Abordar la lacra de la pérdida y el desperdicio de alimentos representa una oportunidad de conseguir un triple beneficio —para el clima, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de nuestros sistemas agroalimentarios— y no puede dejarse de lado en un momento de aumento del hambre en el mundo y de alza de los precios de los alimentos.

Según el último informe de la FAO sobre El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI), el número de personas afectadas por el hambre aumentó hasta 828 millones en 2021, lo que supone un incremento de unos 46 millones desde 2020 y de 150 millones desde 2019. En total, se calcula que 3 100 millones de personas no tienen acceso a una dieta saludable.

La pérdida y el desperdicio de alimentos representan además entre el 8 % y el 10 % de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, lo que contribuye a un clima inestable y a fenómenos meteorológicos extremos como sequías e inundaciones. Estos cambios repercuten negativamente en el rendimiento de las cosechas, reducen potencialmente la calidad nutricional de los cultivos y provocan perturbaciones en la cadena de suministro.

Por tanto, dar prioridad a la reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos es fundamental para la transición hacia sistemas agroalimentarios sostenibles que hagan más eficiente el uso de los recursos naturales, disminuyan su repercusión en el planeta y garanticen la seguridad alimentaria y la nutrición.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible pide reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha ―meta 12.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)―. Alcanzar esta meta tendría repercusiones significativas en la lucha contra el cambio climático.