Los gobiernos pueden fortalecer la confianza pública garantizando una participación ciudadana significativa en la toma de decisiones, utilizando herramientas como la revisión del gasto y las tecnologías digitales para aumentar la eficiencia y mejorar el acceso a la justicia y los servicios públicos, según un nuevo informe de la OCDE. Panorama de las Administraciones Públicas 2025 destaca la creciente presión fiscal en los países de la OCDE, con una deuda pública que alcanzó el 112 % del PIB en 2024, frente al 73 % en 2007.
El informe muestra cómo estas presiones fiscales surgen a medida que se necesitan acciones para responder a las transiciones demográficas, verdes y digitales y a los bajos niveles de confianza pública: menos de cuatro de cada diez personas (39%) en los países de la OCDE declaran confiar en su gobierno nacional, y solo el 37% cree que su gobierno equilibra eficazmente los intereses de las generaciones actuales y futuras.
El informe también enfatiza la necesidad de fortalecer los sistemas para responder a las expectativas de la ciudadanía ante los rápidos cambios sociales y económicos. En la mayoría de los países de la OCDE, las cuestiones económicas predominan entre las preocupaciones de la población. La inflación encabeza la lista (59%), seguida de la pobreza y la desigualdad social (33%), y el desempleo y el empleo (22%). El desempleo juvenil sigue siendo una preocupación especial, con un promedio del 12,6% de jóvenes sin empleo, educación ni formación en 2023. Los gobiernos deben seguir ampliando las oportunidades de educación y formación para ayudar a los jóvenes a participar y beneficiarse del crecimiento económico, así como a establecer trayectorias profesionales más seguras.
El informe muestra que existe mayor margen para simplificar las regulaciones para las personas y las empresas. En apoyo a estos esfuerzos, la Iniciativa Simplificando para el Éxito (S4S) de la OCDE promueve iniciativas globales para reducir la carga regulatoria mediante la simplificación de regulaciones y procesos administrativos.
Veintitrés países de la OCDE han consagrado en su legislación objetivos de emisiones y cinco más se proponen hacerlo. Casi la mitad de los países de la OCDE también han establecido órganos consultivos independientes especializados para orientar y supervisar el progreso. Sin embargo, la información detallada sobre sus funciones y competencias sigue siendo escasa, lo que indica la necesidad de marcos más claros. De igual modo, 35 de los 38 países de la OCDE han adoptado marcos de contratación pública verde (CPE), pero solo 11 países están desarrollando metodologías para medir su impacto ambiental, como la cantidad de emisiones mitigadas.
Evaluar el impacto ambiental de las nuevas leyes, garantizar la alineación con los objetivos de sostenibilidad y cumplir objetivos claramente definidos ayudará a construir el amplio consenso social necesario para una transición verde exitosa.