El Estudio diagnóstico del Derecho a la Vivienda 2024 y la Evaluación integral de la política social vinculada al Derecho a la Vivienda 2023-2024 presentan un panorama de la situación actual de la disponibilidad de vivienda en México, así como los retos y recomendaciones para avanzar en el cumplimiento del derecho a la vivienda.
En 2022, el 62.0% de las viviendas en el país habían sido autoproducidas, es decir, fueron autoconstruidas por sus residentes, o bien, la mandaron construir por su propia cuenta. Esta suele ser una primera opción para las personas que no cuentan con acceso a un financiamiento formal.
En 2020, el 14.0% de las viviendas se encontraban deshabitadas. La existencia de viviendas deshabitadas se debe a factores como la ubicación, la falta de servicios, desplazamientos de la población por violencia, fenómenos naturales o por problemas económicos.
Es necesario fortalecer la oferta gubernamental para mejorar de manera integral las condiciones materiales de la vivienda y promover diversas formas de acceso a la vivienda, priorizando la atención a la población en condiciones de vulnerabilidad. Estas no solo se refieren a la compra de una vivienda, sino, por ejemplo, al arrendamiento y la oferta de vivienda social.
Se deben fortalecer las acciones para garantizar la seguridad jurídica de la tenencia de la vivienda que permitan la protección de sus habitantes contra el desalojo forzado, el hostigamiento u otro tipo de amenazas.