Más del 80 % del empleo agropecuario en América Latina continúa desarrollándose bajo relaciones laborales sin protección formal, afectando desproporcionadamente a mujeres, jóvenes y personas mayores en zonas rurales, revela el nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), titulado Trabajo decente e informalidad en el sector agropecuario de América Latina, 2019–2023.
El nuevo estudio identifica brechas estructurales en productividad, ingresos y acceso a la protección social como factores persistentes que limitan el avance hacia el trabajo decente en el sector. A pesar de su rol fundamental en la seguridad alimentaria, el empleo agropecuario sigue enfrentando desafíos asociados a menores niveles de formación, condiciones laborales frágiles y una marcada exposición a riesgos ambientales y climáticos.
Según el informe, las mujeres tienen una tasa de informalidad del 86,4 por ciento, frente al 78 por ciento en los hombres. El 38,5 por ciento de ellas trabaja como auxiliar familiar no remunerada, una proporción cinco veces mayor que la de los hombres. Además, el sector concentra el 46 por ciento del trabajo infantil en la región y más del 50 por ciento de las personas ocupadas tiene niveles educativos bajos. La estacionalidad del empleo, la falta de contratos y las jornadas parciales agravan aún más las condiciones laborales.
Entre 2019 y 2023, el volumen de empleo agropecuario se mantuvo estable, pero sin avances significativos en formalización, señala el informe. Además, casi la mitad de las personas jóvenes y el 86 por ciento de las mujeres en el sector trabajan en condiciones informales.
El informe también analiza 35 políticas públicas implementadas en la región, concluyendo que, aunque muchas buscan mejorar la productividad rural, pocas integran explícitamente objetivos de formalización del empleo ni contemplan un enfoque de género.
Cabe mencionar que el informe propone diez recomendaciones de política concretas orientadas a acelerar la transición hacia la formalidad y garantizar trabajo decente en el sector agropecuario. Estas medidas, basadas en evidencia y experiencias de la región, buscan articular desarrollo productivo, protección social, derechos laborales y diálogo social, con el fin de transformar la alta informalidad en oportunidades sostenibles para millones de personas trabajadoras rurales.