambas regiones.

El informe incluye cuatro acciones clave para ayudar a reencauzar a esta generación:

El número de niños afectados por crisis que requiere ayuda urgente en materia de educación aumenta de manera alarmante, alertó el fondo mundial de las Naciones Unidas para la educación en situaciones de emergencia y crisis prolongadas, precisando que la cifra pasó de 75 millones en 2016 a 222 millones en la actualidad.

Según un nuevo informe de La Educación No Puede Esperar, de ese total, 78,2 millones de niños no están escolarizados y 120 millones sí van a clases pero no tienen los niveles mínimos de competencia en matemáticas o lectura.

Más aún, sólo el 10% de los que cursan la educación primaria o secundaria alcanza los estándares de competencia.

Según el estudio, el 84% de los niños sin escolarizar por motivos de crisis vive en países como Afganistán, la República Democrática del Congo, Etiopía, Mali, Nigeria, Pakistán, Somalia, Sudán, Sudán del Sur o Yemen, donde hay guerras y otros factores que alejan o impiden que los pequeños acudan a la escuela. En Ucrania, se estima que en pocos meses el conflicto ha afectado a 5,7 millones de menores en edad escolar.

La iniciativa “#222MillonesDeSueños” busca recaudar fondos de los donantes, el sector privado y otros actores para ampliar sus operaciones, que ya ofrecen educación de calidad a más de cinco millones de niños en más de 40 países afectados por crisis.

En la Agenda 2030, los líderes mundiales se comprometieron a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y a promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos, como lo plantea Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.

Sin embargo, se estima que la pandemia y otros factores revirtieron dos décadas de avances en la esfera educativa. Según la ONU, muchos de los países menos adelantados tienen una infraestructura escolar básica deficiente: sólo el 54% de los centros disponen de acceso a agua potable, apenas el 33% cuentan con un suministro eléctrico fiable y únicamente 40% cuenta con instalaciones para lavarse las manos.

En los primeros años de escuela, los niños obtienen mejores resultados que las niñas en matemáticas, pero esta diferencia de género desaparece más adelante, reveló la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

El informe anual de Seguimiento de la Educación en el Mundo compiló los datos de educación primaria y secundaria de 120 países, que confirmaron que la brecha de género en el aprendizaje se ha cerrado incluso en los países más pobres.

Agrega que, en algunas naciones, la tendencia se ha invertido y como ejemplo cita que en el octavo curso, la brecha en matemáticas es favorable en un 7% a las niñas en Malasia, en un 3% en Camboya, en un 1,4% en Filipinas.

En cuanto a los países de ingresos medios y altos, el estudio indica que las chicas de secundaria obtienen puntuaciones significativamente más altas en ciencias, una ventaja que, no obstante, no se refleja en la cantidad que mujeres que siguen carreras científicas.

Esta falta de correspondencia sugiere que los prejuicios de género continúan siendo un obstáculo para que las jovencitas opten por los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

La lectura es un área en la que las niñas aventajan a los niños, destaca la agencia de la ONU y detalla que la mayor diferencia en la enseñanza primaria se observa en Arabia Saudita, donde el 77% de las niñas de cuarto curso alcanza la competencia mínima en lectura, mientras que sólo el 51% de los niños logra ese nivel.

El informe dedica un apartado al impacto de género de la pandemia de COVID-19, recordando que entre marzo de 2020 y octubre de 2021, las escuelas permanecieron cerradas total o parcialmente una media de 55% de los días de instrucción, con diferencias que van desde los países que mantuvieron las escuelas cerradas durante todo ese lapso hasta los que nunca cerraron.

Si bien los cierres de las escuelas afectaron a niñas y niños, tuvieron un peor efecto en las chicas, que afrontaron una mayor falta de acceso a dispositivos para aprendizaje a distancia, además de encarar nuevos riesgos de embarazo adolescente.

Durante la pandemia aumentó notablemente la violencia doméstica relacionada con el género reportada por las líneas directas en todo el mundo.

“Llevará años evaluar si la mayor interrupción de la educación global hasta la fecha tiene una clara dimensión de género que implique un retroceso en el progreso logrado hacia la igualdad de género en las últimas dos décadas”, concluye el informe en cuanto al efecto real de la pandemia en los y las estudiantes.

El Foro Mundial para una Recuperación Centrada en las personas , organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), concluyó con compromisos renovados para impulsar una recuperación que priorice a las personas y aborde las peligrosas desigualdades agravadas por la crisis de la COVID-19.

El Foro, de tres días de duración, reunió a Jefes de Estado y de Gobierno, directores de organizaciones internacionales y de bancos multilaterales de desarrollo, y líderes de empleadores y trabajadores de todo el mundo para proponer acciones concretas que permitan reconstruir mejor y reforzar el nivel y la coherencia de la respuesta de la comunidad internacional a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia.

Se comprometieron con los objetivos de una recuperación centrada en las personas, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Islámico de Desarrollo (BIsD), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), el Comisario Europeo para el Empleo y los Derechos Sociales, la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mundial, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), UNICEF, el Banco Africano de Desarrollo (BAD), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Enviado Especial de las Naciones Unidas para el Clima y las Finanzas.

En las sesiones temáticas del Foro se abordaron las cuestiones más apremiantes a las que se enfrenta el mundo del trabajo: el crecimiento inclusivo y el empleo decente, la protección social universal, la protección de los trabajadores y el mantenimiento de las empresas, y la transición justa hacia la neutralidad del carbono. Se cerró con un debate sobre cómo alcanzar una recuperación inclusiva, sostenible y resiliente tras la crisis de la COVID-19.

Entre los resultados más destacados de la coherencia política multilateral del Foro Mundial se encuentran los siguientes:

Un nuevo Memorando de Entendimiento que se firmará con el BIsD para apoyar una recuperación centrada en el ser humano, que prevé la cooperación en ámbitos como la capacitación económica de los jóvenes, la igualdad de género, el trabajo decente en situaciones de crisis y el fomento de la cooperación triangular Sur-Sur.

Otros socios multilaterales también se refirieron a los elementos de una recuperación centrada en las personas. El Enviado Especial de las Naciones Unidas para el Clima y las Finanzas hizo hincapié en la necesidad de una transición centrada en el ser humano para hacer frente a la crisis climática. El Comisario Europeo para el Empleo y los Derechos Sociales llamó la atención sobre la aplicación de una nueva comunicación de la Unión Europea sobre el trabajo decente -guiada por los cuatro pilares del trabajo decente de la OIT- para una transición justa global y una recuperación sostenible. La FAO se comprometió a movilizar financiación adicional para construir sistemas sólidos de protección social a través de asociaciones eficientes, eficaces y coherentes y de la solidaridad mundial. La OMC habló de la necesidad vital de que el comercio aumente los niveles de vida, cree empleos decentes y beneficie a las personas.

Fuente: OIT 25 de febrero de 2022

Un nuevo informe sobre Crecimiento demográfico mundial y desarrollo sostenible del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la ONU revela que desde 1950 el número de habitantes del planeta se ha triplicado con creces y podría llegar a ser de 11.000 millones a finales de siglo.

El rápido aumento de la población puede agravar el reto de garantizar que el desarrollo futuro sea sostenible e inclusivo. La consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente los relacionados con la salud, la educación y la igualdad de género, puede contribuir a frenar el crecimiento demográfico mundial.

Los responsables del informe añadieron que “los países más prósperos son los que soportan una mayor responsabilidad en cuanto al avance rápido del objetivo de conseguir las cero emisiones de gases de efecto invernadero y en la aplicación de estrategias para separar la actividad económica de la degradación medioambiental”.

El análisis también destaca que el mayor crecimiento de la población mundial en el futuro tendrá lugar en los países en desarrollo.

Una de las causas del rápido aumento poblacional se debió a una mejora de la esperanza de vida, que vendría impulsado por varios factores como las mejoras en salud pública, nutrición, higiene personal y medicina.

Sin embargo, añadieron que el aumento de la población también supone un fracaso a la hora de garantizar que todas las personas tengan el conocimiento, la capacidad y los medios para determinar si quieren tener hijos y cuándo.

El estudio también revela que, a medida que sus economías avancen, los países en desarrollo necesitarán apoyo para reducir las futuras emisiones contaminantes, así como asistencia técnica y financiera.

Los sistemas alimentarios también tendrán que ser más sostenibles para satisfacer las crecientes necesidades y limitar los daños medioambientales.

Los 10 mensajes clave del informe

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Censo Nacional de Poderes Legislativos Estatales (CNPLE) 2021, programa estadístico que ofrece información estadística sobre la gestión y desempeño del Congreso de cada entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno, estructura parlamentaria y trabajo legislativo, con la finalidad de que ésta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

Entre los datos que aporta este Censo, se encuentra que:

Los resultados del CNPLE 2021 integran información correspondiente a 2020, la cual se presenta mediante cuadros estadísticos organizados en los siguientes apartados: Estructura organizacional y recursos y Estructura parlamentaria y trabajo legislativo.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados de la Cuenta Satélite de las Instituciones Sin Fines de Lucro de México (CSISFLM) 2020, que tiene por objetivo general dar a conocer la dimensión, participación y evolución económica de las actividades realizadas por las organizaciones no lucrativas. Este programa proporciona información económica para la toma de decisiones en el sector no lucrativo y forma parte del Sistema de Cuentas Nacionales de México.

Principales resultados

Durante 2020, el PIB de las ISFL alcanzó un monto de 647 654 millones de pesos, que equivale al 3.0% del PIB Nacional. Por componentes, las ISFL Públicas representaron 1.7%, en tanto que las actividades de las ISFL Privadas contribuyeron con una participación de 0.7%. El restante 0.6% corresponde al valor económico del trabajo de los voluntarios.

Las asociaciones que se dedican a las labores de la enseñanza e investigación generan 49.3% del PIB de las ISFL; las agrupaciones de desarrollo y vivienda participan con 13.5%; las actividades de religión con 10.8%; las tareas de salud generan con 7.2%; los servicios sociales que incluyen a albergues, asilos o casas hogar contribuyen con 6.3%; los derechos, promoción y política generan 5.5%; las asociaciones empresariales y sindicatos aportan 4.6%; y la cultura y recreación como casas de cultura, museos, centros de exposición artística y centros de esparcimiento suman 2.7 por ciento.

En 2020, medido a precios de 2013, las ISFL presentaron una caída de 10.1%, mientras que el total de la economía disminuyó en 7.9% en el mismo periodo.

Para 2020, el total de los puestos de trabajo ocupados en el sector de las ISFL fueron 2 419 881, que comparando con los puestos de la economía nacional representó 6.5 por ciento. En su comparación anual, el número de puestos totales disminuyó en 9.3%, respecto a 2019. Del total de puestos de trabajo ocupados, 1 579 869 fueron remunerados y 840 012 correspondieron a los puestos de trabajo de los voluntarios.

La CSISFLM 2020 registró 1 786 578 personas que ocuparon los puestos de trabajo de los voluntarios señalados anteriormente: 60.7% fueron hombres y 39.3% fueron mujeres. El voluntariado total mostró una disminución de 19.7% respecto del año anterior. Los hombres redujeron su participación en 10.3% y las mujeres voluntarias en 30.9 por ciento.

El valor económico del trabajo voluntario fue de 126 203 millones de pesos, equivalente a 0.6% del PIB nacional. De este valor, 56.7% corresponde a la labor de los hombres y 43.3% es aportado por las mujeres.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevé que la economía mexicana cierre el 2021 con un Producto Interno Bruto (PIB) de 5.9% y tenga una expansión de 3.3% en el 2022, de acuerdo con la actualización a diciembre de su reporte insignia “Economic Outlook”.

Esto representa un deterioro con respecto a las expectativas divulgadas en septiembre, cuando el organismo esperaba un crecimiento de 6.3% para el 2021 y 3.4% para el 2022.

La política monetaria deberá endurecerse gradualmente si la inflación no converge hacia el objetivo de 3% del banco central. Actualmente la inflación ronda 7%, según datos al cierre de la primera quincena de noviembre.

En cuanto a la política fiscal, la OCDE dijo que aunque sigue siendo prudente, es menos restrictiva de lo contemplado en el presupuesto del 2021, lo que apoya ligeramente la recuperación en curso.

Analistas del organismo prevén que el déficit público aumente a 3.2% del PIB en el 2021 (desde 2.9% del PIB en el 2020), que se mantenga prácticamente sin cambios en el 2022 y que disminuya a partir de entonces. Se estima que la deuda pública se estabilizará en torno a 51% del PIB.

En el documento se plantea que México debe mejorar su nivel de recaudación para atender las necesidades de gasto sociales.

“La proporción de impuestos en el PIB de México es la más baja de la OCDE y es inferior a la de otros países de la región. Para atender las necesidades crecientes de gasto en educación, sanidad o protección social, sin renunciar al compromiso de sostenibilidad de la deuda, sería necesario aumentar los ingresos tributarios”, dijo el organismo.

Como recomendación, el organismo dijo que es necesario relanzar la inversión y aumentar la productividad mediante el acceso a servicios financieros, fomentando la competencia en los mercados y agilizando la ejecución legal de contratos, lo que permitiría a las pequeñas y medianas empresas invertir más, crecer y aumentar la productividad.

Fuente:EL ECONOMISTA 01 de diciembre de 2021

Si no hay un retorno a la educación presencial en el corto plazo, la generación actual de niños, niñas y adolescentes en México tendrá pérdidas salariales en su vida laboral adulta superiores a 3.8 billones de pesos debido al rezago educativo causado por la pandemia en su formación y desarrollo de habilidades, concluye una investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

De acuerdo con la investigación El impacto de la pandemia covid-19: Sus consecuencias educativas y laborales a largo plazo, sus autores pronostican una disminución en los ingresos salariales de esta generación de 11.1% a lo largo de su vida, en promedio. La población afectada es de más de 28.8 millones de estudiantes de entre 6 y 18 años de edad.

En América Latina, Chile, Perú, Brasil, Argentina, Uruguay y Costa Rica han reiniciado clases presenciales en algunas zonas y en modelos híbridos, según el Observatorio a la Gestión Educativa. En Nicaragua las escuelas nunca cerraron. Recientemente, la oficial de Educación de UNICEF en México, declaró que el regreso a las aulas no ha significado un alza en el contagio de estudiantes.

Los datos aportados por el estudio proyectan que, sin covid-19, la población actual de estudiantes generaría en su vida laboral 59 billones de pesos, cerca de 2 millones de pesos per cápita. La pandemia y su impacto en la formación del capital humano han tenido ya un costo de 3.8 billones de pesos, o una pérdida en ingresos laborales a nivel individual de 132,000 pesos.

La economía mexicana perdería el equivalente a 16.6% del PIB de un año durante la vida laboral de esta generación tan sólo por el bajo aprovechamiento escolar del ciclo 2019-2020. Sin embargo, en el acumulado de 1.3 ciclo escolares bajo la pandemia el impacto pordría ser de hasta 25% de un año del PIB.

“Los resultados muestran que mantener a las niñas, niños y jóvenes en la escuela es la intervención necesaria para mitigar el efecto del abandono a causa del covid-19, sobre todo en la población más vulnerable. Si los mantenemos en la escuela, tendrán más capital humano”, se expone en el documento.

En su estudio, los investigadores del BID refieren otras proyecciones sobre la pérdida económica por el cierre de las escuelas. Las metodologías para calcularla varían, pero todas coinciden en que habrá un daño de grandes magnitudes. George Psacharopoulosis, investigador sobre la economía de la educación, ha estimado que la caída para el PIB mundial por el rezago educativo sería de 18%, o 15.1 billones de dólares.

Para el BID los hogares “con menos ingresos son aquéllos que no sólo tienen menos recursos educativos, sino también las capacidades y el tiempo de los padres es más limitado”. Sin embargo, los papás que trabajan en México dedican, en promedio, poco más de una hora a la semana a cada niña o niño, según la Encuesta Nacional sobre el uso del Tiempo (ENUT 2014).

Las mamás con trabajo remunerado destinan casi tres horas y media a cada hija o hijo. Las madres que hacen trabajo del hogar no remunerado ocupaban poco más de tres horas y media, también por persona.

Los salarios aportan un valor al Producto Interno Bruto del país. Y si estos disminuyen, baja también su contribución. Pues bien, tan sólo porque de marzo a junio de 2020 las clases fueron virtuales, la aportación que esa generación de estudiantes daría al PIB mediante sus sueldos será 8.4% menor. Pero por el ciclo escolar 2020-2021 la caída podría ser de hasta 25 por ciento.

Ante este panorama, concluyen los especialistas, el desafío es definir acciones que permitan mitigar el impacto eventual sobre la generación escolar actual. Algunas alternativas son modalidades híbridas de clases que combinen sesiones presenciales y remotas, la reapertura de escuelas en zonas de bajos índices de contagios y mayor seguimiento de las y los estudiantes que no pudieron mantener un vínculo con el sistema educativo en lo que va de la pandemia.

Fuente:EL ECONOMISTA 18 de agosto de 2021

El Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2021, presentado en la Sede de la ONU en Nueva York, muestra el exorbitante peaje que la pandemia de COVID-19 se ha cobrado de la Agenda 2030.

Además de los casi cuatro millones de muertes por coronavirus, entre 119 y 124 millones de personas volvieron a la pobreza y al hambre crónica, y se perdió el equivalente a 255 millones de empleos a tiempo completo, indica el informe.

Las interrupciones de los servicios de salud esenciales han amenazado años de progreso en la mejora de la salud materno infantil, el aumento de la cobertura de inmunización y la reducción de las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Alrededor del 90% de los países todavía informan sobre una o más interrupciones importantes de los servicios de salud esenciales.

El informe también indica que la pandemia ha puesto de manifiesto e intensificado las desigualdades dentro y entre países.

El informe también confirma lo que agencias de la ONU como la Organización Meteorológica Mundial han estado dando la alarma: la desaceleración económica en 2020 hizo poco para frenar la crisis climática, que continúa en gran medida sin cesar.

El mundo también se quedó corto en los objetivos de 2020 para detener la pérdida de biodiversidad y la reversión de los 10 millones de hectáreas de bosque que se perdieron cada año, entre 2015-2020.

La pandemia de COVID-19 también ha afectado negativamente el progreso hacia la igualdad de género. La violencia contra las mujeres y las niñas se ha intensificado, se espera que aumente el matrimonio infantil y las mujeres han sufrido una parte desproporcionada de la pérdida de puestos de trabajo y mayores responsabilidades de cuidado en el hogar.

Mientras tanto, los flujos globales de inversión extranjera directa cayeron un 40% en 2020 en comparación con 2019. El documento muestra que la pandemia ha traído inmensos desafíos financieros, especialmente para los países en desarrollo, con un aumento significativo del sobreendeudamiento.

Según el informe, para volver a encarrilar la Agenda 2030, los gobiernos, las ciudades, las empresas y las industrias deben utilizar la recuperación para adoptar vías de desarrollo bajas en carbono, resilientes e inclusivas que reducirán las emisiones de carbono, conservarán los recursos naturales y crearán mejores empleos, avanzar en la igualdad de género y abordar las crecientes desigualdades.

La Agenda 2030, adoptada por todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2015, proporciona un plan común para la paz y la prosperidad de las personas y el planeta, ahora y en el futuro.

En su esencia, los 17 Objetivos suponen mejorar la salud y la educación, reducir la desigualdad y estimular el crecimiento económico, todo mientras se aborda el cambio climático y se trabaja para preservar nuestros océanos y bosques.

La reunión pondrá el foco en nueve Objetivos Globales de este año: poner fin a la pobreza, acabar con el hambre, mejorar la salud, lograr un trabajo decente, reducir las desigualdades, hacer un consumo y una producción responsables; tomar medidas para frenar el cambio climático y mantener la paz.

Existe la necesidad urgente de invertir en la educación, en la formación y en el trabajo decente para los trabajadores de la educación de manera que puedan contribuir con la recuperación post COVID-19, puso de manifiesto la Reunión técnica sobre el futuro del trabajo en el sector educativo de la OIT

El aprendizaje permanente eficaz y una educación de calidad para todos son esenciales para un futuro del trabajo mejor. Si los educadores, los formadores y el personal de apoyo han de satisfacer esta necesidad y preparar el camino para los desafíos del futuro, será necesario que dominen las nuevas tecnologías y técnicas de enseñanza, comprendan la demanda de competencias del mercado laboral y reciban el apoyo para hacer frente a sus nuevas responsabilidades.

La pandemia de COVID-19 ha representado un gran desafío para los educadores. La reunión puso de manifiesto la rapidez de los cambios que están teniendo lugar, en particular el uso masivo de la tecnología. Estos cambios, además de las funciones y responsabilidades adicionales, están revolucionando los empleos de los docentes, los administradores y el personal de apoyo de la educación.

Otro desafío es poner en relación el mundo de la educación con las necesidades de los empleadores e invertir en la educación y la capacitación técnica y profesional.

Los problemas que afectan las condiciones de trabajo de los educadores deben ser abordados, y la mejor manera de hacerlo es a través del diálogo social, destacaron los participantes a la reunión técnica.

La reunión adoptó unas conclusiones que otorgan a los gobiernos, los empleadores y los trabajadores un fuerte mandato para invertir en la educación y la formación de calidad, así como en el trabajo decente para los educadores. Los participantes pusieron de manifiesto que la educación es un derecho humano, un bien y público y una responsabilidad pública, y no una mercancía. La reunión destacó además que el sector privado tiene un papel que desempeñar en el suministro de una educación de calidad.

Durante el primer año de la pandemia, la Ciudad de México fue la única entidad federativa que mostró una alta competitividad, es decir, siguió atrayendo talento e inversión, mientras que en el otro extremo se encontraron los estados del sur como los más rezagados.

De acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal 2021 (ICE) del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), que mide la capacidad de los estados para generar, atraer y retener talento e inversiones, la capital del país se ubicó en la primera posición de un ranking de 32.

Pese a la emergencia sanitaria, la Ciudad de México no perdió su primer lugar en el ICE; desde el 2001 lo ocupa.

La Ciudad de México presentó el mayor PIB per cápita (408,042 pesos por persona) y la mayor diversificación económica (937 sectores), uso de banca móvil (14,827 contratos de banca móvil por cada 10,000 adultos) y carga aérea (51,000 kilogramos por cada 1,000 personas).

Entre las razones principales que pusieron al sur en jaque, la especialista indicó que la emergencia sanitaria mermó la diversificación económica de estos estados; también se suma un rezago histórico donde se ha excluido a la región de los planes de desarrollo y crecimiento económico.

Recalcó que los cinco estados del sur tienen en promedio el menor PIB per cápita del país (87,00 pesos por persona), también el mayor rezago en inversión por población económicamente activa (45,000 pesos) y sólo 19% de las personas de 25 años o más cuentan con estudios universitarios o técnicos. También se concentra el mayor porcentaje de informalidad (71% de los trabajadores).

Sobre el proceso de evaluación y metodología del ICE, el índice está compuesto por 72 indicadores que forman 10 subíndices (tecnología, turismo, conectividad, economía, mercado laboral, seguridad, uso de recursos naturales, democracia, gestión gubernamental; e inclusión, salud y educación).

Los resultados de las entidades permiten clasificarlas en seis grupos de competitividad: alta, adecuada, media alta, media baja, baja y muy baja.

A partir de los resultados identificados en el ICE 2021, el Imco desarrolló algunas propuestas para que las entidades mejoren su competitividad. La primera busca que se pueda adecuar la legislación presupuestal estatal con el fin de crear controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos locales, para evitar que los recursos sean reasignados sin aprobación previa y con ello evitar la discrecionalidad.

Se debe promover la inserción de los estados del sur-sureste del país en la cadena productiva de América del Norte, mediante mejoras regulatorias e inversión en infraestructura y conectividad.

También se deben desarrollar capacidades para la generación y procesamiento de datos que mejoren la toma de decisiones de política pública y faciliten trámites y servicios.

Se necesitan reformar las leyes de adquisiciones y obras públicas estatales para incluir protocolos y lineamientos; se deben crear sistemas estatales de innovación que incentiven un vínculo entre el sector privado y los generadores de patentes.

Por último, se tienen que aprovechar las facultades de los estados para desarrollar programas de nivelación académica ante los efectos de la pandemia.

Fuente:EL ECONOMISTA 27 de abril de 2021

La celebración del Día del Niño en México data de 1924, año de la Declaración de Ginebra, el primer texto internacional que reconoce derechos específicos para las niñas y los niños. En 1959, la Organización de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño y en 1989 es firmada la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado vinculante que reúne derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales.

En el marco de esta conmemoración, el INEGI presenta una selección de cifras relacionadas con algunos de estos derechos y el bienestar de la población con menos de 15 años en el país, a partir de la información que ofrecen los Censos de Población y Vivienda 2010 y 2020, los Censos Económicos 2009, 2014 y 2019, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2018, y la serie de Estadísticas de Mortalidad de 1990 a 2019.

Igualdad y No Discriminación

De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda 2020, en el país residen 31.8 millones de niñas y niños de 0 a 14 años, que en términos porcentuales representan 25.3% de la población total. De este conjunto, 1.4 millones de niñas y niños de 3 a 14 años hablan alguna lengua indígena, es decir 5.4% de la población de esas edades. Además,1.7% de los menores de 15 años son afromexicanos o afrodescendientes.

Por otra parte, 6.5% de la niñez en México tiene alguna discapacidad, condición mental o limitación para caminar, subir o bajar, ver aun usando lentes, hablar o comunicarse, oír aun usando aparato auditivo, vestirse, bañarse o comer, recordar o concentrarse.

Las condiciones materiales de las niñas y niños en hogares donde se habla alguna lengua indígena son en general distintas de las que tienen sus pares de hogares no indígenas. En el primer grupo, sólo en seis de diez casos la vivienda cuenta con servicio de energía eléctrica, agua entubada, drenaje y piso firme, mientras que, en el segundo, esto ocurre en nueve de cada diez.

El origen étnico y la condición de discapacidad o limitación son dos categorías útiles para evaluar el grado de igualdad o desigualdad experimentado por diferentes subpoblaciones infantiles en México. A continuación, se presentan algunos datos que reflejan el contraste en el disfrute de algunos derechos fundamentales de la niñez.

Escolaridad

Entre la población infantil de 6 a 11 años, 4.0% de quienes hablan lengua indígena y 4.3% de quienes tienen alguna limitación, discapacidad o condición mental no tienen escolaridad, en contraste con 1.1% y 1.2% de los no hablantes de lengua indígena y afrodescendientes, respectivamente.

Conforme avanza la edad, la brecha en el nivel de escolaridad para la población infantil que habla lengua indígena se hace más amplia: 44.8% de la población de 12 a 14 años cuenta con algún grado aprobado a nivel secundaria, en tanto que entre los afrodescendientes y no hablantes de lengua indígena la cifra es del 56.0 y 56.9%, respectivamente. En el caso de la subpoblación con alguna limitación, discapacidad o condición mental, el dato es 52.2 por ciento.

Salud y Mortalidad

En 2020, 81.4% de la población hablante de lengua indígena, 77.3% de la población afrodescendiente, 75.8% de la población con alguna discapacidad, limitación o condición mental y 74.8% de la población no hablante de lengua indígena estaban afiliados a los servicios de salud (Censo de Población y Vivienda 2020).

En las últimas tres décadas, las defunciones de menores de un año han disminuido de manera importante (65.0%).

Durante el 2020, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz y Puebla se posicionaron como las entidades con mayor rezago social a nivel nacional, es decir, presentaron un importante porcentaje de carencias en acceso a la educación, a los servicios de salud, calidad y espacios en la vivienda, servicios básicos, entre otros.

El Índice de Rezago Social 2020 (IRS), elaborado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), identificó de manera específica a Chiapas, donde se presentan los mayores niveles de rezago en cinco de los 11 indicadores de la medición y, en contraste, la Ciudad de México registra los menores niveles en seis de los 11 indicadores.

Por ello, se reafirma que a través de los resultados del IRS y su respectivo grado de rezago social, Chiapas, Oaxaca y Guerrero figuran como las tres entidades con muy alto grado de rezago social, principalmente en aquellos relativos a analfabetismo y educación incompleta, así como viviendas con piso de tierra, viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública y viviendas que no disponen de lavadora; en comparación con Nuevo León, Coahuila y la Ciudad de México, que presentan los niveles de IRS más bajos y cuyo grado de rezago social es muy bajo.

De esta manera, según el Coneval, con los resultados del IRS comparable será posible examinar la evolución del rezago social en el país a través del tiempo, con el fin de poner a disposición de las autoridades información oportuna y pertinente para el diseño de políticas públicas que abonen al mejoramiento de la calidad de vida de las personas.

Respecto a los indicadores asociados al rezago educativo, el Coneval observó que Chiapas (13.7%), Guerrero (12.5%) y Oaxaca (11.8%) son las entidades con el mayor porcentaje de población de 15 años o más analfabeta.

Asimismo, Chiapas (48.1%), Oaxaca (45.2%) y Guerrero (42.5%), también presentan altas cifras de población de 15 años y más con educación básica incompleta. Por el contrario, la Ciudad de México es la entidad con el menor porcentaje de población de 15 años o más analfabeta, y población de 15 años y más con educación básica incompleta (1.4% y 17.5%, respectivamente).

A nivel nacional, 29.6% de la población de 15 años y más tienen una educación básica incompleta.

Por otro lado, se identificó que Michoacán (37.6%), Estado de México (33.4%) y Chiapas (32.7%), son los estados con mayor población sin derechohabiencia a servicios de salud. En contraste, las entidades con el menor porcentaje de población sin derechohabiencia a servicios de salud son Chihuahua (15.3%), Baja California Sur (16.2%) y Colima (16.8 por ciento).

Por su parte, a nivel nacional, el porcentaje de población sin derechohabiencia a servicios de salud para el 2020 fue de 26.2 por ciento.

En el caso de la calidad y espacios de la vivienda, Guerrero (14.0%), Oaxaca (13.3%) y Chiapas (11.1%), se colocaron como los estados donde más viviendas cuentan con pisos de tierra.

En cuanto a las entidades con el mayor porcentaje de viviendas que no disponen de excusado o sanitario, Guerrero (9.5%), Yucatán (6.5%) y Campeche (3.6%) son las que presentan mayor porcentaje, aunado a que en Guerrero (11.1%), Chiapas (9.9%) y Oaxaca (9.8%) más viviendas no disponen de agua entubada de la red pública.

Así como Oaxaca (19.4%) Guerrero (11.8%) y San Luis Potosí (9.1%), donde más hogares no disponen de drenaje; y Oaxaca (2.3%), Durango (1.8%) y Chiapas (1.8%) como los estados con mayor porcentaje de viviendas que no cuentan con energía eléctrica.

En contraste, la Ciudad de México se posiciona como la entidad con menor porcentaje de viviendas que no disponen de excusado o sanitario (0.3%), viviendas que tienen drenaje (0.2%) y viviendas que cuentan con energía eléctrica (0.1 por ciento).

Sobre los indicadores asociados a los activos de la vivienda, se dijo que, a nivel nacional, 27.2% de los hogares no dispone de lavadora, mientras que 12.4% de refrigerador.

Las entidades con mayor porcentaje de viviendas que no disponen de lavadora son Chiapas (56.2%), Guerrero (54.2%) y Oaxaca (52.7%), y de las casas que no tienen refrigerador destaca Chiapas (35.4 por ciento).

Fuente:EL ECONOMISTA 26 de abril de 2021

Casi la mitad de las mujeres en 57 países en desarrollo no tienen el derecho a decidir si quieren tener relaciones sexuales con sus parejas, usar anticonceptivos o buscar atención sanitaria, según concluye el nuevo informe sobre el Estado de la Población Mundial 2021 del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

El informe anual sobre el Estado de la Población Mundial, este año bajo el lema Mi cuerpo me pertenece: Reclamar el derecho a la autonomía y la autodeterminación, es el primero que realiza la ONU centrándose en la autonomía corporal y busca resaltar el poder y la capacidad para tomar decisiones de las mujeres sobre sus cuerpos, sin temor a la violencia o a que alguien más decida por ellas.

El Fondo destaca que la falta de autonomía corporal comporta grandes implicaciones que van más allá de los grandes perjuicios para las mujeres y las niñas en la esfera individual: una potencial depresión de su productividad económica, el menoscabo de sus habilidades, y los costos adicionales resultantes para los sistemas judiciales y de atención de la salud.

El análisis mide tanto el poder de las mujeres para tomar decisiones acerca de sus cuerpos como el grado de apoyo o interferencia legislativo de los países sobre el derecho de una mujer a tomar este tipo de decisiones. Los datos muestran que existe un fuerte vínculo entre el poder para tomar decisiones y los niveles educativos más altos.

El informe también analiza cómo las iniciativas para confrontar los abusos pueden derivar en mayores vulneraciones de la autonomía corporal.

Según el estudio, las auténticas soluciones a estos problemas deberán considerar las necesidades y experiencias de las personas afectadas.

El informe sobre el Estado de la Población Mundial se publica anualmente desde 1978 y pone de relieve cuestiones novedosas en el campo de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, incorporándolas al debate público y analizando los retos y las oportunidades que presentan para el desarrollo internacional.