La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP) desarrolló el primer estudio cuantitativo y cualitativo de alcance global para entender este fenómeno: el Índice Global de Impunidad (IGI).

El Índice de Impunidad Global realizado por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia (CESIJ), es el primer gran esfuerzo académico internacional que busca medir un fenómeno multidimensional, en extremo complejo de analizar, como es el de la impunidad por país.

Para el CESIJ la impunidad es un fenómeno multidimensional que va más allá del análisis de los delitos susceptibles de ser castigados como lo es el homicidio. Para el Centro, la impunidad tiene tres grandes dimensiones: seguridad, justicia y derechos humanos.

La impunidad debe medirse con dos grandes criterios. En primer lugar la funcionalidad de sus sistemas de seguridad, justicia y protección de los derechos humanos y en segundo la capacidad estructural que corresponde al diseño institucional de cada uno de los países.

Está comprobado estadísticamente que la impunidad está íntimamente relacionada con fenómenos humanos que nos preocupan al mundo y que están en el corazón de los mexicanos como son el desarrollo humano, desigualdad y corrupción.

La riqueza de los países, medida a través de sus capacidades económicas de producción, no es un factor determinante de la impunidad.

Para la realización de este índice, se analizó la información de los 193 Estados Miembros de la ONU y otros 14 territorios que generan información estadística comparable. De los 193 miembros de la ONU, 59 países fueron incluidos en el Índice Global de Impunidad por haber contado con información estadística suficiente y actualizada en materia de seguridad, justicia y derechos humanos.

Entre los principales hallazgos del reporte se encuentran los siguientes:

Los países que cuentan con una combinación adecuada de capacidad estructural de sus instituciones en seguridad y justicia, pero además son respetuosos de los derechos humanos cuentan con un índice de impunidad bajo. Estos son Croacia, Eslovenia, República Checa, Montenegro, Bulgaria, Malta, Polonia, Lituania, Serbia, Noruega, Dinamarca, Eslovaquia, Finlandia, Países Bajos, Austria, Andorra, Alemania, Bosnia-Herzegovina, Estonia y Portugal.

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Los cinco países con los índices más altos de impunidad estudiados por el IGI son Filipinas, México, Turquía, Colombia y La Federación de Rusia.

México y once países más (Austria, Barbados, Bulgaria, Chile, Finlandia, Japón, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y Serbia) están a la vanguardia en la generación de información estadística en materia de seguridad y justicia.

Resultados para México

México ocupa el lugar 58 de 193 Estados miembros de las Naciones Unidas en materia de impunidad. Sin embargo ocupa el penúltimo lugar de 59 países que cuentan con información estadística suficiente para el cálculo del Índice Global de Impunidad.

México tiene dos dimensiones prioritarias que debe atender: la funcionalidad de su sistema de seguridad y la estructura de su sistema de justicia.

En México no se necesita invertir cada vez más recursos para aumentar el número de policías, sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones. La ejecución de esta acción contribuiría a liberar la carga de la estructura judicial.

El índice revela la necesidad que tiene México de contar con más jueces dentro del sistema de justicia. Esta acción impactaría inmediatamente sobre los juicios, ya que al aumentar el número de éstos se podría reducir el número de personas encarceladas esperando sentencia y con ello también reducir la sobrepoblación de las cárceles. México cuenta con 4 jueces por cada 100 mil habitantes cifra muy menor al promedio global.

Sobre la funcionalidad del sistema de justicia mexicano, el Índice permitió evidenciar: su deficiencia al tener casi la mitad de su población detenida sin sentencia (46%); presentar poca correspondencia entre la cantidad de personas encarceladas por homicidios respecto a los casos denunciados con este delito; así como el hecho de contar con un número reducido de jueces frente a la cantidad de casos que llegan a tribunales, lo que conlleva a una reducción de la atención de un proceso penitenciario en cada uno de ellos.

Para consultar los resultados completo sobre el estudio haz click en el siguiente botón

Fuente: IMCO 22.Abril.2015