Día Internacional para Proteger la
Educación de Ataques, 9 de septiembre

La educación puede salvar vidas

Estadísticas a propósito del Día
Mundial para la Prevención del Suicidio

Se incrementan en el país 3.1% asesinatos de mujeres

Día de Conmemoración de las Víctimas de Actos de Violencia
basados en la Religión o las Creencias, 22 de agosto

INEGI presenta los Resultados

Definitivos de los Censos Económicos 2019

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los Resultados Definitivos de los Censos Económicos (CE) 2019, la fuente de información económica básica más completa y detallada de México.

Los Censos Económicos en nuestro país se levantan cada 5 años, desde 1930. Los levantados el año pasado constituyen el decimonoveno censo. Sus resultados reportan el desempeño y las características económicas de todos los establecimientos de nuestro país, y permiten un análisis detallado de la evolución de la economía nacional, regional, estatal, local o a cualquier nivel de detalle geográfico.

Principales Resultados

En 2019 había 6 373 169 establecimientos, con 36 038 272 personas ocupadas en ellos. Al comparar con los Censos Económicos de 2014, se observa que en los últimos cinco años se registró un aumento de 719 155 establecimientos y de 6 395 851 personas ocupadas.

Del total de establecimientos, las manufacturas aportan 32.0% al valor agregado del país; el comercio 21.4%; los servicios privados no financieros 20.8%; la minería 9.5%; el sector de electricidad 2.2%; y 14.3% las actividades restantes (pesca, transportes, construcción y servicios financieros).

Los CE 2019 indican, entre otros aspectos, que en nuestra economía siguen predominando los Micronegocios (de hasta diez personas ocupadas), los cuales representan 94.9% del total de establecimientos.

El 37.2% del personal ocupado laboró en micronegocios (cero a diez personas), 30.7% en PYMES (11 a 250 personas) y 32.1% en unidades económicas grandes (más de 250 personas). Sin embargo, en cuanto al Valor agregado, los establecimientos grandes concentran 54.7% del total.

El 86.3% de las PYMES contó con equipo de cómputo, mientras que 83.7 % utilizó Internet y 18.7% realizó operaciones de ventas por Internet.

Por primera vez, los Censos Económicos ofrecen información caracterizando la formalidad e informalidad de los negocios.

Bajo la definición censal se tiene que 37.4% de los establecimientos son formales y 62.6% son informales. En tanto, 81.1% del personal ocupado labora en negocios formales y 18.9% en establecimientos informales. El valor agregado que generan los establecimientos informales es de 3%, frente a 97% que generan los establecimientos formales.

Las entidades con porcentajes más altos de personal ocupado en establecimientos informales son: Oaxaca (80.0%), México (79.4%), Guerrero (76.7%), Tlaxcala (75.7%) y Chiapas (73.7 por ciento). El personal ocupado que laboró en establecimientos formales se concentró en: Oaxaca (50.1%), Guerrero (45.6%), Chiapas (40.6%), Tlaxcala (38.1%) y México (32.8 por ciento).

También se abordaron por primera vez temas que posibilitarán a los usuarios contar con información sobre cómo se lleva a cabo la administración de los negocios en nuestro país. Se captaron datos sobre las características y manejo del negocio para medir desempeño, competitividad y productividad, así como uso de plataformas de Internet para la realización de compras o ventas. Además, se incluyeron variables para conocer los mecanismos o sistemas contables utilizados para el registro de gastos e ingresos, los problemas que enfrentan los negocios, edad y nivel de estudios del personal ocupado y se obtuvieron datos sobre la capacitación, permanencia y rotación del personal.

Con los datos de los CE 2019, el INEGI actualizó el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) y se proveyó de información sobre el número de viviendas para la planeación del Censo de Población y Vivienda 2020.

Adicionalmente, próximamente se llevará a cabo un estudio para conocer cuántos establecimientos más se han creado desde el censo, y cuántos han dejado de operar, particularmente durante los recientes meses de confinamiento.

Fuente: INEGI 16 de julio de 2020

México salda su deuda histórica con las 2,3 millones de

trabajadoras domésticas al ratificar el “Convenio 189”

Brechas de género en tiempos de la COVID-19

Las mujeres en América Latina y el Caribe han logrado avances significativos en los últimos 30 años. La mortalidad materna durante el parto ha disminuido a más de la mitad, las mujeres jóvenes tienen un nivel educativo ligeramente superior al de los hombres jóvenes, y la región registró la mayor tasa de convergencia entre la participación masculina y femenina en la fuerza laboral en el período 1990 – 2015, en comparación con otras regiones del mundo. No obstante, se siguen reportando muchos casos de maltrato doméstico, y existen notorias diferencias entre hombres y mujeres en materia de salarios, estabilidad laboral, distribución del trabajo no remunerado en relación con tareas domésticas y cuidado de los niños. Y, aparte de eso, la pandemia COVID-19 puede estar agravando aún más la situación de la mujer en esos ámbitos, lo que revela una enorme necesidad de hacer frente a este asunto en medio de una de las mayores crisis económicas y de salud en muchas generaciones.

Existe evidencia de Estados Unidos que sugiere que en los países desarrollados la pandemia está afectando de manera desproporcionada el lugar que ocupan las mujeres en el mercado laboral, ya que tienden a estar sobrerrepresentadas en los sectores más afectados como servicios, educación, entretenimiento y turismo. Lo mismo parece ser cierto en América Latina y el Caribe. Como queda claro con la reciente Encuesta BID/Cornell sobre el coronavirus y el Gráfico 1 abajo, las mujeres solteras tienen más probabilidades que los hombres solteros de declarar que al menos un adulto de su hogar ha perdido su fuente de ingresos durante la pandemia. Existe una brecha similar, aunque más pequeña, en lo que respecta a las mujeres casadas en relación con los hombres casados.

Las desigualdades durante la pandemia no son solo un reflejo del mercado laboral. También tienen que ver con las decisiones que se toman en los hogares mientras las familias se adaptan al choque de la pandemia, y los roles de género influyen considerablemente en ello.

El panorama es aún más desalentador en América Latina y el Caribe. El tiempo dedicado a las tareas domésticas era incluso más desigual antes de la pandemia. Durante el confinamiento, las mujeres han sido las únicas responsables de realizar las labores domésticas no remuneradas en muchas áreas, según datos de la Encuesta BID/Cornell sobre el coronavirus.

Las mujeres también son más vulnerables al abuso emocional, físico y sexual durante el confinamiento. Por un lado, la pérdida de ingresos puede reducir su poder de negociación en el hogar. Por otro lado, el repentino aumento del nivel de contacto interpersonal en el hogar, el aislamiento forzoso, así como el estrés y la ansiedad añadidos, tanto a raíz de la crisis de salud pública como de la pérdida de ingresos, exacerban los conflictos familiares y la violencia doméstica.

Está claro que medir la prevalencia de la violencia doméstica a menudo resulta ser una tarea difícil, propensa a múltiples problemas de datos inexactos. Por ejemplo, el número creciente de llamadas a líneas de ayuda reportando maltrato puede coincidir con una caída en los reportes presenciales. Por otro lado, durante un confinamiento, obtener información precisa resulta aún más difícil debido a la repentina y drástica pérdida de privacidad en el hogar. No obstante, la reciente encuesta BID/Cornell sobre el coronavirus reveló que, en promedio, el 15% de las mujeres experimentaron un aumento en los niveles de violencia doméstica durante la semana anterior, en relación con una situación de normalidad (sin confinamiento).

Las políticas de recuperación requerirán que se estudie y se aborde el problema de las distintas desigualdades de género. Estudios sobre si la pandemia u otras crisis económicas refuerzan o debilitan las normas sociales con sesgo de género, incluso con respecto al trabajo, serán cruciales para el diseño de políticas.

América Latina y el Caribe ha avanzado en varios temas de la mujer en los últimos años. Pero necesita hacer mucho más. Los gobiernos deben, ahora más que nunca, hacer hincapié en políticas que reduzcan las diferencias entre hombres y mujeres. No podemos darnos el lujo de echar por la borda tantos años de progreso.

Resultados del Censo Nacional de

Impartición de Justicia Federal 2020

Día Internacional de la Lucha contra el Uso

Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, 26 de junio

Mejor conocimiento para un mejor cuidado

Mediante la resolución 42/112, aprobada el 7 de diciembre de 1987, la Asamblea General decidió conmemorar el “Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas” cada 26 de junio para reforzar la acción y la cooperación con el fin de alcanzar una sociedad libre del consumo de drogas. En la resolución se recomiendan medidas adicionales al informe y las conclusiones de la Conferencia Internacional sobre Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas de 1987.

Apoyado cada año por individuos, comunidades y varias organizaciones en todo el mundo, este Día Internacional tiene como objetivo crear conciencia sobre el problema importante que las drogas ilícitas representan para la sociedad.

Últimamente, el abordar el problema mundial de las drogas ha estado ‘plagado’ por información errónea de muchos tipos.

Es por ello que este año el tema “Mejor conocimiento para un mejor cuidado” enfatiza la necesidad de mejorar la comprensión del problema mundial de las drogas y cómo, a su vez, un mejor conocimiento fomentará una mayor cooperación internacional para contrarrestar su impacto en la salud, gobernanza y seguridad.

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) alienta a todas las personas, a las organizaciones sin fines de lucro, al sector privado y a los Estados Miembros a participar en su campaña a través de las redes sociales para conmemorar este día y los invita a aprovechar los recursos provistos en el paquete de la campaña de las redes sociales.

Estadísticas a Propósito del Día Internacional de la

Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico de Drogas

Día Mundial de los Refugiados, 20 de junio

Toda acción cuenta

La pandemia de COVID19 y las recientes protestas contra el racismo ponen de manifiesto cómo necesitamos luchar desesperadamente por un mundo más inclusivo e igualitario; un mundo donde nadie se quede atrás. Este momento que vivimos nos demuestra que todos desempeñamos un papel en la lucha para conseguir cambiar las cosas. Esto es la esencia misma de la campaña del Día Mundial del Refugiado del ACNUR. Este año, nuestro objetivo es recordar al mundo que todas las personas, incluidos los refugiados, pueden hacer una contribución a la sociedad y cada acción cuenta para crear un mundo más justo, inclusivo e igualitario.

El mundo está siendo testigo del mayor número de desplazamientos de los que se tienen constancia. Una cantidad sin precedentes de 70,8 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a abandonar sus hogares a causa del conflicto y la persecución a finales de 2018. Entre ellas, hay casi 30 millones de refugiados, de los cuales más de la mitad son menores de 18 años. Además, hay 10 millones de personas apátridas a las que se les ha negado una nacionalidad y el acceso a derechos fundamentales, como la educación, sanidad, empleo y libertad de circulación.

Los refugiados se encuentran entre las personas más vulnerables del mundo. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967 constituyen los instrumentos legales únicos que amparan la protección internacional de los refugiados. Según sus provisiones, los refugiados merecen como mínimo los mismos estándares de tratamiento que el resto de extranjeros en un país y, en muchos casos, el mismo tratamiento que los nacionales.

La Convención de 1951, que define quien es un refugiado, contiene una serie de sus derechos y también pone de relieve sus obligaciones hacia el país de acogida. La piedra angular de la Convención es el principio de no devolución. De acuerdo con este principio, un refugiado no debe ser devuelto a un país donde se enfrenta a graves amenazas a su vida o su libertad. Esta protección no puede reclamarse por los refugiados que están considerados un peligro razonable para la seguridad del país, que hayan sido condenados por un delito particularmente grave o que se consideren un peligro para la comunidad.

Los derechos contenidos en la Convención de 1951 incluyen:
el derecho a no ser expulsado, excepto bajo ciertas condiciones estrictamente definidas;
el derecho a no ser castigado por entrada ilegal en el territorio de un Estado contratante;
el derecho al empleo remunerado;
el derecho a la vivienda;
el derecho a la educación pública;
el derecho a la asistencia pública;
el derecho a la libertad de religión;
el derecho al acceso a los tribunales;
el derecho a la libertad de circulación dentro del territorio,
y el derecho a emitir documentos de identidad y de viaje.

Algunos derechos básicos, incluido el derecho a ser protegidos contra la devolución, se aplican a todos los refugiados. Un refugiado adquiere el derecho a otros derechos cuanto más tiempo permanezcan en el país anfitrión, derecho basado en el reconocimiento de que cuanto más tiempo permanecen en calidad de refugiados, más derechos necesitan.

INEGI e INAI presentan los resultados de la ENAID 2019

Día Internacional del Personal de Paz de la ONU, 29 de mayo

Encuesta Nacional de Calidad e

Impacto Gubernamental (ENCIG) 2019

La Crisis Generada por la COVID-19

y sus Consecuencias Económicas

19.5 Millones de Niñas, Niños y Adolescentes se

Encontraban en Situación de Pobreza en 2018

Las niñas, niños y adolescentes en México presentan mayor prevalencia de pobreza respecto a la población en general, lo cual limita su desarrollo y bienestar, además contribuye a perpetuar dinámicas de pobreza a lo largo del ciclo de vida. En el marco del Día del Niño y la Niña, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) señala que el 49.6% de la población menor de 18 años se encontraba en situación de pobreza en 2018 (19.5 millones de personas) y el 9.3% (3.7 millones de personas) en pobreza extrema en ese mismo año, de acuerdo con la más reciente medición multidimensional de la pobreza.

La carencia por acceso a la alimentación pasó de 25.7% a 23.9% entre 2008 y 2018 en este grupo de población, es decir, en ese último año más de 9 millones de menores de edad vivían en hogares que presentaban un grado de inseguridad alimentaria moderado o severo.

El porcentaje de personas de cero a cuatro años sin bajo peso, baja talla ni emaciación se ubicó en 84.7% en 2012, mientras que en 2016 aumentó a 88.0%, de acuerdo con datos del Sistema de Información de Derechos Sociales (SIDS) del CONEVAL.

Respecto al porcentaje de personas con carencia por acceso a los servicios de salud, este tuvo una disminución entre 2008 y 2018, al pasar del 39.0% a 14.3% en este periodo para la población menor de 18 años. Además, la tasa de mortalidad infantil a nivel nacional se redujo, es decir, el número de defunciones de menores de un año por cada mil nacidos vivos pasó de 14.1 a 12.1 de 2010 a 2016, según datos del SIDS.

La carencia por acceso a la seguridad social es la de mayor prevalencia en toda la población, en particular afecta más a quienes tienen menos de 18 años de edad. En 2008, el 73.9% de las niñas, niños y adolescentes presentaba esta carencia, mientras que en 2018 el porcentaje fue de 61.1%, lo anterior significa que, en el último año referido, únicamente el 38.9% de este grupo de personas tenía acceso a este derecho, de acuerdo con datos del SIDS.

Chiapas (11.8%), Oaxaca (16.9%) y Guerrero (18.2%) son los estados que tuvieron los menores porcentajes de esta población con acceso a la seguridad social en 2018. En contraste, Coahuila (69.8%), Nuevo León (66.9%) y Baja California Sur (64.2%) registraron mayor acceso en el mismo año.

En menores de edad, el rezago educativo estuvo presente en el 10.5% de ese grupo en 2008 y en el 7.3% de este grupo de población en 2018, de acuerdo con la más reciente medición multidimensional de la pobreza publicada por el CONEVAL.

Respecto a la carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda, en 2008 el 27.3% de la población menor de 18 años habitaba en viviendas que no contaban con acceso a agua potable, energía eléctrica, drenaje o se cocinaba con estufa de leña sin chimenea para 2018 esta cifra disminuyó a 23.4%. Asimismo, la carencia por calidad y espacios en la vivienda en menores de edad pasó de 23.0% a 15.5% en el mismo periodo.

Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana

Cifras durante marzo de 2020

De acuerdo con los resultados del vigésimo séptimo levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI en la primera quincena de marzo de 2020, durante ese mes 73.4% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

Este porcentaje no representa un cambio estadísticamente significativo con respecto de diciembre de 2019, en donde se registró un porcentaje de 72.9%. Sin embargo, representa un nivel estadísticamente menor con respecto de marzo de 2019, en donde se registró un porcentaje de 74.6%. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 78.6%, mientras que para los hombres fue de 67.2 por ciento.

Así, las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Ecatepec de Morelos, Uruapan, Coatzacoalcos, Fresnillo, Iztapalapa y Villahermosa, con 94.4, 94.1, 92.1, 91.4, 91.3 y 91.1%, respectivamente.

Por otro lado, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, Mérida, Puerto Vallarta, Saltillo, San Nicolás de los Garza y Los Cabos , con 24, 24.8, 31.8, 35.5, 36.5 y 39.7%, respectivamente.

En específico, 80.8% de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 73.5% en el transporte público, 67.4% en el banco y 64.7% en las calles que habitualmente usa.

A partir de marzo de 2020 se estima el porcentaje de personas que fue testigo o escuchó sobre tomas irregulares de energía eléctrica o “diablitos” en los alrededores de su vivienda.

La ENSU, con periodicidad trimestral, ha realizado a la fecha veintisiete levantamientos. El primero de ellos se llevó a cabo en septiembre de 2013.

Características de los ayuntamientos

y administraciones municipales

El 27 de febrero de 2019 se publicaron por parte del INEGI los resultados del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019, que tiene como objetivo generar información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de las instituciones que integran a la Administración Pública de cada municipio (y demarcación territorial de la Ciudad de México), específicamente en las funciones de:
• gobierno,
• administración pública
• seguridad pública,
• justicia municipal,
• agua potable y saneamiento y
• residuos sólidos urbanos

En el presente documento se muestran agregadas las cifras de los 120 municipios de Chiapas que fueron censados por el INEGI en el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019, de tal manera que muestra las cantidades totales de personas, infraestructura, y presencia de bienes y servicios con que cuentan los municipios en los 6 temas y expresados en 68 tablas.No incluye las cifras correspondientes a gestiones realizadas en los municipios debido a que el Censo fue aplicado al inicio del año 2019 requiriendo a los ayuntamientos cifras del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2018, que por no corresponderles en su gestión se asume que no es completa y en muchos casos no fue proporcionada.

La pobreza de Chiapas esta en sus municipios, y se mide por el número de personas involucradas, sin embargo la pobreza de capacidades de atención de los ayuntamientos también esta directamente relacionada con la condición de las personas, esto es, las capacidades de infraestructura, personal, funciones y oferta de servicios de los ayuntamientos es importante para enmarcar y rescatar la condición social y económica de sus habitantes. Por ello, la información del censo de Gobiernos Municipales se vuelve un instrumento de orientación de la política pública para desarrollar un gobierno eficiente y honesto.

Este documento pretende ser una guía que muestre las capacidades de los ayuntamientos y, desde la óptica institucional, se aprecien sus fortalezas y debilidades. No hace valoraciones textuales, sino que deja ver al conjunto de los municipios del estado para obtener sus propias conclusiones al ser tasados por habitantes, por establecimientos económicos u otros indicadores de interés del usuario.

Fuente: SH 04 de marzo de 2020

Estadísticas de Trabajadores Asegurados al IMSS

Cifras enero de 2020

En el presente reporte se muestran los datos correspondientes a los Trabajadores Asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el estado de Chiapas para el mes de enero de 2020, además de una comparación con el país y las entidades federativas.

De acuerdo a los datos presentados por el IMSS, al 31 de enero de 2020, a nivel nacional se contaba con un total de 20´490,397 trabajadores asegurados a este instituto, se registró un incremento de 0.3% en relación al mes anterior, lo que equivale a 68,955 trabajadores más.

En el estado de Chiapas para el mismo mes de enero, se registraron 223,323 trabajadores asegurados al IMSS, de los cuales 63.3% son hombres y 36.7% son mujeres; que representan 1.1% del total nacional.

En comparación con el mes anterior, se registró un decremento de 1.84% que representó 4,182 empleos menos. Comparado con el mes de enero de 2019 se registró un incremento de 1.24% lo que significó 2,743 asegurados más ante el instituto.

De los 223,323 trabajadores asegurados al IMSS en Chiapas, 197,268 son trabajadores permanentes (urbanos y del campo), cifra que representa 88.33% de los trabajadores afiliados a esta institución, lo anterior ubica al estado en el noveno lugar en el contexto nacional en este rubro, por arriba de entidades como Oaxaca, Ciudad de México y Guanajuato así como del promedio nacional de 85.81%.

Uno de los indicadores para medir el empleo es la variación absoluta de los trabajadores permanentes totales (urbanos y del campo) y los eventuales urbanos (TPEU). Comparando el total de trabajadores en esta categoría, en Chiapas, de enero de 2019 a enero de 2020, se registró un incremento de 1.08% equivalente a 2,346 trabajadores más en esta categoría.

Ninguno de los estados de la región Sur-sureste presentó disminución de TPEU, siendo Puebla el que obtuvo la variación más baja de la región (0.56%); ubicándose por debajo de Chiapas y del valor nacional.

A nivel nacional, comparando los TPEU, estos pasaron de 16´359,779 trabajadores en enero del año 2014 a 20´205,474 en enero de 2020, es decir 3´845,695 empleos generados en dicho periodo en esta categoría, lo anterior representa un incremento del 23.5%.

En el caso de Chiapas, esta categoría pasó de 205,732 trabajadores a 219,414 en el mismo periodo, es decir un incremento del 6.7% que equivale a 13,682 asegurados.

En Chiapas, el sector primario concentra 8.1% de los trabajadores asegurados; en el sector secundario se encuentra 18.7% y en el sector terciario se concentra el mayor número de asegurados con 73.2%.

De las 15 regiones socioeconómicas de Chiapas, destacan la región I Metropolitana con 54.5% y la X Soconusco con 21.6% como las principales concentradoras de trabajadores afiliados al seguro social al contener poco más de tres cuartas partes de los trabajadores. El 24.0% de asegurados restantes se distribuye en las otras 13 regiones.

Fuente: SH 28 de febrero de 2020

Resultados del 5to. Censo Nacional de Gobiernos Municipales

y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019

El Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales (CNGMD) 2019 proporciona información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de las instituciones públicas que integran las Administraciones Públicas Municipales y Demarcaciones Territoriales del país, específicamente en las funciones de gobierno, seguridad pública, justicia municipal, agua potable y saneamiento, así como sobre la recolección de residuos sólidos.

Ayuntamiento

Al cierre de 2018 se reportó que 20.7% de las presidencias municipales o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México estuvieron a cargo de mujeres (510 presidentas). Entre 2010 y 2018, se presentó un incremento de 325% en el número de presidentas.

La antigüedad promedio de los presidentes municipales fue de 18.5 años, mientras que de las presidentas municipales fue de 13.4 años.

Administración pública municipal

Al término de 2018, las instituciones de las administraciones públicas municipales o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México contaron con 1 millón 021 mil 962 servidores públicos adscritos; esto es, 19.8% más funcionarios públicos municipales que en 2010. De ellos, 64.6% fueron hombres y 35.1% fueron mujeres.

Además, 1,088 administraciones públicas municipales registraron asentamientos irregulares y 1,039 reportaron asentamientos humanos en zonas de riesgo.

Agua potable y saneamiento

En 2018 el 98.6% de los municipios del país reportaron que cuentan con el servicio de agua potable de la red pública y 78.7% con alcantarillado y drenaje.

En 32.0% de los municipios se da tratamiento a las aguas residuales y 63.7% de los municipios facturan el servicio de agua potable.

Residuos sólidos urbanos

Al cierre de 2018, 92.1% de los municipios y demarcaciones contaban con servicio de recolección de residuos sólidos. Adicionalmente, solo 3.3% contaba con centros de acopio de materiales reciclables. En ellos operaban 565 centros.

Seguridad pública

En 2018 se registraron 8 millones 003 mil 130 llamadas procedentes mediante los sistemas de emergencia 911, 066, 089 u otros, lo que representa un incremento de 11.2% comparado con 2012 y 12.9% con respecto a lo registrado en 2014.

Del total de incidentes registrados (14 mil 200) por medio del sistema telefónico de emergencias 089 al cierre de 2018, 2 mil 126 incidentes correspondieron a robo.

El número de municipios que ha creado mecanismos de coordinación para el cumplimiento de sus funciones de seguridad pública creció 3.1% en los dos últimos años (2016 – 2018).

El personal destinado a funciones de seguridad pública en las administraciones públicas municipales disminuyó 2.1% entre 2010 y 2018, al pasar de 179 mil 608 a 175 mil 755.

Por su parte, 303 municipios reportaron la participación de elementos de la Policía Federal, Marina o el Ejército en funciones de seguridad pública.

Justicia municipal

Al cierre de 2018, se reportaron 4 mil 386 jueces cívicos u oficiales calificadores. De ellos, 76.6% fueron hombres y 23.4% fueron mujeres.

Respecto a las infracciones registradas en los procedimientos administrativos iniciados, se reportaron 2 millones 172 mil 206, de las cuales 32.2% correspondió al tipo de “Afectación al bienestar colectivo y a la salud de las personas por el consumo y/o suministro de sustancias nocivas”.

La quinta edición del CNGMD se presenta en 116 tabulados, organizados en ocho apartados: Ayuntamiento, Administración pública municipal o de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, Catastro municipal y cobro predial, Planeación y gestión territorial, Seguridad pública, Justicia municipal, Agua potable y saneamiento y Residuos sólidos urbanos.

Indicadores de Bienestar

Autorreportado de la Población Urbana

Cifras durante enero de 2020

El INEGI da a conocer los resultados del módulo de Bienestar Autorreportado (BIARE) con información al mes de enero de 2020.

El objetivo de los módulos BIARE consiste en captar las dimensiones del bienestar subjetivo que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomienda dar seguimiento por parte de las oficinas nacionales de estadística de los países miembros. El Módulo BIARE Básico, acompaña a la Encuesta Nacional sobre Confianza del Consumidor (ENCO) y ofrece información representativa del conjunto de la población adulta concentrada en 32 ciudades del país.

Durante el primer mes de este año, en una escala de 0 a 10, la población adulta urbana califica, en promedio, en 8.3 la satisfacción actual con su vida; una décima menos que la calificación reportada en el mismo mes del año anterior, cuando se ubicó en 8.4.

En referencia con aspectos específicos, la población expresa un nivel alto de satisfacción con sus relaciones personales (8.8) y un nivel bajo en la satisfacción con su seguridad ciudadana (5.2), mientras que la satisfacción con este país muestra una calificación de 6.9 en promedio. Los dominios de la esfera pública tradicionalmente presentan la más baja valoración. En particular, la satisfacción con la seguridad ciudadana disminuyó dos décimas respecto a enero de 2019.

Del total de la población adulta urbana, 1.3% calificó entre 0 y 4 el nivel de satisfacción actual con su vida; 7.5% la evaluó con 5 o 6; 42.9% otorgó una calificación de 7 u 8, en tanto que 48.3% señaló un nivel de satisfacción con valores de 9 o 10.

En una escala de -10 a +10, el balance de estados de ánimo positivos y negativos de la población en enero de este año fue de 6.5, una décima por arriba del registrado en el mismo mes de 2019 (6.4).

Datos preliminares revelan que de enero a junio

de 2019 se registraron 17 198 homicidios

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer las estadísticas preliminares, a nivel nacional, de los homicidios registrados en el país durante el primer semestre de 2019.

Las estadísticas revelan que en el primer semestre de 2019 se registraron 17 198 homicidios en México. Es decir, una razón de 14 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa que es igual a la registrada en 2018 para el mismo periodo. Con la finalidad de facilitar su comparación con la información de años anteriores se agrega la serie histórica de la estadística definitiva de presuntos homicidios de 1990 a 2018.

Estas cifras se derivan de la estadística de defunciones registradas, a partir de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas, los cuales son generados por las entidades federativas y que son recopilados mensualmente por el INEGI. Las fuentes informantes que tuvieron al menos un registro de homicidio corresponden a 188 Oficialías del Registro Civil, a 104 Servicios Médicos Forenses y a 206 Agencias del Ministerio Público.

A partir de 2015 el INEGI capta información de presuntos homicidios directamente de los Servicios Médicos Forenses por medio de los certificados de defunción que emiten para las muertes accidentales y violentas. Además, capta datos en las Oficialías del Registro Civil a través de actas y certificados de defunción. Esta información se complementa con la proporcionada por las Agencias del Ministerio Público mediante cuadernos estadísticos de defunción.

Los homicidios forman parte de las defunciones accidentales y violentas, cuya clasificación se determina con base en las afecciones y lesiones (causas), la presunción del tipo de defunción y el motivo de la lesión, registrados por el médico certificante en el certificado de defunción. Las primeras dos son fundamentales para distinguir entre un presunto homicidio, un presunto accidente o un presunto suicidio, aunque en algunos casos el certificante carece de elementos suficientes para identificar la intencionalidad del hecho ocurrido.

Al completar la publicación de la información correspondiente a todo el año 2019, las cifras preliminares que se darán a conocer el 28 de julio y que incorporarán las del segundo semestre, incluirán casos que corresponden al primer semestre, los cuales fueron captados durante el segundo semestre. En este sentido, la estadística preliminar semestral debe observarse como un registro sujeto a modificaciones tanto en su versión preliminar anual como en la versión definitiva anual, y debe utilizarse bajo esta consideración.

Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana

Cifras durante diciembre de 2019

De acuerdo con los resultados del vigésimo sexto levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI en la primera quincena de diciembre de 2019, durante ese mes 72.9% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo respecto al de 71.3% de septiembre de 2019, pero no es estadísticamente diferente al de 73.7% registrado en diciembre de 2018. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 77.2%, mientras que para los hombres fue de 67.8 por ciento.

Así, las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Puebla de Zaragoza, Tapachula, Ecatepec de Morelos, Uruapan, Fresnillo y Tlalnepantla de Baz, con 92.7, 92.1, 92, 92, 91.9 y 90.9%, respectivamente.

Por otro lado, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: Mérida, San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza, Saltillo, Los Cabos y Puerto Vallarta, con 18.9, 18.9, 31.7, 32.1, 32.7 y 34.2%, respectivamente.

A partir de junio de 2018, con el objetivo de proporcionar un dato oportuno sobre la victimización, se busca conocer de manera semestral la proporción de hogares en zonas urbanas víctima o con integrantes mayores de 18 años víctima de los delitos de robo y/o extorsión. Asimismo, desde junio de 2019 se indaga el porcentaje de víctimas de actos de corrupción por parte de autoridades de seguridad pública y, a partir de diciembre de 2019, se busca conocer a las personas víctimas de violencia sexual.

Así, a nivel nacional, 35.3% de los hogares contó con al menos una víctima de robo y/o extorsión durante el segundo semestre de 2019. Las ciudades con mayor porcentaje de hogares con al menos una víctima fueron: Tláhuac, Tlalnepantla de Baz, Puebla de Zaragoza, Coyoacán y Gustavo A. Madero con 55.7, 55, 53.2, 52.1 y 51.9%, respectivamente.

Por otro lado, las ciudades con menor porcentaje de hogares victimizados fueron: Tampico, Juárez, San Francisco de Campeche, Mérida y Los Mochis, con 13.3, 16.6, 17.7, 19 y 19.1%, respectivamente.

En cuanto a víctimas de actos de corrupción por parte de autoridades de seguridad pública, durante el segundo semestre de 2019 se estima que el 14.6% de la población de 18 años y más tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública, del cual 48.3% declaró haber sufrido un acto de corrupción por parte de éstas.

A partir del segundo trimestre de 2019 se estima el porcentaje de personas que fue testigo o escuchó sobre el robo o venta ilegal de gasolina o diésel (huachicol) en los alrededores de su vivienda. De igual forma, se estima el porcentaje de población que identifica a la Guardia Nacional y se evalúa la percepción sobre su desempeño, así como el grado de confianza en esta nueva institución del Estado mexicano.

Finalmente, a partir de este trimestre se proporciona una estimación de las víctimas de acoso personal y violencia sexual. Se estima que de la población de 18 años y más, durante el segundo semestre de 2019 el 19.4% fue víctima de acoso personal y/o violencia sexual. En el caso de las mujeres este porcentaje fue de 27.2%, mientras que en hombres fue de 10.1 por ciento.

Indicadores del Sector Servicios

Cifras durante octubre de 2019

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa sobre los principales resultados de la Encuesta Mensual de Servicios (EMS), que considera 102 conjuntos de actividades económicas relacionadas con los Servicios Privados no Financieros.

Con cifras desestacionalizadas, durante octubre del presente año los Ingresos Totales reales por Suministro de Bienes y Servicios Privados no Financieros crecieron 0.3%, el Personal Ocupado Total y las Remuneraciones Totales reales aumentaron 0.8% cada rubro, frente al mes inmediato anterior. Por su parte, los Gastos Totales reales por Consumo de Bienes y Servicios no registraron variación respecto al mes previo.

A tasa anual, el índice agregado de los Ingresos Totales reales por Suministro de Bienes y Servicios mostró un incremento de 1.2%, el índice del Personal Ocupado Total de 0.6% y el de las Remuneraciones Totales ascendió 4.4%; en contraste, el de los Gastos Totales por Consumo de Bienes y Servicios disminuyó (-)3.2% en el décimo mes de 2019.

Hay estados con menos de 15% de sus policías certificados

El promedio nacional de evaluación de elementos de seguridad llega a sólo 46.3%, reportó el gobierno.

Los policías de Jalisco, Tlaxcala, Baja California Sur y la Ciudad de México registran menos de 15% de avance en su certificación, de acuerdo con un informe presentado por el gobierno federal.

Con corte a septiembre del 2019, las cifras se refieren al personal de seguridad pública con Certificado Único Policial (CUP), que incluye la evaluación de control de confianza, desempeño, competencia y formación inicial.

El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, presentó el avance por estado de la certificación de los policías estatales.

Jalisco es la entidad con menor avance (2.7%); seguido de Tlaxcala (13.2%); Baja California Sur (13.9%); Ciudad de México (14.3%); Puebla (24.7%); Sonora (29.4%); Nayarit y Chiapas (29.6%); Guerrero (29.8%); Tamaulipas (31.6%); Veracruz (33.9%); Chihuahua (34.1%); Yucatán (34.9%); Coahuila (35%); Zacatecas y Quintana Roo (39.3%); Hidalgo (42.1%); Tabasco (45.3%) y Michoacán (46 por ciento). Esos estados están por debajo de la media nacional, que es de 46.3% de avance en la certificación policial.

Los estados con un avance mayor son San Luis Potosí (48.2%); Nuevo León (52.2%); Campeche (56.6%); Sinaloa (58.1%); Estado de México (62.6%); Oaxaca (67.6%); Morelos (71.8%); Aguascalientes (73.7%); Durango (76.5%), y Baja California (81.2 por ciento).

Encabezan la lista de policías certificados: Guanajuato (81.7%); Colima (86.9%), y Querétaro (96.4 por ciento).

El informe indica que prácticamente todas las entidades del país tienen un déficit de policías, salvo la Ciudad de México que cuenta con un superávit de 1.6 elementos por cada 1,000 habitantes (según el estándar internacional).

Las entidades que más padecen falta de elementos son: Baja California y Sinaloa (-2.6); Sonora y Querétaro (-2.5); Aguascalientes, Coahuila y Durango (-2.4); Morelos, Guanajuato y Chihuahua (-2.3); así como Puebla, Jalisco, Baja California Sur, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz (-2.2).

Fuente:EL ECONOMISTA 17 de diciembre de 2019

CONEVAL Presenta el Sistema de Información de

Derechos Sociales para Monitoriar su Acceso Efectivo

La Ley General de Desarrollo Social (LDGS) le mandata al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) la realización de la medición de la pobreza con un enfoque multidimensional, la cual ha contribuido a que México cuente con información sobre las carencias económicas y sociales que enfrenta la población y sobre los avances y los retos de política pública de los tres órdenes de gobierno para la mejora de las condiciones de vida de la población.

El CONEVAL ha manifestado en diversas ocasiones que la Medición multidimensional de la pobreza es la base del análisis de los rezagos sociales. Diversos sectores públicos y académicos han insistido en que, si bien es importante conocer el número de personas que tienen acceso básico a los derechos sociales, también es necesario conocer la calidad, la disponibilidad y la accesibilidad de los servicios que ofrece el Estado para que la población ejerza sus derechos sociales conforme lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Como resultado de estos años de estudios e investigaciones, el CONEVAL presenta la primera fase del Sistema de Información de Derechos Sociales, el cual está constituido por un conjunto de indicadores que complementan la Medición multidimensional de la pobreza y generan información sobre el acceso efectivo a los derechos sociales como: educación, salud, alimentación, vivienda y seguridad social; en una segunda fase contendrá indicadores relacionados con el derecho al trabajo, al medio ambiente sano y a la no discriminación.

El Sistema estará en ampliación permanente, ya que contará con la retroalimentación de diversos sectores sociales. En esta primera etapa está integrado por 139 indicadores divididos en dos componentes: acceso efectivo y brechas de desigualdad en grupos específicos de población en condiciones de vulnerabilidad.

Fuente: CONEVAL 10 de diciembre de 2019

Resultados del Segundo Censo

Nacional de Seguridad Pública Federal

Al cierre de 2018, la Policía Federal tenía 37 mil 297 personas laborando, 78.3% fueron hombres y 21.7% fueron mujeres. Del total, 36.2% estaba adscrito a la División de Fuerzas Federales.

Respecto al personal obligado a presentar evaluaciones de control y confianza, durante 2018 se registraron 13 mil 745 servidores públicos, de los cuales 12 mil 884 fueron evaluados y de éstos, 12 mil 541 aprobaron dichas evaluaciones.

Durante el año de referencia, la Policía Federal ejerció un presupuesto de 32 mil 694 millones 200 mil 554 pesos.

Durante 2018, la Policía Federal aseguró 21 mil 702 personas por su presunta participación en la comisión de hechos probablemente delictivos, 98.2% nacionales y 1.8% extranjeros.

En el mismo periodo, elementos de la Policía Federal aseguraron 2 mil 440 armas de fuego, así como 25 millones 474 mil 849 litros de hidrocarburos. En cuanto a los narcóticos, se aseguraron en total 74 mil 234 kilogramos, de ellos 90.0% fue de mariguana. Asimismo, se aseguraron 117 mil 599 cápsulas y/o tabletas, de ellas 96.7% fueron psicotrópicos. Respecto al aseguramiento de vehículos, se registró un total de 37 mil 562, de ellos el 49.2% presentó reporte de robo.

Además, durante 2018, se registraron 96 eventos por enfrentamientos entre la Policía Federal y probables miembros de la delincuencia organizada, en los cuales fallecieron 42 probables delincuentes y 5 policías.

Finalmente, en 2018 se registraron 12 mil 238 accidentes en carreteras y puentes de jurisdicción federal, de los cuales resultaron 8 mil 738 personas lesionadas y 2 mil 991 fallecidas. Asimismo, se registraron 311 robos y asaltos a vehículos en carreteras y puentes de jurisdicción federal. En cuanto a la modalidad del evento, el 45.9% ocurrió con camiones de carga.

Resultados del Segundo Censo Nacional

de Sistema Penitenciario Federal

Al cierre de 2018, se registró la existencia de 19 Centros Penitenciarios Federales, mismos que contaban con 38 mil 494 espacios habitados por población sentenciada y población en proceso de recibir sentencia.

Respecto del total de servidores públicos adscritos a los Centros Penitenciarios Federales, 46.5% fueron hombres, y 53.5% mujeres. En tanto, 35.3% se desempeñó como custodios y/o vigilantes de nivel operativo, mientras que 21.7% correspondió a personal directivo, administrativo u operacional.

De los 43 mil 766 delitos cometidos por las personas privadas de la libertad, el tipo más frecuente correspondió a delitos en materia de armas de fuego, explosivos y otros materiales destructivos con 29.2%, seguido de delitos federales contra la salud relacionados con narcóticos con 17.2%, y delincuencia organizada con 13.8%.

Finalmente, de la población privada de la libertad, 94.8% fueron hombres y, 5.2% mujeres. En tanto, el rango de edad con mayor proporción fue el de 30 a 39 años con 44.5%, mientras que la población entre 18 y 29 años representó 21.5%.

Además, 46.9% contaba con estudios a nivel secundaria, y 24.3% con nivel preescolar o primaria. En cuanto al estatus jurídico, 43.6% no contaba con sentencia.

Resultados del Sexto Censo Nacional

de Procuración de Justicia Federal

Al cierre de 2018 laboraban 22 mil 825 servidores públicos en la Procuraduría General de la República (PGR). De ellos, 57.5% fueron hombres y 42.5% fueron mujeres. Además, 8 mil 029 (35.2%) se encontraban incorporados al Servicio Profesional de Carrera Ministerial, Policial y/o Pericial.

En el mismo periodo, en las 202 agencias del Ministerio Público Federal, laboraban 11 mil 579 personas. Del total, 26.7% eran Agentes del Ministerio Público, seguido del personal administrativo y de apoyo que representó 23.2%.

Durante 2018 se iniciaron y/o abrieron 112 mil 917 averiguaciones previas y carpetas de investigación en las que se registró la misma cantidad de delitos. De estos, 21.9% correspondió a robo, 13.9% a delitos en materia de hidrocarburos y sus derivados y 12.3% a delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos.

En relación con las conclusiones y/o determinaciones, se registraron 172 mil 318 en averiguaciones previas y en carpetas de investigación que se encontraban en la etapa de investigación inicial. Finalmente, al cierre de 2018 quedaron 53 mil 768 averiguaciones previas y carpetas de investigación pendientes de concluir.

Los delitos más frecuentemente registrados en las averiguaciones previas y en las carpetas de investigación en la etapa de investigación inicial, concluidas y/o con determinaciones, fueron los delitos relacionados con narcóticos con 7.9%, robo con 7.2% y delitos en materia de hidrocarburos con 3.9%.

En el mismo año se abrieron 3 mil 998 expedientes por el Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal. De acuerdo con el tipo de mecanismo para la solución de conflictos, 69.3% fue abierto por mediación.

Día Internacional de la Eliminación de la

Violencia contra la Mujer,25 de noviembre

La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas.

En forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica e incluye:
Violencia por un compañero sentimental(violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal, femicidio);
Violencia sexual y acoso (violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético);
Trata de seres humanos (esclavitud, explotación sexual);
Mutilación genital, y
Matrimonio infantil.

Para mayor clarificación, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”

Los efectos psicológicos adversos de la violencia contra las mujeres y niñas, al igual que las consecuencias negativas para su salud sexual y reproductiva, afectan a las mujeres en toda etapa de sus vidas. Por ejemplo, las desventajas tempranas en materia de educación no solo constituyen el obstáculo principal para alcanzar la escolarización universal y hace cumplir el derecho a la educación de las niñas, luego también le restringe el acceso a la educación superior a la mujer y limita sus oportunidades de empleo.

Aunque todas las mujeres, en todas partes del mundo, pueden sufrir violencia de género, algunas mujeres y niñas son particularmente vulnerables, ejemplo de ellas son las niñas y las mujeres más mayores, las mujeres que se identifican como lesbianas, bisexuales, transgénero o intersex, las migrantes y refugiadas, las de pueblos indígenas o minorías étnicas, o mujeres y niñas que viven con el VIH y discapacidades, y aquellas en crisis humanitarias.

La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas. Lo que es más, la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de no dejar que nadie se quede atrás, no podrá cumplirse sin primero poner fin a la violencia contra mujeres y niñas.

Estadísticas a Propósito del Día Mundial en Recuerdo de las

Víctimas de los Accidentes de Tráfico (3er domingo de noviembre 2019)

La Organización de las Naciones Unidas adoptó en 2005 el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico y se conmemora el tercer domingo de noviembre. Desde entonces se ha extendido a diversos países en todos los continentes. Este día se ha convertido en un instrumento importante que ofrece una oportunidad para reflexionar sobre las causas y consecuencias de los hechos de tránsito, así como la labor de los servicios de apoyo y rescate, de los esfuerzos desplegados en todo el mundo para reducir las muertes por accidentes de tráfico, además de concientizar sobre la devastación económica que producen estos siniestros ya que cuestan a la mayoría de los países el 3% de su PIB según estimación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Reconociendo el problema de salud que representan los accidentes de tránsito, la ONU incorpora en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la cual consiste en reducir a la mitad el número mundial de muertes y traumatismos por accidente de tránsito para 2020.

De acuerdo con el “Informe Sobre la Situación Mundial de la Seguridad Vial 2018”, emitido por la OMS, el número de muertes por accidentes de tránsito continúa en aumento, llegando a un máximo de 1.35 millones para 2016, sin embargo, la tasa de mortalidad con relación al tamaño de la población mundial se ha estabilizado. Como se muestra en el gráfico 1, a pesar del aumento en números absolutos, la tasa de mortalidad por accidentes de tránsito se ha mantenido constante en alrededor de 18 decesos por cada 100,000 habitantes en los últimos 15 años. Si bien esto sugiere que el problema no está creciendo, el mundo está lejos de alcanzar la meta planteada por la ONU en los ODS, que conlleva una reducción a la mitad en la cantidad de muertes para 2020.

Resultados del noveno Censo Nacional

de Impartición de Justicia Estatal

Al 31 de diciembre de 2018, los Poderes Judiciales Estatales contaban con 4 mil 099 órganos jurisdiccionales: 88.2% eran juzgados, el resto (11.2%) correspondió a tribunales, salas y otros órganos. Del total de órganos jurisdiccionales, en 22.2% de ellos se atendieron asuntos en materia penal.

En 2018 se reportaron 66 mil 648 servidores públicos en los Poderes Judiciales estatales: 59.4% fueron mujeres y 40.6% hombres. La mayoría del personal laboró en los órganos jurisdiccionales (47 mil 671 personas, equivalentes a 71.5%), y el resto en las unidades u órganos administrativos (18 mil 977, que representan 28.5%).

Del total de personal en los órganos jurisdiccionales, se identifican 4 mil 725 personas con el cargo de jueces y magistrados. De estos, 59.3% fueron hombres y 40.7% mujeres.

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018 se ingresaron, en los diferentes órganos jurisdiccionales de primera instancia de los Poderes Judiciales estatales, 2 millones 126 mil 005 causas penales y expedientes judiciales en todas las materias; de ellos, 38.4% correspondió a la materia familiar.

Durante ese mismo año ingresaron 10 mil 863 causas penales en los Sistemas Tradicional, Escrito o Mixto y Oral; 153 mil 625 ingresaron en los Juzgados de Control en materia penal, y 8 mil 230 en los Tribunales de Enjuiciamiento, tanto en el Sistema Penal Acusatorio como en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

En las causas penales ingresadas en primera instancia durante 2018 se registraron 193 mil 636 delitos. De estos, 188 mil 620 corresponden a delitos cometidos por adultos (97.4%) y 5 mil 016 por adolescentes (2.6%).

Finalmente, al cierre de 2018 se reportaron 176 mil 682 expedientes abiertos por los órganos o centros encargados de la aplicación de justicia alternativa; se concluyeron 158 mil 748, y 22 mil 415 permanecieron pendientes de concluir al cierre del año.

Este censo genera información estadística y geográfica de la gestión y desempeño de las instituciones que integran al Tribunal Superior de Justicia y al Consejo de la Judicatura de cada entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno, impartición de justicia, justicia para adolescentes y justicia alternativa.

Resultados del noveno Censo Nacional

de Procuración de Justicia Estatal

Al cierre de 2018 laboraban 96 mil 847 servidores públicos en las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia de las entidades federativas. De ellos, 59.7% fueron hombres y 42.1% mujeres. Asimismo, 73.9% del personal estaba contratado bajo régimen de confianza.

En el mismo periodo, en las 3 mil 707 Agencias del Ministerio Público del Fuero Común laboraban 43 mil 427 personas. Del total, 27.7% fueron agentes y/o fiscales del Ministerio Público y 23.6% fueron policías ministeriales o investigadores.

Durante 2018 se iniciaron y/o abrieron 1 millón 880 mil 460 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación, de las cuales 98.6% correspondió a la materia penal para adultos y 1.4% a justicia para adolescentes.

También se registraron 233 mil 355 conclusiones y/o determinaciones en las averiguaciones previas e investigaciones; 1 millón 90 mil 918 conclusiones y/o determinaciones en carpetas de investigación en la etapa de investigación inicial, y 78 mil 244 en carpetas de investigación en la etapa de investigación complementaria. Finalmente, al cierre de 2018, quedaron 1 millón 555 mil 953 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación pendientes de concluir.

Durante 2018 se registraron 1 millón 913 mil 113 delitos en las averiguaciones previas e investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas; de ellos, 1 millón 885 mil 685 correspondieron a justicia penal para adultos (98.6% del total) y 27 mil 227 para adolescentes (1.4%).

En cuanto a las personas involucradas en estos delitos, se registraron 1 millón 869 mil 932 inculpados y/o imputados en las averiguaciones previas e investigaciones iniciadas y carpetas de investigación abiertas. Del total, 43.7% fueron hombres y 11.4% fueron mujeres; el resto correspondió a no identificados (44.6%) y a otro tipo, es decir, personas morales, el Estado, la Federación o cualquier otro (0.3%).

En ese mismo año se abrieron 257 mil 154 expedientes en los órganos o unidades especializados en la aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.

Este censo genera información estadística y geográfica de la gestión y desempeño de las instituciones que integran a la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General de cada entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno, procuración de justicia, justicia para adolescentes y justicia alternativa.

Resultados del décimo Censo Nacional de Gobierno,

Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales

En 2018 hubo 2 millones 507 mil 558 servidores públicos, adscritos a 2 mil 201 instituciones de las Administraciones Públicas estatales. La proporción de mujeres fue de 54.3 por ciento.

Del total de servidores públicos en las Administraciones Públicas estatales, 48.4% tenía asignada como función principal la educación.

En lo que respecta al personal destinado a funciones de seguridad pública, al cierre de 2018, se tuvo registro de 217 mil 767 elementos. De éstos, 50.6% estuvo adscrito a corporaciones de Policía Preventiva.

Durante 2018 ingresaron 101 mil 512 personas a centros penitenciarios y a centros de tratamiento y/o internamiento para adolescentes a cargo de las entidades federativas. Del total de esta población, 7.4% fueron mujeres.

En el mismo periodo egresaron un total de 103 mil 820 personas de estos centros de reclusión, de los cuales 7.1% fue población femenina.

Finalmente, al cierre de 2018 se encontraban privadas de libertad 178 mil 406 personas, de ellas, 5.2% fueron mujeres. Asimismo, los centros penitenciarios y centros de tratamiento y/o internamiento para adolescentes contaron con 188 mil 850 espacios para el alojamiento de esta población.

Este censo genera información estadística y geográfica de la gestión y desempeño de las instituciones que integran a la Administración Pública de cada entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno, seguridad pública, sistema penitenciario y medio ambiente, así como justicia cívica (esta última aplicable únicamente para el caso de la Ciudad de México).

Percepción de inseguridad se reduce 2.6 puntos

En el tercer trimestre del año, la percepción de inseguridad entre los mexicanos registró una baja de 2.6 puntos respecto del trimestre anterior. El 71.3% de la población mayor de 18 años consideró en septiembre pasado que vivir en su ciudad es inseguro; en junio, la cifra se ubicó en 73.9 por ciento.

La vigésimo quinta Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revela que las cifras entre el segundo y tercer trimestre del año en curso representan “un cambio estadísticamente significativo”, aunque aclara que las “comparaciones deben ser tomadas con reserva, dado que el número de ciudades contempladas en la muestra se ha incrementado.

“Este aumento en la muestra permitió obtener estimaciones más representativas al incluir una mayor cobertura de las principales concentraciones urbanas del país”.

El organismo público autónomo reportó que las ciudades con mayor porcentaje de personas mayores de 18 años que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Coatzacoalcos, Veracruz, con 94.5%; Ecatepec de Morelos y Naucalpan de Juárez, ambos municipios del Estado de México, con 92.5 y 90.1% respectivamente; Acapulco, Guerrero, con 88.9%; Villahermosa, Tabasco, con 88.7%, y con 88.5% Uruapan, Michoacán.

En contraparte, San Pedro Garza García, Nuevo León (20.5%); Mérida, Yucatán (22.8%); San Nicolás de los Garza, Nuevo León (27.9%); Saltillo, Coahuila (32.3%); Los Cabos, Baja California (34.4%), y Puerto Vallarta, Jalisco (37.8%), fueron las ciudades en donde se registraron las menores percepciones de inseguridad.

Según la percepción de inseguridad en espacios físicos, en el tercer trimestre del 2019 un total de 80.9% de los mexicanos manifestó sentir inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 73.2% en el transporte público, 68.6% en el banco y en las calles por las que transita 64.2 por ciento.

Fuente:EL ECONOMISTA 16 octubre de 2019

Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana

Cifras durante septiembre de 2019

De acuerdo con los resultados del vigésimo quinto levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI en la primera quincena de septiembre de 2019, durante ese mes 71.3% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo respecto a junio de 2019 y a septiembre de 2018, en donde se registraron porcentajes de 73.9% y 74.9%, respectivamente. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 75.9%, mientras que para los hombres fue de 65.8 por ciento.

Así, las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Coatzacoalcos, Ecatepec de Morelos, Naucalpan de Juárez, Acapulco de Juárez, Villahermosa y Uruapan, con 94.5, 92.5, 90.1, 88.9, 88.7 y 88.5%, respectivamente.

Por otro lado, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, Mérida, San Nicolás de los Garza, Saltillo, Los Cabos y Puerto Vallarta, con 20.5, 22.8, 27.9, 32.3, 34.4 y 37.8%, respectivamente.

En específico, 80.9% de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 73.2% en el transporte público, 68.6% en el banco y 64.2% en las calles que habitualmente usa.

Con Aval Alto, 34% de Gobernadores

La encuesta #RankingMitofsky Gobernadores y Gobernadoras de México arrojó que 11 mandatarios locales tienen una aprobación “alta” o “sobresaliente” (cuyos rangos van de 40% o más de aprobación).

La encuesta #RankingMitofsky Gobernadores y Gobernadoras de México arrojó que 11 mandatarios locales tienen una aprobación “alta” o “sobresaliente” (cuyos rangos van de 40% o más de aprobación), mientras que 10 se encuentran entre un aval “bajo” o “muy bajo” (con menos de 29% de simpatía de los ciudadanos). La medición hecha para El Economista por Consulta Mitofsky incluyó rubros como aprobación ciudadana, seguridad pública, economía, corrupción y situación personal respecto de los 32 gobernadores del país.

En Guanajuato, la idea de que hay un incremento en la violencia es la más alta del país, con 62.6%, y sólo 15.7% piensa que mejoró.

Lo sigue Aguascalientes, donde 55.8% opinó que la situación fue peor, y 16% que mejoró. Y en SLP la percepción de inseguridad alcanzó 53.3 por ciento.

Los estados donde se percibe que la corrupción es menor son: Yucatán, donde 45.4% de la población lo manifiesta así; seguido de la Ciudad de México, con 37.4%; mientras que en tercera posición está Chiapas con 33 por ciento.

En contraparte, Colima se ubicó en el último sitio con 53.2% de los consultados que opina que hay mayores niveles de corrupción; le sigue Michoacán con 51.1%, y finalmente Campeche con 49.9 por ciento.

En este rubro, los habitantes de Tabasco, Quintana Roo, Colima, Oaxaca y Sinaloa ocuparon los primeros escaños de que mejoraron las condiciones económicas del estado.

Así, 41.2% de la población en Tabasco consideró que la situación económica mejoró, contra 21.4% que estimó que fue peor. En Quintana Roo, 40.3% estimó que las condiciones fueron mejores, y 27%, peores.

En Colima, 36.5% de sus habitantes respondió que hay mejores condiciones económicas, y 20.1% que no. A su vez, Oaxaca se colocó en cuarto sitio con 35.8% que mejoró, seguido de Sinaloa (35.4%).

Fuente:EL ECONOMISTA 6 octubre de 2019

Chiapas. Observatorio del pacto por la primera Infancia

El Pacto por la Primera Infancia es una iniciativa ciudadana de abogacía e impacto colectivo cuyo objetivo es hacer de la Primera Infancia una prioridad e impactar positivamente en los indicadores sobre el ejercicio de sus derechos a nivel nacional.

Objetivos y metas nacionales del pacto por la Primera Infancia:

1. Disminuir a 45% el porcentaje de niños y niñas menores de 6 años que viven en pobreza

2. Reducir a 9% la desnutrición crónica, a 17% Ia anemia en menores de 5 años y detener el aumento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad infantil.

3. Incrementar la lactancia en la primera hora de vida al 75% y la lactancia materna exclusiva en menores de 6 meses a 45%.

4. Lograr que al menos 7 de cada 10 menores de un año reciban las vacunas que les corresponden.

5. Detectar de manera oportuna la discapacidad e incrementar en 20% la cobertura de educación y salud para los niños Y niñas menores de 5 años con discapacidad.

6. Incrementar a 90 el porcentaje de niños con un desarrollo infantil adecuado, a 50% la cobertura de evaluación del desarrollo, y disminuir 10% las brechas de desarrollo entre niños ricos y niños pobres.

7. Asegurar que 3 de cada 10 niñas y niños menores de 3 años participen en programas de Desarrollo Infantil Temprano, y que el 80% de los mayores de 3 reciba educación preescolar de calidad.

8. Que 4 de cada 10 familias con niñas y niños menores de 6 años participe en programas de habilidades parentales/prácticas de crianza en cualquiera de sus modalidades.

9. Lograr el registro oportuno del 90% de los niños y niñas.

10. Avanzar en la erradicación de todas las formas de violencia contra la infancia al disminuir en 20% el maltrato infantil y en 50% la violencia sexual y los casos de desapariciones de niños y niñas menores de 6 años.

Fuente: SH julio de 2019

Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana

Cifras durante junio de 2019

De acuerdo con los resultados del vigésimo cuarto levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI en la primera quincena de junio de 2019, durante ese mes 73.9% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

Este porcentaje no representa un cambio estadísticamente significativo respecto a marzo de 2019, pero sí es estadísticamente menor al de 75.9% registrado en junio de 2018. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 78.7%, mientras que para los hombres fue de 68.2 por ciento.

Así, las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Ecatepec de Morelos, Coatzacoalcos, Naucalpan de Juárez, Villahermosa, Tapachula y Uruapan, con 97.4, 94.3, 94, 92.4, 92.3 y 88.9%, respectivamente.

Por otro lado, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, Mérida, San Nicolás de los Garza, Los Cabos, Durango y Puerto Vallarta, con 18.9, 30.2, 31.5, 36.1, 40.8 y 43.1%, respectivamente.

A partir de junio de 2018, con el objetivo de proporcionar un dato oportuno sobre la victimización, se busca conocer de manera semestral la proporción de hogares en zonas urbanas víctima o con integrantes mayores de 18 años víctima de los delitos de robo y/o extorsión. Asimismo, a partir de junio de 2019 se busca conocer el porcentaje de víctimas de actos de corrupción por parte de autoridades de seguridad pública.

Así, a nivel nacional, 34.9% de los hogares contaron con al menos una víctima de robo y/o extorsión durante el primer semestre de 2019. Las ciudades con mayor porcentaje de hogares con al menos una víctima fueron: Atizapán de Zaragoza, Chimalhuacán, León de los Aldama, Cuautitlán y Ecatepec de Morelos, con 62.7, 59.5, 58.3, 54.9 y 54.4%, respectivamente.

Fuente: INEGI 17 de julio de 2019

Robos, en cifra récord para 2019

El incremento histórico de la incidencia delictiva en México no es exclusivo de los asesinatos, expresión más grave de la violencia y que este año ha llegado a 18,513 casos, porque otros ilícitos como el robo en sus diversas variantes muestran cifras récord en comparación con los últimos 20 años.

Mientras que los homicidios muestran un aumento de 34% con relación al 2000 —cuando de enero a mayo de aquel año se registraron 13,746 asesinatos— el robo a negocio con y sin violencia también va al alza, ya que mientras en todo el mes de mayo del año 2000 se registraron 4,442 carpetas de investigación por este delito, para mayo del 2019 se alcanzaron cifras de más del doble al contabilizarse 9,854 carpetas, es decir 121% más que hace casi 20 años.

Asimismo, en lo que va del año en curso ya suman 47,441 carpetas de investigación por robo a negocio, 10.8% más que en el mismo periodo del 2018, cuando se registraron 42,789. La CDMX, con 10,067 carpetas, es la entidad con mayor recurrencia de este delito de enero-mayo 2019, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Sólo durante el mes de mayo de 2019 se contabilizaron 6,845 carpetas por robo a transeúnte —de las cuales 75.8% fue con violencia—, lo que representa 20% más que el mismo mes pero del 2018. La capital del país de nueva cuenta encabeza las entidades con el mayor registro de dicho ilícito con 8,675 carpetas de investigación en lo que va del año.

Fuente: El Economista 30 de junio de 2019

Resultados del séptimo Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal (CNIJF)

En 2018 ingresaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación 16 mil 867 asuntos jurisdiccionales, de los cuales se resolvieron 15 mil 193 y quedaron en trámite 3 mil 076.

De los mil 425 magistrados y jueces que integran a los órganos jurisdiccionales coordinados por el Consejo de la Judicatura Federal, 742 corresponden a magistrados de tribunales colegiados de circuito, 589 a jueces de distrito y 94 magistrados de tribunales unitarios de circuito.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el séptimo Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal (CNIJF), proyecto estadístico que ofrece información relevante de la estructura, organización, recursos y ejercicio de la función de los órganos que conforman al Poder Judicial de la Federación (PJF).

En su versión 2019, el CNIJF integra información correspondiente a 2018 a través de 50 tabulados en cuatro módulos:

1) Estructura organizacional y recursos. Poder Judicial de la Federación;

2) Impartición de Justicia Federal. Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN);

3) Impartición de Justicia Federal. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), e;

4) Impartición de Justicia Federal. Órganos Jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

La mayoría de los asuntos de los cuales tuvieron conocimiento los órganos jurisdiccionales que integran la SCJN, corresponden a procedimientos de Amparo directo en revisión, que representaron 49.8% y 50.5% de los ingresos y resoluciones, respectivamente.

En cuanto al personal con el que contaba el PJF al cierre de 2018, se identificaron un total de 48 mil 775 servidoras y servidores públicos, de los cuales 3 mil 401 (6.9%) estaban adscritos a la SCJN, mil 593 (3.3%) al TEPJF y 43 mil 781 (89.8%) al CJF, dentro del cual se contabiliza también al personal de los Tribunales Colegiados de Circuito (TCC), los Tribunales Unitarios de Circuito (TUC), los JD, los CJPF, así como personal del Instituto Federal de Defensoría Pública.

Fuente: INEGI 5 de julio de 2019

En el marco del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, a través de  la Dirección de Información Estadística y Geográfica pone a su disposición los documentos publicados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica en materia de delitos del fuero común  y federal.

La incidencia delictiva se refiere a la presunta ocurrencia de delitos registrados en carpetas de investigación, reportadas por las Procuradurías Generales de Justicia y Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas, quienes son responsables de la veracidad y actualización de los datos.

La Incidencia delictiva del fuero común reportada con corte a abril 2019, muestra la información proporcionada por las entidades federativas, en la que Chiapas reporta 1,994 delitos lo que representa 1.17% del índice nacional

Fuente: SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA

30 de abril de 2019

Estadísticas de Trabajadores Asegurados al IMSS

Cifras febrero de 2019

En el presente reporte se muestran los datos correspondientes a los Trabajadores Asegurados al Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) en el estado de Chiapas para el mes de febrero de 2019, además de una comparación con el país y las entidades federativas.

De acuerdo a los datos presentados por el IMSS, al 28 de febrero de 2019, a nivel nacional se contaba con un total de 20´299, 993 trabajadores asegurados a este instituto, se registra un aumento de 0.6 en relación al mes anterior, que equivale a 125, 982 trabajadores más.

En el estado de Chiapas para el mismo mes de febrero, se registraron 222, 041 trabajadores asegurados al IMSS, de los cuales 63.5% son hombres y 36.5 son mujeres, que representan 1.09% del total nacional.

En comparación con el mes anterior, se registró un aumento de 0.66% que representan 1, 461 empleos más. Comparado con el mes de febrero de 2017 se registró un aumento de 0.83% lo que significó 1, 817 asegurados más al instituto.

De los 222,041 trabajadores asegurados al IMSS en Chiapas, 196,725 son trabajadores permanentes (urbanos y del campo), cifra que representa 88.60% de los trabajadores afiliados a esta institución, lo anterior ubica al estado en el séptimo lugar en el contexto nacional en este rubro, por arriba de entidades como Tamaulipas, Coahuila y Oaxaca, así como del promedio nacional de 85.49%.

A nivel nacional, comparando los TPEU, estos pasaron de 16´043,118 trabajadores en febrero del año 2013 a 20´018, 703 en febrero de 2019, es decir 3´975,585 empleos generados en el periodo en esta categoría, lo anterior representa un incremento del 24.8%.

En el caso de Chiapas, esta categoría pasó de 205, 928 trabajadores a 218, 320 en el mismo periodo, es decir un incremento de 6.0 que equivale a 12, 392 asegurados.

Fuente: SH 15 de mayo de 2019

Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana

Cifras durante marzo de 2019

De acuerdo con los resultados del vigésimo tercer levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI en la primera quincena de marzo de 2019, durante ese mes 74.6% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

Este porcentaje no representa un cambio estadísticamente significativo respecto a diciembre de 2018, pero sí es estadísticamente menor al de 76.8% registrado en marzo de 2018. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 79.6%, mientras que para los hombres fue de 68.3 por ciento.

Así, las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Tapachula, Villahermosa, Cancún, Reynosa, Coatzacoalcos y Ecatepec de Morelos, con 96, 95.2, 93.3, 92.8, 92.6 y 92%, respectivamente.

Por otro lado, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: Saltillo, San Pedro Garza García, Mérida, Los Cabos, San Nicolás de los Garza y Durango, con 26.4, 34.5, 38.5, 40.8, 41.7 y 42.9%, respectivamente.

Fuente: INEGI 17 de abril de 2019

Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana

Cifras durante diciembre de 2018

De acuerdo con los resultados del vigésimo segundo levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI en la primera quincena de diciembre de 2018, durante ese mes 73.7% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

 Este porcentaje representa un cambio significativo respecto a septiembre de 2018 y con respecto a diciembre 2017. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 78%, mientras que para los hombres fue de 68.6 por ciento.

A nivel nacional, en 35.8% de los hogares en áreas urbanas, al menos uno de sus miembros fue víctima de los delitos de robo y/o extorsión. Esta cifra se incrementa en la Región Oriente de la Ciudad de México y en Ecatepec de Morelos, al llegar a 54.2% y 54.1%, respectivamente.

Por otro lado, en Tuxtla Gutiérrez y La Paz, la proporción de hogares con víctimas de robo y/o extorsión es de 14% y 18.2%, respectivamente.

Fuente: INEGI 16 de Enero de 2019

Chiapas. Victimización y Percepción sobre la
Seguridad Pública 2018

En este documento se presentan los conceptos más relevantes para entender y dar seguimiento al fenómeno delictivo en el estado de Chiapas y su comportamiento respecto al país, así como la evolución de los valores de algunos conceptos relacionados con la delincuencia y la percepción de la seguridad pública.

Los resultados de la encuesta se pueden consultar en http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2018/

En 2017 la tasa de prevalencia delictiva, que señala el número de víctimas del delito, presentó una disminución de 1,415 víctimas por cada 100 mil habitantes respecto a 2016, dicho valor represento 6% menos.

La tasa de prevalencia promedio en los últimos 6 años fue de 15,240 victimas.

Fuente: CEIEG Noviembre 2018

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2018

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2018.

El propósito de esta encuesta es generar información a nivel nacional, por entidad federativa y áreas metropolitanas de interés, sobre el fenómeno de la victimización delictiva durante 2017, así como la percepción social respecto de la seguridad pública y el desempeño de las autoridades en el período marzo-abril de 2018.

La ENVIPE permite hacer estimaciones estadísticas sobre la victimización que afecta de manera directa a las personas y a los hogares en los delitos de robo total de vehículo, robo parcial de vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en calle o transporte público.

Fuente: INEGI 25 de Septiembre de 2018

Firman INEGI y SESNA convenio para generar Información que permita Prevenir y Sancionar la corrupción

Para fortalecer la cooperación interinstitucional y utilizar la información estadística, proyectos, programas e indicadores en materia de corrupción y medidas anticorrupción, el INEGI y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA), firmaron un Convenio General de Colaboración.

El acuerdo establece las bases para aprovechar los censos y encuestas nacionales, así como los registros administrativos e indicadores del INEGI, y con ellos contribuir con información estadística para el diseño de la Política Nacional Anticorrupción, así como su esquema de evaluación.

El convenio fue firmado por Julio A. Santaella, Presidente del INEGI, y Ricardo Salgado Perrilliat, Secretario Técnico de la SESNA, quienes estuvieron acompañados por el Vicepresidente de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia del instituto, Mario Palma Rojo.

Fuente: INEGI 26 de Septiembre de 2018

Encuesta Nacional de Adolescentes en el
Sistema de Justicia Penal

Por primera vez y con el objetivo de generar información estadística sobre la experiencia del procedimiento penal de los adolescentes de 12 a 17 años y personas adultas jóvenes de 18 años y más, que se encuentran en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, así como sus características sociodemográficas y socioeconómicas, antecedentes familiares y jurídico-penales y sus expectativas de reinserción, el INEGI presenta los resultados de la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENASJUP).

Para el levantamiento de la ENASJUP se visitaron 53 Centros de Internamiento en las 32 entidades federativas, con lo que se cubrió la totalidad de los centros habitados en el país.

La Encuesta consideró una muestra de 3,308 adolescentes en el sistema de justicia penal.

Fuente: INEGI 30 de Agosto de 2018

Día Internacional de la Convivencia en Paz
16 de mayo

Convivir en paz: un proceso necesario para el desarrollo sostenible

La paz no sólo es la ausencia de conflictos. Convivir en paz consiste en aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir de forma pacífica y unida. Es un proceso positivo, dinámico y participativo en que se promueva el diálogo y se solucionen los conflictos en un espíritu de entendimiento y cooperación mutuos.

La Asamblea General, reconociendo la necesidad de eliminar todas las formas de discriminación e intolerancia, en su resolución 72/130, declaró el 16 de mayo como el Día Internacional de la Convivencia en Paz, enfatizando la importante función de la sociedad civil, incluidos el mundo académico y los grupos de voluntarios, en el fomento del diálogo entre religiones y culturas, y alentando a que se apoyen medidas prácticas que movilicen a la sociedad civil, como la creación de capacidad, oportunidades y marcos de cooperación.

La Declaración del Milenio y su resolución resolución 70/1, de 25 de septiembre de 2015, titulada «Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», establece la importancia de propiciar sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres del temor y la violencia. No puede haber desarrollo sostenible sin paz, ni paz sin desarrollo sostenible.

Fuente: ONU Mayo 2018