A pesar de los compromisos generalizados de protección de los derechos laborales, siguen siendo habituales violaciones como las represalias por organizarse o las restricciones a la negociación colectiva. Se trata de algo más que infracciones legales: son obstáculos estructurales al trabajo digno, la justicia social y el crecimiento económico integrador. El seguimiento de la forma en que los países defienden estos derechos es esencial para salvaguardar los derechos laborales fundamentales, promover la rendición de cuentas y garantizar el progreso hacia una gobernanza eficaz e integradora del trabajo.
Como parte de la Meta 8.8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), cuyo objetivo es proteger los derechos laborales y promover entornos de trabajo seguros para todos los trabajadores, se introdujo el indicador 8.8.2. El indicador mide el cumplimiento a nivel nacional de dos convenios laborales fundamentales de la OIT: Convenio núm. 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (1948) y Convenio núm. 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (1949).
El indicador 8.8.2 de los ODS se basa en la codificación de informes seleccionados elaborados por el sistema único de control de la OIT, así como en la legislación nacional de aquellos países que no han ratificado ninguno de los Convenios 87 y 98 de la OIT, o ambos. La metodología subyacente se basa en tres premisas fundamentales: validez de la definición, reproducibilidad y transparencia. A través de la cuidadosa codificación de los casos de incumplimiento identificados por los órganos de control de la OIT, el indicador es una herramienta importante para aclarar y profundizar en la comprensión de las violaciones existentes tanto en la legislación como en la práctica, así como de las tendencias relacionadas a lo largo del tiempo.
La media mundial para el indicador 8.8.2 de los ODS, ponderada por las estimaciones de la OIT sobre la población activa, se situó en 4,86 en 2023, lo que supone un deterioro significativo (7,0%) desde 2015, cuando se situó en 4,54.
A la hora de utilizar el indicador, es importante tener en cuenta que su objetivo principal es medir el progreso dentro de los países a lo largo del tiempo, más que realizar comparaciones entre países. Para dar sentido a las puntuaciones de los países, es útil ver cómo se comparan con las medias mundiales y regionales, dónde se sitúan dentro de la distribución general de las puntuaciones y qué tipos de incumplimiento subyacen a los indicadores a nivel de país.
La mayoría de los casos de incumplimiento identificados por los órganos de control de la OIT se refieren a leyes. Sin embargo, las tendencias de las infracciones codificadas muestran que, desde 2020, el aumento del número total de infracciones ha sido impulsado por el aumento del número de infracciones en la práctica, lo que indica una erosión de la protección otorgada a las organizaciones de empleadores y de trabajadores en virtud de las leyes nacionales sobre los derechos de la FACB.