La integridad es un activo estratégico para gobiernos y empresas. Protege a las democracias contra la corrupción, el fraude y el despilfarro, fomenta el crecimiento económico y la competencia leal, y mejora la confianza y la participación en las instituciones públicas. El informe Perspectivas sobre la lucha contra la corrupción y la integridad 2026 evalúa las fortalezas y deficiencias de los sistemas de integridad de 37 países miembros de la OCDE y 25 países socios, y constata que, a pesar de los avances recientes, la implementación de medidas de integridad sigue siendo desigual. El informe ofrece recomendaciones para subsanar estas deficiencias y explora herramientas para mitigar los riesgos de corrupción en constante evolución relacionados con el fraude, la contratación pública y el crimen organizado.
Adoptar un enfoque basado en el riesgo para la lucha contra la corrupción permite a los países tomar las medidas más rentables para proteger las áreas más vulnerables y abordar los riesgos más perjudiciales, incluidos los relacionados con el fraude, la contratación pública y el crimen organizado. Este enfoque cobra aún mayor importancia en un contexto de restricciones fiscales.
Los países miembros y socios de la OCDE están utilizando datos y herramientas digitales para fortalecer la integridad. Algunos ejemplos incluyen el uso del aprendizaje automático y el análisis de datos para mejorar la gestión de riesgos y la auditoría, o el uso de la IA para analizar grandes conjuntos de datos e identificar el fraude.
Sin embargo, aún existen oportunidades para ampliar el uso de estas herramientas con el fin de mejorar la supervisión, la aplicación de la ley y la rendición de cuentas.
En los países de la OCDE, en todos los ámbitos, la diferencia promedio entre la solidez de las normas de integridad (63 %) y su aplicación (44 %) es ahora de 19 puntos porcentuales, en comparación con una diferencia de 26 puntos porcentuales en los países socios. Por ejemplo, solo alrededor de uno de cada cuatro miembros de la OCDE (y aproximadamente la mitad de los socios) realiza un seguimiento de la aplicación de sus estrategias anticorrupción.
Un sistema de justicia sólido es esencial para combatir el abuso de poder y mantener la confianza pública y empresarial. Sin embargo, aún se puede hacer más para garantizar su integridad. Por ejemplo, la mayoría de los países miembros y socios de la OCDE cuentan con políticas de conflicto de intereses para jueces y fiscales. No obstante, en menos de un tercio de los miembros de la OCDE y en menos de la mitad de los socios, los jueces y fiscales presentan sistemáticamente las declaraciones de intereses requeridas.