La pandemia de COVID-19 provocó la pérdida de 49 millones de puestos de trabajo en América Latina y el Caribe en 2020 y, pese al repunte económico superior al 6% registrado el año pasado, esos empleos no se han recobrado en su totalidad, señala un nuevo informe regional publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Al inicio de este año todavía hay unos 28 millones de personas que buscan trabajo sin encontrarlo y el panorama no es prometedor para la región. Las proyecciones de crecimiento económico para 2022 apuntan a un 2%, lo que retrasará la recuperación del mercado laboral.

Actualmente, la tasa de desempleo alcanza un 9,6% -mejor que en 2020, pero peor que 2019- y la mitad de los trabadores se encuentra en la informalidad, lo que podría aumentar dadas las mediocres perspectivas económicas, que también apuntan a una posible prolongación de la crisis del empleo hasta 2023 o 2024.

La OIT estima que, tomando en cuenta la precariedad económica y la continuación de la pandemia, la tasa de desocupación este año podría bajar entre 0,2 o 0,3 puntos porcentuales, manteniéndose por encima de 9%.

El desempleo femenino se mantiene en 12,4% desde 2020, no ha mejorado, lo que contribuye a amplificar el impacto de la crisis sobre la desigualdad de género en el trabajo.

La OIT señaló que una gran parte de las mujeres de la región trabaja generalmente en sectores económicos muy afectados por la crisis, como la hotelería y otros servicios, además de que son más las mujeres que los hombres que se desempeñan en la informalidad.

El informe afirma que el impacto de la pandemia de COVID-19 fue más grave en América Latina que en otras regiones debido a “comorbilidades sociales” como la desigualdad y la informalidad, que dejaron a las personas no sólo sin empleo, sino sin protección social adecuada.

Destaca también que el 49% de los empleos recuperados hasta ahora son informales, lo que no mejora las condiciones de los trabajadores.

La OIT dedica un apartado a la transición digital de los mercados de trabajo, acelerada por la pandemia y los confinamientos, resaltando los desafíos que ésta supone para la región.

El estudio afirma que el teletrabajo y el aumento de los servicios basados en plataformas digitales requerirá nuevas políticas que incluyan el campo de formación profesional para mejorar el equilibrio entere la oferta y la demanda de calificaciones y reducir el impacto disruptivo de la tecnología.

Asimismo, hace hincapié en la necesidad de regular esas nuevas modalidades para proteger los derechos laborales de los trabajadores.