La implementación de políticas climáticas por parte de los gobiernos se está ralentizando, lo que amplía la brecha entre la acción política y los compromisos climáticos. El Monitor de Acción Climática 2025 de la OCDE constata que, según su Marco de Medición de Acciones y Políticas Climáticas (CAPMF), el número y la rigurosidad de las políticas aumentaron solo un 1 % en 2024, lo que confirma una pérdida de impulso desde 2022.
El Monitor de Acción Climática de la OCDE 2025 muestra que, en 2023, las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) de 50 países miembros de la OCDE y sus socios superaron en un 8 % (alrededor de 2,5 Gt CO₂e) el nivel necesario para cumplir con sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (CDN) para 2030. Esta brecha se amplía aún más al compararla con las trayectorias necesarias para alcanzar los objetivos de cero emisiones netas a largo plazo.
Los patrones sectoriales ponen de manifiesto el desafío. La producción de electricidad y calor, así como el transporte, siguen siendo las principales fuentes de emisiones. Desde 2015, los países de la OCDE han reducido las emisiones principalmente en la generación de energía y la industria, mientras que las emisiones del transporte no han disminuido. Las emisiones de los países socios también aumentaron, impulsadas por un fuerte crecimiento económico y la continua dependencia de los combustibles fósiles.
Aunque 114 países y la Unión Europea han adoptado objetivos de cero emisiones netas, solo 30 países y la UE —que representan el 17,7 % de las emisiones globales— los han consagrado en la legislación. Sin marcos legales más sólidos, una implementación acelerada y una mayor coherencia política, los compromisos existentes no alcanzarán los objetivos de temperatura del Acuerdo de París. Para alinearse con dichos objetivos, las emisiones globales deberían reducirse entre un 39 % y un 63 % con respecto a los niveles de 2023 para 2035.