El informe, titulado "Impulsar la igualdad de género a través del diálogo social: Experiencias innovadoras en cuidados y licencias en América Latina", demuestra que, a través de la negociación colectiva y de iniciativas empresariales —en grandes, medianas y pequeñas empresas— se han ampliado licencias de maternidad y paternidad, fortalecido permisos parentales, creado salas de lactancia y promovido jornadas de trabajo más flexibles para las personas trabajadoras con responsabilidades familiares.
Cerrar las brechas de género en el trabajo implica transformar las barreras que hoy impiden a las mujeres acceder a empleos decentes en igualdad de condiciones que los hombres. En América Latina y el Caribe, el 47 por ciento de las mujeres están fuera del mercado laboral por responsabilidades de cuidado. Además, ellas dedican hasta 29 horas más por semana que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado, lo que representa más de 8.400 millones de horas semanales dedicadas al cuidado familiar en la región.
Cuando el cuidado recae casi exclusivamente en las mujeres, el mercado laboral pierde talento. Muchas se ven obligadas a aceptar empleos en condiciones precarias o interrumpen sus trayectorias laborales, lo que se traduce en menores ingresos, mayor informalidad y una persistente desigualdad. Basado en un estudio exploratorio en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México y Uruguay, el informe demuestra que la combinación de diálogo social y compromiso empresarial puede traducirse en mejoras concretas que amplían derechos más allá de los mínimos legales, promoviendo la corresponsabilidad en los cuidados y contribuyendo también a la retención de talento y a entornos laborales más productivos. El estudio reafirma el rol central del Estado en la consolidación de un piso universal de derechos y en la promoción de marcos que incentiven la corresponsabilidad.
La evidencia muestra además que cuando las mujeres participan activamente en dirigencias empresariales y sindicales, y en las mesas de diálogo social, se logran avances más sólidos, sostenibles y con perspectiva de género. El documento adopta un enfoque basado en el trabajo decente y en el derecho al cuidado como componentes esenciales de la justicia social, en consonancia con el Convenio de la OIT núm. 156 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, el Convenio núm. 183 sobre la protección de la maternidad y la Resolución relativa al trabajo decente y la economía del cuidado adoptada en 2024.
El informe concluye que, cuando las tres dimensiones, normativa, negociadora y empresarial, operan en conjunto se avanza hacia una distribución más equitativa del trabajo de cuidados, el trabajo decente y la justicia social.