Un nuevo informe del Banco Mundial concluye que los impactos de los fenómenos meteorológicos extremos sobre la pobreza son mucho más devastadores de lo que se pensaba, provocando pérdidas por USD 520 000 millones y empujando a 26 millones de personas a la pobreza cada año

Una cifra estimada de 1 millón de filipinos cayó en la pobreza en 2013 después del paso del tifón Haiyan, que destruyó más de 1 millón de viviendas y socavó la economía nacional causando pérdidas por USD 12 900 millones.

Tan pronto como el ciclón Aila devastó las zonas costeras de Bangladesh en 2010, los niveles de desempleo y pobreza aumentaron 49 % y 22 %, respectivamente.

Las presiones económicas que enfrentó Guatemala debido al paso del huracán Stan en 2005 obligaron al 7,3 % de las familias afectadas a hacer trabajar a sus niños en vez de enviarlos a la escuela.

Cada vez que se produce un desastre natural, este no solo deja una estela de devastación, sino que también sume aún más en la pobreza a las comunidades.

Pero lo que se destaca en los titulares noticiosos son los costos financieros de los desastres naturales, es decir los daños en los edificios, la infraestructura y la producción agrícola. No obstante, nuevos estudios indican que poner énfasis en el impacto monetario de las catástrofes naturales no entrega un panorama completo de la situación. De hecho, lo distorsiona.

En el informe Irrompible se utiliza un nuevo método para medir los daños provocados por desastres, que tiene en cuenta la disparidad de la carga que representan dichos desastres para los pobres, y se muestra que las catástrofes naturales cuestan a la economía mundial hasta USD 520 000 millones (un 60 % más de lo que se informa habitualmente) y empujan a unos 26 millones de personas a la pobreza cada año.

Pero hay esperanza. Los Gobiernos pueden evitar que millones de personas caigan en la pobreza extrema adoptando medidas que protejan mejor a los pobres de los desastres naturales.

El informe propone un conjunto de “políticas de resiliencia”, que ayudarían a los pobres a enfrentar las consecuencias de fenómenos meteorológicos y otros eventos naturales extremos. Estas incluyen sistemas de alerta temprana, mayor acceso a servicios bancarios personales, pólizas de seguros y sistemas de protección social (como transferencias de efectivo y programas de obras públicas), que podrían preparar a las personas para responder más adecuadamente y recuperarse de las crisis. El documento también invita a los Gobiernos a realizar inversiones esenciales en infraestructura, diques y otros medios para controlar los niveles de agua, y desarrollar políticas apropiadas sobre el uso del suelo y normas de construcción. Estos esfuerzos deben apuntar específicamente a proteger a los ciudadanos más pobres y vulnerables, y no solo a aquellos con posesiones de alto valor.

Fuente: BANCO MUNDIAL 14.Noviembre.2016