Su último informe Investment Policy Monitor, examina los principales instrumentos utilizados para promover la inversión en la transición hacia una energía con bajas emisiones de carbono, basándose en un estudio de 798 políticas sobre energías renovables en 192 economías. En él se constata que los países en desarrollo se enfrentan a retos a la hora de formular y adoptar políticas y estrategias específicas para las energías renovables.

El informe también muestra que las economías desarrolladas y emergentes han integrado mecanismos de promoción de la inversión privada en más del 70% de sus políticas de energías renovables. Pero en el caso de los PMA y los PEID, las cifras son de sólo el 24% y el 17%, respectivamente.

Actualmente, los países en desarrollo se enfrentan a un déficit de inversión de 2,2 billones de dólares anuales para la transición energética y a un déficit de financiación anual de 4 billones de dólares para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El informe advierte de que estas subvenciones son perjudiciales para la mitigación del cambio climático y frenan la inversión en energías renovables en algunos países.

El informe también señala que, aunque se necesitan políticas que fomenten la retirada progresiva de las infraestructuras de combustibles fósiles, las centrales térmicas, que generan electricidad quemando combustibles fósiles, seguirán contribuyendo a garantizar la seguridad energética de muchos países en los próximos años.

Para hacer frente a los numerosos retos, el Informe sobre las Inversiones en el Mundo 2023 de la UNCTAD propone un pacto de acción mundial para ayudar a lograr una transición energética mundial justa.

El pacto hace hincapié en tres objetivos clave, a saber, alcanzar los objetivos climáticos, garantizar un acceso asequible a la energía para todos y mantener la seguridad energética.

Reconoce la necesidad de encontrar un equilibrio entre la inversión y la formulación de políticas energéticas, y propone seis paquetes de medidas prioritarias que abarcan la formulación de políticas de inversión nacionales e internacionales; las asociaciones y la cooperación mundiales, regionales y Sur-Sur; los mecanismos e instrumentos de financiación; y los mercados financieros sostenibles.