CEIEG.


Archivo de la categoría "Seguridad"

Lunes, 23 de enero de 2023

Estadística de defunciones registradas enero a junio de 2022

Cifras preliminares

  • De enero a junio de 2022, se registraron 15 561 homicidios en México. La tasa fue de 12 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional.

  • El principal medio usado para provocar homicidio, durante el primer semestre de 2022, fue la agresión con disparo de armas de fuego, con 68.1 %, seguido de arma blanca, con 9.7 %; 7.0 % se generó por ahorcamiento, estrangulamiento y sofocación. En los restantes se utilizaron otros medios.

  • En el caso de los hombres, en el primer semestre de 2022, la tasa fue de 22 homicidios por cada 100 mil. Para las mujeres, la tasa fue de tres por cada 100 mil.

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer las estadísticas preliminares de los homicidios registrados en el país durante el primer semestre de 2022, a nivel nacional.

    De enero a junio de 2022, se registraron 15 561 homicidios en México: una tasa de 12 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, la cual fue menor a la del mismo periodo de 2021. Así, con la finalidad de facilitar la comparación con años anteriores, se agrega la serie histórica de la estadística definitiva de presuntos homicidios de los primeros semestres de 1990 a 2021.

    De enero a junio de 2022, se obtuvo de manera preliminar, una tasa de 12 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional. Esta es menor a la tasa registrada para el mismo periodo de 2021, que fue de 14, con información definitiva.

    Fuente: INEGI 23 de enero de 2023

  • Jueves, 19 de enero de 2023

    Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana

    Cifras durante el cuarto trimestre de 2022 trimestre de 2022

  • A nivel nacional, en diciembre de 2022, 64.2 % de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad.

  • Durante diciembre de 2022, 69.9 % de las mujeres y 57.4 % de los hombres consideraron que es inseguro vivir en su ciudad.

  • Las ciudades con mayor porcentaje de población que se siente insegura fueron: Fresnillo, Zacatecas, Irapuato, Naucalpan de Juárez, Ecatepec de Morelos y Ciudad Obregón, con 97.7, 93.3, 92.6, 89.7, 89.6 y 89.2 %, respectivamente.

    Del 28 de noviembre al 15 de diciembre de 2022 se levantó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al cuarto trimestre de 2022. Su objetivo general es realizar estimaciones en torno a la percepción de la gente sobre la seguridad pública en su ciudad. La encuesta tiene representatividad nacional y se enfoca en el ámbito urbano. Además, genera información para la toma de decisiones de política pública en materia de seguridad.

    Para proporcionar una medición periódica, amplia, integral y oportuna de seguridad pública en el país, la ENSU cuenta con una periodicidad trimestral. La cobertura conceptual abarca la sensación de inseguridad, las expectativas sobre la tendencia del delito, la atestiguación de conductas delictivas o antisociales, el cambio de rutinas por temor a ser víctima del delito, la percepción del desempeño de las autoridades de seguridad pública, los conflictos y conductas antisociales, el desempeño gubernamental, la frecuencia de movilidad, los hogares víctima o con algún integrante víctima de robo y/ o extorsión, víctimas de corrupción y las víctimas de acoso o violencia sexual.

    Principales resultados

  • Sensación de inseguridad por temor al delito (percepción)

    En diciembre de 2022, 64.2 % de la población de 18 años y más, residente en 75 ciudades de interés, consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Lo anterior no representa un cambio estadísticamente significativo con relación al porcentaje registrado en septiembre de 2022, que fue de 64.4 por ciento. No obstante, representa un cambio estadísticamente significativo con respecto a diciembre de 2021, que fue 65.8 por ciento.

    En esta edición, 19 ciudades y demarcaciones tuvieron cambios estadísticamente significativos frente a septiembre de 2022: 13 presentaron reducciones y seis, incrementos.

    En diciembre de 2022, 69.9 % de las mujeres y 57.4 % de los hombres consideraron que vivir en su ciudad es inseguro.

    Fuente: INEGI 19 de enero de 2023

  • Martes, 10 de enero de 2023

     

    Chiapas. Incidencia Delictiva del Fuero Común 2022

    La Secretaría de Hacienda, en el marco del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica a través de la Dirección de Información Geográfica y Estadística pone a su disposición el documento sobre el comportamiento de la incidencia delictiva del fuero común en el estado de Chiapas con los datos acumulados al mes de septiembre de 2022, así como un comparativo anual desde el año 2018; dicha información es publicada de manera mensual por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la cual es remitida por las Procuradurías y/o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas.

    De acuerdo con los datos del SESNSP, en el estado de Chiapas se registró una incidencia delictiva acumulada al mes de noviembre de 2022 de 14,916 delitos, de lo anterior se observa que, de manera conjunta los delitos contra otros bienes jurídicos (4,747) y los delitos contra el patrimonio (4,049) suman poco menos de 60% del total de delitos; en seguida se encuentran aquellos contra la vida y la integridad corporal (2,560), después los delitos contra la familia (1,979) y posteriormente los delitos contra la libertad y seguridad sexual (1,322). En menor medida se encuentran los delitos contra la libertad personal (155) y los delitos contra la sociedad (104).

    El comportamiento de la incidencia de delitos del fuero común en el periodo comprendido entre el año 2018 y el 2021 ha presentado una tendencia a la baja en la mayoría de las clasificaciones de los delitos. Comparando los delitos del mes de noviembre de 2022 con el mismo mes del año anterior se tiene una disminución de 230 delitos que representan -15.4% menos en el periodo citado.

    Dentro de los delitos contra la vida y la integridad corporal se encuentran los homicidios, el comportamiento de su incidencia es, de manera general, a la baja entre el periodo 2018 y 2021. Considerando el valor de noviembre 2022 en relación al del mismo mes del año anterior se registro una disminución de 3 casos que representan 3.0% menos.

    Otra clasificación considerada en los delitos contra la vida y la integridad corporal es la que se refiere a los feminicidios. A diferencia de los homicidios, la incidencia de los feminicidios ha ido en aumento entre 2018 y 2021, para el valor acumulado a noviembre de 2022 se registró la disminución de 4 casos, en relación al total anual de 2021, valor que representó una reducción de -8.7%.

    Otro grupo de delitos considerados son aquellos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual , dentro de ellos encontramos el abuso sexual, dicho delito ha mostrado, de manera general, una mínima diferencia de su incidencia en el estado entre 2018 y 2021. Si se consideran los valores para el mes de noviembre de los últimos dos años se observa una reducción de 2 casos que representaron 10% menos.

    Otro delito considerado dentro de la clasificación de aquellos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual, es la violación simple, de manera similar al delito de abuso sexual se observa una tendencia a la baja en el estado. Al considerar el valor del mes de noviembre de 2022 en relación al mismo mes del año anterior se tiene una reducción de 9 casos, los cuales representaron 22% menos.

    Dentro del grupo de delitos que atentan contra el patrimonio, se encuentra el robo, los casos de este delito en la entidad muestran una clara tendencia a la baja. En el periodo comprendido entre el mes de noviembre de 2022 y el mes noviembre de 2021 la variación también fue a la baja, reduciendo en 44 el número de casos, los cuales representaron 19% menos.

    Otro de los delitos que se encuentran dentro de los que atentan contra el patrimonio es el robo de vehículo,. En el periodo comprendido noviembre de 2022 y noviembre de 2021 la variación también fue a la baja, reduciendo en 28 el número de casos, los cuales representaron 23.9% menos.

    En lo que respecta al delito de robo a transeúnte en la vía pública también se registra descenso entre los años 2018 y 2021. Si se considera el valor registrado en el mes de noviembre de 2022 y se compara con el valor del mismo mes pero del año 2021 se observa un aumento de 5 casos, lo cual representa 71.4% más.

    En la categoría de delitos contra la familia se encuentra el respectivo a la violencia familiar, los datos registrados sobre este delito muestran una clara tendencia a la baja entre los años 2018 y 2021. En el periodo entre el mes de noviembre de 2022 y el mismo mes del año anterior la reducción fue de 191 casos,representando 65.2% menos.

    La última categoría de delitos que se hace mención en el tabulado reportado por el SESNSP es la de los delitos contra otros bienes jurídicos afectados; entre ellos se encuentra el narcomenudeo, el cual presenta un aumento constante entre el año 2018 y el acumulado al mes de noviembre de 2022. Entre el mes de noviembre de 2022 y noviembre de 2021 presentó una disminución de 130 casos que representan 71.8% menos.

    Otro de los delitos incluidos en la categoría de aquellos que atentan contra otros bienes jurídicos afectados es aquel que es cometido por servidores públicos, los cuales, cómo la mayoría de los anteriores, presentan un comportamiento descendente entre el año 2018 y el acumulado al mes de noviembre de 2022. En lo que respecta al periodo comprendido entre el mes de noviembre de 2022 y el mismo mes de 2021 se registro una disminución de 11 casos, lo que representó 73.3% menos en el periodo citado.

    Fuente: INEGI 10 de enero de 2023

    Viernes, 25 de noviembre de 2022

    Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

  • 7 de cada 10 mujeres creen que el abuso verbal o físico por parte de la pareja se ha vuelto más común.

    La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo preocupante: una de cada tres mujeres se ve afectada por algún tipo de violencia de género y cada 11 minutos una mujer o niña muere asesinada por un familiar.

    Hace cinco años, el movimiento #MeToo, fundado por Tarana Burke en 2006, provocó una movilización mundial que manifestó la urgente necesidad de prevenir y responder a la violencia contra las mujeres. Otros movimientos en todo el mundo como #NiUnaMenos, #BalanceTonPorc, #TimesUp entre muchos otros, también catalizaron el cambio. Desde entonces, ha habido una sensibilización y un impulso sin precedentes para poner este tipo de violencia sobre las mesas de las agendas gubernamentales, con leyes y políticas, servicios esenciales y estrategias de prevención.

    Como cada año, el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra la Mujer marca el comienzo de la Campaña Únete de la ONU, 16 días de activismo (25 nov-10 dic) que concluyen coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos.

    La campaña 2022 ¡ÚNETE! Activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, tiene el objetivo de movilizar a todos los miembros de la sociedad para que se conviertan en activistas, se solidaricen con las defensoras de los derechos de las mujeres y apoyen a los movimientos feministas del planeta para evitar el retroceso de los derechos de las mujeres y conseguir un mundo libre de violencia de género.

    Por qué debemos eliminar la violencia contra la mujer

    La violencia contra mujeres y niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo actual sobre las que apenas se informa debido a la impunidad de la cual disfrutan los perpetradores, y el silencio, la estigmatización y la vergüenza que sufren las víctimas.

    En forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica e incluye:

  • violencia por un compañero sentimental (violencia física, maltrato psicológico, violación conyugal, femicidio);

  • violencia sexual y acoso (violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético);

  • trata de seres humanos (esclavitud, explotación sexual);

  • mutilación genital, y.

  • matrimonio infantil

    Para mayor clarificación, la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer emitida por la Asamblea General de la ONU en 1993, define la violencia contra la mujer como “todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada.”

    Los efectos psicológicos adversos de la violencia contra las mujeres y niñas, al igual que las consecuencias negativas para su salud sexual y reproductiva, afectan a las mujeres en toda etapa de sus vidas. Por ejemplo, las desventajas tempranas en materia de educación no solo constituyen el obstáculo principal para alcanzar la escolarización universal y hace cumplir el derecho a la educación de las niñas, luego también le restringe el acceso a la educación superior a la mujer y limita sus oportunidades de empleo.

    Aunque todas las mujeres, en todas partes del mundo, pueden sufrir violencia de género, algunas mujeres y niñas son particularmente vulnerables, ejemplo de ellas son las niñas y las mujeres más mayores, las mujeres que se identifican como lesbianas, bisexuales, transgénero o intersex, las migrantes y refugiadas, las de pueblos indígenas o minorías étnicas, o mujeres y niñas que viven con el VIH y discapacidades, y aquellas en crisis humanitarias.

    La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas. Lo que es más, la promesa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de no dejar que nadie se quede atrás, no podrá cumplirse sin primero poner fin a la violencia contra mujeres y niñas.

    Fuente: ONU 25 de noviembre de 2022

  • Viernes, 25 de noviembre de 2022

    Al menos 4.473 mujeres fueron víctimas de
    feminicidio en América Latina y el Caribe en 2021

  • La estrategia para enfrentar de forma urgente esta “pandemia en la sombra” debe basarse en cuatro pilares: financiamiento, prevención, respuesta pública y sistemas de información, subraya el organismo regional de las Naciones Unidas.

    En 2021, al menos 4.473 mujeres fueron víctimas de femicidio o feminicidio en 29 países y territorios de la región, según los últimos datos oficiales informados por los países al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Esto representa al menos 12 muertes violentas de mujeres por razón de género cada día en la región, alerta la institución.

    “Desde hace una década y media, los Estados de América Latina y el Caribe han reconocido la gravedad de la violencia feminicida y las muertes violentas de mujeres por razón de género, lo que se ha expresado en la aprobación de leyes y protocolos y en la construcción de institucionalidad específica. A pesar de estos avances, el feminicidio o femicidio persiste como una realidad y no se observan señales claras de que el fenómeno vaya en disminución”, dice la CEPAL en un nuevo reporte del OIG.

    En 2021, de los 18 países o territorios de América Latina que proporcionaron información, 11 presentaban una tasa igual o superior a 1 víctima de femicidio o feminicidio por cada 100.000 mujeres. Las mayores tasas de femicidio o feminicidio en América Latina se registraron en Honduras (4,6 casos por cada 100.000 mujeres), República Dominicana (2,7 casos por cada 100.000 mujeres), El Salvador (2,4 casos por cada 100.000 mujeres), Bolivia (1,8 casos por cada 100.000 mujeres) y Brasil (1,7 casos por cada 100.000 mujeres).

    En 10 países de América Latina -de 18 analizados- las tasas de femicidio o feminicidio se mantuvieron iguales o superiores a 1 caso por cada 100.000 mujeres entre 2019 y 2021: Argentina, Bolivia, Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, República Dominicana y Uruguay.

    Las adolescentes y jóvenes de entre 15 y 29 años componen el tramo etario en que se concentra la mayor proporción de casos de femicidio o feminicidio, de acuerdo con datos de 16 países y territorios de la región entre 2019 y 2021. Más de un 4% del total de esos delitos corresponden a niñas menores de 14 años.

    Además, en 2021 al menos 781 niñas, niños y adolescentes y otros dependientes perdieron a su madre o cuidadora a causa del femicidio o feminicidio en solo 10 países de la región que cuentan con datos al respecto. “Este número revela el gran impacto que tiene la violencia de género no solo en las mujeres víctimas, sino también en sus familias, la comunidad y la sociedad en su conjunto”, subraya la CEPAL.

    “Producir información estadística de calidad sobre femicidios o feminicidios requiere ir más allá del conteo del número de víctimas”, plantea la comisión regional de las Naciones Unidas y agrega que “para que la información sirva al diseño de políticas públicas integrales sobre violencia contra las mujeres y niñas, es importante conocer una serie de datos clave, como las características de las víctimas y los agresores, la relación entre ellos, los contextos en que se desarrollaron estos delitos, el medio utilizado para causar la muerte y si la víctima había presentado alguna queja previa contra el agresor, entre otros”.

    Según explica el reporte del OIG, la CEPAL acompaña a varios países de la región en el mejoramiento de sus registros administrativos sobre femicidio o feminicidio, y observa su fortalecimiento general en términos de fiabilidad, lo que potencia la comparabilidad a nivel regional. Un factor que debe destacarse -aclara la Comisión- es que la información sobre femicidios o feminicidios está en constante actualización por parte de los países. Esto se relaciona mayoritariamente con el avance de las investigaciones judiciales, de modo que cifras de años anteriores están sujetas a corrección, lo que puede modificar las cifras totales que la CEPAL publica cada año a nivel regional.

    El feminicidio es solo la expresión extrema de la desigualdad, la discriminación y las múltiples formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Por ejemplo, de acuerdo con encuestas nacionales especializadas de la región, entre el 60% y el 76% de las mujeres (alrededor de 2 de cada 3) han sido víctimas de violencia por razones de género en distintos ámbitos de su vida. Además, en promedio 1 de cada 4 mujeres ha sido víctima o vive violencia física y/o sexual por un perpetrador que era o es su pareja, lo que conlleva el riesgo de la violencia letal. A su vez, los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados son una práctica nociva y una manifestación de violencia de género persistente y extendida en la región y afectan a 1 de cada 5 niñas.

    Fuente: CEPAL 24 de noviembre de 2022

  • Jueves, 24 de noviembre de 2022

    Estadísticas a propósito del Día Internacional de
    la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

    25 de noviembre de 2022

  • De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, el porcentaje de mujeres que han contado a alguien las experiencias de violencia que han vivido a lo largo de su vida fue mayor en el ámbito comunitario (68.3 %), seguido del ámbito familiar (65.4 %) y laboral (65.1 %). No obstante, cerca de una tercera parte de estas mujeres no había compartido con nadie esta vivencia hasta antes de responder la encuesta.

  • La ENDIREH devela que la familia fue el círculo de apoyo más cercano para las mujeres que han experimentado violencia.

  • De las mujeres que experimentaron violencia física y/ o sexual en el ámbito de pareja, 13.1 % presentó una queja o denuncia ante alguna autoridad. Le siguen el ámbito escolar (7.8 %); familiar (7.1 %), laboral (6.5 %) y comunitario (4.3 %).

  • Los niveles de búsqueda de apoyo institucional o denuncia fueron bajos. Las principales razones para no buscar ayuda o no denunciar fueron: se trató de algo sin importancia que no le afectó, no sabía cómo y dónde denunciar y por miedo a las consecuencias o a las amenazas.

    En 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas definió el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde entonces, se conmemora este día con el fin de prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y niñas en todo el mundo.

    En México, de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), se define como violencia contra las mujeres «cualquier acción u omisión, basada en su género, que les cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte, tanto en el ámbito privado como en el público». La misma normatividad reconoce la gravedad de la violencia contra las mujeres y la necesidad de llevar a cabo acciones concertadas entre los tres niveles y órdenes de gobierno para prevenir, atender, sancionar y erradicar este flagelo. Para ello, se ha estructurado el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNAPSEVCM), mismo que traza las directrices generales de la intervención gubernamental.

    Fuente: INEGI 23 de noviembre de 2022

  • Miércoles, 23 de noviembre de 2022

    Nuevo informe sobre femicidio de la UNODC y ONU Mujeres

  • Según el estudio más reciente, en promedio, más de cinco mujeres o niñas fueron asesinadas cada hora por parejas íntimas u otros miembros de la familia en 2021.

    Un nuevo estudio elaborado por la UNODC y ONU Mujeres revela que, en promedio, más de cinco mujeres o niñas fueron asesinadas cada hora por alguien de su propia familia en 2021. El informe, que se publica antes de la celebración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre, es un recordatorio espantoso de que la violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones de derechos humanos más generalizada en todo el mundo.

    De todas las mujeres y las niñas asesinadas intencionalmente el año pasado, alrededor del 56 % fueron asesinadas por parejas íntimas u otros miembros de la familia (45.000 de 81.000), lo que demuestra que el hogar no es un lugar seguro para muchas de ellas. Mientras tanto, el 11 % de todos los homicidios de hombres se cometen en la esfera privada.

    Las cifras de este año también revelan que, en la última década, el número total de mujeres y las niñas asesinadas intencionalmente se ha mantenido en gran medida sin cambios, lo que subraya la urgencia de prevenir y responder a este flagelo con medidas más firmes. Aunque estos números son alarmantes, la verdadera escala del femicidio puede ser mucho mayor. Dadas las incoherencias en las definiciones y criterios entre los países, aún no se contabilizan demasiadas víctimas de femicidio. No se cuenta con suficiente información sobre alrededor de cuatro de cada diez mujeres y niñas asesinadas intencionalmente en 2021 para identificar los casos como femicidios, en especial, sobre los homicidios que ocurren en la esfera pública.

    En cuanto a las diferencias regionales, si bien el femicidio es un problema que afecta a todos los países del mundo, de acuerdo con el informe, en términos absolutos, Asia registró el mayor número de homicidios por motivos de género en la esfera privada en 2021, mientras que las mujeres y las niñas corren más riesgo de ser asesinadas por sus parejas íntimas u otros miembros de la familia en África. En 2021, se calculó que la tasa de homicidios por motivos de género en la esfera privada fue de 2,5 por cada 100.000 mujeres en África, en comparación con 1,4 en América, 1,2 en Oceanía, 0,8 en Asia y 0,6 en Europa. Al mismo tiempo, los resultados sugieren que el inicio de la pandemia COVID-19 en 2020 coincidió con un aumento significativo de las muertes por cuestiones de género en la esfera privada en América del Norte y, hasta cierto punto, en Europa occidental y meridional.

    Sin embargo, los asesinatos por motivos de género, así como otras formas de violencia contra las mujeres y las niñas, no son inevitables. Pueden y deben prevenirse mediante la identificación temprana de las mujeres afectadas por la violencia, el acceso a la asistencia y la protección centradas en las sobrevivientes, asegurando que la policía y los sistemas de justicia respondan mejor a sus necesidades, y la prevención primaria mediante el abordaje de las causas profundas de la violencia contra las mujeres y las niñas, incluso mediante la transformación de las masculinidades nocivas, las normas sociales, la eliminación de las desigualdades estructurales de género y los estereotipos de género. El fortalecimiento de la recopilación de datos sobre femicidios es un paso fundamental para guiar la creación de políticas y programas destinados a prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas.

    El informe ayudará a orientar los “16 Días de activismo contra la violencia de género” de este año, una campaña internacional que inicia el 25 de noviembre, cuando se celebra el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y finaliza el 10 de diciembre, que corresponde al Día de los Derechos Humanos. La campaña anual pone en marcha la celebración de cientos de eventos en todo el mundo para acelerar los esfuerzos encaminados a poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. El tema global de la campaña ÚNETE del secretario general de las Naciones Unidas de este año es “¡ÚNETE! Activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas”, que exhorta a los Gobiernos y socios a mostrar su solidaridad con los movimientos y activistas por los derechos de las mujeres e invita a todos a unirse al movimiento mundial para poner fin a la violencia contra las mujeres de una vez por todas.

    Fuente: ONU MUJERES 23 de noviembre de 2022

  • Miércoles, 23 de noviembre de 2022

    16 Días de activismo contra la violencia de género

    Los 16 Días de activismo contra la violencia de género es una campaña anual que comienza el 25 de noviembre, día en que se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y concluye el 10 de diciembre, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos.

    La campaña, que es liderada por la sociedad civil, cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas a través de la campaña del secretario general “ÚNETE de aquí al 2030 para poner fin a la violencia contra las mujeres”. Este año, la ONU celebra los 16 Días bajo el lema “¡ÚNETE! Activismo para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas”.

    La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo la violación de los derechos humanos más generalizada en el mundo. Su prevalencia, que se agravó como consecuencia de la pandemia de COVID-19, está aumentando aún más debido a las crisis interrelacionadas del cambio climático, el conflicto mundial y la inestabilidad económica.

    En este contexto, se está produciendo una reacción violenta contra los derechos de las mujeres en todo el mundo. Los movimientos antifeministas están en aumento, los ataques contra las defensoras y activistas de los derechos humanos son más frecuentes, y la condición jurídica de los derechos de las mujeres está cada vez más amenazada en muchos países. Las nuevas leyes regresivas exacerban la impunidad de los perpetradores de violencia contra mujeres y niñas en el ámbito privado, los Gobiernos emplean la fuerza en las manifestaciones contra la violencia de género y el femicidio, y las organizaciones por los derechos de las mujeres se ven más y más marginadas.

    A pesar de estas tendencias desalentadoras, hay más pruebas que nunca de que es posible prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas. Los datos demuestran que el motor más importante del cambio en las políticas es un movimiento de mujeres fuerte y autónomo, lo que convierte a la movilización feminista frente a la reacción violenta contra los derechos una cuestión literal de vida o muerte.

    En la celebración de los 16 Días de este año, animamos a todas las personas a que se involucren: desde amplificar las voces de las sobrevivientes y activistas hasta brindar apoyo a las organizaciones de mujeres y fortalecer los movimientos feministas. Todas y todos podemos actuar para empoderar a las sobrevivientes, reducir y prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas, y proteger sus derechos.

    Fuente: ONU MUJERES 18 de noviembre de 2022

    Jueves, 17 de noviembre de 2022

    Los nuevos datos de la OCDE destacan
    los riesgos de evasión fiscal multinacional

    Los nuevos datos publicados destacan los riesgos continuos de erosión de la base imponible y traslado de beneficios (BEPS) y la necesidad de implementar la solución de dos pilares para garantizar que las grandes empresas multinacionales (MNE) paguen una parte justa de impuestos dondequiera que operen y obtener sus ganancias.

    Las últimas estadísticas anuales de impuestos corporativos de la OCDE , que cubren más de 160 países y jurisdicciones, incluyen nuevos datos agregados del informe país por país (CbCR) sobre las actividades de casi 7,000 empresas multinacionales, lo que representa un gran impulso en los esfuerzos de transparencia fiscal.

    Los nuevos datos de CbCR muestran que el valor medio de los ingresos por empleado en jurisdicciones con una tasa de impuesto sobre la renta corporativa (CIT) de cero es de USD 2 millones en comparación con solo USD 300 000 para jurisdicciones con una tasa de CIT superior a cero. Además, en los centros de inversión, los ingresos de partes relacionadas representan el 35 % de los ingresos totales, mientras que la participación promedio de los ingresos de partes relacionadas en jurisdicciones de ingresos altos, medios y bajos es de alrededor del 15 %. Si bien estos efectos podrían reflejar algunas consideraciones comerciales, también es probable que indiquen la existencia de BEPS.

    Los datos publicados hoy también muestran que el impuesto sobre la renta de las empresas sigue siendo una importante fuente de ingresos para la mayoría de los países, especialmente para las economías de mercados emergentes y en desarrollo. En promedio, el CIT representa una mayor proporción de los impuestos totales en África (18,8 %), Asia y el Pacífico (18,2 %) y en América Latina y el Caribe (15,8 %) que en los países de la OCDE (9,6 %).

    Después de décadas de recortes en las tasas de CIT legales, los nuevos datos apuntan a una estabilización de las tasas de CIT en 2022 con una cierta reducción de las bases impositivas en 2021, ya que los países buscaron un equilibrio entre aumentar los ingresos e incentivar la inversión. La estabilización de las tasas de CIT también puede ser una respuesta a los desafíos fiscales que enfrentan los gobiernos a raíz de la pandemia de COVID-19. La tasa impositiva legal promedio combinada (gobierno central y subcentral) para todas las jurisdicciones cubiertas en el conjunto de datos fue del 20 % en 2022, en comparación con el 20 % en 2021 y el 28 % en 2000.

    Existe cierta evidencia de que los gobiernos han utilizado el sistema de TIC para tratar de impulsar la recuperación económica, incentivando la inversión, especialmente en I+D. Los datos apuntan a una reducción de las bases impositivas corporativas, impulsada por asignaciones de capital más generosas, y estas disposiciones se usaron en 65 jurisdicciones en 2021, frente a las 57 de 2019. Los datos también sugieren un aumento en la generosidad de las disposiciones fiscales de I+D en 2020 y 2021 en varios países de la OCDE y estados miembros de la UE tras el estallido de la crisis de COVID-19.

    Fuente: OECD 17 de noviembre de 2022

    Lunes, 7 de noviembre de 2022

    Estadísticas sobre la Mujer

    La Secretaría de Hacienda, en el marco del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, a través de  la Dirección de Información Geografía y Estadística, actualiza los documentos que se presentan en la página “Estadísticas sobre la Mujer”.

    El interés de esta sección es mostrar la situación que guardan las cifras sobre las mujeres en Chiapas en diferentes aspectos de su vida económica y social.

    La fuente de información principal es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a través de censos y encuestas y del PNUD en el aspecto de desarrollo humano.

    Los apartados que se actualizaron fueron:

  • Perspectivas de la seguridad

  • Victimización

    Fuente: SECRETARÍA DE HACIENDA 07 de noviembre de 2022

  • Viernes, 28 de octubre de 2022

     

    Chiapas. Incidencia Delictiva del Fuero Común 2022

    La Secretaría de Hacienda, en el marco del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica a través de la Dirección de Información Geográfica y Estadística pone a su disposición el documento sobre el comportamiento de la incidencia delictiva del fuero común en el estado de Chiapas con los datos acumulados al mes de septiembre de 2022, así como un comparativo anual desde el año 2018; dicha información es publicada de manera mensual por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la cual es remitida por las Procuradurías y/o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas.

    De acuerdo con los datos del SESNSP, en el estado de Chiapas se registró una incidencia delictiva acumulada al mes de septiembre de 2022 de 12,384 delitos, de lo anterior se observa que, de manera conjunta los delitos contra otros bienes jurídicos (4,062) y los delitos contra el patrimonio (3,293) suman poco menos de 60% del total de delitos; en seguida se encuentran aquellos contra la vida y la integridad corporal (2,035), después los delitos contra la familia (1,685) y posteriormente los delitos contra la libertad y seguridad sexual (1,096). En menor medida se encuentran los delitos contra la libertad personal (122) y los delitos contra la sociedad (91).

    El comportamiento general de la incidencia de delitos del fuero común en el periodo comprendido entre el año 2018 y el 2021 ha presentado una tendencia a la baja. Comparando el mes de septiembre de 2022 con el mismo mes del año anterior se tiene una disminución de 35 delitos que representan 2.7% menos en el periodo citado.

    Dentro de los delitos contra la vida y la integridad corporal se encuentran los homicidios, el comportamiento de su incidencia es a la baja al pasar de 1,279 casos en 2018 a 1,166 en 2021, es decir 8.8% de reducción. Considerando el valor de septiembre 2022 en relación al del mismo mes del año anterior se registro el mismo número de casos (83), por lo tanto no presentó variación.

    Otra clasificación considerada en los delitos contra la vida y la integridad corporal es la que se refiere a los feminicidios. A diferencia de los homicidios, la incidencia de los feminicidios ha ido en aumento entre 2018 y 2021; considerando los valores de septiembre para los últimos dos años se tiene un incremento de un caso que representa 25% más.

    Otro grupo de delitos considerados son aquellos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual , dentro de ellos encontramos el abuso sexual, dicho delito ha mostrado, de manera general, una mínima diferencia a la baja de su incidencia en el estado entre 2018 y 2021. Si se consideran los valores para el mes de septiembre de los últimos dos años se observa un aumento de 5 casos que representan un aumento de 50%.

    Otro delito considerado dentro de la clasificación de aquellos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual, es la violación simple, de manera similar al delito de abuso sexual se observa una tendencia a la baja en el estado en cuanto a los valores anuales entre 2018 y 2021 se refiere. Al considerar el valor del mes de septiembre de 2022 en relación al mismo mes del año anterior se tiene una reducción de 16 casos, los cuales representaron 39% menos.

    Dentro del grupo de delitos que atentan contra el patrimonio, se encuentra el robo, los casos de este delito en la entidad muestran una clara tendencia a la baja. En el periodo comprendido entre el mes de septiembre de 2022 y el mes septiembre de 2021 la variación también fue a la baja, reduciendo en 11 el número de casos, los cuales representaron 4.9% menos.

    Otro de los delitos que se encuentran dentro de los que atentan contra el patrimonio es el robo de vehículo. En el periodo comprendido septiembre de 2022 y septiembre de 2021 la variación también fue a la baja, reduciendo en 28 el número de casos, los cuales representaron 23.1% menos.

    En lo que respecta al delito de robo a transeúnte en la vía pública también se registra descenso entre los años 2018 y 2021. Si se considera el valor registrado en el mes de septiembre de 2022 y se compara con el valor del mismo mes pero del año 2021 se observa un aumento de 3 casos, lo cual representa 20% más.

    En la categoría de delitos contra la familia se encuentra el respectivo a la violencia familiar, los datos registrados sobre este delito muestran una clara tendencia a la baja entre los años 2018 y 2021. En el periodo entre el mes de septiembre de 2022 y el mismo mes del año anterior la reducción fue de 159 casos, representando 55.2% menos.

    La última categoría de delitos que se hace mención en el tabulado reportado por el SESNSP es la de los delitos contra otros bienes jurídicos afectados; entre ellos se encuentra el narcomenudeo, el cual presenta un aumento de 846 casos (93.1%) entre el año 2018 y el 2021. Entre el mes de septiembre de 2022 y septiembre de 2021 presentó una disminución de 95 casos que representan 68.3% menos

    Otro de los delitos incluidos en la categoría de aquellos que atentan contra otros bienes jurídicos afectados es aquel que es cometido por servidores públicos, los cuales, cómo la mayoría de los anteriores, presentan un comportamiento descendente entre el año 2018 y 2021. En lo que respecta al periodo comprendido entre el mes de septiembre de 2022 y el mismo mes de 2021 se registro una disminución de 5 casos, lo que representó 45.5% menos en el periodo citado

    Fuente: INEGI 28 de octubre de 2022

    Jueves, 27 de octubre de 2022

     

    Chiapas. Encuesta Nacional de Victimización y
    Percepción sobre Seguridad Pública 2022 (ENVIPE)

    La Secretaría de Hacienda, en el marco del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica a través de la Dirección de Información Geográfica y Estadística pone a su disposición el Informe para Chiapas sobre la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Publica 2022 (ENVIPE), publicada por el INEGI.

    En este documento se presentan los conceptos más relevantes para entender el fenómeno delictivo en la entidad y su comportamiento respecto al país, así como la evolución de los valores de algunos conceptos extraídos de dicha encuesta nacional.

    En 2021 la tasa de prevalencia delictiva, la cual señala el número de víctimas del delito por cada 100 mil habitantes, presentó un aumento de 1,753 víctimas respecto a 2020, dicho valor representó un incremento de 13.1%.

    La tasa de prevalencia promedio en los últimos cuatro años fue de 14,192 víctimas por cada 100 mil habitantes.

    En 2021 la tasa de prevalencia delictiva a nivel nacional fue de 24,207 víctimas por cada 100 mil habitantes, el valor en Chiapas fue de 15,153 ocupando el tercer lugar nacional dentro de las tasas más bajas. Las tasas más altas se registraron en dos de las entidades del centro del país: el Estado de México y la Ciudad de México.

    En Chiapas la tasa de prevalencia delictiva fue mayor en los hombres con 15,755 víctimas, mientras que en las mujeres fue de 14,674 víctimas por cada 100 mil habitantes. El área metropolitana de Tuxtla Gutiérrez registró una tasa de 29,029 víctimas por cada 100 mil habitantes.

    En Chiapas, en el año 2021 la tasa de incidencia delictiva, la cual señala el número de delitos registrados, presentó un aumento de 697 delitos por cada 100 mil habitantes, equivalente a 4.4% más respecto al año 2020.

    En 2021 la tasa de incidencia delictiva nacional fue de 30,786 delitos por cada 100 mil habitantes, en tanto que en Chiapas fue de 16,386 ocupando el primer lugar nacional con la tasa más baja seguido de Durango y Michoacán.

    El área metropolitana de Tuxtla Gutiérrez registró una tasa de 30,755 delitos por cada 100 mil habitantes.

    En Chiapas, el total de víctimas pasó de 477,711 en el año 2020 a 545,609 en el 2021, esto significó un aumento en términos absolutos de 67,898 víctimas, cifra que representa un incremento de 14.2%.

    El valor registrado en Chiapas representó 2.5% del total de víctimas con respecto al total nacional.

    En 2021 a nivel nacional, 38.1% de los delitos cometidos, donde la víctima estuvo presente, se pudo identificar la portación de algún tipo de arma por parte del victimario. Esta proporción en Chiapas fue de 28.4%, es decir 9.7 puntos porcentuales menos que el valor nacional.

    En 2021 a nivel nacional 67.9% de los delitos fueron cometidos con algún arma de fuego, Chiapas (34.1%) es el quinto estado con el menor porcentaje de delitos cometidos con esta característica.

    En 2021 a nivel nacional se registró que 21.8% de los delitos la víctima pudo percibir que los delincuentes se encontraban bajo los efectos del alcohol o alguna droga, el valor registrado en el estado de Chiapas fue de 26.8%, mientras que Yucatán (42.2%) y Aguascalientes (34.7%) son las entidades con los valores más altos.

    A nivel nacional, en 2021 se registró un promedio de costo del delito de 7,147 pesos mientras que en Chiapas dicho valor fue de 5,071 lo que representó una diferencia de $2,075.

    En 2021, del total de delitos cometidos a nivel nacional, 93.2% no fueron denunciados, dicho valor corresponde a la cifra negra, el valor registrado en Chiapas fue de 91.5%

    Entre las personas de 18 años y más, los temas que generaron mayor preocupación en 2022 en el país fueron la inseguridad (61.2%), el Aumento de precios (39.6%) y Desempleo con 32.1% de la población.

    En Chiapas los temas de mayor preocupación fueron el Aumento de precios con 45.4%, la Inseguridad con 42.2% y la Pobreza con 41.8%.

    En Chiapas 24.5% de las personas de 18 años y más consideran segura a la entidad, dicho valor registró un descenso de 6.8 puntos porcentuales respecto al año anterior.

    En Chiapas 72.6% de las personas de 18 años y más consideran insegura a la entidad, dicho valor registró un aumento de 5.9 puntos porcentuales respecto al año anterior.

    En el año 2022, 24.8% de la población de 18 años y más percibe que la seguridad en Chiapas mejorará, en relación al año anterior, dicho valor disminuyó 6.16 puntos porcentuales.

    En el país como en Chiapas, las autoridades a las que se les tiene mucha confianza son la marina, el ejercito y la guardia nacional.

    Las autoridades a las que no se les tiene mucha confianza por parte de la población de 18 años y más, son la policía de tránsito, la policía preventiva y la policía estatal; tanto a nivel nacional como en el estado de Chiapas

    Las autoridades a las que se les tiene mucha desconfianza por parte de la población de 18 años y más, son la policía de tránsito, la policía preventiva, la policía ministerial, ministerio público (MP) y policía estatales y los jueces; tanto a nivel nacional como en el estado de Chiapas.

    En contraparte se encuentran la marina, el ejercito, guardia nacional y la fiscalía general de la república (FGR).

    Fuente: SH 27 de octubre de 2022

    Jueves, 27 de octubre de 2022

    Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2022

  • Al cierre de 2021, los plenos de los poderes judiciales estatales se integraron por 756 personas magistradas y consejeras. Del total, 280 (37.0 %) eran mujeres y 476 (63.0 %), hombres.

  • En 2021, los poderes judiciales estatales publicaron en sus sitios web 451 939 sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales. En contraste con 2020, la cantidad de sentencias publicadas aumentó 228.9 por ciento.

  • En materia penal, de las 82 724 personas procesadas y/ o imputadas, a 88.3 % se le vinculó a proceso y a 11.7 %, no. Con respecto a 2020, las personas vinculadas a proceso incrementaron 14.0 por ciento.

  • En 2021, los poderes judiciales estatales registraron 35 052 personas sentenciadas. En contraste con 2020, la cantidad de personas sentenciadas aumentó 42.1% en 2021.

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE) 2022. Este programa ofrece información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño del Poder Judicial de cada entidad federativa. Su objetivo es vincular estos datos con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en esta materia.

    Principales resultados

    Estructura organizacional y recursos

    Al cierre de 2021, había 5 322 órganos. De estos, 3 721 (69.9 %) fueron órganos jurisdiccionales y 1 601 (30.1 %) órganos y/ o unidades administrativas. Con respecto a 2020, los órganos y/ o unidades administrativas aumentaron 2.9 por ciento.

    Fuente: INEGI 27 de octubre de 2021

  • Martes, 18 de octubre de 2022

    Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana

    Cifras durante el tercer trimestre de 2022

  • En septiembre de 2022, 64.4 % de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad.

  • Durante septiembre de 2022, 70.5 % de las mujeres y 57.2 % de los hombres consideraron que es inseguro vivir en su ciudad.

  • Las ciudades con mayor porcentaje de población que se siente insegura fueron: Fresnillo, Irapuato, Naucalpan de Juárez, Zacatecas, Ciudad Obregón y Colima con 94.7, 91.3, 90.8, 90.7, 90.1 y 86.6 %, respectivamente.

    Del 29 de agosto al 15 de septiembre de 2022 se levantó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) correspondiente al tercer trimestre de 2022. Su objetivo general es realizar estimaciones en torno a la percepción de la gente sobre la seguridad pública en su ciudad. La encuesta tiene representatividad nacional y se enfoca en el ámbito urbano. Además, genera información para la toma de decisiones de política pública en materia de seguridad.

    Para proporcionar una medición periódica, amplia, integral y oportuna de seguridad pública en el país, la ENSU cuenta con una periodicidad trimestral. La cobertura conceptual abarca la sensación de inseguridad, las expectativas sobre la tendencia del delito, la atestiguación de conductas delictivas o antisociales, el cambio de rutinas por temor a ser víctima del delito, la percepción del desempeño de las autoridades de seguridad pública, los conflictos y conductas antisociales, el desempeño gubernamental, la frecuencia de movilidad, las formas de enterarse sobre la situación de seguridad pública y la violencia en el entorno familiar.

    Principales resultados

  • Sensación de inseguridad por temor al delito (percepción)

    En septiembre de 2022, 64.4 % de la población de 18 años y más, residente en 75 ciudades de interés, consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Lo anterior representa un cambio estadísticamente significativo con relación al porcentaje registrado en junio de 2022, que fue de 67.4 por ciento. No obstante, no representa un cambio estadísticamente significativo con respecto a septiembre de 2021, que fue 64.5 por ciento. En esta edición, 24 ciudades y demarcaciones tuvieron cambios estadísticamente significativos frente a junio de 2022: 21 presentaron reducciones y tres, incrementos.

    En septiembre de 2022, 70.5 % de las mujeres y 57.2 % de los hombres consideraron que vivir en su ciudad es inseguro.

    Fuente: INEGI 19 de octubre de 2022

  • Jueves, 13 de octubre de 2022

    Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal (CNPJE-F) 2022

  • Al cierre de 2021, se reportaron 1 045 personas titulares en las unidades administrativas de la Fiscalía General de la República (FGR) y para las Fiscalías Generales estatales (FGE). De estas, los hombres representaron 65.4 % y las mujeres, 32.5 por ciento.

  • Durante 2021, se iniciaron y/o abrieron 2 059 798 averiguaciones previas e investigaciones y carpetas de investigación: 3.8 % para FGR y 96.2 % para las FGE. Esta cantidad aumentó 8.5 % respecto a 2020.

  • En 2021, los órganos o unidades administrativas encargadas de los mecanismos alternativos de solución de controversias de la FGR y las FGE abrieron 271 048 expedientes en materia penal para adultos y justicia para adolescentes. En comparación con 2020, la cantidad total de expedientes abiertos incrementó 14.6 por ciento.

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer los resultados del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y del Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal (CNPJE-F) 2022. Estos programas estadísticos ofrecen información sobre la gestión y desempeño de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías Generales de cada entidad federativa (FGE). En específico, se centran en las funciones de gobierno, procuración de justicia, justicia para adolescentes y mecanismos alternativos de solución de controversias. El objetivo de estos programas es producir información estadística en la materia de procuración de justicia para que se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los temas referidos.

    Cabe precisar que los resultados de la presente edición incluyen información parcial de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí para los datos correspondientes a los temas de personal adscrito, personal que ejerce funciones en las agencias o fiscalías del Ministerio Público y personal del Centro de Denuncia y Atención Ciudadana u homólogo debido a que negó entregar la información por motivos de reserva. Asimismo, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato no proporcionó información sobre policías por motivos de reserva.

    Principales resultados

    Estructura organizacional y recursos

    Al cierre de 2021, se reportaron 61 unidades administrativas de la FGR y 1 105 unidades administrativas en las FGE. Estas cifras representaron una disminución de 6.2 y 5.5 %, respectivamente, en comparación con 2020.

    Fuente: INEGI 13 de octubre de 2022

  • Viernes, 30 de septiembre de 2022

    Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2022

  • Durante 2021 ocurrieron 2.9 millones de delitos que afectaron a 1.2 millones de unidades económicas.

  • La extorsión y el robo o asalto de mercancía, dinero, insumos o bienes fueron los delitos con mayor incidencia.

    La Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2022 ofrece información sobre victimización y delincuencia que afecta las unidades económicas del sector privado; denuncia del delito; características de las víctimas de delito, los delitos y los daños causados; percepción sobre la inseguridad y desempeño institucional.

    La ENVE 2022 permite hacer estimaciones sobre la victimización de los delitos más representativos del fuero común que ocurrieron durante 2021 en las unidades económicas del sector privado. El instrumento proporciona información valiosa para el diseño de políticas públicas que contribuyan a implementar estrategias en materia de seguridad para las empresas./p>

    Fuente: INEGI 29 de septiembre de 2020

  • Miércoles, 28 de septiembre de 2022

    Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2022

  • Al cierre de 2021, con base en la función que desempeñó el personal adscrito a las corporaciones policiales estatales, 90 425 elementos realizaron funciones de proximidad social; 64 424, de prevención; 15 582 de reacción y 4 105, de investigación.

  • A nivel nacional, se reportaron 83 063 puestas a disposición de objetos y 479 691 puestas a disposición de personas. De estas últimas, 62.4 % tuvo lugar ante un juez cívico u oficial calificador y 37.6 % ante el Ministerio Público.

  • En 2021, las instituciones de seguridad pública estatal aseguraron 5 721 armas de fuego cortas y 2 491 armas largas. En contraste con 2020, la cantidad total de armas cortas disminuyó 15.3 %, en tanto que para las largas, la disminución fue de 23.1 por ciento.

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer los resultados del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal (CNSPE) 2022. Este programa ofrece información estadística y geográfica sobre la gestión y desempeño de la institución encargada de la función de seguridad pública de cada entidad federativa. Su objetivo es vincular los datos que aquí se presentan con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en el tema referido.

    Principales resultados

    Estructura organizacional y recursos

    A partir de la información recabada, es posible conocer las características de la estructura organizacional y recursos con los que contaban las instituciones encargadas de la función de seguridad pública de cada entidad federativa. Al cierre de 2021, había 30 personas como titulares en dichas instituciones. Del total, 83.3 % fueron hombres y 16.7 %, mujeres. En cuanto al rango de edad, 66.7 % (20) tenía 50 años o más.

    De acuerdo con la institución de procedencia, 20.0 % provenía de la Secretaría de Seguridad Pública u homóloga de la entidad federativa. Además, 56.7 % de las personas titulares tenía entre uno y cinco años de antigüedad en el cargo.

    Fuente: INEGI 28 de septiembre de 2022

  • Miércoles, 21 de septiembre de 2022

    La política fiscal está jugando un papel clave
    en la promoción de la recuperación económica

    La política fiscal está desempeñando un papel fundamental a medida que los países buscan promover la recuperación económica de la pandemia de COVID-19 y responder al impacto de los rápidos aumentos en los precios de la energía, según un nuevo informe de la OCDE.

    Tax Policy Reforms 2022 describe las reformas fiscales recientes en 71 países y jurisdicciones, incluidos todos los miembros de la OCDE y miembros seleccionados delMarco inclusivo de la OCDE/G20 sobre la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios.

    El informe encuentra que las reformas fiscales, en particular las reducciones en los impuestos sobre el trabajo y los incentivos fiscales corporativos más generosos, han estado entre las herramientas políticas clave que los países han utilizado para estimular el crecimiento y promover la recuperación económica de la pandemia.

    A medida que los precios de la energía aumentaron abruptamente desde la segunda mitad de 2021, los países se movieron rápidamente para proteger a los hogares y las empresas brindando apoyo fiscal temporal, incluidos recortes de impuestos, y reduciendo las medidas de estímulo existentes que podrían aumentar la inflación.

    Los impuestos sobre la renta personal y las contribuciones a la seguridad social se redujeron en 2021 en casi todos los países cubiertos por el informe, y la mayoría de las reducciones se dirigieron a los hogares de bajos ingresos para apoyar el empleo y proporcionar beneficios en el trabajo. Muchos países también aumentaron los incentivos fiscales corporativos para estimular la inversión y la innovación.

    Las reformas del IVA más significativas se centraron en la economía digital y el comercio electrónico, incluido un fuerte crecimiento en la facturación electrónica y los requisitos de informes digitales. Las reformas del impuesto a la propiedad fueron menos comunes en 2021, con un pequeño número de países implementando medidas para reducir el uso de propiedades como vehículos de inversión y mejorar la equidad en el mercado inmobiliario.

    Una característica especial del informe de este año destaca cómo los gobiernos han utilizado la política fiscal para brindar un apoyo significativo a los hogares y las empresas, protegiéndolos del impacto de los altos precios de la energía. El informe señala que las medidas introducidas hasta mediados de 2022 para reducir el precio de la energía se implementaron rápidamente y, a menudo, fueron relativamente simples de implementar. Sin embargo, el informe también sugiere que los gobiernos podrían proporcionar medidas más específicas para los grupos en riesgo, mejorar la resiliencia de los hogares que son vulnerables a las crisis de precios y acelerar el desarrollo de fuentes alternativas de energía y modos de transporte.

    Fuente: OECD 21 de septiembre de 2022

    Lunes, 19 de septiembre de 2022

    Guía para el aprovechamiento seguro de
    los beneficios de las ciencias de la vida

    En el Marco se insta a los dirigentes y a otras partes interesadas a mitigar los riesgos biológicos y regir de forma segura la investigación de doble uso, que ofrece ventajas evidentes, pero que puede utilizarse indebidamente para provocar daños en los seres humanos, otros animales, la agricultura y el medio ambiente.

    Se trata del primer marco técnico y normativo de ámbito mundial destinado a orientar la elaboración de marcos y enfoques nacionales para mitigar los riesgos biológicos y regir la investigación de doble uso. Tiene por objeto orientar el aprovechamiento seguro del enorme potencial de los métodos nuevos o perfeccionados para mejorar la salud mundial que ofrecen las ciencias de la vida y las tecnologías conexas.

    En el Marco se abordan los desafíos presentes desde hace décadas para prevenir el uso indebido, ya sea accidental o deliberado, de la biología y otras ciencias de la vida, así como la gestión de la gobernanza y la supervisión para acelerar y difundir la innovación, mitigando a la vez los efectos negativos. Las ciencias de la vida se interrelacionan cada vez más con otros ámbitos científicos, como la química, la inteligencia artificial y la nanotecnología, lo que cambia el panorama de riesgos al aumentar la probabilidad de que los riesgos presentes en varios sectores y disciplinas pasen desapercibidos.

    Al analizar cómo gestionar el creciente ritmo de los avances en las ciencias de la vida, en el Marco se destaca la necesidad de contar con mecanismos de gobernanza previsores y receptivos, y con enfoques prospectivos, que son formas participativas y multidisciplinarias de explorar tendencias, cambios emergentes, repercusiones sistémicas y alternativas de futuro.

    El Marco pretende ser el punto de partida obligatorio para establecer y fortalecer la gestión de riesgos biológicos, que se apoya en tres pilares básicos: la bioseguridad, la bioprotección en el laboratorio y la supervisión de la investigación de doble uso. El Marco –que tiene en cuenta diferentes contextos, recursos y prioridades– está concebido para que los Estados Miembros y otras partes interesadas lo adapten en función de sus necesidades y perspectivas.

    El documento tiene por objeto sensibilizar sobre la importancia de la gestión de los riesgos biológicos en el contexto del principio de «Una sola salud» para mejorar al máximo la salud de las personas, los animales y los ecosistemas; proporcionar un conjunto de valores y principios para guiar la toma de decisiones; e identificar herramientas y mecanismos que permitan gestionar los riesgos biológicos. El documento, de índole esencialmente práctica, recoge también un enfoque en seis pasos para su aplicación; listas de verificación para diferentes partes interesadas; e hipótesis y estudios monográficos para ilustrar problemas y opciones en la gobernanza de los riesgos biológicos y la investigación de doble uso.

    Las ciencias de la vida incluyen todas las ciencias que se ocupan de los organismos vivos –los seres humanos, los animales no humanos y las plantas– y de la agricultura y el medio ambiente, o de los productos de organismos vivos o que incorporan componentes derivados directa o sintéticamente de organismos vivos; las ciencias de la vida incluyen, entre otras, la biología, la biotecnología, la genómica, la proteómica, la bioinformática, y la investigación y las tecnologías farmacéuticas y biomédicas.

    Entre las actividades de la OMS para apoyar la aplicación mundial del Marco se incluyen las siguientes:

  • Aprovechar los esfuerzos e iniciativas existentes, en particular los relativos a la bioseguridad, la bioprotección y las cuestiones éticas en los laboratorios;

  • Establecer diferentes partes interesadas y defensores locales para que monitoreen y evalúen las medidas elaboradas y aplicadas en el ámbito local, nacional, regional y mundial;

  • Llevar a cabo actividades de sensibilización, en particular diálogos regionales y mundiales, para apoyar el intercambio de experiencias, enseñanzas extraídas y mejores prácticas;

  • Poner en marcha actividades de formación y herramientas para evaluar los progresos.

    Si bien la gobernanza de los riesgos biológicos no puede estar bajo la responsabilidad exclusiva de un organismo internacional, la OMS, a través de su liderazgo, se propone aprovechar la evolución de las ciencias de la vida para mejorar la salud mundial, adelantándose a los riesgos que plantean tales novedades y mitigándolos. El Marco se aplicará en el ámbito nacional y local, con el apoyo de las oficinas regionales de la OMS y otros asociados.

    Fuente: ONU 13 de septiembre de 2022

  • Jueves, 8 de septiembre de 2022

    Encuesta Nacional de Victimización y Percepción
    sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022

  • En México, durante 2021, el número de víctimas de delincuencia de 18 años y más se estimó en 22.1 millones de personas. La tasa de prevalencia delictiva fue de 24 207 víctimas por cada 100 000 habitantes, cifras estadísticamente superiores a las estimadas en 2020.

  • En 2021, 29.0 % de los hogares del país tuvo, como mínimo, a una o uno de sus integrantes como víctima del delito, porcentaje estadísticamente mayor al de 2020.

  • De los delitos, 93.2 % no tuvo una denuncia, o bien, la autoridad no inició una carpeta de investigación. A este subregistro se lo denomina cifra negra.

    Del 28 de febrero al 29 de abril de 2022 se levantó la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2022. Su propósito es generar información a nivel nacional, por entidad federativa y áreas metropolitanas de interés sobre el fenómeno de la victimización delictiva durante 2021, así como la percepción social con respecto a la seguridad pública y al desempeño de las autoridades en el periodo marzo-abril de 2022. Lo anterior es útil para proveer información a la sociedad y a quienes toman decisiones de política pública en estas materias.

    Fuente: INEGI 08 de septiembre de 2022

  • Martes, 30 de agosto de 2022

     

    Chiapas. Incidencia Delictiva del Fuero Común 2022

    La Secretaría de Hacienda, en el marco del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica a través de la Dirección de Información Geográfica y Estadística pone a su disposición el documento sobre el comportamiento de la incidencia delictiva del fuero común en el estado de Chiapas con los datos acumulados al mes de julio de 2022, así como un comparativo anual desde el año 2018; dicha información es publicada de manera mensual por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la cual es remitida por las Procuradurías y/o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas.

    De acuerdo con los datos del SESNSP, en el estado de Chiapas se registró una incidencia delictiva acumulada al mes de julio de 2022 de 9,739 delitos, de lo anterior se observa que, de manera conjunta los delitos contra otros bienes jurídicos (3,365) y los delitos contra el patrimonio (2,444) suman poco menos de 60% del total de delitos; en seguida se encuentran aquellos contra la vida y la integridad corporal (1,570), después los delitos contra la familia (1,343) y posteriormente los delitos contra la libertad y seguridad sexual (856). En menor medida se encuentran los delitos contra la libertad personal (93) y los delitos contra la sociedad (68).

    El comportamiento general de la incidencia de delitos del fuero común en el periodo comprendido entre el año 2018 y el 2021 ha presentado una tendencia a la baja. Al realizar la comparación entre el mes de julio de 2022 con el mismo mes del año anterior se observa un descenso de 322 delitos que representan 22.3% menos en el periodo citado.

    Dentro de los delitos contra la vida y la integridad corporal se encuentran los homicidios, el comportamiento de su incidencia es a la baja en el periodo entre 2018 y 2021. Considerando el valor de julio 2022 en relación al del mismo mes del año anterior se registro un aumento de 2 casos que representan 2.1% más.

    Otra clasificación considerada en los delitos contra la vida y la integridad corporal es la que se refiere a los feminicidios. A diferencia de los homicidios, la incidencia de los feminicidios ha ido en aumento durante los últimos 4 años, considerando los valores de julio para los últimos dos años se tiene un descenso de 1 caso que representa 33.3% menos

    Otro grupo de delitos considerados son aquellos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual, dentro de ellos encontramos el abuso sexual, dicho delito no ha mostrado, de manera general, una tendencia definida en el estado entre 2018 y 2021. Si se consideran los valores para el mes de julio de los últimos dos años se observa una disminución de 3 casos que representan un descenso de 14.3% menos.

    Otro delito considerado dentro de la clasificación de aquellos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual, es la violación simple, de manera similar al delito de abuso sexual no se observa una tendencia definida en el estado. Al considerar el valor del mes de julio de 2022 en relación al mismo mes del año anterior se tiene una reducción de 6 casos, los cuales representaron 14.3% menos.

    Dentro del grupo de delitos que atentan contra el patrimonio, se encuentra el robo, los casos de este delito en la entidad muestran una clara tendencia a la baja. En el periodo comprendido entre el mes de julio de 2022 y el mismo mes de 2021 la variación también fue a la baja, reduciendo en 47 el número de casos, los cuales representaron 19.3% menos.

    Otro de los delitos que se encuentran dentro de los que atentan contra el patrimonio es el robo de vehículo,. En el periodo comprendido entre julio de 2022 y julio de 2021 la variación también fue a la baja, reduciendo en 28 el número de casos, los cuales representaron 21.1% menos.

    En lo que respecta al delito de robo a transeúnte en la vía pública también se registra descenso entre los años 2018 y 2021. Si se considera el valor registrado en el mes de julio de 2022 y se compara con el valor del mismo mes pero del año 2021 se observa un aumento de 9 casos, lo cual representa 150% más.

    En la categoría de delitos contra la familia se encuentra el que se refiere a la violencia familiar, los datos registrados sobre este delito muestran una clara tendencia a la baja entre los años 2018 y 2021. En el periodo entre el mes de julio de 2022 y el mismo mes del año anterior la reducción fue de 215 casos, representando 59.6% menos.

    La última categoría de delitos que se hace mención en el tabulado reportado por el SESNSP es la de los delitos contra otros bienes jurídicos afectados; entre ellos se encuentra el narcomenudeo, el cual presenta un aumento entre el año 2018 y el acumulado al mes de julio de 2022. Entre el mes de julio de 2022 y julio de 2021 presentó un descenso de 85 casos que representan 66.4% menos.

    Otro de los delitos incluidos en la categoría de aquellos que atentan contra otros bienes jurídicos afectados es aquel que es cometido por servidores públicos, los cuales, cómo la mayoría de los anteriores, presentan un comportamiento descendente entre el año 2018 y 2021. En lo que respecta al periodo comprendido entre el mes de julio de 2022 y el mismo mes de 2021 se registro el descenso de 5 casos, lo que representó 41.7% menos en el periodo citado.

    Fuente: INEGI 30 de agosto de 2022

    Martes, 30 de agosto de 2022

    Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las
    Relaciones en los Hogares (ENDIREH)2021

  • En México, 70.1 % de las mujeres de 15 años y más ha experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de la vida. La violencia psicológica fue la de mayor prevalencia (51.6 %), seguida de la violencia sexual (49.7 %). En el ámbito comunitario es donde viven mayor violencia (45.6%), seguido de la relación de pareja (39.9 %).

  • Entre octubre de 2020 y octubre de 2021, 42.8 % de las mujeres de 15 años y más experimentó, al menos, una situación de violencia. Destaca la violencia psicológica como la más alta (29.4 %), seguida de la violencia sexual (23.3 %). La violencia contra las mujeres se presentó en mayor porcentaje en el ámbito comunitario (22.4 %), seguido del laboral (20.8 %).

  • 41.8% de las mujeres de 15 años y más experimentó algún incidente de violencia en la infancia. La principal persona agresora fue un tío o tía.

  • De octubre 2020 a octubre de 2021, 14.6 % de las mujeres de 60 años y más experimentó algún incidente de violencia, mientras que 41.5 % de las mujeres con algún tipo de discapacidad experimentó algún incidente de violencia.

  • Alrededor de 5.2 % de las mujeres de 15 años y más percibió que los conflictos en su relación de pareja iniciaron o aumentaron durante la emergencia sanitaria por la COVID-19. En el ámbito familiar, la cifra ascendió a 8.5 por ciento.

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021, que se llevó a cabo del 4 de octubre al 30 de noviembre de 2021. El objetivo de la ENDIREH es generar información estadística con representatividad nacional y para cada una de las 32 entidades federativas y estimar así la prevalencia y gravedad de la violencia que han enfrentado las mujeres de 15 años y más por tipo (psicológica, física, sexual, económica o patrimonial) y ámbito de ocurrencia (escolar, laboral, comunitario, familiar y de pareja).

    La ENDIREH 2021 mantiene continuidad y comparabilidad con los ejercicios anteriores, en especial, con la ENDIREH 2016; de modo que presenta resultados de la prevalencia de violencia contra las mujeres a lo largo de la vida y en los últimos 12 meses previos a su levantamiento (es decir, en el periodo de octubre de 2020 a octubre de 2021). Además, provee información sobre la violencia que experimentan mujeres de grupos vulnerables (como mujeres indígenas, con discapacidad y de 60 años y más), violencia experimentada durante la infancia y violencia obstétrica. La edición 2021 mejora la captación en el apartado de búsqueda de apoyo y denuncia, violencia digital, la opinión sobre roles de género y tensiones y conflictos en la vida en pareja, entre otros.

    La ENDIREH 2021 atiende un asunto de coyuntura nacional al indagar la percepción del impacto sobre la violencia de pareja y dentro de la familia durante la emergencia sanitaria decretada por el Consejo de Salubridad General en marzo de 2020 con motivo de la pandemia generada por la COVID-19.

    Principales resultados

    La ENDIREH 2021 estimó que, de un total de 50.5 millones de mujeres de 15 años y más, 70.1 % ha experimentado, al menos, una situación de violencia a lo largo de la vida. La violencia psicológica es la que presentó mayor prevalencia (51.6 %), seguida de la violencia sexual (49.7 %), la violencia física (34.7 %) y la violencia económica, patrimonial y/ o discriminación (27.4 %).

    Con respecto a 2016, los resultados de 2021 mostraron un incremento de cuatro puntos porcentuales en la violencia total contra las mujeres a lo largo de la vida. La violencia sexual registró el mayor aumento (8.4 puntos porcentuales).

    Fuente: INEGI 30 de agosto de 2020

  • Lunes, 29 de agosto de 2022

    El Fondo Visión Cero de la OIT y Nike lanzan una iniciativa para reducir las lesiones y muertes por accidentes de tráfico

  • Los trabajadores de la confección y el calzado se ven afectados de forma desproporcionada por los accidentes de tráfico; un nuevo proyecto pretende averiguar por qué y ofrecer herramientas para mejorar la seguridad.

    El Fondo Visión Cero de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Nike Inc. han puesto en marcha una nueva iniciativa para reducir las muertes y lesiones entre los trabajadores de la confección y el calzado.

    La iniciativa conjunta pretende comprender por qué los trabajadores de la confección y el calzado son vulnerables a las lesiones y muertes derivadas de los accidentes de trayecto, y reducir el impacto sobre los trabajadores, sus familias y el sector en su conjunto. El objetivo es trabajar juntos para desarrollar un enfoque común y estandarizado para reducir estos accidentes que pueda ser adaptado y replicado en diferentes contextos.

    Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), cada año mueren 1,3 millones de personas y hasta 50 millones resultan heridas en las carreteras de todo el mundo. Los vehículos comerciales están implicados en aproximadamente entre el 10 y el 22% de todos los accidentes de tráfico del mundo.

    Los trabajadores del sector de la confección y el calzado están desproporcionadamente implicados en accidentes de tráfico en muchos países. Entre las razones que explican esta situación se encuentran los desplazamientos a largas distancias, el uso de medios de transporte menos seguros, como las motocicletas, los desplazamientos a pie al trabajo y el hecho de compartir las carreteras con vehículos comerciales pesados.

    El enfoque del proyecto incluye la creación de una Teoría del Cambio (TOC) sobre la seguridad vial de los trabajadores de la confección, que se ha elaborado tras consultar a trabajadores, empresarios, gobiernos y especialistas de la OIT en varios países.

    La teoría del cambio pretende arrojar luz sobre las causas subyacentes de los accidentes de tráfico que afectan a los trabajadores de la confección y el calzado. La asociación también desarrollará materiales de orientación prácticos y fáciles de usar sobre la seguridad en los desplazamientos al trabajo, que serán puestos a prueba por el Fondo y Nike en un país en el que las instalaciones de fabricación por contrato producen productos de Nike.

    Fuente: OIT 29 de agosto de 2022

  • Lunes, 15 de agosto de 2022

    CONEVAL presenta el documento
    Consideraciones para el Proceso presupuestario 2023

    El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) presenta el documento Consideraciones para el Proceso presupuestario 2023, con el objetivo de proporcionar a las y los tomadores de decisión evidencia que contribuya a la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación y, para ello, recoge de manera sintética los resultados de diferentes análisis realizados por el Consejo en materia de evaluación y monitoreo de los programas y acciones de desarrollo social.

    El documento está compuesto de cuatro apartados: 1) Panorama del desarrollo social en México; 2) Criterios metodológicos que siguió el análisis de los programas y acciones federales de desarrollo social; 3) Consideraciones de la Política de Desarrollo Social para la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación 2023; y 4) Fichas de los 120 programas y acciones federales de desarrollo social del ejercicio fiscal 2022.

    Como parte de este análisis, el CONEVAL propone algunas consideraciones de política pública que podrían contribuir al acceso efectivo de los derechos sociales:

    Bienestar económico

    La entrega de transferencias económicas individuales a niñas, niños y adolescentes que se encuentran estudiando debe considerar montos que desalienten problemas como el trabajo infantil o la deserción escolar, ya que, además, puede generar resultados positivos en su desarrollo escolar y contribuir a las condiciones de ingreso de los hogares.

    Fortalecer los programas que entregan transferencias monetarias dirigidos a niñas, niños y adolescentes con acciones integrales que garanticen el acceso a una alimentación nutritiva y de calidad y a la educación.

    Se sugiere mantener la política orientada a la recuperación de los salarios mínimos ya que, cuando los salarios son bajos, no existe un incentivo hacia la formalización del empleo; sin embargo, debe hacerse lo necesario por mantener el consenso de dichos aumentos, especialmente frente al contexto de presión inflacionaria.

    Alimentación nutritiva y de calidad

    Es necesario impulsar la productividad de los productores de los sectores agropecuario, forestal y pesquero a través de inversión en tecnología, servicios financieros accesibles, asistencia técnica, acceso y capacitación en tecnologías de la información y comunicación (TIC), innovaciones tecnológicas, integración de cadenas de suministro e incentivos a prácticas colaborativas, entre otras.

    Es importante potenciar estrategias que permitan la distribución de alimentos en albergues, residencias y centros de salud y cocinas comunitarias con el fin de atender las necesidades específicas de alimentación de grupos de población como adultos mayores, personas con discapacidad, migrantes y víctimas de violencia.

    Retomar y fortalecer los apoyos alimentarios que se les brindan a través de comedores escolares y cocinas comunitarias.

    Retomar la implementación de jornadas de tiempo completo acompañadas de servicio de alimentación en escuela, principalmente, en aquellas con mayor grado de rezago educativo.

    Educación

    Es necesario el fortalecimiento de acciones públicas como becas, opciones de transporte público, así como los programas que buscan disminuir el abandono escolar, focalizando a personas en mayor situación de pobreza y desigualdad.

    Es indispensable la aplicación de pruebas diagnósticas durante la educación a distancia y al regreso a las aulas, con el fin de establecer estrategias de atención educativa que permitan nivelar los aprendizajes y conocimientos de los estudiantes. Estas estrategias pueden incluir cursos de recuperación dirigidos a los estudiantes más rezagados y la priorización de los contenidos educativos más relevantes.

    Es prioritario continuar con los esfuerzos para desarrollar habilidades y competencias digitales, además de aquellas que permitan hacer frente a problemáticas vinculadas con riesgo de abandono escolar, desapego de las actividades escolares, alteraciones o afectaciones psicoemocionales relacionadas con la pandemia y el confinamiento, así como realizar diagnóstico de sus necesidades de capacitación a fin de proveer una oferta educativa que les resulte útil.

    Es necesario desarrollar estrategias para vincular al sistema educativo a aquellos que ya no asisten o que abandonaron sus estudios, por ejemplo, a través de campañas de promoción que motiven la permanencia escolar a fin de revalorizar la importancia de la educación entre los alumnos y sus hogares, visitas domiciliarias o haciendo uso de redes comunitarias.

    Salud

    Es importante garantizar el acceso a los servicios de salud especializados de las niñas, niños y adolescentes; mujeres y personas mayores, así como mejorar la calidad de los ya existentes. Para ello, se requiere apoyar o fomentar la formación de especialistas, junto con un incremento en la inversión operativa y de infraestructura; así como homologar la cobertura, calidad y disponibilidad de los sistemas de salud no contributivos respecto a los contributivos.

    Es necesario fortalecer acciones de prevención y atención a la salud con énfasis en nutrición, enfermedades prevenibles y servicios de salud sexual y reproductiva incluyentes, accesibles y con perspectiva de género.

    Es importante redoblar esfuerzos para otorgar servicios de salud enfocados a la vacunación para toda la población, en especial de las vacunas que han logrado mitigar los efectos negativos en la salud por el COVID-19 en personas vulnerables.

    Es fundamental diseñar e implementar estrategias enfocadas a reducir el gasto de bolsillo y el gasto catastrófico en salud de los hogares, especialmente, para población vulnerable

    Vivienda digna y decorosa

    Es necesario fortalecer las acciones y políticas que doten de servicios básicos a las viviendas habitadas por población indígena, principalmente, tener acceso directo a agua potable y servicios de drenaje, al ser parte de las medidas sanitarias recomendadas para reducir los contagios del virus SARS-CoV-2.

    Es necesario emprender mayores acciones que permitan regularizar la tenencia de la vivienda, particularmente, en aquellas que la titularidad corresponde a mujeres, como es el caso de campañas de asesoría jurídica o tramitación de escrituras, título de propiedad o contratos de arrendamiento.

    Es necesario impulsar políticas que permitan que la población en situación de pobreza tenga acceso físico y económico a la vivienda para disminuir el hacinamiento en los hogares.

    Será ideal redoblar esfuerzos por coordinar acciones de los tres niveles de gobierno por focalizar y ejercer mejor los fondos federalizados para inversión social.

    Seguridad socia

    Se debe trabajar en la consolidación de un sistema de protección social universal, articulado con instrumentos contributivos, basado en un enfoque de derechos, sensible a las diferencias entre grupos poblacionales y orientado a disminuir las desigualdades, que permita mitigar los riesgos asociados al curso de vida y a contextos de crisis, que considere:
    o Medidas temporales, como transferencias monetarias, en circunstancias adversas;
    o Servicios de salud;
    o Pensiones de vejez, discapacidad y orfandad;
    o Seguro de desempleo contributivo;
    o Programas que contribuyan a garantizar un ingreso mínimo, entre otros.

    Asegurar el acceso a la seguridad social, principalmente, de personas jóvenes y adultas mayores a través de un sistema de protección social universal, con la finalidad de que su acceso no esté supeditado a la participación laboral remunerada.

    Implementar programas y estrategias encaminados a garantizar el acceso efectivo de niñas, niños y adolescentes a servicios de cuidado y protección social, independientemente, de la condición laboral de los padres, e incorporar servicios de cuidados desde una perspectiva integral y multidisciplinaria que fomente su sano desarrollo.

    Trabajo

    Impulsar la adopción de incentivos tributarios, promoviendo una política encaminada a elevar la productividad de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y favorecer su crecimiento a través del crédito, considerando que es allí donde se ocupan la mayoría de los trabajadores asalariados.

    Se requiere una vigilancia permanente a través de la inspección para aumentar la formalización de los contratos personales y colectivos ya que se asocia al acceso a las prestaciones de ley.

    Es indispensable reactivar protocolos e implementar acciones emergentes para la erradicación del trabajo infantil a fin de que, de manera coordinada se dé cumplimiento a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y los Adolescentes

    Medio ambiente sano

    El Estado mexicano debe garantizar que toda la población residente en el territorio nacional tenga acceso físico y económico a los servicios públicos básicos, priorizando la calidad y las condiciones sanitarias adecuadas que permitan el ejercicio efectivo del derecho al medio ambiente.

    Es necesario contar con una estrategia nacional para garantizar el suministro de agua en las viviendas, así como en los distintos sectores para que permita mantener la producción de alimentos y que sea suficiente para las necesidades del consumo de agua de la población.

    Es de vital importancia realizar acciones que atiendan problemáticas como la expansión de la superficie para terrenos agrícolas, pastos para el ganado, actividades mineras y el crecimiento urbano acelerado, desordenado y desequilibrado, que han ocasionado la pérdida de biodiversidad, la emisión de gases de efecto invernadero y la pérdida de fertilidad del suelo.

    Se deben implementar intervenciones específicas para el manejo y tratamiento de residuos sólidos y peligrosos.

    No discriminación

    Diseñar una estrategia de atención integral en la que se vinculen las acciones de combate a la violencia de género con los programas y estrategias para fomentar la autonomía y empoderamiento económico de las mujeres

    Promover la formalización del empleo e implementar políticas de mercado laboral que eliminen la discriminación laboral de género y contribuyan a la reducción de las brechas de capacitación y acumulación de experiencia laboral.

    La política pública debe estar orientada a la construcción de un marco de igualdad de oportunidades basado en el reconocimiento de la vejez como una etapa propia del curso de vida que permita suprimir la exclusión que experimentan las personas adultas en distintos ámbitos sociales a causa de su edad.

    Fuente: CONEVAL 11 de agosto de 2022

    Martes, 26 de julio de 2022

    Datos preliminares revelan que en
    2021 se registraron 35 625 homicidios

  • En 2021, se obtuvo, de manera preliminar, una tasa de 28 homicidios por cada 100 000 habitantes a nivel nacional.

  • La principal causa de los homicidios durante 2021 fue agresión con arma de fuego.

    Información a nivel nacional y por entidad federativa

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer las estadísticas preliminares, a nivel nacional y por entidad federativa, de los homicidios registrados en el país durante 2021.

    Las estadísticas revelan que de enero a diciembre de 2021 se registraron 35 625 homicidios en México; es decir, una razón preliminar de 28 homicidios por cada 100 000 habitantes a nivel nacional. La tasa es menor a la registrada para el mismo periodo de 2020, que fue de 29. Con la finalidad de facilitar su comparación con la información de años anteriores, se agrega la serie histórica de la estadística definitiva de presuntos homicidios de 1990 a 2020.

    Las presentes cifras se derivan de las Estadísticas de Defunciones Registradas y provienen de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas que generan las entidades federativas y que el INEGI recopila mensualmente. Como fuentes informantes se consideran 352 Oficialías del Registro Civil, 105 Servicios Médicos Forenses y 260 Agencias del Ministerio Público que tuvieron, al menos, un registro de homicidio. También se incluye la información de homicidios que resulta del avance en el proceso de confronta entre el INEGI y la Secretaría de Salud.

    Desde 2015, el INEGI recopila información de presuntos homicidios directamente de los Servicios Médicos Forenses por medio de los certificados de defunción que emiten para las muertes accidentales y violentas. Además, obtiene datos en las Oficialías del Registro Civil a través de actas y certificados de defunción. Esta información se complementa con la que proporcionan las Agencias del Ministerio Público mediante los cuadernos estadísticos de defunción.

    Los homicidios forman parte de las defunciones accidentales y violentas. Su clasificación se determina con base en las causas (afecciones y lesiones), la presunción del tipo de defunción y el motivo de la lesión que registra el médico certificante en el certificado de defunción. Las primeras dos son fundamentales para distinguir entre un presunto homicidio, un presunto accidente, o un presunto suicidio. Nótese que, en algunos casos, la o el certificante no tiene elementos suficientes para identificar la intencionalidad del hecho.

    Fuente: INEGI 26 de julio de 2022

  • Martes, 19 de julio de 2022

    Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana

    Cifras durante el segundo trimestre de 2022

  • En junio de 2022, 67.4 % de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad. Este porcentaje representa un aumento estadísticamente significativo con relación al porcentaje registrado en marzo de 2022, que fue de 66.2 por ciento.

  • Durante junio de 2022, 72.9 % de las mujeres y 60.9 % de los hombres consideraron que es inseguro vivir en su ciudad.

  • Las ciudades con mayor porcentaje de población que se siente insegura fueron: Fresnillo, Zacatecas, Ciudad Obregón, Irapuato, Cuautitlán Izcalli y Colima con 97.2, 90.4, 89.7, 89.7, 89.0 y 87.5 %, respectivamente.

    Del 30 de mayo al 15 de junio de 2022 se levantó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) segundo trimestre de 2022. Su objetivo general es realizar estimaciones con representatividad a nivel nacional urbano sobre la percepción de la gente sobre la seguridad pública en su ciudad. Además, genera información para la toma de decisiones de política pública en materia de seguridad.

    En junio de 2022, 67.4 % de la población de 18 años y más residente en 75 ciudades de interés consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Lo anterior representa un aumento estadísticamente significativo con relación al porcentaje registrado en marzo de 2022, que fue de 66.2 %, pero no representa un cambio estadísticamente significativo con respecto a junio de 2021, que fue 66.6 por ciento. En esta edición, 20 ciudades y demarcaciones tuvieron cambios estadísticamente significativos frente a marzo de 2022: seis presentaron reducciones y 14, incrementos.

    Fuente: INEGI 19 de julio de 2022

  • Miércoles, 13 de julio de 2022

    Módulo sobre Ciberacoso 2021

  • La población usuaria de internet que fue víctima de ciberacoso aumentó de 21.0 % en 2020 a 21.7 % en 2021.

  • En 2021, 22.8 % de las mujeres y 20.6 % de los hombres que usaron internet fueron víctimas de ciberacoso.

    Del 2 de agosto al 30 de septiembre de 2021 se levantó el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) 2021. Su objetivo es generar información estadística para conocer la prevalencia de ciberacoso entre las personas de 12 años y más que usan internet en cualquier dispositivo. También se busca identificar el tipo y la caracterización del ciberacoso.

    El MOCIBA 2021 presenta resultados de la prevalencia de ciberacoso en los 12 meses previos a su levantamiento y caracteriza las diferentes situaciones declaradas. Asimismo, busca establecer la identidad y sexo de la persona que lo llevó a cabo, la intensidad del ciberacoso y el impacto que causó en la víctima. Además, incluye el rango de edad y nivel de escolaridad de la población que declaró haber sido víctima de ciberacoso, las acciones que se tomaron contra este y las medidas de seguridad que realizó la población usuaria de internet para proteger su información y equipos.

    Fuente: INEGI 13 de julio de 2022

  • Viernes, 8 de julio de 2022

    La crisis climática, la pandemia y los conflictos
    colocan en riesgo los Objetivos de Desarrollo Sostenible

  • Las crisis en cascada que vivimos hoy impactan la alimentación, la salud, la educación, el medio ambiente, la paz y la seguridad y alejan al mundo de la consecución de la Agenda 2030, el plan que busca sociedades más resilientes, justas, pacíficas e igualitarias para todos.

    La crisis climática, la pandemia de COVID-19 y un mayor número de conflictos en el mundo ponen en peligro la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), advirtió en su informe la ONU.

    La publicación destaca la gravedad y la magnitud de los desafíos que enfrentamos, con estas crisis en cascada que se interceptan, afectando la alimentación y la nutrición, la salud, la educación, el medio ambiente y la paz y la seguridad, y dificultando la carrera hacia el logro de los ODS, establecidos en 2015 para la construcción de sociedades más resilientes, pacíficas, justas y equitativas para todos los habitantes del planeta.

    Según los datos de la ONU, la pandemia ha causado estragos en los Objetivos y sus efectos aún están lejos de terminar. El “exceso de muertes” a nivel mundial atribuible directa e indirectamente al COVID-19 sumaba 15 millones a fines de 2021.

    Esto significa un retroceso de más de cuatro años en el alivio de la pobreza que había sumido a 93 millones de personas más en la pobreza extrema en 2020. Además, unos 147 millones de niños perdieron más de sus clases presenciales en últimos dos años.

    Para evitar los peores efectos del cambio climático, como se establece en el Acuerdo de París, las emisiones globales de gases de efecto invernadero deberán alcanzar su punto máximo antes de 2025 y luego disminuir en un 43% para 2030, cayendo a cero neto para 2050. Sin embargo, esas emisiones crecerán casi un 14% en la próxima década.

    Los países y grupos de población más vulnerables del mundo sufren de manera desproporcionada todas estas afectaciones, con las mujeres a la cabeza de las pérdidas de empleo y un mayor trabajo de cuidados en el hogar, además de encarar una violencia doméstica exacerbada por los confinamientos de la pandemia.

    Los países menos adelantados luchan contra un crecimiento económico débil, una inflación creciente, grandes interrupciones en la cadena de suministro, incertidumbres políticas y una deuda insostenible.

    La ONU advirtió que el mundo se encuentra frente a una disyuntiva que definirá su futuro: abandonar los compromisos de ayudar a los más vulnerables, o redoblar los esfuerzos por revitalizar la marcha hacia los Objetivos y construir un mejor porvenir para las personas y el planeta en 2030. El informe sostiene que para que el mundo salga fortalecido de la crisis y se prepare para los desafíos que se avecinen, es imperativo el financiamiento de la infraestructura de datos e información de los gobiernos nacionales y la comunidad internacional.

    Entre los datos negativos que detalla el estudio, destacan los siguientes:

  • Entre 75 y 95 millones de personas podrían caer en la pobreza extrema en 2022.

  • Cerca del 10% de la población mundial padece hambre y casi un tercio no puede acceder a una alimentación adecuada.

  • La cobertura de inmunización se redujo por primera vez en una década y aumentaron las muertes por tuberculosis y paludismo.

  • En 2020, la incidencia mundial de la ansiedad y la depresión aumentó un 25%, afectando principalmente a los jóvenes y las mujeres.

  • En 2021, 17 millones de toneladas de plástico ingresaron al océano y el volumen de contaminación plástica en el mar se triplicaría para 2040.

  • Casi 24 millones de estudiantes de nivel preescolar a universitario corren el riesgo de no regresar a la escuela.

  • En los países de renta baja, el servicio de la deuda pública aumentó un promedio de 3,1% en 2011 a 8,8% en 2020.

    Fuente: ONU 07 de julio de 2022

  • Viernes, 1 de julio de 2022

    Accidentes viales: “Una epidemia silenciosa y ambulante” que mata a 1,3 millones de personas por año

  • Los siniestros de tráfico también causan 50 millones de heridos graves anualmente.

    Los accidentes viales dejan 1,3 millones de personas muertas y 50 millones más heridas de gravedad en el mundo cada año. Estas cifras plantean un problema acuciante que llevó a la Asamblea General de las Naciones Unidas a organizar una reunión de alto nivel para buscarle soluciones.

    Según la OMS, la declaración también exige el desarrollo y financiamiento de planes nacionales y locales con objetivos y recursos claros.

    El 90% de los accidentes de tráfico ocurren en los países de renta baja y media y que son la primera causa de muerte entre los niños y jóvenes de cinco a 29 años.

    De acuerdo con datos de la OMS, desde la invención del automóvil han perecido en la ruta más de 50 millones de personas en el mundo, un número superior a las víctimas mortales de la Primera Guerra Mundial o de algunas de las peores epidemias.

    Las carreteras inseguras constituyen un gran obstáculo para el avance de las naciones en desarrollo puesto que les generan pérdidas anuales de entre 2% y 5% de su Producto Interno Bruto.

    La OMS aseveró que los países y las personas pagan un precio “inaceptablemente alto” por trasladarse de un lugar a otro.

    En septiembre de 2020, la Asamblea General de la ONU adoptó una resolución para proclamar el Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030.

    La OMS y las comisiones regionales de la ONU, en cooperación con otros socios en la Colaboración de Seguridad Vial de la ONU, han desarrollado un Plan Mundial para el Decenio de Acción, que exige mejoras continuas en el diseño de carreteras y vehículos, en las leyes y aplicación de la ley, y en provisión de atención de emergencia oportuna y vital para los heridos.

    Además, el Plan Mundial promueve modos de transporte saludables y ambientalmente sostenibles.

    Del mismo modo, destaca que la responsabilidad de la seguridad vial va mucho más allá de la salud y el transporte y precisa que los planificadores e ingenieros urbanos deben priorizar la seguridad como un valor central en toda la infraestructura de transporte, mientras que las empresas pueden influir y contribuir a fortalecer la seguridad vial aplicando principios de seguridad primero a todas sus cadenas de valor.

    Fuente: ONU 30 de junio de 2022

  • Jueves, 30 de junio de 2022

     

    Chiapas. Incidencia Delictiva del Fuero Común 2022

    La Secretaría de Hacienda, en el marco del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica a través de la Dirección de Información Geográfica y Estadística pone a su disposición el documento sobre el comportamiento de la incidencia delictiva del fuero común en el estado de Chiapas con los datos acumulados al mes de mayo de 2022, así como un comparativo anual desde el año 2018; dicha información es publicada de manera mensual por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la cual es remitida por las Procuradurías y/o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas.

    De acuerdo con los datos del SESNSP, en el estado de Chiapas se registró una incidencia delictiva acumulada al mes de mayo de 2022 de 7,391 delitos, de lo anterior se observa que, de manera conjunta los delitos contra otros bienes jurídicos (2,792) y los delitos contra el patrimonio (1,776) suman poco más de 60% del total de delitos; en seguida se encuentran aquellos contra la vida y la integridad corporal (1,117), después los delitos contra la familia (999) y posteriormente los delitos contra la libertad y seguridad sexual (595). En menor medida se encuentran los delitos contra la libertad personal (66) y los delitos contra la sociedad (46)

    El comportamiento general de la incidencia de delitos del fuero común en el periodo comprendido entre el año 2018 y el 2021 ha presentado una tendencia a la baja. Comparando el mes de mayo de 2022 con el mismo mes del año anterior se tiene un incremento de 47 delitos que representan 3.3% más en el periodo citado.

    Dentro de los delitos contra la vida y la integridad corporal se encuentran los homicidios, el comportamiento de su incidencia es a la baja en el periodo entre 2018 y 2021. Considerando el valor de mayo 2022 en relación al del mismo mes del año anterior se registro una disminución de 19 casos que representan -17.6% menos.

    Otra clasificación considerada en los delitos contra la vida y la integridad corporal es la que se refiere a los feminicidios. A diferencia de los homicidios, la incidencia de los feminicidios ha ido en aumento durante los últimos 4 años, considerando los valores de mayo para los últimos dos años se tiene una reducción de 7 casos que representan -77.8% menos.

    Otro grupo de delitos considerados son aquellos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual, dentro de ellos encontramos el abuso sexual, dicho delito ha mostrado, de manera general, una mínima diferencia de su incidencia en el estado entre 2018 y 2021. Si se consideran los valores para el mes de mayo de los últimos dos años se observa un aumento de 3 casos que representan un aumento de 16.7%.

    Otro delito considerado dentro de la clasificación de aquellos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual, es la violación simple, de manera similar al delito de abuso sexual se observa una tendencia a la baja en el estado. Al considerar el valor del mes de mayo de 2022 en relación al mismo mes del año anterior se tiene una reducción de 5 casos, los cuales representaron 11.1% menos.

    Dentro del grupo de delitos que atentan contra el patrimonio, se encuentra el robo, los casos de este delito en la entidad muestran una clara tendencia a la baja. En el periodo comprendido entre el mes de mayo de 2022 y el mes mayo de 2021 la variación también fue a la baja, reduciendo en 55 el número de casos, los cuales representaron 21.6% menos.

    Otro de los delitos que se encuentran dentro de los que atentan contra el patrimonio es el robo de vehículo. En el periodo comprendido mayo de 2022 y mayo de 2021 la variación también fue a la baja, reduciendo en 44 el número de casos, los cuales representaron 33.1% menos.

    En lo que respecta al delito de robo a transeúnte en la vía pública también se registra descenso entre los años 2018 y 2021. si se considera el valor registrado en el mes de mayo de 2022 y se compara con el valor del mismo mes pero del año 2021 se observa una reducción de 1 caso, lo cual representa 10.0% menos.

    En la categoría de delitos contra la familia se encuentra el respectivo a la violencia familiar, los datos registrados sobre este delito muestran una clara tendencia a la baja entre los años 2018 y 2021. En el periodo entre el mes de mayo de 2022 y el mismo mes del año anterior la reducción fue de 193 casos, representando 54.1% menos.

    La última categoría de delitos que se hace mención en el tabulado reportado por el SESNSP es la de los delitos contra otros bienes jurídicos afectados; entre ellos se encuentra el narcomenudeo, el cual presenta un aumento entre el año 2018 y el 2021. Entre el mes de mayo de 2022 y mayo de 2021 presentó un aumento de 88 casos que representan 73.9% más.

    Otro de los delitos incluidos en la categoría de aquellos que atentan contra otros bienes jurídicos afectados es aquel que es cometido por servidores públicos, los cuales, cómo la mayoría de los anteriores, presentan un comportamiento descendente entre el año 2018 y 2021. En lo que respecta al periodo comprendido entre el mes de mayo de 2022 y el mismo mes de 2021 se registro el aumento de dos casos, lo que representó 25.0% más en el periodo citado.

    Fuente: SH 30 de junio de 2022

    Martes, 28 de junio de 2022

     

    Nuevo análisis de UNICEF, ” 25 años de conflictos armados y la infancia: Actuar para proteger a los niños y niñas en la guerra

  • Entre 2016 y 2020 se verificó un promedio de 71 violaciones graves cada día

    Entre 2005 y 2020, las Naciones Unidas verificaron más de 266.000 violaciones graves contra la infancia cometidas por las partes en más de 30 situaciones de conflicto en África, Asia, Oriente Medio y América Latina, dijo UNICEF en un nuevo informe. Esta cifra representa solamente una fracción de todas las violaciones que se cree que se han producido, ya que las limitaciones en materia de acceso y seguridad, entre otras, y la vergüenza, el dolor y el miedo que sufren los niños y las familias supervivientes dificultan a menudo la denuncia, la documentación y la verificación de las violaciones graves contra la infancia en situaciones de conflicto armado.

    El informe, titulado 25 años de conflictos armados y la infancia: Actuar para proteger a los niños y niñas en la guerra, reveló que entre 2005 y 2020 se han verificado los datos siguientes: más de 104.100 niños y niñas han sido asesinados o mutilados en situaciones de conflicto armado; más de 93.000 niños y niñas han sido reclutados y utilizados por las partes en conflicto; al menos 25.700 niños y niñas han sido secuestrados; y las partes en conflicto han violado, casado a la fuerza, explotado sexualmente y cometido otras formas graves de violencia sexual contra al menos 14.200 niñas y niños. Las Naciones Unidas verificaron más de 13.900 incidentes de ataques contra escuelas y hospitales y no menos de 14.900 incidentes de denegación de acceso humanitario a los niños desde 2005.

    El informe señala que muchos niños y niñas sufren más de una violación, un factor que aumenta su vulnerabilidad.

    El informe constata que todas las partes en conflicto, tanto los Estados como los agentes no estatales, cometen graves violaciones contra los niños. Entre 2016 y 2020, los agentes estatales –incluidas las fuerzas y coaliciones nacionales e internacionales– fueron responsables de al menos el 26% de todas las violaciones. En comparación, los agentes no estatales fueron responsables de alrededor del 58% de todas las violaciones verificadas, lo que destaca la importancia de comprometerse con todas las partes en conflicto, incluidos los agentes no estatales, para poner fin y prevenir de forma contundente las violaciones contra la infancia.

    El informe también constató lo siguiente:

    Poco antes de que varios dirigentes mundiales se reúnan en la cumbre del G7, UNICEF pide 1.200 millones de dólares para:

  • Los niños procedentes de los entornos más pobres y los niños de condición o características específicas –incluidos los niños refugiados, desplazados internos e indígenas, entre otros– siguen corriendo un mayor riesgo de sufrir violaciones graves.

  • Los datos disponibles desglosados por sexo indican que los incidentes verificados de violaciones graves han afectado predominantemente a los niños varones. Por ejemplo, en 2020, los niños varones representaron el 73% de todas las víctimas infantiles, una mayoría en el caso del reclutamiento y la utilización (85% de varones), el secuestro (76% de varones) y el asesinato y la mutilación (70% de varones). En comparación, las niñas son una cuarta parte (26%) de todos los niños y niñas víctimas, aunque en el caso de la violación y otras formas graves de violencia sexual la mayoría son niñas, un 98%.

  • El uso de armas explosivas de amplio efecto, sobre todo en zonas pobladas, son una amenaza persistente para los niños y sus familias. Sólo en 2020, las armas explosivas y los restos explosivos de guerra fueron responsables de al menos el 47% de todas las víctimas infantiles, con el resultado de más de 3.900 niños y niñas muertos y mutilados.

    Las recomendaciones del informe, basadas en las pruebas y los análisis presentados, tienen por objeto movilizar a todas las partes interesadas, incluidas las partes en conflicto, los Estados y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para proteger a los niños de forma eficaz y sostenible y acelerar la acción a nivel local, nacional, regional y mundial.

    Además de hacer un llamamiento a las partes en conflicto y a los Estados para que cumplan con sus obligaciones en virtud de los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario, el informe incluye una serie de recomendaciones sobre las cuestiones siguientes:

  • cómo se pueden proporcionar mejores servicios de atención y respuesta que estén adaptados a los niños y niñas afectados por los conflictos,

  • cómo se puede mejorar el desglose y el análisis de los datos para que la respuesta y la prevención sean más sólidas,

  • cómo se puede apoyar a los Equipos de Tareas nacionales de supervisión y presentación de informes para acelerar la toma de medidas y mejorar su colaboración con los gobiernos;

  • cómo se puede colaborar mejor con las partes en conflicto para elaborar planes de acción que permitan proteger a los niños y niñas de forma sostenible.

    Fuente: UNICEF 28 de junio de 2022

  • Jueves, 16 de junio de 2022

    Sólo el seis por ciento de los trabajadores
    domésticos tiene una protección social completa

  • Los trabajadores domésticos realizan una importante contribución a la sociedad, dando cuidados vitales a las familias y los hogares, pero siguen siendo infravalorados.

    Sólo el seis por ciento de los trabajadores domésticos de todo el mundo tiene acceso a una protección social completa, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

    Más del 94 por ciento carece de acceso a toda la gama de protecciones que cubren la atención médica, la enfermedad, el desempleo, la vejez, los accidentes de trabajo, la familia, la maternidad, la invalidez y las prestaciones para los supervivientes.

    Según el informe Hacer del derecho a la seguridad social una realidad para los trabajadores domésticos: Examen global de las tendencias de política, las estadísticas y las estrategias de extensión [Resumen], aproximadamente la mitad de los trabajadores domésticos no tienen ninguna cobertura legal, y la mitad restante está cubierta legalmente por al menos una prestación.

    A pesar de su importante contribución a la sociedad, atendiendo las necesidades más personales y de cuidado de los hogares, la mayoría de los 75,6 millones de domésticos del mundo se enfrentan a múltiples obstáculos para disfrutar de una cobertura legal y un acceso efectivo a la seguridad social, explica el análisis. A menudo están excluidos de la legislación nacional sobre seguridad social.

    Dado que el 76,2 por ciento de los trabajadores domésticos (57,7 millones) son mujeres, estas lagunas de protección social dejan a las mujeres en una situación especialmente vulnerable.

    El informe también pone de manifiesto importantes diferencias entre regiones. En Europa y Asia Central, el 57,3 por ciento de los trabajadores domésticos están legalmente cubiertos para todas las prestaciones. Un poco más del 10 por ciento tiene ese derecho en las Américas; ninguno o casi ninguno está totalmente cubierto en los Estados Árabes, Asia y el Pacífico y África, regiones que albergan algunos de los mayores países empleadores de trabajadores domésticos.

    Según el informe, la pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto las lagunas en la cobertura de la protección social que sufren los trabajadores domésticos. Fueron los más afectados durante la pandemia, y muchos perdieron sus empleos y medios de vida. Muchos de los que conservaron su empleo estuvieron a menudo expuestos a la enfermedad sin el suficiente equipo de protección. Sin embargo, los trabajadores domésticos rara vez podían contar con una protección sanitaria adecuada, prestaciones por enfermedad o desempleo, lo que exponía aún más su vulnerabilidad.

    El informe subraya que los retos para garantizar la cobertura de la protección social de los trabajadores domésticos son reales pero no insuperables. Señala una serie de normas internacionales del trabajo que aportan soluciones. Entre ellas se encuentran el Convenio (núm. 189) y la Recomendación (núm. 201) sobre los trabajadores domésticos, de 2011 , así como la Recomendación sobre los pisos de protección social, de 2012 (núm. 202) y el Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), de 1952 (núm. 102).

    El informe ofrece recomendaciones sobre cómo garantizar que los trabajadores domésticos disfruten de una protección social integral, entre ellas:

  • Garantizar que los trabajadores domésticos disfruten de condiciones al menos tan favorables como las de los otros trabajadores.

  • Diseñar las modalidades de prestaciones para que se adapten a las especificidades del trabajo doméstico.

  • Sensibilizar a los trabajadores domésticos y a sus empleadores sobre sus derechos y obligaciones.

    Fuente: OIT 16 de junio de 2022

  • Viernes, 6 de mayo de 2022

    A mayor cobertura laboral por convenios
    colectivos, menores diferencias salariales

  • Un nuevo estudio de la agencia laboral destaca una amplia gama de diferencias de cobertura entre países.. Los acuerdos alcanzados entre los representantes de los trabajadores y los de las empresas fueron determinantes para mitigar el impacto de la crisis del COVID-19 sobre el empleo y los ingresos.

    Los empleados que gozan de una mayor cobertura en sus convenios colectivos sufren menores diferencias salariales, afirma un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo que revisó este tipo de negociaciones en 80 países con diferentes niveles de desarrollo económico y analizó los marcos legales y reglamentarios en 125 naciones.

    El estudio del organismo indica que más de un tercio de los empleados (el 35%) de 98 países tienen sus salarios, su tiempo de trabajo y otras condiciones laborales establecidas en sus convenios colectivos autónomos entre un sindicato y un empleador o una organización de empleadores.

    El análisis indica que este tipo de negociación colectiva también puede contribuir a reducir las diferencias salariales entre hombres y mujeres. El 59% de los convenios colectivos examinados incluyen una serie de acuerdos conjuntos entre los empleadores y de las organizaciones de trabajadores (en particular, los sindicatos) que abordan la desigualdad de género.

    Otro de los factores que subraya el informe es la relevancia que tuvieron las negociaciones colectivas a nivel de empleo y salarios durante la crisis económica que generó el COVID-19. Los convenios ayudaron a suavizar algunos de los efectos sobre la desigualdad y, al mismo tiempo, reforzaron la fortaleza de las empresas y los mercados de trabajo al apoyar la continuidad de la actividad económica.

    Así, varias disposiciones como la adaptación de las medidas de salud pública y el refuerzo de las medidas de seguridad de la salud en el lugar de trabajo, junto a las bajas por enfermedad retribuidas y las prestaciones sanitarias previstas en muchos convenios colectivos, contribuyeron a proteger a millones de trabajadores.

    El organismo destaca que la negociación colectiva será una herramienta esencial para afrontar los cambios de amplio calado que están transformando el panorama laboral.

    Sin embargo, para lograr un convenio colectivo eficaz la Organización considera que es necesario afrontar un cuarteto de prioridades:

  • Revitalizar las organizaciones de empleadores y trabajadores. Una recuperación centrada en las personas implica que los empresarios y los trabajadores tengan voz en las decisiones y políticas que les afectan

  • Conseguir el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva para todos los trabajadores. En vista de los importantes cambios que se están produciendo en el mundo del trabajo, es necesario fortalecer las instituciones laborales para garantizar una protección adecuada de todos los trabajadores, incluido el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva

  • Impulsar una recuperación inclusiva, sostenible y resistente. Los convenios colectivos deben ocuparse de la desigualdad y la exclusión, garantizar la seguridad económica, facilitar transiciones justas, lograr la flexibilidad del tiempo de trabajo y mejorar el equilibrio entre la vida laboral y la personal, impulsar una agenda transformadora para la igualdad de género y propiciar empresas sostenibles

  • Apoyar la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El papel de las organizaciones de empleadores y trabajadores es fundamental para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, que busca promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, y el empleo y el trabajo decente para todos

    Fuente: ONU 05 de mayo de 2022

  • Lunes, 2 de mayo de 2022

     

    Chiapas. Incidencia Delictiva del Fuero Común 2022

    La Secretaría de Hacienda, en el marco del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica a través de la Dirección de Información Geográfica y Estadística pone a su disposición el documento sobre el comportamiento de la incidencia delictiva del fuero común en el estado de Chiapas con los datos acumulados al mes de febrero, así como un comparativo anual desde el año 2018; dicha información es publicada de manera mensual por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la cual es remitida por las Procuradurías y/o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas.

    De acuerdo con los datos del SESNSP, en el estado de Chiapas se registró una incidencia delictiva acumulada al mes de febrero de 2022 de 2,635 delitos, de lo anterior se observa que, de manera conjunta los delitos contra otros bienes jurídicos (921) y los delitos contra el patrimonio (678) suman poco más de 60% del total de delitos; en seguida se encuentran aquellos contra la familia (405), después los delitos contra la vida o la integridad corporal (382) y posteriormente los delitos contra la libertad y seguridad sexual (217). En menor medida se encuentran los delitos contra la libertad personal(20) y los delitos contra la sociedad (12).

    El comportamiento general de la incidencia de delitos del fuero común en el periodo comprendido entre el año 2018 y el 2021 ha presentado una tendencia a la baja. Comparando el mes de febrero de 2022 con el mismo mes del año anterior se tiene una reducción de 75 delitos que representan 5.4% menos en el periodo citado.

    Dentro de los delitos contra la vida y la integridad corporal se encuentran los homicidios, el comportamiento de su incidencia es a la baja en el periodo entre 2018 y 2021. Considerando el valor de febrero 2022 en relación al del mismo mes del año anterior se registro un aumento de 5 casos que representan 2.6% más.

    Otra clasificación considerada en los delitos contra la vida y la integridad corporal es la que se refiere a los feminicidios. A diferencia de los homicidios, la incidencia de los feminicidios ha ido en aumento durante los últimos 4 años, considerando los valores de febrero para los últimos dos años se tiene una reducción de 2 casos que representan 40% menos.

    Otro grupo de delitos considerados son aquellos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual, dentro de ellos encontramos el abuso sexual, dicho delito ha mostrado, de manera general, una mínima diferencia de su incidencia en el estado entre 2018 y 2021. Si se consideran los valores para el mes de febrero de los últimos dos años se observa un aumento de 6 casos que representan un aumento de 50%.

    Otro delito considerado dentro de la clasificación de aquellos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual, es la violación simple, de manera similar al delito de abuso sexual se observa una tendencia a la baja en el estado. Al considerar el valor del mes de febrero de 2022 en relación al mismo mes del año anterior se tiene una reducción de 13 casos, los cuales representaron 28.3% menos.

    Dentro del grupo de delitos que atentan contra el patrimonio, se encuentra el robo, los casos de este delito en la entidad muestran una clara tendencia a la baja. En el periodo comprendido entre el mes de febrero de 2022 y el mes febrero de 2021 la variación también fue a la baja, reduciendo en 31 el número de casos, los cuales representaron 12.7% menos.

    Otro de los delitos que se encuentran dentro de los que atentan contra el patrimonio es el robo de vehículo,. En el periodo comprendido febrero de 2022 y febrero de 2021 la variación también fue a la baja, reduciendo en 38 el número de casos, los cuales representaron 27.1% menos.

    En lo que respecta al delito de robo a transeúnte en la vía pública también se registra descenso entre los años 2018 y 2021. si se considera el valor registrado en el mes de febrero de 2022 y se compara con el valor del mismo mes pero del año 2021 se observa una reducción de 2 casos, lo cuales representaron 13.3% menos.

    En la categoría de delitos contra la familia se encuentra el respectivo a la violencia familiar, los datos registrados sobre este delito muestran una clara tendencia a la baja entre los años 2018 y 2021. En el periodo entre el mes de febrero de 2022 y el mismo mes del año anterior la reducción fue de 182 casos, representando 51.9% menos.

    La última categoría de delitos que se hace mención en el tabulado reportado por el SESNSP es la de los delitos contra otros bienes jurídicos afectados; entre ellos se encuentra el narcomenudeo, el cual presenta un aumento entre el año 2018 y el 2021. Entre el mes de febrero de 2022 y febrero de 2021 presentó un aumento de 183 casos que representan 223.2% más.

    Otro de los delitos incluidos en la categoría de aquellos que atentan contra otros bienes jurídicos afectados es aquel que es cometido por servidores públicos, los cuales, cómo la mayoría de los anteriores, presentan un comportamiento descendente entre el año 2018 y 2021. En lo que respecta al periodo comprendido entre el mes de febrero de 2022 y el mismo mes de 2021 se registro el aumento de un caso, lo que represento 10% más en el periodo citado.

    Fuente: INEGI 02 de mayo de 2022

    Lunes, 25 de abril de 2022

    Centros de Justicia para las Mujeres en México 2021

  • El proyecto de Recopilación de Información de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) en México 2021 brinda información sobre los 55 Centros distribuidos en 31 entidades federativas que operaban al 4 de octubre de 2021.

  • La mayoría de los CJM se encuentran adscritos principalmente a las Fiscalías Generales de Justicia estatales (69.1%) y fungen como unidades administrativas (40.1%).

  • El 96.4% (53) de los CJM señalan que el servicio que ofrecen, en mayor medida, es el de traslados, que incluyen canalizaciones a refugios o albergues.

  • El perfil de las mujeres atendidas se concentró en el rango de 20 a 39 años, casadas o en unión libre. El principal tipo de violencia sufrida fue emocional y la persona agresora más frecuente resultó ser la pareja o expareja.

  • Existen áreas de oportunidad importantes para la mejora del registro administrativo, pues solo 87.0% (47) de los CJM recabaron datos básicos de las mujeres atendidas y 48.1% (26) de las personas agresoras.

    El Estado mexicano reconoce que la violencia contra las mujeres constituye una clara violación a sus derechos humanos. A través de los compromisos adquiridos con la ratificación de los instrumentos internacionales en la materia y del propio marco normativo federal, México está obligado a emprender acciones orientadas a prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

    En este sentido, los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) se erigen como la estrategia clave en el tema. Se trata de espacios físicos que concentran servicios especializados de atención integral con perspectiva de género a mujeres en situación de violencia, así como a sus hijas e hijos. De este modo, con la operación y funcionamiento de los CJM se cumple lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) y en las recomendaciones internacionales en materia de violencia de género de las que México es parte.

    El proyecto de Recopilación de Información de los Centros de Justicia para las Mujeres en México 2021 brinda información sobre los 55 CJM distribuidos en 31 entidades federativas que operaban al 4 de octubre de 2021. Ofrece datos detallados de los CJM sobre infraestructura, recursos económicos, capital humano, instituciones representadas, espacios físicos, áreas de atención, registro de información y estadísticas de mujeres atendidas por situación de violencia. La información cubre tres periodos de referencia: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019, del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 y del 1 de enero al 30 de junio de 2021.

    Esta información tiene como propósito impulsar los registros administrativos con fines estadísticos sobre violencia contra las mujeres, así como brindar información para el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas enfocadas a la atención y eliminación de la violencia contra las mujeres, sus hijas e hijos.

    Fuente: INEGI 25 de abril de 2022

  • Martes, 19 de abril de 2022

    Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana

    Cifras durante el primer trimestre de 2022

    La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) da a conocer la percepción de la población sobre la seguridad pública.

    En marzo de 2022, 66.2% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Este porcentaje nacional no representa un cambio estadísticamente significativo con relación a los porcentajes registrados en marzo y diciembre de 2021, que fueron de 66.4 y 65.8%, respectivamente. En esta edición, 16 ciudades y demarcaciones sí tuvieron cambios estadísticamente significativos frente a diciembre de 2021, 7 tuvieron reducciones y 9 incrementaron.

    En marzo de 2022, 71.1% de las mujeres y 60.4% de los hombres tuvieron una percepción de inseguridad.

    Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Fresnillo, Ciudad Obregón, Zacatecas, Cuautitlán Izcalli, Irapuato y Guadalajara con 97.1, 94.1, 91.7, 89.5, 87.6 y 87.1%, respectivamente.

    Las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron: San Pedro Garza García, Tampico, Piedras Negras, Mérida y Saltillo con 11.7, 20.4, 22.2, 22.4 y 24.1%, respectivamente; mientras que la demarcación Benito Juárez registró 25%.

    Fuente: INEGI 19 de abril de 2022

    Jueves, 7 de abril de 2022

    La recuperación en América Latina y
    el Caribe demanda reformas urgentes

    Las economías de América Latina y el Caribe (ALC) van camino a una recuperación tras la crisis de COVID-19, aunque las secuelas de la pandemia persisten y la necesidad de un crecimiento dinámico, inclusivo y sostenible es cada vez más urgente, de acuerdo a un nuevo informe del Banco Mundial, Consolidar la recuperación: aprovechando las oportunidades del crecimiento verde.

    Luego de un rebote de 6,9 por ciento en 2021, se espera que el PIB de la región crezca 2,3 por ciento este año y un 2,2 por ciento adicional en 2023, logrando la mayoría de los países revertir las pérdidas de PIB que tuvieron lugar durante la crisis pandémica. No obstante, estas modestas proyecciones colocan al crecimiento regional entre los más bajos del mundo en un momento en que la región enfrenta grandes incertidumbres.

    Del lado positivo, el proceso de vacunación se ha generalizado en la región, las empresas nuevamente están contratando y las escuelas reabren sus puertas. De todas formas, las secuelas a largo plazo de la crisis persisten y necesitan atención. La tasa de pobreza a nivel regional se elevó a 27,5 por ciento en 2021 y sigue por encima de su nivel prepandémico de 25,6 por ciento, mientras que las pérdidas de aprendizaje podrían resultar en una reducción del 10 por ciento en los ingresos futuros de millones de jóvenes en edad escolar. Para evitar el regreso de las bajas tasas de crecimiento de la década de 2010, los países de la región deben llevar a cabo una serie de reformas estructurales largamente postergadas y aprovechar las oportunidades que ofrece una economía mundial cada vez más verde.

    De acuerdo al informe, es imperativo poner en marcha una serie de reformas a favor del crecimiento en infraestructura, educación e innovación, y las inversiones más importantes deben financiarse a través de un gasto más eficiente y mayores ingresos fiscales. Pero estas reformas tan necesarias deben responder a los grandes acontecimientos que están configurando la economía mundial, incluido el cambio climático.

    En los últimos veinte años, subraya el informe, los países de América Latina y el Caribe perdieron el equivalente a 1,7 por ciento de su PIB anual a causa de los desastres relacionados con el clima, mientras que unas 5,8 millones de personas podrían caer en la extrema pobreza en la región para el año 2030. La agricultura probablemente se vea seriamente impactada, con una reducción en los rendimientos de los cultivos en casi todos los países, mientras que la estabilidad de la generación de energía se verá afectada por cambios en el ciclo hidrológico.

    El informe plantea una combinación de políticas que puede ayudar a aprovechar las oportunidades que brinda el crecimiento verde. Éstas incluyen:

  • Políticas para la fijación de precios que promuevan la adopción de las actuales tecnologías bajas en carbono, por ejemplo mediante reformas en los subsidios a los combustibles fósiles y el establecimiento de impuestos sobre el carbono y esquemas de comercialización de emisiones.

  • Mecanismos creíbles de verificación que posibiliten las primas de precio verdes. Esto permitirá la exportación de créditos/compensaciones de carbono y sacar provecho de los mercados de financiamiento verde.

  • Sistemas mejorados para identificar y adoptar tecnologías que mitiguen el impacto de la región sobre el clima y la ayuden a adaptarse, mientras aprovecha sus ventajas naturales para crecer. La agricultura climáticamente inteligente, por ejemplo, puede ayudar a los países a adaptarse a los cambios en los patrones de lluvia.

  • Compromisos en términos de política, planes a largo plazo creíbles, inversiones complementarias y mecanismos de reducción del riesgo, que reducen la incertidumbre y aceleran la adopción de tecnologías que promueven el crecimiento mientras se adaptan a y mitigan el cambio climático.

    Fuente: UNCTAD 07 de abril de 2022

  • Martes, 8 de marzo de 2022

     

    Las niñas deben ser una prioridad
    en la recuperación de la COVID-19

    En el Día Internacional de la Mujer reconocemos los logros que la comunidad internacional ha obtenido con mucho esfuerzo en favor de las mujeres y las niñas del mundo. Celebramos los extraordinarios logros alcanzados por las mujeres y las niñas en nuestras sociedades. Y redoblamos nuestro compromiso de ampliar esos logros a todas las niñas, en todas partes.

    “A medida que nos adentramos en el tercer año de la COVID-19 y tratamos de avanzar hacia una era pospandémica, la verdadera recuperación debe ser igualitaria desde el punto de vista del género.

    “La COVID 19 está devastando la vida de las niñas. Los continuos cierres de escuelas, el estrés económico y las interrupciones de los servicios están poniendo en peligro la salud, el bienestar y el futuro de las niñas más vulnerables. Puede que, en todo el mundo, más de 11 millones de niñas no regresen a la escuela después de la pandemia. Otros 10 millones de niñas corren el riesgo de contraer matrimonio infantil en la próxima década. Y, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en ese mismo periodo podrían producirse dos millones más de casos de mutilación genital femenina.

    “A medida que los confinamientos obligan a los niños a pasar más tiempo en sus casas, las niñas asumen una mayor parte de las tareas domésticas. Muchas se ven obligadas a convivir estrechamente con un maltratador, separadas de los servicios y las comunidades que les ayudan a protegerse. La violencia de género, incluida la violencia sexual, está en aumento.

    “No podemos dejar que una generación de niñas tenga que cargar con el coste de esta pandemia durante el resto de sus vidas. A medida que avanzamos hacia una era pospandémica, las niñas deben constituir el elemento central de los planes mundiales, nacionales y locales de respuesta y recuperación de la pandemia.

    “Esto significa mantener las escuelas abiertas para que las niñas puedan reanudar su educación, e invertir en recursos para contribuir a que todas aquellas que se han quedado atrás puedan recuperarse.

    “Significa reinvertir en la salud y la educación de las niñas, incluida su salud sexual y de la reproducción, y mejorar el acceso de las niñas a servicios de salud e higiene menstrual de calidad.

    “Significa proteger a las niñas de todas las formas de violencia, incluidas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil y la mutilación genital femenina.

    “Las niñas empoderadas son un factor de progreso. Las niñas de todo el mundo están defendiendo sus derechos y pidiendo exactamente este tipo de medidas. Tenemos que escucharlas. La estabilidad, la paz y la prosperidad mundiales dependen de ello.

    “En el Día Internacional de la Mujer, comprometámonos con una recuperación de la COVID-19 centrada en las niñas que ayude a crear un mundo postpandémico más justo e igualitario para ellas, y un futuro más brillante, pacífico y próspero para todos nosotros”.

    Fuente: UNICEF 08 de marzo de 2022

    Miércoles, 2 de marzo de 2022

     

    Chiapas. Incidencia Delictiva del Fuero Común 2021

    La Secretaría de Hacienda, en el marco del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica a través de la Dirección de Información Geográfica y Estadística pone a su disposición el documento sobre el comportamiento de la incidencia delictiva del fuero común en el estado de Chiapas con los datos anuales de 2021, así como un comparativo anual desde el año 2018; dicha información es publicada de manera mensual por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la cual es remitida por las Procuradurías y/o Fiscalías Generales de las 32 entidades federativas.

    De acuerdo con los datos del SESNSP, en el estado de Chiapas se registró una incidencia delictiva acumulada al 2021 de 17,130 delitos, de lo anterior se observa que poco más de la mitad corresponde, de manera conjunta, a delitos contra el patrimonio (4,536) o la familia (4,262), seguidos por los delitos contra otros bienes jurídicos (3,659), en seguida se ubican los delitos contra la vida o la integridad corporal (2,680), posteriormente se encuentran los delitos contra la libertad y seguridad sexual (1,611). En menor medida se encuentran los delitos contra la libertad personal (203) y los delitos contra la sociedad (179).

    El comportamiento general de la incidencia de delitos del fuero común en el periodo comprendido entre el año 2018 y el 2021 ha presentado una tendencia a la baja, dentro de los grupos de delitos destacan aquellos contra el patrimonio al observar una reducción de 3 cuartas partes en el periodo mencionado es decir 8,403 delitos menos. Por su parte los delitos que presentaron la menor variación fueron aquellos contra la libertad personal al reducir su valor en 18 delitos.

    Dentro de los delitos contra la vida y la integridad corporal se encuentran los homicidios, el comportamiento de su incidencia es a la baja en el periodo considerado, en términos absolutos se observa una reducción de 113 casos, lo que en términos porcentuales representó 8.8% menos. Considerando el valor de 2021 en relación al valor anual de 2020 se registró un aumento de 101 casos representando 9.5 % más.

    Otra clasificación considerada en los delitos contra la vida y la integridad corporal es la que se refiere a los feminicidios. A diferencia de los homicidios, la incidencia de los feminicidios ha ido en aumento durante los últimos 4 años, considerando dicho periodo el aumento fue de 25 casos, lo que en términos porcentuales representó un aumento de 119 %; mientras que en el periodo anual el incremento fue de 18 casos más, aumentando 64.3% entre el año 2020 y el 2021.

    Otro grupo de delitos considerados son aquellos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual, dentro de ellos encontramos el abuso sexual, dicho delito ha mostrado, de manera general, una mínima diferencia de su incidencia en el estado al registrar el descenso de un caso entre el año 2018 y el 2021, dicho valor representó 0.5% menos. En el periodo comprendido entre el año 2020 y 2021, se registró un aumento de 59 casos que representaron 39.9% más.

    Otro delito considerado dentro de la clasificación de aquellos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual, es la violación simple, de manera similar al delito de abuso sexual se observa una tendencia a la baja en el estado al registrar un descenso de 21 casos entre el año 2018 y el 2021, dicho valor representó 3.9% menos. En el periodo comprendido entre el año 2020 y 2021, se registró el incremento de 63 casos que representaron una reducción de 13.7%.

    Dentro del grupo de delitos que atentan contra el patrimonio, se encuentra el robo, los casos de este delito en la entidad muestran una clara tendencia a la baja, al pasar de 9,336 casos en 2018 a 2,839 casos en 2021, es decir 6,497 casos menos que representaron una reducción de 69.6%. En el periodo comprendido entre el año 2020 y el acumulado a diciembre de 2021 la variación también fue negativa reduciendo en 592 el número de casos, los cuales representaron 17.3% menos.

    Otro de los delitos que se encuentran dentro de los que atentan contra el patrimonio es el robo de vehículo, de acuerdo con la información reportada la disminución fue de 1,002 casos de 2018 a 2021 es decir 40.3% menos. En el periodo comprendido entre el año 2020 y el 2021 la variación también fue negativa reduciendo en 374 el número de casos, los cuales representaron 20.1% menos.

    En lo que respecta al delito de robo a transeúnte en la vía pública también se registra descenso en el periodo considerado, al pasar de 855 casos en 2018 a 132 en 2021, lo que representó 723 casos menos, es decir 84.6% menos. En el periodo comprendido entre 2020 y 2021 la reducción fue de 87 casos en términos absolutos, lo cuales representaron 39.7% menos.

    En la categoría de delitos contra la familia se encuentra el respectivo a la violencia familiar, los datos registrados sobre este delito muestran una clara tendencia a la baja al disminuir en 2,061 casos entre 2018 y 2021, los cuales representaron 34.2% menos. En el periodo entre el año 2020 y el 2021 la reducción fue de 503 casos, representando 11.2% menos.

    La última categoría de delitos que se hace mención en el tabulado reportado por el SESNSP es la de los delitos contra otros bienes jurídicos afectados; entre ellos se encuentra el narcomenudeo, el cual presenta una disminución entre el año 2018 y el 2019, para posteriormente mantener una tendencia de ascenso entre el 2019 y el 2021, al aumentar 635 casos en dicho periodo, los cuales representaron 74.5% más. Entre el año 2020 y 2021 el aumento fue de 384 casos que representaron 34.8% más.

    Otro de los delitos incluidos en la categoría de aquellos que atentan contra otros bienes jurídicos afectados es aquel que es cometido por servidores públicos, los cuales, cómo la mayoría de los anteriores, presentan un comportamiento descendente entre el año 2018 y 2021 al disminuir 220 casos en términos absolutos, que representaron 61.1% menos. En lo que respecta al periodo comprendido entre el año 2020 y el 2021 la reducción absoluta fue de 110 casos que representan 44% menos.

    Fuente: INEGI 02 de marzo de 2022

    Viernes, 25 de febrero de 2022

    El Foro Mundial de la OIT concluye con compromisos renovados

  • La Organización Internacional del Trabajo refuerza su colaboración con varios organismos del sistema multilateral para abordar urgentemente las desigualdades agravadas por la pandemia de la COVID-19, dentro y entre los países.

    El Foro Mundial para una Recuperación Centrada en las personas , organizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), concluyó con compromisos renovados para impulsar una recuperación que priorice a las personas y aborde las peligrosas desigualdades agravadas por la crisis de la COVID-19.

    El Foro, de tres días de duración, reunió a Jefes de Estado y de Gobierno, directores de organizaciones internacionales y de bancos multilaterales de desarrollo, y líderes de empleadores y trabajadores de todo el mundo para proponer acciones concretas que permitan reconstruir mejor y reforzar el nivel y la coherencia de la respuesta de la comunidad internacional a las consecuencias sociales y económicas de la pandemia.

    Se comprometieron con los objetivos de una recuperación centrada en las personas, la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Banco Islámico de Desarrollo (BIsD), el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), el Comisario Europeo para el Empleo y los Derechos Sociales, la Organización Mundial del Comercio (OMC), el Banco Mundial, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), UNICEF, el Banco Africano de Desarrollo (BAD), la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Enviado Especial de las Naciones Unidas para el Clima y las Finanzas.

    En las sesiones temáticas del Foro se abordaron las cuestiones más apremiantes a las que se enfrenta el mundo del trabajo: el crecimiento inclusivo y el empleo decente, la protección social universal, la protección de los trabajadores y el mantenimiento de las empresas, y la transición justa hacia la neutralidad del carbono. Se cerró con un debate sobre cómo alcanzar una recuperación inclusiva, sostenible y resiliente tras la crisis de la COVID-19.

    Entre los resultados más destacados de la coherencia política multilateral del Foro Mundial se encuentran los siguientes:

  • Una nueva asociación entre la OIT y el PNUD para desarrollar una hoja de ruta común para el Acelerador Mundial del Empleo y la Protección Social, y para poner en marcha la Iniciativa Mundial conjunta sobre el Fomento de los Caminos hacia la Formalidad.

  • Una profundización de la cooperación entre la OMS y la OIT para reforzar los vínculos entre las instituciones del sector de la salud y del mundo del trabajo, a fin de proteger mejor a los trabajadores de los riesgos para la salud mental y las lesiones y enfermedades profesionales, y preparar los lugares de trabajo para las crisis sanitarias.

  • Un nuevo acuerdo marco que se desarrollará con el BERD para reforzar la cooperación en proyectos y la asistencia técnica en ámbitos como la igualdad de género, la transición justa y la acción climática para el empleo.

    Un nuevo Memorando de Entendimiento que se firmará con el BIsD para apoyar una recuperación centrada en el ser humano, que prevé la cooperación en ámbitos como la capacitación económica de los jóvenes, la igualdad de género, el trabajo decente en situaciones de crisis y el fomento de la cooperación triangular Sur-Sur.

  • Una profundización del compromiso de UNICEF, para asociarse con la OIT y la familia de la ONU en general, con el fin de garantizar el progreso en la consecución de la protección social universal.

    Otros socios multilaterales también se refirieron a los elementos de una recuperación centrada en las personas. El Enviado Especial de las Naciones Unidas para el Clima y las Finanzas hizo hincapié en la necesidad de una transición centrada en el ser humano para hacer frente a la crisis climática. El Comisario Europeo para el Empleo y los Derechos Sociales llamó la atención sobre la aplicación de una nueva comunicación de la Unión Europea sobre el trabajo decente -guiada por los cuatro pilares del trabajo decente de la OIT- para una transición justa global y una recuperación sostenible. La FAO se comprometió a movilizar financiación adicional para construir sistemas sólidos de protección social a través de asociaciones eficientes, eficaces y coherentes y de la solidaridad mundial. La OMC habló de la necesidad vital de que el comercio aumente los niveles de vida, cree empleos decentes y beneficie a las personas.

    Fuente: OIT 25 de febrero de 2022

  • Jueves, 24 de febrero de 2022

     

    Chiapas. Pobreza Municipal 2020

    La Secretaría de Hacienda, en el marco del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica, presenta el documento Chiapas. Pobreza Municipal 2020.

    Este documento pretende mostrar un panorama general de los resultados de la Medición Multidimensional de la Pobreza para los municipios del estado de Chiapas en el periodo comprendido entre el año 2015 y 2020, tomando como fuente de información los datos publicados por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

    San Juan Cancuc fue el municipio con el mayor porcentaje de población en condición de pobreza en el año 2020 con 99.3%, cifra que representó a 38,036 personas de un total municipal de 38,321; es decir que sólo 285 personas no padecen esta condición.

    En lo que se refiere a la población en situación de pobreza extrema, en el año 2020 Chalchihuitán fue el municipio con el mayor porcentaje de población en esta condición con 76.4%, cifra que representó a 16,918 personas de un total municipal de 22,131.

    En lo que se refiere a la población en situación de pobreza moderada, en el año 2020 El Porvenir fue el municipio con el mayor porcentaje de población en esta condición con 80.5%, cifra que representó a 7,721 personas de un total municipal de 9,590.

    En lo que se refiere a la población vulnerable por carencia social, en el año 2020 La Libertad fue el municipio con el mayor porcentaje de población en esta condición con 51.9%, cifra que representó a 2,743.

    En lo que se refiere a la población vulnerable por ingreso, en el año 2020, Chicoasén fue el municipio con el mayor porcentaje de población en esta condición con 11.0%, cifra que representó a 597 personas.

    En el año 2020, Tuxtla Gutiérrez fue el municipio con el mayor porcentaje de población no pobre y no vulnerable, con 20.2%, cifra que representó a 118,413 personas.

    En el año 2020, Zinacantán fue el municipio con el mayor porcentaje de población con rezago educativo, con 56.9%, cifra que representó a 26,055 personas.

    En el año 2020, Cacahoatán fue el municipio con el mayor porcentaje de población con carencia por acceso a los servicios de salud, con 60.7%, cifra que representó a 31,103 personas.

    En el año 2020, Aldama fue el municipio con el mayor porcentaje de población con carencia por acceso a la seguridad social, con 96.1%, cifra que representó a 8,227 personas.

    En el año 2020, Chalchihuitán fue el municipio con el mayor porcentaje de población con carencia por calidad y espacios de la vivienda, con 64.1%, cifra que representó a 14,178 personas.

    En el año 2020, San Juan Cancuc fue el municipio con el mayor porcentaje de población con carencia por servicios básicos en la vivienda, con 99%, cifra que representó a 37,950 personas.

    En el año 2020, Rincón Chamula San Pedro fue el municipio con el mayor porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación, con 54.8%, cifra que representó a 4,825 personas.

    En el año 2020, San Andrés Duraznal fue el municipio con el mayor porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de pobreza por ingresos, con 99.7%, cifra que representó a 6,089 personas.

    En el año 2020, San Andrés Duraznal fue el municipio con el mayor porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de pobreza extrema por ingresos, con 94.4%, cifra que representó a 5,767 personas.

    Fuente: SH 24 de febrero de 2022

    Miércoles, 9 de febrero de 2022

    6 de cada 7 personas en el mundo
    sufren sentimientos de inseguridad

  • El informe revela la creciente sensación de inseguridad entre la población, a pesar de los años de avance en el desarrollo, y hace un llamado a promover la solidaridad y reorientar los esfuerzos en el ámbito del desarrollo

    El progreso en el desarrollo a nivel mundial no genera automáticamente una mayor sensación de seguridad, según un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre seguridad humana.

    El informe Las nuevas amenazas para la seguridad humana en el Antropoceno aporta nuevos datos y análisis que muestran que, a pesar de los avances de desarrollo acumulados durante años, la sensación de seguridad de la población se encuentra por debajo del mínimo en casi todos los países, incluidos los más ricos. Países con algunos de los niveles más elevados de buena salud, riqueza y educación muestran mayor grado de ansiedad incluso que hace diez años.

    Para abordar esta desconexión entre desarrollo y percepción de seguridad, el informe hace un llamado a reforzar la solidaridad internacional y a elaborar un nuevo enfoque de desarrollo que permita a las personas vivir sin carencias, miedo, ansiedad e indignidad.

    Nunca fue más evidente el imperativo de actuar sin demora. Los datos muestran una bajada en la esperanza de vida a nivel mundial, por segundo año consecutivo, debido a la COVID-19 y un empeoramiento de todos los parámetros de medición del desarrollo humano. Además, es probable que el cambio climático se convierta en una de las principales causas de mortalidad en el mundo. Aún con una reducción moderada de las emisiones, los cambios de temperatura podrían ocasionar la muerte de 40 millones de personas de aquí a fin de siglo.

    El informe examina una serie de amenazas que han ido adquiriendo mayor prominencia en los últimos años, como las relacionadas con las tecnologías digitales, las desigualdades, los conflictos, y la capacidad de los sistemas de salud para enfrentar los nuevos retos, como la pandemia de la COVID-19.

    Según los autores del informe, la lucha contra estas amenazas exigirá que los responsables políticos las aborden conjuntamente considerando los principios de protección, empoderamiento, y solidaridad de manera que se creen sinergias, y no contradicciones, entre la seguridad de las personas, la salud del planeta, y el desarrollo humano. Esto significa que las soluciones de un problema no deben ocasionar el exacerbamiento de otros.

    El informe señala, asimismo, la estrecha relación existente entre la pérdida de confianza y los sentimientos de inseguridad. Las personas con una mayor sensación de inseguridad humana tienen tres veces menos probabilidades de tener confianza en los demás.

    Otras conclusiones novedosas del informe:

  • Los países con un desarrollo más alto tienden a beneficiarse más de las presiones ejercidas sobre el planeta y a pagar menos sus consecuencias, destacando el impacto del cambio climático en el aumento de las desigualdades.

  • Alrededor de 1.200 millones de personas viven en zonas afectadas por conflictos, y casi la mitad de ellas (560 millones) en países habitualmente no considerados como frágiles, lo que demuestra la necesidad de reexaminar la noción tradicional respecto a qué países son más vulnerables a los conflictos.

  • En 2021, a pesar de alcanzarse el PIB más alto de la historia y de la creciente disponibilidad de vacunas contra la COVID-19 en algunos países, la esperanza de vida a nivel mundial se redujo por segundo año consecutivo, con un descenso promedio de 1,5 años si se compara con la tendencia anterior a la pandemia.

  • Se aprecian amplias y crecientes diferencias entre los sistemas de salud de los países. Según un nuevo Índice de Universalismo de la Atención Médica (Healthcare Universalism Index) presentado por el informe, entre 1995 y 2017 se produjo un ensanchamiento de la brecha de desigualdad en el ámbito sanitario entre los países con bajo y muy alto desarrollo humano.

    El concepto de seguridad humana, dado a conocer originalmente en 1994 en el pionero Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD, introdujo un cambio radical en la manera de pensar sobre la seguridad de las personas, alejándose de la idea de seguridad personal unida exclusivamente a la seguridad territorial y poniendo el énfasis en la importancia de las necesidades básicas, la dignidad, y la protección de las personas a la hora de disfrutar de vidas seguras.

    Fuente: PNUD 08 de febrero de 2022

  • Martes, 25 de enero de 2022

    Defunciones por Homicidio

    Cifras preliminares de enero a junio de 2021

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer las estadísticas preliminares , a nivel nacional, de los homicidios registrados en el país durante el primer semestre de 2021. Las estadísticas revelan que de enero a junio de 2021 se registraron 16,972 homicidios en México. Es decir, una razón de 13 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional, tasa menor a la registrada para el mismo periodo de 2020.

    Con la finalidad de facilitar su comparación con la información de años anteriores, se agrega la serie histórica de la estadística definitiva de presuntos homicidios de los primeros semestres de 1990 a 2020.

    Estas cifras se derivan de las Estadísticas de Defunciones Registradas3 y provienen de los registros administrativos de defunciones accidentales y violentas generados por las entidades federativas y recopilados mensualmente por el INEGI. Como fuentes informantes se consideran 231 Oficialías del Registro Civil, 99 Servicios Médicos Forenses y 183 Agencias del Ministerio Público que tuvieron al menos un registro de homicidio.

    A partir de 2015, el INEGI capta información de presuntos homicidios directamente de los Servicios Médicos Forenses, por medio de los certificados de defunción que emiten para las muertes accidentales y violentas. Además, obtiene datos en las Oficialías del Registro Civil a través de actas y certificados de defunción. Esta información se complementa con la proporcionada por las Agencias del Ministerio Público mediante los cuadernos estadísticos de defunción.

    Los homicidios forman parte de las defunciones accidentales y violentas, cuya clasificación se determina con base en las causas (afecciones y lesiones), la presunción del tipo de defunción y el motivo de la lesión, registrados por el médico certificante en el certificado de defunción. Las primeras dos son fundamentales para distinguir entre un presunto homicidio, un presunto accidente o un presunto suicidio, aunque, en algunos casos, el certificante carece de elementos suficientes para identificar la intencionalidad del hecho ocurrido.

    Al publicar la información correspondiente a todo el año 2021, las cifras preliminares, que se darán a conocer el 27 de julio de 2022, incluirán casos que corresponden al primer semestre de 2021, pero que fueron captados durante el segundo semestre de ese mismo año. En este sentido, la estadística preliminar semestral es un registro sujeto a modificaciones y puede presentar diferencias con respecto a la versión preliminar anual y a la versión definitiva anual, por lo que debe utilizarse bajo esta consideración.

    Fuente: INEGI 25 de enero de 2022

    Miércoles, 19 de enero de 2022

    Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana

    Cifras durante el cuarto trimestre de 2021

    La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) da a conocer la percepción de la población sobre la seguridad pública.

    En diciembre de 2021, 65.8% de la población de 18 años y más consideró que es inseguro vivir en su ciudad. Este porcentaje representa un cambio estadísticamente significativo con relación a los porcentajes registrados en diciembre de 2020 y septiembre de 2021, que fueron de 68.1 y 64.5%, respectivamente. En esta edición, 16 ciudades tuvieron cambios estadísticamente significativos frente a septiembre de 2021: 10 tuvieron reducciones y 6 incrementaron.

    Durante diciembre de 2021, 70.3% de las mujeres tuvo una percepción de inseguridad, mientras que 60.2% de los hombres lo percibió así.

    Las ciudades con mayor porcentaje de personas de 18 años y más que consideraron que vivir en su ciudad es inseguro fueron: Fresnillo, Ciudad Obregón, Naucalpan de Juárez, Zacatecas, Irapuato y Uruapan con 96.8, 95, 92.1, 89.4, 89 y 86%, respectivamente.

    Durante el segundo semestre de 2021 y a nivel nacional, 25.2% de los hogares tuvo al menos una víctima de robo y/o extorsión. Las ciudades con mayor porcentaje de hogares con al menos una víctima fueron: Gustavo A. Madero, Chimalhuacán, Tláhuac, Irapuato y Venustiano Carranza con 48.6, 42, 41.7, 40.3 y 38.4%, respectivamente.

    En cuanto a víctimas de actos de corrupción por parte de autoridades de seguridad pública, de julio a diciembre de 2021 se estima que 11.3% de la población de 18 años y más tuvo contacto con alguna autoridad de seguridad pública. De estas personas 46.6% declararon haber sufrido un acto de corrupción por parte de las autoridades.

    En esta edición se proporciona información estadística sobre víctimas de acoso personal y violencia sexual. Se estima que, durante el segundo semestre de 2021, 13.5% de la población de 18 años y más fue víctima de acoso personal y/o violencia sexual. En el caso de las mujeres este porcentaje fue de 20%, mientras que en hombres fue de 5.5 por ciento.

    La ENSU identifica la frecuencia de salida de su vivienda, ya sea por cuestiones laborales, escolares, de salud, para realizar compras, etcétera. Durante el cuarto trimestre de 2021, 59.4% de la población de 18 años y más en zonas urbanas, salió diariamente de su vivienda y, de éstos, 65.5% tuvo sensación de inseguridad.

    Fuente: INEGI 19 de enero de 2022

    Jueves, 9 de diciembre de 2021

     

    La COVID-19 es “la peor crisis para la infancia

  • COVID-19 está revirtiendo prácticamente todos los avances en favor de la infancia, tal y como refleja la impactante cifra de 100 millones de niños más que se han sumido en la pobreza

    La COVID-19 ha afectado a la infancia a una escala sin precedentes, lo que la convierte en la peor crisis de la infancia en los 75 años de historia de UNICEF, según ha declarado el organismo de las Naciones Unidas para la infancia en un informe publicado.

    El informe Evitemos una década perdida: Hay que actuar ya para revertir los efectos de la COVID-19 sobre la infancia y la juventud subraya las distintas formas en que la COVID-19 está poniendo en peligro décadas de progreso en cuestiones fundamentales para los niños, como la pobreza, la salud, el acceso a la educación, la nutrición, la protección de la infancia y el bienestar mental. El informe revela también que, casi dos años después de la pandemia, los efectos generalizados de la COVID-19 siguen agravándose, mientras aumenta la pobreza, se arraiga la desigualdad y se ponen en peligro los derechos de los niños en unos niveles que no se habían visto antes.

    Según el informe, se estima que nada menos que 100 millones de niños más viven en situación de pobreza multidimensional debido a la pandemia: un aumento del 10% desde 2019. Esto equivale aproximadamente a 1,8 niños por segundo desde mediados de marzo de 2020. Por si fuera poco, el informe señala que llevará mucho tiempo recuperar el terreno perdido: incluso en el mejor de los casos, tardaremos entre siete y ocho años en recuperarnos y regresar a la situación en materia de pobreza infantil que había antes de la COVID.

    A partir de otros datos que evidencian este retroceso, el informe revela que alrededor de 60 millones de niños más viven hoy en día en hogares pobres desde el punto de vista monetario, en comparación con las cifras anteriores a la pandemia. Además, en 2020, más de 23 millones de niños no pudieron recibir las vacunas esenciales, un aumento de casi cuatro millones con respecto a 2019 y la cifra más alta en 11 años.

    Incluso antes de la pandemia, alrededor de 1.000 millones de niños y niñas de todo el mundo sufrían al menos una privación grave, como la falta de acceso a la educación, la salud, la vivienda, la nutrición, el saneamiento o el agua. En la actualidad, esta cifra está aumentando, ya que la desigualdad en la recuperación está acentuando las crecientes disparidades entre los niños ricos y los pobres, si bien perjudica especialmente a los más marginados y vulnerables. El informe pone de manifiesto los siguientes datos:

  • En el punto álgido de la pandemia, más de 1.600 millones de estudiantes no pudieron asistir a la escuela debido a los confinamientos decretados en los países. En el primer año de crisis, las escuelas permanecieron cerradas en todo el mundo durante casi el 80% del tiempo de enseñanza presencial.

  • Los problemas de salud mental afectan a más de un 13% de los adolescentes de 10 a 19 años en todo el mundo. En octubre de 2020, la pandemia había interrumpido o suspendido los servicios de salud mental esenciales en el 93% de los países de todo el mundo.

  • Antes del final de esta década, pueden producirse hasta 10 millones de matrimonios infantiles más como consecuencia de la pandemia de COVID-19.

  • El número de niños sometidos al trabajo infantil ha aumentado hasta alcanzar los 160 millones en todo el mundo, lo que supone un aumento de 8,4 millones de niños en los últimos cuatro años. Del mismo modo, otros 9 millones de niños corren el riesgo de verse obligados a trabajar para finales de 2022 como resultado del aumento de la pobreza provocado por la pandemia.

  • Durante el punto álgido de la pandemia, 1.800 millones de niños y niñas vivían en los 104 países donde se interrumpieron gravemente los servicios de prevención y respuesta a la violencia.

  • 50 millones de niños sufren emaciación, la forma más letal de la malnutrición, y esta cifra podría aumentar en 9 millones antes del final de 2022 como consecuencia de los efectos de la pandemia sobre la alimentación, los servicios de nutrición y las prácticas de alimentación de los niños.

    Además de la pandemia, el informe advierte de que existen otras amenazas para la infancia que ponen en grave peligro sus derechos. En todo el mundo, 426 millones de niños y niñas (casi uno de cada cinco) viven en zonas donde los conflictos son cada vez más intensos y se cobran un mayor número de víctimas civiles, lo que afecta de manera desproporcionada a los niños y las niñas. Las mujeres y las niñas son las que están más expuestas a la violencia sexual relacionada con los conflictos. El 80% de todas las necesidades humanitarias están motivadas por conflictos. Del mismo modo, alrededor de 1.000 millones de niños y niñas (casi la mitad de la población infantil mundial) viven en países extremadamente vulnerables a los efectos del cambio climático.

    Para responder y recuperarse, y para reimaginar el futuro de cada niño, UNICEF sigue pidiendo que se tomen las siguientes medidas:

  • Invertir en protección social, capital humano y gasto público para lograr una recuperación resiliente que incluya a todos.

  • Poner fin a la pandemia y revertir el alarmante retroceso que se ha producido en la salud y la nutrición de la infancia, aprovechando, entre otras cosas, el papel fundamental que desempeña UNICEF en la distribución de las vacunas contra la COVID-19.

  • Reconstruir el mundo de manera más sólida garantizando una educación de calidad, protección y buena salud mental para cada niño.

  • Aumentar la capacidad de resiliencia con el fin de mejorar las labores de prevención y respuesta a las crisis y proteger a la infancia, por ejemplo, estableciendo nuevos enfoques para acabar con las hambrunas, proteger a los niños del cambio climático y reimaginar el gasto que se destina a paliar los desastres.

    A medida que trabajamos con los gobiernos, los donantes y otras organizaciones con el objetivo de comenzar a trazar una ruta común para los próximos 75 años, los niños y las niñas han de ser los primeros a la hora de recibir inversiones y los últimos a la hora de sufrir recortes. La promesa de nuestro futuro depende de las prioridades que establezcamos en el presente”.

    Fuente: UNICEF 09 de diciembre de 2021

  • Miércoles, 8 de diciembre de 2021

    Pensiones protegidas durante la pandemia de
    COVID-19, pero persisten los desafíos del envejecimiento

    La pandemia de COVID-19 ha cobrado un alto precio entre las personas mayores, aunque los jubilados han visto sus pagos de pensiones bien protegidos en los países de la OCDE. Los futuros derechos de pensión también han estado bien protegidos gracias a la excepcional respuesta política a la crisis, según un nuevo informe de la OCDE.

    Pensions at a Glance 2021 dice, sin embargo, que persiste la presión financiera a largo plazo derivada del envejecimiento. Las finanzas de las pensiones se deterioraron durante la pandemia debido a la pérdida de contribuciones y los déficits se han cubierto principalmente con los presupuestos estatales. Poner los sistemas de pensiones sobre una base sólida para el futuro requerirá decisiones políticas dolorosas

    Aunque el aumento de la esperanza de vida en la vejez se ha ralentizado desde 2010, se prevé que el ritmo de envejecimiento sea rápido durante las próximas dos décadas. Se prevé que el tamaño de la población en edad de trabajar disminuirá en más de una cuarta parte para 2060 en la mayoría de los países de Europa meridional, central y oriental, así como en Japón y Corea.

    Los jóvenes se han visto gravemente afectados por la crisis y podrían ver reducidos sus beneficios futuros, especialmente si la pandemia resulta en cicatrices a más largo plazo y dificultades para desarrollar sus carreras. Permitir el acceso temprano a los ahorros para pensiones para compensar las dificultades económicas, como se observa en algunos países como Chile, también puede generar problemas a largo plazo: a menos que los mayores ahorros futuros compensen estos retiros, la consecuencia será una baja jubilación.

    Los esquemas obligatorios proporcionan una tasa de reemplazo neta promedio futura del 62% para los trabajadores con salario promedio de carrera completa, que van desde menos del 40% en Chile, Estonia, Irlanda, Japón, Corea, Lituania y Polonia al 90% o más en Hungría, Portugal y Turquía.

    En los últimos dos años, muchos países reformaron significativamente las prestaciones de pensión relacionadas con los ingresos, incluidos Estonia, Grecia, Hungría, México, Polonia y Eslovenia. Chile, Alemania, Letonia y México también aumentaron la protección de los ingresos para las personas de bajos ingresos. La acción sobre las edades de jubilación fue limitada. Suecia aumentó la edad mínima de jubilación para las pensiones públicas relacionadas con los ingresos; los Países Bajos pospusieron el aumento planificado al tiempo que redujeron el ritmo del vínculo futuro con la esperanza de vida; e Irlanda derogó el aumento previsto de 66 a 68 años. Dinamarca, Irlanda, Italia y Lituania han ampliado las opciones de jubilación anticipada.

    Según las medidas legislativas, la edad normal de jubilación aumentará aproximadamente dos años en la OCDE en promedio a mediados de la década de 2060. La futura edad normal de jubilación es de 69 años o más en Dinamarca, Estonia, Italia y los Países Bajos, mientras que Colombia, Luxemburgo y Eslovenia permitirán que los hombres se jubilen a los 62 años. Las mujeres mantendrán una edad normal de jubilación más baja que los hombres en Colombia, Hungría, Israel, Polonia y Suiza.

    Pensions at a Glance 2021 dice que el mayor desafío a largo plazo para las pensiones sigue siendo proporcionar pensiones financiera y socialmente sostenibles en el futuro. Muchos países han introducido mecanismos de ajuste automático (AAM) en sus sistemas de pensiones que cambian los parámetros del sistema de pensiones, como la edad de las pensiones, las prestaciones o las tasas de cotización, cuando cambian los indicadores demográficos, económicos o financieros. Estos mecanismos de ajuste automático son cruciales para ayudar a lidiar con el impacto del envejecimiento.

    Aproximadamente dos tercios de los países de la OCDE utilizan alguna forma de AAM en sus planes de pensiones, ajustando las edades de jubilación, los niveles de prestaciones y las tasas de cotización y utilizando un mecanismo de equilibrio automático. El análisis de la OCDE muestra que, a lo largo de los años, los mecanismos de ajuste automático en ocasiones se suspendieron o incluso se eliminaron para evitar recortes de las prestaciones de pensión y aumentos de la edad de jubilación. Sin embargo, en comparación con la alternativa de los cambios discrecionales, los AAM se pueden diseñar e implementar para generar cambios que sean menos erráticos, más transparentes y más equitativos entre generaciones.

    Fuente: OECD 08 de diciembre de 2021

    Miércoles, 8 de diciembre de 2021

    Día Internacional contra la Corrupción

  • Tu derecho, tu desafío: dile no a la corrupción

    La corrupción afecta en todos los ámbitos de la sociedad. Por eso su prevención permite avanzar hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ayudar a proteger nuestro planeta y crear empleos, favorecer la igualdad de género y garantizar un mayor acceso a servicios esenciales como la salud y la educación.

    Los esfuerzos en la lucha contra la corrupción benefician a todo el conjunto social, pero la mala conducta y las irregularidades están robando recursos valiosos para responder y recuperarnos de la crisis de COVID-19.  El Día Internacional contra la Corrupción de 2021 busca destacar los derechos y responsabilidades de todos -incluidos los Estados, los funcionarios públicos, los agentes de la ley, los representantes de los medios de comunicación, el sector privado, la sociedad civil, el sector académico, el público y los jóvenes- en la lucha contra la corrupción.

    Esta campaña de seis semanas, que comenzará a principios de noviembre, tiene como objetivo destacar el papel de las principales partes interesadas y de los individuos en la prevención y la lucha contra la corrupción, de acuerdo con el tema “Tu derecho, tu desafío: dile no a la corrupción”. Cada semana se dedicará a una de las siguientes dimensiones clave en la lucha contra la corrupción:
    Educación y juventud
    Deporte
    Género
    Sector privado
    COVID-19
    Cooperación Internacional

    La campaña también tiene como objetivo intercambiar experiencias y buenas prácticas en materia de prevención y lucha contra la corrupción en todo el mundo mediante el fortalecimiento de la cooperación internacional, la lucha contra los nexos entre la corrupción y otras formas de delincuencia, la recuperación y la devolución de los activos robados, el desarrollo de soluciones innovadoras, la prevención a través de la educación, el compromiso de los jóvenes y la movilización de los aliados de la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado.

    La corrupción es un complejo fenómeno social, político y económico, que afecta a todos los países. Por ejemplo, socava las instituciones democráticas al distorsionar los procesos electorales, pervertir el imperio de la ley y crear atolladeros burocráticos, cuya única razón de ser es la de solicitar sobornos. También atrofia los cimientos del desarrollo económico, ya que desalienta la inversión extranjera directa y a las pequeñas empresas nacionales les resulta a menudo imposible superar los «gastos iniciales» requeridos por la corrupción.

    El 31 de octubre de 2003, la Asamblea General aprobó la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción Documento PDF, que entró en vigor en diciembre de 2005, y pidió al Secretario General que designara a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) como la secretaría para la Conferencia de los Estados Partes de la Convención.

    Para crear conciencia contra esta lacra y difundir el valioso papel de la Convención a la hora de luchar contra ella y prevenirla, la Asamblea también designó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción.

    Gobiernos, el sector privado, organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y ciudadanos en todo el mundo estan uniendo fuerzas para combatir este delito. El Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) están en primera linea en ese esfuerzo.

    Fuente: ONU 08 de diciembre de 2021

  • Martes, 7 de diciembre de 2021

    Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad

  • En 2021, 48.6% de la población privada de la libertad recibió agresiones físicas al momento de su detención.

  • 17.2% de la población privada de la libertad ha experimentado al menos un acto de corrupción durante su estancia en el centro penitenciario.

  • 34.1% de la población fue víctima de algún delito al interior del centro penitenciario entre julio de 2020 y julio de 2021.

    La ENPOL 2021 es la segunda edición de este programa estadístico que complementa la información generada por los Censos Nacionales de Seguridad Pública, Sistemas Penitenciarios, Procuración e Impartición de Justicia, realizados por el INEGI, así como la Información Estadística Penitenciaria Nacional, generada por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

    Para el levantamiento de la ENPOL 2021 se visitaron 203 centros penitenciarios de los ámbitos federal y estatal en las 32 entidades federativas que concentraron 95.5% de la población privada de la libertad entre junio y julio de 2021.

    Principales resultados

    De la población que se encontró privada de la libertad entre junio y julio de 2021 en Centros Penitenciarios Estatales y Federales, 19.1% fue detenida mediante una orden de detención, mientras que 9.3% fue detenida en flagrancia, esto es, durante la comisión del presunto delito.

    La población con cuatro años o menos de haber ingresado al centro penitenciario se ubicó en 39.5 por ciento. De igual forma, 36% de la población privada de la libertad fue detenida por la Policía Ministerial o Judicial.

    48.6% de la población privada de la libertad recibió agresiones físicas al momento de su detención. 38.4% de quienes sufrieron agresiones físicas señaló haber recibido patadas o puñetazos por parte de la policía o autoridad que la detuvo, mientras que 23% mencionó haber sido asfixiada o ahorcada.

    Por otra parte, 15.5% de la población de mujeres que sufrió agresiones físicas, señaló haber recibido agresiones sexuales por parte de la policía o autoridad que la detuvo; y 4.8% fue víctima de violación sexual durante su detención.

    27.8% de la población privada de la libertad está en proceso de recibir sentencia. De esta población, 39.2% lleva dos años o más al interior de un centro penitenciario, mientras que 24.8% ha estado recluida entre uno y dos años.

    De la población privada de la libertad que ha recibido sentencia, 29.8 % fue condenada por homicidio y 12.2% por secuestro. Por otro lado, la población sentenciada por robo se ubicó en 32.7 por ciento.

    Durante 2021, 25.9% de la población privada de la libertad se sintió insegura en el centro penitenciario, mientras que 34.1% de la población fue víctima de una conducta ilegal al interior del centro penitenciario. De esta población, 87.7% sufrió el robo de objetos personales y 4.6% fue víctima de hostigamiento sexual.

    En términos generales, el porcentaje de población que fue víctima de actos de corrupción en al menos una de las etapas del proceso penal desde su detención hasta la realización de su juicio y vida intracarcelaria fue de 36.2 por ciento. La población que sufrió actos de corrupción al interior de los centros penitenciarios se ubicó en 17.2 por ciento.

    Fuente: INEGI 07 de diciembre de 2020

  • Viernes, 3 de diciembre de 2021

    Resultados del Censo Nacional de
    Procuración de Justicia Federal (CNPJF) 2021

  • Al cierre de 2020, la Fiscalía General de la República contó con 20 720 servidoras y servidores públicos y ejerció un presupuesto de 15 462 millones de pesos.

  • En el mismo periodo, las Fiscalías contaron con 12 415 servidoras y servidores públicos, de los cuales 56.5% fueron hombres y 43.5% mujeres. En contraste con 2019, la cantidad total de personal aumentó 4.7 por ciento.

  • Durante 2020, se iniciaron y/o abrieron 78 482 averiguaciones previas y carpetas de investigación; se determinaron y/o concluyeron 179 179 averiguaciones previas y carpetas de investigación en la etapa de investigación inicial y 55 004 quedaron pendientes de concluir.

  • Durante 2020, la Fiscalía General de la República aseguró 10 321 vehículos terrestres, 18 582 armas de fuego y 2 730 011 unidades de fentanilo.

    El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Censo Nacional de Procuración de Justicia Federal (CNPJF) 2021, programa estadístico que ofrece información estadística sobre la gestión y desempeño de la Fiscalía General de la República, específicamente en las funciones de gobierno, procuración de justicia y mecanismos alternativos de solución de controversias, con la finalidad de que esta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

    Entre los datos que aporta este Censo, se encuentra que:

    Al cierre de 2020, se reportó que 20 720 servidoras y servidores públicos estaban adscritos a las 65 unidades de la Fiscalía General de la República, de los cuales 56.8% fueron hombres y 43.2% mujeres. Comparado con 2019, la cantidad de personal disminuyó 0.9% en 2020. En relación con las características que presentó dicho personal, se destaca que 22.9% percibió un ingreso bruto mensual entre 30 001 y 35 000 pesos.

    -En el mismo periodo se reportaron 191 Fiscalías de la Fiscalía General de la República. En tanto, el personal total adscrito a las Fiscalías fue de 12 415 servidoras y servidores públicos, de los cuales 56.5% fueron hombres y 43.5% mujeres. De acuerdo con el cargo, 24.2% fueron fiscales, cifra que en contraste con 2019, aumentó 2.7 por ciento.

    -Durante 2020, se reportaron 81 personas fallecidas en el cumplimiento de la función de procuración de justicia, de las cuales 91.4% fueron hombres y 8.6% mujeres. Respecto a la causa de fallecimiento 86.4% correspondió a causas naturales, 9.9% falleció por homicidio y en 3.7% no se identificó la causa. Durante 2020, 41 servidoras y servidores públicos fallecieron por COVID-19. La mayoría de este personal se desempeñó como fiscales y policías ministeriales.

    -Durante 2020, se iniciaron y/o abrieron 78 482 averiguaciones previas y carpetas de investigación. Respecto a lo reportado en 2019, hubo una disminución de 20.2% en 2020.

    -Al cierre de 2020, quedaron pendientes de concluir 55 004 averiguaciones previas y carpetas de investigación. Respecto a lo reportado en 2019, hubo una disminución de 0.9% en 2020.

    -En relación con los delitos registrados en las averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas, en 2020, a nivel nacional se registraron 78 482 (19 correspondieron al Sistema Tradicional y 78 463 al Sistema Penal Acusatorio). Esta cifra representó una disminución de 20.2% respecto a lo registrado en 2019. Los delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos fueron los más frecuentes al concentrar 18.4% del total nacional.

    -Durante 2020, la cantidad de vehículos terrestres asegurados por la Fiscalía General de la República fue de 10 321. En el mismo periodo se aseguraron 18 582 armas de fuego: 11 512 (62.0%) eran cortas y 7 070 (38.0%) largas. En cuanto al aseguramiento de narcóticos, los principales fueron cannabis sativa, indica o mariguana y cocaína.

    -Durante 2020, se abrieron 4 757 expedientes en materia penal para adultos y justicia para adolescentes por el Órgano Administrativo Desconcentrado Especializado en Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. En comparación con lo reportado en 2019, la cantidad de expedientes abiertos disminuyó 37.1 por ciento. En el mismo periodo se concluyeron 1 301 expedientes, que respecto a 2019, disminuyeron 22.9% en 2020. Finalmente, 937 expedientes permanecieron pendientes al cierre de 2020; esta cifra representó una disminución de 33.5% en comparación con 2019.

    Los resultados del CNPJF 2021 integran información correspondiente a 2020, la cual se presenta mediante cuadros estadísticos organizados en los siguientes apartados: Estructura organizacional y recursos; Servicios periciales; Procuración de justicia y Mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.

     

    Fuente: INEGI 03 de diciembre de 2021

  • Viernes, 3 de diciembre de 2021

    Perspectivas económicas de América Latina 2021

  • Centro de Desarrollo de la OCDE, CEPAL, CAF y la Comisión Europea lanzan su informe conjunto Perspectivas Económicas de América Latina (LEO) 2021.

    América Latina y el Caribe (ALC) es la región más afectada por la pandemia del COVID -19, y los avances socioeconómicos de las últimas décadas corren el riesgo de ser revertidos por la crisis. Las estrategias de recuperación deben incluir reformas bien secuenciadas que promuevan sistemas universales de protección social, aceleren la formalización de las economías, mejoren la progresividad fiscal y profundicen la integración regional, dice el informe Perspectivas Económicas de América Latina (LEO) 2021: Avanzando juntos hacia una mejor recuperación.

    Según esta decimocuarta edición del informe, ALC experimentó una desaceleración económica histórica en 2020. El producto interno bruto (PIB) de la región se contrajo en torno al 7%. A pesar de un aumento de alrededor del 6% en 2021, no se espera que su PIB per cápita vuelva a los niveles anteriores a la crisis antes de 2023-24. El impacto de la crisis ha sido asimétrico, afectando especialmente a los grupos más vulnerables. Como resultado, los niveles de pobreza y pobreza extrema están en su punto más alto en los últimos 20 y 12 años, respectivamente.

    Aunque el informe reconoce los considerables esfuerzos realizados por los países de la región para proteger durante la pandemia a los grupos más vulnerables, entre ellos las mujeres, los jóvenes y los ancianos, también destaca que cerca del 40% de los trabajadores no tenían protección social cuando comenzó la crisis. Esto se debe en gran medida a que, en promedio, más del 50% de los trabajadores de la región trabajan de manera informal. Avanzar hacia sistemas de protección social universales es fundamental para proteger a los más necesitados en el contexto post-pandémico.

    Según el LEO, una recuperación sólida e inclusiva requiere una mayor integración productiva en sectores estratégicos, entre ellos el automotriz, el farmacéutico, el de las energías renovables, la economía circular y la agricultura sostenible. También exige una respuesta fiscal holística urgente: una mayor progresividad del sistema tributario, un mayor cumplimiento fiscal, una administración tributaria más eficiente y la eliminación de los gastos tributarios ineficientes. La reducción de la evasión y la elusión fiscal, así como la eliminación de algunos gastos tributarios que representan cerca del 4% del PIB podrían aumentar los ingresos y la equidad, sin comprometer la recuperación económica.

    El LEO 2021 destaca que sólo el 38% de los ciudadanos confió en sus gobiernos en 2020, frente al 45% de 2010. El descontento social sigue siendo una de las principales preocupaciones, como lo evidencian las protestas en algunos países de la región. Además, la satisfacción con los servicios públicos, incluidos la educación y la salud, disminuyó notablemente durante la pandemia. En el caso de la educación, se redujo del 66%, en 2019, al 53%, en 2020. Como respuesta, el informe explora acciones de política para repensar el contrato social en la región, sugiriendo cuatro principios para guiar un proceso que genere amplios consensos: conciliar los intereses de todas las partes; contextualizar para adaptar a las circunstancias; compensar a los más afectados por las reformas; y comunicar bien el impacto de las mismas.

    La publicación también destaca el papel de la cooperación internacional para facilitar el avance hacia estos nuevos modelos de desarrollo y de un nuevo contrato social en la región. Las respuestas nacionales a las consecuencias sanitarias y socioeconómicas de la crisis deben ir acompañadas de alianzas renovadas para la recuperación que sitúen la sostenibilidad, la resiliencia y el bienestar en su centro. El diseño de la gestión internacional de la deuda, prestando especial atención a las características de cada país (en particular a los retos que enfrentan los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo de los países del Caribe), es esencial para el éxito de la recuperación.

    El LEO ha sido elaborado conjuntamente por el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y la Comisión Europea.

    Fuente: CEPAL 02 de diciembre de 2021