La seguridad alimentaria y la COVID-19

Cada vez más países se enfrentan a crecientes niveles de inseguridad alimentaria grave, que echan por tierra años de avances de desarrollo. Incluso antes de que la COVID-19 redujera los ingresos e interrumpiera las cadenas de suministro, el hambre crónica y el hambre aguda estaban aumentando por diversos factores, como los conflictos, las condiciones socioeconómicas, los peligros naturales, el cambio climático y las plagas.

El índice de precios de los productos básicos agrícolas se mantuvo cercano al nivel máximo registrado desde 2013, y el 16 de julio de 2021 era aproximadamente un 30 % más alto que en enero de 2020. Los precios del maíz, el trigo y el arroz superaban en alrededor del 43 %, el 12 % y el 10 %, respectivamente, los de enero de 2020. Las alzas reflejan la fuerte demanda, junto con la incertidumbre respecto del clima, las condiciones macroeconómicas y las alteraciones de la oferta relacionadas con la COVID-19, aun cuando las perspectivas de la producción mundial de los cereales más importantes siguen siendo buenas.

Los principales riesgos para la seguridad alimentaria se plantean a nivel nacional: los mayores precios minoristas, combinados con la disminución de los ingresos, implica que más y más hogares están reduciendo la cantidad y la calidad de su consumo de alimentos.

Numerosos países están experimentando una elevada inflación de precios de los alimentos a nivel minorista, lo que obedece a la persistencia de las alteraciones de la oferta derivadas de las medidas de distanciamiento social impuestas debido a la COVID-19, las devaluaciones monetarias y otros factores. El alza del precio de los alimentos afecta más a la población de los países de ingreso bajo y mediano, que gasta en alimentos un porcentaje mayor de sus ingresos que la de los países de ingreso alto.

Según encuestas telefónicas rápidas realizadas por el Banco Mundial en 48 países, un número considerable de personas se está quedando sin alimentos o está reduciendo su consumo. La disminución de la ingesta de calorías y la nutrición deficiente amenazan los avances obtenidos en materia de salud y reducción de la pobreza, y podrían tener efectos duraderos en el desarrollo cognitivo de los niños pequeños. Entre 720 millones y 811 millones de personas padecieron hambre en el mundo en 2020, de acuerdo con el informe de las Naciones Unidas El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (i). Si se toma en cuenta el valor medio de las proyecciones (768 millones), se desprende que alrededor de 118 millones de personas más que en 2019 sufrían hambre crónica en 2020. Al utilizar otro indicador que refleja el acceso a alimentos suficientes a lo largo del año, se llega a la conclusión de que casi 2370 millones de personas (el 30 % de la población mundial) carecieron de acceso a alimentos suficientes en 2020, lo que representa un aumento de 320 millones en apenas un año.

El hambre presentaba una tendencia al alza incluso antes de la pandemia de COVID-19, que intensificó los efectos de los fenómenos climáticos extremos, los conflictos y otras crisis que ya menoscababan las oportunidades económicas.

A nivel de los países, el Grupo Banco Mundial trabaja con los Gobiernos y los asociados internacionales para vigilar de cerca las cadenas nacionales de suministro alimentario y agrícola, analizar de qué forma la pérdida de empleo y de ingresos está afectando la capacidad de las personas para comprar alimentos, y asegurar que los sistemas alimentarios continúen funcionando pese a las dificultades que plantea la COVID-19.