La contingencia sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19 y la implementación de protocolos para evitar la propagación del virus fueron los principales factores para que la cantidad de asuntos que ingresaron a los órganos jurisdiccionales del poder Judicial tuvieran una disminución en el 2020 con respecto al 2019, así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal (CNIJF) 2021.

Con lo que respecta al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el reporte del Inegi detalló que en el 2020 ingresaron 3,560 asuntos jurisdiccionales, de los cuales 3,537 fueron turnos y 23 recibidos de las Salas.

Durante el mismo lapso, se resolvieron 390 asuntos, en tanto que 3,017 fueron enviados a las Salas. De los 390 resueltos, 30.5% fue resuelto sin sentencia y 69.5%, con sentencia.

Comparado con un año anterior, el Inegi observó una disminución de 41.2% en el número de asuntos ingresados, y de 45.9% en el número de asuntos resueltos por el pleno de la Suprema Corte.

Según los datos del Inegi, del total de resoluciones, 82.2% fue “no resuelto de fondo” y 17.8% “resuelto de fondo”. En comparación con el 2019, los asuntos ingresados aumentaron 78.8%, en tanto que para los asuntos resueltos el aumento fue de 87 por ciento.

El Inegi informó que las causas penales ingresadas en estos órganos jurisdiccionales ascendieron a un total de 13,379. Comparado con el 2019, se reportó una disminución de las causas penales ingresadas de 36.7 por ciento.

El CNIJF también confirmó que durante el año pasado, se registró un total de 19,354 procesados y/o imputados a quienes se les determinó una resolución sobre la vinculación a proceso. Comparado con el 2019, la cantidad de procesados y/o imputados vinculados a proceso aumentó 135.6 por ciento.

Del total de la cifra anterior, 43.1% fue vinculado a proceso y 4.7% no fue vinculado, mientras que para el restante, es decir 52.2% no se identificó la existencia o no de vinculación.

Por último, el Inegi también registró una disminución de 18.4% en los asuntos y servicios atendidos por la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas en el 2020 con lo que respecta al 2019. El año pasado se atendieron 289 asuntos y servicios que comprendieron defensa y asesoría, mientras que se concluyeron y/o resolvieron 65. En dichos asuntos y servicios hubo 319 personas indígenas involucradas; destacó que 44.8% se identificó como de pertenencia náhuatl.

Fuente:EL ECONOMISTA 02 de julio de 2021