El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados de la segunda edición de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE) cuyo propósito es generar información a nivel nacional, por entidad federativa y por municipios y demarcaciones territoriales seleccionadas sobre:

Marco regulatorio

De acuerdo con la ENCRIGE, en 2020 los costos monetarios para el cumplimiento de las regulaciones se estimaron en 238.9 mil millones de pesos, que representan 1% del PIB nacional.

Del total de las unidades económicas, 28.2% señaló que el marco regulatorio (aquellas normas, trámites, solicitudes e inspecciones para los establecimientos, según su actividad) representó un obstáculo para el logro de sus objetivos de negocios. En 2016, esta cifra fue de 20.2 por ciento.

En promedio, cada unidad económica del sector privado gastó 95,760 pesos por cargas administrativas. Además, casi la mitad de las unidades económicas (45.7%) consideró que las cargas administrativas a las que estuvieron sujetas en 2020 fueron mayores o siguieron igual de mal en relación con las de 2019. En 2016, el gasto promedio por cargas administrativas fue de 58,019 pesos, mientras que el porcentaje de unidades con opinión desfavorable sobre la evolución de las cargas administrativas fue de 50.9.

Cumplimiento de contratos

El porcentaje de unidades económicas que consideró que la celebración de contratos o acuerdos con otras empresas o negocios se dio en un ambiente de confianza pasó de 77.7 en 2016, a 86.6 en 2020. Mientras que el porcentaje de unidades que tuvieron problemas de cobranza o de cumplimiento de compromisos pasó de 9.2 en 2016 a 10.6 en 2020.

De las unidades económicas pequeñas, medianas o grandes que acudieron ante autoridades jurisdiccionales durante 2020 para resolver sus problemas de cobranza o de incumplimiento de compromisos contractuales, 90.3% señaló que los procesos fueron imparciales. En 2016, esta cifra fue de 61.5 por ciento.

Evaluación de servicios públicos básicos y de infraestructura

85.9% de los propietarios de unidades económicas señaló que las calles y avenidas de su municipio o demarcación territorial estaban libres de vendedores ambulantes; 76.9% refirió que estaban en mal estado, y 81.6% señaló que los baches y coladeras no se reparaban de manera inmediata.

Durante 2020, el 87% de las unidades económicas no tuvo la necesidad de contratar servicios de seguridad privada, cifra estadísticamente similar al 90.2% estimado en 2016.

Experiencias con trámites, pagos y solicitudes de servicios

Durante 2020, se realizaron 79.9 millones de trámites, pagos o solicitudes de servicios ante autoridades municipales, estatales o federales. Lo anterior corresponde a un promedio anual de 20.1 trámites por unidad económica.

El porcentaje de unidades económicas que realizó al menos un trámite, pago o solicitud de servicio a través de internet incrementó entre 2016 y 2020, al pasar de 22.7 a 39.8. Por su parte, el porcentaje de unidades que tuvo que acudir a instalaciones de gobierno se redujo de 40.3 en 2016, a 23.5 en 2020.

La proporción de unidades económicas que experimentó algún problema (barreras al trámite, asimetrías de información o problemas con tecnologías de información y comunicación) en la realización de trámites, pagos o solicitudes de servicios pasó de 25.1 en 2016 a 17.8 en 2020.

Percepción y experiencias de corrupción

El porcentaje de unidades económicas que consideró que los actos de corrupción son frecuentes entre los servidores públicos pasó de 82.2 en 2016 a 71.5 en 2020. La tasa de víctimas de actos de corrupción por cada diez mil unidades económicas pasó de 561 a 510 entre 2016 y 2020.