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Archivo de la categoría "Seguridad"

Viernes, 6 de mayo de 2022

A mayor cobertura laboral por convenios
colectivos, menores diferencias salariales

  • Un nuevo estudio de la agencia laboral destaca una amplia gama de diferencias de cobertura entre países.. Los acuerdos alcanzados entre los representantes de los trabajadores y los de las empresas fueron determinantes para mitigar el impacto de la crisis del COVID-19 sobre el empleo y los ingresos.

    Los empleados que gozan de una mayor cobertura en sus convenios colectivos sufren menores diferencias salariales, afirma un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo que revisó este tipo de negociaciones en 80 países con diferentes niveles de desarrollo económico y analizó los marcos legales y reglamentarios en 125 naciones.

    El estudio del organismo indica que más de un tercio de los empleados (el 35%) de 98 países tienen sus salarios, su tiempo de trabajo y otras condiciones laborales establecidas en sus convenios colectivos autónomos entre un sindicato y un empleador o una organización de empleadores.

    El análisis indica que este tipo de negociación colectiva también puede contribuir a reducir las diferencias salariales entre hombres y mujeres. El 59% de los convenios colectivos examinados incluyen una serie de acuerdos conjuntos entre los empleadores y de las organizaciones de trabajadores (en particular, los sindicatos) que abordan la desigualdad de género.

    Otro de los factores que subraya el informe es la relevancia que tuvieron las negociaciones colectivas a nivel de empleo y salarios durante la crisis económica que generó el COVID-19. Los convenios ayudaron a suavizar algunos de los efectos sobre la desigualdad y, al mismo tiempo, reforzaron la fortaleza de las empresas y los mercados de trabajo al apoyar la continuidad de la actividad económica.

    Así, varias disposiciones como la adaptación de las medidas de salud pública y el refuerzo de las medidas de seguridad de la salud en el lugar de trabajo, junto a las bajas por enfermedad retribuidas y las prestaciones sanitarias previstas en muchos convenios colectivos, contribuyeron a proteger a millones de trabajadores.

    El organismo destaca que la negociación colectiva será una herramienta esencial para afrontar los cambios de amplio calado que están transformando el panorama laboral.

    Sin embargo, para lograr un convenio colectivo eficaz la Organización considera que es necesario afrontar un cuarteto de prioridades:

  • Revitalizar las organizaciones de empleadores y trabajadores. Una recuperación centrada en las personas implica que los empresarios y los trabajadores tengan voz en las decisiones y políticas que les afectan

  • Conseguir el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva para todos los trabajadores. En vista de los importantes cambios que se están produciendo en el mundo del trabajo, es necesario fortalecer las instituciones laborales para garantizar una protección adecuada de todos los trabajadores, incluido el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva

  • Impulsar una recuperación inclusiva, sostenible y resistente. Los convenios colectivos deben ocuparse de la desigualdad y la exclusión, garantizar la seguridad económica, facilitar transiciones justas, lograr la flexibilidad del tiempo de trabajo y mejorar el equilibrio entre la vida laboral y la personal, impulsar una agenda transformadora para la igualdad de género y propiciar empresas sostenibles

  • Apoyar la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El papel de las organizaciones de empleadores y trabajadores es fundamental para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, que busca promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, y el empleo y el trabajo decente para todos

    Fuente: ONU 05 de mayo de 2022

  • Lunes, 2 de mayo de 2022

     

    Chiapas. Incidencia Delictiva del Fuero Común 2022

    La Secretaría de Hacienda, en el marco del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica a través de la Dirección de Información Geográfica y Estadística pone a su disposición el documento sobre el comportamiento de la incidencia delictiva del fuero común en el estado de Chiapas con los datos acumulados al mes de febrero, así como un comparativo anual desde el año 2018; dicha información es publicada de manera mensual por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la cual es remitida por las Procuradurías y/o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas.

    De acuerdo con los datos del SESNSP, en el estado de Chiapas se registró una incidencia delictiva acumulada al mes de febrero de 2022 de 2,635 delitos, de lo anterior se observa que, de manera conjunta los delitos contra otros bienes jurídicos (921) y los delitos contra el patrimonio (678) suman poco más de 60% del total de delitos; en seguida se encuentran aquellos contra la familia (405), después los delitos contra la vida o la integridad corporal (382) y posteriormente los delitos contra la libertad y seguridad sexual (217). En menor medida se encuentran los delitos contra la libertad personal(20) y los delitos contra la sociedad (12).

    El comportamiento general de la incidencia de delitos del fuero común en el periodo comprendido entre el año 2018 y el 2021 ha presentado una tendencia a la baja. Comparando el mes de febrero de 2022 con el mismo mes del año anterior se tiene una reducción de 75 delitos que representan 5.4% menos en el periodo citado.

    Dentro de los delitos contra la vida y la integridad corporal se encuentran los homicidios, el comportamiento de su incidencia es a la baja en el periodo entre 2018 y 2021. Considerando el valor de febrero 2022 en relación al del mismo mes del año anterior se registro un aumento de 5 casos que representan 2.6% más.

    Otra clasificación considerada en los delitos contra la vida y la integridad corporal es la que se refiere a los feminicidios. A diferencia de los homicidios, la incidencia de los feminicidios ha ido en aumento durante los últimos 4 años, considerando los valores de febrero para los últimos dos años se tiene una reducción de 2 casos que representan 40% menos.

    Otro grupo de delitos considerados son aquellos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual, dentro de ellos encontramos el abuso sexual, dicho delito ha mostrado, de manera general, una mínima diferencia de su incidencia en el estado entre 2018 y 2021. Si se consideran los valores para el mes de febrero de los últimos dos años se observa un aumento de 6 casos que representan un aumento de 50%.

    Otro delito considerado dentro de la clasificación de aquellos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual, es la violación simple, de manera similar al delito de abuso sexual se observa una tendencia a la baja en el estado. Al considerar el valor del mes de febrero de 2022 en relación al mismo mes del año anterior se tiene una reducción de 13 casos, los cuales representaron 28.3% menos.

    Dentro del grupo de delitos que atentan contra el patrimonio, se encuentra el robo, los casos de este delito en la entidad muestran una clara tendencia a la baja. En el periodo comprendido entre el mes de febrero de 2022 y el mes febrero de 2021 la variación también fue a la baja, reduciendo en 31 el número de casos, los cuales representaron 12.7% menos.

    Otro de los delitos que se encuentran dentro de los que atentan contra el patrimonio es el robo de vehículo,. En el periodo comprendido febrero de 2022 y febrero de 2021 la variación también fue a la baja, reduciendo en 38 el número de casos, los cuales representaron 27.1% menos.

    En lo que respecta al delito de robo a transeúnte en la vía pública también se registra descenso entre los años 2018 y 2021. si se considera el valor registrado en el mes de febrero de 2022 y se compara con el valor del mismo mes pero del año 2021 se observa una reducción de 2 casos, lo cuales representaron 13.3% menos.

    En la categoría de delitos contra la familia se encuentra el respectivo a la violencia familiar, los datos registrados sobre este delito muestran una clara tendencia a la baja entre los años 2018 y 2021. En el periodo entre el mes de febrero de 2022 y el mismo mes del año anterior la reducción fue de 182 casos, representando 51.9% menos.

    La última categoría de delitos que se hace mención en el tabulado reportado por el SESNSP es la de los delitos contra otros bienes jurídicos afectados; entre ellos se encuentra el narcomenudeo, el cual presenta un aumento entre el año 2018 y el 2021. Entre el mes de febrero de 2022 y febrero de 2021 presentó un aumento de 183 casos que representan 223.2% más.

    Otro de los delitos incluidos en la categoría de aquellos que atentan contra otros bienes jurídicos afectados es aquel que es cometido por servidores públicos, los cuales, cómo la mayoría de los anteriores, presentan un comportamiento descendente entre el año 2018 y 2021. En lo que respecta al periodo comprendido entre el mes de febrero de 2022 y el mismo mes de 2021 se registro el aumento de un caso, lo que represento 10% más en el periodo citado.

    Fuente: INEGI 02 de mayo de 2022

    Lunes, 25 de abril de 2022

    Centros de Justicia para las Mujeres en México 2021

  • El proyecto de Recopilación de Información de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) en México 2021 brinda información sobre los 55 Centros distribuidos en 31 entidades federativas que operaban al 4 de octubre de 2021.

  • La mayoría de los CJM se encuentran adscritos principalmente a las Fiscalías Generales de Justicia estatales (69.1%) y fungen como unidades administrativas (40.1%).

  • El 96.4% (53) de los CJM señalan que el servicio que ofrecen, en mayor medida, es el de traslados, que incluyen canalizaciones a refugios o albergues.

  • El perfil de las mujeres atendidas se concentró en el rango de 20 a 39 años, casadas o en unión libre. El principal tipo de violencia sufrida fue emocional y la persona agresora más frecuente resultó ser la pareja o expareja.

  • Existen áreas de oportunidad importantes para la mejora del registro administrativo, pues solo 87.0% (47) de los CJM recabaron datos básicos de las mujeres atendidas y 48.1% (26) de las personas agresoras.

    El Estado mexicano reconoce que la violencia contra las mujeres constituye una clara violación a sus derechos humanos. A través de los compromisos adquiridos con la ratificación de los instrumentos internacionales en la materia y del propio marco normativo federal, México está obligado a emprender acciones orientadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

    En este sentido, los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) se erigen como la estrategia clave en el tema. Se trata de espacios físicos que concentran servicios especializados de atención integral con perspectiva de género a mujeres en situación de violencia, así como a sus hijas e hijos. De este modo, con la operación y funcionamiento de los CJM se cumple lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y en las recomendaciones internacionales en materia de violencia de género de las que México es parte.

    El proyecto de Recopilación de Información de los Centros de Justicia para las Mujeres en México 2021 brinda información sobre los 55 CJM distribuidos en 31 entidades federativas que operaban al 4 de octubre de 2021. Ofrece datos detallados de los CJM sobre infraestructura, recursos económicos, capital humano, instituciones representadas, espacios físicos, áreas de atención, registro de información y estadísticas de mujeres atendidas por situación de violencia. La información cubre tres periodos de referencia: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y del 1 de enero al 30 de junio de 2021.

    Esta información tiene como propósito impulsar los registros administrativos con fines estadísticos sobre violencia contra las mujeres, así como brindar información para el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas enfocadas a la atención y eliminación de la violencia contra las mujeres, sus hijas e hijos.

    Fuente: INEGI 25 de abril de 2022

  • Martes, 19 de abril de 2022

    Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana

    Cifras durante el primer trimestre de 2022

    La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) da a conocer la percepción de la población sobre la seguridad pública.

    En marzo de 2022, 66.2% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Este porcentaje nacional no representa un cambio estadísticamente significativo con relación a los porcentajes registrados en marzo y diciembre de 2021, que fueron de 66.4 y 65.8%, respectivamente. En esta edición, 16 ciudades y demarcaciones sí tuvieron cambios estadísticamente significativos frente a diciembre de 2021, 7 tuvieron reducciones y 9 incrementaron.

    En marzo de 2022, 71.1% de las mujeres y 60.4% de los hombres tuvieron una percepción de inseguridad.

    Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Fresnillo, Ciudad Obregón, Zacatecas, Cuautitlán Izcalli, Irapuato y Guadalajara con 97.1, 94.1, 91.7, 89.5, 87.6 y 87.1%, respectivamente.

    Las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, Tampico, Piedras Negras, Mérida y Saltillo con 11.7, 20.4, 22.2, 22.4 y 24.1%, respectivamente; mientras que la demarcación Benito Juárez registró 25%.

    Fuente: INEGI 19 de abril de 2022

    Jueves, 7 de abril de 2022

    La recuperación en América Latina y
    el Caribe demanda reformas urgentes

    Las economías de América Latina y el Caribe (ALC) van camino a una recuperación tras la crisis de COVID-19, aunque las secuelas de la pandemia persisten y la necesidad de un crecimiento dinámico, inclusivo y sostenible es cada vez más urgente, de acuerdo a un nuevo informe del Banco Mundial, Consolidar la recuperación: aprovechando las oportunidades del crecimiento verde.

    Luego de un rebote de 6,9 por ciento en 2021, se espera que el PIB de la región crezca 2,3 por ciento este año y un 2,2 por ciento adicional en 2023, logrando la mayoría de los países revertir las pérdidas de PIB que tuvieron lugar durante la crisis pandémica. No obstante, estas modestas proyecciones colocan al crecimiento regional entre los más bajos del mundo en un momento en que la región enfrenta grandes incertidumbres.

    Del lado positivo, el proceso de vacunación se ha generalizado en la región, las empresas nuevamente están contratando y las escuelas reabren sus puertas. De todas formas, las secuelas a largo plazo de la crisis persisten y necesitan atención. La tasa de pobreza a nivel regional se elevó a 27,5 por ciento en 2021 y sigue por encima de su nivel prepandémico de 25,6 por ciento, mientras que las pérdidas de aprendizaje podrían resultar en una reducción del 10 por ciento en los ingresos futuros de millones de jóvenes en edad escolar. Para evitar el regreso de las bajas tasas de crecimiento de la década de 2010, los países de la región deben llevar a cabo una serie de reformas estructurales largamente postergadas y aprovechar las oportunidades que ofrece una economía mundial cada vez más verde.

    De acuerdo al informe, es imperativo poner en marcha una serie de reformas a favor del crecimiento en infraestructura, educación e innovación, y las inversiones más importantes deben financiarse a través de un gasto más eficiente y mayores ingresos fiscales. Pero estas reformas tan necesarias deben responder a los grandes acontecimientos que están configurando la economía mundial, incluido el cambio climático.

    En los últimos veinte años, subraya el informe, los países de América Latina y el Caribe perdieron el equivalente a 1,7 por ciento de su PIB anual a causa de los desastres relacionados con el clima, mientras que unas 5,8 millones de personas podrían caer en la extrema pobreza en la región para el año 2030. La agricultura probablemente se vea seriamente impactada, con una reducción en los rendimientos de los cultivos en casi todos los países, mientras que la estabilidad de la generación de energía se verá afectada por cambios en el ciclo hidrológico.

    El informe plantea una combinación de políticas que puede ayudar a aprovechar las oportunidades que brinda el crecimiento verde. Éstas incluyen:

  • Políticas para la fijación de precios que promuevan la adopción de las actuales tecnologías bajas en carbono, por ejemplo mediante reformas en los subsidios a los combustibles fósiles y el establecimiento de impuestos sobre el carbono y esquemas de comercialización de emisiones.

  • Mecanismos creíbles de verificación que posibiliten las primas de precio verdes. Esto permitirá la exportación de créditos/compensaciones de carbono y sacar provecho de los mercados de financiamiento verde.

  • Sistemas mejorados para identificar y adoptar tecnologías que mitiguen el impacto de la región sobre el clima y la ayuden a adaptarse, mientras aprovecha sus ventajas naturales para crecer. La agricultura climáticamente inteligente, por ejemplo, puede ayudar a los países a adaptarse a los cambios en los patrones de lluvia.

  • Compromisos en términos de política, planes a largo plazo creíbles, inversiones complementarias y mecanismos de reducción del riesgo, que reducen la incertidumbre y aceleran la adopción de tecnologías que promueven el crecimiento mientras se adaptan a y mitigan el cambio climático.

    Fuente: UNCTAD 07 de abril de 2022

  • Martes, 8 de marzo de 2022

     

    Las niñas deben ser una prioridad
    en la recuperación de la COVID-19

    En el Día Internacional de la Mujer reconocemos los logros que la comunidad internacional ha obtenido con mucho esfuerzo en favor de las mujeres y las niñas del mundo. Celebramos los extraordinarios logros alcanzados por las mujeres y las niñas en nuestras sociedades. Y redoblamos nuestro compromiso de ampliar esos logros a todas las niñas, en todas partes.

    “A medida que nos adentramos en el tercer año de la COVID-19 y tratamos de avanzar hacia una era pospandémica, la verdadera recuperación debe ser igualitaria desde el punto de vista del género.

    “La COVID 19 está devastando la vida de las niñas. Los continuos cierres de escuelas, el estrés económico y las interrupciones de los servicios están poniendo en peligro la salud, el bienestar y el futuro de las niñas más vulnerables. Puede que, en todo el mundo, más de 11 millones de niñas no regresen a la escuela después de la pandemia. Otros 10 millones de niñas corren el riesgo de contraer matrimonio infantil en la próxima década. Y, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en ese mismo periodo podrían producirse dos millones más de casos de mutilación genital femenina.

    “A medida que los confinamientos obligan a los niños a pasar más tiempo en sus casas, las niñas asumen una mayor parte de las tareas domésticas. Muchas se ven obligadas a convivir estrechamente con un maltratador, separadas de los servicios y las comunidades que les ayudan a protegerse. La violencia de género, incluida la violencia sexual, está en aumento.

    “No podemos dejar que una generación de niñas tenga que cargar con el coste de esta pandemia durante el resto de sus vidas. A medida que avanzamos hacia una era pospandémica, las niñas deben constituir el elemento central de los planes mundiales, nacionales y locales de respuesta y recuperación de la pandemia.

    “Esto significa mantener las escuelas abiertas para que las niñas puedan reanudar su educación, e invertir en recursos para contribuir a que todas aquellas que se han quedado atrás puedan recuperarse.

    “Significa reinvertir en la salud y la educación de las niñas, incluida su salud sexual y de la reproducción, y mejorar el acceso de las niñas a servicios de salud e higiene menstrual de calidad.

    “Significa proteger a las niñas de todas las formas de violencia, incluidas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina.

    “Las niñas empoderadas son un factor de progreso. Las niñas de todo el mundo están defendiendo sus derechos y pidiendo exactamente este tipo de medidas. Tenemos que escucharlas. La estabilidad, la paz y la prosperidad mundiales dependen de ello.

    “En el Día Internacional de la Mujer, comprometámonos con una recuperación de la COVID-19 centrada en las niñas que ayude a crear un mundo postpandémico más justo e igualitario para ellas, y un futuro más brillante, pacífico y próspero para todos nosotros”.

    Fuente: UNICEF 08 de marzo de 2022

    Miércoles, 2 de marzo de 2022

     

    Chiapas. Incidencia Delictiva del Fuero Común 2021

    La Secretaría de Hacienda, en el marco del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica a través de la Dirección de Información Geográfica y Estadística pone a su disposición el documento sobre el comportamiento de la incidencia delictiva del fuero común en el estado de Chiapas con los datos anuales de 2021, así como un comparativo anual desde el año 2018; dicha información es publicada de manera mensual por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la cual es remitida por las Procuradurías y/o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas.

    De acuerdo con los datos del SESNSP, en el estado de Chiapas se registró una incidencia delictiva acumulada al 2021 de 17,130 delitos, de lo anterior se observa que poco más de la mitad corresponde, de manera conjunta, a delitos contra el patrimonio (4,536) o la familia (4,262), seguidos por los delitos contra otros bienes jurídicos (3,659), en seguida se ubican los delitos contra la vida o la integridad corporal (2,680), posteriormente se encuentran los delitos contra la libertad y seguridad sexual (1,611). En menor medida se encuentran los delitos contra la libertad personal (203) y los delitos contra la sociedad (179).

    El comportamiento general de la incidencia de delitos del fuero común en el periodo comprendido entre el año 2018 y el 2021 ha presentado una tendencia a la baja, dentro de los grupos de delitos destacan aquellos contra el patrimonio al observar una reducción de 3 cuartas partes en el periodo mencionado es decir 8,403 delitos menos. Por su parte los delitos que presentaron la menor variación fueron aquellos contra la libertad personal al reducir su valor en 18 delitos.

    Dentro de los delitos contra la vida y la integridad corporal se encuentran los homicidios, el comportamiento de su incidencia es a la baja en el periodo considerado, en términos absolutos se observa una reducción de 113 casos, lo que en términos porcentuales representó 8.8% menos. Considerando el valor de 2021 en relación al valor anual de 2020 se registró un aumento de 101 casos representando 9.5 % más.

    Otra clasificación considerada en los delitos contra la vida y la integridad corporal es la que se refiere a los feminicidios. A diferencia de los homicidios, la incidencia de los feminicidios ha ido en aumento durante los últimos 4 años, considerando dicho periodo el aumento fue de 25 casos, lo que en términos porcentuales representó un aumento de 119 %; mientras que en el periodo anual el incremento fue de 18 casos más, aumentando 64.3% entre el año 2020 y el 2021.

    Otro grupo de delitos considerados son aquellos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual, dentro de ellos encontramos el abuso sexual, dicho delito ha mostrado, de manera general, una mínima diferencia de su incidencia en el estado al registrar el descenso de un caso entre el año 2018 y el 2021, dicho valor representó 0.5% menos. En el periodo comprendido entre el año 2020 y 2021, se registró un aumento de 59 casos que representaron 39.9% más.

    Otro delito considerado dentro de la clasificación de aquellos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual, es la violación simple, de manera similar al delito de abuso sexual se observa una tendencia a la baja en el estado al registrar un descenso de 21 casos entre el año 2018 y el 2021, dicho valor representó 3.9% menos. En el periodo comprendido entre el año 2020 y 2021, se registró el incremento de 63 casos que representaron una reducción de 13.7%.

    Dentro del grupo de delitos que atentan contra el patrimonio, se encuentra el robo, los casos de este delito en la entidad muestran una clara tendencia a la baja, al pasar de 9,336 casos en 2018 a 2,839 casos en 2021, es decir 6,497 casos menos que representaron una reducción de 69.6%. En el periodo comprendido entre el año 2020 y el acumulado a diciembre de 2021 la variación también fue negativa reduciendo en 592 el número de casos, los cuales representaron 17.3% menos.

    Otro de los delitos que se encuentran dentro de los que atentan contra el patrimonio es el robo de vehículo, de acuerdo con la información reportada la disminución fue de 1,002 casos de 2018 a 2021 es decir 40.3% menos. En el periodo comprendido entre el año 2020 y el 2021 la variación también fue negativa reduciendo en 374 el número de casos, los cuales representaron 20.1% menos.

    En lo que respecta al delito de robo a transeúnte en la vía pública también se registra descenso en el periodo considerado, al pasar de 855 casos en 2018 a 132 en 2021, lo que representó 723 casos menos, es decir 84.6% menos. En el periodo comprendido entre 2020 y 2021 la reducción fue de 87 casos en términos absolutos, lo cuales representaron 39.7% menos.

    En la categoría de delitos contra la familia se encuentra el respectivo a la violencia familiar, los datos registrados sobre este delito muestran una clara tendencia a la baja al disminuir en 2,061 casos entre 2018 y 2021, los cuales representaron 34.2% menos. En el periodo entre el año 2020 y el 2021 la reducción fue de 503 casos, representando 11.2% menos.

    La última categoría de delitos que se hace mención en el tabulado reportado por el SESNSP es la de los delitos contra otros bienes jurídicos afectados; entre ellos se encuentra el narcomenudeo, el cual presenta una disminución entre el año 2018 y el 2019, para posteriormente mantener una tendencia de ascenso entre el 2019 y el 2021, al aumentar 635 casos en dicho periodo, los cuales representaron 74.5% más. Entre el año 2020 y 2021 el aumento fue de 384 casos que representaron 34.8% más.

    Otro de los delitos incluidos en la categoría de aquellos que atentan contra otros bienes jurídicos afectados es aquel que es cometido por servidores públicos, los cuales, cómo la mayoría de los anteriores, presentan un comportamiento descendente entre el año 2018 y 2021 al disminuir 220 casos en términos absolutos, que representaron 61.1% menos. En lo que respecta al periodo comprendido entre el año 2020 y el 2021 la reducción absoluta fue de 110 casos que representan 44% menos.

    Fuente: INEGI 02 de marzo de 2022

    Viernes, 25 de febrero de 2022

    El Foro Mundial de la OIT concluye con compromisos renovados

  • La Organización Internacional del Trabajo refuerza su colaboración con varios organismos del sistema multilateral para abordar urgentemente las desigualdades agravadas por la pandemia de la COVID-19, dentro y entre los países.

    El Foro Mundial para una Recuperación Centrada en las personas , organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), concluyó con compromisos renovados para impulsar una recuperación que priorice a las personas y aborde las peligrosas desigualdades agravadas por la crisis de la COVID-19.

    El Foro, de tres días de duración, reunió a Jefes de Estado y de Gobierno, directores de organizaciones internacionales y de bancos multilaterales de desarrollo, y líderes de empleadores y trabajadores de todo el mundo para proponer acciones concretas que permitan reconstruir mejor y reforzar el nivel y la coherencia de la respuesta de la comunidad internacional a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia.

    Se comprometieron con los objetivos de una recuperación centrada en las personas, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Islámico de Desarrollo (BIsD), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), el Comisario Europeo para el Empleo y los Derechos Sociales, la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mundial, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), UNICEF, el Banco Africano de Desarrollo (BAD), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Enviado Especial de las Naciones Unidas para el Clima y las Finanzas.

    En las sesiones temáticas del Foro se abordaron las cuestiones más apremiantes a las que se enfrenta el mundo del trabajo: el crecimiento inclusivo y el empleo decente, la protección social universal, la protección de los trabajadores y el mantenimiento de las empresas, y la transición justa hacia la neutralidad del carbono. Se cerró con un debate sobre cómo alcanzar una recuperación inclusiva, sostenible y resiliente tras la crisis de la COVID-19.

    Entre los resultados más destacados de la coherencia política multilateral del Foro Mundial se encuentran los siguientes:

  • Una nueva asociación entre la OIT y el PNUD para desarrollar una hoja de ruta común para el Acelerador Mundial del Empleo y la Protección Social, y para poner en marcha la Iniciativa Mundial conjunta sobre el Fomento de los Caminos hacia la Formalidad.

  • Una profundización de la cooperación entre la OMS y la OIT para reforzar los vínculos entre las instituciones del sector de la salud y del mundo del trabajo, a fin de proteger mejor a los trabajadores de los riesgos para la salud mental y las lesiones y enfermedades profesionales, y preparar los lugares de trabajo para las crisis sanitarias.

  • Un nuevo acuerdo marco que se desarrollará con el BERD para reforzar la cooperación en proyectos y la asistencia técnica en ámbitos como la igualdad de género, la transición justa y la acción climática para el empleo.

    Un nuevo Memorando de Entendimiento que se firmará con el BIsD para apoyar una recuperación centrada en el ser humano, que prevé la cooperación en ámbitos como la capacitación económica de los jóvenes, la igualdad de género, el trabajo decente en situaciones de crisis y el fomento de la cooperación triangular Sur-Sur.

  • Una profundización del compromiso de UNICEF, para asociarse con la OIT y la familia de la ONU en general, con el fin de garantizar el progreso en la consecución de la protección social universal.

    Otros socios multilaterales también se refirieron a los elementos de una recuperación centrada en las personas. El Enviado Especial de las Naciones Unidas para el Clima y las Finanzas hizo hincapié en la necesidad de una transición centrada en el ser humano para hacer frente a la crisis climática. El Comisario Europeo para el Empleo y los Derechos Sociales llamó la atención sobre la aplicación de una nueva comunicación de la Unión Europea sobre el trabajo decente -guiada por los cuatro pilares del trabajo decente de la OIT- para una transición justa global y una recuperación sostenible. La FAO se comprometió a movilizar financiación adicional para construir sistemas sólidos de protección social a través de asociaciones eficientes, eficaces y coherentes y de la solidaridad mundial. La OMC habló de la necesidad vital de que el comercio aumente los niveles de vida, cree empleos decentes y beneficie a las personas.

    Fuente: OIT 25 de febrero de 2022

  • Jueves, 24 de febrero de 2022

     

    Chiapas. Pobreza Municipal 2020

    La Secretaría de Hacienda, en el marco del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, presenta el documento Chiapas. Pobreza Municipal 2020.

    Este documento pretende mostrar un panorama general de los resultados de la Medición Multidimensional de la Pobreza para los municipios del estado de Chiapas en el periodo comprendido entre el año 2015 y 2020, tomando como fuente de información los datos publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

    San Juan Cancuc fue el municipio con el mayor porcentaje de población en condición de pobreza en el año 2020 con 99.3%, cifra que representó a 38,036 personas de un total municipal de 38,321; es decir que sólo 285 personas no padecen esta condición.

    En lo que se refiere a la población en situación de pobreza extrema, en el año 2020 Chalchihuitán fue el municipio con el mayor porcentaje de población en esta condición con 76.4%, cifra que representó a 16,918 personas de un total municipal de 22,131.

    En lo que se refiere a la población en situación de pobreza moderada, en el año 2020 El Porvenir fue el municipio con el mayor porcentaje de población en esta condición con 80.5%, cifra que representó a 7,721 personas de un total municipal de 9,590.

    En lo que se refiere a la población vulnerable por carencia social, en el año 2020 La Libertad fue el municipio con el mayor porcentaje de población en esta condición con 51.9%, cifra que representó a 2,743.

    En lo que se refiere a la población vulnerable por ingreso, en el año 2020, Chicoasén fue el municipio con el mayor porcentaje de población en esta condición con 11.0%, cifra que representó a 597 personas.

    En el año 2020, Tuxtla Gutiérrez fue el municipio con el mayor porcentaje de población no pobre y no vulnerable, con 20.2%, cifra que representó a 118,413 personas.

    En el año 2020, Zinacantán fue el municipio con el mayor porcentaje de población con rezago educativo, con 56.9%, cifra que representó a 26,055 personas.

    En el año 2020, Cacahoatán fue el municipio con el mayor porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud, con 60.7%, cifra que representó a 31,103 personas.

    En el año 2020, Aldama fue el municipio con el mayor porcentaje de población con carencia por acceso a la seguridad social, con 96.1%, cifra que representó a 8,227 personas.

    En el año 2020, Chalchihuitán fue el municipio con el mayor porcentaje de población con carencia por calidad y espacios de la vivienda, con 64.1%, cifra que representó a 14,178 personas.

    En el año 2020, San Juan Cancuc fue el municipio con el mayor porcentaje de población con carencia por servicios básicos en la vivienda, con 99%, cifra que representó a 37,950 personas.

    En el año 2020, Rincón Chamula San Pedro fue el municipio con el mayor porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación, con 54.8%, cifra que representó a 4,825 personas.

    En el año 2020, San Andrés Duraznal fue el municipio con el mayor porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, con 99.7%, cifra que representó a 6,089 personas.

    En el año 2020, San Andrés Duraznal fue el municipio con el mayor porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos, con 94.4%, cifra que representó a 5,767 personas.

    Fuente: SH 24 de febrero de 2022

    Miércoles, 9 de febrero de 2022

    6 de cada 7 personas en el mundo
    sufren sentimientos de inseguridad

  • El informe revela la creciente sensación de inseguridad entre la población, a pesar de los años de avance en el desarrollo, y hace un llamado a promover la solidaridad y reorientar los esfuerzos en el ámbito del desarrollo

    El progreso en el desarrollo a nivel mundial no genera automáticamente una mayor sensación de seguridad, según un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre seguridad humana.

    El informe Las nuevas amenazas para la seguridad humana en el Antropoceno aporta nuevos datos y análisis que muestran que, a pesar de los avances de desarrollo acumulados durante años, la sensación de seguridad de la población se encuentra por debajo del mínimo en casi todos los países, incluidos los más ricos. Países con algunos de los niveles más elevados de buena salud, riqueza y educación muestran mayor grado de ansiedad incluso que hace diez años.

    Para abordar esta desconexión entre desarrollo y percepción de seguridad, el informe hace un llamado a reforzar la solidaridad internacional y a elaborar un nuevo enfoque de desarrollo que permita a las personas vivir sin carencias, miedo, ansiedad e indignidad.

    Nunca fue más evidente el imperativo de actuar sin demora. Los datos muestran una bajada en la esperanza de vida a nivel mundial, por segundo año consecutivo, debido a la COVID-19 y un empeoramiento de todos los parámetros de medición del desarrollo humano. Además, es probable que el cambio climático se convierta en una de las principales causas de mortalidad en el mundo. Aún con una reducción moderada de las emisiones, los cambios de temperatura podrían ocasionar la muerte de 40 millones de personas de aquí a fin de siglo.

    El informe examina una serie de amenazas que han ido adquiriendo mayor prominencia en los últimos años, como las relacionadas con las tecnologías digitales, las desigualdades, los conflictos, y la capacidad de los sistemas de salud para enfrentar los nuevos retos, como la pandemia de la COVID-19.

    Según los autores del informe, la lucha contra estas amenazas exigirá que los responsables políticos las aborden conjuntamente considerando los principios de protección, empoderamiento, y solidaridad de manera que se creen sinergias, y no contradicciones, entre la seguridad de las personas, la salud del planeta, y el desarrollo humano. Esto significa que las soluciones de un problema no deben ocasionar el exacerbamiento de otros.

    El informe señala, asimismo, la estrecha relación existente entre la pérdida de confianza y los sentimientos de inseguridad. Las personas con una mayor sensación de inseguridad humana tienen tres veces menos probabilidades de tener confianza en los demás.

    Otras conclusiones novedosas del informe:

  • Los países con un desarrollo más alto tienden a beneficiarse más de las presiones ejercidas sobre el planeta y a pagar menos sus consecuencias, destacando el impacto del cambio climático en el aumento de las desigualdades.

  • Alrededor de 1.200 millones de personas viven en zonas afectadas por conflictos, y casi la mitad de ellas (560 millones) en países habitualmente no considerados como frágiles, lo que demuestra la necesidad de reexaminar la noción tradicional respecto a qué países son más vulnerables a los conflictos.

  • En 2021, a pesar de alcanzarse el PIB más alto de la historia y de la creciente disponibilidad de vacunas contra la COVID-19 en algunos países, la esperanza de vida a nivel mundial se redujo por segundo año consecutivo, con un descenso promedio de 1,5 años si se compara con la tendencia anterior a la pandemia.

  • Se aprecian amplias y crecientes diferencias entre los sistemas de salud de los países. Según un nuevo Índice de Universalismo de la Atención Médica (Healthcare Universalism Index) presentado por el informe, entre 1995 y 2017 se produjo un ensanchamiento de la brecha de desigualdad en el ámbito sanitario entre los países con bajo y muy alto desarrollo humano.

    El concepto de seguridad humana, dado a conocer originalmente en 1994 en el pionero Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD, introdujo un cambio radical en la manera de pensar sobre la seguridad de las personas, alejándose de la idea de seguridad personal unida exclusivamente a la seguridad territorial y poniendo el énfasis en la importancia de las necesidades básicas, la dignidad, y la protección de las personas a la hora de disfrutar de vidas seguras.

    Fuente: PNUD 08 de febrero de 2022

  • Martes, 25 de enero de 2022

    Defunciones por Homicidio

    Cifras preliminares de enero a junio de 2021

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer las estadísticas preliminares , a nivel nacional, de los homicidios registrados en el país durante el primer semestre de 2021. Las estadísticas revelan que de enero a junio de 2021 se registraron 16,972 homicidios en México. Es decir, una razón de 13 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa menor a la registrada para el mismo periodo de 2020.

    Con la finalidad de facilitar su comparación con la información de años anteriores, se agrega la serie histórica de la estadística definitiva de presuntos homicidios de los primeros semestres de 1990 a 2020.

    Estas cifras se derivan de las Estadísticas de Defunciones Registradas3 y provienen de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas generados por las entidades federativas y recopilados mensualmente por el INEGI. Como fuentes informantes se consideran 231 Oficialías del Registro Civil, 99 Servicios Médicos Forenses y 183 Agencias del Ministerio Público que tuvieron al menos un registro de homicidio.

    A partir de 2015, el INEGI capta información de presuntos homicidios directamente de los Servicios Médicos Forenses, por medio de los certificados de defunción que emiten para las muertes accidentales y violentas. Además, obtiene datos en las Oficialías del Registro Civil a través de actas y certificados de defunción. Esta información se complementa con la proporcionada por las Agencias del Ministerio Público mediante los cuadernos estadísticos de defunción.

    Los homicidios forman parte de las defunciones accidentales y violentas, cuya clasificación se determina con base en las causas (afecciones y lesiones), la presunción del tipo de defunción y el motivo de la lesión, registrados por el médico certificante en el certificado de defunción. Las primeras dos son fundamentales para distinguir entre un presunto homicidio, un presunto accidente o un presunto suicidio, aunque, en algunos casos, el certificante carece de elementos suficientes para identificar la intencionalidad del hecho ocurrido.

    Al publicar la información correspondiente a todo el año 2021, las cifras preliminares, que se darán a conocer el 27 de julio de 2022, incluirán casos que corresponden al primer semestre de 2021, pero que fueron captados durante el segundo semestre de ese mismo año. En este sentido, la estadística preliminar semestral es un registro sujeto a modificaciones y puede presentar diferencias con respecto a la versión preliminar anual y a la versión definitiva anual, por lo que debe utilizarse bajo esta consideración.

    Fuente: INEGI 25 de enero de 2022

    Miércoles, 19 de enero de 2022

    Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana

    Cifras durante el cuarto trimestre de 2021

    La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) da a conocer la percepción de la población sobre la seguridad pública.

    En diciembre de 2021, 65.8% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo con relación a los porcentajes registrados en diciembre de 2020 y septiembre de 2021, que fueron de 68.1 y 64.5%, respectivamente. En esta edición, 16 ciudades tuvieron cambios estadísticamente significativos frente a septiembre de 2021: 10 tuvieron reducciones y 6 incrementaron.

    Durante diciembre de 2021, 70.3% de las mujeres tuvo una percepción de inseguridad, mientras que 60.2% de los hombres lo percibió así.

    Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Fresnillo, Ciudad Obregón, Naucalpan de Juárez, Zacatecas, Irapuato y Uruapan con 96.8, 95, 92.1, 89.4, 89 y 86%, respectivamente.

    Durante el segundo semestre de 2021 y a nivel nacional, 25.2% de los hogares tuvo al menos una víctima de robo y/o extorsión. Las ciudades con mayor porcentaje de hogares con al menos una víctima fueron: Gustavo A. Madero, Chimalhuacán, Tláhuac, Irapuato y Venustiano Carranza con 48.6, 42, 41.7, 40.3 y 38.4%, respectivamente.

    En cuanto a víctimas de actos de corrupción por parte de autoridades de seguridad pública, de julio a diciembre de 2021 se estima que 11.3% de la población de 18 años y más tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública. De estas personas 46.6% declararon haber sufrido un acto de corrupción por parte de las autoridades.

    En esta edición se proporciona información estadística sobre víctimas de acoso personal y violencia sexual. Se estima que, durante el segundo semestre de 2021, 13.5% de la población de 18 años y más fue víctima de acoso personal y/o violencia sexual. En el caso de las mujeres este porcentaje fue de 20%, mientras que en hombres fue de 5.5 por ciento.

    La ENSU identifica la frecuencia de salida de su vivienda, ya sea por cuestiones laborales, escolares, de salud, para realizar compras, etcétera. Durante el cuarto trimestre de 2021, 59.4% de la población de 18 años y más en zonas urbanas, salió diariamente de su vivienda y, de éstos, 65.5% tuvo sensación de inseguridad.

    Fuente: INEGI 19 de enero de 2022

    Jueves, 9 de diciembre de 2021

     

    La COVID-19 es “la peor crisis para la infancia

  • COVID-19 está revirtiendo prácticamente todos los avances en favor de la infancia, tal y como refleja la impactante cifra de 100 millones de niños más que se han sumido en la pobreza

    La COVID-19 ha afectado a la infancia a una escala sin precedentes, lo que la convierte en la peor crisis de la infancia en los 75 años de historia de UNICEF, según ha declarado el organismo de las Naciones Unidas para la infancia en un informe publicado.

    El informe Evitemos una década perdida: Hay que actuar ya para revertir los efectos de la COVID-19 sobre la infancia y la juventud subraya las distintas formas en que la COVID-19 está poniendo en peligro décadas de progreso en cuestiones fundamentales para los niños, como la pobreza, la salud, el acceso a la educación, la nutrición, la protección de la infancia y el bienestar mental. El informe revela también que, casi dos años después de la pandemia, los efectos generalizados de la COVID-19 siguen agravándose, mientras aumenta la pobreza, se arraiga la desigualdad y se ponen en peligro los derechos de los niños en unos niveles que no se habían visto antes.

    Según el informe, se estima que nada menos que 100 millones de niños más viven en situación de pobreza multidimensional debido a la pandemia: un aumento del 10% desde 2019. Esto equivale aproximadamente a 1,8 niños por segundo desde mediados de marzo de 2020. Por si fuera poco, el informe señala que llevará mucho tiempo recuperar el terreno perdido: incluso en el mejor de los casos, tardaremos entre siete y ocho años en recuperarnos y regresar a la situación en materia de pobreza infantil que había antes de la COVID.

    A partir de otros datos que evidencian este retroceso, el informe revela que alrededor de 60 millones de niños más viven hoy en día en hogares pobres desde el punto de vista monetario, en comparación con las cifras anteriores a la pandemia. Además, en 2020, más de 23 millones de niños no pudieron recibir las vacunas esenciales, un aumento de casi cuatro millones con respecto a 2019 y la cifra más alta en 11 años.

    Incluso antes de la pandemia, alrededor de 1.000 millones de niños y niñas de todo el mundo sufrían al menos una privación grave, como la falta de acceso a la educación, la salud, la vivienda, la nutrición, el saneamiento o el agua. En la actualidad, esta cifra está aumentando, ya que la desigualdad en la recuperación está acentuando las crecientes disparidades entre los niños ricos y los pobres, si bien perjudica especialmente a los más marginados y vulnerables. El informe pone de manifiesto los siguientes datos:

  • En el punto álgido de la pandemia, más de 1.600 millones de estudiantes no pudieron asistir a la escuela debido a los confinamientos decretados en los países. En el primer año de crisis, las escuelas permanecieron cerradas en todo el mundo durante casi el 80% del tiempo de enseñanza presencial.

  • Los problemas de salud mental afectan a más de un 13% de los adolescentes de 10 a 19 años en todo el mundo. En octubre de 2020, la pandemia había interrumpido o suspendido los servicios de salud mental esenciales en el 93% de los países de todo el mundo.

  • Antes del final de esta década, pueden producirse hasta 10 millones de matrimonios infantiles más como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

  • El número de niños sometidos al trabajo infantil ha aumentado hasta alcanzar los 160 millones en todo el mundo, lo que supone un aumento de 8,4 millones de niños en los últimos cuatro años. Del mismo modo, otros 9 millones de niños corren el riesgo de verse obligados a trabajar para finales de 2022 como resultado del aumento de la pobreza provocado por la pandemia.

  • Durante el punto álgido de la pandemia, 1.800 millones de niños y niñas vivían en los 104 países donde se interrumpieron gravemente los servicios de prevención y respuesta a la violencia.

  • 50 millones de niños sufren emaciación, la forma más letal de la malnutrición, y esta cifra podría aumentar en 9 millones antes del final de 2022 como consecuencia de los efectos de la pandemia sobre la alimentación, los servicios de nutrición y las prácticas de alimentación de los niños.

    Además de la pandemia, el informe advierte de que existen otras amenazas para la infancia que ponen en grave peligro sus derechos. En todo el mundo, 426 millones de niños y niñas (casi uno de cada cinco) viven en zonas donde los conflictos son cada vez más intensos y se cobran un mayor número de víctimas civiles, lo que afecta de manera desproporcionada a los niños y las niñas. Las mujeres y las niñas son las que están más expuestas a la violencia sexual relacionada con los conflictos. El 80% de todas las necesidades humanitarias están motivadas por conflictos. Del mismo modo, alrededor de 1.000 millones de niños y niñas (casi la mitad de la población infantil mundial) viven en países extremadamente vulnerables a los efectos del cambio climático.

    Para responder y recuperarse, y para reimaginar el futuro de cada niño, UNICEF sigue pidiendo que se tomen las siguientes medidas:

  • Invertir en protección social, capital humano y gasto público para lograr una recuperación resiliente que incluya a todos.

  • Poner fin a la pandemia y revertir el alarmante retroceso que se ha producido en la salud y la nutrición de la infancia, aprovechando, entre otras cosas, el papel fundamental que desempeña UNICEF en la distribución de las vacunas contra la COVID-19.

  • Reconstruir el mundo de manera más sólida garantizando una educación de calidad, protección y buena salud mental para cada niño.

  • Aumentar la capacidad de resiliencia con el fin de mejorar las labores de prevención y respuesta a las crisis y proteger a la infancia, por ejemplo, estableciendo nuevos enfoques para acabar con las hambrunas, proteger a los niños del cambio climático y reimaginar el gasto que se destina a paliar los desastres.

    A medida que trabajamos con los gobiernos, los donantes y otras organizaciones con el objetivo de comenzar a trazar una ruta común para los próximos 75 años, los niños y las niñas han de ser los primeros a la hora de recibir inversiones y los últimos a la hora de sufrir recortes. La promesa de nuestro futuro depende de las prioridades que establezcamos en el presente”.

    Fuente: UNICEF 09 de diciembre de 2021

  • Miércoles, 8 de diciembre de 2021

    Pensiones protegidas durante la pandemia de
    COVID-19, pero persisten los desafíos del envejecimiento

    La pandemia de COVID-19 ha cobrado un alto precio entre las personas mayores, aunque los jubilados han visto sus pagos de pensiones bien protegidos en los países de la OCDE. Los futuros derechos de pensión también han estado bien protegidos gracias a la excepcional respuesta política a la crisis, según un nuevo informe de la OCDE.

    Pensions at a Glance 2021 dice, sin embargo, que persiste la presión financiera a largo plazo derivada del envejecimiento. Las finanzas de las pensiones se deterioraron durante la pandemia debido a la pérdida de contribuciones y los déficits se han cubierto principalmente con los presupuestos estatales. Poner los sistemas de pensiones sobre una base sólida para el futuro requerirá decisiones políticas dolorosas

    Aunque el aumento de la esperanza de vida en la vejez se ha ralentizado desde 2010, se prevé que el ritmo de envejecimiento sea rápido durante las próximas dos décadas. Se prevé que el tamaño de la población en edad de trabajar disminuirá en más de una cuarta parte para 2060 en la mayoría de los países de Europa meridional, central y oriental, así como en Japón y Corea.

    Los jóvenes se han visto gravemente afectados por la crisis y podrían ver reducidos sus beneficios futuros, especialmente si la pandemia resulta en cicatrices a más largo plazo y dificultades para desarrollar sus carreras. Permitir el acceso temprano a los ahorros para pensiones para compensar las dificultades económicas, como se observa en algunos países como Chile, también puede generar problemas a largo plazo: a menos que los mayores ahorros futuros compensen estos retiros, la consecuencia será una baja jubilación.

    Los esquemas obligatorios proporcionan una tasa de reemplazo neta promedio futura del 62% para los trabajadores con salario promedio de carrera completa, que van desde menos del 40% en Chile, Estonia, Irlanda, Japón, Corea, Lituania y Polonia al 90% o más en Hungría, Portugal y Turquía.

    En los últimos dos años, muchos países reformaron significativamente las prestaciones de pensión relacionadas con los ingresos, incluidos Estonia, Grecia, Hungría, México, Polonia y Eslovenia. Chile, Alemania, Letonia y México también aumentaron la protección de los ingresos para las personas de bajos ingresos. La acción sobre las edades de jubilación fue limitada. Suecia aumentó la edad mínima de jubilación para las pensiones públicas relacionadas con los ingresos; los Países Bajos pospusieron el aumento planificado al tiempo que redujeron el ritmo del vínculo futuro con la esperanza de vida; e Irlanda derogó el aumento previsto de 66 a 68 años. Dinamarca, Irlanda, Italia y Lituania han ampliado las opciones de jubilación anticipada.

    Según las medidas legislativas, la edad normal de jubilación aumentará aproximadamente dos años en la OCDE en promedio a mediados de la década de 2060. La futura edad normal de jubilación es de 69 años o más en Dinamarca, Estonia, Italia y los Países Bajos, mientras que Colombia, Luxemburgo y Eslovenia permitirán que los hombres se jubilen a los 62 años. Las mujeres mantendrán una edad normal de jubilación más baja que los hombres en Colombia, Hungría, Israel, Polonia y Suiza.

    Pensions at a Glance 2021 dice que el mayor desafío a largo plazo para las pensiones sigue siendo proporcionar pensiones financiera y socialmente sostenibles en el futuro. Muchos países han introducido mecanismos de ajuste automático (AAM) en sus sistemas de pensiones que cambian los parámetros del sistema de pensiones, como la edad de las pensiones, las prestaciones o las tasas de cotización, cuando cambian los indicadores demográficos, económicos o financieros. Estos mecanismos de ajuste automático son cruciales para ayudar a lidiar con el impacto del envejecimiento.

    Aproximadamente dos tercios de los países de la OCDE utilizan alguna forma de AAM en sus planes de pensiones, ajustando las edades de jubilación, los niveles de prestaciones y las tasas de cotización y utilizando un mecanismo de equilibrio automático. El análisis de la OCDE muestra que, a lo largo de los años, los mecanismos de ajuste automático en ocasiones se suspendieron o incluso se eliminaron para evitar recortes de las prestaciones de pensión y aumentos de la edad de jubilación. Sin embargo, en comparación con la alternativa de los cambios discrecionales, los AAM se pueden diseñar e implementar para generar cambios que sean menos erráticos, más transparentes y más equitativos entre generaciones.

    Fuente: OECD 08 de diciembre de 2021

    Miércoles, 8 de diciembre de 2021

    Día Internacional contra la Corrupción

  • Tu derecho, tu desafío: dile no a la corrupción

    La corrupción afecta en todos los ámbitos de la sociedad. Por eso su prevención permite avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ayudar a proteger nuestro planeta y crear empleos, favorecer la igualdad de género y garantizar un mayor acceso a servicios esenciales como la salud y la educación.

    Los esfuerzos en la lucha contra la corrupción benefician a todo el conjunto social, pero la mala conducta y las irregularidades están robando recursos valiosos para responder y recuperarnos de la crisis de COVID-19.  El Día Internacional contra la Corrupción de 2021 busca destacar los derechos y responsabilidades de todos -incluidos los Estados, los funcionarios públicos, los agentes de la ley, los representantes de los medios de comunicación, el sector privado, la sociedad civil, el sector académico, el público y los jóvenes- en la lucha contra la corrupción.

    Esta campaña de seis semanas, que comenzará a principios de noviembre, tiene como objetivo destacar el papel de las principales partes interesadas y de los individuos en la prevención y la lucha contra la corrupción, de acuerdo con el tema “Tu derecho, tu desafío: dile no a la corrupción”. Cada semana se dedicará a una de las siguientes dimensiones clave en la lucha contra la corrupción:
    Educación y juventud
    Deporte
    Género
    Sector privado
    COVID-19
    Cooperación Internacional

    La campaña también tiene como objetivo intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia de prevención y lucha contra la corrupción en todo el mundo mediante el fortalecimiento de la cooperación internacional, la lucha contra los nexos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, la recuperación y la devolución de los activos robados, el desarrollo de soluciones innovadoras, la prevención a través de la educación, el compromiso de los jóvenes y la movilización de los aliados de la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado.

    La corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico, que afecta a todos los países. Por ejemplo, socava las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, pervertir el imperio de la ley y crear atolladeros burocráticos, cuya única razón de ser es la de solicitar sobornos. También atrofia los cimientos del desarrollo económico, ya que desalienta la inversión extranjera directa y a las pequeñas empresas nacionales les resulta a menudo imposible superar los «gastos iniciales» requeridos por la corrupción.

    El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción Documento PDF, que entró en vigor en diciembre de 2005, y pidió al Secretario General que designara a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) como la secretaría para la Conferencia de los Estados Partes de la Convención.

    Para crear conciencia contra esta lacra y difundir el valioso papel de la Convención a la hora de luchar contra ella y prevenirla, la Asamblea también designó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción.

    Gobiernos, el sector privado, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y ciudadanos en todo el mundo estan uniendo fuerzas para combatir este delito. El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) están en primera linea en ese esfuerzo.

    Fuente: ONU 08 de diciembre de 2021

  • Martes, 7 de diciembre de 2021

    Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad

  • En 2021, 48.6% de la población privada de la libertad recibió agresiones físicas al momento de su detención.

  • 17.2% de la población privada de la libertad ha experimentado al menos un acto de corrupción durante su estancia en el centro penitenciario.

  • 34.1% de la población fue víctima de algún delito al interior del centro penitenciario entre julio de 2020 y julio de 2021.

    La ENPOL 2021 es la segunda edición de este programa estadístico que complementa la información generada por los Censos Nacionales de Seguridad Pública, Sistemas Penitenciarios, Procuración e Impartición de Justicia, realizados por el INEGI, así como la Información Estadística Penitenciaria Nacional, generada por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

    Para el levantamiento de la ENPOL 2021 se visitaron 203 centros penitenciarios de los ámbitos federal y estatal en las 32 entidades federativas que concentraron 95.5% de la población privada de la libertad entre junio y julio de 2021.

    Principales resultados

    De la población que se encontró privada de la libertad entre junio y julio de 2021 en Centros Penitenciarios Estatales y Federales, 19.1% fue detenida mediante una orden de detención, mientras que 9.3% fue detenida en flagrancia, esto es, durante la comisión del presunto delito.

    La población con cuatro años o menos de haber ingresado al centro penitenciario se ubicó en 39.5 por ciento. De igual forma, 36% de la población privada de la libertad fue detenida por la Policía Ministerial o Judicial.

    48.6% de la población privada de la libertad recibió agresiones físicas al momento de su detención. 38.4% de quienes sufrieron agresiones físicas señaló haber recibido patadas o puñetazos por parte de la policía o autoridad que la detuvo, mientras que 23% mencionó haber sido asfixiada o ahorcada.

    Por otra parte, 15.5% de la población de mujeres que sufrió agresiones físicas, señaló haber recibido agresiones sexuales por parte de la policía o autoridad que la detuvo; y 4.8% fue víctima de violación sexual durante su detención.

    27.8% de la población privada de la libertad está en proceso de recibir sentencia. De esta población, 39.2% lleva dos años o más al interior de un centro penitenciario, mientras que 24.8% ha estado recluida entre uno y dos años.

    De la población privada de la libertad que ha recibido sentencia, 29.8 % fue condenada por homicidio y 12.2% por secuestro. Por otro lado, la población sentenciada por robo se ubicó en 32.7 por ciento.

    Durante 2021, 25.9% de la población privada de la libertad se sintió insegura en el centro penitenciario, mientras que 34.1% de la población fue víctima de una conducta ilegal al interior del centro penitenciario. De esta población, 87.7% sufrió el robo de objetos personales y 4.6% fue víctima de hostigamiento sexual.

    En términos generales, el porcentaje de población que fue víctima de actos de corrupción en al menos una de las etapas del proceso penal desde su detención hasta la realización de su juicio y vida intracarcelaria fue de 36.2 por ciento. La población que sufrió actos de corrupción al interior de los centros penitenciarios se ubicó en 17.2 por ciento.

    Fuente: INEGI 07 de diciembre de 2020

  • Viernes, 3 de diciembre de 2021

    Resultados del Censo Nacional de
    Procuración de Justicia Federal (CNPJF) 2021

  • Al cierre de 2020, la Fiscalía General de la República contó con 20 720 servidoras y servidores públicos y ejerció un presupuesto de 15 462 millones de pesos.

  • En el mismo periodo, las Fiscalías contaron con 12 415 servidoras y servidores públicos, de los cuales 56.5% fueron hombres y 43.5% mujeres. En contraste con 2019, la cantidad total de personal aumentó 4.7 por ciento.

  • Durante 2020, se iniciaron y/o abrieron 78 482 averiguaciones previas y carpetas de investigación; se determinaron y/o concluyeron 179 179 averiguaciones previas y carpetas de investigación en la etapa de investigación inicial y 55 004 quedaron pendientes de concluir.

  • Durante 2020, la Fiscalía General de la República aseguró 10 321 vehículos terrestres, 18 582 armas de fuego y 2 730 011 unidades de fentanilo.

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal (CNPJF) 2021, programa estadístico que ofrece información estadística sobre la gestión y desempeño de la Fiscalía General de la República, específicamente en las funciones de gobierno, procuración de justicia y mecanismos alternativos de solución de controversias, con la finalidad de que esta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

    Entre los datos que aporta este Censo, se encuentra que:

    Al cierre de 2020, se reportó que 20 720 servidoras y servidores públicos estaban adscritos a las 65 unidades de la Fiscalía General de la República, de los cuales 56.8% fueron hombres y 43.2% mujeres. Comparado con 2019, la cantidad de personal disminuyó 0.9% en 2020. En relación con las características que presentó dicho personal, se destaca que 22.9% percibió un ingreso bruto mensual entre 30 001 y 35 000 pesos.

    -En el mismo periodo se reportaron 191 Fiscalías de la Fiscalía General de la República. En tanto, el personal total adscrito a las Fiscalías fue de 12 415 servidoras y servidores públicos, de los cuales 56.5% fueron hombres y 43.5% mujeres. De acuerdo con el cargo, 24.2% fueron fiscales, cifra que en contraste con 2019, aumentó 2.7 por ciento.

    -Durante 2020, se reportaron 81 personas fallecidas en el cumplimiento de la función de procuración de justicia, de las cuales 91.4% fueron hombres y 8.6% mujeres. Respecto a la causa de fallecimiento 86.4% correspondió a causas naturales, 9.9% falleció por homicidio y en 3.7% no se identificó la causa. Durante 2020, 41 servidoras y servidores públicos fallecieron por COVID-19. La mayoría de este personal se desempeñó como fiscales y policías ministeriales.

    -Durante 2020, se iniciaron y/o abrieron 78 482 averiguaciones previas y carpetas de investigación. Respecto a lo reportado en 2019, hubo una disminución de 20.2% en 2020.

    -Al cierre de 2020, quedaron pendientes de concluir 55 004 averiguaciones previas y carpetas de investigación. Respecto a lo reportado en 2019, hubo una disminución de 0.9% en 2020.

    -En relación con los delitos registrados en las averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas, en 2020, a nivel nacional se registraron 78 482 (19 correspondieron al Sistema Tradicional y 78 463 al Sistema Penal Acusatorio). Esta cifra representó una disminución de 20.2% respecto a lo registrado en 2019. Los delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos fueron los más frecuentes al concentrar 18.4% del total nacional.

    -Durante 2020, la cantidad de vehículos terrestres asegurados por la Fiscalía General de la República fue de 10 321. En el mismo periodo se aseguraron 18 582 armas de fuego: 11 512 (62.0%) eran cortas y 7 070 (38.0%) largas. En cuanto al aseguramiento de narcóticos, los principales fueron cannabis sativa, indica o mariguana y cocaína.

    -Durante 2020, se abrieron 4 757 expedientes en materia penal para adultos y justicia para adolescentes por el Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. En comparación con lo reportado en 2019, la cantidad de expedientes abiertos disminuyó 37.1 por ciento. En el mismo periodo se concluyeron 1 301 expedientes, que respecto a 2019, disminuyeron 22.9% en 2020. Finalmente, 937 expedientes permanecieron pendientes al cierre de 2020; esta cifra representó una disminución de 33.5% en comparación con 2019.

    Los resultados del CNPJF 2021 integran información correspondiente a 2020, la cual se presenta mediante cuadros estadísticos organizados en los siguientes apartados: Estructura organizacional y recursos; Servicios periciales; Procuración de justicia y Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.

     

    Fuente: INEGI 03 de diciembre de 2021

  • Viernes, 3 de diciembre de 2021

    Perspectivas económicas de América Latina 2021

  • Centro de Desarrollo de la OCDE, CEPAL, CAF y la Comisión Europea lanzan su informe conjunto Perspectivas Económicas de América Latina (LEO) 2021.

    América Latina y el Caribe (ALC) es la región más afectada por la pandemia del COVID -19, y los avances socioeconómicos de las últimas décadas corren el riesgo de ser revertidos por la crisis. Las estrategias de recuperación deben incluir reformas bien secuenciadas que promuevan sistemas universales de protección social, aceleren la formalización de las economías, mejoren la progresividad fiscal y profundicen la integración regional, dice el informe Perspectivas Económicas de América Latina (LEO) 2021: Avanzando juntos hacia una mejor recuperación.

    Según esta decimocuarta edición del informe, ALC experimentó una desaceleración económica histórica en 2020. El producto interno bruto (PIB) de la región se contrajo en torno al 7%. A pesar de un aumento de alrededor del 6% en 2021, no se espera que su PIB per cápita vuelva a los niveles anteriores a la crisis antes de 2023-24. El impacto de la crisis ha sido asimétrico, afectando especialmente a los grupos más vulnerables. Como resultado, los niveles de pobreza y pobreza extrema están en su punto más alto en los últimos 20 y 12 años, respectivamente.

    Aunque el informe reconoce los considerables esfuerzos realizados por los países de la región para proteger durante la pandemia a los grupos más vulnerables, entre ellos las mujeres, los jóvenes y los ancianos, también destaca que cerca del 40% de los trabajadores no tenían protección social cuando comenzó la crisis. Esto se debe en gran medida a que, en promedio, más del 50% de los trabajadores de la región trabajan de manera informal. Avanzar hacia sistemas de protección social universales es fundamental para proteger a los más necesitados en el contexto post-pandémico.

    Según el LEO, una recuperación sólida e inclusiva requiere una mayor integración productiva en sectores estratégicos, entre ellos el automotriz, el farmacéutico, el de las energías renovables, la economía circular y la agricultura sostenible. También exige una respuesta fiscal holística urgente: una mayor progresividad del sistema tributario, un mayor cumplimiento fiscal, una administración tributaria más eficiente y la eliminación de los gastos tributarios ineficientes. La reducción de la evasión y la elusión fiscal, así como la eliminación de algunos gastos tributarios que representan cerca del 4% del PIB podrían aumentar los ingresos y la equidad, sin comprometer la recuperación económica.

    El LEO 2021 destaca que sólo el 38% de los ciudadanos confió en sus gobiernos en 2020, frente al 45% de 2010. El descontento social sigue siendo una de las principales preocupaciones, como lo evidencian las protestas en algunos países de la región. Además, la satisfacción con los servicios públicos, incluidos la educación y la salud, disminuyó notablemente durante la pandemia. En el caso de la educación, se redujo del 66%, en 2019, al 53%, en 2020. Como respuesta, el informe explora acciones de política para repensar el contrato social en la región, sugiriendo cuatro principios para guiar un proceso que genere amplios consensos: conciliar los intereses de todas las partes; contextualizar para adaptar a las circunstancias; compensar a los más afectados por las reformas; y comunicar bien el impacto de las mismas.

    La publicación también destaca el papel de la cooperación internacional para facilitar el avance hacia estos nuevos modelos de desarrollo y de un nuevo contrato social en la región. Las respuestas nacionales a las consecuencias sanitarias y socioeconómicas de la crisis deben ir acompañadas de alianzas renovadas para la recuperación que sitúen la sostenibilidad, la resiliencia y el bienestar en su centro. El diseño de la gestión internacional de la deuda, prestando especial atención a las características de cada país (en particular a los retos que enfrentan los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo de los países del Caribe), es esencial para el éxito de la recuperación.

    El LEO ha sido elaborado conjuntamente por el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Comisión Europea.

    Fuente: CEPAL 02 de diciembre de 2021

  • Martes, 23 de noviembre de 2021

    Estadísticas a propósito del Día internacional
    de la eliminación de la violencia contra la mujer

  • En 2021, 20% de mujeres de 18 años o más reportó percepción de inseguridad en casa.

  • En 2020, 10.8% de los delitos cometidos en contra de las mujeres fue de tipo sexual.

  • En el mismo año, 23.2% de las defunciones por homicidio de mujeres ocurrieron en la vivienda.

    De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), la violencia contra las mujeres se encuentra definida como “cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte tanto en el ámbito privado como en el público”. Estas acciones u omisiones constituyen una violación a los derechos humanos de las mujeres al no garantizar su libertad, desarrollo y seguridad.

    La violencia contra las mujeres es un problema de alcance global. Por ello, hace más de dos décadas la Asamblea General de las Naciones Unidas emitió una resolución que establece el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, cuya finalidad es coordinar actividades para concientizar y dimensionar la magnitud del reto de una vida libre de violencia. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía se une a este objetivo presentando el panorama actual de las distintas formas de violencia que enfrentan las mexicanas, con base en programas permanentes de recolección de información estadística que buscan proporcionar información confiable y actualizada para el diseño y evaluación de acciones para la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

    Este comunicado se concentra en los niveles de victimización y violencia en contra de las mujeres, en particular, la percepción de inseguridad y los delitos cometidos en su contra, empleando los resultados la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2021 (ENVIPE), y del segundo y tercer trimestre de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2021 (ENSU), así como el registro de delitos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2021 (CNPJE). Posteriormente, se presentan las tendencias de las defunciones con presunción de homicidio con base en las estadísticas de mortalidad de la Secretaría de Salud (SSA) y el INEGI.

    Fuente: INEGI 23 de noviembre de 2021

  • Martes, 23 de noviembre de 2021

    Resultados del Censo Nacional de
    Seguridad Pública Federal (CNSPF) 2021

  • Al cierre de 2020, la Guardia Nacional contó con 96 358 personas adscritas y asignadas, 83.2% (80 205) eran hombres y 16.8% (16 153) mujeres. Según la institución o corporación de origen, 62.1% estuvo adscrito a la Secretaría de la Defensa Nacional, 23.8% a la Policía Federal y 14.1% a la Secretaría de Marina.

  • En las puestas a disposición ante el Juez Cívico, se registraron 343 presuntas faltas cívicas, mientras que en las puestas a disposición ante el Ministerio Público se registraron 24 894 presuntos delitos.

  • En 2020, la Guardia Nacional reportó 1 132 probables robos y asaltos en carreteras y puentes de jurisdicción federal; 75.2% de éstos se realizó con arma de fuego; 65.3% ocurrió a camiones de carga y 26.3% a vehículos particulares; y 29% se concentró en Puebla y Guanajuato.

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal (CNSPF) 2021, programa que ofrece información estadística sobre la gestión y desempeño de la Guardia Nacional, específicamente en las funciones de gobierno y seguridad pública, con la finalidad de que ésta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

    Entre los datos que aporta este Censo se encuentra que:

  • Al cierre de 2020 se reportaron 96 358 personas adscritas y asignadas a la Guardia Nacional. De ellas, 83.2% (80 205) eran hombres y 16.8% (16 153) mujeres.

  • Según la institución / corporación de origen, 62.1% (59 790) correspondió a la Secretaría de la Defensa Nacional, 23.8% (22 970) a la Policía Federal y 14.1% (13 598) a la Secretaría de Marina. En cuanto a los ingresos, 46.0% del personal masculino y 69.9% del femenino percibió un ingreso bruto mensual entre 25 001 y 30 000 pesos.

  • En total, 7 787 elementos adscritos y asignados a la Guardia Nacional contaban con Certificado Único Policial vigente. De ellos, 86.6% (6 744) eran hombres y 13.4% (1 043) mujeres. Por institución o corporación de origen, 84.0% (6 543) correspondía a la Policía Federal, 15.7% (1 218) a la Secretaría de Marina y 0.3% (26) a la Secretaría de la Defensa Nacional.

  • Durante 2020, 93 servidoras y servidores públicos de la Guardia Nacional fallecieron, 94.6% eran hombres y 5.4% mujeres. La principal causa de defunción fue por causas naturales (82.8%). El total de personal fallecido durante la jornada laboral fue de 6 personas, todas fueron hombres. Los enfrentamientos con civiles armados fue la principal causa de fallecimiento durante la jornada laboral con 83.3 por ciento.

  • Al cierre de 2020, la Guardia Nacional contó con 12 academias o centros de reclutamiento con 11 380 camas útiles, 10 560 para reclutas y 820 para instructores. En estas academias o centros de reclutamiento ingresaron 24 523 reclutas, egresaron 23 903, mientras que 322 desertaron.

  • En 2020, la Unidad de Asuntos Internos de la Guardia Nacional recibió 108 quejas y 320 denuncias ciudadanas a través de los mecanismos para la recepción de quejas y denuncias. Además, derivado de la normatividad en materia de régimen disciplinario, se reportó que 600 servidoras y servidores públicos fueron sancionados, 83.2% fueron hombres y 16.8% mujeres. La principal sanción impuesta fue el arresto con 65.0 por ciento. En total, 19 servidoras y servidores públicos fueron denunciados ante el Ministerio Público derivado de la probable comisión de algún presunto delito.

  • Durante 2020, el Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Guardia Nacional recibió 260 700 llamadas de emergencia a través del sistema telefónico 088, mismas que en su totalidad fueron procedentes.

  • En las puestas a disposición de personas realizadas ante el Juez Cívico se registraron 343 presuntas faltas cívicas, mientras que en las puestas a disposición de personas realizadas ante el Ministerio Público se registraron en total 24 894 presuntos delitos.

  • En 2020, la Guardia Nacional aseguró 963 armas de fuego: 671 (69.7%) eran cortas y 292 (30.3%) largas. Respecto a los hidrocarburos asegurados, la mayor proporción fue de diésel con 5 214 719 litros. En cuanto a los narcóticos asegurados, los principales fueron cannabis y amapola adormidera. Sobre los vehículos asegurados, se reportaron 40 vehículos aéreos y 15 701 vehículos terrestres.

  • Asimismo, se reportaron 14 personas localizadas, en su totalidad fueron menores de edad. Las mujeres representaron 35.7%, los hombres 28.6% y en 35.7% no se identificó el sexo. La mayoría de las personas localizadas se registraron en la Ciudad de México.

  • Durante 2020, la Dirección General Científica de la Guardia Nacional realizó 5 920 ciberpatrullajes y 1 104 ciberinvestigaciones.

  • En 2020, la Guardia Nacional tuvo registro de 11 447 accidentes, en 7 168 (62.6%) sólo hubo daños, 2 836 (24.8%) fueron no fatales y 1 443 (12.6%) fueron fatales. Asimismo, se registraron 6 703 personas lesionadas y 2 720 personas fallecidas.

  • En 2020 se tuvo registro de 56 enfrentamientos en los que participaron elementos adscritos y asignados a la Guardia Nacional. En dichos enfrentamientos se registró que 17 civiles armados fueron lesionados, 30 fallecieron y 22 fueron detenidos.

    Los resultados del CNSPF 2021 integran información correspondiente a 2020, la cual se presenta mediante cuadros estadísticos organizados en los siguientes apartados: Estructura organizacional y recursos, y Ejercicio de la función de seguridad pública federal.

    Fuente: INEGI 23 de noviembre de 2021

  • Martes, 23 de noviembre de 2021

    Presenta INEGI la georreferenciación de
    accidentes de tránsito en zonas urbanas

  • Con esta información se contribuye al análisis de los accidentes ocurridos en vialidades urbanas del país, ya que permite identificar las zonas de mayor incidencia en las principales ciudades y áreas metropolitanas.dad a nivel nacional, de las 32 entidades federativas, así como de 39 ciudades autorrepresentadas de interés.

  • En 2020 se registraron 301,678 accidentes de tránsito en las zonas urbanas de Méxic

  • Durante ese año, uno de cada 100 eventos de tránsito correspondió a accidentes en los que se registraron pérdidas humanas, mientras que en 18 de cada 100 hubo víctimas heridas.

    Por primera vez el INEGI presenta la georreferenciación de accidentes de tránsito en zonas urbanas que permite identificar, con base en sus coordenadas geográficas, las zonas de mayor incidencia en 88 áreas geográficas (72 municipios de 28 estados y las 16 alcaldías de la Ciudad de México) y proporciona información correspondiente a 2019 y 2020.

    La georreferenciación de accidentes de tránsito en zonas urbanas se difunde a través de Espacio y datos de México, disponible en https://www.inegi.org.mx/app/mapa/espacioydatos/default.aspx, y en el que los usuarios podrán ubicar los accidentes de tránsito en la cartografía digitalizada por entidad y municipio, por año, mes, día de la semana y hora en el que se registró el evento vial, distinguiendo la clase de accidente (fatal, no fatal o solo daños), el tipo (colisión con vehículo, con peatón, con objeto fijo, con motocicleta, con ciclista y otros), así como las víctimas mortales y heridas.

    De esta manera, el INEGI expande las posibilidades de consulta y uso de la estadística de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas (ATUS) que genera información sobre el número de los percances viales ocurridos en el territorio nacional, contribuyendo así a la formulación de políticas de seguridad vial y de prevención de accidentes para reducir el número de víctimas por esta causa.

    Los resultados de la estadística ATUS corresponden a los registros de los eventos viales ocurridos en zonas urbanas, y no considera los accidentes en carreteras y caminos federales que son registrados por la Guardia Nacional.

    En este sentido, la estadística ATUS concentra 96.3% del total de accidentes de tránsito del país durante 2020.

    En 2020 se reportaron 301 678 accidentes, de los cuales 245 297 registraron solo daños materiales (81.3%); en 52 954 se identificaron víctimas heridas (17.6%), y los 3 427 accidentes restantes corresponden a eventos con al menos una persona fallecida (1.1%) en el lugar del accidente.

    El total de víctimas muertas y heridas en los accidentes de tránsito ocurridos en zonas urbanas durante 2020 fue de 75 761 personas, de las cuales 3 826 fallecieron en el lugar del accidente (5.1%) y 71 935 presentaron algún tipo de lesión (94.9%).

    Las entidades con mayor número de fallecidos en el lugar del accidente por cada 100 000 habitantes durante 2020 son: Sinaloa (8.8), Chihuahua (7.7), Querétaro (7.0), Sonora (6.5) y Zacatecas (5.9). Asimismo, en este mismo periodo la tasa a nivel nacional fue de 3 decesos por cada 100 000 habitantes.

    El INEGI refrenda así su compromiso con los usuarios de suministrar información de calidad, pertinente, veraz y oportuna. Asimismo, el Instituto realizará actualizaciones anuales de la información de la georreferenciación de accidentes de tránsito en zonas urbanas, y mantendrá una colaboración estrecha con las fuentes administrativas de los estados y municipios del país para incorporar gradualmente más áreas geográficas a esta forma de presentación de resultados.

    Fuente: INEGI 22 de noviembre 2021

  • Lunes, 22 de noviembre de 2021

    Spotlight, una iniciativa contra la violencia
    de género durante la pandemia de COVID-19

  • El impacto del COVID-19 exacerba la violencia contra las mujeres y las niñas en un contexto de nuevas y sostenidas agresiones contra los derechos de las mujeres en todo el mundo. La ONU afirma que hoy más que nunca hace falta una acción centrada en proteger los logros obtenidos y prevenir retrocesos.

    A pesar de los cierres y restricciones debidos al coronavirus, unas 650.000 mujeres y niñas recibieron servicios de violencia de género a través de un programa conjunto de la ONU y la Unión Europea (UE) que busca erradicar una de las violaciones de derechos humanos más frecuentes.

    Este es sólo uno de los logros detallados en el informe de impacto de la Iniciativa Spotlight correspondiente al periodo 2020-2021, presentado en Nueva York.

    El documento Rising to the challenge (Haciendo frente al desafío) detalla cómo los socios de la Iniciativa ajustaron rápidamente los programas durante la crisis mundial para abordar la pandemia oculta de la violencia contra las mujeres y las niñas.

    La Iniciativa Spotlight es el mayor esfuerzo concertado a nivel mundial para poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas.

    Además de ampliar los servicios durante la pandemia, Spotlight ayudó a las organizaciones de la sociedad civil a adaptarse rápidamente al entorno cambiante y a fortalecer los servicios a distancia como la teleasistencia y las líneas directas.

    Los fondos también se reasignaron para dar un mayor respaldo a las organizaciones locales y de base. Hasta la fecha se han desembolsado 146 millones de dólares con este propósito.

    Una de las labores de la Iniciativa fue brindar educación unos 880.000 hombres y niños sobre la masculinidad positiva, las relaciones familiares respetuosas, la resolución sin violencia de los conflictos y la paternidad.

    Todos los miembros de nuestra sociedad —padres y madres, personal docente y sanitario, dirigentes gubernamentales, líderes religiosos, personalidades de la política, el mundo empresarial, la sociedad civil y los medios de comunicación— desempeñan un papel clave en el bienestar de la infancia.

    La violencia contra las mujeres y las niñas, que existe en todas las sociedades, a menudo se ve agravada por otras crisis humanitarias y sólo se ha intensificado durante la pandemia.

    Para aprovechar los logros alcanzados hasta ahora, la Unión Europea y la ONU han decidido desarrollar una Plataforma Global Spotlight que combina un centro de conocimiento, una comunidad de práctica y un “instrumento de promoción” basado en la experiencia obtenida a través de la iniciativa.

    Fuente: ONU 19 de noviembre de 2021

  • Miércoles, 17 de noviembre de 2021

    ONU Mujeres y CEPAL presentaron el informe Hacia la construcción
    de sistemas Integrales de cuidados en América Latina y el Caribe

    La Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) presentaron el informe Hacia la construcción de sistemas Integrales de cuidados en América Latina y el Caribe. Elementos para su implementación. El documento tiene por objetivo contribuir al análisis y reflexión para avanzar en la implementación de Sistemas Integrales de Cuidados y para transitar hacia una Sociedad del Cuidado que priorice la sostenibilidad de la vida, colocándola en el centro de las políticas para el logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de la Agenda Regional de Género.

    El documento, aborda cuestiones clave como la importancia de invertir en cuidados y los beneficios que esta inversión conlleva para el avance de derechos, la eliminación de las desigualdades sociales y el logro de la igualdad de género, la dinamización de la economía y la sostenibilidad del desarrollo. Partiendo de los aprendizajes de las experiencias de los países de América Latina y el Caribe, se abordan los elementos a considerar en la construcción de Sistemas Integrales de Cuidados como son: la definición de la población objetivo, los principios orientadores y sus componentes. El documento identifica un posible esquema de gobernanza política y de gestión intersectorial que asegure la articulación nacional-local que requiere un sistema integral de cuidados.

    La pandemia del COVID-19 ha reafirmado la centralidad de los cuidados, poniendo en evidencia la insostenibilidad de su actual distribución. Desde antes de la pandemia, las mujeres en América Latina y el Caribe dedicaban el triple de tiempo que los hombres al trabajo de cuidados no remunerado. ONU Mujeres y la CEPAL han propuesto impulsar Sistemas integrales de Cuidado desde hace varios años y con más énfasis desde el 2020 tras el informe conjunto Cuidados en América Latina y el Caribe en tiempos de COVID-19. Hacia Sistemas Integrales para Fortalecer la Respuesta y la Recuperación.

    Los principios que propone el documento para la construcción de sistemas integrales de cuidados son cinco: (1) El cuidado como un derecho, (2) la Universalidad, (3) la Corresponsabilidad Social y de Género, (4) la Promoción de la Autonomía y (5) la Solidaridad en el Financiamiento.

    CEPAL y ONU Mujeres proponen así consolidar los sistemas nacionales de cuidados como un cuarto pilar de la protección social, para contribuir a una recuperación inclusiva y transformadora, que no siga reproduciendo las desigualdades de género y la pobreza monetaria y de tiempo que afecta a las mujeres y aún más a aquellas mujeres que se enfrentan a múltiples discriminaciones.

    Aunque a veces pueda entenderse que la construcción de Sistemas Integrales de Cuidados debe ser una tarea para plantearse luego de que se hayan abordado con éxito los objetivos de superación de la pobreza y reducción de las desigualdades, en realidad esta es una tarea fundamental para lograrlos, debiendo ser concebida como el desarrollo de un vector más -junto a las políticas de empleo, salud, educación, vivienda- en una estrategia exitosa para alcanzar resultados.

    Con este lanzamiento, la CEPAL y ONU Mujeres hacen un llamado a visibilizar la importancia de los cuidados en la actual crisis y su papel clave en la respuesta y recuperación trasformadora y sostenible. Situar los cuidados en el centro de la agenda social, económica y política es indispensable para el logro de la igualdad.

    Fuente: CEPAL 16 de octubre de 2021

    Lunes, 8 de noviembre de 2021

    La OIT alcanza el objetivo de ratificación del
    emblemático Convenio sobre seguridad social

  • Paraguay se ha convertido en el 60º país en ratificar el emblemático Convenio de la OIT sobre seguridad social, el núm. 102, alcanzando el objetivo fijado en 2012 por el Consejo de Administración de la OIT.

    Con la ratificación de Paraguay, el 25 de octubre de 2021, ya son 60 los países que han ratificado el Convenio de la OIT sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) , considerado la base de todos los convenios de la OIT sobre seguridad social.

    El Convenio nº 102 es el único instrumento internacional basado en los principios básicos de la seguridad social que establece normas mínimas acordadas a nivel mundial para las nueve ramas de la seguridad social: asistencia médica, prestaciones de enfermedad, prestaciones de desempleo, prestaciones de vejez, prestaciones por accidentes de trabajo, prestaciones familiares, prestaciones de maternidad, prestaciones de invalidez y prestaciones de supervivencia.

    Se considera un instrumento importante para ampliar la cobertura de la seguridad social y proporciona a los países que lo ratifican un incentivo para hacerlo al ofrecer flexibilidad en su aplicación, en función de su nivel socioeconómico.

    En 2012, la recién adoptada Recomendación sobre los Pisos de Protección Social (núm. 202) reconoció el papel fundamental del Convenio sobre la Seguridad Social (norma mínima), 1952 (núm. 102) y pidió a los Estados miembros de la OIT que lo ratificaran lo antes posible. En consecuencia, el Consejo de Administración de la OIT acordó establecer un objetivo para aumentar las ratificaciones del Convenio núm. 102 de 47 a 60.

    Durante la última década, la OIT ha apoyado de forma proactiva un importante número de procesos nacionales para animar a los países a ratificar el Convenio. Como resultado, 13 naciones han ratificado el texto en los últimos 10 años: Argentina (2016), Benín (2019), Cabo Verde (2020), Chad (2015), República Dominicana (2016), Honduras (2012), Jordania (2014), Marruecos (2019), Paraguay (2021), Federación de Rusia (2019), San Vicente y las Granadinas (2015), Togo (2013) y Ucrania (2016).

    En junio de 2021, la Conferencia Internacional del Trabajo celebró su segunda discusión recurrente sobre la protección social , en la que se destacó la necesidad de construir sistemas de protección social universales anclados en las normas de la OIT. También reafirmó el mandato y el liderazgo de la OIT en materia de protección social en el sistema multilateral y pidió a la OIT que acelerara los esfuerzos en curso para promover el Convenio mediante una nueva campaña de ratificación.

    Fuente: OIT 08 de noviembre de 2021

  • Viernes, 29 de octubre de 2021

    Un nuevo Decenio de Acción busca reducir a la mitad
    los 1,3 millones de muertes anuales en carreteras

  • Con más de 3500 decesos diarios, los accidentes viales son la principal causa de muerte de niños y jóvenes en el mundo. Además, unos 50 millones de personas resultan lesionadas cada año en esos siniestros. La agencia sanitaria mundial emprende una ambiciosa campaña de diez años para evitar al menos la mitad de los daños.

    Este jueves dio inicio el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030 con el objetivo de haber reducido en un 50% las muertes y traumatismos causados por los accidentes de tránsito al terminar el ciclo.

    La Organización Mundial de la Salud (OMS), en conjunto con otros socios de la ONU, desarrollaron el Plan Global para la campaña, de acuerdo con una decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de septiembre de 2020.

    Los datos de la OMS apuntan a los accidentes carreteros como la principal causa de muerte de niños y jóvenes en el mundo. El saldo diario de esos siniestros es de 3500 fallecimientos, es decir 1,3 millones al año. Además, la suma anual de personas lesionadas asciende a 50 millones.

    De no tomar medidas inmediatas para detener esta pérdida de vidas, así como las secuelas que muchas veces dejan las heridas, el fenómeno no se detendrá y para 2030 se habrían registrado 13 millones más de muertes evitables, sobre todo en los países de renta baja y media, advierten las proyecciones del organismo, que afirma que todos esos decesos y lesiones “inaceptables” se pueden prevenir.

    El Plan Mundial para el Decenio de Acción para la Seguridad Vial establece medidas prácticas y efectivas que todos los países y comunidades pueden implementar para salvar vidas.

    Para resaltar la importancia de que los gobiernos adopten esa hoja de ruta, el director del Departamento de Determinantes Sociales de la Salud de la OMS recordó que más de 50 millones de personas han muerto en las carreteras del mundo desde la invención del automóvil, un número de fatalidades más elevado que el de la Primera Guerra Mundial o algunas de las peores epidemias.

    El Plan Global lista tres acciones fundamentales para evitar los accidentes viales:
    1.- garantizar la seguridad al caminar, andar en bicicleta y utilizar el transporte público
    2.- garantizar carreteras, vehículos y comportamientos seguros
    3.- garantizar atención de emergencia oportuna y eficaz

    Con respecto a quiénes deben encargarse de la implementación y monitoreo del Plan, la agencia menciona no sólo a los responsables políticos de alto nivel, sino también a otras partes que pueden influir en la seguridad vial, como la sociedad civil, el mundo académico, el sector privado, las instituciones financieras y donantes, y los líderes comunitarios y juveniles.

    La OMS aseveró que las medidas del Plan Global se basan en intervenciones comprobadas y efectivas, así como en las mejores prácticas para prevenir los accidentes en la carretera.

    Fuente: ONU 28 de octubre de 2021

  • Jueves, 28 de octubre de 2021

     

    Chiapas. Incidencia Delictiva del Fuero Común 2021

    La Secretaría de Hacienda, en el marco del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica a través de la Dirección de Información Geográfica y Estadística pone a su disposición el documento sobre el comportamiento de la incidencia delictiva del fuero común en el estado de Chiapas con los datos acumulados al mes de agosto de 2021, así como un comparativo anual desde el año 2018; dicha información es publicada de manera mensual por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la cual es remitida por las Procuradurías y/o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas.

    De acuerdo con los datos del SESNSP, en el estado de Chiapas se registró una incidencia delictiva acumulada al mes de agosto de 2021 de 11,360 delitos, de lo anterior se observa que poco más de la mitad corresponde a delitos contra el patrimonio (3,085) o la familia (3,034), seguidos por los delitos contra otros bienes jurídicos (2,131), en seguida se ubican los delitos contra la vida o la integridad corporal (1,801), posteriormente se encuentran los delitos contra la libertad y seguridad sexual (1,056).

    En menor medida se encuentran los delitos contra la libertad personal (139) y los delitos contra la sociedad (114).

    El comportamiento general de la incidencia de delitos del fuero común en el periodo comprendido entre el año 2018 y el acumulado a agosto de 2021 ha presentado una tendencia a la baja, dentro de los grupos de delitos destacan los datos sobre delitos contra el patrimonio al observar una reducción de 3 cuartas partes en el periodo mencionado es decir 9,854 delitos menos. Por su parte los delitos que presentaron la menor variación fueron aquellos contra la libertad personal al reducir su valor en 82 delitos.

    Dentro de los delitos contra la vida y la integridad corporal se encuentran los homicidios, el comportamiento de su incidencia es a la baja en el periodo considerado, en términos absolutos se observa una reducción de 482 casos, lo que en términos porcentuales representó 37.7% menos. Considerando el valor de 2021 (acumulado hasta agosto) en relación al valor anual de 2020 la reducción fue de 268 casos representando 25.2% menos.

    Otra de las clasificaciones de delitos considerada en los delitos contra la vida y la integridad corporal es la que se refiere a los feminicidios. A diferencia de los homicidios, la incidencia de los feminicidios ha ido en aumento durante los últimos 4 años, considerando el periodo más largo (2018-2021) el aumento fue de 13 casos, lo que en términos porcentuales representó 61.9%; mientras que en el periodo anual el incremento fue de 6 casos más, aumentando 21.4% entre el año 2020 y el acumulado a agosto de 2021.

    Otro grupo de delitos considerados son aquellos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual , dentro de ellos encontramos el abuso sexual, dicho delito ha mostrado una clara disminución de su incidencia en el estado al registrar un descenso de 64 casos entre el año 2018 y el valor acumulado a agosto de 2020, dicho valor represento 30.8% menos. En el periodo comprendido entre el año 2020 y agosto de 2021, la disminución fue de 4 casos que representaron una reducción de 2.4%.

    Otro delito considerado dentro de la clasificación de aquellos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual, es la violación simple, de manera similar al delito de abuso sexual se observa una tendencia a la baja en el estado al registrar un descenso de 206 casos entre el año 2018 y el valor acumulado a agosto de 2020, dicho valor representó 37.9% menos. En el periodo comprendido entre el año 2020 y agosto de 2021, la disminución fue de 122 casos que representaron una reducción de 26.5%.

    Dentro del grupo de delitos que atentan contra el patrimonio, se encuentra el robo, los casos de este delito en la entidad muestran una clara tendencia a la baja, al pasar de 9,336 casos en 2018 a 1,930 como valor acumulado en agosto de 2021 es decir 7,406 casos menos que representaron una reducción de 79.3%. En el periodo comprendido entre el año 2020 y el acumulado a agosto de 2021 la variación también fue negativa reduciendo en 1,501 el número de casos, los cuales representaron43.7% menos.

    Otro de los delitos que se encuentran dentro de los que atentan contra el patrimonio es el robo de vehículo, de acuerdo con la información reportada la disminución fue de 1,479 casos de 2018 a agosto de 2021 es decir 59.4% menos. En el periodo comprendido entre el año 2020 y el acumulado a agosto de 2021 la variación también fue negativa reduciendo en 851 el número de casos, los cuales representaron 45.8% menos

    En lo que respecta al delito de robo a transeúnte en la vía pública también se registra descenso en el periodo considerado, al pasar de 855 casos en 2018 a 88 en 2021, lo que representa 767 casos menos, es decir 89.7% menos. En el periodo comprendido entre 2020 y agosto de 2021 la reducción fue de 131 casos en términos absolutos, lo cuales representaron 59.8% menos.

    En la categoría de delitos contra la familia se encuentra el respectivo a la violencia familiar, los datos registrados sobre este delito muestran una clara tendencia a la baja al disminuir en 3,195 casos entre 2018 y 2021, que representaron 53% menos. En el periodo entre el año 2020 y el acumulado a agosto de 2021 la reducción fue de 1,637 casos, representando 36.6% menos.

    La última categoría de delitos que se hace mención en el tabulado reportado por el SESNSP es la de los delitos contra otros bienes jurídicos afectados; entre ellos se encuentra el narcomenudeo, el cual presenta un comportamiento errático en el periodo considerado, registrando descensos entre el año 2018 y el 2019, para posteriormente aumentar entre el 2019 y el 2020 y de nueva cuenta disminuir entre el año 2020 y el valor acumulado al mes de agosto de 2021, esta última reducción significó 282 casos menos los cuales representaron una disminución de 25.6%.

    Otro de los delitos incluidos en la categoría de aquellos que atentan contra otros bienes jurídicos afectados es aquel que es cometido por servidores públicos, los cuales también presentan un comportamiento descendente entre el año 2018 y 2021 la disminuir 267 casos en términos absolutos, que representaron 74.2% menos. En lo que respecta al periodo comprendido entre el año 2020 y el acumulado al mes de agosto de 2021 la reducción absoluta fue de 157 casos que representan62.8% menos.

    Fuente: INEGI 28 de octubre de 2021

    Martes, 26 de octubre de 2021

    Resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) 2021

  • Durante 2020, a nivel nacional se reportaron 1 577 327 asuntos ingresados y 871 054 asuntos concluidos por los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales estatales en todas las materias. En comparación con 2019, la cantidad total de asuntos ingresados y concluidos disminuyeron 30.8% y 34.6% respectivamente.

  • En 2020 se registraron 204 012 delitos en las causas penales ingresadas, cifra que representó una disminución de 10.2% con respecto a lo reportado en 2019. En materia de justicia para adolescentes, los delitos contra la salud relacionados con narcóticos, en su modalidad de narcomenudeo presentaron un aumento de 62.0%, a diferencia del delito de robo en caso de los adultos que disminuyó 23.2 por ciento.

  • Durante 2020, los poderes judiciales estatales registraron 121 572 expedientes abiertos en todas las materias por los órganos o centros encargados de la aplicación de Justicia Alternativa y/o Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, en tanto que se concluyeron 113 961. Ambas cifras indican que, en contraste con 2019, los expedientes disminuyeron 37.0% y 31.8%, respectivamente.

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) 2021, programa estadístico que ofrece información estadística sobre la gestión y desempeño del Poder Judicial de cada entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno, impartición de justicia, justicia para adolescentes y justicia alternativa y/o mecanismos alternativos de solución de controversias, con la finalidad de que ésta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

    Entre los datos que aporta este Censo, se encuentra que:

  • Al cierre de 2020, los poderes judiciales estatales se conformaron por 3 721 órganos jurisdiccionales (90.6% correspondió a primera instancia y 9.4% a segunda instancia) y 1 450 a órganos administrativos y/o unidades administrativas.

  • Al cierre de 2020, en los poderes judiciales estatales se reportaron 70 294 servidoras y servidores públicos, de los cuales, 47 226 (67.2%) estuvieron adscritos a los órganos jurisdiccionales, 38 224 en órganos de primera instancia, 9 002 en segunda instancia y 22 996 (32.7%) a órganos administrativos y/o unidades administrativas. Del total del personal, los hombres representaron 40.9% (28 724), las mujeres 59.0% (41 498) y para el restante 0.1% (72) no se especificó el sexo.

  • Al cierre de 2020, se reportaron 4 783 servidoras y servidores públicos con el cargo de magistrados y jueces en los órganos jurisdiccionales, cifra que, en comparación con lo reportado en 2019, indica un aumento de 3.4%. Del total de magistrados y jueces, 2 753 (57.6%) fueron hombres y 2 030 (42.4%) mujeres. Según el órgano de adscripción, 4 188 (87.6%) estaban adscritos en órganos de primera instancia y 595 (12.4%) en órganos de segunda instancia.

  • Los recursos presupuestales ejercidos por los poderes judiciales estatales durante 2020 fueron de 39 410 231 048 pesos. En comparación con el presupuesto reportado en 2019, la cantidad de presupuesto ejercido aumentó 5.6% en 2020.

  • En 2020 se reportó que los poderes judiciales estatales publicaron en sus sitios web 113 859 sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales. De ellas, 90 149 (79.2%) correspondieron a primera instancia y 23 710 (20.8%) a segunda instancia. En contraste con lo reportado en 2019, la cantidad total de sentencias publicadas en los sitios web disminuyó 14.1% en 2020.

  • Durante 2020, a nivel nacional se reportaron 1 577 327 asuntos ingresados y 871 054 concluidos por los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales estatales en todas las materias. En comparación con 2019, se observa una disminución de 30.8% en la cantidad total de asuntos ingresados y una disminución de 34.6% en los asuntos concluidos.

  • De las 1 577 327 causas penales y expedientes ingresados a los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales estatales, 1 140 717 se registraron en el Sistema Tradicional y 436 310 en el Sistema Oral.

  • Sobre los delitos registrados en las causas penales ingresadas, en 2020 se reportó un total de 204 012. De ellos, 198 132 (97.1%) correspondieron a adultos y 5 880 a adolescentes (2.9%). En comparación con 2019, la cantidad de delitos disminuyó 10.2 por ciento.

  • De acuerdo con el tipo de delito cometido, en el caso de los adultos, el robo registró la mayor incidencia con 22.0%. En cuanto a los adolescentes, los más frecuentes fueron los delitos contra la salud relacionados con narcóticos en su modalidad de narcomenudeo, que representaron 32.3 por ciento.

  • El porcentaje de causas penales ingresadas en los Tribunales de Enjuiciamiento o Juicio Oral, con respecto a los ingresos registrados en los Juzgados de Control o Garantías, fue de 5.2% a nivel nacional.

  • En 2020, se efectuaron 109 304 conclusiones a las causas penales, 104 705 para adultos y 4 599 para adolescentes. En el Sistema Tradicional se registraron 11 158 conclusiones, para el Sistema Penal Acusatorio la cifra fue de 93 547, en el Sistema Escrito o Mixto y Sistema Oral se registraron 146 conclusiones y 4 453 en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

  • En cuanto a los procesados e imputados registrados en las causas penales ingresadas, durante 2020 se reportó un total de 214 572. De ellos, 80.1% fueron hombres, 9.5% fueron mujeres y para el resto (10.4%) no pudo identificarse el sexo.

  • Al cierre de 2020, la Defensoría Pública o Defensoría de Oficio a cargo de los poderes judiciales estatales contó con 837 servidoras y servidores públicos, de los cuales, 55.2% (462) fueron mujeres y 44.8% (375) hombres. Del total, 621 se desempeñaron como defensores públicos y asesores jurídicos, cifra que representó 74.2% del total. La cantidad de defensores y asesores aumentó 1.1% con respecto a 2019.

    Los resultados del CNIJE 2021 se presentan en cuadros estadísticos organizados en los siguientes apartados: Estructura organizacional y recursos; Trámites y servicios; Transparencia; Control interno y anticorrupción; Administración de archivos y gestión documental; Defensoría pública o defensoría de oficio; Servicios periciales; Impartición de justicia; Justicia alternativa y/o mecanismos alternativos de solución de controversias.

    Fuente: INEGI 26 de octubre de 2021

  • Lunes, 25 de octubre de 2021

     

    Chiapas. Encuesta Nacional de Victimización y
    Percepción sobre Seguridad Pública 2021 (ENVIPE)

    La Secretaría de Hacienda, en el marco del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica a través de la Dirección de Información Geográfica y Estadística pone a su disposición el Informe para Chiapas sobre la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Publica 2021 (ENVIPE), publicada por el INEGI.

    En este documento se presentan los conceptos más relevantes para entender el fenómeno delictivo en la entidad y su comportamiento respecto al país, así como la evolución de los valores de algunos conceptos extraídos de dicha encuesta nacional.

    En 2020 la tasa de prevalencia delictiva, la cual señala el número de víctimas del delito por cada 100 mil habitantes, presentó un aumento de 1,142 víctimas respecto a 2019, dicho valor representó un incremento de 9.3%.

    La tasa de prevalencia promedio en los últimos ocho años fue de 14,576 víctimas por cada 100 mil habitantes.

    En 2020 la tasa de prevalencia delictiva a nivel nacional fue de 23,520 víctimas por cada 100 mil habitantes, el valor en Chiapas fue de 13,400 ocupando el primer lugar nacional con la tasa más baja. Las tasas más altas se registraron en dos de las entidades del centro del país: la Ciudad de México y el Estado de México.

    En Chiapas la tasa de prevalencia delictiva fue mayor en los hombres con 15,598 víctimas, mientras que en las mujeres fue de 11,650 víctimas por cada 100 mil habitantes. El área metropolitana de Tuxtla Gutiérrez registró una tasa de 23,163 víctimas por cada 100 mil habitantes.

    En Chiapas, en el año 2020 la tasa de incidencia delictiva, la cual señala el número de delitos registrados, presentó un aumento de 1,786 delitos por cada 100 mil habitantes, equivalente a 12.8% más respecto al año 2019.

    En 2020 la tasa de incidencia delictiva nacional fue de 30,601 delitos por cada 100 mil habitantes, en tanto que en Chiapas fue de 15,689 ocupando el primer lugar nacional con la tasa más baja seguido de Veracruz y Tamaulipas.

    El área metropolitana de Tuxtla Gutiérrez registró una tasa de 26,182 delitos por cada 100 mil habitantes.

    En Chiapas, el total de víctimas pasó de 436,185 en el año 2019 a 477,711 en el 2020, esto significó un aumento, en términos absolutos, de 41,526 víctimas, cifra que representa un incremento de 9.5%.

    El valor registrado en Chiapas representó 2.2% del total de víctimas con respecto al total nacional.

    En 2020 a nivel nacional 41.6% de los delitos cometidos donde la víctima estuvo presente pudo identificar la portación de algún tipo de arma por parte del victimario. Esta proporción en Chiapas fue de 35.9%, es decir 6 puntos porcentuales menos que el valor nacional.

    En 2020 a nivel nacional 68.5% de los delitos fueron cometidos con algún arma de fuego, Chiapas (36.4%) es el quinto estado con el menor porcentaje de delitos cometidos con esta característica.

    En 2020 a nivel nacional se registró que 27.3% de los delitos la víctima pudo percibir que los delincuentes se encontraban bajo los efectos del alcohol o alguna droga, el valor registrado en el estado de Chiapas fue de 24.1%, mientras que Sonora (44.8%) y Campeche (43.2%) son las entidades con los valores más altos.

    A nivel nacional, en 2020 se registró un promedio de costo del delito de 7,155 pesos mientras que en Chiapas dicho valor fue de 5,227 lo que representó una diferencia de $1,928.

    En 2020, no se denunció 93.3% de los delitos cometidos a nivel nacional, en tanto que en Chiapas esta cifra fue de 93.2%.

    Entre las personas de 18 años y más, los temas que generaron mayor preocupación en 2021 en el país fueron la inseguridad (58.9%), el desempleo (41.5%) y la salud con 40.2% de la población.

    En Chiapas los temas de mayor preocupación fueron la salud con 48.1%, la pobreza con 44.7% y el desempleo con 42.2%.

    En Chiapas 31.3% de las personas de 18 años y más consideran segura a la entidad, dicho valor registró un descenso de 0.4 puntos porcentuales respecto al año anterior.

    En Chiapas la percepción de que la entidad es insegura registró un aumento constante entre el 2015 y el 2018, año el que alcanzó su valor más alto, a partir de ese año la tendencia ha sido ligeramente a la baja para ubicarse en 66.7% de la población de 18 años y más que considera insegura a la entidad.

    En Chiapas en el último año 25.6% de la población de 18 años y más percibe que la seguridad en la entidad mejorará, en relación al año anterior, dicho valor aumentó 4.6 puntos porcentuales.

    En el país como en Chiapas, las autoridades a las que se les tiene mucha confianza son la marina, el ejercito y la guardia nacional, seguidas de fiscalía general de la república (FGR).

    Las autoridades con menor confianza por parte de la población de 18 años y más, son la policía de tránsito, la policía preventiva, la policía estatal, el ministerio público, los jueces y la policía ministerial; tanto a nivel nacional como en el estado de Chiapas.

    Las autoridades a las que se les tiene mucha desconfianza por parte de la población de 18 años y más, son la policía de tránsito, la policía preventiva, ministerio público (MP) y fiscalías estatales y los jueces; tanto a nivel nacional como en el estado de Chiapas.

    En contraparte se encuentran la marina, el ejercito, guardia nacional, la fiscalía general de la república (FGR) y Policía Estatal.

    Fuente: INEGI 25 de octubre de 2021

    Lunes, 25 de octubre de 2021

    Resultados del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2021

  • Al cierre de 2020, el personal adscrito a las 1 169 unidades administrativas en las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia estatales se conformó por 95 602 servidoras y servidores públicos. Comparado con 2019, la cantidad de personal aumentó 0.5% en 2020. Conforme a su rango de ingresos brutos mensuales, el personal que se encontró en el rango de ingresos de 20 001 a 25 000 pesos mexicanos incrementó 55.4% en comparación con lo reportado en 2019.

  • Durante 2020, se iniciaron y/o abrieron 1 820 243 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación; se determinaron y/o concluyeron 174 243 averiguaciones previas iniciadas e investigaciones, 1 157 777 de carpetas de investigación en la etapa de investigación inicial, y 112 200 en la etapa de investigación complementaria. Al cierre de 2020, quedaron 2 452 739 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación pendientes de concluir.

  • Durante 2020, se iniciaron y/o abrieron 1 820 243 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación; se determinaron y/o concluyeron 174 243 averiguaciones previas iniciadas e investigaciones, 1 157 777 de carpetas de investigación en la etapa de investigación inicial, y 112 200 en la etapa de investigación complementaria. Al cierre de 2020, quedaron 2 452 739 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación pendientes de concluir.

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) 2021, programa estadístico que ofrece información estadística sobre la gestión y desempeño de la Procuraduría General de Justicia o Fiscalía General de cada entidad federativa, específicamente en las funciones de gobierno, procuración de justicia, justicia para adolescentes y mecanismos alternativos de solución de controversias, con la finalidad de que esta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

    Entre los datos que aporta este Censo, se encuentra que:

  • Al cierre de 2020, se reportaron 3 720 Agencias del Ministerio Público de las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia, cifra que representó una disminución de 0.9% en comparación con la cantidad registrada en 2019. El personal adscrito a dichas agencias fueron 51 589 servidoras y servidores públicos, de los cuales 54.6% fueron hombres y 45.4% mujeres.

  • Durante 2020, las Procuradurías o Fiscalías Generales de Justicia ejercieron un presupuesto de 46 015 127 067 pesos. Dicha cifra representó un aumento de 7.4%, respecto al presupuesto ejercido en 2019.

  • Durante 2020, el personal fallecido adscrito a las agencias y/o fiscalías del Ministerio Público fue de 406, de los cuales, 81.8% fueron hombres y 18.2% mujeres. Ciudad de México concentró 27.6% del total nacional. Respecto al personal fallecido por COVID-19 adscrito a las agencias y/o fiscalías del Ministerio Público, durante 2020, la cifra registrada fue de 231, de los cuales 32.5% se reportaron en Ciudad de México.

  • Para el ejercicio de la función de los servicios periciales y/o servicio médico forense, al cierre de 2020 se contó con 283 unidades, 424 laboratorios y 205 anfiteatros. Respecto a lo reportado en 2019, la cantidad de unidades disminuyó 33.7% mientras que la cantidad de laboratorios aumentó 25.4% en 2020.

  • Durante 2020, se iniciaron y/o abrieron 1 820 243 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación (98.8% para adultos y 1.2% para adolescentes). Respecto a lo reportado en 2019, la cantidad de averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación disminuyó 12.3% en 2020.

  • En el mismo periodo se registraron 174 243 determinaciones y/o conclusiones en las averiguaciones previas iniciadas e investigaciones; 1 157 777 determinaciones y/o conclusiones efectuadas en las carpetas de investigación en la etapa de investigación inicial y 112 200 determinaciones y/o conclusiones efectuadas en las investigaciones y carpetas de investigación en la etapa de investigación complementaria.

  • Al cierre de 2020, quedaron pendientes de concluir 2 452 739 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación, tanto en la etapa de investigación inicial como en la etapa de investigación complementaria.

  • Durante 2020, se abrieron 229 361 expedientes en materia penal para adultos y justicia para adolescentes por los órganos o unidades administrativas encargadas de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. En comparación con lo reportado en 2019, la cantidad de expedientes abiertos disminuyó 23.6 por ciento. En el mismo periodo se concluyeron 226 302 expedientes, de los cuales 47.4% correspondió a acuerdos reparatorios. Respecto a 2019, los expedientes concluidos disminuyeron 17.2% en 2020.

    Los resultados del CNPJE 2021 integran información correspondiente a 2020, la cual se presenta mediante cuadros estadísticos organizados en los siguientes apartados: Estructura organizacional y recursos; Servicios periciales; Procuración de justicia y Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.

    Fuente: INEGI 25 de octubre de 2021

  • Jueves, 21 de octubre de 2021

    La Covid-19 sacó de la seguridad social a
    2 millones de trabajadores en México: OIT

  • En América Latina y el Caribe, sumando el aporte de México, 8 millones de personas dejaron de cotizar para una pensión y la protección social debido al impacto de la pandemia en los mercados laborales.

    A la distancia de los meses en los que la covid-19 sofocaba con más fuerza al país, los resultados del daño se van conociendo mejor. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) dio a conocer esta semana que la población en México que cotizaba en algún esquema de seguridad social disminuyó de cerca de 21 millones en 2019 a 19 millones en 2020.

    Alrededor de 2 millones de trabajadoras y trabajadores dejaron de aportar para una pensión, acumular semanas para un día jubilarse, tener derecho a una incapacidad pagada o al acceso directo a los servicios de salud, según el reporte Panorama de la protección social en América Latina y el Caribe: Avances y retrocesos ante la pandemia.

    Según la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en marzo de 2020 más de 120,000 personas pidieron una parte de su dinero acumulado porque se quedaron desempleadas. Tres meses después, en junio de ese año, el número de retiros subió a más de175,800.

    A pesar de que el empleo formal se ha ido recuperando, la gente ha seguido haciendo retiros por desempleo. En septiembre pasado se crearon más de 174,000 nuevos empleos formales, pero otras 170,573 personas sacaron dinero de sus cuentas de ahorro para la jubilación por desempleo.

    La caída de cotizantes a la seguridad social en la región fue de 7.3%, señala el informe de la OIT. Los países andinos: Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, fueron los más afectados, en esas naciones la disminución fue 24.5 por ciento.

    La segunda subregión con mayores estragos fue la del Cono Sur: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Ahí la caída en cotizantes fue 5.2 por ciento. “Y, finalmente, Centroamérica y México que experimentó una disminución 1.2 por ciento”.

    En 2005 sólo 36.6% de la población empleada tenía cobertura de seguridad social. Con altibajos a través de los años, para 2019 la proporción ya era de 46.6 por ciento. En el período 2012-2019 “la cantidad de cotizantes aumentó en 14 millones de personas y la de ocupados en 22 millones, lo que representa un incremento del 14 y 9.6%, respectivamente”.

    El año pasado, 216 millones de personas en los 12 países que conforman la región tenían una actividad económica. De ellas, poco menos de la mitad, 105 millones tenían seguridad social, mientras que en 2019 esta proporción era de 113.2 millones. Es decir, 8 millones de trabajadoras y trabajadores en Latinoamérica y el Caribe salieron de la formalidad y con ello, de la seguridad social.

    “La destrucción de empleos formales e informales ha sido significativa”. Sin embargo, el desempleo fue mayor para quienes trabajaban en ocupaciones informales, donde no tienen cobertura de seguridad social.

    El panorama antes descrito también se observó en México. El país inició el 2019 con más de 55.6 millones de personas ocupadas. De ellas, más de 20.9 millones tenían acceso a los servicios de salud por parte de su empleo y más de 34.3 millones laboraban sin seguridad social, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

    El organismo estimó que de abril a junio de 2020 más de 12 millones de personas no pudieron seguir laborando o fueron despedidas. Según la OIT, al menos 2 millones de ellas sí tenían seguridad social, pero dejaron de acceder a varios derechos que les otorgaba esa cobertura al quedarse sin empleo.

    El último reporte sobre pobreza el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indica que en 2018 sólo el 35% de las personas trabajadoras tenían acceso a la seguridad social. Para 2020 esa población aumentó a 35.8 por ciento.

    De acuerdo con el reporte de la OIT, “en Centroamérica y México se profundiza la falta de ingresos y pensiones para las personas mayores: el 52.7% no cuenta con ingresos, 21% recibe una pensión, 2.4% recibe un ingreso laboral y pensión y 24% percibe solo ingresos del trabajo”.

    Fuente:EL ECONOMISTA 21 de octubre de 2021

  • Jueves, 21 de octubre de 2021

    La falta de protección social durante la COVID-19
    crea más vulnerabilidad en América Latina

  • La gran mayoría de los trabajadores de la región no contaba con seguros de desempleo ni con otras maneras de compensar ingresos. El número de personas que cotizaron en los sistemas contributivos de protección social cayó un 7,9% y el 30% de los mayores de 65 años no tienen ingresos ni pensión.

    La pandemia del coronavirus ha evidenciado las deficiencias de los sistemas de protección social en América Latina y el Caribe, advirtió la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que señaló la necesidad de mejorar su cobertura, suficiencia y sostenibilidad para contribuir a mitigar el aumento de la pobreza y las desigualdades.

    Las cifras de la Organización así lo demuestran. Antes del inicio de la pandemia solo el 56% de los habitantes de la región estaban cubiertos por algún tipo de protección social y los sistemas contributivos, que dependen de las cotizaciones de los trabajadores y empleadores, únicamente incluían al 46% de los ocupados.

    “La gran mayoría de la población ocupada no contaba con seguros de desempleo ni con otras maneras de compensar ingresos, en especial quienes estaban en la informalidad”, destaca el estudio. “Una lección aprendida de esta pandemia es que la falta de protección social nos hace más vulnerables”.

    El documento plantea la necesidad de avanzar hacia “sistemas integrales de protección que tengan como base un piso de bienestar social con garantías para el acceso universal a la salud y la seguridad económica a lo largo del ciclo vital”.

    El estudio de la agencia de la onu estima que la crisis causada por la COVID-19 causó un descenso del 7,9% en el número de personas registradas que cotizaron en los sistemas contributivos de protección social, un registro que representa un retroceso de casi una década.

    Igualmente, indica que las estrategias más comunes para la protección de empleos e ingresos fueron la entrega de alimentos y la atención nutricional junto a políticas orientadas a la salud.

    Los hogares con menores que dependen de los ingresos de los trabajadores en el segmento informal de la economía vieron como aumentó su vulnerabilidad y la exposición a los riesgos asociados al trabajo infantil.

    El informe alerta también sobre la seguridad económica de las personas de mayor edad en América Latina y el Caribe ya que, según los datos más recientes, el 30% de los mayores de 65 años no reciben ningún tipo de ingreso laboral ni tampoco una pensión.

    Entre esta franja poblacional, solo el 47,2% de personas recibe una pensión o jubilación, el 7% opta tanto a una pensión como a ingresos laborales, y el 14,9% solamente se beneficia de ingresos laborales.

    Entre los futuros desafíos a los que se enfrenta la protección social el estudio destaca la necesidad de:

  • Avanzar hacia pisos de protección social que garanticen prestaciones mínimas para todas las personas.

  • Ampliar las políticas para la población infantil.

  • Expandir los seguros de desempleo.

  • Ofrecer protección universal en salud.

  • Garantizar la sostenibilidad de financiamiento, especialmente frente a elevados niveles de deuda y procesos inflacionarios.

    Fuente: ONU 20 de octubre de 2021

  • Martes, 19 de octubre de 2021

    Resultados del Censo Nacional de
    Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2021

  • Durante 2020, el presupuesto ejercido por las instituciones encargadas de la función de seguridad pública estatal fue de 96 571 357 632 pesos. Esta cantidad representó un aumento de 13.9% en comparación con la cifra reportada en 2019.

  • De las prestaciones laborales que recibió el personal, el aguinaldo, la prima vacacional y las vacaciones destacan como las de mayor frecuencia con 87.6%, 86.3% y 84.1% respectivamente; en cambio, becas escolares para sus hijos, ahorro solidario y apoyos para los familiares de elementos caídos en cumplimiento de su deber fueron las prestaciones de menor frecuencia con 6.2%, 4.1% y 3.8%, respectivamente.

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2021, programa que ofrece información estadística sobre la gestión y desempeño de la institución encargada de la función de seguridad pública de cada entidad federativa, con la finalidad de que esta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en el referido tema.

    Entre los datos que aporta este Censo, se encuentra que:

  • Al cierre de 2020 se reportaron 224 923 personas adscritas a las instituciones estatales encargadas de seguridad pública. De ellas, 75.4% (169 633) eran hombres y 24.6% (55 290) mujeres.

  • De acuerdo con el tipo de corporación, 100 500 elementos estaban adscritos a la policía preventiva. Del total de personal, la mayoría (45.0%) percibió un ingreso bruto mensual entre 10 001 y 15 000 pesos.

  • Durante 2020, a nivel nacional, el personal fallecido adscrito a las instituciones de seguridad pública estatal fue de 1 449. La principal causa de defunción fue por causas naturales (82.4%). El total de personal fallecido durante la jornada laboral fue de 116 personas, de las cuales 93.1% (108) fueron hombres y 6.9% (8) mujeres. El total de fallecidos representó una disminución de 26.6% con respecto a lo reportado en 2019. La mayoría del personal (53.3%) falleció en enfrentamientos con civiles armados.

  • Al cierre de 2020, las instituciones de seguridad pública estatales contaron 39 academias o institutos de formación policial que ejercieron un presupuesto de 1 438 787 720 pesos.

  • En 2020, las instituciones de seguridad pública estatales recibieron 13 328 quejas ciudadanas a través de los mecanismos para la recepción de quejas. Derivado de la normatividad en materia de régimen disciplinario, 11 618 servidoras y servidores públicos fueron sancionados y 364 fueron denunciados ante el Ministerio Público por la comisión de algún presunto delito realizado en el ejercicio de sus funciones.

  • Derivado de las llamadas procedentes al 911, en 2020 se registraron 18 205 896 incidentes de emergencia, la mayoría se relacionaron con el rubro de seguridad. En cuanto al sistema 089, se reportaron en total 387 529 incidentes; el principal fue tráfico de drogas.

  • En 2020 se aseguraron 9 995 armas de fuego, 6 757 (67.6%) eran cortas y 3 238 (32.4%) largas. En contraste con lo reportado en 2019, las armas largas aseguradas aumentaron 13.0%, mientras que las cortas disminuyeron 5.9 por ciento.

  • Durante 2020, la cantidad de víctimas atendidas por las instituciones de seguridad pública estatales fue de 211 137. De ellas 47.3% fueron mujeres, 13.6% hombres y para el restante 39.1% no se especificó el sexo. El principal grupo vulnerable de pertenencia fueron mujeres víctimas de discriminación o de violencia por razón de género.

  • En el mismo periodo, las instituciones de seguridad pública estatales tuvieron conocimiento de 13 542 reportes de personas desaparecidas o no localizadas: 53.3% correspondió a personas mayores de edad, 32.5% a menores de edad y en 14.2% no se especificó la condición de edad.

  • Asimismo, se reportaron 3 170 personas localizadas: 35.8% eran hombres, 26.6% mujeres y en 37.6% no se especificó el sexo.

  • En 2020 se tuvo registro de 716 enfrentamientos en los que participaron elementos adscritos a las instituciones de seguridad pública de las entidades federativas. El total de enfrentamientos indica que hubo un aumento de 110.6% en comparación con 2019.

    Fuente: INEGI 19 de octubre de 2021

  • Martes, 19 de octubre de 2021

    Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana

    Cifras durante septiembre de 2021

  • 64.5% de la población de 18 años y más considera que es inseguro vivir en su ciudad.

  • Las ciudades con mayor proporción de población que siente inseguridad fueron Fresnillo, Ciudad Obregón, Irapuato, Coatzacoalcos, Naucalpan de Juárez y Zacatecas.

    De acuerdo con los resultados del trigésimo segundo levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la primera quincena de septiembre de 2021, durante ese mes 64.5% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad.

    Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo con respecto a los registrados en septiembre de 2020 y junio de 2021, que fueron de 67.8 y 66.6%, respectivamente. En esta edición, 14 ciudades tuvieron cambios estadísticamente significativos con respecto de junio de 2021: 8 tuvieron reducciones y 6 incrementaron. La percepción de inseguridad permaneció mayor en el caso de las mujeres con 69.1%, mientras que para los hombres fue de 58.8 por ciento.

    Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Fresnillo, Ciudad Obregón, Irapuato, Coatzacoalcos, Naucalpan de Juárez y Zacatecas, con 94.3, 92.5, 91.7, 89.0, 88.3 y 86.1%, respectivamente.

    Por otro lado, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, Benito Juárez, Los Cabos, La Paz, San Nicolás de los Garza y Saltillo, con 14.5, 21.8, 22.2, 27.3, 28.6 y 29.5%, en ese orden.

    En específico, 75% de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 68.7% en el transporte público, 61.4% en el banco y 56.2% en las calles que habitualmente usa.

    Finalmente, en este trimestre, se proporciona información estadística sobre víctimas de violencia en el entorno familiar. Se estima que 7.5% de los hogares experimentó alguna situación de violencia de tal naturaleza entre enero y septiembre de 2021. En el mismo periodo, se estima que 6.4% de la población de 18 años y más fue violentada en el ámbito del hogar. Para las mujeres este porcentaje fue de 7.2%, mientras que en hombres fue de 5.4 por ciento.

    Fuente: INEGI 19 de octubre de 2021

  • Jueves, 23 de septiembre de 2021

    Desempleo, inflación y pobreza quitan el sueño a los mexicanos

  • Las preocupaciones de los mexicanos incrementan en línea con la pérdida de dinamismo de los indicadores. Derivado de la crisis Covid-19 en 2020 se sumaron 3.8 millones de personas a la pobreza, la tasa de inflación se encuentra en 5.87% y poco más de la mitad de los empleos son informales.

    Las preocupaciones de los mexicanos incrementan en línea con la pérdida de dinamismo de los indicadores. Derivado de la crisis Covid-19 en 2020 se sumaron 3.8 millones de personas a la pobreza, la tasa de inflación se encuentra en 5.87% y poco más de la mitad de los empleos son informales.

    Cuatro de cada 10 mexicanos (41.5%) se mostró preocupado por los niveles de desempleo, lo que implicó un aumento importante respecto del ejercicio pasado (36.4%), de acuerdo con los datos actualizados de la Encuesta de Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (Envipe) del Inegi.

    También incrementó la preocupación por el nivel de precios al consumidor; el 29.0% de los mexicanos consideró que es una de las problemáticas más grandes del país y 27.6% dijo estar agobiado por el aumento de la pobreza. En ambos rubros también hubo un incremento respecto del ejercicio del año previo.

    Adicionalmente, la preocupación por la salud también incrementó con la llegada de la pandemia, que hasta el momento ha cobrado la vida de 273,391 personas en México. El 40.2% de los mexicanos considera que la salud es una de las problemáticas más importantes en estos momentos.

    La preocupación por la inseguridad fue el único rubro que la pandemia logró moderar, como parte también de los confinamientos y la reducción de movilidad y actividades públicas, la incidencia de delitos de bajo impacto y el miedo de los ciudadanos se redujo también pasando de ser la preocupación de 68.2% de los mexicanos a afectar al 58.9% actualmente.

    Fuente:EL ECONOMISTA 23 de septiembre de 2021

  • Miércoles, 22 de septiembre de 2021

    Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
    sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021

  • Se estima en 21.2 millones el número de víctimas de 18 años y más en el país durante 2020, lo cual representa una tasa de prevalencia delictiva de 23520 víctimas por cada cien mil habitantes, cifra estadísticamente inferior a la estimada en 2019.

  • El 28.4% de los hogares del país contó con al menos un integrante víctima del delito.

  • En 93.3% de los delitos no hubo denuncia, o bien, la autoridad no inició una carpeta de investigación, lo que se denomina cifra negra.

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

    El propósito de esta encuesta es generar información a nivel nacional, por entidad federativa y áreas metropolitanas de interés sobre el fenómeno de la victimización delictiva durante 2020, así como la percepción social respecto de la seguridad pública y el desempeño de las autoridades en el período de marzo y abril de 2021, para proveer información a la sociedad ya quienes toman decisiones de política pública en estas materias.

    La ENVIPE permite hacer estimaciones sobre la victimización que afecta de manera directa a las personas ya los hogares en los delitos de robo total de vehículo, robo parcial de vehículo, robo en casa habitación, robo o asalto en calle o transporte público. Asimismo, robo en forma distinta a las anteriores (como carterismo, allanamientos con robo en patio o cochera, abigeato), fraude, extorsión, amenazas verbales, lesiones y otros delitos distintos a los anteriores (como secuestros y delitos sexuales). Delitos como narcotráfico, delincuencia organizada, robo de combustible y trata de personas, entre otros de este tipo, no son susceptibles de medirse en una encuesta de victimización.

    Principales resultados de la ENVIPE 2021

    La ENVIPE estima 21.2 millones de víctimas de 18 años y más, lo cual representa una tasa de prevalencia delictiva de 23 520 víctimas por cada cien mil habitantes durante 2020, cifra estadísticamente inferior a la estimada en 2019.

    La tasa de incidencia delictiva por cada cien mil habitantes en 2020 fue de 30601, cifra estadísticamente menor a la estimada en 2019 que fue de 33659.

    En 2020, el costo total a consecuencia de la inseguridad y el delito en hogares representó un monto de 277.6 mil millones de pesos, es decir, 1.85% del PIB. Lo anterior equivale a un promedio de 7 155 pesos por persona afectada por la inseguridad y el delito.

    La ENVIPE 2021 estima que los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar son por circunstancias atribuibles a la autoridad, tales como considerar la denuncia como pérdida de tiempo con 33.9% y la desconfianza en la autoridad con 14.2 por ciento.

    La percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en las entidades federativas en marzo y abril de 2021 se ubicó en 75.6 por ciento. Durante el mismo periodo, la sensación de inseguridad en los ámbitos más próximos a las personas fue de 65.5% en su municipio o demarcación territorial y 41.9% en su colonia o localidad. Dichas estimaciones fueron estadísticamente menores a las registradas en 2020.

    Documentación

    Los productos y documentos derivados de la ENVIPE 2021 que el INEGI pone a disposición de los usuarios son los siguientes: Tabulados con los principales resultados, Tabulados de medidas de precisión (errores estándar, coeficientes de variación e intervalos de confianza), Bases de datos, Descripción de archivos, Marco conceptual, Cuestionario principal y Módulo de victimización, Diseño muestral e Informe operativo.

    Como parte de los resultados de la ENVIPE, el INEGI pone a disposición de sus usuarios 700 tabulados con los principales resultados de información de la Encuesta, los cuales se clasifican en los siguientes temas: 1) Nivel de victimización y delincuencia; 2) Caracterización del delincuente; 3) Denuncia del delito; 4) Características de las víctimas de delito, los delitos y los daños; 5) Percepción sobre la seguridad pública; 6) Desempeño institucional; 7) Caracterización del delito en los hogares; 8) Información en ciudades y/o áreas metropolitanas, e 9) Información Ciudad de México.

    Fuente: INEGI 22 de septiembre de 2020

  • Miércoles, 1 de septiembre de 2021

    Más de 4.000 millones de personas todavía
    no tienen acceso a ninguna protección social

  • Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-2022

    A pesar de la expansión sin precedentes de la protección social durante la crisis generada por la COVID-19, más de 4.000 millones de personas en el mundo siguen estando completamente desprotegidas, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

    El informe constata que la respuesta a la pandemia fue desigual e insuficiente, aumentando la distancia entre los países de altos ingresos y los de bajos ingresos, y no logró ofrecer la protección social indispensable que todos los seres humanos merecen.

    La protección social incluye el acceso a la atención médica y a la seguridad del ingreso, en particular para las personas de edad, en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, accidente en el trabajo, maternidad o pérdida del principal generador de ingresos de la familia, así como para las familias con hijos.

    El Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-2022: La protección social en la encrucijada – en busca de un futuro mejor ofrece un panorama mundial de la evolución reciente de los sistemas de protección social, incluyendo los pisos de protección social, y abarca las consecuencias de la pandemia de COVID-19. El informe identifica los déficits en materia de protección social y formula recomendaciones políticas esenciales, en especial en relación a los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

    En la actualidad, sólo 47 por ciento de la población mundial está efectivamente cubierta por al menos una prestación de protección social, mientras que 4.100 millones de personas (53 por ciento) no se benefician de ninguna seguridad del ingreso de su sistema de protección social nacional.

    Existen diferencias regionales considerables en materia de protección social. Europa y Asia Central tienen las tasas de cobertura más altas, con 84 por ciento de la población cubierta por al menos una prestación. Las Américas también tienen una tasa superior a la medida mundial, con 64,3 por ciento. Asia y el Pacífico (44 por ciento), los Estados Árabes (40 por ciento) y África (17,4 por ciento) tienen evidentes deficiencias en materia de cobertura.

    A nivel mundial, la gran mayoría de los niños aún no tiene una cobertura efectiva de protección social; sólo uno de cada cuatro niños (26,4 por ciento) se beneficia de una prestación de protección social. Sólo 45 por ciento de las mujeres con recién nacidos recibe una prestación de maternidad en efectivo. Sólo una de cada tres personas con discapacidad grave en el mundo (33,5 por ciento) recibe una prestación por invalidez. La cobertura de las prestaciones de desempleo es aún más baja, sólo 18,6 por ciento de los trabajadores desempleados de todo el mundo están efectivamente cubiertos. Si bien 77,5 por ciento de las personas con derecho a pensión de vejez reciben una forma de pensión de ancianidad, persisten importantes disparidades entre las regiones, entre zonas urbanas y rurales, y entre hombres y mujeres.

    El informe señala que el déficit de financiación (el gasto adicional necesario para garantizar al menos una protección social mínima para todos) ha aumentado de alrededor de 30 por ciento desde el comienzo de la crisis generada por la COVID-19.

    A fin de garantizar al menos una cobertura de protección social básica, los países de bajos ingresos deberían invertir 77.900 millones de dólares adicionales al año, los países de ingresos medios-bajos 362.900 millones de dólares adicionales al año, los países de ingresos medios-altos 750.800 millones de dólares adicionales al año. Esto equivale respectivamente a 15,9; 5,1 y 3,1 por ciento de su PIB.

    Medidas específicas para promover una protección social universal fueron presentadas en el Llamamiento mundial a la acción para una recuperación centrada en las personas de la crisis causada por la COVID-19 . Este Llamamiento a la acción, que define un programa de recuperación completo, fue adoptado por unanimidad en junio 2021 por los Estados miembros de la OIT, en representación de los gobiernos, las organizaciones de trabajadores y de empleadores.

    Fuente: OIT 01 de septiembre de 2021

  • Jueves, 19 de agosto de 2021

     

    Chiapas. Pobreza 2020

    La Secretaría de Hacienda, en el marco del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, presenta el documento Chiapas. Pobreza 2020.

    Este documento pretende mostrar un panorama general de la Población Hablante de Lengua Indígena (PHLI) residente en el Estado de Chiapas en el año 2020, tomando como fuente de información los datos publicados por el INEGI como resultado del reciente Censo de Población y Vivienda 2020.

    A nivel nacional se registro que 43.9% de la población se encontraba en condición de pobreza.

    El estado de Chiapas tuvo el mayor porcentaje de población en condición de pobreza ya que representa tres cuartas partes de su población total, es decir 75.5%.

    A nivel nacional se registró un aumento de 2 puntos en cuanto al porcentaje de población en condición de pobreza entre los años 2018 y 2020. Lo anterior representó un aumento de 3 millones 763 mil personas.

    En lo que respecta a Chiapas, se ubicó dentro de las 13 entidades que redujeron su porcentaje de población en condición de pobreza, registrando 2.5 puntos porcentuales menos en el año 2020 en relación al año 2018, en términos absolutos fue una disminución de 52 mil personas.

    En lo que respecta al porcentaje de población en condición de pobreza moderada en el año 2020, a nivel nacional se obtuvo el valor de 35.4% del total de la población.

    El estado de Chiapas, ocupó la tercera posición a nivel nacional con un valor de 46.4%, que representa 2 millones 594 mil personas con esta condición en el año 2020.

    A nivel nacional se registró un aumento de 0.5 puntos en cuanto al porcentaje de población en condición de pobreza moderada, entre los años 2018 y 2020, lo anterior representó un aumento de 1 millón 666 mil personas.

    Chiapas, se ubicó dentro de las 19 entidades que redujeron su porcentaje de población en condición de pobreza moderada, registrando 1 punto porcentual menos en el año 2020 en relación al año 2018, en términos absolutos fue una disminución de 61 mil personas.

    En lo que respecta al porcentaje de población en condición de pobreza extrema en el año 2020, a nivel nacional se obtuvo el valor de 8.5% del total de la población.

    En este aspecto, el estado de Chiapas registro el valor más alto a nivel nacional con 29%; que representa 1 millón 623 mil personas en esta condición.

    A nivel nacional se registró un aumento de 1.5 puntos en cuanto al porcentaje de población en condición de pobreza extrema, entre los años 2018 y 2020, lo anterior representó un aumento de poco más de 2 millones de personas.

    Chiapas se ubicó como la tercer entidad con la mayor reducción del porcentaje de población en condición de pobreza extrema con 1.5 puntos porcentuales menos, lo que en términos absolutos representó una disminución de poco menos de 10 mil personas.

    A nivel nacional el porcentaje de población vulnerable por carencias sociales alcanzó la cifra de 23.7%.

    Chiapas se ubicó como la entidad con el menor porcentaje de población en esta condición al registrar 14.1%, cifra que representa a 788 mil personas.

    A nivel nacional el porcentaje de población vulnerable por ingresos alcanzó la cifra de 8.9% en el año 2020.

    La entidad con el menor porcentaje de población en esta condición es Oaxaca con 2.4%, en segundo lugar se ubica Chiapas al registrar 3.3% de su población, esta cifra representa a 183 mil personas.

    El porcentaje de población no pobre y no vulnerable a nivel nacional registró un valor de 23.5% en el año 2020.

    La entidad con el menor porcentaje de población en esta condición es Chiapas con 7.1%, que en términos absolutos representa 397 mil personas.

    El porcentaje de población con rezago educativo a nivel nacional registró un valor de 19.2% en el año 2020.

    Para el mismo año, Chiapas fue la entidad que registró el mayor porcentaje de población en esta condición con 32.5%, dicho valor representó un aumento de 1.3 puntos porcentuales en relación al valor registrado en 2018.

    En lo que se refiere a la carencia por acceso a los servicios de salud, se tiene que a nivel nacional se registró que 28.2% de la población se encontraba en esta condición en el año 2020.

    Para el año 2020, en el estado de Chiapas se registró que 37.1% de su población padecía esta condición, dicho valor posicionó al estado como la segunda entidad con el mayor porcentaje registrado.

    Cabe mencionar que el incremento del valor estatal entre el año 2018 y el 2020 fue de poco más del doble, es decir 19.7 puntos porcentuales más.

    El porcentaje de población con carencia por acceso a la seguridad social a nivel nacional en 2020 registró el valor de 52% de la población.

    Para el mismo año, Chiapas fue el estado con el mayor porcentaje de población en esta condición con 78.9%, dicho valor fue 4.2 puntos porcentuales menos que el registrado en el 2018 (83.1%).

    A nivel nacional, el porcentaje de población con carencia por calidad y espacios de la vivienda en 2020 registró el valor de 9.3% de la población con esta carencia.

    Chiapas ocupó la tercera posición a nivel nacional como las entidades con mayo porcentaje de su población con esta carencia, dicho valor fue 20%; mismo que registro un descenso de 3.6 puntos porcentuales en relación al año 2018 (23.6%).

    La dotación de servicios básicos ha sido contemplada en todo momento por los diferentes niveles de gobierno, para el año 2020 a nivel nacional, el porcentaje de población con carencia por acceso a estos servicios en la vivienda registró el valor de 17.9%.

    Chiapas ocupó la segunda posición a nivel nacional como las entidades con mayor porcentaje de su población con esta carencia, dicho valor fue 55.8%; registrando una disminución de 1.3 puntos porcentuales en relación al año 2018 (57.1%).

    El porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad a nivel nacional se ubicó en 22.5% para el año 2020.

    En lo que respecta al estado de Chiapas, se tiene que 24.5% de su población presenta esta carencia, dicho valor presentó una disminución de 1.2 puntos porcentuales en relación al año 2018 (25.7%).

    A nivel nacional, el porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos fue de 17.2 para el año 2020.

    Chiapas fue el estado con el mayor porcentaje de población con esta carencia al registrar 44.1%, a pesar de lo anterior también fue el estado con la mayor disminución de dicho porcentaje al registrar 5.2 puntos porcentuales menos en relación al año 2018 (49.4%).

    A nivel nacional, el porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos alcanzó un valor de 52.8% para el año 2020.

    Chiapas, al igual que en el indicador anterior, fue el estado con el mayor porcentaje de población con esta carencia al registrar 78.8%, aún con lo anterior se ubicó dentro de las entidades que lograron reducir dicho porcentaje con 2.2 puntos porcentuales menos en relación al año 2018 (81%).

    Fuente: SH 19 de agosto de 2021

    Miércoles, 21 de julio de 2021

    Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana

    Cifras durante junio de 2021

    De acuerdo con los resultados del trigésimo primer levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI en la primera quincena de junio de 2021, durante ese mes 66.6% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

    Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo con respecto del registrado en diciembre de 2020, que fue de 68.1%. Sin embargo, no representa un cambio estadísticamente significativo con respecto de marzo de 2021, que fue de 66.4%. En esta edición, 12 ciudades tuvieron cambios estadísticamente significativos con respecto de marzo de 2021: 4 tuvieron reducciones y 8 incrementaron. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 71.3%, mientras que para los hombres fue de 60.9 por ciento.

    Por primera vez, la ENSU identifica la frecuencia de salida de su vivienda, ya sea por cuestiones laborales, escolares, de salud, para realizar compras, etcétera. Se estima que 52% de la población de 18 años y más en zonas urbanas, salió diariamente de su vivienda durante el segundo trimestre de 2021, de los cuales el 66.1% tuvo sensación de inseguridad.

    Fuente: INEGI 19 de julio de 2021

    Martes, 6 de julio de 2021

    Teletrabajo en América Latina: 23 millones de personas
    trabajaron desde casa durante la pandemia de COVID-19

  • Desde que entraron en vigor las medidas de confinamiento, entre el 20 y 30% de los asalariados que estuvieron efectivamente trabajando, lo hicieron desde sus domicilios.

    El teletrabajo irrumpió en los mercados laborales de América Latina y el Caribe como una manera de enfrentar las consecuencias de la pandemia COVID-19, permitiendo la continuidad de actividades en algunos sectores en el contexto de una caída devastadora de la actividad económica, con pérdida de empleo, caída de los ingresos y cierre de empresas.

    Las estimaciones preliminares de la Organización Internacional del Trabajo indican que, en el peor momento de la crisis, en el segundo trimestre de 2020, unos 23 millones de personas teletrabajaron en la región.

    Esto representa entre el 20 y 30% de los asalariados que estuvieron efectivamente trabajando. Antes de la pandemia, esa cifra era inferior al 3%.

    El informe destaca que, aunque es muy temprano para predecir el alcance efectivo del teletrabajo, será necesario que los países y las sociedades estén preparados para asumir que esta modalidad llegó para quedarse, ya sea como una solución conveniente para algunas personas y empresas, o a través de la proliferación de formas híbridas que combinen trabajo presencial con trabajo desde el hogar.

    El análisis de la agencia de la ONU señala que si bien ya antes de la pandemia existía el trabajo desde el domicilio, este abarcaba principalmente a trabajadores por cuenta propia, o en situaciones especiales se combinaba con trabajo en el establecimiento, “pero en el contexto de cuarentena pasó, en mucho casos, a ser la modalidad exclusiva de trabajo”.

    Aunque en los últimos tiempos la región ha reportado avances en materia de regulación del teletrabajo, el aumento sin precedentes de esta modalidad expuso una multiplicidad de desafíos que deben ser abordados.

    El informe destaca algunos para enfrentar esos desafíos del teletrabajo:

  • Principio de voluntariedad y acuerdo entre las partes

  • Organización y tiempo de trabajo

  • Seguridad y salud en el trabajo

  • Protección del derecho de privacidad de los trabajadores

    Los temas de la seguridad social, del cumplimiento de las jornadas, de libertad de asociación, de acceso a la formación laboral, de salud y seguridad en el lugar de trabajo, entre otros, forman parte de los temas a considerar.

    El informe destaca que para abordar estos temas es clave el diálogo entre gobiernos, empleadores y trabajadores.

    “Resulta fundamental considerar las lecciones aprendidas durante la pandemia”, dice la OIT, pero también indica que para futuros análisis sobre este tema “se requiere contar con estadísticas oficiales que brinden información adecuada, comparable y actualizada” sobre el teletrabajo en América Latina y el Caribe.

    Fuente: ONU 06 de julio de 2021

  • Viernes, 2 de julio de 2021

    Día Internacional de las Cooperativas

  • Más del 12 % de las población mundial es cooperativista de alguna de las 3 millones de cooperativas del planeta

    El 3 de julio, se celebrará el Día Internacional de las Cooperativas (#CoopsDay) con el tema «Reconstruir mejor juntos». Las cooperativas de todo el mundo mostrarán cómo están afrontando la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19 con solidaridad y resiliencia, ofreciendo a las comunidades una recuperación centrada en las personas y respetuosa con el medioambiente.

    En ámbitos como la salud, la agricultura, la producción, el comercio minorista, las finanzas, la vivienda, el trabajo, la educación, los servicios sociales y muchos otros ámbitos en los que se desarrollan las cooperativas, los más de mil millones de miembros cooperativos en todo el mundo siguen demostrando que nadie tiene por qué enfrentarse solo a una crisis como la pandemia actual.

    Las cooperativas son reconocidas como asociaciones y empresas a través de las cuales los ciudadanos pueden mejorar sus vidas de manera efectiva mientras contribuyen al avance económico, social, cultural y político de su comunidad y país. El movimiento cooperativo también ha sido reconocido como un actor principal en los asuntos nacionales e internacionales.

    Las cooperativas también fomentan la igualdad externa. Como están basadas en la comunidad, están comprometidas con el desarrollo sostenible de sus comunidades, ambiental, social y económicamente. Este compromiso se puede ver en su apoyo a las actividades comunitarias, el suministro local de suministros para beneficiar a la economía local y en la toma de decisiones que considera el impacto en sus comunidades.

    A pesar de su enfoque en la comunidad local, las cooperativas también aspiran a llevar los beneficios de su modelo económico y social a todas las personas en el mundo. La globalización debe regirse por un conjunto de valores como los del movimiento cooperativo; de lo contrario, la desigualdad y los excesos crearían sociedades insostenibles.

    El movimiento cooperativista es muy democrático, localmente autónomo pero integrado internacionalmente y una forma de organización de asociaciones y empresas por la cual los ciudadanos cuentan con la autoayuda y su propia responsabilidad para alcanzar objetivos no solo económicos sino también sociales y ambientales, como la superación de la pobreza, la obtención de empleo productivo y el fomento de la integración social.

    Fuente: ONU 02 de julio de 2021

  • Jueves, 1 de julio de 2021

    Mejores medidas de bienestar
    necesarias para políticas infantiles eficaces

    Mejorar el bienestar infantil beneficia a la sociedad en su conjunto y es clave para fomentar la prosperidad. Sin embargo, mejorar las políticas para ayudar a los niños a prosperar requerirá mejores datos sobre sus necesidades y experiencias vividas, según un nuevo informe de la OCDE.

    La medición de lo que importa para el bienestar y las políticas del niño desarrolla un nuevo marco de medición del bienestar del niño, identifica las brechas clave en los datos del niño y describe cómo pueden subsanarse.

    Un enfoque multidimensional es fundamental porque interactúan las dificultades o fortalezas en diferentes áreas. El informe cita, por ejemplo, cómo la regulación emocional en la primera infancia tiene un impacto positivo en el aprendizaje y en la calidad de las amistades y las habilidades sociales a medida que los niños crecen.

    El marco trata las diferentes dimensiones del bienestar infantil (bienestar material, social, emocional, cultural y educativo, así como la salud física y el desarrollo cognitivo) como interconectados. También tiene como objetivo captar la distribución del bienestar a través de medidas que reflejen la falta de oportunidades y las disparidades entre los diferentes grupos de niños, por ejemplo, por sexo, arreglo de vida y origen migrante.

    El informe dice que aunque los datos internacionales comparables han mejorado, su alcance sigue siendo limitado. Algunos niños, a menudo los más vulnerables, con frecuencia faltan o no son fácilmente identificables en los datos existentes, mientras que la información es limitada sobre el bienestar de los más pequeños y sobre las propias opiniones de los niños sobre aspectos importantes de sus vidas.

    Se necesita una acción coordinada de los gobiernos, las organizaciones internacionales y la comunidad en general para mejorar la disponibilidad de datos sobre la infancia entre países. Esta es una tarea considerable, dice. Requerirá una inversión significativa y un compromiso a medio y largo plazo.

    El informe ha sido elaborado por el nuevo Centro de Bienestar, Inclusión, Sostenibilidad e Igualdad de Oportunidades (WISE) de la OCDE . El Centro está generando nuevos datos y soluciones para mejorar el bienestar de las personas y reducir las desigualdades, y para comprender mejor el impacto de las políticas y acciones comerciales en la vida de las personas.

    Fuente: OECD 01 de julio de 2021

    Miércoles, 30 de junio de 2021

    La migración laboral crece de cinco millones a nivel mundial

  • Un nuevo informe de la OIT estima que entre 2017 y 2019 el número de migrantes internacionales ha incrementado de 164 millones a 169 millones.

    A nivel mundial, el número de trabajadores migrantes internacionales ascendió a 169 millones, un aumento de tres por ciento desde 2017, según las últimas estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

    La proporción de trabajadores jóvenes migrantes (16-24 años) también aumentó, de casi dos por ciento, o 3,2 millones, desde 2017. Su número ascendió a 16,8 millones en 2019.

    El nuevo informe Estimaciones mundiales de la OIT sobre los trabajadores y las trabajadoras migrantes – Resultados y metodología , muestra que en 2019, los trabajadores migrantes internacionales representaron alrededor del cinco por ciento de la fuerza de trabajo mundial, convirtiéndolos en una parte integral de la economía mundial.

    Sin embargo, muchos trabajadores migrantes con frecuencia ocupan empleos temporales, informales o no protegidos, lo cual los expone a un riesgo mayor de inseguridad, despidos y el deterioro de las condiciones de trabajo. La crisis de COVID-19 ha agravado estas vulnerabilidades, sobre todo para las trabajadoras migrantes, ya que están sobrerrepresentadas en empleos mal remunerados y poco calificados, y tienen un acceso limitado a la protección social y menores oportunidades de acceso a los servicios de apoyo.

    Más de dos terceras partes de los trabajadores migrantes internacionales se concentran en los países de altos ingresos. De los 169 millones de trabajadores migrantes internacionales, 63,8 millones (37,7 por ciento) viven en Europa y Asia Central. Otros 43,3 millones (25,6 por ciento) viven en las Américas. Por consiguiente, Europa, Asia Central y las Américas albergan, conjuntamente, 63,3 por ciento de todos los trabajadores migrantes.

    La mayoría de los trabajadores migrantes – 99 millones – son hombres, mientras que 70 millones son mujeres.

    En calidad de trabajadoras migrantes, las mujeres enfrentan más obstáculos socioeconómicos y tienen mayores probabilidades de migrar como miembros de la familia acompañantes por razones distintas a la de buscar trabajo. Ellas pueden experimentar discriminación de género en el empleo y es posible que no tengan contactos con personas afines, lo cual dificulta el equilibrio entre la vida profesional y familiar en un país extranjero.

    El porcentaje de jóvenes entre los trabajadores migrantes internacionales ha aumentado, de 8,3 por ciento en 2017 a 10 por ciento en 2019. Este aumento probablemente está relacionado con las elevadas tasas de desempleo juvenil en los países en desarrollo. La gran mayoría de los trabajadores migrantes (86,5 por ciento) todavía está constituida por adultos jóvenes (25-64 años).

    Según el informe – que se concentra en el período 2017-2019 – 66,2 por ciento de los trabajadores migrantes se encuentra en el sector de los servicios, 26,7 por ciento en la industria y 7,1 por ciento en la agricultura. Sin embargo, subsisten importantes diferencias de género entre un sector y otro: Las trabajadoras migrantes están mayormente representadas en los servicios, lo cual puede ser explicado en parte por la creciente demanda de cuidadores, como en el sector de la salud y del trabajo doméstico. Los trabajadores migrantes están más representados en la industria.

    https://youtu.be/sJm9m7BXEzY

    Fuente: OIT 30 de junio de 2021

  • Viernes, 25 de junio de 2021

    OIT y ONU Mujeres: Es hora de decir basta a la
    violencia y el acoso laboral en América Latina y el Caribe

  • Las Oficinas Regionales de la OIT y de ONU Mujeres hicieron un llamado a los países de la región a mantener el liderazgo en la ratificación de la norma internacional que entró en vigor.

    La OIT y ONU Mujeres exhortaron a los países de América Latina y el Caribe a avanzar hacia la ratificación del Convenio 190 sobre la Violencia y el Acoso que entró en vigor, esencial para construir un futuro del trabajo más digno, seguro y saludable.

    “La violencia y el acoso son inaceptables en cualquier lugar y en cualquier momento, pero ahora debemos estar más alertas que nunca, pues el riesgo de violencia mayor en tiempos de crisis: el brote del COVID-19 ha sido un triste recordatorio de que eso puede suceder. La frustración, la presión económica, el estrés pueden ser detonadores de violencia, con más riesgos para las mujeres trabajadoras. Además de una ser una grave violación de derechos, la violencia tiene impactos negativos sobre el empleo, condiciones de trabajo y productividad”.

    “Una de las primeras cosas que desapareció a consecuencia de la pandemia fue el empleo femenino, por el impacto que tuvo en áreas que suelen emplear principalmente mujeres, como el comercio, la hostelería y los servicios. Las que mantuvieron el empleo expuestas a violencias laborales que suelen ser invisibilizadas, por ejemplo, en el trabajo doméstico; el personal sanitario -en su mayoría mujeres- expuesto a ataques violentos y al acoso en el trabajo y en medios de transporte. El Convenio 190 no solo promueve espacios seguros en el trabajo, sino también reconoce que la violencia domestica afecta la participación de las mujeres en el mundo del trabajo, su productividad, su acceso al empleo y su salud. En nuestra visión de ‘reconstruir mejor’, contar con el trabajo de las mujeres es fundamental: la definición amplia y abarcadora de este Convenio debería ser un compromiso para que los países se aboquen a resolver esta injusticia y coloquen a las mujeres en el centro de sus medidas de recuperación post-COVID”.

    El Convenio 190 introduce una serie de importantes innovaciones. Por primera vez se aclara lo que debe entenderse por ‘violencia y acoso en el mundo del trabajo’ y se precisan las medidas que deben tomarse para prevenirla y abordarla, y quién debe hacerlo.

    Su alcance es amplio: aplica a todas las personas en el mundo laboral, el entorno, y también a todos los demás trabajadores y trabajadoras, independientemente de su situación contractual, así como a aprendices, quienes hacen trabajo voluntario o buscan un empleo, entre otros. También las personas que ejercen la autoridad, las funciones y las responsabilidades del empleador, caen bajo la tutela del Convenio.

    Asimismo, el Convenio es aplicable a todos los sectores de la economía, incluyendo el sector público y el privado y la economía informal, tanto en el ámbito urbano como en el rural. Los países que han ratificado se comprometen a establecer mecanismos de prevención y protección, control de su aplicación, vías de recurso y reparación, así como orientación y difusión.

    Las mujeres trabajadoras latinoamericanas lideran el movimiento para la ratificación en sus países, reconociendo la importancia de generar entornos de trabajos seguros y libres de violencia de género para lograr la equidad en el trabajo.

    Los países cuentan con un año después de la ratificación para su entrada en vigor a nivel nacional. Esto les permite abrir un diálogo tripartito donde el Estado, los empleadores y trabajadores pueden examinar la legislación y la practica nacional y trazar una hoja de ruta para llevar a cabo los cambios normativos, identificar los retos de aplicación y, sobre todo, fomentar los cambios culturales para un entorno de “tolerancia cero” a la violencia y el acoso en el lugar de trabajo.

    Los Convenios son parte esencial de las normas internacionales del trabajo, instrumentos jurídicos elaborados por los mandantes de la OIT (gobiernos, empleadores y trabajadores), con objeto de enunciar los principios y derechos fundamentales en el trabajo y de reglamentar otros ámbitos del mundo laboral.

    Fuente: OIT 25 de junio de 2021

  • Miércoles, 23 de junio de 2021

    Atrapados: alta desigualdad y bajo
    crecimiento en América Latina y el Caribe

    La región se encuentra en una trampa de alta desigualdad y bajo crecimiento. La concentración de poder, la violencia, y las políticas de protección social ineficientes alimentan ese círculo vicioso y limitan el desarrollo humano.

    La brecha entre extrema riqueza y extrema pobreza y vulnerabilidad que caracteriza a la región quedó en evidencia como nunca y se profundizó aún más a raíz de la pandemia de la COVID-19. El Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 “Atrapados: Alta Desigualdad y Bajo Crecimiento en América Latina y el Caribe”, lanzado de forma virtual por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), analiza la trampa en la que se encuentra sumida la región, que impide el avance hacia el logro de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

    A pesar de los avances de las últimas décadas, los países de América Latina y el Caribe son más desiguales que los de otras regiones con niveles similares de desarrollo, y sus indicadores sociales aún se encuentran por debajo de los esperados para su nivel de ingreso promedio.

    El informe explora tres factores que se repiten y retroalimentan el círculo vicioso de alta desigualdad y bajo crecimiento: la concentración de poder, la violencia en todas sus formas y las políticas de protección social que no funcionan bien.

    El documento señala que la concentración de poder en manos de unos pocos que defienden sus intereses privados es uno de los factores que conectan la alta desigualdad con el bajo crecimiento. A través de su influencia política, el poder mal utilizado distorsiona las políticas públicas y debilita las instituciones. Un ejemplo que se explora en el informe es el rol de las élites económicas en el bloqueo a reformas fiscales que apoyarían una forma más progresiva de redistribución. Para balancear la distribución de poder, el organismo sugiere explorar líneas de acción como la regulación del lobby y el financiamiento de las campañas políticas.

    También se destaca que la región es la más violenta del planeta, y advierte que si bien la desigualdad causa mayor violencia, la violencia también aumenta la desigualdad porque afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables, contribuyendo a perpetuar su estado de privación. La violencia limita también el crecimiento a través de su impacto sobre el capital humano (y la productividad) y sobre la inversión pública y privada que se ve distorsionada, así como por el gasto en seguridad y por la incertidumbre acerca de los derechos de propiedad.

    Entre las líneas de acción que propone el documento para abordar este tema, figuran el fortalecimiento de los sistemas de justicia local y la expansión de la atención en salud mental para las víctimas de violencia.

    El informe también se detiene en la fragilidad de los sistemas de protección social de la región, evidenciada en su limitada capacidad de respuesta durante la pandemia. La vinculación de los sistemas de aseguramiento frente a los riesgos con el empleo formal ha motivado a los gobiernos a crear sistemas paralelos, de menor calidad, para cubrir a las personas que quedan excluidas, que en la región son la mayoría. Los países de ALC tienen mercados laborales segmentados y sistemas de protección social que reproducen desigualdades e incentivan la organización de la producción en negocios muy pequeños y poco productivos. Para ello, el documento sugiere repensar la protección social para asegurar universalidad.

    Finalmente, el reporte plantea que las soluciones deben llevar a un mayor crecimiento con sostenibilidad ambiental, y a una mayor inclusión y movilidad social. Se trata de soluciones que requieren balancear el poder en el área de la definición de reglas y políticas, erradicar la violencia en todas sus formas y redefinir del ambiente institucional que constituye la esencia del contrato social: las oportunidades en el mercado laboral, la fiscalidad y la protección social.

    Fuente: PNUD 22 de junio de 2021

    Martes, 22 de junio de 2021

    Concentración de poder, violencia y protección social
    ineficiente limitan el desarrollo humano en América Latina

  • La región está atrapada en un círculo vicioso exacerbado por la pandemia de COVID-19 que produce avances muy desiguales y bajo crecimiento, revela un nuevo informe de la ONU.

    La pandemia de COVID-19 ha aumentado enormemente la brecha entre riqueza y pobreza extremas, al igual que la vulnerabilidad en América Latina y el Caribe, asegura el Informe Regional de Desarrollo Humano 2021, divulgado este martes por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

    El estudio destaca que la región se encuentra empantanada en una trampa que no le permite avanzar hacia la consecución de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.

    Según los datos del PNUD, los progresos conseguidos en las últimas décadas son más desiguales en los países latinoamericanos y caribeños que en las otras regiones del mundo comparables con sus niveles de desarrollo, además de que sus indicadores sociales están por debajo de lo que deberían tomando en cuenta que se trata de una región de renta media.

    Con respecto a la concentración de poder en manos de unos pocos que defienden sus intereses privados, el texto señala que la influencia política de estos individuos o grupos hacen mal uso del poder que detentan, distorsionando así las políticas públicas y debilitando las instituciones.

    El informe recuerda que la región es la más violenta del mundo y destaca la violencia y la desigualdad forman un ciclo cerrado en el que la violencia es causa y consecuencia de la desigualdad y viceversa. La desigualdad provoca mayor violencia, pero la violencia aumenta la desigualdad porque afecta y priva desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables, detalla.

    Además, la violencia limita el crecimiento al golpear el capital humano, la productividad y la inversión pública y privada, mientras obliga a aumentar el presupuesto para la seguridad.

    En cuanto a los sistemas de protección social, el PNUD los considera frágiles y destaca la capacidad limitada de respuesta que tuvieron durante la pandemia. Los gobiernos han creado sistemas paralelos de menor calidad para cubrir a las personas que quedan excluidas, “que en la región son la mayoría”, indica.

    Los mercados de trabajo de las naciones latinoamericanas y caribeñas están segmentados y tienen sistemas de protección social que reproducen desigualdades e incentivan la organización de la producción en negocios muy pequeños y poco productivos. Ante esta realidad, el informe sugiere repensar la protección social para asegurar la cobertura universal.

    De acuerdo con el Programa de la ONU para el Desarrollo, para salir de la trampa que frena el avance de los países de la región se deben buscar soluciones que impulsen un crecimiento ambientalmente sostenible y que propicien la inclusión y la movilidad social.

    Dichas soluciones -abunda el documento-, deben tener el objetivo de erradicar la violencia en todas sus formas y rediseñar la operación institucional como base del contrato social que debe garantizar, entre otras cosas, oportunidades en el mercado laboral y protección social.

    El estudio argumenta que la crisis asociada con el COVID-19 es muy diferente de la crisis de la deuda de la década de 1980. La primera es un hecho realmente exógeno causado por un virus; la segunda fue en gran medida endógena, causada por una mala gestión macroeconómica.

    Sin embargo, hay una dimensión en la que la crisis actual que podría ser muy similar a la de la década de 1980: puede ir seguida de cambios sustanciales en la protección social y la tributación, conforme los países luchan por contener los daños sociales, restablecer el equilibrio fiscal y reanudar el crecimiento económico.

    El informe aclara, no obstante, que el restablecimiento del equilibrio fiscal debe tener en cuenta muchos factores ya que con el actual sistema de protección social, aumentar los impuestos para financiar más gasto social no daría lugar a una prosperidad compartida y sostenible. En cambio, si los países contaran con un sistema de protección universal la región sería más equitativa y podría crecer más rápidamente.

    Fuente: ONU 22 de junio de 2021

  • Miércoles, 19 de mayo de 2021

    Centro de Excelencia, una década de trabajo
    para mejorar las estadísticas delictivas

  • El Centro de Excelencia es pionero a nivel internacional en el impulso de iniciativas que mejoren la generación de estadísticas sobre gobernanza, seguridad y justicia.

  • Se inauguró en 2011 como resultado de un acuerdo de colaboración entre UNODC y el INEGI.

  • El reto ahora es aprovechar la experiencia de este Centro para potenciar su alcance hacia temáticas como la medición de la victimización, la corrupción y los flujos financieros ilícitos, entre otras.

    A 10 años de su creación, el Centro de Excelencia para Información Estadística de Gobierno, Seguridad Pública, Victimización y Justicia (CdE) ha fortalecido las capacidades estadísticas, analíticas y de monitoreo en 29 países de América Latina y el Caribe en el uso de la evidencia para el diseño de políticas públicas eficaces y ha impulsado iniciativas regionales para mejorar la generación de estadísticas sobre gobernanza, seguridad y justicia.

    Para conmemorar este aniversario, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Oficina de las Naciones Unidad contra la Droga y el Delito (UNODC) organizaron un conversatorio sobre los retos actuales y futuros de las estadísticas delictivas en México y la región de América Latina y el Caribe.

    Durante el conversatorio, las y los participantes reflexionaron sobre las tendencias y cambios por los que atraviesa el mundo y la región de América Latina y el Caribe, además de los retos que implica la medición de fenómenos delictivos, el crimen organizado, el uso intensivo de tecnologías y la propia pandemia de la COVID-19 y para los cuales es necesaria más y mejor información que permita tomar las decisiones basadas en evidencia.

    El CdE fue inaugurado en 2011 como resultado de un acuerdo de colaboración UNODC en México y el INEGI, tras la creación en 2008 del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia.

    Pionero a nivel internacional, el Centro ha impulsado trabajos para el desarrollo metodológico en temas complejos como la medición de la victimización, la corrupción, el crimen organizado y los flujos financieros ilícitos.

    Actualmente, una tercera parte de los países del continente cuentan con encuestas nacionales equivalentes a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), que realiza el INEGI. Más de la mitad de estas naciones trabajan para adoptar la Clasificación Internacional de Delito con fines Estadísticos, considerada como estándar internacional para armonizar las estadísticas delictivas.

    El CdE ha brindado asistencia técnica a 29 países de la región, impulsando y desarrollando actividades relacionadas con la generación y mejora de la calidad de los datos y promoviendo el uso de evidencia para el diseño de políticas públicas, lo que facilita el monitoreo del progreso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

    El compromiso del Centro de Excelencia es trabajar de manera continua para avanzar y mejorar la calidad de la información estadística y así aportar en la construcción de sociedades más justas, pacíficas e inclusivas.

    Fuente: INEGI 19 de mayo de 2021

  • Jueves, 29 de abril de 2021

    Ciudad de México, única entidad con alta
    competitividad en el país: Imco

  • La capital siguió atrayendo talento e inversión pese a la pandemia.

    Durante el primer año de la pandemia, la Ciudad de México fue la única entidad federativa que mostró una alta competitividad, es decir, siguió atrayendo talento e inversión, mientras que en el otro extremo se encontraron los estados del sur como los más rezagados.

    De acuerdo con el Índice de Competitividad Estatal 2021 (ICE) del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), que mide la capacidad de los estados para generar, atraer y retener talento e inversiones, la capital del país se ubicó en la primera posición de un ranking de 32.

    Pese a la emergencia sanitaria, la Ciudad de México no perdió su primer lugar en el ICE; desde el 2001 lo ocupa.

    La Ciudad de México presentó el mayor PIB per cápita (408,042 pesos por persona) y la mayor diversificación económica (937 sectores), uso de banca móvil (14,827 contratos de banca móvil por cada 10,000 adultos) y carga aérea (51,000 kilogramos por cada 1,000 personas).

    Entre las razones principales que pusieron al sur en jaque, la especialista indicó que la emergencia sanitaria mermó la diversificación económica de estos estados; también se suma un rezago histórico donde se ha excluido a la región de los planes de desarrollo y crecimiento económico.

    Recalcó que los cinco estados del sur tienen en promedio el menor PIB per cápita del país (87,00 pesos por persona), también el mayor rezago en inversión por población económicamente activa (45,000 pesos) y sólo 19% de las personas de 25 años o más cuentan con estudios universitarios o técnicos. También se concentra el mayor porcentaje de informalidad (71% de los trabajadores).

    Sobre el proceso de evaluación y metodología del ICE, el índice está compuesto por 72 indicadores que forman 10 subíndices (tecnología, turismo, conectividad, economía, mercado laboral, seguridad, uso de recursos naturales, democracia, gestión gubernamental; e inclusión, salud y educación).

    Los resultados de las entidades permiten clasificarlas en seis grupos de competitividad: alta, adecuada, media alta, media baja, baja y muy baja.

    A partir de los resultados identificados en el ICE 2021, el Imco desarrolló algunas propuestas para que las entidades mejoren su competitividad. La primera busca que se pueda adecuar la legislación presupuestal estatal con el fin de crear controles a las modificaciones presupuestales de los poderes ejecutivos locales, para evitar que los recursos sean reasignados sin aprobación previa y con ello evitar la discrecionalidad.

    Se debe promover la inserción de los estados del sur-sureste del país en la cadena productiva de América del Norte, mediante mejoras regulatorias e inversión en infraestructura y conectividad.

    También se deben desarrollar capacidades para la generación y procesamiento de datos que mejoren la toma de decisiones de política pública y faciliten trámites y servicios.

    Se necesitan reformar las leyes de adquisiciones y obras públicas estatales para incluir protocolos y lineamientos; se deben crear sistemas estatales de innovación que incentiven un vínculo entre el sector privado y los generadores de patentes.

    Por último, se tienen que aprovechar las facultades de los estados para desarrollar programas de nivelación académica ante los efectos de la pandemia.

    Fuente:EL ECONOMISTA 27 de abril de 2021

  • Lunes, 19 de abril de 2021

    Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana

    Cifras durante marzo de 2021

  • 66.4% de la población de 18 años y más considera que vivir en su ciudad es inseguro.

    De acuerdo con los resultados del trigésimo levantamiento de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada por el INEGI en la primera quincena de marzo de 2021, durante ese mes 66.4% de la población de 18 años y más consideró que vivir en su ciudad es inseguro.

    Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo respecto a los registrados en marzo y diciembre de 2020, que fueron de 73.4 y 68.1%, respectivamente. En esta edición, 17 ciudades tuvieron cambios estadísticamente significativos respecto a diciembre de 2020: 12 tuvieron reducciones y 5 incrementaron. La percepción de inseguridad siguió siendo mayor en el caso de las mujeres con 71%, mientras que para los hombres fue de 60.9 por ciento.

    Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Fresnillo, Ecatepec de Morelos, Cuernavaca, Gustavo A. Madero, Uruapan y Guadalajara, con 94.2, 89.9, 87.8, 86.4, 86.3 y 86.1%, respectivamente.

    Por otro lado, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, Tampico, San Nicolás de los Garza, Los Cabos, Piedras Negras y Mérida, con 8.2, 25.2, 26.2, 26.2, 29.4 y 30.3%, respectivamente.

    En específico, 78.4% de la población siente inseguridad en los cajeros automáticos localizados en la vía pública, 71.2% en el transporte público, 63.4% en el banco y 59.2% en las calles que habitualmente usa.

    A partir de marzo de 2021, en el apartado de problemáticas urbanas, se estima el porcentaje de personas que identificó hospitales saturados o con servicio deficiente como uno de los problemas más importantes en las ciudades.

    La ENSU, con periodicidad trimestral, ha realizado a la fecha treinta levantamientos. El primero de ellos se llevó a cabo en septiembre de 2013.

    Fuente: INEGI 19 de abril de 2020

  • Miércoles, 17 de marzo de 2021

     

    Los estragos que la pandemia de
    COVID-19 ha causado a los niños del mundo

    La pandemia de COVID-19 ha trastornado la vida de las familias de todo el mundo. En los 12 meses que han pasado desde que se declaró la pandemia, el progreso ha retrocedido en prácticamente todos los indicadores importantes relativos a la infancia y los niños se están enfrentando a una nueva normalidad devastadora y distorsionada.

    En el último año se ha registrado un aumento de los niños que pasan hambre, están aislados, son víctimas del abuso o sufren ansiedad. La educación de cientos de millones de niños se ha interrumpido. El acceso a los servicios de protección y de salud, incluida la vacunación sistemática, se ha visto gravemente restringido. La pandemia también está afectando a la salud mental de los niños y está llevando a las familias a la pobreza. Este tipo de alteraciones sociales y económicas pueden aumentar las probabilidades de que se produzcan matrimonios infantiles.

    Las escuelas de más de 168 millones de estudiantes de todo el mundo llevan casi un año cerradas. Dos terceras partes de los países donde las escuelas han cerrado total o parcialmente se encuentran en América Latina y el Caribe.

    Se prevé que la pobreza aumente: en un informe publicado en noviembre de 2020, se estimaba que el número de niños que vivían en hogares pobres desde el punto de vista financiero podía aumentar en 140 millones antes del final de ese año.

    Al menos uno de cada tres niños en edad de ir a la escuela no pudo acceder a la educación a distancia mientras las escuelas permanecieron cerradas.

    En noviembre de 2020, en 59 países de los que se dispone de datos, los refugiados y los solicitantes de asilo carecían de acceso a cualquier tipo de medida de protección social relacionada con la COVID-19 debido al cierre de las fronteras y el auge de la xenofobia y la exclusión.

    En noviembre de 2020, más de 94 millones de personas corrían el riesgo de no recibir una vacuna a causa de la interrupción de las campañas del sarampión en 26 países.

    Al menos uno de cada siete niños y jóvenes vivió confinado en su hogar durante gran parte de 2020 y, como consecuencia, sufrió ansiedad, depresión y aislamiento.

    En noviembre de 2020, se estimaba que otros 6 o 7 millones de niños menores de cinco años podrían haber sufrido emaciación o malnutrición aguda en lo que iba de año: un aumento del 14% que podría traducirse en más de 10.000 muertes infantiles más al mes, sobre todo en África Subsahariana y Asia Meridional. Además, la disminución del 40% en los servicios de nutrición dirigidos a mujeres y niños podría empeorar otros resultados relacionados con la alimentación.

    Alrededor de 3.000 millones de personas del mundo carecen de instalaciones básicas para lavarse las manos con agua y jabón en su hogar. En los países menos desarrollados, tres cuartas partes de las personas y más de dos terceras partes de las escuelas no cuentan con los servicios básicos de higiene necesarios para reducir la transmisión de la COVID-19. Como promedio, más de 700 niños menores de cinco años mueren cada día de enfermedades provocadas por la falta de agua, saneamiento e higiene.

    Antes de la pandemia, el conflicto, la pobreza, la desnutrición y el cambio climático ya estaban provocando un drástico aumento en el número de niños que necesitaban asistencia. La COVID-19 está empeorando aún más la situación. Sin embargo, aunque podamos sentirnos abrumados por esta realidad, también hay motivos para tener esperanza.

    A lo largo de la crisis, UNICEF ha trabajado con sus aliados en la tarea de llegar a cada niño y cada familia para proporcionarles servicios vitales de salud; nutrición; educación; agua, saneamiento e higiene (WASH); así como protección social y contra la violencia por razón de género.

    Fuente: UNICEF 15 de marzo de 2021

    Miércoles, 10 de marzo de 2021

    Estadísticas sobre la Mujer

    La Secretaría de Hacienda, en el marco del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, a través de  la Dirección de Información Geografía y Estadística, presenta el documento “Estadísticas sobre la Mujer”.

    El interés de esta sección es mostrar la situación que guardan las cifras sobre las mujeres en Chiapas en diferentes aspectos de su vida económica y social.

    La fuente de información principal es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de censos y encuestas y del PNUD en el aspecto de desarrollo humano.

    Los apartados que se actualizaron fueron:

  • Percepción de la seguridad

  • Percepción de las autoridades

  • Educación

  • Población

  • Salud

  • Hogares y vivienda

  • Victimización

  • Población indígena

    Fuente: INEGI 10 de marzo de 2021