Líderes mundiales se comprometieron conjuntamente a promover el uso de bienes públicos digitales (DPG por sus siglas en inglés): soluciones de código abierto necesarias para construir infraestructura pública digital que pueden permitir a los países proporcionar mejores servicios y fomentar un crecimiento económico inclusivo. El evento fue convocado por la Alianza de Bienes Públicos Digitales (DPGA por sus siglas en inglés), el Gobierno de Noruega, el Gobierno de Sierra Leona y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La infraestructura pública digital, que son los sistemas digitales tales como transferencias de efectivo, la identificación digital y el intercambio de datos que permiten la prestación eficaz de funciones esenciales para la sociedad en su conjunto, puede desempeñar un papel decisivo en la generación de resiliencia, incluido el proceso de recuperación tras pandemias y crisis. El compromiso de líderes mundiales para implementar y financiar la infraestructura pública digital se consolidó durante el evento, mediante una Carta de bienes públicos digitales recientemente establecida, que sirve de marco para aumentar la cooperación internacional en este frente.

La Carta de bienes públicos digitales (en inglés), liderada conjuntamente por la DPGA y por Digital Impact Alliance (DIAL), esboza una visión clara de un enfoque mundial coordinado para construir infraestructuras públicas digitales seguras, fiables e inclusivas utilizando bienes públicos digitales. De esa forma, e independientemente de su nivel de ingresos, los países pueden estar en condiciones de transformar los servicios y su prestación a personas y comunidades en todas partes.

Esta Carta y los compromisos asumidos por líderes mundiales son especialmente pertinentes dadas las devastadoras repercusiones socioeconómicas de la pandemia de COVID-19 y los crecientes trastornos climáticos , están generando una necesidad apremiante de actuar.

Invertir en infraestructuras públicas digitales que sitúen los derechos humanos en el epicentro y promuevan enfoques que consideren la perspectiva de género y el conjunto de la sociedad, puede aliviar las perturbaciones económicas a corto plazo y construir sistemas resilientes de cara al futuro. Los beneficios están comprobados: los países que ya contaban con una infraestructura pública digital dotada de la debida gobernanza resistieron mejor la pandemia que los que no la tenían. Esos países pudieron responder a los desafíos con mayor celeridad, aprovechando el uso de sistemas digitales preestablecidos de alta calidad que mejoran el bienestar.

Los DPG se basan en normas abiertas y, por lo tanto, permiten una mayor interoperabilidad. Eso puede contribuir a reducir la duplicación, ahorrar tiempo y dinero en el proceso de implementación y ofrecer oportunidades de cooperación digital a nivel mundial. La Carta de bienes públicos digitales promueve el aprovechamiento de esos bienes para la infraestructura pública digital, lo que, a su vez, puede redundar en circunstancias más justas e inclusivas para los países y los ecosistemas digitales locales en todo el mundo, al aumentar la participación de los microcomerciantes, incluidas las mujeres, en el comercio electrónico, mejorar el acceso de los niños a la educación, garantizar la digitalización del último tramo de pagos y transferencias de efectivo, así como reforzar la preparación y la resiliencia ante situaciones de crisis.

Este evento, y los compromisos allí asumidos, marcan el punto de partida de la cooperación mundial en materia de los DPG para la infraestructura pública digital, así como la financiación para apoyarla, entre gobiernos, organismos multilaterales, donantes y el sector privado. Esos esfuerzos están en consonancia con la Hoja de Ruta para la Cooperación Digital del Secretario General de las Naciones Unidas, y con las actividades del Pacto Digital Mundial y la Cumbre del Futuro de 2023.