En las Américas, hay 73.5 millones de migrantes internacionales1 y 22.1 millones de personas desplazadas forzosamente, con necesidades de protección internacional, o en necesidad de asistencia humanitaria. De ellas, se estima que el 46 por ciento – casi 10 millones- son mujeres, adolescentes y niñas

Tan solo durante el 2023 en Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Suramérica se reportan 1.094 personas migrantes que han perdido la vida, de las cuales el 14 por ciento corresponde a mujeres y el 41 por ciento a casos sin identificar.

Durante el tránsito y en las comunidades de acogida, las mujeres, adolescentes y niñas utilizan rutas frecuentemente inseguras en donde sus derechos se ven condicionados por la falta de servicios básicos como salud, salud sexual y reproductiva, educación y cuidado. Las rutas de desplazamiento desoladas o altamente militarizadas y la falta de presencia institucional hacen a las mujeres, adolescentes y niñas más vulnerables a la trata de personas con fines de explotación sexual, a la violencia y a la desaparición forzada.

Según una encuesta regional de mujeres en situación de movilidad, el 62 por ciento manifestó sentirse insegura o muy insegura durante el viaje y una de cada tres señaló sentirse insegura en el lugar de destino.

Reducir las vulnerabilidades y riesgos que enfrentan las mujeres, adolescentes y niñas en todas las fases de desplazamiento y a lo largo de las rutas de la movilidad humana, garantizar su protección, así como potencializar sus capacidades y su liderazgo en la respuesta requiere la acción mancomunada de Estados, actores de respuesta humanitaria y las organizaciones de la sociedad civil.

Con el objetivo de minimizar los factores de exclusión y expulsión, se plantea mejorar la inversión a través de la generación de oportunidades económicas, estrategias de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. Asimismo, se aboga por abordar las fuentes de violencia que afectan a mujeres, adolescentes y niñas en contextos de discriminación, violencia y conflictividad no tradicional.En el ámbito de la prestación de servicios públicos, se propone consolidar servicios de calidad centrados en las necesidades de las personas. Esto incluye un enfoque de género, generacional e interseccional para asegurar el acceso y disfrute de derechos fundamentales como la seguridad, educación, salud, derechos sexuales y reproductivos, salud mental, servicios de cuidado y acceso a la justicia.

Otro punto clave es garantizar el acceso a la documentación necesaria sobre identidad, ciudadanía y situación regular para las personas en situación de movilidad humana. Por último, se aboga por fortalecer las comunidades de acogida temporal y de destino, fomentando la articulación con organizaciones de la sociedad civil, así como organizaciones de mujeres, adolescentes y feministas. Se destaca la importancia de facilitar mecanismos de participación y liderazgo efectivo de mujeres y adolescentes en situación de movilidad humana en los procesos de diseño, implementación y evaluación de las intervenciones.

El financiamiento de programas multisectoriales de violencia basada en género es una condición necesaria pero no suficiente para hacerle frente a este fenómeno. Debemos avanzar hacia la creación de vías seguras, ordenadas y regulares para la migración y otros mecanismos de protección que mitiguen el riesgo de VBG y aborden de manera sistemática las desigualdades de género. Tenemos que seguir avanzando hacia mecanismos regionales que reconozcan y respeten los derechos de las personas refugiadas y migrantes, atendiendo de forma específica las vulnerabilidades que enfrentan las niñas, las adolescentes y las mujeres en toda su diversidad en este proceso, y que promuevan la protección con un enfoque interseccional, intercultural, intergeneracional y de género.