La transición a una economía de cero emisiones netas en carbono podría crear 15 millones de nuevos empleos netos en América Latina y el Caribe para 2030, revela un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Las agencias aseguran que la devastación de la crisis actual del COVID-19 ha obligado a hogares, empresas y gobiernos a replantearse cómo se conecta el entorno natural con sus economías y sociedades.

Actualmente, los déficits de trabajo decente, las desigualdades y la dependencia en las exportaciones de combustibles fósiles hacen que América Latina y el Caribe sea particularmente susceptible a los efectos sociales y económicos de la pandemia.

Estas mismas cuestiones, dice el informe, harán que la región sea más vulnerable a las repercusiones del cambio climático en el futuro. En respuesta a la pandemia, una transición justa a cero emisiones netas puede corregir los efectos económicos y sociales adversos de la crisis mundial y, al mismo tiempo, ofrecer una oportunidad para crear empleo, abordar la desigualdad e impulsar un crecimiento inclusivo.

El informe revela que la transición a una economía de cero emisiones netas haría desaparecer unos 7, 5 millones de empleos en electricidad generada por combustibles fósiles, extracción de combustibles fósiles y producción de alimentos de origen animal. Sin embargo, estos empleos perdidos son más que compensados por las nuevas oportunidades de empleo que serían posibles: 22,5 millones de empleos en agricultura y producción de alimentos procedentes de plantas, electricidad renovable, silvicultura, construcción y manufactura.

Las agencias además destacan cómo cambiar a dietas más saludables y sostenibles, que reducen el consumo de carne y lácteos y aumentan los alimentos procedentes de plantas, crearía empleos y reduciría la presión sobre la biodiversidad única de la región. Con este cambio, el sector agroalimentario de América Latina podría generar el equivalente a 19 millones de empleos a tiempo completo, que compensarían ampliamente la reducción de 4,3 millones de empleos en ganadería, avicultura, lácteos y pesca.

Se necesitan políticas gubernamentales, como la capacitación y la reconversión laboral, para ayudar a las personas a hacer la transición hacia los sectores en crecimiento, mientras que los programas sociales deben apoyar a quienes pueden verse afectados de forma negativa.

El diálogo social y la construcción conjunta con todas las partes interesadas pueden ayudar a los gobiernos a coordinar los objetivos de desarrollo social, ambiental y sectorial, así como a garantizar que trabajadores, empresas y comunidades estén preparados para prosperar en una economía de cero emisiones netas.