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CONEVAL – Estudio sobre el derecho a la salud 2023

Estudio sobre el derecho a la salud 2023

  • El estudio tiene un diseño metodológico cualitativo que permite conocer la perspectiva de las personas usuarias respecto a la accesibilidad, la disponibilidad y la calidad de los servicios de salud.

  • Con este estudio es posible identificar los principales obstáculos que encara la población sin seguridad social para hacer efectivo su derecho a la salud, y se proporciona evidencia sobre los puntos focales para el desarrollo de políticas públicas en salud para las entidades federativas; no obstante, es necesario señalar, que, el diseño metodológico no permite la generalización de los hallazgos.

  • Las reconfiguraciones al sistema de salud representan un reto en los esfuerzos de coordinación entre el gobierno federal y las entidades federativas, al modificar la estructura organizacional en periodos relativamente cortos y no dar certeza a las personas sobre las vías para recibir atención médica.

    El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) presenta el Estudio del Derecho a la Salud 2023: un análisis cualitativo con el objetivo de identificar posibles brechas en el acceso efectivo a este derecho a partir de la implementación de las reformas en el sector y enfocado en la población sin seguridad social.

    El estudio parte de una metodología cualitativa que busca conocer a profundidad la perspectiva de personas usuarias de los servicios de salud públicos y privados. Este análisis se enmarca dentro de las dimensiones del derecho a la salud sobre accesibilidad, disponibilidad y calidad.

    El trabajo de campo se llevó a cabo en siete semanas, entre septiembre y noviembre de 2022, periodo en el que se realizaron 124 entrevistas en Chiapas, Nayarit, Michoacán, Querétaro, Tlaxcala y Baja California Sur. Se seleccionaron estos estados dentro de una muestra intencional en donde se consideró la tasa de afiliación a servicios de salud por tipo de institución por entidad federativa, población derechohabiente y usuaria de los servicios de salud (Institución de Seguridad Social, INSABI, IMSS-Bienestar o servicios privados); Índice de Rezago Social, presencia de IMSS-Bienestar y federalización de los Sistemas Estatales de Salud (SESA).

    En el estudio se identifican algunos factores que habilitan la garantía del derecho a la salud en las
    entidades federativas:

  • Destaca la amplia infraestructura de atención médica de primer nivel, la cual permite que la población sin seguridad social atienda sus necesidades de consultas ambulatorias. Si bien existen áreas con oportunidad de mejora –asociadas a disminuir los tiempos de espera para recibir consulta, la implementación de tecnologías para la asignación de citas y los hallazgos
    identificados sobre el mantenimiento y limpieza de las unidades médicas–, se identifica una importante disponibilidad de infraestructura médica en la materia.

  • Aunque los consultorios adyacentes a farmacias acercan los servicios de salud a la población, por su amplia presencia (principalmente en zonas urbanas) y disponibilidad de infraestructura para la atención de primer nivel, implican un gasto para las personas y no hay certeza de su calidad, además, podrían ser un indicador de la falta de acceso a servicios y medicinas del sistema público. No obstante, dada su prevalencia, es necesario crear un régimen que supervise y controle la expansión de este subsistema privado, particularmente por su rápido crecimiento en el sector, y su amplia accesibilidad geográfica y burocrática –pues tampoco requieren de afiliación médica–. Este régimen fortalecería los esfuerzos por garantizar los requerimientos mínimos de calidad en la provisión de salud y eliminar los incentivos negativos para sobremedicar a los pacientes.

    El conjunto de códigos o protocolos que se han implementado en las entidades para mejorar la calidad de los servicios de salud, particularmente en aquellos casos en el que existe un riesgo para la vida de las personas (como en el caso de atención a mujeres embarazadas con complicaciones obstétricas o personas con riesgos de infarto) incide en reducir la desigualdad en la atención identificada por regiones. En este sentido, resulta relevante fortalecer los mecanismos de capacitación que existen en los estados para que el personal médico de primer nivel de atención cuente con los protocolos, mecanismos y herramientas para atender y canalizar a personas en riesgo a otros niveles de atención.

    El proceso de transición que experimenta el sistema de salud debe establecer directrices claras para las entidades federativas que han decidido no participar en la federalización de los servicios de salud, con el fin de que no existan diferencias en la atención que se brinda a la población en las diversas regiones del país. Aun cuando el MAS-Bienestar establece que todas las entidades federativas deben adherirse al modelo de atención a la salud, aún está pendiente establecer cómo funcionarán los mecanismos de financiamiento y coordinación entre las que se mantienen fuera de la federalización de los SESA. Mientras no se satisfaga el punto anterior, existe el riesgo de que se fragmente aún más la atención médica, al generar un nuevo subsistema de atención presente en aquellas entidades que no se adhieren al OPD IMSS-Bienestar.

    Fuente: CONEVAL 24 de julio de 2023