Un nuevo informe del Programa Mundial de Alimentos (WFP), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revela el potencial transformador de las compras públicas de alimentos a pequeños productores para fortalecer la seguridad alimentaria y la nutrición en América Latina y el Caribe.
La agricultura familiar representa el 81 por ciento de las explotaciones agrícolas en la región, pero enfrenta desafíos persistentes como la baja productividad, el acceso limitado a mercados y la vulnerabilidad ante fenómenos climáticos extremos. Al canalizar el gasto público hacia este sector, los gobiernos crean una demanda estructurada que estimula la producción, diversifica las dietas y genera un crecimiento económico inclusivo.
A pesar de los avances —1,5 millones de personas en América Latina y el Caribe dejaron de padecer hambre en 2024—, aún hay 181,9 millones aún no pueden costear una dieta saludable y la pobreza rural continúa siendo preocupante. Las compras locales ofrecen una solución rentable al aprovechar los presupuestos públicos para proporcionar alimentos nutritivos mientras se fomenta el desarrollo económico y social.
Para escalar el impacto que pudieran tener las compras públicas, es clave que estas se enmarquen en políticas de desarrollo productivo que impulsen la transformación productiva del sector agrícola y de alimentos. De esa manera, se aprovecharían sinergias entre las compras públicas y los demás esfuerzos de desarrollo productivo en materia de ciencia, tecnología, innovación, extensionismo tecnológico, talento humano, financiamiento, calidad, entre otros.
Con el 3 por ciento del gasto público total —alrededor del 0,3 por ciento del Producto Interior Bruto— ya asignado a la compra de alimentos, adquirir productos de la agricultura familiar ofrece una oportunidad única para fortalecer los sistemas alimentarios, aumentar la resiliencia y generar un impacto social duradero en la región. Con un promedio de 3 por ciento del gasto público total —alrededor del 0,3 por ciento del Producto Interior Bruto— ya asignado a la compra de alimentos, adquirir productos de pequeños agricultores ofrece una oportunidad única para fortalecer los sistemas alimentarios, aumentar la resiliencia y generar un impacto social duradero en la región.
El informe insta a los responsables de políticas, organismos para el desarrollo y la sociedad civil a adoptar enfoques sistémicos basados en evidencia que integren la compra local en las estrategias nacionales de seguridad alimentaria y desarrollo rural.