El Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca (FSA), adoptado por los miembros de la Organización Mundial del Comercio (OMC), entra en vigor el 15 de septiembre, lo que supone un paso importante para proteger los recursos vivos de los océanos y reforzar al mismo tiempo el sistema comercial basado en normas.
La FSA prohíbe algunas de las subvenciones más perjudiciales, incluidas las que apoyan la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), la pesca de poblaciones sobreexplotadas y la pesca no reglamentada en alta mar. Contribuye directamente al Objetivo de Desarrollo Sostenible 14.6 y reduce los incentivos públicos para las prácticas insostenibles.
Con el 37 % de las poblaciones de peces mundiales ya por debajo de los niveles sostenibles, hay mucho en juego. La pesca proporciona seguridad alimentaria y medios de vida a 600 millones de personas en todo el mundo, desde los pescadores de Senegal que recogen redes vacías, hasta los procesadores de Bangladesh que ven cómo cierran las fábricas, y las familias de las islas del Pacífico que ven desaparecer tradiciones centenarias.
Repercusión en los países en desarrollo
La pesca es especialmente importante para las economías en desarrollo. En 2023, el comercio de productos primarios de la pesca y la acuicultura alcanzó los 114 000 millones de dólares, de los cuales 45 000 millones (el 40 %) fueron exportados por países en desarrollo. Sin embargo, entre 2020 y 2022, 41 economías proporcionaron 10 700 millones de dólares en ayudas a la pesca, dos tercios de los cuales corrían el riesgo de fomentar prácticas insostenibles.
Para garantizar que el acuerdo beneficie a todos, los países en desarrollo necesitarán apoyo para plasmar las prohibiciones en leyes nacionales, preparar las notificaciones respectivas a la OMC, reformar las subvenciones y reorientar los recursos hacia prácticas sostenibles. Las disposiciones sobre trato especial y diferenciado, combinadas con la asistencia técnica del Fondo Pesquero de la OMC, serán fundamentales.