Fuente: CONEVAL 16 de mayo de 2023

Según un informe elaborado por la Red de Información sobre Seguridad Alimentaria, el número de personas que necesitan ayuda urgente en materia de alimentos, nutrición y medios de subsistencia aumentó por cuarto año consecutivo en 2022, con más de 250 millones de personas que padecen hambre aguda y habitantes de siete países al borde de la inanición.

El Informe Mundial sobre las Crisis Alimentarias ha sido presentado por la Red Mundial contra las Crisis Alimentarias, una alianza internacional de las Naciones Unidas, la Unión Europea y organismos gubernamentales y no gubernamentales que trabajan conjuntamente para hacer frente a los retos en el sector alimentario.

El documento concluye que alrededor de 258 millones de personas en 58 países y territorios se enfrentan a un nivel de inseguridad alimentaria de crisis o peor* en 2022, frente a los 193 millones de personas en 53 países y territorios en 2021. Se trata de la cifra más alta en los siete años de historia del informe. Sin embargo, gran parte de este crecimiento refleja un aumento de la población analizada.

La gravedad de la inseguridad alimentaria aguda, que aumentó del 21,3 en 2021 al 22,7% en 2022, sigue siendo inaceptablemente alta y subraya una tendencia al deterioro en este tema a nivel global.

TSegún el informe, más del 40% de la población expuesta a crisis, emergencia o catástrofe alimentaria reside en sólo cinco países: Afganistán, la República Democrática del Congo, Etiopía, partes de Nigeria (21 estados y el territorio de la Capital Federal) y Yemen.

Además, en 30 de los 42 principales contextos de crisis alimentarias analizados en el informe, más de 35 millones de niños menores de cinco años sufren emaciación o malnutrición aguda, de los cuales 9,2 millones padecen emaciación grave, la forma de desnutrición que más vidas pone en peligro y que más contribuye al aumento de la mortalidad infantil.

En cuanto a América Latina y el Caribe, 17,8 millones, el 27% de la población analizada, está expuesta a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda. En El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua (cinco de los ocho países analizados) el número de personas en situación de inseguridad alimentaria aumentó de 12,76 millones en 2021 a 13,08 millones en 2022.

El informe señala que la comunidad internacional ha pedido un cambio de paradigma hacia una mejor prevención, anticipación y focalización para abordar las causas profundas de las crisis alimentarias, en lugar de responder a sus impactos cuando se producen. Esto requeriría esfuerzos más coordinados por parte de las organizaciones internacionales, los gobiernos, el sector privado, las organizaciones regionales, la sociedad civil y las comunidades.

Esto implicaría hacer que los sistemas agroalimentarios sean más sostenibles e inclusivos, incluyendo el uso de soluciones basadas en la naturaleza, el acceso inclusivo a los alimentos y una mejor mitigación del riesgo. También es necesario aumentar las inversiones en prevención, detección precoz y tratamiento de la emaciación infantil.

Los conflictos, las crisis económicas nacionales y mundiales y los fenómenos meteorológicos extremos siguen estando cada vez más interrelacionados, alimentándose mutuamente y creando una espiral de efectos negativos sobre la inseguridad alimentaria aguda y la nutrición.

No hay indicios de que estos factores vayan a remitir en 2023: se espera que el cambio climático provoque más fenómenos meteorológicos extremos, las economías mundiales y nacionales se enfrentan a un panorama sombrío, y es probable que persistan los conflictos y la inseguridad.

Según las proyecciones para 2023 disponibles para 38 de los 58 países en marzo de 2023, hasta 153 millones de personas (o el 18% de la población analizada) se encontrarán en niveles de crisis, emergencia o catástrofe. Además, se prevé que alrededor de 310.000 personas se encuentren en la fase de catástrofe en seis países: Burkina Faso, Haití, Malí, partes de Nigeria (26 estados y el territorio de la capital federal), Somalia y Sudán del Sur, con casi tres cuartas partes de ellas en Somalia.

El informe Panorama Social 2022 proyecta que 201 millones de personas (32,1% de la población total de la región) viven en situación de pobreza, alertó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su último informe.

De esos 201 millones de personas, 82 millones (el 13,1%) viven en la pobreza extrema. Estas cifras implican que 15 millones de personas adicionales estarán en la pobreza con respecto a la situación previa a la pandemia y que el número de personas en pobreza extrema será 12 millones más alto que el registrado en 2019.

Pese a la leve disminución registrada en 2021, las proyecciones indican que las tasas se mantienen en 2022 por encima de los niveles prepandemia en toda la región, según el informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2022, y que aborda como tema central la educación y su rol en el debate de políticas para la recuperación en la región.

La Comisión proyecta que a fines de 2022 se producirá un leve aumento de la pobreza extrema respecto a 2021, debido a efectos combinados del crecimiento económico, la dinámica del mercado de trabajo y la inflación, lo que representa un retroceso de un cuarto de siglo para la región.

Al igual que en años anteriores, la CEPAL señala que la incidencia de la pobreza es mayor en algunos grupos de la población en la región:

En 2021, la desigualdad de ingresos (medida por el índice de Gini) disminuyó levemente con respecto al 2020 en América Latina, situándose en 0.458, niveles similares a los de 2019. En tanto, la desocupación proyectada para 2022 representa un retroceso de 22 años, afectando especialmente a las mujeres, para las que la desocupación sube de 9,5% en 2019 a 11,6% en 2022.

Durante la pandemia, América Latina y el Caribe sufrió el apagón educativo más prolongado a nivel internacional (en promedio 70 semanas de cierre de establecimientos frente a 41 semanas en el resto del mundo), lo que exacerbó las desigualdades preexistentes en materia de acceso, inclusión y calidad.

En este período, una de las principales limitaciones para la continuidad educativa fueron las desigualdades en el acceso a conectividad, equipamiento y habilidades digitales. En 2021, en ocho de 12 países de la región más del 60% de la población pobre menor de 18 años no tenía conectividad en el hogar.

De no actuar ahora, la CEPAL advierte sobre el “riesgo de cicatriz permanente en las trayectorias educativas y laborales de las generaciones más jóvenes” de la región. De hecho, ya se han medido pérdidas de aprendizaje en el Caribe y, en América Latina. Por ejemplo, el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que no estudia ni trabaja de forma remunerada aumentó de 22,3% en 2019 a 28,7% en 2020, afectando especialmente a las mujeres jóvenes (36% de ellas se encontraba en esta situación, comparado con un 22% de los hombres).

Por otra parte, persisten brechas de género importantes en términos de desempeño y áreas de formación. En promedio, las estudiantes mujeres tienen peores desempeños en matemática y ciencias durante la educación básica, disparidades que se profundizan en los cuartiles de ingresos más bajos. Asimismo, en la mayoría de los países de la región la proporción de mujeres graduadas en carreras de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas no supera el 40%.

Pese a los avances de las últimas décadas en acceso e inclusión educativa en todos los niveles, desde la primera infancia a la educación superior, los países de la región arrastraban serias deudas en igualdad y calidad previo a la crisis provocada por la pandemia, que ya hacían difícil alcanzar las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 sobre la educación para el año 2030.

En línea con la Cumbre sobre Transformación de la Educación de las Naciones Unidas celebrada este año, el documento entrega diversas recomendaciones de política para hacer de esta crisis una oportunidad para transformar los sistemas educativos de la región.

La institucionalidad social es un factor crítico para la efectividad de las políticas sociales y un elemento transversal para alcanzar un desarrollo social inclusivo, sostiene la CEPAL en el Panorama Social 2022.

El gasto social del gobierno central alcanzó un 13% del PIB en 2021 en América Latina, nivel inferior a 2020 pero muy superior al registrado en las últimas dos décadas. En el Caribe el gasto social llegó a 14,1% del PIB en 2021, marcando un nuevo máximo histórico. Por su parte, el gasto en educación alcanzó 4,1% del PIB (30,5% del gasto social total) en toda la región.

“Si bien el promedio del gasto público en educación de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2019 alcanzó el 4,9% del PIB, cifra levemente superior a la de la región (4% del PIB en 2019), el gasto en educación por nivel educativo es seis veces el monto por estudiante de América Latina y el Caribe en preprimaria, 5,7 veces en primaria, 5,3 veces en secundaria y 6,1 veces en educación terciaria”, especifica la publicación.

Pese a la leve disminución registrada en 2021, las proyecciones indican que las tasas de pobreza y extrema pobreza se mantienen en 2022 por encima de los niveles prepandemia en América Latina y el Caribe, alertó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en su informe Panorama Social de América Latina y el Caribe 2022 que aborda como tema central la educación y su rol en el debate de políticas para la recuperación en la región.

“Después de un fuerte crecimiento de la pobreza y un leve aumento de la desigualdad de ingresos en 2020, a consecuencia de la pandemia por COVID-19, el 2021 dio cuenta de una reducción de las tasas de pobreza extrema y pobreza y un crecimiento de los estratos de ingresos medios, que no fue suficiente para revertir completamente los efectos negativos de la pandemia”, explica la publicación. De esta forma, en 2021 la tasa de pobreza de América Latina alcanzó el 32,3% de la población total de la región (una disminución de 0,5 puntos porcentuales respecto a 2020), mientras que la tasa de pobreza extrema fue de 12,9% (0,2 puntos porcentuales menos que en 2020).

La CEPAL proyecta que a fines de 2022 la pobreza se situará en 32,1% de la población (porcentaje que equivale a 201 millones de personas) y la pobreza extrema en 13,1% (82 millones), es decir, una leve disminución del nivel de pobreza y un leve aumento de la pobreza extrema respecto a 2021, debido a efectos combinados del crecimiento económico, la dinámica del mercado de trabajo y la inflación. Estas cifras implican que 15 millones de personas adicionales estarán en la pobreza con respecto a la situación previa a la pandemia y que el número de personas en pobreza extrema será 12 millones más alto que el registrado en 2019.

Al igual que en años anteriores, la CEPAL señala que la incidencia de la pobreza es mayor en algunos grupos de la población en la región: más del 45% de la población infantil y adolescente vive en la pobreza y la tasa de pobreza de las mujeres de 20 a 59 años es más alta que la de los hombres en todos los países. De igual forma, la pobreza es considerablemente más alta en la población indígena o afrodescendiente.

En 2021, la desigualdad de ingresos (medida por el índice de Gini) disminuyó levemente con respecto al 2020 en América Latina, situándose en 0.458, en niveles similares a los de 2019.

En tanto, la desocupación proyectada para 2022 representa un retroceso de 22 años, afectando especialmente a las mujeres, para las que la desocupación sube de 9,5% en 2019 a 11,6% en 2022.

América Latina y el Caribe sufrió el apagón educativo más prolongado a nivel internacional (en promedio 70 semanas de cierre de establecimientos frente a 41 semanas en el resto del mundo), lo que exacerbó las desigualdades preexistentes en materia de acceso, inclusión y calidad. En este período, una de las principales limitaciones para la continuidad educativa fueron las desigualdades en el acceso a conectividad, equipamiento y habilidades digitales. En 2021, en 8 de 12 países de la región más del 60% de la población pobre menor de 18 años no tenía conectividad en el hogar.

De no actuar ahora, la CEPAL advierte sobre el “riesgo de cicatriz permanente en las trayectorias educativas y laborales de las generaciones más jóvenes” de la región. De acuerdo con el organismo regional de las Naciones Unidas, ya se han medido pérdidas de aprendizaje en el Caribe y, en América Latina, el porcentaje de jóvenes de 18 a 24 años que no estudia ni trabaja de forma remunerada aumentó de 22,3% en 2019 a 28,7% en 2020, afectando especialmente a las mujeres jóvenes (36% de ellas se encontraba en esta situación, comparado con un 22% de los hombres).

Por otra parte, persisten brechas de género importantes en términos de desempeño y áreas de formación. En promedio, las estudiantes mujeres tienen peores desempeños en matemática y ciencias durante la educación básica, disparidades que se profundizan en los cuartiles de ingresos más bajos. Asimismo, en la mayoría de los países de la región la proporción de mujeres graduadas en carreras CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) no supera el 40%.

Pese a los avances de las últimas décadas en acceso e inclusión educativa en todos los niveles, desde la primera infancia a la educación superior, los países de la región arrastraban serias deudas en igualdad y calidad previo a la crisis provocada por la pandemia, que ya hacían difícil alcanzar las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 para el año 2030. En línea con la Cumbre sobre Transformación de la Educación de las Naciones Unidas celebrada este año, el documento entrega diversas recomendaciones de política para hacer de esta crisis una oportunidad de transformación.

La institucionalidad social es un factor crítico para la efectividad de las políticas sociales y un elemento transversal para alcanzar un desarrollo social inclusivo, sostiene la CEPAL en el Panorama Social 2022.

El gasto social del gobierno central alcanzó un 13% del PIB en 2021 en América Latina, nivel inferior a 2020 pero muy superior al registrado en las últimas dos décadas. En el Caribe el gasto social llegó a 14,1% del PIB en 2021, marcando un nuevo máximo histórico.

En 2021, el gasto en educación alcanzó 4,1% del PIB (30,5% del gasto social total) en América Latina y el Caribe. “Si bien el promedio del gasto público en educación de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en 2019 alcanzó el 4,9% del PIB, cifra levemente superior a la de la región (4% del PIB en 2019), el gasto en educación por nivel educativo es 6 veces el monto por estudiante de América Latina y el Caribe en preprimaria, 5,7 veces en primaria, 5,3 veces en secundaria y 6,1 veces en educación terciaria”, especifica la publicación.

Un nuevo informe de la ONU* muestra que la salud de las mujeres y los niños se ha resentido en todo el mundo, ya que las repercusiones de los conflictos, la pandemia del COVID-19 y el cambio climático convergen con efectos devastadores en las perspectivas de los niños, los jóvenes y las mujeres.

Los datos presentados en el informe, titulado Proteger la Promesa, muestran una regresión clara y crítica en prácticamente todas las medidas principales de bienestar infantil, y en muchos indicadores clave de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Desde el último informe Todos las Mujeres Todos los Niños, publicado en 2020, han aumentado la inseguridad alimentaria, el hambre, el matrimonio infantil, los riesgos de violencia doméstica, la depresión y la ansiedad de los adolescentes.

Se estima que 25 millones de niños estaban infravacunados o no estaban vacunados en absoluto en 2021, lo que representa seis millones más que en 2019, aumentando su riesgo de contraer enfermedades mortales y debilitantes.

Millones de niños no asistieron a la escuela durante la pandemia, muchos de ellos durante más de un año, mientras que aproximadamente el 80% de los niños de 104 países y territorios experimentaron pérdidas de aprendizaje debido al cierre de las escuelas.

Desde el comienzo de la pandemia mundial, 10,5 millones de niños han perdido a uno de sus padres o cuidadores a causa del COVID-19.

El informe aporta amplias pruebas que demuestran que las posibilidades de los niños y los adolescentes de llevar una vida sana varían considerablemente por razones tan simples como el lugar donde nacen, su exposición al conflicto y las circunstancias económicas de sus familias. Por ejemplo:

Por todos esos motivos, en el informe se hace un llamamiento a la comunidad internacional para que aborde esta perjudicial trayectoria y proteja las promesas hechas a las mujeres, los niños y los adolescentes en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

En particular, aboga por que los países sigan invirtiendo en servicios de salud, para hacer frente a todas las crisis y a la inseguridad alimentaria, y para empoderar a las mujeres y a los jóvenes de todo el mundo.

Con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha publicado un nuevo estudio en el que se destaca que es posible reducir esta lacra significativamente. Para ello, propone a los trabajadores humanitarios y los gobiernos nuevas formas de observar el problema que pueden ayudar a la lucha contra la pobreza.

El Índice de Pobreza Multidimensional, un análisis en el que también ha participado la Universidad de Oxford, supera la simple medición de los ingresos como medida de la pobreza, y analiza otros indicadores, que van del acceso a la educación y la salud hasta la calidad vivienda, el agua potable, la higiene y la electricidad.

Utilizando esta forma de analizar el problema, el estudio muestra que incluso antes de que se tuvieran en cuenta la pandemia de COVID-19 y la actual crisis del costo de vida, unos 1,2 billones de personas en 111 países en desarrollo vivían en una pobreza multidimensional severa, casi el doble de las personas que se consideran pobres cuando la pobreza se define por el umbral de ingresos, que es 1,90 dólares por día.

Debido a que existen diferentes aspectos de la pobreza en diferentes regiones, el estudio propone el desarrollo de distintas estrategias que aborden el problema en los distintos países y regiones.

También identifica patrones recurrentes de pobreza, que comúnmente afectan a las personas en riesgo. Por ejemplo, más de la mitad de las personas que viven en la pobreza carecen tanto de electricidad como de combustible limpio para cocinar, mientras que un tercio se ve privado de nutrición, combustible para cocinar, saneamiento y vivienda al mismo tiempo.

A pesar de la magnitud del desafío, se han logrado mejoras significativas en la reducción de la pobreza. En India, unos 415 millones de personas abandonaron la pobreza multidimensional en un período de 15 años, un cambio histórico, y los datos recopilados antes de la pandemia de COVID-19 muestran que 72 países habían reducido significativamente la pobreza en los últimos años.

El informe muestra el éxito de algunos países que han utilizado estrategias integradas de reducción de la pobreza: la inversión de Nepal en saneamiento, por ejemplo, ha mejorado el acceso al agua potable y la nutrición infantil, a través de una reducción de la diarrea y la mortalidad.

Las consecuencias de la pobreza infantil se extienden mucho más allá de las familias que viven en dificultades financieras. El fuerte aumento de la pobreza podría resultar en la muerte de 4500 nuevos bebés antes de su primer cumpleaños y las pérdidas de aprendizaje podrían significar que 117.000 más abandonen la escuela solo este año, según el estudio.

Cuanto más pobre es una familia, mayor es la proporción de ingresos que debe destinarse a alimentos, combustible y otras necesidades. Cuando el costo de los bienes básicos se dispara, el dinero disponible para satisfacer otras necesidades como la salud y la educación disminuye, señala el estudio.

La subsiguiente crisis del costo de vida significa que los niños más pobres tienen aún menos probabilidades de acceder a los servicios esenciales y corren un mayor riesgo de violencia, explotación y abuso. Y para muchos, la pobreza infantil dura toda la vida, perpetuando un ciclo intergeneracional de penurias y privaciones.

Cuando los gobiernos reducen el gasto público, aumentan los impuestos o agregan medidas de austeridad para impulsar sus economías, disminuyen los servicios de apoyo para quienes dependen de ellos.

El estudio hace recomendaciones para ayudar a las personas con problemas financieros, como proporcionar beneficios universales en efectivo para los niños, ampliar la asistencia social a las familias con niños necesitados y proteger el gasto social.

También sugiere apoyar los servicios de salud, nutrición y servicio de atención social para madres embarazadas, bebés y niños en edad preescolar, así como introducir regulaciones de precios en los alimentos básicos para las familias.

Mientras tanto, UNICEF se ha asociado con la Comisión de la Unión Europea y varios países de la zona para poner a prueba la iniciativa de Garantía Infantil con la que mitigar el impacto de la pobreza en los niños.

El nuevo Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) publicado muestra que la reducción de la pobreza a gran escala es posible y revela nuevos “perfiles de pobreza” que pueden revolucionar los esfuerzos para desatar los nudos de pobreza. Este análisis — del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) de la Universidad de Oxford — mira más allá del ingreso para comprender cómo las personas experimentan la pobreza en diferentes aspectos de sus vidas diarias — desde el acceso a educación y salud, a indicadores del nivel de vida, tales como vivienda, agua potable, saneamiento y electricidad.

El informe identifica las ‘canastas de privaciones’ — patrones recurrentes de pobreza — que afectan comúnmente a las personas pobres en distintas partes del mundo. Los nuevos datos permiten identificar los perfiles de pobreza más relevantes en distintos lugares. Éste es un paso crucial en el diseño de estrategias que puedan abordar los múltiples aspectos de la pobreza al mismo tiempo.

Los datos muestran que — incluso antes de los efectos de la pandemia de COVID-19 y de la crisis del costo de la vida — 1.200 millones de personas en 111 países vivían en pobreza multidimensional. Éste es casi el doble del número de personas en pobreza monetaria extrema — viviendo con menos de 1,90 dólar de los Estados Unidos (USD).

Sobre la base de los últimos datos disponibles, en su mayoría recolectados antes de la pandemia COVID-19, el informe destaca la necesidad de abordar combinaciones persistentes de privaciones, incluyendo:

El informe presenta historias de éxito de distintas partes del mundo, basadas en estrategias integradas para la reducción de la pobreza. Las inversiones en saneamiento en Nepal han mejorado el acceso a agua potable, la nutrición infantil, y reducido la mortalidad infantil producto de menos casos de diarrea. En la India, cerca de 415 millones de personas dejaron de ser pobres en un período de 15 años, un cambio histórico.

Antes del impacto de la pandemia, 72 países habían reducido significativamente la pobreza. El informe anticipa que es probable que muchos de los esfuerzos por erradicar la pobreza en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible se hayan frustrado con las crisis múltiples que enfrentamos.

La identificación de perfiles de pobreza se basa en datos y evidencia sobre las múltiples dimensiones de la pobreza. El informe enfatiza la necesidad de retomar esfuerzos para actualizar la recolección de datos, en particular en los países más pobres y en los lugares donde viven las personas más pobres.

El IPM ofrece asimismo un análisis en profundidad de la pobreza en distintas regiones y países.

Es probable que no haya dos personas que experimenten la pobreza exactamente de la misma manera.

Por primera vez, en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 2022 se presentan los “perfiles de carencias”, y una de las conclusiones más claras es que estos varían según la región. Al analizar de este modo los patrones y las interrelaciones, el IPM se ha convertido en una herramienta aún más potente para monitorear el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Cerca de 1.200 millones de personas en 111 países en desarrollo viven en situación de pobreza multidimensional, según el IPM 2022 que han publicado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Oxford Poverty and Human Development Initiative. Aproximadamente la mitad de las personas que viven en la pobreza multidimensional son niños.

Para obtener estas cifras, además de los indicadores, en el IPM se examinan otros aspectos para comprender cómo las personas experimentan la pobreza en sus variadas formas, las que además se superponen. Se determina de qué manera se deja a las personas atrás en lo que atañe a la salud, la educación y el nivel de vida, para lo cual se estudian 10 indicadores como el acceso a una fuente mejorada de agua potable, nutrición adecuada o al menos seis años de escolaridad.

Las personas que padecen carencias al menos en una tercera parte de estos 10 indicadores ponderados se consideran personas en situación de pobreza multidimensional. En el Índice 2022 se cubren 6.100 millones de personas de 111 países en desarrollo, el equivalente a aproximadamente el 92 % de la población del mundo en desarrollo. De ellas, se considera que el 19,1 % padece pobreza multidimensional.

682 millones de personas pobres pertenecen a un hogar en el que vive al menos una persona desnutrida.

595 millones de personas pobres viven en un hogar en el que ninguno de sus integrantes ha completado como mínimo seis años de escolaridad.

1.000 millones de personas pobres están expuestas a los peligros de los combustibles sólidos para cocinar.

África Subsahariana presentó el número más elevado de personas en situación de pobreza multidimensional: unos 579 millones. A esa región le sigue Asia Meridional con 385 millones de personas. Ambas en conjunto alojan al 83 % de las personas en situación de pobreza multidimensional en el mundo. El papel destacado de África en el IPM obedece, en parte, a la disponibilidad de datos más recientes de Asia Meridional y de la India en particular. Sin embargo, las cifras también dan cuenta de un progreso importante en dicha región. De las estimaciones del IPM para la India, se desprende que 415 millones de personas salieron de la pobreza multidimensional en los últimos 15 años aproximadamente. La mejora más rápida se registró entre los grupos más pobres, incluidos los niños, las castas bajas y las personas que viven en zonas rurales.

Además de la distribución geográfica, en el informe se revela una diferencia considerable entre las zonas urbanas y las rurales y según la edad. Un 83 % de las personas en situación de pobreza multidimensional viven en zonas rurales. En los 111 países analizados, hay 964 millones de personas que viven en la pobreza multidimensional en zonas rurales y 198 millones en entornos urbanos.

La mitad de quienes viven en la pobreza multidimensional (593 millones de personas) son personas de menos de 18 años. Esto equivale prácticamente a uno de cada tres niños, en comparación con uno de cada siete personas adultas. Un poco más del 8 % (94 millones) tienen 60 años o más.

En el IPM 2022 se muestra que muchos países han logrado reducir la pobreza en varios indicadores. De los 81 países que poseen registros comparables en el tiempo, 72 alcanzaron disminuciones considerables en el IPM al menos en un período. La mayoría redujo las carencias entre las personas pobres en cinco o más indicadores.

Con la introducción de los “perfiles de carencias”, en el IPM 2022 se presenta un panorama muy matizado de la magnitud y la naturaleza de la pobreza en los países en desarrollo. Las estimaciones del IPM exploran más de 850 combinaciones diferentes entre 10 tipos de privaciones para conocer las variaciones regionales y de otra índole en la pobreza multidimensional.

Cerca del 40 % de las personas que experimentan pobreza multidimensional (470,1 millones de personas) padecen privaciones de nutrición y saneamiento, lo que las vuelve potencialmente más vulnerables a la COVID-19 y otras enfermedades infecciosas. Más de la mitad (593,3 millones de personas) padece privaciones simultáneas de electricidad y combustible para cocinar. Y el perfil más común, que afecta al 3,9 % de las personas pobres, incluye exactamente cuatro privaciones: nutrición, combustible para cocinar, saneamiento y vivienda (este es el perfil más común también en la India).

En el análisis se muestra el valor potencial de enfocar las políticas en estos conjuntos de privaciones que las personas pobres padecen de forma combinada con más frecuencia y que, por lo tanto, deben abordarse de manera integrada. Se propone ayudar a los Gobiernos y otros actores clave a mejorar las respuestas para acercarnos más al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

En un mundo caracterizado por un nivel sin precedentes de desarrollo económico, medios tecnológicos y recursos financieros, es un escándalo moral que millones de personas vivan en la extrema pobreza. Por ese motivo, debemos dejar de pensar que este problema es exclusivamente una falta de ingresos. Se trata de un fenómeno multidimensional que comprende, además, la falta de las capacidades básicas para vivir con dignidad.

Las personas que viven en la pobreza experimentan muchas privaciones interrelacionadas que se refuerzan mutuamente, inmpidiéndoles ejercer sus derechos y perpetuar su pobreza, entre ellas:

“Dignidad para todos en la práctica: los compromisos que asumimos juntos por la justicia social, la paz y el planeta” es el tema del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza para 2022-2023. La dignidad del ser humano no solo es un derecho fundamental en sí mismo, sino que constituye la base del resto de los demás derechos fundamentales. Por lo tanto, la “dignidad” no es un concepto abstracto: es inherente a todos y cada uno de los individuos. En la actualidad, muchas personas que viven en la pobreza persistente ven denegada y violada su dignidad.

Con el compromiso de poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas de todo el mundo disfruten de paz y prosperidad, la Agenda 2030 volvió a hacer un gesto hacia la misma promesa establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, la realidad actual muestra que 1300 millones de personas siguen viviendo en la pobreza multidimensional, y casi la mitad de ellas son niños y jóvenes.

La desigualdad de oportunidades y de ingresos aumentan bruscamente y, cada año, la brecha entre ricos y pobres se hace más grande. En el último año, mientras millones de personas luchan contra la erosión de los derechos de los trabajadores y la calidad del empleo para llegar a otro día, el poder empresarial y la riqueza de la clase multimillonaria han registrado un aumento sin precedentes.

La pobreza y la desigualdad no son inevitables. Son el resultado de decisiones deliberadas o de la falta de medidas que desempoderan a los más pobres y marginados de nuestras sociedades y violan sus derechos fundamentales. La violencia silenciosa y sostenida de la pobreza —exclusión social, discriminación estructural y desempoderamiento— dificulta la salida de las personas atrapadas en la pobreza extrema y niega su humanidad.

La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto esta dinámica, evidenciando las lagunas y los fallos del sistema de protección social, así como las desigualdades estructurales y las diversas formas de discriminación que profundizan y perpetúan la pobreza. Además, la emergencia climática constituye un nuevo acto de violencia contra las personas que viven en la pobreza, ya que estas comunidades se ven sometidas a una carga excesiva por la mayor frecuencia de los desastres naturales y la degradación del medio ambiente, lo que provoca la destrucción de sus hogares, cultivos y medios de subsistencia.

Este año se celebra el 35º aniversario del Día Mundial para la Superación de la Extrema Pobreza y el 30º aniversario del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza. Este día rinde homenaje a los millones de personas que sufren la pobreza y a su valentía diaria, y reconoce la solidaridad mundial esencial y la responsabilidad compartida que tenemos para erradicar la pobreza y combatir todas las formas de discriminación.

Hace aproximadamente una década –en 2011– el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), señalaba que a pesar del cambio histórico que estaba registrando el orbe hacia la urbanización, la pobreza –y en especial la pobreza extrema– todavía seguía siendo en buena medida un problema rural y que era muy probable, que de no formularse las políticas adecuadas para cambiar estas condiciones, la mayoría de los pobres del mundo seguirían viviendo en las zonas rurales durante muchos decenios más.

Visto hoy, pareciera que el pronóstico de esta agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se cumplió, a pesar del optimismo que por un momento ofrecieron algunos datos de reducción de la pobreza rural en diversas regiones del globo.

El más reciente Reporte Social Mundial: reconsiderando el desarrollo rural, de la ONU, no sólo pone el tema nuevamente en la agenda pública internacional, sino que nos recuerda, que el desafío por reducir la pobreza en el mundo rural sigue siendo una cuestión pendiente a la que hay que poner especial atención. Sobre todo, si consideramos que en los tiempos más recientes, nuevos factores como: los conflictos, la ralentización de la economía global y por supuesto, la pandemia del coronavirus, están por revertir décadas de progreso del desarrollo y exacerbar con ello, las desigualdades y dificultar aún más, la tarea por alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El reporte de la ONU nos trae a la memoria cifras que no podemos soslayar:

En este contexto, el Informe hace un llamado para reconsiderar el desarrollo rural, con el objetivo de poner fin a la brecha rural-urbana y proteger mejor la salud del planeta. Subraya la necesidad de renovar y promover un nuevo modelo de desarrollo rural, si es que queremos reducir la pobreza y elevar el nivel de vida de la población rural, así como también, mitigar las consecuencias adversas del ambiente y el del cambio climático.

El documento enfatiza que el desarrollo rural es fundamental para lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y que representa al mismo tiempo, una condición básica del principio rector de la Agenda de no dejar a nadie atrás. Es por ello que debe ser reconsiderado y que en lugar de ser visto como un espectáculo secundario o un apéndice del desarrollo urbano, el desarrollo rural debe colocarse en el centro de los esfuerzos globales.

Varios factores clave han hecho que sea urgente reconsiderar el papel y las estrategias del desarrollo rural:

Es indudable que se requiere un esfuerzo concertado para aprovechar el potencial de la población rural y los recursos rurales, que permitan garantizar el desarrollo sostenible en general y alcanzar los ODS en particular. Ese esfuerzo debe basarse en el principio de mejorar las vidas y los medios de subsistencia de las poblaciones rurales, y sin sacrificar la sostenibilidad ambiental. En este Día Internacional de la Erradicación de Pobreza, el ámbito rural debe estar en primer lugar.

Fuente: SIAP 17 de octubre de 2022

Según un nuevo estudio del Banco Mundial, es poco probable que se alcance el objetivo de poner fin a la pobreza extrema en todo el mundo a más tardar en 2030 si durante el resto de esta década el crecimiento económico no muestra tasas inéditas en la historia. En el estudio se concluye que la COVID‑19 representó el mayor revés para los esfuerzos de reducción de la pobreza a nivel mundial desde 1990.

En la nueva edición del informe del Banco Mundial titulado La pobreza y la prosperidad compartida (i) se presenta el primer panorama completo de la pobreza en todo el mundo después de la extraordinaria serie de conmociones producidas en la economía mundial en los últimos años. Se estima que la pandemia empujó a unos 70 millones de personas a la pobreza extrema en 2020, el mayor aumento en un año desde que comenzó el seguimiento de estas cifras, en 1990. En consecuencia, se calcula que 719 millones de personas subsistían con menos de USD 2,15 al día a fines de 2020.

En el informe se afirma que 2020 marcó un punto de inflexión histórico: la era de la convergencia de ingresos en el mundo dio paso a la divergencia. La mayor parte del costo de la pandemia recayó sobre los más pobres: entre los sectores que se ubican en el 40 % más bajo de la distribución, las pérdidas de ingresos alcanzaron un promedio del 4 %, es decir, el doble que entre el 20 % más rico. Como resultado, la desigualdad mundial se elevó por primera vez en décadas.

La aplicación de sólidas medidas de política fiscal significó una notable diferencia, pues permitió atenuar el impacto de la pandemia de COVID‑19 sobre la pobreza. De hecho, la tasa de pobreza promedio de las economías en desarrollo habría sido 2,4 puntos porcentuales más alta si no hubiera habido respuesta fiscal. Sin embargo, el gasto público resultó mucho más útil para la reducción de la pobreza en los países más ricos, que en general lograron compensar por completo el impacto de la COVID‑19 a través de políticas fiscales y otras medidas de apoyo de emergencia. Las economías en desarrollo disponían de un menor volumen de recursos y, por lo tanto, gastaron menos y lograron menos: las economías de ingreso mediano alto compensaron solo el 50 % del impacto en la pobreza, mientras que las de ingreso bajo y mediano bajo, apenas la cuarta parte.

En el nuevo informe se ofrecen por primera vez datos actuales e históricos sobre la nueva línea mundial de pobreza extrema, que se ha elevado a USD 2,15 al día para reflejar los datos más recientes de paridad del poder adquisitivo, de 2017. La pobreza extrema disminuyó drásticamente en todo el mundo entre 1990 y 2019, el último año para el que se dispone de datos oficiales. Pero los avances se desaceleraron después de 2014, y los responsables de formular políticas se enfrentan ahora a un contexto más complejo, pues la pobreza extrema se concentra en las áreas del mundo donde será más difícil erradicarla: África subsahariana, zonas afectadas por conflictos y zonas rurales.

En la actualidad, África subsahariana alberga al 60 % de todas las personas en situación de pobreza extrema: 389 millones, más que cualquier otra región. Aquí la tasa de pobreza se acerca al 35 %, la más alta del mundo. Para alcanzar el objetivo de reducción de la pobreza fijado para 2030, cada país de la región debería lograr un crecimiento del producto interno bruto (PIB) per cápita del 9 % al año durante el resto de la década actual. Esto representa una meta excepcionalmente difícil para países cuyo PIB per cápita creció, en promedio, un 1,2 % en los 10 años anteriores a la pandemia de COVID‑19.

Según el informe, las reformas de las políticas públicas nacionales pueden ayudar a reanudar los avances en la reducción de la pobreza. También será necesario intensificar la cooperación internacional. En lo que respecta a la política fiscal, los Gobiernos deben actuar sin demora en tres frentes:

Abordar la lacra de la pérdida y el desperdicio de alimentos representa una oportunidad de conseguir un triple beneficio —para el clima, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de nuestros sistemas agroalimentarios— y no puede dejarse de lado en un momento de aumento del hambre en el mundo y de alza de los precios de los alimentos.

Según el último informe de la FAO sobre El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI), el número de personas afectadas por el hambre aumentó hasta 828 millones en 2021, lo que supone un incremento de unos 46 millones desde 2020 y de 150 millones desde 2019. En total, se calcula que 3 100 millones de personas no tienen acceso a una dieta saludable.

La pérdida y el desperdicio de alimentos representan además entre el 8 % y el 10 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, lo que contribuye a un clima inestable y a fenómenos meteorológicos extremos como sequías e inundaciones. Estos cambios repercuten negativamente en el rendimiento de las cosechas, reducen potencialmente la calidad nutricional de los cultivos y provocan perturbaciones en la cadena de suministro.

Por tanto, dar prioridad a la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos es fundamental para la transición hacia sistemas agroalimentarios sostenibles que hagan más eficiente el uso de los recursos naturales, disminuyan su repercusión en el planeta y garanticen la seguridad alimentaria y la nutrición.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible pide reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha ―meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)―. Alcanzar esta meta tendría repercusiones significativas en la lucha contra el cambio climático.

Fuente: CONEVAL 07 de septiembre de 2022

“El progreso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Panorama de género 2022” demuestra que, al ritmo de progreso actual, nos puede llevar cerca de 300 años alcanzar una plena igualdad de género. Los desafíos mundiales, como la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias, los conflictos violentos, el cambio climático y los retrocesos en los derechos en materia de salud sexual y reproductiva de las mujeres exacerban aún más las disparidades de género. El nuevo informe, que fue presentado hoy por ONU Mujeres y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES), destaca que, al ritmo actual, no se podrá cumplir el ODS 5 —lograr la igualdad de género— para 2030.

Si no tomamos medidas inmediatamente, los sistemas legales que no prohíben la violencia contra las mujeres, no protegen los derechos de las mujeres en el matrimonio y la familia —por ejemplo, que niegan a las mujeres el derecho de transmitir su nacionalidad a sus hijas e hijos, o de heredarla—, no aseguran la igualdad salarial y de beneficios laborales, y no garantizan los mismos derechos de poseer y controlar tierras podrían seguir existiendo por muchas generaciones más.

Al ritmo de progreso actual, el informe estima que tomaría alrededor de 286 años cerrar la brecha que existe en cuanto a protección legal y eliminar leyes discriminatorias, 140 años para que haya una representación equitativa de mujeres en posiciones de poder y liderazgo en el lugar de trabajo, y al menos 40 años para lograr una representación equitativa en parlamentos nacionales. Para erradicar el matrimonio infantil para el 2030, el progreso debería ser 17 veces más rápido del que se llevó a cabo durante la última década y se prevé que las niñas de los hogares rurales más pobres ubicados en zonas afectadas por conflictos sean quienes más sufran.

El informe también señala un retroceso preocupante en la reducción de la pobreza y la probabilidad de que los aumentos en los precios agraven esta tendencia. Para fines de 2022, alrededor de 383 millones de mujeres y niñas vivirán en la pobreza extrema —con menos de USD 1,90 por día— en comparación con los 368 millones de hombres y niños. En la mayor parte del mundo, muchas otras tendrán ingresos insuficientes para satisfacer necesidades básicas, como las necesidades de alimentación, vestimenta y una vivienda adecuada. Si continúan las tendencias actuales, para 2030, en África subsahariana, habrá más mujeres y niñas que hoy viviendo en la pobreza extrema.

Para lograr un desarrollo sostenible real y una mayor igualdad de género, es fundamental seguir evaluando las oportunidades y los obstáculos en el camino del empoderamiento de las mujeres y niñas, a fin de que estas puedan tener poder de acción e igualdad en la toma de decisiones vinculadas al cambio climático y la sostenibilidad. Las soluciones propuestas en relación con las políticas y los programas en materia de clima, medio ambiente y reducción del riesgo de desastres deben tener perspectiva de género; además, deben promover y proteger a las defensoras de los derechos humanos ambientales de las mujeres; deben generar la resiliencia de las mujeres y las niñas y sus organizaciones; deben fortalecer la prevención, la respuesta y la recuperación de violencia sexual y de género; y mejorar e invertir en estadísticas específicas de género e información para consolidar la relación entre el género y el clima.

Otros hechos y cifras que se destacan en el informe:

Antes de la Cumbre sobre la Transformación de la Educación, que tendrá lugar en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el informe señala que lograr la educación universal de las niñas, a pesar de no ser suficiente por sí misma, mejoraría significativamente esta perspectiva. Cada año de educación adicional puede aumentar las ganancias que tendrá una niña cuando sea adulta en hasta un 20 por ciento y también repercutiría en la reducción de la pobreza, mejoraría la salud materna, reduciría la mortalidad infantil, mejoraría la prevención contra el VIH y reduciría la violencia contra las mujeres.

El informe demuestra que la cooperación, las colaboraciones y las inversiones en la agenda de la igualdad de género, incluso a través de una mayor financiación mundial y nacional, son esenciales para rectificar el rumbo y volver a poner a la igualdad de género en marcha.

El número de personas que padecen hambre en el mundo aumentó hasta alcanzar los 828 millones de personas en 2021, lo que supone un aumento de unos 46 millones desde 2020 y de 150 millones desde el brote de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), según un informe de las Naciones Unidas en el que se aportan nuevas pruebas que muestran que el mundo se está alejando de su objetivo de acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas de aquí a 2030.

En la edición de 2022 del informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI) se presenta información actualizada sobre la situación de la seguridad alimentaria y la nutrición en todo el mundo, incluidas las últimas estimaciones sobre el costo y la asequibilidad de las dietas saludables. Además, en el informe se plantean las formas en que los gobiernos pueden reorientar el apoyo que actualmente prestan a la agricultura para reducir el costo de las dietas saludables, teniendo en cuenta los limitados recursos públicos disponibles en muchas partes del mundo.

Elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), el estudio destaca también el avance de la pobreza extrema y la creciente desnutrición crónica.

Las cifras describen un panorama desalentador:

En el informe se destaca de manera notable que el apoyo mundial al sector alimentario y agrícola representó un promedio anual de casi 630 000 millones de USD entre 2013 y 2018. La mayor parte de ese apoyo se destina a los agricultores individualmente, a través de las políticas sobre comercio y mercados y de subvenciones fiscales. No obstante, en gran parte, este apoyo no solo distorsiona el mercado, sino que tampoco está llegando a muchos agricultores, daña el medio ambiente y no promueve la producción de alimentos nutritivos que conforman una dieta saludable. Esto se debe, entre otras cosas, al hecho de que las subvenciones suelen dirigirse a la producción de alimentos básicos, lácteos y otros alimentos de origen animal, especialmente en los países de ingresos altos y los países de ingresos medianos altos. El arroz, el azúcar y las carnes de diversos tipos son los alimentos que más incentivos reciben a nivel mundial, mientras que las frutas y las hortalizas reciben un apoyo relativamente menor, sobre todo en algunos países de ingresos bajos.

Ante la amenaza de una recesión mundial y las consecuencias que comporta para los ingresos y gastos públicos, una forma de contribuir a la recuperación económica pasa por adaptar el apoyo a la alimentación y la agricultura para destinarlo a alimentos nutritivos allí donde el consumo per cápita aún no alcanza los niveles recomendados para una dieta saludable.

Los datos sugieren que, si los gobiernos adaptan los recursos que están utilizando para incentivar la producción, la oferta y el consumo de alimentos nutritivos, contribuirán a hacer las dietas saludables menos costosas y más asequibles y equitativas para todas las personas.

Por último, en el informe también se señala que los gobiernos podrían hacer más por reducir los obstáculos al comercio de alimentos nutritivos como las frutas, las hortalizas y las legumbres.

“El mundo está retrocediendo en sus esfuerzos por acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y la desnutrición para 2030, un objetivo establecido por las Naciones Unidas en 2015”, afirma la edición correspondiente a 2022 del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, publicada por cinco organismo de la ONU.

Elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), el estudio destaca también el avance de la pobreza extrema y la creciente desnutrición crónica.

El informe indica que el número de personas afectadas por el hambre en el mundo llegó a 828 millones en 2021 -el 9,8% de la población mundial-, un aumento de 46 millones desde 2020 y de 150 millones desde el comienzo de la pandemia de COVID-19.

El texto lamenta las proyecciones para 2030, que apuntan a casi 670 millones de personas -el 8 % de la población mundial- todavía con hambre, incluso calculando una recuperación económica global. El número no está lejos al de las personas hambrientas en 2015, cuando se fijó la meta de poner fin al hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición para fines de esta década en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El estudio detalla que en 2021 unos 2300 millones de personas padecieron inseguridad alimentaria a nivel moderado o grave, 350 millones más que al principio de la pandemia; y casi 924 millones -11,7% de la población mundial-, la enfrentaron en niveles severos, un incremento de 207 millones en dos años.

Las cifras desagregadas marcan que el 31,9% de las mujeres sufrió inseguridad alimentaria, una proporción mayor que el 27,6% de los hombres afectados por el mismo flagelo. Los números representan una brecha de género de 4 puntos porcentuales, en 2020 la diferencia era de 3 puntos.

Además, casi 45 millones de niños menores de cinco años presentaron emaciación, la forma más letal de desnutrición ya que aumenta hasta doce veces el riesgo de que mueran; mientras que 149 millones de menores de cinco años tenían retraso en el crecimiento y el desarrollo debido a la falta crónica de nutrientes esenciales en sus dietas. Por otra parte, 39 millones tenían sobrepeso.

El estudio cita avances en la lactancia materna exclusiva, con casi el 44% de los bebés menores de seis meses del mundo alimentados sólo con leche materna en 2020. La cifra aún está por debajo del objetivo del 50% para 2030.

El estado del hambre y la nutrición en América Latina y el Caribe no es mejor que en el resto del mundo.
De acuerdo con el informe, entre 2020 y 2021, cuatro millones de personas se sumaron al conjunto de hambrientos en la región.

El retroceso se produce después de un aumento ya desalentador de nueve millones de personas entre 2019 y 2020. Con respecto a las personas desnutridas, el número se ubicó en 56,5 millones en 2021, el 8,6% de la población regional.

Según el informe, en América Latina y el Caribe se concentra el 7,4% de la población mundial que sufre hambre; más de la mitad de las personas hambrientas vive en Asia, y más de un tercio en África.

La inseguridad alimentaria también sigue empeorando en la región. En 2021, el 40,6 % de la población, 268 millones de personas, encararon inseguridad alimentaria moderada o grave, un 1,1% más que el año previo.

La inseguridad alimentaria grave afectó a 93,5 millones de personas en 2021, luego de aumentar 1,4%, a 14,2%, un incremento de casi 10 millones de personas en un año, y casi 30 millones más en comparación con 2019.

El número de personas que padecen hambre en el mundo aumentó hasta alcanzar los 828 millones de personas en 2021, lo que supone un aumento de unos 46 millones desde 2020 y de 150 millones desde el brote de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) (1), según un informe de las Naciones Unidas en el que se aportan nuevas pruebas que muestran que el mundo se está alejando de su objetivo de acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas de aquí a 2030.

En la edición de 2022 del informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI) se presenta información actualizada sobre la situación de la seguridad alimentaria y la nutrición en todo el mundo, incluidas las últimas estimaciones sobre el costo y la asequibilidad de las dietas saludables. Además, en el informe se plantean las formas en que los gobiernos pueden reorientar el apoyo que actualmente prestan a la agricultura para reducir el costo de las dietas saludables, teniendo en cuenta los limitados recursos públicos disponibles en muchas partes del mundo.

Las cifras describen un panorama desalentador:

En el informe se destaca de manera notable que el apoyo mundial al sector alimentario y agrícola representó un promedio anual de casi 630 000 millones de USD entre 2013 y 2018. La mayor parte de ese apoyo se destina a los agricultores individualmente, a través de las políticas sobre comercio y mercados y de subvenciones fiscales. No obstante, en gran parte, este apoyo no solo distorsiona el mercado, sino que tampoco está llegando a muchos agricultores, daña el medio ambiente y no promueve la producción de alimentos nutritivos que conforman una dieta saludable. Esto se debe, entre otras cosas, al hecho de que las subvenciones suelen dirigirse a la producción de alimentos básicos, lácteos y otros alimentos de origen animal, especialmente en los países de ingresos altos y los países de ingresos medianos altos. El arroz, el azúcar y las carnes de diversos tipos son los alimentos que más incentivos reciben a nivel mundial, mientras que las frutas y las hortalizas reciben un apoyo relativamente menor, sobre todo en algunos países de ingresos bajos.

Ante la amenaza de una recesión mundial y las consecuencias que comporta para los ingresos y gastos públicos, una forma de contribuir a la recuperación económica pasa por adaptar el apoyo a la alimentación y la agricultura para destinarlo a alimentos nutritivos allí donde el consumo per cápita aún no alcanza los niveles recomendados para una dieta saludable.

Los datos sugieren que, si los gobiernos adaptan los recursos que están utilizando para incentivar la producción, la oferta y el consumo de alimentos nutritivos, contribuirán a hacer las dietas saludables menos costosas y más asequibles y equitativas para todas las personas.

Por último, en el informe también se señala que los gobiernos podrían hacer más por reducir los obstáculos al comercio de alimentos nutritivos como las frutas, las hortalizas y las legumbres.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) pone a disposición de la ciudadanía y personas encargadas de la planeación, diseño y elaboración de políticas públicas la tercera fase de la Plataforma para el Análisis Territorial de la Pobreza (PATP), herramienta que permite el análisis y la difusión de información estadística y geoespacial sobre la pobreza desde un enfoque territorial.

La PATP es un proyecto a largo plazo que se actualiza en función de la disponibilidad de la información. Está organizada en 5 dimensiones de análisis: económica, sociodemográfica, infraestructura, geográfica y gobierno. Cada una integrada por indicadores disponibles mediante bases de datos y visores geoespaciales1 que destacan componentes territoriales de los municipios.

La tercera fase de la PATP está enfocada en la incorporación de nuevos indicadores a la dimensión de infraestructura, la actualización de indicadores de las distintas dimensiones, así como la incorporación de los resultados de la medición de la pobreza en los municipios de México publicados el 15 de diciembre de 2021 en la página web del CONEVAL.

En esta tercera fase se incluyen dos nuevos indicadores en la dimensión de infraestructura: tiempo de traslado, a pie, hacia infraestructura de salud pública (primer nivel, segundo nivel y tercer nivel) y tiempo de traslado, a pie, hacia infraestructura de educación pública (preescolar, primaria y secundaria), los cuales son una aportación para el análisis de la accesibilidad y dotación de la infraestructura social. También se actualizaron 11 indicadores de las dimensiones económica, sociodemográfica, geográfica e infraestructura, así como los resultados de pobreza municipal 2020.

Principales resultados

Dimensión infraestructura

La información que proporcionan los indicadores sobre el tiempo de traslado hacia la infraestructura de salud y educación pública está georreferenciada y desagregada a nivel localidad; esto facilita conocer la disponibilidad y cobertura. Los datos de tiempo de traslado en automóvil y a pie ofrecen información que puede contribuir a identificar oportunidades de mejora en el acceso físico y efectivo a los servicios públicos, así como realizar diagnósticos sobre la situación del acceso a la infraestructura de salud y educativa en los distintos niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

Infraestructura de salud pública

Infraestructura de educación pública

Dimensión económica

Dimensión sociodemográfica

Dimensión geográfica

Fuente: CONEVAL 08 de junio de 2022

Cerca de 193 millones de personas de 53 países o territorios sufrieron hambre en “niveles de crisis o peores”, lo que supone un aumento de 40 millones en el año transcurrido entre 2020 y 2021, destacaron dos agencias de la ONU.

El Informe Global sobre Crisis Alimentarias 2022 publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA), revela que este nivel récord incluye a 570.000 personas en Etiopía, el sur de Madagascar, Sudán del Sur y Yemen que se encuentran en la fase de catástrofe y han requerido una acción urgente para evitar un colapso generalizado de los medios de subsistencia y muertes por inanición.

El documento detalla que en la lista de países que padecen el flagelo, 39 naciones se repiten cada año y que su población hambrienta se duplicó entre 2016 y 2021 con incrementos constantes desde 2018.

Según los organismos, el aumento es resultado de diversos factores que se retroalimentan y que van desde conflictos hasta crisis ambientales y climáticas, económicas o sanitarias. Y la raíz de todas estas, sostuvieron son la pobreza y la desigualdad.

Los países que ya enfrentan altos niveles de hambre aguda son particularmente vulnerables a los riesgos creados por esa conflagración por su alta dependencia de las importaciones de alimentos e insumos agrícolas y su vulnerabilidad ante las crisis de precios de la comida.

De acuerdo con los datos de la FAO y el PMA, 12,76 millones de personas se encuentran en “situación de crisis o peor” en cinco países latinoamericanos y caribeños: El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Nicaragua. El número supone un aumento de un millón de personas en un año.

En el apartado dedicado a América Latina y el Caribe, el informe precisa que de esas cinco naciones, Haití alberga la mayor crisis alimentaria de la región, con un tercio de las personas hambrientas: 4,4 millones.

Guatemala ocupa el segundo lugar con 3,73 millones de personas con hambre. Le siguen en la lista Honduras, con 3,29 millones y El Salvador con 985.000. En cuanto a Nicaragua, las agencias estiman la cifra alrededor de 400.000 personas.

Entre las causas del incremento de la inseguridad alimentaria, el estudio cita el alza de precio de los alimentos básicos, la demanda laboral atípicamente baja debida al impacto económico de la pandemia, los eventos climáticos extremos y los altos niveles de inseguridad.

Con respecto a la nutrición, el documento indica que la falta de información actualizada no permite una evaluación de la situación actual, pero recuerda que el retraso en el crecimiento ha sido tradicionalmente alto en la región, especialmente en Guatemala.

Del mismo modo, enfatiza que el sobrepeso está aumentando entre los niños y especifica que, de acuerdo con los datos disponibles, de 2019 a 2021 la emaciación estuvo dentro del rango “muy bajo” para todos los países, menos Haití, donde se le clasificó como de gravedad “media”.

Para 2022, la FAO y el PMA prevén una disminución en la cantidad de personas con hambre en la región, calculando que serán entre 10,66 y 10,8 millones los que la sufrirán en los mismos cinco países.

Fuente: CONEVAL 11 de abril de 2022

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) difundió el Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2021, disponible en internet, en el que se presenta una síntesis estadística que da cuenta del desarrollo socio-demográfico, económico y ambiental de los países de la región.

Esta publicación anual, una de las más importantes del organismo regional de las Naciones Unidas, constituye una referencia para quienes deseen contar con datos estadísticos descriptivos comparables entre países y en el tiempo. La presente edición contiene información que se encontraba disponible hasta mediados de diciembre de 2021.

El Anuario Estadístico 2021 se organiza en tres capítulos. En el primero se presentan aspectos demográficos y sociales que incluyen indicadores de población, trabajo, educación, salud, vivienda y servicios básicos, pobreza y distribución del ingreso y género.

En el ámbito social, los datos del Anuario evidencian el impacto de la pandemia de COVID-19 en las condiciones de vida de la población. En 2020 la pobreza en América Latina alcanzó al 33,0% de la población, incluyendo a un 13,1% de la población en situación de pobreza extrema. Estas cifras representan el mayor incremento anual observado en los últimos 20 años, de 2,5 puntos porcentuales en la pobreza y de 1,7 puntos en la pobreza extrema.

El impacto de la pandemia sobre el empleo se evidenció en la reducción de la tasa de participación de la población en la actividad económica, que para América Latina y el Caribe alcanzó apenas 57,8% en 2020 frente a un 62,5% en 2019; así como en un aumento de la tasa de desocupación abierta, que pasó de 8,1% en 2019 a 10,5% en 2020. En consecuencia, la población sin ingresos propios de la región tuvo un aumento apreciable, especialmente concentrado entre las personas de 15 a 24 años.

El segundo capítulo presenta información económica referida a cuentas nacionales, balanza de pagos, comercio exterior e índices de precios, entre otros. El Anuario muestra para el año 2021 una proyección positiva de recuperación del Producto Interno Bruto a precios constantes de 2010 de 6,3%, frente a la caída registrada a nivel regional durante el año 2020 de -6,8%, resultado del impacto que tuvo la pandemia por COVID-19 durante este período. Estos resultados se reflejan en el PIB promedio por habitante, el cual alcanzó 8.307 dólares en 2020 y 8.747 dólares en 2021, con una tasa de 5,3%.

Por su parte, la inversión extranjera directa (IED) en la región tuvo una variación de -20,4% en 2020 en comparación con el 2019, siendo del orden de -20,7% para América Latina y -10% para el Caribe. Mientras que, como porcentaje del PIB, la IED representó el 2,1% para el mismo período.

Al analizar los índices de precios de los principales productos de exportación de la región, se advierte un incremento del 28% para el año 2021, revirtiendo la baja que se detectó para el año 2020 en donde se registró una caída de 4,9% con referencia al año 2019.

En 2021 los precios al consumidor registraron una variación de 12,6% para América Latina y el Caribe sin considerar las cifras de la República Bolivariana de Venezuela, alcanzando un valor del 42,1% al considerar este dato en el cálculo regional. El mayor aporte lo tendrían los precios de los bienes de alimentos y bebidas alcanzando una variación de 12,5% (sin considerar la cifra de Venezuela).

El tercer capítulo ofrece estadísticas e indicadores ambientales de la región. Destacan métricas sobre condiciones físicas, cobertura terrestre, ecosistemas, biodiversidad, calidad ambiental, tierra, recursos energéticos, hídricos y biológicos, emisiones al aire, desastres, asentamientos humanos, regulación y gobernanza ambiental.

El informe también evidencia que desde 1990 la región incrementó sus exportaciones de recursos naturales (RRNN) renovables y no renovables en un 168%, aunque la participación de las exportaciones primarias (RRNN renovables y no renovables) en las exportaciones totales ha disminuido en un 31%. Esto significa una mayor presión sobre los recursos naturales que provoca un impacto desfavorable en el ambiente.

El Anuario Estadístico se publica en versión impresa y en formato web las cuales incluyen una selección de cuadros y gráficos orientados a brindar un resumen de la información estadística desde la perspectiva regional. La versión web interactiva facilita la navegación y el acceso a la información presentada en su versión impresa, vinculando los gráficos y tablas estadísticas con las series de datos disponibles en las bases de datos de CEPAL, lo que permite acceder a información más detallada y sobre un período histórico mucho más amplio. También incluye un capítulo adicional donde se explican los aspectos metodológicos y las referencias a las fuentes de los datos utilizadas.

La información que da sustento al Anuario forma parte del conjunto de estadísticas disponibles en CEPALSTAT, la plataforma que da acceso a toda la información estadística actualizada de los países de la región recolectada, sistematizada y publicada por la CEPAL, plataforma que fue recientemente actualizada tecnológica y funcionalmente, incluyendo un Geoportal que permite visualizar las estadísticas de la región en el territorio.

Dado que la mayor parte de la información proviene de las oficinas nacionales de estadística, bancos centrales, organismos internacionales y otras instituciones oficiales, la CEPAL invita a los usuarios a prestar atención a las fuentes y notas técnicas que se presentan en este trabajo. Los datos se obtienen a partir de metodologías y estándares internacionales con el fin de asegurar la mayor comparabilidad posible entre los países, por lo que estas cifras pueden no coincidir necesariamente con los datos nacionales.

Al menos dos terceras partes de los hogares con niños han sufrido una pérdida de ingresos desde que la pandemia de la COVID-19 sacudió el mundo hace dos años, según un nuevo informe publicado por UNICEF y el Banco Mundial.

El informe, denominado Impact of COVID-19 on the welfare of households with children (Repercusiones de la COVID-19 sobre el bienestar de los hogares con niños) presenta las conclusiones de los datos recopilados en 35 países y señala que los hogares con tres o más hijos son los que más probabilidades tienen de haber perdido ingresos, ya que más de tres cuartas partes de estos hogares han sufrido una reducción de sus ingresos, en comparación con el 68% de los hogares con uno o dos hijos.

El informe también señala que las pérdidas de ingresos han obligado a los adultos de uno de cada cuatro hogares con niños a dejar de comer durante un día o más. Los adultos de casi la mitad de los hogares con niños declaran haberse saltado una comida por falta de dinero. Alrededor de una cuarta parte de los adultos de los hogares con o sin niños declararon que se habían quedado sin trabajo desde que se inició la pandemia, según el informe.

El informe concluye que los niños se ven privados de las necesidades más básicas, ya que los que pertenecen al 40% de los hogares no realizan ningún tipo de actividad educativa mientras sus escuelas están cerradas. Dado que los datos se recopilan a nivel de hogar, es probable que la tasa de participación real a nivel individual sea aún más baja, especialmente para los niños que provienen de hogares con tres o más hijos.

Aunque los hogares con tres o más hijos fueron los que más sufrieron la pérdida de ingresos, también fueron los que más ayuda recibieron de los gobiernos, ya que el 25% recibió este tipo de asistencia, en comparación con el 10% de los hogares sin hijos. El informe señala que esta ayuda contribuyó a mitigar el impacto adverso de la crisis en los hogares que la recibieron.

El informe señala que antes de la COVID-19, uno de cada seis niños en todo el mundo –356 millones– vivía en la pobreza extrema, ya que los miembros de sus hogares trataban de sobrevivir con menos de 1,90 dólares al día. Más del 40% de los niños vivían en una situación de pobreza moderada. Y casi 1.000 millones de niños vivían en la pobreza multidimensional en los países en desarrollo, una cifra que desde entonces ha aumentado en un 10% como resultado de la pandemia.

UNICEF y el Banco Mundial exhortan a las autoridades a que impulsen una ampliación rápida de los sistemas de protección social para los niños y sus familias. El apoyo, que incluiría la entrega de transferencias en efectivo y la universalización de las prestaciones para los niños, son inversiones fundamentales que pueden ayudar a sacar a las familias de las dificultades económicas y ayudarlas a prepararse para futuras crisis. Desde el comienzo de la pandemia, más de 200 países o territorios han introducido miles de medidas de protección social, y el Banco Mundial ha financiado la aplicación de dichas medidas con unos 12.500 millones de dólares, una ayuda que ha llegado a casi 1.000 millones de personas en todo el mundo.

La mayoría de la población pobre del mundo vive en zonas rurales, pero resulta difícil obtener información fiable y armonizada sobre sus cifras y condiciones.

Para ayudar a cubrir esta deficiencia en la lucha contra el hambre mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha publicado un informe en colaboración con la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano (OPHI), en el que se presenta un Índice de Pobreza Rural Multidimensional innovador.

El Índice de Pobreza Rural Multidimensional amplía los métodos actuales de medición de la pobreza rural al examinar con mayor detenimiento capacidades de la población rural como la seguridad alimentaria, la calidad de su nutrición, su educación y los niveles de vida. Además, la FAO y la OPHI han añadido dos aspectos fundamentales que repercuten en la vida de los habitantes del medio rural en particular, a saber, el acceso (o la falta de este) a activos agrícolas adecuados, la exposición a riesgos ambientales y de otro tipo y la protección social.

El Índice de Pobreza Rural Multidimensional se basa en el concepto de que una única dimensión, como los ingresos de los hogares, no refleja con exactitud la pobreza en las zonas rurales. En la actualidad se reconoce ampliamente que unas condiciones de vida difíciles significan mucho más que una cuenta bancaria vacía.

Esa idea queda reflejada en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) global, que fue presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la OPHI en 2010 y que abarcó 109 países y 5 900 millones de personas en 2021.

El Índice de Pobreza Rural Multidimensional, que amplía el alcance del IPM global, incluye también una combinación innovadora de datos geoespaciales y datos de encuestas que cuantifica los riesgos de exposición a sequías, inundaciones y olas de calor de los habitantes del medio rural.

La utilidad de esta nueva herramienta se ilustra en el informe conjunto de la FAO y la OPHI, que probó el índice utilizando recientes encuestas por hogares en Etiopía, Malawi, el Níger y Nigeria.

En el informe se muestra cómo el Índice de Pobreza Rural Multidimensional capta información adicional y diferente en comparación con otras mediciones, tanto monetarias como multidimensionales que no comprenden las especificidades del medio rural. Las dimensiones incluidas demostraron su eficacia desde el punto de vista estadístico. La superposición entre las privaciones monetarias y no monetarias es significativa; sin embargo, el Índice de Pobreza Rural Multidimensional refleja más cosas. En Malawi, por ejemplo, la métrica monetaria no determinó como pobre a un 14 % de la población rural pobre identificada por el Índice de Pobreza Rural Multidimensional.

El índice también se probó sobre el terreno, en concreto en 64 zonas rurales de Malawi. Se pidió a miembros de las comunidades que examinaran las dimensiones incluidas en el Índice de Pobreza Rural Multidimensional, basándose en su experiencia de vida, y definieran, en sus propias palabras, las condiciones de vida difíciles y la pobreza rurales. Aunque la mayoría de las dimensiones se consideraron cruciales, también surgieron otras como el estado mental o la apariencia física. Si bien no todas estas se pueden obtener fácilmente en encuestas a gran escala, se han aprendido importantes enseñanzas respecto de la limitación de la métrica monetaria y la importancia de adaptar la medición a los contextos rurales.

Todo esto no consiste únicamente en producir más datos. Determinar de manera más precisa quiénes son las poblaciones en situación de pobreza extrema, dónde viven y qué obstáculos concretos les impiden salir de la pobreza en las zonas rurales puede desempeñar un papel esencial a la hora de formular políticas más acertadas para luchar contra la pobreza y el hambre en el medio rural.

La FAO está prestando apoyo a los países para formular y aplicar políticas que aborden las condiciones de los agricultores pobres y en pequeña escala, potenciando sus medios de vida y mejorando su resiliencia y capacidad para escapar de la pobreza extrema. El Índice de Pobreza Rural Multidimensional puede ayudar como instrumento de orientación para los responsables de la formulación de políticas y como herramienta de seguimiento para proyectos y programas que tratan de hacer frente a la pobreza rural.

La crisis sanitaria permanece vigente y América Latina y el Caribe es la región más vulnerable del mundo en esta pandemia. Así, como consecuencia de la crisis sanitaria y social prolongada de la pandemia de COVID-19, la tasa de pobreza extrema en América Latina habría aumentado del 13,1% de la población en 2020 al 13,8% en 2021, un retroceso de 27 años, mientras que se estima que la tasa de pobreza general habría disminuido levemente, del 33,0% al 32,1% de la población. Esto significa que la cantidad de personas en pobreza extrema pasaría de 81 a 86 millones, y el número total de personas en situación de pobreza bajaría ligeramente de 204 a 201 millones, informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Según el informe, la región experimentó un notorio retroceso en su lucha contra la pobreza en 2020 por causa de la pandemia. Tanto la pobreza como la pobreza extrema aumentaron por sexto año consecutivo. En 2020 la pobreza extrema se elevó a niveles registrados 27 años atrás, mientras que la tasa de pobreza general se ubicó en un nivel similar al de finales de la década de 2000.

En el estudio, la CEPAL indica que en 2020 aumentó la proporción de mujeres que no recibe ingresos propios y se mantuvieron las brechas de pobreza en áreas rurales, pueblos indígenas y la niñez. Asimismo, al examinar distintos índices, entre ellos el coeficiente de Gini, se constató un aumento de la desigualdad.

De acuerdo con el organismo de las Naciones Unidas, la pobreza habría sido mayor en 2020 si los países de la región no hubieran adoptado medidas como las transferencias de ingresos de emergencia. La pobreza extrema habría sido alrededor de 1,8 puntos porcentuales más alta, y la pobreza general habría sido 2,9 puntos porcentuales más elevada en promedio en 7 países.

Pese a lo anterior, el Panorama Social 2021 consigna que en los últimos 10 meses de 2020 las transferencias de emergencia anunciadas por los países para mitigar el efecto de la crisis representaron un gasto de 89.700 millones de dólares, mientras que en los primeros diez meses de 2021 el gasto anunciado en estas medidas fue la mitad: 45.300 millones de dólares.

El documento sostiene que la desigualdad aumentó entre 2019 y 2020, con lo que se quebró una tendencia decreciente que venía observándose desde 2002. El Coeficiente de Gini -utilizado internacionalmente para medir la distribución del ingreso- aumentó en 0,7 puntos porcentuales para el promedio regional entre 2019 y 2020. Este deterioro tiene relación directa con las repercusiones de la pandemia.

América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo que lleva más tiempo de interrupción de clases presenciales, en promedio cerca de 56 semanas de interrupción total o parcial, lo que ha generado brechas en el desarrollo de habilidades cognitivas, la pérdida de oportunidades de aprendizaje y el riesgo de aumento del abandono escolar. Asimismo, el cierre escolar ha impactado sobre la sobrecarga de las tareas de cuidado de las mujeres. Por ello, el retorno seguro a clases presenciales es urgente en 2022, subraya la comisión regional de las Naciones Unidas.

En el estudio, la CEPAL recalca que sin control de la crisis sanitaria la recuperación económica no será sostenible, y advierte que América Latina y el Caribe es la región más vulnerable del mundo ante el COVID-19.

La región presenta el mayor número de defunciones informadas por COVID-19 a nivel global (1.562.845 hasta el 31 de diciembre de 2021), cifra que seguirá creciendo mientras la pandemia persista. Estas representan el 28,8% del total de defunciones por COVID-19 informadas en el mundo, pese a que la población de la región apenas asciende al 8,4% de la población mundial.

Al 26 de enero de 2022, el 62,3% de la población de América Latina y el Caribe (en torno a 408 millones de personas) contaba con un esquema completo de vacunación, por lo que la CEPAL hace un llamado a incrementar los esfuerzos, de tal manera que a mediados de 2022 todos los países de la región hayan vacunado al 70% de su población con el esquema completo.

el informe aborda la propuesta de la CEPAL de transitar hacia una sociedad del cuidado, que supone reconocer que los cuidados son una necesidad universal y a la vez expresan diversidades estructurales como el ciclo de la vida, las condiciones físicas, las condiciones socioeconómicas y de ingresos y las diferencias territoriales. “La universalidad, la coordinación interinstitucional e intersectorial, la corresponsabilidad y la sostenibilidad financiera constituyen pilares fundamentales de las políticas integrales de cuidados que precisa la región”, concluye el documento.

América Latina y el Caribe bajará su ritmo de crecimiento a 2,1% en 2022, luego de haber alcanzado un promedio de 6,2% el año pasado, estimó la CEPAL, explicando que la desaceleración ocurre en medio de las grandes disparidades que hay en las capacidades de los países desarrollados, emergentes y en desarrollo para implementar políticas fiscales, sociales, monetarias, de salud y de vacunación con miras a una recuperación sostenible de la crisis desatada por la pandemia de COVID-19.

Los motores económicos de la región tendrán un desempeño bajo este año. La CEPAL estima que Brasil, la economía más grande, será la que menos crezca con apenas un 0,5%. México, por su parte avanzará 2,9%, Colombia 3,7% y Chile 1,9%.

En la conferencia de prensa en México para la presentación del Balance Preliminar de la Economías de América Latina y el Caribe 2021, elaborado por la CEPAL, Alicia Bárcena señaló que en un escenario como el que plantea el 2022, es crucial la creatividad “para poder articular políticas fiscales y monetarias con mayor coordinación y con una mirada de mediano plazo”.

No obstante los retrocesos, la CEPAL prevé una ligera mejoría en los niveles de pobreza y pobreza extrema, con una disminución del 1,5% de la pobreza, y del 0,7% de la pobreza extrema.

El estudio de la CEPAL atribuye la compleja realidad de la región en 2022 a la perseverancia e incertidumbre sobre la evolución de la pandemia; la fuerte desaceleración del crecimiento mundial; la persistencia de la baja inversión, la productividad y la lenta recuperación del empleo; la persistencia de los efectos sociales provocados por la crisis; el menor espacio fiscal; los aumentos en las presiones inflacionarias; y los desequilibrios financieros.

El informe destaca que el menor crecimiento mundial significará una menor demanda externa y un menor crecimiento del comercio mundial, lo que impactará directamente a las economías latinoamericanas. En cuanto a los precios de las materias primas, de cuyas exportaciones depende gran parte del PIB regional, las proyecciones apuntan a una disminución o, en el mejor de los casos, a que se mantengan al nivel de 2021, pero no a que suban.

Por lo mismo, la recuperación de los países de la región dependerá, sobre todo, de la demanda interna, que en 2021 tuvo un repunte con el mayor consumo propulsado por los apoyos en efectivo implementados por los gobiernos para sortear la emergencia del COVID-19 y por las remesas, que crecieron un 30%.

Para controlar la inflación y no frenar el crecimiento, las autoridades monetarias deben echar mano de todos los instrumentos con los que cuentan, más allá de la tasa de interés. También abogó por incrementar los niveles de recaudación y mejorar la estructura tributaria.

El programa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pone en el centro a la persona y al planeta, se apoya en los derechos humanos y está respaldado por una alianza mundial decidida a ayudar a la gente a superar la pobreza, el hambre y las enfermedades. Se forjará por tanto sobre la base de una cooperación y solidaridad mundiales.

El Día Internacional de la Solidaridad Humana es:

La solidaridad se identifica en la Declaración del Milenio (PDF) como uno de los valores fundamentales para las relaciones internacionales en el siglo 21 y para que quienes sufren o tienen menos se beneficien de la ayuda de los más acomodados. En consecuencia, en el contexto de la globalización y el desafío de la creciente desigualdad, el fortalecimiento de la solidaridad internacional es indispensable.

Convencida de que la promoción de la cultura de la solidaridad y el espíritu de compartir es importante para la lucha contra la pobreza, la Asamblea General proclamó el 20 de diciembre como Día Internacional de la Solidaridad Humana.

A través de iniciativas como la creación del Fondo Mundial de Solidaridad para erradicar la pobreza y la proclamación del Día Internacional de la Solidaridad Humana, este concepto fue promovido como crucial en la lucha contra la pobreza y en la participación de todos los interesados pertinentes.

La solidaridad ha definido el trabajo de las Naciones Unidas desde el nacimiento de la Organización que, desde su creación, atrajeron a los pueblos del mundo para promover la paz, los derechos humanos y el desarrollo económico y social. La organización fue fundada en la premisa básica de la unidad y la armonía entre sus miembros, expresada en el concepto de seguridad colectiva que se basa en la solidaridad de sus miembros a unirse “para mantener la paz y la seguridad internacionales”.

Así mismo, la Organización se basa en este espíritu de solidaridad para “la cooperación en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario”.

La solidaridad es uno de los valores fundamentales y universales en que deberían basarse las relaciones entre los pueblos en el siglo XXI. Por ese motivo, la Asamblea General decidió proclamar el 20 de diciembre de cada año Día Internacional de la Solidaridad Humana, en su 60/209 (PDF) de fecha 22 de diciembre de 2005.

Además, con el objetivo de erradicar la pobreza y promover el desarrollo humano y social en los países menos industrializados, en particular entre los segmentos más pobres de sus poblaciones, la Asamblea General creó el Fondo Mundial de Solidaridad, en su resolución 57/265 (PDF).

Fuente: CONEVAL 15 de diciembre de 2021

UNICEF ha realizado un llamamiento de financiación de emergencia sin precedentes por valor de 9.400 millones de dólares para atender a más de 327 millones de personas –entre ellas 177 millones de niños– afectadas por las crisis humanitarias y la pandemia de COVID-19 en todo el mundo.

El llamamiento es un 31% mayor que el del año pasado, ya que las necesidades humanitarias siguen aumentando.

El llamamiento incluye 2.000 millones de dólares para la respuesta de UNICEF en Afganistán, donde 13 millones de niños necesitan ayuda humanitaria urgente. Entre ellos hay un millón de niños que corren el peligro de sufrir desnutrición aguda grave en un momento en que el sistema sanitario está al borde del colapso. El llamamiento para Afganistán es el mayor de la historia de UNICEF para un solo país.

UNICEF también necesitará 909 millones de dólares para la crisis de los refugiados de Siria, otros 334 millones de dólares para la crisis en el interior de Siria, 484 millones de dólares para la respuesta en Yemen y más de 356 millones de dólares para los programas en la República Democrática del Congo.

El llamamiento de financiación de este año, el mayor de la historia de UNICEF, se produce también en un momento en el que la escalada de conflictos ha llevado a millones de niños y a sus comunidades al borde del abismo. Los ataques a los niños que viven en países en conflicto, incluidos los ataques contra las infraestructuras civiles fundamentales para la supervivencia de los niños, continúan a un ritmo alarmante. El año pasado se confirmaron cerca de 24.000 violaciones graves contra los niños, es decir, 72 violaciones al día.

Como parte de su Acción Humanitaria para la Infancia, que establece el llamamiento de la organización para 2022, UNICEF tiene previsto llegar a:

Gracias al apoyo de los asociados, los principales resultados en 2021 fueron los siguientes:

El Informe de Acción Humanitaria para la Infancia de este año se presenta en el marco del CY21, un Foro Mundial para la Infancia y la Juventud que reúne a líderes, expertos, promotores del cambio y personas influyentes, junto con niños, niñas y jóvenes. El foro tiene como objetivo acelerar soluciones nuevas y de eficacia probada, inspirar compromisos para impulsar el cambio y movilizar conocimientos y recursos para promover los derechos de la infancia con el fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030.

El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas advirtió que sigue creciendo el número de personas que se encuentran al borde de la hambruna, mientras el número de personas que sufren un problema de hambre aguda se ha disparado y ha crecido en alrededor de tres millones de personas desde el inicio de año.

La cifra de quienes pasan hambre de forma aguda ha aumentado desde los 42 millones de principios de año, y los 27 millones de 2019, hasta los actuales 45 millones en 43 países.

El Programa Mundial de Alimentos y sus socios humanitarios continúan intensificando sus esfuerzos para ayudar a millones de personas que se enfrentan al hambre. Sin embargo, las necesidades superan ampliamente los recursos disponibles en un momento en el que las fuentes de financiación tradicionales están sobrecargadas.

El coste de evitar la hambruna en el mundo asciende ahora a 7000 millones de dólares, frente a los 6600 millones estimados a principios de año.

Un análisis de vulnerabilidad de la agencia de la ONU en 43 países demuestra que las familias se ven obligadas a comer menos, o a saltarse las comidas por completo, a alimentar a los niños en lugar de a los adultos y, en algunos casos extremos, a comer langostas, hojas silvestres o cactus para sobrevivir, como en Madagascar.

En otras zonas, las familias se ven obligadas a casar a los niños a una edad temprana o a sacarlos de la escuela, a vender sus bienes como el ganado o lo poco que les queda. Un caso extremo es el reportado por los medios de comunicación de Afganistán que señalan que las familias se ven obligadas a vender a sus hijos en un intento desesperado por sobrevivir.

La subida de los precios de los alimentos recientemente anunciada por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación no solo provoca que los alimentos estén fuera del alcance de millones de las personas más pobres del mundo, sino que también aumenta el coste de la adquisición de la comida en los mercados mundiales.

A esta coyuntura se suman los altos precios del combustible, que aumentan los costes de transporte y suponen una mayor presión sobre las cadenas de suministro mundiales: cuando hace un año el envío de un contenedor costaba 1000 dólares ahora cuesta 4000 o incluso más.

Durante este año, el Programa Mundial de Alimentos se ha embarcado en la mayor operación de su historia dirigida a 139 millones de personas en los 85 países en los que opera.

Esta labor abarca tanto las necesidades alimentarias y nutricionales de emergencia, como el trabajo con los socios para fortalecer la resiliencia y aumentar la autonomía de las personas más pobres y vulnerables del planeta.

El Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) mundial, elaborado por el Programa para el Desarrollo de la ONU y la Iniciativa de Oxford para la Pobreza y el Desarrollo Humano, muestra también que en nueve grupos étnicos específicos encuestados, más del 90% de su población está atrapada en la pobreza.

Además de los ingresos, el Índice mide la pobreza mediante varios indicadores, como la salud deficiente, la educación insuficiente y el bajo nivel de vida.

La investigación para el informe se ha llevado a cabo en 109 países y abarca 5900 millones de personas. Presenta, además, un desglose por etnia, raza y casta, en 41 naciones.

En América Latina, por ejemplo, los pueblos indígenas se encuentran entre los más pobres. En Bolivia, las comunidades indígenas representan alrededor del 44% de la población, pero representan el 75% de los pobres multidimensionales.

Las cifras son también muy reveladoras en la India, donde cinco de cada seis personas en situación de pobreza pertenecen a “tribus o castas inferiores”, según el citado Programa.

En los 109 países estudiados, un total de 1300 millones de personas son multidimensionalmente pobres.

Aproximadamente la mitad de estas personas, 644 millones, son menores de 18 años, y casi el 85% vive en el África subsahariana o en el sur de Asia. Más del 67% vive en países de renta media.

Alrededor de 788 millones de personas viven en hogares con al menos una persona desnutrida, y unos 568 millones carecen de fuentes de agua potable en un radio de 30 minutos a pie.

De las 80 naciones y 5000 millones de personas de las que hay datos, 70 naciones redujeron su Índice de pobreza multidimensional en al menos un período. Los cambios más rápidos se produjeron en Sierra Leona y Togo.

La directora de la Iniciativa de Oxford para la Pobreza y el Desarrollo Humano de la Universidad de Oxford, Sabina Alkire, insistió en la necesidad de arreglar las desigualdades estructurales que oprimen y obstaculizan el progreso.

Para ella, el desglose de los datos de pobreza multidimensional por etnia, raza, casta y género “desenmascara las disparidades y constituye una guía vital para que los responsables políticos no dejen a nadie atrás en la última década de acción”.

Pero ¿cuál es la realidad cotidiana de las personas en situación de pobreza multidimensional? Los datos dibujan un panorama sombrío:

Aunque todavía no contamos con datos completos sobre el impacto de la COVID-19 en el IPM, la pandemia ha desnudado las grietas existentes en los sistemas de protección social, en la educación y la vulnerabilidad de los trabajadores en todo el mundo. Estas grietas, señala el informe, son más profundas en los países con mayores tasas de pobreza multidimensional. Por ejemplo, millones de niños y niñas vieron interrumpida su escolarización presencial durante la pandemia en todo el mundo, pero la alteración en la educación formal fue más acentuada en los países con los índices de pobreza multidimensional más elevados. Un ejemplo es Zambia, donde la diferencia entre el porcentaje de hogares con niños que iban a la escuela antes de la pandemia y los que utilizaron la educación a distancia durante la misma fue de alrededor de 80 puntos porcentuales. Si nos atenemos a la experiencia de emergencias sanitarias anteriores, es posible que muchos de estos niños y niñas ya no vuelvan a la escuela.