El acelerado envejecimiento poblacional de América Latina y el Caribe moldea y moldeará la capacidad de los países y sistemas de salud de dar respuesta a las demandas concretas de la población. Por ello, a fin de diseñar sistemas inclusivos y sostenibles, es necesario contar con información actualizada que favorezca la toma de decisiones, plantea una nueva publicación elaborada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El documento Perspectivas demográficas del envejecimiento poblacional en la Región de las Américas , forma parte de la serie titulada La Década del Envejecimiento Saludable en las Américas: situación y desafíos , una iniciativa interinstitucional que aspira a promover acciones eficaces, favorecer la priorización de medidas a nivel local y servir de base para informar sobre los progresos logrados durante la Década del Envejecimiento Saludable (2021-2030).

De acuerdo a las estimaciones y proyecciones de las Naciones Unidas, la población de la región pasa por un rápido proceso de envejecimiento. En 2023, en América Latina y el Caribe las personas de 60 años y más son alrededor de 92 millones y representan el 13,8% de la población total. Sin embargo, al final de la Década del Envejecimiento Saludable, en 2030, la población de 60 años y más en la región habrá aumentado en 23 millones, alcanzando los 115 millones, lo que representará el 16,5% de la población total.

Se proyecta en particular un fuerte crecimiento del grupo de personas de 80 años y más, que en 2023 en la región contaba con 12 millones de personas y en 2030 contará con 16 millones de personas, dos tercios de las cuales serán mujeres.

La región está lejos de la cobertura universal en pensiones: en 2020, el 73,9% de la población latinoamericana de 65 años y más recibió algún tipo de pensión. De ellos, 54,2% recibió una pensión contributiva y 24,9% una no contributiva.

Asimismo, alrededor de 2020 la proporción de personas de 65 años y más en América Latina que recibían pensiones con montos insuficientes —que incluye a quienes no reciben pensiones o, de recibirlas, tienen montos menores al valor de una línea de pobreza— era del 40,1%. Debido a que las pensiones no proveen ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de consumo, muchas personas mayores permanecen en el mercado laboral más allá de la edad legal de jubilación, no como opción sino como obligación.

El documento concluye que la situación sociodemográfica y socioeconómica de las personas mayores en América Latina es heterogénea, pues el nivel de desarrollo de los países incide en ella. Sin embargo, hay ciertas tendencias que se mantienen, como las diferencias por sexo. Si bien las mujeres tienen una mayor sobrevivencia y llegan a edades más avanzadas, las desigualdades que experimentaron durante todo su ciclo vital se expresan con fuerza en esta etapa de su vida, de modo que presentan menores niveles de escolaridad y alfabetización y de acceso a pensiones y deben seguir vinculadas a un trabajo precario, pese a que sus tasas de ocupación son menores.

“Esto es un llamado de atención a los tomadores de decisiones y los que formulan las políticas para personas mayores para que siempre tengan presente que estas deben considerar la perspectiva de género”, advierte el informe.