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Lunes, 12 de julio de 2021

Análisis exploratorio de las afectaciones de la pandemia

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) presenta el documento De la emergencia a la recuperación de la pandemia por la COVID-19: la política social frente a desastres, el cual es un análisis exploratorio de las afectaciones conocidas hasta el momento de la pandemia sobre la salud, la educación, el trabajo y el bienestar económico.

En el documento que hoy se presenta, De la emergencia a la recuperación de la pandemia por la COVID-19: la política social frente a desastres, se ponen en perspectiva los efectos conocidos, así
como las intervenciones públicas para atenderlos, lo cual es un reto en tanto que, por una parte, la pandemia se encuentra en desarrollo y la totalidad de los resultados de esta podrán documentarse una vez que haya concluido y, por otra, las intervenciones públicas implementadas surgieron en distintos momentos, con diversas limitaciones en la disponibilidad de información.

A partir de este análisis se proponen elementos de un modelo de coordinación orientado a la gestión de riesgos frente a desastres que contempla aspectos como la definición de entidades y
dependencias involucradas, así como las principales acciones por realizar en las etapas de prevención, mitigación y recuperación.

  • La evolución de los contagios de COVID-19 ha sido diferenciada en el territorio nacional y se ha concentrado en las zonas metropolitanas. Existen diferencias territoriales en las condiciones y recursos disponibles para atender la salud.

  • Con información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo Nueva Edición (ENOEN) se identificó que el porcentaje de la población en situación de pobreza laboral pasó de 35.6% en el primer trimestre de 2020 a 39.4% en el primer trimestre de 2021.

  • La interrupción de procesos educativos presenciales y su sustitución por la educación a distancia supone riesgos de aumentar las disparidades educativas preexistentes, al reducir las oportunidades que tienen las personas para continuar con su aprendizaje.

  • La perspectiva de la Gestión Integral de Riesgos ante Desastres (GIRD) es una alternativa para la construcción de medidas oportunas en la atención gubernamental frente a desastres. Este análisis no es una valoración de la suficiencia de la respuesta gubernamental, sino un primer acercamiento a las afectaciones y los riesgos para los cuales se cuenta con intervenciones federales relacionadas y aquellas áreas
    pendientes por atender

  • Con base en el marco de análisis de la política social a partir del enfoque de la GIRD se identificaron 20 afectaciones y 76 riesgos que, con base en la evidencia disponible, se
    vinculan principalmente con los derechos a la salud, la educación y al trabajo, así como con la dimensión de bienestar económico.

  • A la par, se identificaron 44 programas de desarrollo social con alguna medida o acción para la atención de la pandemia por COVID-19, de estos se encontró que 38 pueden incidir en la disminución de los riesgos planteados, de acuerdo con los diferentes apoyos o servicios que entregan.

  • En cuanto a las intervenciones implementadas por las entidades federativas, a marzo de 2021, se identificaron 1,244 programas y acciones efectuadas para atender las afectaciones y riesgos derivados de la pandemia.

    A más de un año del desarrollo de la pandemia, se ha observado que la atención reactiva y emergente puede mejorar sus alcances a partir de una integralidad de acciones, necesarios para reducir las brechas existentes. Finalmente, también sigue siendo necesaria una reforma fiscal progresiva, con el fin de contar con los recursos suficientes para financiar intervenciones que aseguren la recuperación de la economía mexicana ante la actual crisis sanitaria.

    Fuente: CONEVAL 12 de julio de 2021

  • Lunes, 12 de julio de 2021

    Informe de las Naciones Unidas: El año de la
    pandemia, dominado por un repunte del hambre mundial

  • El mayor aumento se registra en África. El mundo, que se encuentra en una coyuntura crítica, debe actuar ahora para invertir la situación para 2030.

    El hambre mundial empeoró de forma espectacular en 2020, según informaron las Naciones Unidas, y es probable que ello se deba en gran parte a la repercusión de la enfermedad por coronavirus (COVID-19). Aunque todavía no se ha cartografiado por completo el impacto de la pandemia*, en un informe preparado por varios organismos se estima que el año pasado estaba subalimentada cerca de la décima parte de la población mundial, lo cual puede suponer hasta 811 millones de personas. La cifra es indicio de que será preciso un esfuerzo tremendo para que el mundo cumpla su promesa de poner fin al hambre para 2030.

    La edición del año en curso de El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo es la primera evaluación mundial en su género realizada en tiempos de pandemia. La publicación del informe es obra conjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

    Ya a mediados del decenio de 2010 el hambre había empezado a aumentar sigilosamente, frustrando las esperanzas de una disminución irreversible. Resulta perturbador que en 2020 el hambre se disparara en términos tanto absolutos como relativos superando al crecimiento demográfico: se estima que el año pasado padeció subalimentación cerca del 9,9 % de la población total, frente al 8,4 % registrado en 2019.

    Más de la mitad de la población subalimentada (418 millones de personas) vive en Asia; más de un tercio (282 millones) vive en África, y una proporción inferior (60 millones) vive en América Latina y el Caribe. Sin embargo, el aumento más acusado del hambre se registró en África, donde la prevalencia estimada de la subalimentación (21 % de la población) supera en más del doble a la de cualquier otra región.

    El año 2020 también fue sombrío en relación con otras mediciones. Globalmente, más de 2 300 millones de personas (el 30 % de la población mundial) carecieron de acceso a alimentos adecuados durante todo el año: este indicador, conocido como prevalencia de la inseguridad alimentaria moderada o grave, se disparó en un año tanto como en los cinco años anteriores combinados. La desigualdad de género se agudizó: en 2020, por cada 10 hombres que padecían inseguridad alimentaria, había 11 mujeres que la padecían (frente a 10,6 en 2019).

    Persistió la malnutrición en todas sus formas, que se cobró un precio alto entre los niños: se estima que en 2020 más de 149 millones de menores de 5 años padecieron retraso del crecimiento (su estatura era demasiado baja para su edad); más de 45 millones padecieron emaciación (su delgadez era excesiva para su altura), y casi 39 millones sufrieron sobrepeso***. No menos de 3 000 millones de adultos y niños seguían sin poder acceder a dietas saludables, en gran parte a causa de los costos excesivos. Casi un tercio de las mujeres en edad reproductiva padece anemia. A escala mundial, pese a los avances en algunos aspectos (por ejemplo, se alimenta a más niños pequeños exclusivamente con leche materna), el mundo no va camino de cumplir para 2030 las metas correspondientes a ninguno de los indicadores en materia de nutrición.

    A partir de las tendencias actuales, en El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo se estima que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (Hambre cero de aquí a 2030) quedará incumplido por un margen de casi 660 millones de personas. De esta cifra total, puede que unos 30 millones se deban a los efectos duraderos de la pandemia.

    Como se indicaba en el informe del año pasado, la transformación de los sistemas alimentarios es esencial para lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y poner las dietas saludables al alcance de todos. En la edición del año en curso se pasa a exponer seis “vías de transformación” que, según afirman los autores, se basan en “un conjunto coherente de carteras de políticas e inversiones” dirigidas a contrarrestar los factores que determinan el hambre y la malnutrición.

    Fuente: FAO 12 de julio de 2021

  • Lunes, 12 de julio de 2021

    Construir resiliencia a las crisis y recuperar la confianza de
    los ciudadanos debería ser una prioridad para los gobiernos

    La crisis del COVID-19 ha demostrado la capacidad de los gobiernos para responder a una gran crisis mundial con extraordinaria flexibilidad, innovación y determinación. Sin embargo, la evidencia emergente sugiere que se podría haber hecho mucho más por adelantado para reforzar la resiliencia y muchas acciones pueden haber socavado la confianza y la transparencia entre los gobiernos y sus ciudadanos, según un nuevo informe de la OCDE.

    Government at a Glance 2021 dice que una de las mayores lecciones de la pandemia es que los gobiernos deberán responder a las crisis futuras con rapidez y escala, al tiempo que salvaguardan la confianza y la transparencia.

    Los países han introducido miles de normativas de emergencia, a menudo de forma acelerada. Es inevitable cierto alivio de los estándares en una emergencia, pero debe tener un alcance y un tiempo limitados para evitar dañar las percepciones de los ciudadanos sobre la competencia, la apertura, la transparencia y la equidad del gobierno.

    Los gobiernos deben redoblar sus esfuerzos en tres áreas para impulsar la confianza y la transparencia y reforzar la democracia:

  • Abordar la desinformación es clave. Incluso con un aumento de la confianza en el gobierno provocado por la pandemia en 2020, en promedio solo el 51% de las personas en los países de la OCDE para los que hay datos disponibles confiaban en su gobierno. Existe el riesgo de que algunas personas y grupos se estén disociando de los procesos democráticos tradicionales.

  • Es fundamental mejorar la representación y la participación de manera justa y transparente. Los gobiernos deben buscar promover la inclusión y la diversidad, apoyar la representación de los jóvenes, las mujeres y otros grupos subrepresentados en la vida pública y la consulta de políticas. El ajuste de las prácticas de consulta y participación podría mejorar la transparencia y la confianza en las instituciones públicas, dice el informe. Los gobiernos también deben nivelar el campo de juego en el cabildeo. Menos de la mitad de los países tienen requisitos de transparencia que cubren a la mayoría de los actores que participan regularmente en el cabildeo.

  • Se debe priorizar el fortalecimiento de la gobernanza para abordar los desafíos globales mientras se aprovecha el potencial de las nuevas tecnologías. En 2018, solo la mitad de los países de la OCDE tenían una institución gubernamental específica encargada de identificar crisis nuevas, imprevistas o complejas. Para estar en forma para el futuro y asegurar las bases de la democracia, los gobiernos deben estar preparados para actuar con rapidez y escala, al tiempo que salvaguardan la confianza y la transparencia.

    Los gobiernos también deben aprender a gastar mejor, según Government at a Glance 2021 . Los países de la OCDE están brindando una gran cantidad de apoyo a los ciudadanos y las empresas durante esta crisis: las medidas en curso o anunciadas a marzo de 2021 representaron, aproximadamente, el 16,4% del PIB en gastos adicionales o ingresos no percibidos, y hasta el 10,5% del PIB por otros medios. Los gobiernos deberán revisar el gasto público para aumentar la eficiencia, garantizar que las prioridades de gasto coincidan con las necesidades de las personas y mejorar la calidad de los servicios públicos.

    El informe, la séptima edición del resumen bienal de la gobernanza pública de la OCDE, compara la OCDE y los países socios en áreas como las finanzas públicas, el empleo, la presupuestación, la digitalización y la prestación de servicios públicos. Los datos se pueden utilizar para comparar el desempeño de los gobiernos, rastrear los desarrollos nacionales e internacionales a lo largo del tiempo y monitorear el progreso de los gobiernos en la reforma del sector público.

    Fuente: OECD 09 de julio de 2021

  • Viernes, 9 de julio de 2021

    Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa

    Cifras durante marzo de 2021

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), que amplía la oferta de información estadística de corto plazo a nivel estatal y permite dar seguimiento al comportamiento de las actividades económicas del sector secundario en los estados.

    En este sentido, las entidades que en términos reales reportaron los mayores incrementos mensuales con cifras ajustadas estacionalmente en su Actividad Industrial fueron: Coahuila de Zaragoza, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Morelos, Guanajuato, Nuevo León y Puebla en marzo de 2021.

    En su comparación anual , las entidades que mostraron los aumentos más significativos en términos reales en su Producción Industrial fueron: Aguascalientes, Nayarit, Chiapas, Oaxaca, Coahuila de Zaragoza y Durango, con cifras desestacionalizadas.

    También se presentan los resultados de las cifras originales para el total de la actividad industrial y cada uno de los sectores que componen la actividad industrial estatal. Así, en el sector de la Minería destacaron las reducciones anuales en Quintana Roo, Tamaulipas y Baja California Sur; en la Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas por ductos al consumidor final sobresalieron las caídas en Guerrero, Yucatán y Campeche; en la Construcción los descensos en Tlaxcala, Tamaulipas y Chihuahua, y en las Industrias manufactureras sobresalen los ascensos a tasa anual en Aguascalientes, Coahuila de Zaragoza, Oaxaca y Baja California, principalmente.

    Fuente: INEGI 09 de julio de 2021

    Martes, 6 de julio de 2021

    Teletrabajo en América Latina: 23 millones de personas
    trabajaron desde casa durante la pandemia de COVID-19

  • Desde que entraron en vigor las medidas de confinamiento, entre el 20 y 30% de los asalariados que estuvieron efectivamente trabajando, lo hicieron desde sus domicilios.

    El teletrabajo irrumpió en los mercados laborales de América Latina y el Caribe como una manera de enfrentar las consecuencias de la pandemia COVID-19, permitiendo la continuidad de actividades en algunos sectores en el contexto de una caída devastadora de la actividad económica, con pérdida de empleo, caída de los ingresos y cierre de empresas.

    Las estimaciones preliminares de la Organización Internacional del Trabajo indican que, en el peor momento de la crisis, en el segundo trimestre de 2020, unos 23 millones de personas teletrabajaron en la región.

    Esto representa entre el 20 y 30% de los asalariados que estuvieron efectivamente trabajando. Antes de la pandemia, esa cifra era inferior al 3%.

    El informe destaca que, aunque es muy temprano para predecir el alcance efectivo del teletrabajo, será necesario que los países y las sociedades estén preparados para asumir que esta modalidad llegó para quedarse, ya sea como una solución conveniente para algunas personas y empresas, o a través de la proliferación de formas híbridas que combinen trabajo presencial con trabajo desde el hogar.

    El análisis de la agencia de la ONU señala que si bien ya antes de la pandemia existía el trabajo desde el domicilio, este abarcaba principalmente a trabajadores por cuenta propia, o en situaciones especiales se combinaba con trabajo en el establecimiento, “pero en el contexto de cuarentena pasó, en mucho casos, a ser la modalidad exclusiva de trabajo”.

    Aunque en los últimos tiempos la región ha reportado avances en materia de regulación del teletrabajo, el aumento sin precedentes de esta modalidad expuso una multiplicidad de desafíos que deben ser abordados.

    El informe destaca algunos para enfrentar esos desafíos del teletrabajo:

  • Principio de voluntariedad y acuerdo entre las partes

  • Organización y tiempo de trabajo

  • Seguridad y salud en el trabajo

  • Protección del derecho de privacidad de los trabajadores

    Los temas de la seguridad social, del cumplimiento de las jornadas, de libertad de asociación, de acceso a la formación laboral, de salud y seguridad en el lugar de trabajo, entre otros, forman parte de los temas a considerar.

    El informe destaca que para abordar estos temas es clave el diálogo entre gobiernos, empleadores y trabajadores.

    “Resulta fundamental considerar las lecciones aprendidas durante la pandemia”, dice la OIT, pero también indica que para futuros análisis sobre este tema “se requiere contar con estadísticas oficiales que brinden información adecuada, comparable y actualizada” sobre el teletrabajo en América Latina y el Caribe.

    Fuente: ONU 06 de julio de 2021

  • Viernes, 2 de julio de 2021

    Impacta Covid-19 impartición de justicia en México: Inegi

  • En el caso del pleno de la SCJN, los asuntos que solventó disminuyeron 45.9 por ciento.

    La contingencia sanitaria derivada de la pandemia por Covid-19 y la implementación de protocolos para evitar la propagación del virus fueron los principales factores para que la cantidad de asuntos que ingresaron a los órganos jurisdiccionales del poder Judicial tuvieran una disminución en el 2020 con respecto al 2019, así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal (CNIJF) 2021.

    Con lo que respecta al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el reporte del Inegi detalló que en el 2020 ingresaron 3,560 asuntos jurisdiccionales, de los cuales 3,537 fueron turnos y 23 recibidos de las Salas.

    Durante el mismo lapso, se resolvieron 390 asuntos, en tanto que 3,017 fueron enviados a las Salas. De los 390 resueltos, 30.5% fue resuelto sin sentencia y 69.5%, con sentencia.

    Comparado con un año anterior, el Inegi observó una disminución de 41.2% en el número de asuntos ingresados, y de 45.9% en el número de asuntos resueltos por el pleno de la Suprema Corte.

    Según los datos del Inegi, del total de resoluciones, 82.2% fue “no resuelto de fondo” y 17.8% “resuelto de fondo”. En comparación con el 2019, los asuntos ingresados aumentaron 78.8%, en tanto que para los asuntos resueltos el aumento fue de 87 por ciento.

    El Inegi informó que las causas penales ingresadas en estos órganos jurisdiccionales ascendieron a un total de 13,379. Comparado con el 2019, se reportó una disminución de las causas penales ingresadas de 36.7 por ciento.

    El CNIJF también confirmó que durante el año pasado, se registró un total de 19,354 procesados y/o imputados a quienes se les determinó una resolución sobre la vinculación a proceso. Comparado con el 2019, la cantidad de procesados y/o imputados vinculados a proceso aumentó 135.6 por ciento.

    Del total de la cifra anterior, 43.1% fue vinculado a proceso y 4.7% no fue vinculado, mientras que para el restante, es decir 52.2% no se identificó la existencia o no de vinculación.

    Por último, el Inegi también registró una disminución de 18.4% en los asuntos y servicios atendidos por la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas en el 2020 con lo que respecta al 2019. El año pasado se atendieron 289 asuntos y servicios que comprendieron defensa y asesoría, mientras que se concluyeron y/o resolvieron 65. En dichos asuntos y servicios hubo 319 personas indígenas involucradas; destacó que 44.8% se identificó como de pertenencia náhuatl.

    Fuente:EL ECONOMISTA 02 de julio de 2021

  • Jueves, 1 de julio de 2021

    Resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal (CNIJF) 2021

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal (CNIJF) 2021, programa estadístico que ofrece información relevante sobre la estructura organizacional, recursos y ejercicio de la función de los órganos que conforman al Poder Judicial de la Federación (PJF).

    Es preciso advertir que la contingencia sanitaria derivada de la pandemia generada por el virus SARS-COV2 (COVID 19) y la implementación de medidas oficiales para evitar su propagación, como la disminución de la capacidad instalada y la reducción parcial de actividades, repercutieron en la cantidad de asuntos que ingresaron a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y su resolución.

    Entre los datos que aporta este Censo, se encuentran que:

  • La mayoría de los asuntos de los cuales tuvo conocimiento en 2020 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) corresponde a recursos, mismos que representaron 51.4% y 49.0% de los ingresos y resoluciones, respectivamente.

  • Entre los asuntos conocidos por los órganos jurisdiccionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en 2020 destacan los procedimientos de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que representaron 83.5% de los ingresos y 85.1% de las resoluciones. Estos porcentajes en comparación con 2019, representaron un aumento de 29.7% en los ingresos y 36.4% en los asuntos resueltos.

  • En 2020 ingresaron 689 269 asuntos en todas las materias a los órganos jurisdiccionales supervisados por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y se resolvieron 659 319. Comparado con 2019, las cifras reportadas presentan una disminución de 41.3 y 42.6% de los asuntos ingresados y resueltos, respectivamente.

  • Las causas penales ingresadas en estos órganos jurisdiccionales ascendieron a un total de 13 379; la mayor parte (97.0%) ingresó con los Jueces de Control o Garantías de los Centros de Justicia Penal Federal (CJPF) y el resto (3.0%) a los Juzgados de Distrito de procesos penales (JD). Comparado con 2019, se reportó una disminución de las causas penales ingresadas de 36.7 por ciento.

  • En dichas causas penales se registraron 27 545 delitos. De éstos, 6.1% correspondió a delitos en causas ingresadas a los JD y 93.9% a delitos en causas ingresadas a los CJPF. El total de delitos en 2020 registró una disminución de 42.8% con respecto a lo reportado en 2019.

  • Del total de delitos registrados en las causas penales ingresadas, 50.3% (16 071) fue por delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos. Esto representa una disminución de 25.5% con respecto a lo ingresado en 2019.

  • En cuanto al personal con el que contó el PJF al cierre de 2020, se identificó un total de 50 999 servidoras y servidores públicos, de los cuales 3 621 estuvieron adscritos a la SCJN, 1 501 al TEPJF y 45 877 al CJF. En comparación con 2019, se reportó que en 2020 hubo un aumento de personal en los órganos del PJF: en la SCJN correspondió a 5.8%, en el TEPJF fue de 4.0%, en tanto que en el CJF el incremento fue de 2.3 por ciento. Del total de personal en el PJF, 50.4% fueron hombres y 49.6% eran mujeres.

  • Del personal adscrito al CJF al cierre de 2020, 1 443 servidoras y servidores públicos correspondieron a jueces y magistrados, lo que representa 3.1% del total. De ellos, 714 correspondieron a magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito, 95 a magistrados de Tribunales Unitarios de Circuito, 466 a jueces de distrito de diversas materias y 168 a jueces de distrito especializados en el Sistema Penal Acusatorio. Finalmente, de estos jueces y magistrados, 77.6% fueron hombres y 22.4%, mujeres.

    En su versión 2021, los resultados del CNIJF integran información correspondiente a 2020, la cual se presenta mediante cuadros estadísticos organizados en los siguientes apartados: Estructura organizacional y recursos; Trámites y servicios y ejercicio de funciones específicas; Transparencia; Control interno y anticorrupción; Administración de archivos y gestión documental; Suprema Corte de Justicia de la Nación; Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; Órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal; Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas; Instituto Federal de Defensoría Pública; Impartición de justicia federal en materia penal.

    Fuente: INEGI 01 de julio de 2021

  • Jueves, 1 de julio de 2021

    130 países y jurisdicciones se unen a un marco
    nuevo y audaz para la reforma tributaria internacional

    130 países y jurisdicciones se han sumado a un nuevo plan de dos pilares para reformar las normas fiscales internacionales y garantizar que las empresas multinacionales paguen una parte justa de los impuestos dondequiera que operen.

    El marco actualiza los elementos clave del sistema fiscal internacional centenaria, que es apto para el propósito ya no en un 21 globalizado y digitalizado economía del siglo.

    El paquete de dos pilares, el resultado de las negociaciones coordinadas por la OCDE durante gran parte de la última década, tiene como objetivo garantizar que las grandes Empresas Multinacionales (EMN) paguen impuestos donde operan y obtienen ganancias, al tiempo que agrega la certeza y estabilidad muy necesarias a la sistema tributario internacional.

    El primer pilar garantizará una distribución más justa de los beneficios y los derechos fiscales entre los países con respecto a las empresas multinacionales más grandes, incluidas las empresas digitales. Reasignaría algunos derechos impositivos sobre las empresas multinacionales de sus países de origen a los mercados donde tienen actividades comerciales y obtienen beneficios, independientemente de si las empresas tienen presencia física allí.

    El Pilar Dos busca poner un piso a la competencia sobre el impuesto sobre la renta de las empresas, mediante la introducción de una tasa impositiva corporativa mínima global que los países pueden utilizar para proteger sus bases impositivas.

    El paquete de dos pilares proporcionará un apoyo muy necesario a los gobiernos que necesiten recaudar los ingresos necesarios para reparar sus presupuestos y sus balances mientras invierten en servicios públicos esenciales, infraestructura y las medidas necesarias para ayudar a optimizar la solidez y la calidad de la gestión de proyectos. Recuperación de COVID.

    Bajo el Pilar Uno, se espera que los derechos impositivos sobre más de USD 100 mil millones de ganancias se reasignen a las jurisdicciones del mercado cada año. Se estima que el impuesto a la renta corporativa mínima global bajo el Pilar Dos – con una tasa mínima de al menos el 15% – generará alrededor de USD 150 mil millones en ingresos tributarios globales adicionales anualmente. También se obtendrán beneficios adicionales de la estabilización del sistema tributario internacional y la mayor certeza tributaria para los contribuyentes y las administraciones tributarias.

    Los participantes en la negociación han establecido un calendario ambicioso para la conclusión de las negociaciones. Esto incluye una fecha límite de octubre de 2021 para finalizar el trabajo técnico restante sobre el enfoque de dos pilares, así como un plan para la implementación efectiva en 2023.

    Fuente: OECD 01 de julio de 2021

    Jueves, 1 de julio de 2021

    El fortalecimiento del gobierno corporativo debería ser
    una prioridad para impulsar la recuperación económica

    La pandemia de COVID-19 ha exacerbado las debilidades estructurales existentes en el sector empresarial y los mercados de capitales. Sin una respuesta política eficaz, el número de empresas subcapitalizadas y de bajo rendimiento probablemente aumentará y seguirá siendo alto, mientras que una cantidad cada vez mayor de recursos productivos se inmovilizará en empresas no viables, lo que reducirá la inversión y el crecimiento económico, según un nuevo informe de la OCDE.

    El futuro del gobierno corporativo en los mercados de capitales tras la crisis del COVID-19 dice que se necesitarán recursos financieros sustanciales para la inversión tanto para apoyar la recuperación de la crisis del COVID-19 como para fortalecer aún más la resiliencia ante posibles shocks futuros. El fortalecimiento de las políticas y los marcos de gobierno corporativo ayudará a las empresas nuevas y existentes a acceder al capital que necesitan.

    El mercado de bonos siguió siendo una fuente importante de capital para las empresas no financieras tras el estallido de la crisis, según el informe. En 2020, las empresas no financieras emitieron un monto histórico de USD 2,9 billones de deuda en bonos corporativos. Como resultado, el volumen de deuda pendiente de bonos corporativos alcanzó un máximo histórico en términos reales de casi USD 15 billones a fines de 2020.

    La calidad del saldo en circulación de deuda corporativa ha ido cayendo. Entre 2018 y 2020, la parte de los bonos con calificación BBB, la calificación de grado de inversión más baja, representó el 52% de todas las emisiones de grado de inversión. Entre 2000 y 2007, esa proporción fue solo del 39%. A nivel mundial, la deuda también se ha acumulado principalmente en negocios con menor capacidad de servicio de la deuda.

    Si bien el mercado de valores proporcionó cantidades récord de capital monetario a empresas establecidas en 2020, no ha brindado suficiente apoyo a las nuevas empresas. Desde 2005, más de 30.000 empresas se han retirado de las bolsas de valores a nivel mundial, lo que equivale al 75% de todas las empresas cotizadas en la actualidad. Estas eliminaciones no se han correspondido con nuevas cotizaciones, lo que ha dado lugar a una importante reducción de las empresas que cotizan en bolsa. Como resultado, un número significativamente menor de empresas está utilizando los mercados de valores públicos y una gran parte del dinero recaudado en 2020 se destinó a un número menor de empresas y más grandes.

    Un marco de gobierno corporativo sólido es esencial para un mercado de capitales que funcione correctamente. Para abordar los desafíos planteados por la crisis, el informe destaca cuatro prioridades para los responsables políticos:

  • Adaptar el marco de gobierno corporativo para abordar algunas de las debilidades reveladas por la pandemia, como la gestión de la salud, la cadena de suministro y los riesgos ambientales, así como los problemas relacionados con la calidad de las auditorías, el aumento de la concentración de la propiedad y las estructuras complejas de los grupos de empresas.

  • Facilitar el acceso a los mercados de valores para empresas sólidas. Esto ayudará a fortalecer los balances de las empresas viables y al surgimiento de nuevos modelos comerciales que son esenciales para una recuperación sostenible y resiliencia a largo plazo.

  • Mejorar la gestión de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza, en particular mediante el desarrollo de marcos integrales para producir una divulgación relacionada con el clima consistente, comparable y confiable.

  • Asegurar que los marcos de insolvencia apoyen la recuperación y la resiliencia. Será fundamental contar con regímenes de insolvencia adecuados y coherentes en todas las jurisdicciones.

    Fuente: OECD 30 de junio de 2021

  • Miércoles, 30 de junio de 2021

    Día Internacional del Parlamentarismo

    Todos los países del mundo tienen alguna forma de gobierno representativo.

    Las generaciones futuras están destinadas a vivir con las decisiones políticas tomadas ahora. Solo por esa razón resulta justo que la juventud tenga un asiento en la mesa de toma de decisiones. Sin embargo, los jóvenes están subrepresentados en los parlamentos de todo el mundo.

    En 2021, la Unión Interparlamentaria (UIP) y sus parlamentos miembros marcarán el Día Internacional del Parlamentarismo con una serie de eventos centrados en el empoderamiento de los jóvenes tras el reciente lanzamiento de la campaña de la Unión Interparlamentaria: “¡Digo sí a la juventud en el parlamento!”

    El Día Internacional del Parlamentarismo se celebra cada año el 30 de junio, el mismo día que se creó, en 1889, la Unión Interparlamentaria (UIP). Dicho día internacional se estableció en 2018 a través de una Resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

    El Día Internacional del Parlamentarismo es un momento para revisar el progreso que los parlamentarios han conseguido en algunos objetivos clave para ser más representativos y adaptarse a los tiempos, incluida la realización de autoevaluaciones, trabajar para incluir a más mujeres y jóvenes parlamentarios y adaptarse a las nuevas tecnologías.

    La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución A/RES/72/278 de mayo de 2018, reconoce la función y la responsabilidad de los parlamentos nacionales en lo que respecta a los planes y estrategias nacionales, así como a asegurar una mayor transparencia y rendición de cuentas tanto a nivel nacional como mundial.

    Los parlamentos son responsables de hacer cuadrar las agendas internacionales y nacionales, de asegurarse de que los gobiernos apliquen los tratados y acuerdos internacionales que han suscrito. Asimismo, desempeñan un papel vital en la implementación de la Agenda 2030, para el Desarrollo Sostenible y la Unión Interparlamentaria trabaja con estos estrechamente para ayudarles en la realización de sus tareas.

    Los parlamentos y las organizaciones parlamentarias desempeñaron un papel activo en las negociaciones sobre el marco para el desarrollo después de 2015, promoviendo con firmeza, por ejemplo, la inclusión de objetivos relacionados con la gobernanza democrática, que se corresponde con el actual objetivo de desarrollo sostenible número 16. Dicho objetivo es promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas para un desarrollo sostenible; para ello, este objetivo se centra en la promoción de un acceso universal a la justicia y la construcción de instituciones responsables y eficaces a todos los niveles. Para cumplir con la 2030 Agenda, el enfoque de la cooperación entre las Naciones Unidas, los parlamentos nacionales y las organizaciones parlamentarias ha pasado a centrarse decididamente en la aplicación de esta.

    Fuente: ONU 30 de junio de 2021

    Martes, 29 de junio de 2021

    Estadísticas sobre relaciones laborales de jurisdicción local 2020

    El INEGI da a conocer los principales resultados de las Estadísticas sobre relaciones laborales de jurisdicción local 2020, con información sobre las desavenencias derivadas de las relaciones laborales.

    Estas estadísticas se obtienen anualmente de los registros administrativos de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, los Centros de Conciliación Laboral Locales y los Tribunales Laborales Locales, las dos últimas corresponden a las instituciones creadas para la implementación de la reforma laboral del 1º de mayo de 2019 para registrar y dirimir, a partir del 18 de noviembre de 2020, las desavenencias en las relaciones laborales, en la primera etapa, en siete entidades federativas: Campeche, Chiapas, Durango, México, San Luis Potosí, Tabasco y Zacatecas.

    Las estadísticas se integran con datos actualizados sobre:

  • Convenios de trabajo prejudiciales: corresponden a acuerdos laborales que evitan la generación de un conflicto o litigio, publicados previamente como convenios de trabajo fuera de juicio.

  • Conflictos de trabajo individuales: situación que afecta los intereses de los trabajadores determinados individualmente.

  • Conflictos de trabajo colectivos: situación que afecta los intereses de la mayoría de los trabajadores de una empresa.

  • Conflictos de trabajo solucionados.

  • Emplazamientos a huelga: propósito de ir a la huelga a partir de un pliego de peticiones.

  • Emplazamientos a huelga solucionados.

  • Huelgas estalladas: emplazamientos a huelga en los que las partes no logran un arreglo, dando inicio al estallamiento de huelga.

  • Huelgas solucionadas.

    Para las estadísticas de 2020 se contó con la información de 196 Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, 14 Centros de Conciliación Laboral Locales y 22 Tribunales Laborales Locales.

    Convenios de Trabajo Prejudiciales

    En 2020 se realizaron 361 592 convenios de trabajo prejudiciales, registrando con ello una disminución de 39.4% respecto a 2019. Del periodo de levantamiento de información, nueve meses coincidieron con la contingencia sanitaria derivada de la COVID-19, y de ellos, en tres meses la mayoría de las Juntas de Conciliación y Arbitraje permanecieron cerradas aunado a que para la reapertura operaron con restricciones de atención (programaban un número de citas por día acorde con las disposiciones de la autoridad sanitaria).

    La terminación de contrato (48.5%) y el retiro voluntario (40.2%) se mantienen como los tipos de arreglo más frecuentes en los convenios de trabajo prejudiciales. Las entidades federativas con el mayor número de casos fueron Sonora (14.8%), Jalisco (14.2%), Coahuila de Zaragoza (10.0%), Guanajuato (7.2%), Yucatán (5.0 %) y Tamaulipas (4.3%).

    Conflictos de Trabajo

    Durante 2020 se presentaron 189 543 conflictos de trabajo a nivel nacional. De ellos, 99.8% (189 190) fueron individuales y 0.2% (353) fueron colectivos.

    El 88.0% de los conflictos individuales de trabajo tuvo como motivo la demanda por despido injustificado.

    Respecto a los conflictos colectivos, 88.7% tuvo como motivo de la demanda, la disputa por la titularidad del contrato colectivo y 4.8% fueron por demandar nuevas condiciones de trabajo.

    En 2020 se solucionaron 71 962 conflictos de trabajo. De ellos, los individuales representaron 96.2% (69 225) y 3.8% (2737) correspondió a los colectivos. El 42.7% de los conflictos de trabajo individuales se solucionó por convenio, 28.1% por desistimiento y 11.6% por laudo o resolución, mientras que 45.3% de los conflictos trabajo colectivos se solucionó por convenio, 23.3% por desistimiento,12.5% por caducidad y 3.1% por laudo o resolución.

    Emplazamientos a Huelga

    Los emplazamientos a huelga registraron un decrecimiento de 46.1% con respecto a 2019, al pasar de 27 008 casos a 14 561, considerando el periodo de la pandemia por la COVID-19 y las condiciones de operación de las fuentes informantes previamente referidas. Jalisco y México se mantienen a nivel nacional como las entidades federativas con el mayor número de emplazamientos a huelga registrados, alcanzando en conjunto 51.1% del total nacional.

    El 71.8% de los emplazamientos a huelga tuvo como origen la demanda por la firma de contrato, mientras 13.0% fue por la revisión de contrato.

    Los emplazamientos a huelga solucionados registraron un descenso de 48.4% respecto a 2019, considerando el periodo de la contingencia sanitaria y las condiciones de operación de las fuentes informantes previamente referidas, al pasar de 17 675 a 9 127 casos. De estos, 46.3% se solucionó por desistimiento y 19.8% por no acudir el sindicato a la audiencia de conciliación.

    Respecto a las huelgas que estallaron en 2020, 15 en total, ocho de ellas fueron en Jalisco, tres en Hidalgo y Michoacán, y una en México. De ellas, dos fueron solucionadas durante el mismo año. De las huelgas estalladas, ocho tuvieron como demanda la firma de contrato, seis fueron por incumplimiento de contrato y una por revisión salarial. El número de huelgas estalladas disminuyó 80.3% de 2020 a 2019, al pasar de 76 a 15 huelgas.

    Con esta información se actualizan las Estadísticas sobre relaciones laborales de jurisdicción local 2020 y también se ofrece una serie de tabulados interactivos desglosados por entidad federativa y municipio.

    Fuente: INEGI 29 de junio de 2021

  • Martes, 29 de junio de 2021

    Expectativas de Producción Agropecuaria y Pesquera

    Cifras durante mayo 2021

    La expectativa de producción nacional agropecuaria y pesquera para 2021 es de 227.8 millones de toneladas, superior 3.6% a lo registrado en 2020. Por subsector los pronósticos son positivos (todos aumentan): el agrícola 3.8, el pecuario 2.0 y el pesquero 1.3 por ciento.

    En comparación con 2020, la perspectiva es la siguiente: el agrícola aumentará siete millones 367 mil toneladas, mientras que el pecuario incrementará 476 mil toneladas y la pesquera crecerá 23 mil 499 toneladas.

    Comportamiento por subsector

  • Agrícola: 7 millones 367 toneladas más (3.8%)
  • Pecuario: 476 mil toneladas más (2.0%)
  • Pesquero: 23 mil 499 toneladas más (1.3%)
  • Análisis de la Balanza Comercial Agroalimentaria de México enero 2021

    Por octavo año consecutivo al mes de abril de 2021, la Balanza Comercial Agropecuaria y Agroindustrial tiene superávit: fue de 3,604 millones de dólares (MDD).

    Es el cuarto mayor saldo positivo en 27 años (desde 1995); derivado de 14,914 MDD de exportaciones y 11,311 MDD de importaciones.

    La dinámica que presentan las exportaciones de bienes agroalimentarios y el nivel alcanzado permitió al país obtener divisas que superan a las conseguidas por:

  • Remesas en 251 MDD. (1.7%)

  • Venta de productos petroleros en 7,131 MDD (91.6%) y

  • Turismo extranjero en 10,669 MDD (251.3%).

    A abril de 2021, la Balanza Comercial No Petrolera cerró con un superávit de 8,284 MDD.

    Comportamiento de la balanza agroalimentaria, enero-abril 2021

    Balanza Agropecuaria y Agroindustrial: superávit de 3,604 MDD.

    Las mercancías que contribuyen significativamente al superávit de la balanza agroalimentaria de México por sus saldos positivos son:

    Balanza de bienes agrícolas

    En el primer cuatrimestre de 2021, el superávit fue de 1,741 MDD, este saldo es resultado de exportaciones 35.7% mayores a las importaciones. El saldo disminuyó 40.5% (1,185 MDD), en relación con 2020, debido a que las exportaciones crecieron en 140 MDD (2.2%), mientras que las importaciones se incrementaron en mayor medida 37.3% (1,325 MDD).

    Balanza de bienes agroindustriales

    A abril de 2021, se registra un superávit de 1,985 MDD, periodo en el que las exportaciones fueron 35.0% mayores a las importaciones. El saldo aumentó 10.8% (194 MDD), respecto de 2020, resultado del incremento de las exportaciones en 886 MDD, es decir, 13.1%, y de las importaciones en 692 MDD (13.9%).

    Balanza de bienes pesqueros

    En los primeros cuatro meses de 2021, se presenta un superávit de 31 millones de dólares, debido a que lo exportado es 11.9% mayor respecto de lo importado. Las ventas al exterior crecieron en 13.3% (35 MDD), mientras que las compras en 38.0% (73 MDD), en relación con el mismo periodo de 2020.

    Balanza de bienes ganaderos y apícolas:

    En el primer cuatrimestre de 2021, el déficit fue de 153 MDD, no obstante es 18 millones de dólares menor que el saldo negativo reportado en similar periodo de 2020 (172 MDD). Si bien el comercio total disminuyó 28 millones 743 mil dólares (3.3%), al pasar de 881 millones dólares en 2020 a 852 millones de dólares en 2021. El déficit de la balanza se debe a que las importaciones fueron 43.9% mayores que las exportaciones a abril de 2021, la disminución en el saldo es debido a que las compras al exterior disminuyeron en 23 MDD (4.4%) respecto de 2020,mientras que las ventas al mercado externo en 5 MDD (1.5%). Los productos más adquiridos en el mercado externo son: quesos y requesón con 187 MDD, huevos de ave con y sin cascarón 89 MDD, leche de bovino 47 MDD, mantequilla 33 MDD y ganado bovino en pie 25 MDD, estos productos representan 75.7% del total importado (503 MDD) en los cuatro primeros meses de 2021.

    Fuente: SIAP 28 de junio de 2021

  • Miércoles, 23 de junio de 2021

    Día Internacional de las Viudas

  • Se estima que hay 258 millones de viudas en todo el mundo, y casi una de cada diez vive en la pobreza extrema.

    Para muchas mujeres, la devastadora pérdida de su pareja se ve magnificada por una lucha a largo plazo por sus derechos básicos y su dignidad. A pesar de que hay más de 258 millones de viudas en todo el mundo, históricamente estas mujeres han pasado desapercibidas, sin apoyo ni medidas en nuestras sociedades.

    En el Día Internacional de las Viudas, el 23 de junio, descubramos los problemas a los que se enfrentan para salvaguardar y promover sus derechos.

    Las Naciones Unidas conmemoran el 23 de junio como el Día Internacional de las Viudas (A/RES/65/189) desde 2011 con el fin de dar voz a las experiencias de las viudas y para reactivar cuanto antes el apoyo especial que necesitan.

    Esto incluye proporcionarles información sobre el acceso a una parte justa de su herencia, tierras y recursos productivos; pensiones y protección social que no se basen únicamente en el estado civil; trabajo decente e igualdad de remuneración; y oportunidades de educación y formación. Capacitar a las viudas para que se mantengan a sí mismas y a sus familias también significa abordar los estigmas sociales que crean la exclusión y las prácticas discriminatorias o perjudiciales.

    Asimismo, los gobiernos deben tomar medidas para mantener sus compromisos para garantizar los derechos de las viudas tal como los consagra el derecho internacional, lo que incluye la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño. Incluso cuando existen leyes que protegen los derechos de las viudas, la debilidad de los sistemas judiciales de gran cantidad de estados compromete la forma en la que se defienden los sus derechos en la práctica. La falta de concienciación y la discriminación por parte de los funcionarios judiciales puede provocar que las viudas eviten acudir al sistema judicial para reclamar la restitución de sus derechos.

    En definitiva, deben emprenderse programas y políticas para terminar con la violencia contra las viudas y sus hijos, mitigar su pobreza, ofrecerles educación y otras formas de ayuda. Estos programas deben incluirse en el contexto de los planes de acción para acelerar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

    Fuente: ONU 23 de junio de 2021

  • Miércoles, 23 de junio de 2021

    Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública

  • Innovar la futura administración pública: nuevos modelos de gobierno para una nueva era

    El Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública (23 de junio) reconoce la labor de los trabajadores públicos en nuestras comunidades y alienta a los jóvenes a seguir carreras en el sector público.

    Para alcanzar la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se necesita una prestación efectiva de servicios públicos, incluso en la respuesta a la pandemia de COVID-19.

    El servidor público es clave para garantizar una respuesta efectiva a la crisis, ya sea como trabajador de primera línea en el cuidado de la salud, o al diseñar estrategias y planes para mitigar su impacto.

    Para reforzar el reconocimiento del Día y el valor del servicio público, las Naciones Unidas establecieron el programa de Premios de Servicio Público de la ONU en 2003. En 2016, la premiación se alineó con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la implementación de su Agenda 2030, para promover y recompensar la innovación y la excelencia de los servicios públicos que apoyan la aplicación efectiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, bajo el principio de no dejar a nadie atrás.

    Las instituciones eficaces, responsables e inclusivas son esenciales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible ( ODS ). Así lo contempla el ODS 16 y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible . La Agenda también reconoció que los gobiernos tienen la responsabilidad principal de implementar los ODS y garantizar el seguimiento y la revisión en los próximos 15 años, a nivel nacional, regional y global. Uno de los primeros pasos que toman los gobiernos para implementar la Agenda es a menudo dar forma a los arreglos institucionales para dirigir la implementación de los ODS y revisar el progreso.

    La administración pública, piedra angular del trabajo de los gobiernos, juega un papel esencial y crítico en la mejora de la vida de las personas. Reinventar la administración pública es una forma positiva y necesaria de avanzar. Sin la modernización y transformación de la administración pública para adaptarse a las necesidades de hoy, será imposible lograr un futuro mejor para todos. Donde faltan administraciones capaces, los gobiernos están incapacitados; y donde los gobiernos están incapacitados, el desarrollo sostenible se queda corto.

    Fuente: ONU 22 de junio de 2021

  • Miércoles, 23 de junio de 2021

    El apoyo del gobierno a la agricultura es
    bajo en innovación, alto en distorsiones

    El apoyo agrícola ha seguido creciendo en todo el mundo en los últimos años, pero a menudo no logra sus objetivos declarados de mejorar la seguridad alimentaria, los medios de vida y la sostenibilidad ambiental, según un nuevo informe de la OCDE.

    El Monitoreo y Evaluación de la Política Agrícola muestra que los 54 países monitoreados, incluidas todas las economías de la OCDE y de la UE, más 11 economías emergentes clave, proporcionaron un promedio de USD 720 mil millones de apoyo a la agricultura anualmente durante el período 2018-20.

    Los consumidores pagaron más de un tercio del apoyo anual, o USD 272 mil millones, a través de precios más altos, en forma de sostenimiento de los precios de mercado, mientras que los contribuyentes pagaron los USD 447 mil millones restantes, a través de transferencias presupuestarias.

    Solo el 6% de todas las transferencias presupuestarias al sector, o USD 26 mil millones por año, se gastó en sistemas de innovación agrícola, a pesar de sus altos retornos sociales. Las inversiones en innovación agrícola, bioseguridad e infraestructura representaron solo USD 76 mil millones, o el 17% del apoyo a la agricultura, a pesar de su gran potencial para impulsar el crecimiento sostenible de la productividad y mejorar la resiliencia, canales clave para garantizar la seguridad alimentaria, medios de vida viables y uso sostenible de los recursos.

    En contraste, la mitad del apoyo a la agricultura distorsiona el mercado, es injusto y dañino tanto para el medio ambiente como para la seguridad alimentaria mundial, según el informe. Además de los 272.000 millones de dólares de sostenimiento de los precios del mercado, esto incluye 66.000 millones de dólares de transferencias presupuestarias anuales vinculadas a la producción o al uso ilimitado de insumos variables, como energía o fertilizantes.

    El informe de la OCDE subraya que gran parte del apoyo que se ofrece hoy es ineficaz para transferir ingresos a los agricultores; inequitativo , ya que los beneficios se ponderan hacia los grandes productores; y ambientalmente dañino , ya que a menudo daña la calidad del agua y la biodiversidad y aumenta el uso de recursos y las emisiones de gases de efecto invernadero. El sostenimiento de los precios del mercado, y el uso asociado de medidas en frontera, también daña la seguridad alimentaria a nivel mundial al impedir la asignación eficiente de recursos, socavar el papel del comercio en el traslado de alimentos de regiones con superávit a regiones deficitarias y contribuir a una mayor volatilidad de los precios en los alimentos internacionales. mercados.

    Otras distorsiones en los mercados globales también provienen de políticas en un pequeño número de países que suprimen los precios de algunos o todos los productos básicos. Este sostenimiento negativo de los precios asciende a 104 000 millones de USD anuales transferidos de los productores.

    Los sistemas alimentarios de todo el mundo se enfrentan al formidable “triple desafío” de proporcionar alimentos inocuos y nutritivos a una población mundial en crecimiento, proporcionar medios de vida a lo largo de la cadena alimentaria y mejorar la sostenibilidad mediante la protección de los recursos naturales como la tierra, el agua y la biodiversidad, y reduciendo el efecto invernadero. emisiones de gas.

    El informe de la OCDE propone tres reformas para garantizar que las políticas agrícolas aceleren el progreso hacia el abordaje del “triple desafío” que enfrentan los sistemas alimentarios y respalden mejor el crecimiento sostenible de la productividad y la mejora de la resiliencia:

  • Eliminar gradualmente las intervenciones en los precios y la ayuda a los productores que distorsiona el mercado.

  • Dirigir el apoyo a los ingresos a los hogares agrícolas más necesitados y, cuando sea posible, incorporar dicho apoyo en las políticas sociales y las redes de seguridad de toda la economía.

  • Reorientar el gasto público hacia inversiones en bienes públicos, en particular en sistemas de innovación.

    Fuente: OECD 22 de junio de 2021

  • Martes, 22 de junio de 2021

    Concentración de poder, violencia y protección social
    ineficiente limitan el desarrollo humano en América Latina

  • La región está atrapada en un círculo vicioso exacerbado por la pandemia de COVID-19 que produce avances muy desiguales y bajo crecimiento, revela un nuevo informe de la ONU.

    La pandemia de COVID-19 ha aumentado enormemente la brecha entre riqueza y pobreza extremas, al igual que la vulnerabilidad en América Latina y el Caribe, asegura el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021, divulgado este martes por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

    El estudio destaca que la región se encuentra empantanada en una trampa que no le permite avanzar hacia la consecución de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

    Según los datos del PNUD, los progresos conseguidos en las últimas décadas son más desiguales en los países latinoamericanos y caribeños que en las otras regiones del mundo comparables con sus niveles de desarrollo, además de que sus indicadores sociales están por debajo de lo que deberían tomando en cuenta que se trata de una región de renta media.

    Con respecto a la concentración de poder en manos de unos pocos que defienden sus intereses privados, el texto señala que la influencia política de estos individuos o grupos hacen mal uso del poder que detentan, distorsionando así las políticas públicas y debilitando las instituciones.

    El informe recuerda que la región es la más violenta del mundo y destaca la violencia y la desigualdad forman un ciclo cerrado en el que la violencia es causa y consecuencia de la desigualdad y viceversa. La desigualdad provoca mayor violencia, pero la violencia aumenta la desigualdad porque afecta y priva desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables, detalla.

    Además, la violencia limita el crecimiento al golpear el capital humano, la productividad y la inversión pública y privada, mientras obliga a aumentar el presupuesto para la seguridad.

    En cuanto a los sistemas de protección social, el PNUD los considera frágiles y destaca la capacidad limitada de respuesta que tuvieron durante la pandemia. Los gobiernos han creado sistemas paralelos de menor calidad para cubrir a las personas que quedan excluidas, “que en la región son la mayoría”, indica.

    Los mercados de trabajo de las naciones latinoamericanas y caribeñas están segmentados y tienen sistemas de protección social que reproducen desigualdades e incentivan la organización de la producción en negocios muy pequeños y poco productivos. Ante esta realidad, el informe sugiere repensar la protección social para asegurar la cobertura universal.

    De acuerdo con el Programa de la ONU para el Desarrollo, para salir de la trampa que frena el avance de los países de la región se deben buscar soluciones que impulsen un crecimiento ambientalmente sostenible y que propicien la inclusión y la movilidad social.

    Dichas soluciones -abunda el documento-, deben tener el objetivo de erradicar la violencia en todas sus formas y rediseñar la operación institucional como base del contrato social que debe garantizar, entre otras cosas, oportunidades en el mercado laboral y protección social.

    El estudio argumenta que la crisis asociada con el COVID-19 es muy diferente de la crisis de la deuda de la década de 1980. La primera es un hecho realmente exógeno causado por un virus; la segunda fue en gran medida endógena, causada por una mala gestión macroeconómica.

    Sin embargo, hay una dimensión en la que la crisis actual que podría ser muy similar a la de la década de 1980: puede ir seguida de cambios sustanciales en la protección social y la tributación, conforme los países luchan por contener los daños sociales, restablecer el equilibrio fiscal y reanudar el crecimiento económico.

    El informe aclara, no obstante, que el restablecimiento del equilibrio fiscal debe tener en cuenta muchos factores ya que con el actual sistema de protección social, aumentar los impuestos para financiar más gasto social no daría lugar a una prosperidad compartida y sostenible. En cambio, si los países contaran con un sistema de protección universal la región sería más equitativa y podría crecer más rápidamente.

    Fuente: ONU 22 de junio de 2021

  • Lunes, 21 de junio de 2021

    Estadísticas a propósito del Día de las Naciones
    Unidas para la Administración Pública

  • En 2019, la Administración Pública Federal (APF) estaba conformada por 312 instituciones en las que trabajaban 1 606 800 servidores públicos, de los cuales 51.8% eran hombres y 48.2%, mujeres.

  • Uno de los cambios más relevantes en 2019 fue el aumento de personal en funciones de seguridad nacional, gobierno y política interior y seguridad pública.

    Con motivo del Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública, en 2021 la ONU hace un llamado para reconocer la labor de los servidores públicos por su trabajo como primera línea de respuesta a la contingencia sanitaria causada por el COVID-19, principalmente del personal de salud, saneamiento, educación, transporte, así como todas aquellas personas que conforman la Administración Pública y que hacen posible que los servicios públicos continúen en funcionamiento.

    Dada la relevancia que tiene la APF para el desarrollo del país, el INEGI presenta una fotografía de las instituciones y los recursos humanos que conforman la APF, así como la confianza que expresa la población hacia este ámbito de gobierno.

    La información proviene del Censo Nacional de Gobierno Federal (CNGF) 2017 a 2020 y de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017 y 2019.

    Estructura de la Administración Pública Federal

    La APF, que encabeza el presidente de la República Mexicana, está compuesta por instituciones que asisten al poder ejecutivo en sus funciones administrativas como son la planeación, organización y orientación de las políticas públicas nacionales.

    De acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la APF se divide en Administración Pública Centralizada (APC) y Administración Pública Paraestatal (APP).

    La APC es el conjunto de dependencias que apoyan al poder ejecutivo en los asuntos de orden administrativo encomendados a este, mientras que las instituciones que conforman la APP desarrollan actividades estratégicas a través de entidades creadas especialmente para su atención, las cuales cuentan con patrimonio, personalidad y régimen jurídico propio.

    En 2019 la APF estaba conformada por 312 instituciones, de las cuales 102 integraban la APC y 210 la APP.

    Recursos Humanos de la APF

    Desde 2016 el número de servidores públicos se ha mantenido relativamente estable. Se observan algunos cambios en el periodo de transición del actual gobierno federal, con reducciones de personal de alrededor de 40% en instituciones relacionadas con ciencia, tecnología, innovación, deportes y el despacho del ejecutivo. Por su parte, hubo aumentos mayores a 100% del personal en instituciones con funciones de seguridad nacional, gobierno, política interior y seguridad pública.

    Fuente: INEGI 21 de junio de 2021

  • Lunes, 21 de junio de 2021

    La inversión extranjera directa mundial
    se recuperará parcialmente en 2021

  • Los flujos de inversión se desplomaron a nivel mundial en un 35% en 2020 debido a la crisis del COVID-19. La caída estuvo fuertemente sesgada hacia las economías desarrolladas.

    Se espera que los flujos globales de inversión extranjera directa (IED) toquen fondo en 2021 y recuperen algo de terreno perdido con un aumento del 10% al 15%, según el Informe sobre las inversiones en el mundo 2021 de la UNCTAD.

    Los flujos de IED se desplomaron a nivel mundial en un 35% en 2020, a $ 1 billón desde $ 1,5 billones el año anterior, dice el informe. Los bloqueos causados ​​por la pandemia de COVID-19 en todo el mundo ralentizaron los proyectos de inversión existentes, y las perspectivas de una recesión llevaron a las empresas multinacionales (EMN) a reevaluar nuevos proyectos.

    La caída estuvo fuertemente sesgada hacia las economías desarrolladas, donde la IED cayó un 58%, en parte debido a la reestructuración empresarial y los flujos financieros intraempresariales.

    La IED en las economías en desarrollo fue relativamente resistente, disminuyendo un 8%, principalmente debido a los fuertes flujos en Asia. Como resultado, las economías en desarrollo representaron dos tercios de la IED mundial, frente a poco menos de la mitad en 2019.

    Las tendencias de la IED en 2020 variaron significativamente según la región. En las regiones en desarrollo y las economías en transición, se vieron relativamente más afectados por el impacto de la pandemia en la inversión en actividades basadas en recursos e intensivas en cadenas de valor mundiales. Las asimetrías en el espacio fiscal para el despliegue de medidas de apoyo económico también generaron diferencias regionales.

    Los flujos de IED hacia Europa disminuyeron en un 80%, mientras que los de América del Norte cayeron de manera menos pronunciada (-40%). La caída de los flujos de IED en las regiones en desarrollo fue desigual, con un 45% en América Latina y el Caribe y un 16% en África.

    De cara al futuro, se espera que los flujos mundiales de IED toquen fondo en 2021 y recuperen algo de terreno perdido con un aumento del 10% al 15% (Figura 2). “Esto aún dejaría a la IED un 25% por debajo del nivel de 2019. Los pronósticos actuales muestran un aumento adicional en 2022 que, en el límite superior de las proyecciones, devolverá la IED al nivel de 2019.

    La recuperación de la IED será desigual. Se espera que las economías desarrolladas impulsen el crecimiento mundial de la IED, tanto por la fuerte actividad de fusiones y adquisiciones (M&A) transfronterizas como por el apoyo a la inversión pública a gran escala.

    Las entradas de IED en Asia seguirán siendo resistentes, ya que la región se ha destacado como un destino atractivo para la inversión internacional durante la pandemia. Es poco probable que se produzca una recuperación sustancial de la IED en África y América Latina y el Caribe a corto plazo.

    Fuente: UNCTAD 21 de junio de 2021

  • Lunes, 21 de junio de 2021

    El número de desplazados forzosos
    se dispara a cifras récord: 82 millones

  • El último análisis del organismo de las Naciones Unidas encargado de proteger a los refugiados y desplazados destaca que la COVID-19 no ha detenido el número de desplazados forzosos y estima que entre 2018 y 2019 nacieron como refugiados casi un millón de niños. Asimismo, destaca que durante la última década se han multiplicado casi por 50 los desplazamientos desde El Salvador, Guatemala y Honduras.

    Tras conocerse que el número de personas desplazadas forzadamente a nivel global superó el año pasado los 82 millones, un aumento del 4% sobre la cifra récord de 79,5 millones alcanzada a finales de 2019, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) urgió a los líderes mundiales a aumentar sus esfuerzos para fortalecer la paz y revertir esta tendencia.

    A finales de 2020, el organismo de la ONU contabilizó a 20,7 millones de refugiados bajo su mandato y 5,7 millones de refugiados palestinos, 48 millones de desplazados dentro de sus países y más de cuatro millones de solicitantes de asilo.

    El grupo poblacional más vulnerable ante esta situación, el de niños y niñas menores de dieciocho años, supone el 42% de todas las víctimas de desplazamiento forzoso.

    El informe también destaca que, durante la fase más álgida de la pandemia en 2020, más de 160 países cerraron sus fronteras y entre éstos, 99 no contemplaron ninguna excepción con las personas que solicitaron protección.

    El informe dedica un capítulo entero a los desplazados en Centroamérica y México y señala que durante la última década se han multiplicado casi por 50 los desplazamientos desde El Salvador, Guatemala y Honduras, aumentando de las 18.400 personas a finales de 2011 a unas 867.800 al término de 2020.

    El estudio añade que en 2020 el número de desplazados internos creció en más de 2,3 millones, principalmente en Etiopía, Sudán, los países del Sahel, Mozambique, Yemen, Afganistán y Colombia, con un total de 8,3 millones a finales de año, según las estadísticas de los gobiernos.

    Al mismo tiempo, unos 3,2 millones de desplazados internos y 251.000 refugiados volvieron a sus hogares a lo largo de 2020, unas cifras que suponen, respectivamente, un descenso del 40% y 21% en relación con 2019.

    Además, 33.800 refugiados recibieron la nacionalidad en sus países de asilo, mientras que solo fueron reasentados 34.400, el registro más bajo en 20 años, posiblemente a consecuencia de la pandemia y el reducido número de plazas de reubicación disponibles.

    “Las soluciones requieren que los líderes mundiales y aquellas personas con capacidad de influencia dejen de lado sus diferencias, pongan fin a los enfoques políticos egoístas y, en cambio, se centren en prevenir y resolver los conflictos y garantizar el respeto por los derechos humanos”.

    Fuente: ONU 18 de junio de 2021

  • Viernes, 18 de junio de 2021

     

    Los servicios de guardería asequibles y de calidad son
    inaccesibles en muchos de los países más ricos del mundo

    Los servicios de guardería asequibles y de calidad son inaccesibles en algunos de los países más ricos del mundo, según afirma UNICEF en un nuevo informe publicado. Luxemburgo, Islandia, Suecia, Noruega y Alemania ocupan los primeros puestos en cuanto a oferta de guarderías entre los países de ingresos altos. Eslovaquia, Estados Unidos, Chipre, Suiza y Australia ocupan los puestos más bajos.

    Where Do Rich Countries Stand on Childcare? (¿En qué posición se encuentran los países ricos en materia de guarderías?), publicado por la Oficina de Investigación de UNICEF – Innocenti, clasifica a los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y de la Unión Europea (UE) en función de sus políticas nacionales sobre los servicios de guardería y la concesión de permisos parentales. Estas políticas incluyen la accesibilidad, la asequibilidad y la calidad del cuidado de los niños entre el nacimiento y la edad escolar.

    Los países mejor situados en la tabla clasificatoria del informe combinan la asequibilidad con la calidad de los servicios de guardería. Al mismo tiempo, ofrecen permisos de larga duración y bien remunerados tanto a las madres como a los padres, y les ofrecen la posibilidad de elegir cómo cuidar a sus hijos.

    Los permisos prenatales, maternos y paternos remunerados ayudan a los progenitores a establecer un vínculo con sus bebés, favorecen un desarrollo infantil saludable, reducen la depresión materna y aumentan la igualdad de género. Sin embargo, el informe señala que menos de la mitad de los países ofrecen al menos 32 semanas de permiso con sueldo completo para las madres. Cuando ofrecen un permiso de paternidad –siempre bastante más corto–, pocos padres lo toman debido a los obstáculos profesionales y culturales, aunque esta tendencia está cambiando.

    La falta de guarderías asequibles es también un obstáculo importante para los progenitores que agrava las desigualdades socioeconómicas dentro de los países. En los hogares con ingresos altos, casi la mitad de los niños menores de 3 años se benefician de la enseñanza y de la atención para la primera infancia, frente a menos de 1 de cada 3 en los hogares con ingresos bajos. En Irlanda, Nueva Zelanda y Suiza, una pareja con un ingreso medio necesitaría gastar entre un tercio y la mitad de su salario para pagar el cuidado de dos niños. Mientras que la mayoría de los países ricos subvencionan en gran medida las guarderías para las familias vulnerables, las familias monoparentales con bajos ingresos de Eslovaquia, Chipre y Estados Unidos aún tendrían que pagar hasta la mitad de su salario.

    El informe señala que los cierres de guarderías relacionados con la COVID 19 han sumido a las familias de niños pequeños en circunstancias aún más difíciles. Muchos progenitores han tenido que hacer grandes esfuerzos para compaginar el cuidado de los niños con las responsabilidades de su empleo, mientras que otros han perdido sus puestos de trabajo por completo.

    UNICEF aboga por establecer al menos seis meses de permiso parental remunerado y el acceso universal a guarderías de calidad y asequibles desde el nacimiento hasta el ingreso de los niños en el primer grado de la escuela. UNICEF colabora con los gobiernos, la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado –que desempeña un importante papel a la hora de influir en las políticas– para abogar en favor de una mayor inversión en las familias.

    Fuente: UNICEF 18 de junio de 2021

    Viernes, 18 de junio de 2021

    La crisis económica empuja a muchos trabajadores
    al mercado laboral informal en América Latina y el Caribe

  • Las crisis económicas como la que América Latina y el Caribe está padeciendo en este momento tienen efectos duraderos sobre la estructura del empleo y podrían expulsar a muchas personas permanentemente de la economía formal, de acuerdo a un nuevo informe del Banco Mundial.

    La pandemia de COVID-19 impacta mayoritariamente a los trabajadores poco calificados y también exacerba la de por sí elevada desigualdad de la región, de acuerdo a El Empleo en Crisis: Un Camino Hacia Mejores Puestos de Trabajo en la América Latina Pos-COVID-19. Luego de una crisis, los trabajadores poco calificados a menudo tienen menores ingresos a lo largo de una década, mientras que los muy calificados experimentan una pronta recuperación.

    Como resultado, las políticas públicas deben enfocarse en proteger a los trabajadores de este fuerte impacto a largo plazo mediante el uso de seguros de desempleo, redes de seguridad social y programas de reconversión, además de facilitar la creación de empleo y ayudar a los trabajadores a estar donde están los empleos. Todo esto puede favorecerse a través de una mayor competencia, más flexibilidad para gestionar los recursos humanos y una reducción de los subsidios. A través de políticas comerciales y de adquisiciones públicas, los gobiernos pueden mejorar el entorno para que las empresas competitivas prosperen. Asimismo, la inversión pública focalizada en el transporte puede acercar los trabajadores a los puestos de trabajo, mientras que las viviendas asequibles pueden ayudarlos a residir allí donde los empleos se encuentran.

    Como muestran algunos de los shocks más grandes que tuvieron lugar en la región en las últimas décadas, las consecuencias de las crisis en América Latina y el Caribe son duraderas y dejan huellas profundas en el empleo. Por ejemplo, los datos de empleo antes y después de la crisis de deuda brasileña, los efectos de la crisis financiera asiática en Chile y el impacto de la crisis mundial de 2008-2009 en México muestran que las recuperaciones rápidas no se materializaron. En los tres casos la curva de empleo experimentó una desviación muy negativa a causa de estas crisis, algo que, lejos de revertirse, se profundizó con el correr del tiempo.

    En promedio, luego de tres años una recesión genera una pérdida neta de 1,5 millones de puestos de trabajo, con una contracción de 3% en el empleo formal y una expansión del empleo informal. La crisis actual podría ser incluso peor y provocar una contracción en el empleo formal de hasta 4%.

    El primer paso clave es avanzar hacia un contexto macroeconómico sólido y prudente, con estabilizadores automáticos que protejan a los mercados laborales frente a cualquier crisis potencial. Una política fiscal y monetaria sana puede preservar la estabilidad macroeconómica y evitar las presiones financieras sistémicas de cara a un shock. Las reformas fiscales, incluidos un marco tributario menos distorsionado, gasto público más eficiente, sistemas previsionales financieramente sostenibles y normas fiscales claras, son la primera línea de defensa ante las crisis.

    Es imperativo incrementar la capacidad de las políticas laborales y de protección social de la región, combinándolas con sistemas que brinden ayuda financiera y preparen a los trabajadores para los nuevos trabajos a través de ayuda para la reconversión y la recolocación laboral. Una reacción rápida tras la pandemia por parte de los gobiernos, en el sentido de ampliar los programas laborales y de protección social, puede servir para avanzar en la elaboración de registros sociales de mayor calidad y más integrados. Esto es viable en el corto plazo y puede marcar la diferencia en cuanto al alcance de estos programas.

    De todas formas, no es suficiente contar con estabilizadores macroeconómicos más fuertes y reformas en los sistemas laborales y de protección social. También se debe impulsar la recuperación del mercado laboral a través de una fuerte creación de empleo. Esto requiere solucionar problemas estructurales. La política de competencia, la política regional y las normas laborales son áreas clave. Si los países no tratan de resolver estos temas fundamentales, la recuperación seguirá caracterizándose por una escasa creación de empleo.

    Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, el Grupo Banco Mundial ha comprometido más de USD 125.000 millones para combatir los impactos sanitarios, económicos y sociales de la pandemia, la respuesta más rápida y de mayor envergadura de su historia ante una crisis. El financiamiento está ayudando a más de 100 países a fortalecer la preparación ante casos de la pandemia, proteger a los pobres y resguardar los empleos, y poner en marcha sin demora una recuperación respetuosa del clima. El Banco también está proporcionando USD 12 000 millones para ayudar a los países de ingreso bajo y mediano a adquirir y distribuir vacunas, pruebas y tratamientos para la COVID-19.

    Fuente: BANCO MUNDIAL 17 de junio de 2021

  • Jueves, 17 de junio de 2021

    Indicador Oportuno de la Actividad Económica

    Cifras durante mayo de 2021

  • El INEGI informa que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estima anticipadamente una variación del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) para mayo de 2021 contra igual mes de 2020 de 24.8 por ciento.

  • La variación anual esperada de las actividades secundarias al mes de mayo de 2021 es de 36.4% y para las terciarias de 19.8 por ciento.

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estima una variación positiva del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) de 24.8% en mayo de 2021 respecto al mismo mes del año anterior. Las series consideradas presentan sus respectivos intervalos de confianza al 95 por ciento. Considerando los principales Grandes Sectores de Actividad del IGAE, se tiene que para las actividades secundarias se calcula un incremento anual de 36.4% en mayo pasado, mientras que para el sector terciario el avance anual fue de 19.8 por ciento.

    Fuente: INEGI 17 de junio de 2021

  • Jueves, 17 de junio de 2021

    Día Mundial contra la Desertificación: la degradación de
    tierras socava el bienestar de 3200 millones de personas

  • “La restauración de tierras, una opción sencilla, barata y accesible para todo el mundo, contribuye a eliminar el carbono de la atmósfera, a ayudar a las comunidades vulnerables a adaptarse al cambio climático y a aumentar la producción agrícola cada año en 1,4 billones de dólares”.

    El Secretario General de las Naciones Unidas afirma en su mensaje por el Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, que la humanidad está inmersa en un enfrentamiento “implacable y autodestructivo contra la naturaleza” y que por ello es necesario hacer las paces con nuestros ecosistemas.

    “La biodiversidad está disminuyendo, la concentración de gases de efecto invernadero está aumentando y las huellas de nuestra contaminación se pueden encontrar hasta en las islas más remotas y las cumbres más altas”.

    la degradación de tierras ya sea a consecuencia del cambio climático o de la expansión de la agricultura, las ciudades y las infraestructuras, mina el bienestar de 3200 millones de personas, perjudica la biodiversidad y comporta la aparición de enfermedades infecciosas como la COVID-19.

    La restauración de tierras, una opción sencilla, barata y accesible para todo el mundo, contribuye a eliminar el carbono de la atmósfera, a ayudar a las comunidades vulnerables a adaptarse al cambio climático y a aumentar la producción agrícola cada año en 1,4 billones de dólares.

    Coincidiendo con el inicio del Decenio de las Naciones Unidas sobre la Restauración de los Ecosistemas, el titular de la ONU emplazó a todo el mundo a comprometerse a colocar la salud de los suelos en el centro de las iniciativas de planificación.

    Los compromisos adquiridos por más de un centenar de países con motivo del inicio del Decenio concretan la restauración de cerca de 800 millones de hectáreas -un tamaño comparable a la superficie de China- a lo largo de los próximos 10 años.

    Fuente: ONU 17 de junio de 2021

  • Martes, 15 de junio de 2021

    La OMS alerta de que el incremento rápido de los desechos
    electrónicos afecta a la salud de millones de niños

  • En el primer informe que publica sobre los desechos electrónicos y la salud de los niños, la OMS pide que se apliquen medidas eficaces de cumplimiento obligatorio para proteger a los niños de este peligro creciente para su salud

    En su pionero informe Niños y vertederos de desechos electrónicos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) explica que es necesario adoptar urgentemente medidas eficaces de cumplimiento obligatorio para proteger a millones de niños, adolescentes y embarazadas en todo el mundo cuya salud corre peligro como consecuencia de la eliminación o el reciclaje irresponsable de aparatos eléctricos y electrónicos.

    Se calcula que 12,9 millones de mujeres trabajan en el sector no regulado de los desechos, lo cual las expone a residuos electrónicos tóxicos que ponen en riesgo la salud del feto.

    Paralelamente, más de 18 millones de niños y adolescentes, algunos a edades tan tempranas como los 5 años, trabajan en sectores industriales no regulados, como el tratamiento de los residuos. A menudo, los niños se ven involucrados en el reciclaje de desechos electrónicos por sus padres o sus cuidadores porque, al tener las manos más pequeñas que los adultos, son más diestros realizando esa tarea. También hay muchísimos niños que viven, acuden a la escuela y juegan cerca de lugares donde se reciclan desechos electrónicos que contienen altas concentraciones de sustancias químicas tóxicas, como el plomo y el mercurio, que pueden afectar a su desarrollo intelectual.

    Los niños expuestos a los desechos electrónicos son más vulnerables a las sustancias tóxicas que estos contienen porque su cuerpo es más pequeño, sus órganos están menos desarrollados y se encuentran en una etapa de crecimiento y desarrollo rápidos. Por esta razón, el nivel de contaminantes que absorben es mayor en relación con el tamaño de su cuerpo y también tienen menos capacidad para metabolizar y eliminar las sustancias tóxicas.

    Los desechos electrónicos también pueden empeorar la función pulmonar y la respiración, dañar el ADN, afectar a la función tiroidea y aumentar el riesgo de padecer ciertas enfermedades crónicas en etapas posteriores de la vida, como el cáncer y las cardiopatías.

    Los volúmenes de aparatos eléctricos y electrónicos desechados se están incrementando en todo el mundo. De acuerdo con la Alianza Mundial para las Estadísticas de Residuos Electrónicos, crecieron un 21% en los cinco años anteriores a 2019, cuando se generaron aproximadamente 53,6 millones de toneladas de estos desechos. A modo de comparación, el peso de los desechos electrónicos generados el pasado año equivale al de 350 cruceros que, puestos en una línea recta, alcanzarían los 125 km. Por desgracia, se prevé que este volumen continúe aumentando debido al alza del uso de ordenadores, teléfonos móviles y otros aparatos electrónicos de obsolescencia rápida.

    La recogida y el reciclaje correctos de los aparatos eléctricos y electrónicos desechados son fundamentales para proteger el medio ambiente y reducir las emisiones perjudiciales para el clima. La Alianza Mundial para las Estadísticas de Residuos Electrónicos ha señalado que, gracias a que el 17,4% de los desechos electrónicos generados en 2019 se recogieron y reciclaron correctamente, se evitó liberar al medio ambiente 15 millones de toneladas de equivalentes de dióxido de carbono.

    En el informe Niños y vertederos de desechos electrónicos se pide a los exportadores, los importadores y los gobiernos que adopten medidas eficaces y vinculantes para que estos residuos se eliminen sin perjudicar el medio ambiente y la salud y la seguridad de los trabajadores, sus familiares y sus comunidades; que estudien la exposición a estos desechos y sus efectos en la salud; que faciliten una mejor reutilización de los materiales, y que fomenten la fabricación de equipos electrónicos y eléctricos de mayor durabilidad.

    En el informe se pide también que el sector de la salud, en todo el mundo, actúe con el fin de reducir los efectos deletéreos para la salud de los desechos electrónicos aumentando la capacidad para diagnosticar, controlar y prevenir la exposición de los niños y las mujeres a sustancias tóxicas; concienciando sobre las ventajas añadidas de reciclar de forma más responsable; trabajando con las comunidades afectadas; y procurando que se mejoren la investigación sanitaria y los datos sobre los riesgos para la salud a los que se enfrentan los trabajadores del sector no regulado de tratamiento de estos desechos.

    El sector de la salud puede contribuir a combatir este problema tomando la iniciativa y divulgando prácticas correctas, realizando estudios, explicando la problemática a los responsables políticos, movilizando a las comunidades e implicando a otros sectores para exigir que la preocupación por la salud sea uno de los elementos principales de las políticas de gestión de esos desechos.

    Fuente: OMS 15 de junio de 2021

  • Martes, 15 de junio de 2021

    CONEVAL presenta el grado de
    accesibilidad a carretera pavimentada 2020