El estudio conjunto de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) destaca que el pasado fue el quinto año consecutivo de avance de la inseguridad alimentaria.

El documento explica que si bien el porcentaje global de personas en situación de inseguridad alimentaria peligrosa en 2023 estuvo un 1,2% por debajo del de 2022, el problema ha empeorado peligrosamente desde la crisis derivada de la pandemia de COVID 19. Abunda que para fines de 2019, cuando se conoció el primer caso de la enfermedad, la inseguridad alimentaria aguda afectaba a una de cada seis personas en 55 países mientras que apenas un año después esa cifra aumentó a una de cada cinco.

El texto identifica tres detonadores mayores de las crisis de hambre: los conflictos, que asolan a 20 países y tienen a 135 millones de personas con hambre; los eventos climáticos extremos, responsables del hambre de unos 57 millones de personas; y los embates económicos que causan el hambre de 75 millones de personas en 18 países.

El informe afirma que la desnutrición aguda empeoró en 2023, sobre todo entre las personas desplazadas a causa de los conflictos y desastres. Por este motivo, insta a adoptar estrategias que integren la paz, la prevención y la acción de desarrollo con la labor humanitaria de emergencia a escala para romper el ciclo del hambre aguda “que permanece en niveles inaceptablemente altos”.

En América Latina y el Caribe, 19,7 millones de personas enfrentaron niveles altos de inseguridad alimentaria en nueve países durante 2023.

El informe detalla que los fenómenos meteorológicos extremos fueron uno de los factores más importante que en 2022, debido a El Niño, provocaron precipitaciones erráticas y reducidas, temperaturas más altas de lo normal y una reducción del rendimiento de los cultivos en algunas zonas de Guatemala, Honduras y el Corredor Seco de El Salvador y Nicaragua.

Por otra parte, la reducción de las oportunidades de ingresos y el aumento de los precios de los alimentos erosionaron el poder adquisitivo de las familias de la región, especialmente entre las grandes poblaciones de migrantes y refugiados, que normalmente enfrentan desafíos de integración y dependen de salarios diarios del sector informal.

Fuente: OIT 24 de abril de 2024