El informe Perspectivas Económicas de América Latina 2025: Promoción y Financiamiento de la Transformación Productiva muestra que la región enfrenta diversos desafíos que ralentizan el ritmo de dicha transformación. Los gobiernos de América Latina y el Caribe (ALC) destinan, en promedio, solo el 0,5 % del PIB a políticas de desarrollo productivo, en comparación con el 3 % en los países de la OCDE. El gasto tributario absorbe recursos significativos: un promedio del 4,0 % del PIB en la región y el 0,9 % para incentivos fiscales a las empresas, lo que limita la capacidad de los gobiernos de ALC para impulsar el desarrollo económico. Más del 55 % de los trabajadores se encuentran empleados en el sector informal, y solo el 2,1 % trabaja en sectores de tecnología media o alta, muy por debajo del promedio de la OCDE del 7,7 %. La limitada capacitación y la debilidad de los sistemas de innovación dificultan la transición de la región hacia actividades de mayor valor agregado.
El documento señala que América Latina y el Caribe no comienza de cero en materia de esfuerzos de desarrollo productivo: son varios los países —como Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, República Dominicana y Uruguay— que vienen implementando este tipo de políticas. Sin embargo, señala que hay grandes oportunidades de mejora. Por ejemplo, en promedio, los países de la región destinan solo 0,5% del PIB a políticas de desarrollo productivo, frente al 3% en los países de la OCDE, mientras que las exenciones fiscales equivalen al 4% del PIB, lo que reduce el espacio fiscal para la innovación.
El informe destaca tendencias positivas en la región que pueden impulsar la transformación. En 2024, los bonos verdes, sociales, de sostenibilidad, vinculados a la sostenibilidad y azules alcanzaron un total acumulado de USD 164.400 millones, lo que representa el 27,2% de la emisión total de bonos de América Latina y el Caribe en los mercados internacionales, frente al 9,3% en 2020. La inversión extranjera directa (IED) alcanzó el 2,8% del PIB en 2024, principalmente en energías renovables, infraestructura digital e industrias de alta tecnología. Si bien los mercados de valores siguen siendo poco profundos, con una capitalización bursátil del 37,4% del PIB frente al 64,4% en los países de la OCDE, los bancos de desarrollo y otras instituciones financieras de desarrollo (IFD) desempeñan un papel cada vez más importante para impulsar la capacidad productiva, diversificar las exportaciones y promover la transferencia de tecnología. El 32% de las carteras de las IFD de América Latina y el Caribe se destinan actualmente a apoyar a las microempresas, pequeñas y medianas empresas (MIPYME).
Para alcanzar las metas de desarrollo de la región, la cooperación internacional y la armonización de políticas son fundamentales. El informe recomienda que América Latina y el Caribe fortalezcan la colaboración regional e internacional para impulsar las redes de investigación y desarrollo y mejorar la producción intensiva en conocimiento. La inversión coordinada en energía, transporte y conectividad digital también puede modernizar la infraestructura con menores costos de transacción. Pasar de políticas nacionales fragmentadas a iniciativas regionales, como mercados eléctricos unificados y corredores digitales transfronterizos, puede contribuir a multiplicar el impacto de la inversión y acelerar la transición de América Latina y el Caribe hacia una economía baja en carbono.