
La décima edición anual Reformas de la política fiscal 2025 ofrece un panorama completo de las tendencias de la reforma fiscal, ofreciendo comparaciones entre países y haciendo un seguimiento de la evolución de las políticas a lo largo del tiempo.
Esta edición de 2025 describe las reformas fiscales implementadas en 2024 en 86 jurisdicciones, incluidos todos los países de la OCDE. El informe concluye que los gobiernos implementaron cada vez más reformas para recaudar ingresos para cubrir necesidades específicas de gasto, especialmente mediante medidas destinadas a financiar los gastos actuales y futuros relacionados con el envejecimiento de la población.
Otra tendencia que emergió en 2024 fue la introducción o ampliación de la reducción del impuesto sobre la renta personal para apoyar el empleo, en particular entre ciertos grupos o sectores demográficos, a fin de mitigar algunos de los efectos del envejecimiento de la población.
El informe también confirma la continuación de una tendencia identificada por primera vez en 2023: un alejamiento de las amplias medidas de alivio fiscal promulgadas durante la pandemia de COVID-19 y el período posterior de inflación hacia una combinación de aumentos de tasas y un apoyo fiscal más específico en las áreas centrales del sistema tributario. En consonancia con otra tendencia que surgió en 2023, muchos países continuaron reduciendo los recortes temporales de las tasas del impuesto al valor agregado (IVA) y las medidas de reducción de la base imponible en 2024 a medida que las presiones inflacionarias continuaron disminuyendo, mientras que otros aumentaron su tasa estándar de IVA.
Las reformas a los impuestos especiales relacionados con la salud siguieron ganando impulso como herramienta para movilizar ingresos y promover estilos de vida más saludables, y muchos gobiernos aumentaron los impuestos al tabaco, el alcohol y las bebidas azucaradas, según el informe.
El informe destaca cómo los países ampliaron aún más el uso de la política fiscal para apoyar la transición a una economía baja en carbono en 2024. Varios gobiernos combinaron la fijación de precios del carbono con incentivos fiscales específicos, incluidos, por ejemplo, tasas reducidas del IVA sobre paneles solares o bombas de calor, alivio del impuesto sobre la renta de las personas físicas (PIT) para el transporte sostenible e incentivos del impuesto sobre la renta de las sociedades (CIT) para inversiones limpias.