El nuevo Informe mundial sobre los determinantes sociales de la equidad en salud muestra que estos determinantes pueden ser responsables de una reducción drástica de la esperanza de vida saludable —a veces de varias décadas— tanto en países de ingresos altos como bajos.
El informe subraya que las inequidades en salud están estrechamente relacionadas con los grados de desventaja social y los niveles de discriminación. La salud sigue un gradiente social según el cual, cuanto más desfavorecida es la zona en la que viven las personas, más bajos son sus ingresos y tienen menos años de educación, peor salud y menos años de vida saludable. Estas inequidades se agravan en poblaciones que enfrentan discriminación y marginación. Un ejemplo claro es el hecho de que los pueblos indígenas presentan una esperanza de vida inferior a la de las poblaciones no indígenas, tanto en países de ingresos altos como bajos.
El informe muestra que, aunque entre 2000 y 2023 la mortalidad materna se redujo en un 40% en todo el mundo, en los países de renta baja y media-baja se sigue produciendo el 94% de las muertes maternas. Las mujeres de grupos desfavorecidos tienen más probabilidades de morir por causas relacionadas con el embarazo. En muchos países de ingresos altos persisten las desigualdades raciales y étnicas en las tasas de mortalidad materna; por ejemplo, en algunas zonas, las mujeres indígenas tenían hasta tres veces más probabilidades de morir durante el parto. También existen fuertes asociaciones entre niveles más altos de desigualdad de género, incluido el matrimonio infantil, y tasas más elevadas de mortalidad materna.
El informe muestra que América Latina y el Caribe sigue siendo la región con los niveles más altos de desigualdad en el mundo. La pandemia agravó esta situación: en 2020, la economía regional se contrajo un 7%, la caída más pronunciada en 120 años, lo que dejó a millones de personas sin ingresos ni protección social.
Estos impactos económicos se traducen directamente en mayores niveles de mortalidad y morbilidad evitables, debido al deterioro de las condiciones laborales (por ejemplo, más del 60 % de los trabajadores en América Latina y el Caribe se desempeñan en el sector informal), la vivienda y los procesos migratorios, entre otros factores. El informe también destaca que estos efectos se ven agravados por el racismo estructural y el legado persistente del colonialismo, que continúan ejerciendo un impacto negativo significativo sobre la salud y la esperanza de vida, en particular para las poblaciones indígenas y afrodescendientes.
El informe revela que aquellas ciudades latinoamericanas que han empleado un enfoque participativo para la asignación presupuestaria en áreas como vivienda, espacios verdes y transporte, también han registrado efectos positivos tanto en la salud como en la cohesión social, a la hora de abordar algunos de estos determinantes sociales.