En el marco del Día del Niño en México se visibilizan los enormes retos que enfrenta el país para garantizar a las infancias el acceso a sus derechos fundamentales. Se enfatiza en el derecho a la salud, debido a que en los últimos años se han registrado retrocesos importantes en la cobertura.

En la primera infancia se encuentra la cifra más preocupante: 46% de los bebés y niños de cero a cinco años están fuera de la cobertura de salud, de acuerdo con cifras del Coneval (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) para 2022.

Se observa que conforme los menores se van acercando a la mayoría de edad, disminuye la presencia de esta carencia, pero se mantiene en niveles alarmantes: el 43% de los niños de seis a 10 años presenta carencias para acceder a servicios de salud, mientras que para los menores de 11 a 17 años la cifra se reduce a 39 por ciento.

Los estados en donde se presentan los niveles más preocupantes son Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo y Michoacán donde cerca de seis de cada 10 niños, niñas y adolescentes están fuera del alcance de los centros de salud, clínicas y hospitales.

La carencia por acceso a la salud no considera sólo la condición de afiliación de los menores de edad, sino la capacidad de acceder efectivamente a los servicios de las instituciones.

Adicionalmente, otros derechos, como el de la seguridad alimentaria o el de vivienda y espacios dignos, condicionan el acceso efectivo a la salud. Los menores de edad que no reciben los nutrientes adecuados con su edad o quienes viven en hogares sin drenaje son más vulnerables a presentar complicaciones de salud.

De acuerdo con las cifras del Coneval, en México hay ocho millones de niños, niñas y adolescentes que presentan carencia en el acceso a una alimentación nutritiva y de calidad. Este total representa al 21% del total de menores de 18 años.

El derecho a la salud es un derecho humano fundamental, establecido por la ONU. Para avanzar en la universalización de este derecho es necesario atender las desigualdades estructurales que excluyen a los más vulnerables.

Fuente: EL ECONOMISTA 30 de abril de 2024