Más de 370 millones de niñas y mujeres vivas en la actualidad –esto es, una de cada ocho– han sufrido violaciones o abusos sexuales antes de los 18 años, según nuevas estimaciones de UNICEF.
Estas primeras estimaciones de la violencia sexual contra la infancia a escala mundial y regional se publican con anterioridad al Día Internacional de la Niña y dan una idea del alcance mundial de estas prácticas nocivas, especialmente entre las adolescentes, así como de sus implicaciones a lo largo de toda la vida.
Cuando en estos cálculos se incluyen, además, formas de violencia sexual sin contacto físico, como el abuso verbal o en línea, la cifra de niñas y mujeres afectadas en todo el mundo se eleva hasta los 650 millones –una de cada cinco–, un hecho que subraya la urgente necesidad de adoptar estrategias integrales de prevención y apoyo para hacer frente de forma eficaz a toda forma de violencia y abuso.
Según muestran los datos, la violencia sexual contra la infancia está muy extendida y traspasa las fronteras geográficas, culturales y económicas. El mayor número de víctimas se registra en África Subsahariana, con 79 millones de niñas y mujeres afectadas (22%). Le siguen Asia Oriental y Sudoriental con 75 millones (8%), Asia Central y Meridional con 73 millones (9%), Europa y América del Norte con 68 millones (14%), América Latina y el Caribe con 45 millones (18%), Norte de África y Asia Occidental con 29 millones (15%) y Oceanía con 6 millones de víctimas (34%).
Según los datos, la mayoría de los casos de violencia sexual en la infancia se producen durante la adolescencia, con un repunte significativo entre los 14 y los 17 años. Los estudios muestran además que los niños y niñas que sufren violencia sexual son más proclives a padecer abusos repetidos. En este sentido, la implementación de intervenciones específicas durante la adolescencia es crucial para romper este círculo y mitigar las consecuencias a largo plazo de esos traumas.
Las supervivientes suelen arrastrar el trauma del abuso sexual hasta la edad adulta y corren un mayor riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual o de caer en el abuso de sustancias, el aislamiento social o trastornos mentales como la ansiedad y la depresión, además de encontrar dificultades para forjar relaciones sanas. Los datos muestran también que las consecuencias se agravan aún más cuando los niños y las niñas retrasan el momento de revelar sus experiencias de abuso sexual, a veces durante largos periodos de tiempo, o simplemente mantienen el abuso en secreto.
Deberán tomarse medidas como las siguientes:
Cuestionar y cambiar las normas sociales y culturales que permiten que se produzca la violencia sexual y disuaden a los niños y las niñas de pedir ayuda.
Dotar a todos los niños y niñas de información precisa, accesible y adecuada a su edad, que los capacite para reconocer y denunciar la violencia sexual.
Garantizar que todos los niños y niñas víctimas y supervivientes de la violencia sexual tengan acceso a servicios que promuevan la justicia y la sanación y reduzcan el riesgo de mayores daños.
Reforzar las leyes y disposiciones legales destinadas a proteger a los niños y las niñas de todas las formas de violencia sexual (en particular, en las organizaciones que trabajan con la infancia) e invertir en las personas, los recursos y los sistemas necesarios para aplicarlas.
Establecer mejores sistemas nacionales de datos para supervisar los avances y garantizar la rendición de cuentas mediante la implementación de normas internacionales como la Clasificación Internacional de la Violencia contra la Niñez.