La región de América Latina y el Caribe deberá controlar la transmisión del coronavirus antes de pensar en reactivar la economía, advierte un informe inter agencial de la ONU dado a conocer este jueves, que insiste en la necesidad de fortalecer los sistemas de sanitarios para lograr una reconstrucción económica sana.

“No hay apertura económica posible sin que la curva de contagios haya sido controlada, y no hay reactivación posible sin un plan claro para evitar el repunte de los contagios”, afirman la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el estudio conjunto.

La secretaria ejecutiva de la CEPAL, explicó en una conferencia de prensa para presentar el informe, que el coronavirus puso de manifiesto la relación estructural que existe entre la economía y la salud, evidenciando las debilidades de los sistemas sanitarios de la región, que están fragmentados y segmentados.

La salud es ante todo un derecho humano que debe ser garantizado por los Estados, es la base de una economía sana.

“La salud es parte del capital humano, afecta directamente la productividad y el desempeño económico y social de las personas. El sector salud es un área económica que tiene una gran cantidad de trabajadores y una gran cantidad de encadenamientos productivos. Es un generador de empleos y de inversiones de gran peso para generar crecimiento”.

Para reforzar esta aseveración, la titular de la CEPAL alertó del riesgo de que América Latina caiga en un círculo vicioso si no se fortalecen los sistemas de salud, señalando que la crisis sanitaria puede convertirse en una crisis alimentaria lo que, a su vez, haría más vulnerable la salud y colapsaría los servicios médicos.

Romper este ciclo implica controlar la pandemia con medidas que incluyen el confinamiento y el distanciamiento físico, pero la población, sobre todo la más pobre, sólo podrá resistir esta disminución de la actividad económica si recibe ayudas de su gobierno.

La CEPAL y la OPS han identificado a las personas mayores, los trabajadores informales, las mujeres, los pueblos indígenas y afrodescendientes, las personas con discapacidades y los migrantes como los grupos más vulnerables en esta pandemia, por lo que llamaron a extenderles asistencia y protección social mediante un ingreso básico y un bono contra el hambre.

El caso de México

Al responder una pregunta sobre la situación de México, Alicia Bárcena destacó que el país ha reconocido que el sistema de salud estaba desfinanciado y con muchos déficits cuando lo recibió el actual gobierno a fines de 2018.

Este reconocimiento, continuó, “ha logrado ampliar las nuevas contrataciones, añadiendo casi 40.000 personas a la plantilla de trabajadores del sector salud”..

Mencionó también el aumento de las capacidades del Instituto Mexicano del Seguro Social y de otras dependencias sanitarias públicas, además de que se ha conseguido la participación diligente de los hospitales privados y de las fuerzas armadas en los esfuerzos contra la pandemia.

Indicó, además, que casi 21 millones de personas reciben transferencias del gobierno federal, once millones de los cuales son mujeres y ocho millones adultos mayores. Esto al margen de las pensiones para personas con discapacidades y otros grupos vulnerables.

“Creo que el objetivo que se propuso el gobierno de México es, primero, evitar el colapso del sistema sanitario y lo han apuntalado con la reconversión de hospitales, la contratación de más trabajadores de la salud, y segundo, apuntalar el ingreso, algo sumamente importante”, puntualizó Bárcena.