Un nuevo análisis de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revela que los niños de las comunidades indígenas corren un riesgo significativo de ser víctimas del trabajo infantil y a menudo carecen de acceso a la educación.

El “Documento temático sobre el trabajo infantil y la exclusión educativa de los niños indígenas ” muestra que los niños indígenas están sobrerrepresentados en trabajos peligrosos. La mayoría de ellos trabajan en la agricultura, pero también en la construcción, el comercio, la industria manufacturera y el trabajo doméstico.

Según el documento, el trabajo infantil indígena es consecuencia directa de la marginación social, económica y cultural de las comunidades indígenas. Estas comunidades tienen tres veces más probabilidades de vivir en la pobreza extrema. A menudo son desposeídas de sus tierras, soportan el peso del cambio climático y los conflictos, tienen un acceso limitado a los servicios esenciales y se enfrentan a obstáculos para mantener sus modos de vida tradicionales.

Para superar el trabajo infantil y la exclusión escolar se necesitan respuestas que incluyan también la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas en general, señala el análisis. Esto incluye intensificar los esfuerzos para establecer mecanismos de participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones, el diseño y la aplicación de políticas y programas, el acceso a una educación de calidad culturalmente apropiada, el acceso a la protección social y la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

Este documento se basa en anteriores investigaciones y orientaciones políticas de la OIT. Fue elaborado con financiación del Departamento de Trabajo de EE.UU. y analiza datos de informes de todo el mundo, grupos de discusión con organizaciones de pueblos indígenas (en Camboya, Kenia, la Federación Rusa, Nepal y Tanzania) y datos cuantitativos nacionales de seis países latinoamericanos (Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, Panamá y Perú).

Fuente: OIT 26 de septiembre de 2023

Progress on Children’s Well-Being: Centring child rights in the 2030 Agenda (Progresos en el bienestar infantil: dar prioridad a los derechos de la infancia en la Agenda 2030) advierte que en la actualidad solo en 11 países donde vive el 6% de la población infantil, es decir, 150 millones de niños y niñas, se ha alcanzado el 50% de los objetivos relacionados con la infancia, el nivel de progreso más alto del mundo.

Si el progreso continúa de la forma prevista, solo un total de 60 países –donde vive únicamente el 25% de la población infantil– habrán alcanzado sus objetivos para 2030, dejando atrás a unos 1.900 millones de niños y niñas en 140 países.

El análisis reúne más de 20 años de datos procedentes de más de 190 países, compara la situación actual de los países con sus objetivos para los próximos siete años y define los obstáculos y las oportunidades para acelerar el proceso. Los resultados muestran un panorama heterogéneo de avances y retrocesos en relación con los objetivos mundiales.

Según el informe, el desarrollo acelerado es posible si se alcanza un compromiso nacional sólido, se formulan políticas eficaces y se establece una financiación adecuada. Algunos países de ingresos bajos y medios-bajos son los que más rápido están avanzando. Por ejemplo, según los datos disponibles hasta 2021, Camboya, India, Marruecos, Rwanda y Uganda, entre otros, obtuvieron resultados uniformes en múltiples ODS relacionados con la infancia, principalmente cuando los esfuerzos se dedicaron a esferas que produjeron resultados en una diversidad de indicadores. Sin embargo, incluso a estos países les queda mucho camino por recorrer para alcanzar las metas y deben mantener su ritmo o acelerarlo aún más.

Para alcanzar los objetivos de 2030, los países que actualmente están retrasados tendrán que acelerar el progreso a niveles que no tienen precedentes históricos. Las pruebas demuestran que la inversión en los derechos de la infancia impulsa y preserva los resultados en favor de toda la sociedad, las personas y el planeta, ya que las intervenciones en los primeros años de la infancia son las que más contribuyen a erradicar el hambre, la pobreza, la mala salud y la desigualdad.

Mientras los dirigentes mundiales se preparan para reunirse esta semana con el fin de debatir la situación en el ecuador de los ODS, UNICEF hace un llamamiento a los países para que den prioridad a los derechos de la infancia en sus agendas y tomen medidas históricas para acelerar el progreso mediante la toma de las siguientes medidas:

A pesar de los esfuerzos que se están realizando a escala planetaria, la igualdad de género es todavía una quimera. La edición de este año del informe de ONU Mujeres y del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (ONU-DAES), “El progreso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Panorama de género 2023”, dibuja un panorama preocupante cuando nos encontramos a medio camino de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El “Panorama de género 2023” advierte de que, si se mantienen las tendencias actuales, más de 340 millones de mujeres y niñas —lo que, según las estimaciones disponibles, supone un 8 por ciento de la población femenina mundial— vivirán en la pobreza extrema en 2030, y cerca de una de cada cuatro experimentará inseguridad alimentaria moderada o grave. La brecha de género en los puestos de poder y liderazgo sigue estando muy arraigada y, al ritmo actual de progreso, la próxima generación de mujeres seguirá dedicando una media de 2,3 horas diarias más que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.

<p style="text-align: justify"La publicación anual ofrece un análisis exhaustivo de la situación actual de la igualdad de género en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y destaca las tendencias predominantes, las lagunas y los retrocesos recientes en el camino hacia la consecución de la igualdad de género de aquí a 2030.

El informe de este año incluye, por primera vez, datos desglosados por sexo sobre las intersecciones entre género y cambio climático, y pronostica que, para mediados de siglo, en el peor de los escenarios climáticos, el cambio climático puede empujar a la pobreza a 158,3 millones adicionales de mujeres y niñas (16 millones más que el número total de hombres y niños que se verían en la misma situación).

El informe, que este año se centra especialmente en las mujeres de edad avanzada, revela que estas se enfrentan a mayores índices de pobreza y violencia que los hombres de edad. En 28 de los 116 países para los que se dispone de datos, menos de la mitad de las mujeres de edad reciben una pensión; en 12 países, esta proporción es inferior al 10 por ciento. A mitad de camino hacia 2030, los avances en el ODS 5 (igualdad de género) son claramente muy inferiores a los deseados. El informe pone de manifiesto que el mundo está fallando a las mujeres y las niñas, ya que tan solo dos indicadores del Objetivo 5 se encuentran próximos a alcanzarse y ningún indicador del ODS 5 ha llegado al nivel de “meta alcanzada o casi alcanzada”.

El “Panorama de género 2023” destaca la urgente necesidad de realizar esfuerzos concretos para acelerar el progreso hacia la igualdad de género de aquí a 2030; revela que se necesita una inversión adicional de USD 360.000 millones al año para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todos los objetivos mundiales clave. El informe, que llega a la conclusión de que el hecho de no priorizar de forma inmediata la igualdad de género podría poner en peligro toda la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluye asimismo llamamientos en favor de un enfoque integrado y holístico, una mayor colaboración entre las partes interesadas, una financiación sostenida y la adopción de medidas de política destinadas a abordar las disparidades de género y a empoderar a las mujeres y las niñas en todo el mundo.

<p style="text-align: justify"El informe pone de relieve además otros datos y cifras:

La proporción de niños en situación de movilidad en la región alcanza al 25% de los migrantes, la tasa más alta a nivel mundial -la media es del 13%-, señaló UNICEF en una alerta publicada que menciona la violencia, la inestabilidad y el cambio climático como los máximos detonadores de estos desplazamientos de población. Esos factores se van apoderando de la región, cambiando de forma dramática la naturaleza de la migración en la última década.

UNICEF destacó que en los peligrosos viajes en los que se embarcan los migrantes se observa a niños cada vez más pequeños, detallando que el 91% de ellos son menores de once años en algunos puntos de tránsito.

En este sentido, el organismo afirmó que los riesgos físicos a lo largo de las rutas migratorias irregulares son innumerables, especialmente para los niños, que a menudo atraviesan selvas, ríos, vías férreas y carreteras, arriesgando su integridad, al margen de que pueden convertirse en víctimas de violencia, explotación y otros atropellos graves.

Esta realidad plantea desafíos a las políticas migratorias nacionales y a las respuestas humanitarias en los países de origen, tránsito y destino. Pero esto no es fácil puesto que los flujos migratorios de la región a menudo se cruzan de manera que la mayoría de los países son puntos de origen, tránsito, destino y retorno al mismo tiempo, haciendo de América Latina el escenario de una de las crisis de migración infantil más grandes y complejas del mundo.

Para solventar esta situación, UNICEF insta a adoptar un enfoque regional integrado que garantice protección a los niños migrantes y refugiados y a sus familias, y que aborde las raíces de la migración forzada. El Fondo para la Infancia delineó cinco puntos orientados hacia ese objetivo:

Fuente: ONU 07 de septiembre de 2023

Un número récord de niños, niñas y adolescentes se desplaza a través de tres rutas migratorias principales en América Latina y el Caribe: a través de la selva del Darién entre Colombia y Panamá, la migración hacia el exterior desde América del Sur y en puntos de tránsito clave en el norte de Centroamérica y México. La naturaleza de la migración en América Latina y el Caribe ha cambiado dramáticamente en la última década.

Al menos 29.000 niños, niñas y adolescentes cruzaron el peligroso Darién en 2021. Se estima que 40.000 niños hicieron el cruce en 2022 y más de 60.000 niños han cruzado la selva del Darién en los primeros ocho meses de 2023, la mitad de ellos menores de 5 años, lo que hace que sea el año con más cruces de niños y niñas registrados. Mientras tanto, el número de niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos también ha ido en aumento.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) registró más de 149.000 niños cruzando en el año fiscal (FY) 2021 y más de 155.000 en el año fiscal 2022. En los primeros siete meses del año fiscal 2023, más de 83.000 niños ingresaron al país según la CBP. Estas tendencias se reflejan en otros flujos migratorios más pequeños en toda la región, a medida que el aumento de la violencia, la inestabilidad y los desastres relacionados con el clima provocan más desplazamientos y migraciones forzadas.

La proporción de niños que se desplazan a lo largo de las principales rutas migratorias en América Latina y el Caribe también ha aumentado a un nivel récord en los últimos tres años. En todo el mundo, los niños representan el 13 por ciento de la población migrante, pero en esta región, aproximadamente una de cada cuatro personas en movimiento (25 por ciento) es un niño, frente al 19 por ciento en 2019. Esto solo puede rivalizar con África subsahariana, donde los niños y niñas también representan el 25 por ciento de la población migrante.

Cada vez más, son los niños y niñas más pequeños los que realizan estos peligrosos viajes; los niños menores de 11 años representan ahora hasta el 91 por ciento de todos los niños, niñas y adolescentes que se desplazan en algunos puntos de tránsito clave. Esta nueva realidad plantea desafíos a las políticas migratorias nacionales y a las respuestas humanitarias en los países de origen, tránsito y destino.

Los riesgos físicos a lo largo de las rutas migratorias irregulares son innumerables, especialmente para los niños y niñas. Además del peligroso terreno que atraviesan (desde selvas y ríos hasta vías férreas y carreteras), los niños y niñas también pueden sufrir violencia, explotación y abuso.

En México, la tasa de informalidad general es de 55.0%, pero entre las personas ocupadas de entre 15 y 29 años de edad, ésta se eleva al 66.9 por ciento. Es decir, casi siete de cada 10 jóvenes laboran en condición informal, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Según la última Encuesta Nacional de Egresados (ENE) del Centro de Opinión Pública de la UVM, los egresados universitarios perciben un deterioro en las condiciones en el mercado laboral, especialmente en prestaciones y sueldos. Esto ha provocado un crecimiento en el trabajo independiente.

En México, la edad se puede convertir casi en un castigo para incorporarse al mercado laboral y acceder a un trabajo decente. En el primer trimestre del año, la tasa de desocupación general fue de 2.6%, pero entre las personas de 15 a 24 años de edad ese promedio se elevó a 5.7 por ciento.

En tanto, los jóvenes con una ocupación tienen un ingreso promedio de 6,316 pesos mensuales, de acuerdo con las estimaciones del Coneval para el periodo enero-marzo de este año. Pero en el caso de los menores de edad que participan en el mercado laboral, las percepciones laborales promedio bajan hasta 2,470 pesos por mes.

El reto de la empleabilidad juvenil no es sencillo, pero tanto gobierno, empresas y sector educativo deben abordar este asunto para evitar que los jóvenes caigan en la informalidad o no consigan logren al mundo del trabajo.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la brecha de habilidades en América Latina no ha dejado de crecer en la última década. El desempleo juvenil, indica, está vinculado con la desactualización de las competencias, la falta de orientación vocacional y las pocas oportunidades de adquirir experiencia desde la educación universitaria son algunos de los factores.

A través de su informe Habilidades en Latinoamérica, la OCDE evidencia que los jóvenes menores de 24 años tienen el doble de posibilidades de estar desempleados en comparación con las personas mayores de 25 años.

El rezago en competencias no es el único factor que aleja a los jóvenes del mercado laboral. “La apariencia física es para muchos una barrera de entrada y también hay discriminación hacia los jóvenes hasta por el código postal”, comenta Angélica Jasso. Los sesgos en el reclutamiento también son una barrera que le impide a esta población insertarse en un empleo.

Fuente: EL ECONOMISTA 11 de agosto de 2023

A propósito de la celebración del Día Internacional de la Juventud (12 de agosto), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) comparte indicadores sobre el monto, la condición de residencia –o no residencia– en zonas metropolitanas (ZM), y la movilidad cotidiana de las personas jóvenes (de 12 a 29 años) por motivos de estudio y trabajo, a partir de la información del Cuestionario Ampliado del Censo de Población y Vivienda (CA del CPV) 2020.

Población joven

De acuerdo con datos del CA del CPV 2020, se estima que, para ese año, en México residían 125.5 millones de personas, de las cuales 30.0 % (37.7 millones) correspondía a personas jóvenes (de 12 a 29 años). De ellas, 63.4 % (23.9 millones) vivía en alguna de las 74 ZM identificadas dentro del territorio nacional, mientras que 36.6 % (13.8 millones) vivía fuera de estas.

La distribución según sexo de las personas jóvenes, que de acuerdo con el CA del CPV 2020 residían en las ZM, permite identificar que una mitad eran hombres y la otra, mujeres. Por grupos de edad, cuatro de cada 10 tenían entre 18 y 24 años, característica que se repite según sexo.

Los derechos humanos, el medio ambiente, el desarrollo, la educación y la salud constituyen solo algunos de los desafíos que enfrentan los pueblos indígenas del mundo al ser desatendidos, o no suficientemente atendidos, por los gobiernos y la sociedad en general.

No obstante, pese a conformar una comunidad plural y diversa integrada por más de 370 millones de personas, es decir, más del 5% de la población mundial constituida en más de 5,000 grupos distintos en unos 90 países, y que hablan aproximadamente 7,000 lenguas, las comunidades indígenas se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables y representan el 15% de los más pobres del mundo.

Esas condiciones propiciaron que el 17 de febrero de 1995, mediante su resolución A/RES/49/21, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamara el 9 de agosto de cada año como Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, con el fin de reconocer sus tradiciones, valores, idiomas y costumbres, así como la aportación que han brindado al fortalecimiento de las culturas nacionales. Naciones Unidas busca también obtener el mayor respaldo de los gobiernos y todos los sectores de la sociedad para hallar juntos la solución de los problemas que enfrentan las comunidades indígenas.

A partir de la Conferencia Mundial sobre los pueblos Indígenas de 2014 se ha buscado garantizar un enfoque coherente para lograr los objetivos de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como mejorar el apoyo a los Estados Miembros y las comunidades Indígenas. Con ese fin se elaboró un Plan de Acción 2015 para todo el sistema de las Naciones Unidas.

La problemática que en todo el mundo afecta a estos grupos en situación de vulnerabilidad no exime a México, por lo cual, para procurar el respeto, protección y defensa de los derechos humanos de la población indígena, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) creó en 1992 la Coordinación de Asuntos Indígenas como un área especializada para atender las quejas provenientes de ellos, sus pueblos y comunidades.

En México, la mayor parte de la población indígena se asienta en las áreas con selvas tropicales (de las planicies costeras) o con bosques templados (de las porciones montañosas). Ello indica que 90% de la población indígena se encuentra en las áreas arboladas del país y sólo 10% se ubica en las porciones áridas y semiáridas con vegetación arbustiva o pastizal.

Existe una estrecha correspondencia entre los territorios indígenas y las áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad en Mesoamérica. En México, la mitad de los ejidos y comunidades indígenas se localiza en los 10 estados de la República mexicana más ricos biológicamente. En 1992 se identificaron 151 áreas prioritarias para la conservación, de las cuales casi 60, o sea, 30%, se ubica en territorios indígenas. Así también, de las 21 áreas detectadas más importantes en México y los países centroamericanos por su gran número de especies y endemismos vegetales, 14 revelan la presencia de pueblos indígenas.

Todo lo anterior revela la importante presencia de los pueblos indígenas para el cuidado y la protección de la naturaleza, sin la cual el resto de la humanidad no lograríamos la supervivencia. Preservar a estos pueblos es por tanto, preservar la biodiversidad.

Fuente: SEMARNAT 09 de agosto de 2023

Los servicios mundiales de inmunización atendieron en 2022 a 4 millones de niños y niñas más en comparación con el año anterior, gracias a que los países intensificaron sus esfuerzos para revertir el retroceso histórico en la inmunización provocado por la pandemia de la COVID-19.

Según los datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, en 2022, 20,5 millones de niños y niñas no recibieron una o más vacunas administradas a través de los servicios de inmunización sistemática, frente a los 24,4 millones de 2021. A pesar de esta mejora, la cifra sigue siendo superior a los 18,4 millones de niños y niñas que no recibieron vacunas en 2019 —antes de las interrupciones causadas por la pandemia—, lo que subraya la necesidad de continuar los esfuerzos de puesta al día, recuperación y fortalecimiento de los sistemas.

La vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina (DTP) se utiliza como indicador mundial para medir la cobertura de vacunación. De los 20,5 millones de niños y niñas que no recibieron una o más dosis de la vacuna DTP en 2022, 14,3 millones no recibieron ni una sola dosis: son los llamados niños “cero dosis”. Esta cifra representa una mejora respecto a los 18,1 millones de niños y niñas con dosis cero registrados en 2021, pero sigue siendo superior a los 12,9 millones de 2019.

Las primeras etapas de la recuperación de la inmunización mundial no han producido resultados uniformes, y las mejoras se han concentrado en unos pocos países. Los avances en países con más recursos y elevada población infantil, como India e Indonesia, enmascaran una recuperación más lenta e incluso descensos continuados en la mayoría de los países de ingresos bajos, especialmente en lo que respecta a la vacunación contra el sarampión.

La vacunación contra el sarampión —uno de los patógenos más infecciosos— no se ha recuperado tan bien como otras vacunas, lo que pone a otros 35,2 millones de niños y niñas más en riesgo de infección por esta enfermedad. La cobertura de la primera dosis contra el sarampión aumentó hasta alcanzar el 83% en 2022 desde el 81% en 2021, pero se mantuvo por debajo del 86% registrado en 2019. En consecuencia, el año pasado, 21,9 millones de niños y niñas no recibieron la vacuna de rutina contra el sarampión en su primer año de vida —2,7 millones más que en 2019—, mientras que otros 13,3 millones no recibieron la segunda dosis, un hecho que pone a los niños y niñas de comunidades insuficientemente vacunadas en riesgo de sufrir brotes epidémicos.

La cobertura de la vacuna DTP3 en los 57 países de ingresos bajos apoyados por Gavi, la Alianza para las Vacunas, aumentó hasta el 81% en 2022, lo que supone un aumento considerable con respecto al 78% de 2021. A ello se suma una reducción de 2 millones en el número de niños con dosis cero que no reciben las vacunas básicas en estos países. No obstante, el aumento de la cobertura de DTP3 en los países que implementan el programa Gavi se concentró en los países de ingresos bajos y medianos, mientras que los países de ingresos bajos aún no han aumentado la cobertura, lo que da una idea del trabajo que queda por hacer para ayudar a los sistemas de salud más vulnerables a reconstruirse.

Por primera vez, la cobertura de la vacunación contra el papilomavirus humano (VPH) superó los niveles prepandémicos. Los programas de vacunación contra el VPH iniciados antes de la pandemia alcanzaron el mismo número de niñas en 2022 que en 2019. Sin embargo, la cobertura en 2019 estuvo muy por debajo del objetivo del 90% y esto siguió siendo así en 2022, con coberturas promedio de los programas contra el VPH que alcanzaron el 67% en los países de ingresos altos y el 55% en los países de ingresos bajos y medianos. La recién lanzada revitalización del VPH, liderada por la Alianza Gavi, tiene como objetivo fortalecer la ejecución de los programas existentes y facilitar más lanzamientos.

Numerosas partes interesadas están trabajando para acelerar la recuperación en todas las regiones y en todas las plataformas de vacunas. A principios de 2023, la OMS y UNICEF, junto con Gavi, la Fundación Bill y Melinda Gates y otros socios de IA2030, lanzaron The Big Catch-Up, una campaña mundial de comunicación y promoción en la que se pedía a los gobiernos que se pusieran al día respecto al número de niños y niñas que no fueron vacunados durante la pandemia y que restablecieran los servicios de inmunización a los niveles anteriores a la pandemia y los reforzaran en el futuro mediante las siguientes acciones:

Para iniciar la estimación de las proyecciones de la población es imprescindible contar con una población inicial confiable en montos y estructura por edad, la llamada Conciliación Demográfica. Este consiste en ajustar y armonizar las tendencias de la mortalidad, fecundidad y la migración de diversas fuentes de información: censos y encuestas, tanto nacionales como internacionales, así como los registros administrativos. Al contar con la publicación del Censo de Población y Vivienda, 2020 por parte del Inegi fue posible arrancar el ejercicio de la Conciliación Demográfica, y con esa línea base, estimar las Proyecciones de Población.

De acuerdo con la Conciliación Demográfica 1950-2020, el volumen de la población de México en 2023 asciende a 131.1 millones de personas, la tasa de crecimiento es de 0.9 por ciento y el promedio actua lde la fecundidad es de 1.91 hijas/os por mujer.

Las proyecciones 2020-2070 señalan que la Tasa Global de Fecundidad (TGF) ha tenido un descenso sostenido desde la década de 1970. Según los resultados de la Conciliación Demográfica, en 1964 México alcanzó la mayor TGF con cerca de 6.7 hijas/os por mujer y en 2023 esa tasa es de 1.91 hijas/os por mujer. Las proyecciones indican que en 2070 esta cifra se situará en 1.54 hijas/os por mujer, si todo permanece constante. La menor tasa se presentará en la Ciudad de México (con 1.3 hijas/os por mujer) y la mayor en el Estado de Chiapas (con 2.2 hijas/os por mujer). La Ciudad de México pasará de 9 millones 221 mil 620 habitantes (2023) a 6 millones 548 mil 489 habitanes en el año de 2070; y la ciudad de Querétaro pasará de 2, 557, 915 a 3,595, 319 en el 2070. Respecto a la tasa específica de fecundidad de adolescentes, del 2012 al 2023 descendió de 77.3 nacimientos por cada mil adolescentes, a 60.3 por cada mil en el 2023, y seguirá descendiendo en todo el país.

Un indicador resumen de la mortalidad en un país es la esperanza de vida al nacer, este es el promedio de años que se espera pueda vivir una generación de personas si las condiciones de mortalidad permanecen constantes. La pandemia por la Covid-19 afectó todos los componentes de la dinámica demográfica, en especial la mortalidad. Al igual que en otros países la esperanza de vida en México retrocedió, pero afortunadamente, en un periodo corto de tiempo se recuperó; se estima que México comienzó a recuperar su tendencia previa a partir de 2022. La velocidad y homogeneidad a la esperanza de vida dependerá no solo de los efectos de la Covid-19, sino también del comportamiento de las defunciones en general, de los servicios básicos y de la prevención de enfermedades crónicas a los que accederá la población en los siguientes años. Se espera que, en 2070, la esperanza de vida para las mujeres mexicanas sea de 86.3 años y de 79.9 para los hombres.

De acuerdo con los escenarios establecidos en las Proyecciones de la Población 2020-2050, si las tendencias permanecen como hasta ahora, en el año 2053 se llegará al tope del crecimiento de la población con 147 millones de personas y a partir de este año comenzará a descender la población.

La proporción de niñas y niños alcanzó su momento más alto en 1970, a partir de ahí disminuye su peso relativo hasta alcanzar en 2070 el 10.5 por ciento del total de la población. En cuanto a la proporción de personas de 60 años y más, en 1950, cinco de cada 100 personas estaban en ese grupo etario, 40 años después (alrededor de 1990), aumentaron a siete de cada 100 y a partir de ahí se inicia un incremento, si los componentes de la dinámica demográfica permanecen constantes, hasta llegar a 34 de cada 100 mexicanas/os que serán personas mayores en 2070. En este mismo año, las personas de 65 años y más llegarán a ser 38.8 millones.

El componente más volátil de la dinámica demográfica es la migración, debido a que la movilidad de las personas puede ser el reflejo de la búsqueda de mejores oportunidades de vida y no siempre ocurre de manera voluntaria. Si permanece constante se espera que el balance entre inmigrantes y emigrantes mantengan un saldo neto migratorio con tendencia negativa a lo largo del periodo de proyección. En 2023, las ciudades de Baja California Sur, Querétaro y Quintana Roo continúan siendo polos de atracción de población, en tanto que Guerrero y Ciudad de México presentarán los mayores saldos netos migratorios (-0.8 y -0.6, respectivamente).

Con esta y otra información la SG Conapo contribuye a generar insumos para la planeación y el desarrollo de recursos que permitan diseñar las políticas públicas de los diversos sectores, con un horizonte amplio de futuro.

Fuente: CONAPO 11 de julio de 2023

A pesar de que suponen el 49,7 por ciento de la población mundial, a las mujeres y a las niñas no se las suele tener en cuenta en los debates sobre demografía. Además, las políticas de población vulneran sus derechos. Como resultado, nuestro mundo excluye y margina a la mitad de la población del planeta, un problema que nos impedirá a todas las personas disfrutar de un futuro más próspero, pacífico y sostenible. En la raíz de este problema se encuentra la desigualdad de género.

Tuvieron que transcurrir cientos de miles de años para que la población mundial creciera hasta alcanzar los 1 000 millones de habitantes, y solo en unos 200 años más se multiplicó por siete. En 2011, la población mundial alcanzó la cuota de los 7000 millones de personas y en 2021 la cifra aumentó a casi 7900 millones de personas. Las previsiones hablan de 8500 millones para 2030, 9700 millones en 2050 y 10.900 millones en 2100.

En el pasado reciente se han registrado cambios notables en las tasas de fecundidad y en la esperanza de vida. A comienzos de la década de 1970, las mujeres tenían una media de 4,5 hijos cada una; en 2015, la fecundidad total mundial había caído hasta unos 2,5 hijos por mujer. Mientras tanto, la vida media de una persona ha aumentado de 64,6 años a comienzos de la década de 1990 hasta 72,6 años en 2019.

Por otra parte, en el mundo se registran unos elevados niveles de urbanización y una aceleración de la migración. En 2007, por primera vez, vivieron más personas en zonas urbanas que en zonas rurales, y en 2050 alrededor del 66% de la población mundial vivirá en ciudades.

Estas megatendencias tienen consecuencias de gran alcance. Afectan al desarrollo económico, al empleo, a la distribución de la renta, a la pobreza y a las protecciones sociales. Asimismo, repercuten en los esfuerzos por garantizar el acceso universal a la atención médica, la educación, la vivienda, el saneamiento, el agua, los alimentos y la energía. Para satisfacer de manera más sostenible las necesidades de las personas, los encargados de la formulación de políticas deben saber cuántas personas viven en el Planeta, dónde se encuentran, qué edad tienen y cuántas personas habrá en el futuro.

Fuente: ONU 11 de julio de 2023

El 11 de julio de cada año se celebra el Día Mundial de la Población. Con motivo de conmemorar esta fecha, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta información acerca del volumen y características de la población, así como indicadores demográficos y socioeconómicos que se vinculan a su tendencia. Se utiliza información censal de 1970 a 2020; de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), primer trimestre de 2005 a 2023, y de las Proyecciones de Población 2016-2050 que publica el Consejo Nacional de Población (CONAPO).

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta información estadística sobre las mipymes. El programa estadístico que se utilizó es la Encuesta Nacional de Financiamiento de las Empresas (ENAFIN) 2021.

Situación internacional

De acuerdo con los datos que proporciona el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), en 2023 el volumen de la población mundial ascendió a 8 045 millones, siendo India (1 429 millones), China (1 426 millones) y Estados Unidos de América (340 millones) los países más poblados. México ocupa el décimo lugar por volumen de población con 129 millones de personas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer los resultados del Censo Nacional de Impartición de Justicia Federal (CNIJF) 2023. Este programa estadístico ofrece información sobre la gestión y desempeño de los órganos que integran el Poder Judicial de la Federación (PJF) y los Tribunales Agrarios, específicamente, en las funciones de gobierno, defensoría pública e impartición de justicia. Su finalidad es vincular los datos con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los temas referidos.

En el contexto de la conmemoración del Día Mundial de Concientización sobre el Abuso de los Ancianos (WEAAD) el año pasado, la Organización Mundial de la Salud, en asociación con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (UN DESA), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OHCHR), United Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), ONU MUJERES y con el apoyo de la Red Internacional para la Prevención del Maltrato a las Personas Mayores (INPEA), publicado Tackling abuse of old people: cinco prioridades para la Década de las Naciones Unidas para el Envejecimiento Saludable 2021-2030. El recurso describió las prioridades clave para prevenir y responder al abuso de las personas mayores y, por lo tanto, contribuir a mejorar su salud, bienestar y dignidad. Este año, la conmemoración proporcionará una actualización sobre la implementación de las prioridades.

Entre 2019 y 2030, se prevé que el número de personas de 60 años o más crezca un 38 %, de 1 000 millones a 1 400 millones, superando globalmente a los jóvenes, y este aumento será el mayor y más rápido en el mundo en desarrollo, y reconociendo que se debe prestar mayor atención a los desafíos específicos que afectan a las personas mayores, incluso en el campo de los derechos humanos.

El abuso de ancianos es un problema que existe tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, pero generalmente no se denuncia a nivel mundial. Las tasas o estimaciones de prevalencia existen solo en países desarrollados seleccionados, que van del 1% al 10%. Aunque se desconoce el alcance del maltrato a los ancianos, su significado social y moral es obvio. Como tal, exige una respuesta global multifacética, que se centre en proteger los derechos de las personas mayores.

Los enfoques para definir, detectar y abordar el abuso de personas mayores deben ubicarse dentro de un contexto cultural y considerarse junto con factores de riesgo culturalmente específicos. Por ejemplo, en algunas sociedades tradicionales, las viudas mayores son sometidas a matrimonios forzados, mientras que en otras, las mujeres mayores aisladas son acusadas de brujería. Desde una perspectiva social y de salud, a menos que tanto los sectores de atención primaria de salud como de servicios sociales estén bien equipados para identificar y tratar el problema, el maltrato de ancianos seguirá siendo subdiagnosticado y pasado por alto.

Fuente: ONU 14 de junio de 2023

A finales de 2022, una cifra sin precedentes de 43,3 millones de niños y niñas vivía en situación de desplazamiento forzado, muchos de ellos durante toda su infancia, según estimaciones de UNICEF.

El número de niños y niñas desplazados forzosamente de sus hogares se duplicó en la última década a pesar de los esfuerzos para incluir y proteger a todos aquellos que se encuentran refugiados o están internamente desplazados. La guerra en Ucrania ha obligado a más de 2 millones de niños y niñas ucranianos a huir del país y ha desplazado a más de 1 millón dentro de Ucrania.

De los 43,3 millones de niños y niñas que tuvieron que huir de sus hogares por la fuerza a finales de 2022, casi el 60% (25,8 millones) habían quedado desplazados internamente debido a los conflictos y la violencia. El número de niños y niñas refugiados y solicitantes de asilo alcanzó los 17,5 millones, una cifra también sin precedentes que ni siquiera incluye a los nuevos desplazados en 2023 por el conflicto en Sudán, entre otros. UNICEF calcula que hasta la fecha más de 940.000 niños y niñas han tenido que desplazarse a causa de un conflicto. Además, los fenómenos meteorológicos extremos, como las inundaciones en Pakistán y la sequía en el Cuerno de África, provocaron otros 12 millones de desplazamientos de niños y niñas a lo largo de 2022.

De todos los desplazados internos y refugiados, los niños y niñas suelen estar entre los más vulnerables. A muchos se les niega el acceso a la educación y la atención de la salud, no reciben la vacunación sistemática y no pueden acceder a la protección social. Para muchos niños y niñas, el desplazamiento es cada vez más prolongado. La mayoría de los que están desplazados hoy en día suelen pasar en esa situación toda su infancia. Además, se prevé que los desplazamientos inducidos por el clima aumenten rápidamente si no se toman medidas urgentes para mitigar el calentamiento global y preparar a las comunidades que viven más expuestas a la crisis climática.

UNICEF pide a los gobiernos que tomen las medidas siguientes para no dejar a ningún niño ni niña atrás:

“La mitad de la población mundial sigue creyendo que los hombres son mejores líderes políticos que las mujeres, y más del 40% cree que los hombres son mejores ejecutivos que las mujeres”, afirma el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en su último informe sobre el Índice de Normas Sociales de Género.

Con una estimación anual de 600 millones de casos de enfermedades transmitidas por alimentos, los alimentos no inocuos son una amenaza para la salud humana y las economías. Afectan desproporcionadamente a las personas vulnerables y marginadas, especialmente a las mujeres y los niños, y a las poblaciones sujetas a los conflictos y la migración. Se calcula que cada año mueren en el mundo 420.000 personas por comer alimentos contaminados. Asimismo, los niños menores de 5 años representan un 40 % de la carga de morbilidad por enfermedades de transmisión alimentaria, con 125.000 muertes al año.

El Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, que celebramos el 7 de junio, tiene como objetivo crear conciencia e inspirar acciones para ayudar a prevenir, detectar y gestionar los riesgos transmitidos por los alimentos. De esta manera, se contribuye a la seguridad alimentaria, la salud humana, la prosperidad económica, la agricultura, el acceso a los mercados, el turismo y el desarrollo sostenible. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) son las entidades de la ONU encargadas de coordinar la celebración del Día en colaboración con los Estados miembros y otras organizaciones pertinentes.

El informe sostiene que estos prejuicios impulsan los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres, que se manifiestan en un desmantelamiento de sus derechos en muchas partes del mundo, con movimientos contra la igualdad de género que ganan terreno y, en algunos países, un aumento de las violaciones de los derechos humanos. Los prejuicios también se reflejan en la grave infrarrepresentación de las mujeres en puestos directivos. De media, la proporción de mujeres como jefas de Estado o de Gobierno se ha mantenido en torno al 10% desde 1995, y en el mercado laboral las mujeres ocupan menos de un tercio de los puestos ejecutivos.

El informe también arroja luz sobre un vínculo roto entre el progreso de la mujer en la educación y la capacitación económica. Las mujeres están más cualificadas y formadas que nunca, pero incluso en los 59 países donde las mujeres tienen ahora más estudios que los hombres, la diferencia media de ingresos entre hombres y mujeres sigue siendo del 39% a favor de los hombres.

El informe subraya que, a pesar de la persistencia de los prejuicios contra las mujeres, el cambio es posible.
En 27 de los 38 países estudiados se observó un aumento de la proporción de personas sin prejuicios en ningún indicador. Los autores del informe afirmaron que, para impulsar el cambio hacia una mayor igualdad de género, hay que centrarse en ampliar el desarrollo humano a través de la inversión, los seguros y la innovación.

El documento recomienda abordar directamente las normas sociales mediante la educación y la implementación de políticas que fomenten la igualdad de género, y cambios a nivel legislativo que reconozcan los derechos de la mujer en todas las esferas de la vida, y una mayor representación en la toma de decisiones y en los procesos políticos.

Fuente: ONU 12 de junio de 2023

Entre 2005 y 2022, las Naciones Unidas verificaron un total de 315.000 violaciones graves de los derechos de la infancia en situaciones de conflicto, una cifra espeluznante que ilustra claramente los efectos devastadores de las guerras y los conflictos sobre los niños y niñas.

UNICEF ha informado que, desde que comenzaron las labores de monitoreo en 2005, las Naciones Unidas han verificado 315.000 violaciones graves cometidas por las partes en conflicto en más de 30 situaciones de conflicto en África, Asia, Oriente Medio y América Latina.

Entre ellas cabe destacar las siguientes:

Las Naciones Unidas también han verificado más de 16.000 ataques contra escuelas y hospitales, y más de 22.000 casos de denegación de acceso humanitario a menores de edad. Dado que estos son solo los casos verificados, es probable que la cifra real sea mucho mayor. Además, varios millones más de niños y niñas han sido desplazados de sus hogares y comunidades, han perdido a sus amigos o familiares, o han quedado separados de sus padres, madres o personas encargadas de su cuidado.

UNICEF ha colaborado en la tarea de cuidar y proteger a millones de niños y niñas afectados por situaciones de conflicto para mejorar su bienestar, entre otras cosas mediante la prestación de apoyo psicosocial y de salud mental, la gestión de casos de protección de la infancia, la localización y reunificación familiar, y la prestación de servicios para niños y niñas supervivientes de la violencia de género. En 2022, UNICEF proporcionó apoyo para su reintegración u otro tipo de protección a casi 12.500 niños y niñas que abandonaron las fuerzas armadas o los grupos armados, y ofreció información para protegerse de los restos explosivos de guerra a más de 9 millones de niños y niñas.

el estudio alerta también sobre la inminencia de un déficit en la financiación. Si se mantiene el ritmo actual de financiación humanitaria, el déficit previsto sería de 835 millones de dólares en 2024, y aumentaría a 941 millones de dólares en 2026. Este déficit podría llevar a que los niños y niñas afectados por los conflictos queden expuestos a los efectos inmediatos y duraderos de la guerra, el trabajo infantil, la trata y la violencia.

UNICEF pide a los gobiernos que asuman nuevos y audaces compromisos para:

UNICEF también hace un llamamiento a los responsables humanitarios para que inviertan en políticas que sitúen a la infancia y su protección en el epicentro de la acción humanitaria en las situaciones de conflicto armado.

La fístula obstétrica es un agujero entre el canal de parto y la vejiga o el recto causado por la labor de parto prolongada y obstruida sin acceso a un tratamiento médico oportuno y de alta calidad. La fístula obstétrica deja a las mujeres y niñas con incontinencia urinaria o fecal, o ambas cosas, y a menudo da lugar a problemas médicos crónicos, depresión, aislamiento social y pobreza cada vez más profunda. El 90 % de los embarazos que involucran fístula terminan en mortinato.

Tres soluciones rentables pueden prevenir la fístula: acceso oportuno a atención obstétrica y neonatal de emergencia de alta calidad, profesionales capacitados con conocimientos de partería en el parto y acceso universal a anticonceptivos modernos. Los sistemas de salud pueden reducir la fístula mediante el seguimiento de la prevalencia, la corrección de las brechas en la atención y la garantía del acceso universal a un personal sanitario competente. Los planes nacionales de salud también deben abordar la discriminación de género y otros factores que hacen que las mujeres y las niñas sean más vulnerables a la mortalidad y las enfermedades maternas.

Asimismo, un liderazgo político audaz y un aumento de la inversión podrían contribuir a erradicar la fístula. Las asociaciones ambiciosas y las grandes inversiones son imperativas para poner fin a la fístula para 2030, nuestro objetivo mundial en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Existen maneras de prevenir esta lesión: retrasar la edad del primer embarazo, poner fin a ciertas prácticas tradicionales nocivas y proporcionar un acceso oportuno a la asistencia obstétrica. Sin embargo, los pasados años de pandemia mundial hicieron que más mujeres y niñas corrieran el riesgo de sufrir una fístula obstétrica debido a la sobrecarga de los sistemas de salud y se detuvieran las intervenciones y los tratamientos relacionados con la misma. Además, se prevé que haya 13 millones más de matrimonios infantiles en el curso de 10 años por las mismas razones, ya que muchas familias se apresuraron a casar a sus hijas para reducir los costes familiares, especialmente ante las consecuencias económicas del coronavirus.

Con este posible futuro escenario, ahora más que nunca, es importante pedir a la comunidad internacional que utilice el Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica para aumentar significativamente la conciencia sobre el problema e intensificar las acciones para terminar con la fístula obstétrica, así como instar a realizar seguimientos posoperatorios y apoyo a las pacientes que la padecen.

A pesar de la disminución constante del matrimonio infantil en la última década, los conflictos, las crisis climáticas y las secuelas de COVID-19, amenazan con revertir los logros conseguidos con tanto esfuerzo, según un nuevo análisis publicado por el Fonde de la ONU para la Infancia (UNICEF).

En todo el mundo, se calcula que 640 millones de niñas y mujeres que viven hoy en día se casaron en la infancia, es decir, 12 millones de niñas al año, según la última estimación mundial incluida en el análisis.

La proporción de mujeres jóvenes que se casaron en la infancia ha descendido del 21% al 19% desde que se publicaron las últimas estimaciones hace cinco años. Sin embargo, a pesar de este progreso, las reducciones mundiales tendrían que ser 20 veces más rápidas para cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible de poner fin al matrimonio infantil para 2030.

Las niñas que se casan en la infancia se enfrentan a consecuencias inmediatas y para toda la vida. Tienen menos probabilidades de permanecer en la escuela y se enfrentan a un mayor riesgo de embarazo precoz, lo que a su vez aumenta el riesgo de complicaciones de salud y mortalidad infantil y materna. Esta práctica también puede aislar a las niñas de su familia y amigos, y excluirlas de la participación en sus comunidades, lo que afecta gravemente a su salud mental y su bienestar.

En América Latina y el Caribe hay 58 millones de niñas casadas, un 9% del total mundial. Sin embargo, el informe advierte que la región se encamina a tener el segundo nivel regional más alto de matrimonio infantil para 2030, solo por detrás de África subsahariana. UNICEF explica que el matrimonio infantil es un fenómeno poco frecuente entre los segmentos con más poder adquisitivo de la sociedad, pero continúa siendo una práctica habitual entre los más pobres.

En todo el mundo, los conflictos, las catástrofes relacionadas con el clima y las repercusiones actuales de la COVID-19, especialmente el aumento de la pobreza, las crisis de ingresos y el abandono escolar, contribuyen a aumentar los factores que impulsan el matrimonio infantil, al tiempo que dificultan el acceso de las niñas a la atención sanitaria, la educación, los servicios sociales y el apoyo comunitario que las protegen esta práctica.

Como resultado, las niñas que viven en entornos frágiles tienen el doble de probabilidades de convertirse en novias infantiles que la media en el resto del mundo, señala el análisis. Por cada diez veces que se multiplican las muertes relacionadas con los conflictos, aumenta un 7% el número de matrimonios infantiles.

El análisis advierte de que los avances logrados en la última década para acabar con el matrimonio infantil también se ven amenazados, o incluso se ven anulados, por los efectos de la pandemia COVID-19. Se calcula que la pandemia ha afectado a más de 1000 millones de niñas en todo el mundo. Se estima que la pandemia ya ha reducido en una cuarta parte el número de matrimonios infantiles evitados desde 2020.

Pese a que el matrimonio infantil ha disminuido de forma constante en la última década, las múltiples crisis actuales —en particular los conflictos, las perturbaciones climáticas y los efectos persistentes de la pandemia de COVID-19— amenazan con revertir los logros que con tanto esfuerzo se han alcanzado, según se desprende de un nuevo análisis publicado por UNICEF.

Se calcula que, en todo el mundo, 640 millones de niñas y mujeres vivas en la actualidad se casaron en la infancia, lo que asciende a 12 millones de niñas al año, según las cifras mundiales más recientes incluidas en el análisis. El porcentaje de mujeres jóvenes que contrajeron matrimonio siendo niñas ha disminuido del 21% al 19% desde las últimas estimaciones publicadas hace cinco años. Sin embargo, a pesar de estos avances, la reducción mundial debería ser 20 veces más rápida si se quiere lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible de poner fin al matrimonio infantil para 2030.

África Subsahariana, que actualmente ocupa el segundo lugar en el mundo en cuanto al número de niñas casadas (20%), está a más de 200 años de acabar con esta práctica al ritmo actual. Todo parece indicar que el rápido crecimiento de la población, a lo que se suman las crisis actuales, incrementarán la cifra de niñas casadas, en contraposición con la disminución prevista en el resto del mundo.

La región de América Latina y el Caribe también se está quedando atrás y va camino de registrar el segundo nivel regional más alto de matrimonios infantiles en 2023. Por su parte, Oriente Medio y el Norte de África y Europa del Este y Asia Central también se han estancado, después de registrar un periodo de progresos constantes.

Las niñas que contraen matrimonio durante la infancia sufren consecuencias inmediatas y de por vida. Tienen menos probabilidades de seguir asistiendo a la escuela y se enfrentan a un mayor riesgo de quedarse embarazadas precozmente, lo que a su vez aumenta la probabilidad de que tanto ellas como sus hijos sufran complicaciones de salud o mueran. Esta práctica también puede aislar a las niñas de sus familias y amigos, además de excluirlas de participar en sus comunidades, una situación que tiene graves consecuencias para su salud mental y su bienestar.

A nivel mundial, los conflictos, los desastres relacionados con el clima y los efectos de la COVID-19 —en particular el aumento de la pobreza, la disminución de los ingresos y el abandono escolar— contribuyen al aumento de los factores que llevan al matrimonio infantil, al tiempo que dificultan el acceso de las niñas a la atención sanitaria, la educación, los servicios sociales y el apoyo comunitario que las protegen de esa práctica.

En consecuencia, según señala el análisis, las niñas que viven en entornos frágiles tienen el doble de probabilidades de contraer matrimonio durante su infancia que las de otros entornos. Cada vez que las muertes ligadas a los conflictos se multiplican por 10 se produce un incremento del 7% en el número de matrimonios infantiles. Por su parte, los fenómenos meteorológicos extremos provocados por el cambio climático también ponen a las niñas en una mayor situación de riesgo. De hecho, cada desviación del 10% en las precipitaciones es correlativa a un aumento de alrededor del 1% en la prevalencia del matrimonio infantil.

El análisis advierte de que los valiosos avances logrados en la última década para poner fin al matrimonio infantil también se están viendo amenazados —e incluso anulados— por los efectos persistentes de la COVID-19. Se calcula que la pandemia ya ha disminuido en una cuarta parte el número de matrimonios infantiles evitados desde 2020.

De acuerdo con datos de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2022 nacieron 9 mil 185 bebés cuyas madres son menores de 15 años de edad, en México.

Cabe precisar que de esta cifra, el 98 por ciento son niñas de 13 y 14 años; y los estados donde se presentan con mayor frecuencia son en zonas marginadas de Guerrero, Chiapas, Coahuila y Veracruz.

Paralelamente, una gran mayoría de nacimientos de padres adolescentes ocurren entre los 15 y 19 años de edad (más de mil cada día en México).

Los matrimonios y las uniones infantiles tempranas y forzadas son causa y consecuencia de una limitada autonomía física, económica y la toma de decisiones sobre las mujeres, sobre todo, niñas y adolescentes que viven en zonas rurales y en hogares en situación de pobreza y marginación.

En 2020, en el mundo se registraron 225 mil matrimonios de adolescentes entre 12 y 17 años de edad o en unión libre, lo que representa una violación a sus derechos humanos básicos, ya que las niñas tienen mayor probabilidad de abandonar la escuela y su hogar.

Fuente: GOBIERNO DE MÉXICO 30 de abril de 2023

El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2023 se conmemorará el 28 de abril de 2023 y explorará el tema de un entorno de trabajo seguro y saludable como principio y derecho fundamental en el trabajo. También servirá para presentar los resultados de la investigación sobre el estado de aplicación de diversas disposiciones de los convenios fundamentales sobre seguridad y salud en el trabajo.

<p style="text-align: justify"Cada uno de nosotros es responsable de frenar muertes y lesiones en el trabajo. Como gobiernos, debemos proporcionar la infraestructura (leyes y servicios) necesaria para garantizar que los trabajadores sigan siendo empleados y que las empresas prosperen. Esto incluye el desarrollo de una política y un programa nacional y un sistema de inspección para hacer cumplir la legislación y política de seguridad y salud en el trabajo. Como empleadores, somos responsables de garantizar que el entorno de trabajo sea seguro y saludable. Como trabajadores, tenemos la responsabilidad de trabajar de manera segura y protegernos y no poner en peligro a otros, conocer nuestros derechos y participar en la implementación de medidas preventivas.

El 28 de abril es también el día en el que el movimiento sindical mundial celebra su Jornada Internacional de Conmemoración de los Trabajadores Fallecidos y Lesionados, para así honrar la memoria de las víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y se organizan con este motivo movilizaciones y campañas en todo el mundo.

La pandemia es uno de los ejemplos más palpables de la necesidad de adaptar los SST a los nuevos riesgos emergentes, una reivindicación que también está presente en este día internacional. Los riesgos del trabajo nuevos y emergentes pueden ser provocados por la innovación técnica o por el cambio social u organizativo, por ejemplo:

Estos riesgos pueden gozar de un reconocimiento más amplio a través de una mejor comprensión científica, por ejemplo, los efectos de los riesgos ergonómicos en los trastornos del sistema osteomuscular. Pero también pueden tener una mayor o menor influencia en función de las percepciones sobre la importancia que revisten en cada sociedad, como puede ser los efectos de factores psicosociales en el estrés relacionado con el trabajo.

La Organización Internacional del Trabajo ha acogido con satisfacción la Declaración de los Ministros de Trabajo y Empleo del G7, centrada en la necesidad de invertir en capital humano y trabajo decente.

La necesidad de un trabajo digno y el compromiso de los trabajadores; el aprendizaje permanente y la inversión en competencias; los mercados laborales inclusivos; y la igualdad de género, incluida la importancia de promover el permiso de paternidad en los lugares de trabajo y en la economía social y solidaria.

La Declaración señala que los trabajadores y sus familias se enfrentan a un futuro incierto en el contexto de una recuperación desigual de la pandemia de COVID-19, el cambio climático, la inflación, la erosión de los salarios reales y cambios estructurales como las transformaciones digital y ecológica y los cambios demográficos.

“Para responder a estos desafíos, es importante una amplia gama de inversiones en capital humano, incluyendo el desarrollo de competencias y el desarrollo de un mercado laboral inclusivo para promover empleos de calidad, permitir el trabajo decente, incluso a lo largo de la cadena de suministro global, y no dejar a nadie atrás”, señaló la Declaración.

Los ministros se comprometieron a:

Fuente: OIT 24 de abril de 2023

El informe Estado Mundial de la Infancia 2023: Para cada infancia, vacunación revela que la percepción de la importancia de las vacunas infantiles disminuyó en más de una tercera parte en la República de Corea, Papúa Nueva Guinea, Ghana, Senegal y Japón tras el inicio de la pandemia. Según los nuevos datos, recopilados por el Proyecto de Confianza en las Vacunas (en inglés The Vaccine Confidence Project) y publicados por UNICEF, China, India y México fueron los únicos países analizados donde los datos indican que la percepción de la importancia de las vacunas se mantuvo firme o incluso mejoró. En muchos países, las personas menores de 35 años y las mujeres fueron quienes manifestaron menos confianza en las vacunas infantiles tras el inicio de la pandemia.

La confianza en las vacunas es volátil y depende del momento. Por ello, es necesario recopilar más datos y realizar nuevos análisis para determinar si los resultados indican una tendencia a largo plazo. A pesar de estos retrocesos, el apoyo general a las vacunas sigue siendo relativamente sólido. En casi la mitad de los 55 países estudiados, más del 80% de los encuestados consideran que las vacunas son importantes para la infancia.

Sin embargo, el informe advierte que una confluencia de varios factores podría indicar que la amenaza que supone la indecisión ante las vacunas se está agravando. Estos factores incluyen la incertidumbre sobre la respuesta a la pandemia, el creciente acceso a información engañosa, la disminución de la confianza en los expertos y la polarización política.

El informe advierte que un total de 67 millones de niños y niñas se quedaron sin vacunar total o parcialmente entre 2019 y 2021, y que los niveles de cobertura de vacunación disminuyeron en 112 países. Los niños y niñas nacidos justo antes o durante la pandemia están superando la edad en la que normalmente deberían haber recibido las vacunas, una situación que destaca la necesidad de tomar medidas urgentes para ponerse al día con los que se quedaron sin vacunar y prevenir brotes de enfermedades mortales. En 2022, por ejemplo, el número de casos de sarampión fue más del doble del total del año anterior. El número de niños y niñas paralizados por la poliomielitis aumentó un 16% interanual en 2022. Si se compara el periodo de 2019 a 2021 con el trienio anterior, el número de niños y niñas que sufrieron parálisis a causa de la poliomielitis se multiplicó por ocho, lo que pone de manifiesto la necesidad de garantizar que se mantengan los esfuerzos de vacunación.

De los 67 millones de niños y niñas que se quedaron sin recibir inmunización sistemática total o parcial entre 2019 y 2021, 48 millones no recibieron ni una sola vacuna sistemática, un factor que también se conoce como “cero dosis”. A finales de 2021, India y Nigeria (ambos países con cohortes de nacimiento muy elevadas) presentaban el mayor número de niños y niñas cero dosis, pero los aumentos en el número de niños y niñas cero dosis fueron especialmente notables en Myanmar y Filipinas.

Los niños y niñas que no reciben ninguna dosis viven en las comunidades más pobres, remotas y marginadas, que en ocasiones están afectadas por conflictos. Los nuevos datos elaborados para el informe por el Centro Internacional para la Equidad en la Salud revelan que en los hogares más pobres, 1 de cada 5 niños son cero dosis, mientras que en los más ricos, solo lo son 1 de cada 20. El informe concluye que los niños no vacunados suelen vivir en comunidades de difícil acceso, como las zonas rurales o los barrios marginales urbanos. A menudo, sus madres no han podido ir a la escuela y su opinión no cuenta a la hora de tomar decisiones familiares. Estos problemas son mayores en los países de ingresos bajos y medios, donde aproximadamente 1 de cada 10 niños y niñas en las zonas urbanas es cero dosis, frente a 1 de cada 6 en las zonas rurales. En los países de ingresos medios-altos, la diferencia entre niños y niñas de zonas urbanas y rurales es casi inexistente.

Para hacer frente a esta crisis de la supervivencia infantil, UNICEF exhorta a los gobiernos a que redoblen su compromiso de aumentar la financiación de la inmunización y que trabajen con las partes interesadas para desbloquear los recursos disponibles, incluidos los fondos excedentes de la COVID-19, con el fin de aplicar y acelerar urgentemente los esfuerzos de vacunación de rescate, proteger a los niños y prevenir brotes de enfermedades.

El informe insta a los gobiernos a:

En los últimos 10 años, América Latina y el Caribe ha pasado de tener una de las tasas de vacunación infantil más altas del mundo a una de las más bajas, ha advertido UNICEF durante el lanzamiento del informe El Estado Mundial de la Infancia 2023: Para cada infancia, vacunación, que señala que este deterioro de la inmunización en la región sigue una tendencia global.

El reporte muestra que, en todo el mundo, 67 millones de niños no recibieron una o más vacunas en tres años debido a la interrupción de los servicios de salud causada por las tensiones en los sistemas sanitarios, el desvío de los escasos recursos, los conflictos y la disminución de la confianza de las personas en la inmunización.

En la región de América Latina, la cobertura de la triple vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina, también conocida como la DTP3, entre los niños y niñas menores de un año cayó 18 puntos porcentuales, del 93% en 2012 al 75% en 2021. “Se trata de la tasa de vacunación de rutina más baja de la región en casi 30 años, lo que sitúa a América Latina y el Caribe por debajo de la media mundial (81%) y justo por delante de África Oriental y Meridional (74%)”, destaca la agencia de la ONU.

Según las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el retroceso de América Latina y el Caribe en materia de inmunización ha dejado a 2,4 millones de niños y niñas, uno de cada cuatro menores de un año, desprotegidos frente a enfermedades prevenibles mediante la vacunación.

Más de 1,7 millones de esos niños están catalogados médicamente como “cero dosis”, lo que significa que nunca han recibido vacuna alguna. Los niños y niñas de los hogares más pobres tienen casi tres veces más probabilidades de no haber sido inmunizados en su vida que aquellos de los hogares más ricos, según revela un nuevo análisis del informe.

El informe destaca que la vacunación no solo salva vidas, sino que también es una estrategia probada para reducir los costos futuros de la atención sanitaria y apoyar el crecimiento económico. La vacunación genera un fuerte retorno de la inversión de hasta 26 dólares por cada 1 invertido.

Para recuperarse del retroceso y reducir el número de niños y niñas cero dosis en América Latina, UNICEF hace un llamamiento a los gobiernos y aliados para que:

El Estado Mundial de la Infancia 2023 destaca que a nivel mundial se ha producido un descenso de la confianza en la vacunación. Por ejemplo, la percepción de la importancia que las vacunas tienen para los niños disminuyó en más de un tercio en la República de Corea, Papúa Nueva Guinea, Ghana, Senegal y Japón tras el inicio de la pandemia. Tan sólo China, India y México fueron los únicos de los 55 países estudiados en los que los datos indican que la percepción de la importancia de las vacunas se mantuvo firme o incluso mejoró.

Sin embargo, el informe advierte que la confluencia de varios factores sugiere que la amenaza de la indecisión ante las vacunas puede estar creciendo. Estos factores incluyen la incertidumbre sobre la respuesta a la pandemia, el creciente acceso a información engañosa, la disminución de la confianza en los expertos y la polarización política.

En 2022, por ejemplo, el número de casos de sarampión fue más del doble del total del año anterior. El número de niños paralizados por la poliomielitis aumentó un 16% interanual en 2022. Si se compara el periodo de 2019 a 2021 con el trienio anterior, el número de niños paralizados por poliomielitis se multiplicó por ocho, lo que pone de relieve la necesidad de garantizar que se mantengan los esfuerzos de vacunación.

Nuevos datos elaborados para el informe por el Centro Internacional para la Equidad en Salud revelan que en los hogares más pobres,uno de cada cinco niños no recibe ninguna dosis, mientras que en los más ricos, sólo uno de cada veinte.

Para vacunar a todos los niños, es vital reforzar la atención primaria de salud y proporcionar a sus trabajadores, en su mayoría mujeres, los recursos y el apoyo que necesitan. El informe señala que las mujeres están en primera línea de la vacunación, pero se enfrentan a salarios bajos, empleo informal, falta de formación formal y de oportunidades profesionales y amenazas a su seguridad.

Para hacer frente a esta crisis de supervivencia infantil, UNICEF hace un llamamiento a los gobiernos para que redoblen su compromiso de aumentar la financiación de la inmunización y trabajen con las partes interesadas para desbloquear los recursos disponibles, incluidos los fondos sobrantes de COVID-19, con el fin de aplicar y acelerar urgentemente los esfuerzos de vacunación de recuperación para proteger a los niños y prevenir los brotes de enfermedades.

En el informe Estado de la Población Mundial 2023: 8000 millones de vidas, infinitas posibilidades: argumentos a favor de los derechos y libertades, publicado por el Fondo de Población de la ONU (UNFPA), revela las principales características de la demografía a nivel global en la actualidad y las inquietudes que despierta el tamaño actual de la humanidad.

El informe explica cómo las cifras de población cambian a gran velocidad; dos tercios de la humanidad residen en contextos de baja fecundidad, mientras la mitad del aumento de la población mundial previsto para 2050 corresponde a solo ocho países: Egipto, Etiopía, Filipinas, la India, Nigeria, Pakistán, la República Democrática del Congo y la República Unida de Tanzania. Esto supone que en los próximos años cambiará radicalmente la clasificación de los países más poblados a nivel global.

El documento insta a las autoridades a facultar a la población para que cumplan sus objetivos reproductivos personales, en lugar de instaurar medidas con la intención de influir en las decisiones de los hombres y mujeres.

Según el informe, es posible forjar sociedades prósperas e inclusivas, independientemente del tamaño de la población, y para ello aboga por un cambio radical de mentalidad en lo que respecta a la percepción de los cambios poblacionales y las medidas en torno a ellos.

El informe destaca la importancia de defender los derechos humanos, los cuales deben también reforzar el sistema de pensiones y el sistema sanitario, fomentar el envejecimiento saludable y activo, proteger los derechos de las personas migrantes y hacer lo posible por adaptarse al cambio climático y paliar sus efectos.

Según los autores del informe, la igualdad de género destaca como el mejor recurso para gestionar el cambio demográfico y crear sociedades resilientes. Empoderar a la mujer para que tome decisiones sobre su cuerpo y su vida le permite desarrollar su potencial y prosperar, tanto ella como su familia, al igual que la sociedad. Las mujeres deben poder elegir si desean tener hijos y, si ese fuera el caso, cuántos y en qué momento de su vida.

En este sentido, otro estudio reciente de la ONU revelaba que impulsar la equidad de género en la fuerza de trabajo era más útil para sustentar las economías de sociedades con poca fecundidad y en proceso de envejecimiento que fijar metas para que las mujeres tengan más descendencia.

El informe pone de manifiesto que las decisiones de las autoridades o de otras personas no pueden interferir con el cuerpo de la mujer. Es necesario proteger su derecho a la salud sexual y reproductiva y hacer las inversiones necesarias para garantizar estos derechos.

Algunas de las medidas que los gobiernos pueden implementar para favorecer a la familia incluyen implementar programas de licencia parental y deducciones fiscales por cada hijo, y fomentar la igualdad de género en los entornos laborales.

El acelerado envejecimiento poblacional de América Latina y el Caribe moldea y moldeará la capacidad de los países y sistemas de salud de dar respuesta a las demandas concretas de la población. Por ello, a fin de diseñar sistemas inclusivos y sostenibles, es necesario contar con información actualizada que favorezca la toma de decisiones, plantea una nueva publicación elaborada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El documento Perspectivas demográficas del envejecimiento poblacional en la Región de las Américas , forma parte de la serie titulada La Década del Envejecimiento Saludable en las Américas: situación y desafíos , una iniciativa interinstitucional que aspira a promover acciones eficaces, favorecer la priorización de medidas a nivel local y servir de base para informar sobre los progresos logrados durante la Década del Envejecimiento Saludable (2021-2030).

De acuerdo a las estimaciones y proyecciones de las Naciones Unidas, la población de la región pasa por un rápido proceso de envejecimiento. En 2023, en América Latina y el Caribe las personas de 60 años y más son alrededor de 92 millones y representan el 13,8% de la población total. Sin embargo, al final de la Década del Envejecimiento Saludable, en 2030, la población de 60 años y más en la región habrá aumentado en 23 millones, alcanzando los 115 millones, lo que representará el 16,5% de la población total.

Se proyecta en particular un fuerte crecimiento del grupo de personas de 80 años y más, que en 2023 en la región contaba con 12 millones de personas y en 2030 contará con 16 millones de personas, dos tercios de las cuales serán mujeres.

La región está lejos de la cobertura universal en pensiones: en 2020, el 73,9% de la población latinoamericana de 65 años y más recibió algún tipo de pensión. De ellos, 54,2% recibió una pensión contributiva y 24,9% una no contributiva.

Asimismo, alrededor de 2020 la proporción de personas de 65 años y más en América Latina que recibían pensiones con montos insuficientes —que incluye a quienes no reciben pensiones o, de recibirlas, tienen montos menores al valor de una línea de pobreza— era del 40,1%. Debido a que las pensiones no proveen ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de consumo, muchas personas mayores permanecen en el mercado laboral más allá de la edad legal de jubilación, no como opción sino como obligación.

El documento concluye que la situación sociodemográfica y socioeconómica de las personas mayores en América Latina es heterogénea, pues el nivel de desarrollo de los países incide en ella. Sin embargo, hay ciertas tendencias que se mantienen, como las diferencias por sexo. Si bien las mujeres tienen una mayor sobrevivencia y llegan a edades más avanzadas, las desigualdades que experimentaron durante todo su ciclo vital se expresan con fuerza en esta etapa de su vida, de modo que presentan menores niveles de escolaridad y alfabetización y de acceso a pensiones y deben seguir vinculadas a un trabajo precario, pese a que sus tasas de ocupación son menores.

“Esto es un llamado de atención a los tomadores de decisiones y los que formulan las políticas para personas mayores para que siempre tengan presente que estas deben considerar la perspectiva de género”, advierte el informe.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), como organismo público responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), pone a disposición del público usuario el sitio web de los Registros Nacionales de Información Estadística y Geográfica (RNIEG).

Los RNIEG compilan las referencias básicas de la oferta estadística y geográfica oficial que generan las entidades federativas y que contienen información sociodemográfica, económica, ambiental y de seguridad pública. Estas referencias básicas provienen de las instituciones públicas de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los órganos constitucionales autónomos, así como los tribunales administrativos estatales.

En el sitio de los RNIEG, las y los usuarios podrán visualizar y descargar fichas con las características básicas de los programas de información estadística inscritos en el Registro Estadístico Nacional (REN) y los programas de información geográfica del Registro Nacional de Información Geográfica (RNIG). Estos se organizan en tres apartados: I. Descripción general, II. Características metodológicas básicas, y III. Datos de la institución que los produce.

En ambos registros se pueden realizar consultas por entidad federativa, tema, institución responsable o método de generación del programa de información. La herramienta también cuenta con una consulta avanzada. En esta, se puede precisar la selección a partir de los siguientes criterios: marco legal, metodologías, uso de infraestructura de información y calidad.

En su fase inicial, los RNIEG ofrecen las referencias de 1 377 programas de información estadísticos y geográficos que producen 577 instituciones del ámbito estatal. En una segunda etapa, se integrarán las referencias de la oferta estadística y geográfica oficial del orden federal y, posteriormente, del ámbito municipal.

Con este esfuerzo, el INEGI, como coordinador del SNIEG, diversifica las opciones para promover el uso de información en la toma de decisiones y en la adopción de políticas públicas de alcance nacional y local.

Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la reducción de la ingesta de sodio muestra que sólo el 5% de los Estados miembros de la agencia de la ONU están protegidos por políticas obligatorias de reducción del sodio y que el 73% de los Estados miembros carece de un rango completo de implementación de tales políticas.

El cumplimento de esas medidas de reducción del sodio podría salvar unos siete millones de vidas en todo el mundo de aquí a 2030. Es un factor importante para reducir las muertes por enfermedades no transmisibles, una meta incluida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero hoy en día, sólo nueve países, Brasil, Chile, Chequia, Lituania, Malasia, México, Arabia Saudí, España y Uruguay, cuentan con una regulación completa para reducir la ingesta de sodio.

“Este informe muestra que la mayoría de los países aún no han adoptado ninguna política obligatoria de reducción del sodio, lo que deja a su población expuesta al riesgo de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y otros problemas de salud.

Un enfoque integral de la reducción del sodio incluye la adopción de políticas obligatorias y una serie de medidas denominadas Mejores compras, que contribuyen de gran manera a prevenir las enfermedades no transmisibles. Entre ellas figuran:

Las políticas obligatorias de reducción del sodio son más eficaces, ya que logran una cobertura más amplia y protegen contra los intereses comerciales, a la vez que ofrecen igualdad de condiciones a los fabricantes de alimentos. Como parte del informe, la OMS elaboró una tarjeta de puntuación para los Estados miembros basada en el tipo y el número de políticas de reducción del sodio que aplican.

Se calcula que la ingesta media mundial de sal es de 10,8 gramos al día, más del doble de la recomendación de la OMS. El consumo excesivo de sal es el principal factor de riesgo de muertes relacionadas con la alimentación y la nutrición.

La agencia denuncia que están apareciendo más pruebas que documentan vínculos entre el consumo elevado de sodio y el aumento del riesgo de otras afecciones de salud, como el cáncer gástrico, la obesidad, la osteoporosis y las enfermedades renales.

Un informe, el primero de este tipo, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la reducción de la ingesta de sal (Global report on sodium intake reduction) demuestra que estamos lejos de lograr la meta mundial de reducir la ingesta de sodio en un 30% para 2025.

El sodio, pese a ser un nutriente esencial, incrementa el riesgo de cardiopatías, como los accidentes cerebrovasculares, y de muerte prematura cuando se toma en exceso. La fuente principal de sodio es la sal de mesa (cloruro de sodio), pero otros condimentos, como el glutamato de sodio, también lo contienen. En el informe se demuestra que solo el 5% de los Estados Miembros de la OMS están protegidos por políticas obligatorias e integrales de reducción de sodio y que el 73% de los Estados Miembros de la OMS no aplican plenamente dichas políticas.

Se estima que la introducción de políticas de reducción de sodio, todas ellas sumamente costoeficaces, podría salvar la vida de unos 7 millones de personas de aquí a 2030, al tratarse de un componente importante de las medidas para lograr una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: reducir el número de muertes por enfermedades no transmisibles. Actualmente solo nueve países (Arabia Saudita, Brasil, Chile, España, Lituania, Malasia, México, República Checa y Uruguay) cuentan con un conjunto integral de políticas recomendadas para reducir la ingesta de sodio.

Para reducir el sodio se requiere un enfoque integral que incluye la adopción de políticas obligatorias y las cuatro intervenciones de la OMS relativas al sodio que constituyen «mejores inversiones» y contribuyen enormemente a prevenir las enfermedades no transmisibles. Se trata de las siguientes:

Las políticas obligatorias de reducción de sodio son más eficaces, ya que logran una cobertura más amplia y protegen contra los intereses comerciales, a la vez que establecen condiciones igualitarias entre los fabricantes de alimentos. Como parte del informe, la OMS ha elaborado para los Estados Miembros un mapa de puntuación por país para el sodio, en función del tipo y número de políticas de reducción de sodio aplicadas.

La ingesta media mundial de sal se estima en 10,8 gramos al día, más del doble de lo recomendado por la OMS, esto es, menos de 5 gramos de sal al día (una cucharadita). Tomar demasiada sal es el principal factor de riesgo de muerte vinculada a los alimentos y la nutrición. Se dispone cada vez de más datos que documentan los vínculos entre una alta ingesta de sodio y un mayor riesgo de sufrir otras afecciones de salud como cáncer de estómago, obesidad, osteoporosis y nefropatías.

La OMS hace un llamamiento a los Estados Miembros para que apliquen sin demora políticas de reducción de la ingesta de sodio y mitiguen los efectos nocivos del consumo excesivo de sal. La OMS también insta a los fabricantes de alimentos a que establezcan metas audaces de reducción de sodio en sus productos.

El número de niñas adolescentes y mujeres embarazadas y lactantes que sufren desnutrición aguda ha aumentado desde 2020 de 5,5 millones a 6,9 millones –un 25%– en los 12 países más afectados por la actual crisis alimentaria y nutricional que sacude el mundo, según un nuevo informe publicado por UNICEF.

Desnutridas y olvidadas: una crisis mundial de la nutrición de las adolescentes y las mujeres, publicado con ocasión del Día Internacional de la Mujer, advierte que las perturbaciones actuales, agravadas por la persistente desigualdad de género, están agudizando una crisis de la nutrición entre las adolescentes y las mujeres que ya llevaba mostrando signos de deterioro en las dos últimas décadas.

Según el informe –una visión panorámica exhaustiva y sin precedentes del estado de la nutrición de las adolescentes y las mujeres en todo el mundo– más de 1.000 millones de niñas adolescentes y mujeres padecen desnutrición (que incluye la insuficiencia ponderal y la baja estatura), deficiencias de micronutrientes esenciales y anemia, una situación que tiene repercusiones devastadoras para sus vidas y su bienestar.

La nutrición deficiente de las niñas y las mujeres puede debilitar su inmunidad, mermar su desarrollo cognitivo y aumentar el riesgo de que padezcan complicaciones potencialmente mortales durante el embarazo y en el parto, con consecuencias peligrosas e irreversibles para la supervivencia, el crecimiento, el aprendizaje y la futura capacidad de generar ingresos de sus hijos.

En todo el mundo, 51 millones de niños menores de dos años sufren retraso del crecimiento, lo que significa que su estatura es demasiado baja para su edad debido a la malnutrición. En aproximadamente la mitad de los casos, el retraso del crecimiento comienza durante la gestación y en los primeros seis meses de vida (el periodo de 500 días en el que el niño depende totalmente de la nutrición materna), según se indica en un nuevo análisis que figura en el informe.

El informe hace un llamamiento a los gobiernos, los aliados y los donantes humanitarios y del desarrollo, las organizaciones de la sociedad civil y los agentes del desarrollo para que transformen los sistemas alimentarios, de salud y de protección social de las adolescentes y las mujeres mediante las siguientes medidas:

Según un nuevo informe del Banco Mundial, el ritmo de las reformas hacia un trato igualitario de las mujeres ante la ley ha caído a su nivel más bajo en los últimos 20 años, lo que constituye un obstáculo potencial para el crecimiento económico en un período crucial para la economía a nivel mundial.

En 2022, la puntuación promedio a nivel mundial en el índice de La Mujer, la Empresa y el Derecho es de 77,1 aumentando sólo medio punto, lo que indica que, en promedio, las mujeres gozan apenas del 77 % de los mismos derechos que tienen los hombres ante la ley. Al ritmo actual de reforma, en muchos países una mujer que ingresa a la fuerza laboral hoy se retirará antes de obtener los mismos derechos que los hombres.

El informe La Mujer, la Empresa y el Derecho 2023 mide leyes y regulaciones en 190 países en ocho áreas relacionadas con la participación económica de la mujer. Las ocho áreas son Movilidad, Trabajo, Remuneración, Matrimonio, Parentalidad, Empresariado, Activos y Jubilación. Los datos, que abarcan hasta el 1 de octubre de 2022, ofrecen parámetros de referencia objetivos para medir el progreso a nivel mundial hacia igualdad de género en el marco de la ley. En la actualidad, solo 14 países —todos ellos integrantes de las economías de ingreso alto—- cuentan con leyes que otorgan a las mujeres los mismos derechos que a los hombres.

Esta nueva edición de La Mujer, la Empresa y el Derecho contiene una evaluación integral del progreso global hacia la igualdad de género ante la ley durante los últimos 50 años. Desde 1970, la puntuación promedio global de La Mujer, la Empresa y el derecho, ha mejorado aproximadamente en dos tercios, incrementando de 45,8 a 77,1 puntos.

En la primera década de este siglo se lograron sólidos avances hacia la igualdad de género ante la ley. Entre 2000 y 2009, se introdujeron más de 600 reformas, alcanzando su punto máximo de 73 reformas anuales en 2002 y 2008. Sin embargo, desde entonces, el ritmo de las reformas se ha desacelerado, en particular en las áreas donde existen normas vigentes desde hace mucho tiempo, como en los derechos de las mujeres a la sucesión y de propiedad de bienes inmuebles. Un nuevo análisis de los datos permite establecer que las economías que históricamente presentaban una mayor brecha de género han ido recuperando terreno, especialmente a partir del año 2000.

En la actualidad, la igualdad de oportunidades económicas para las mujeres es más alta en las economías de ingreso alto de la OCDE. No obstante, se han seguido implementando reformas importantes en las economías en desarrollo. África al sur del Sahara realizó avances significativos el año pasado. La región ha registrado más de la mitad de todas las reformas llevadas a cabo en el mundo en 2022, ya que siete economías de la región, (Benín, la República del Congo, Côte d’Ivoire, Gabón, Malawi, Senegal y Uganda) aprobaron 18 cambios positivos en su legislación.

Aunque se han alcanzado grandes logros en las últimas cinco décadas, aún queda mucho por hacer en todo el mundo para garantizar que las buenas intenciones vayan acompañadas de resultados tangibles, es decir, la igualdad de oportunidades ante la ley para las mujeres. Las mujeres no pueden darse el lujo de seguir esperando más para alcanzar la igualdad de género y tampoco puede hacerlo la economía mundial.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha hecho públicos los indicadores desglosados por países relativos a las dietas saludables en los que se muestran sus costos —también por grupos de alimentos— y el número de personas que no pueden permitírselas. Los datos sirven para recordar que, pese a que el mundo ha realizado progresos en cuanto al suministro de calorías suficientes para alimentar a la población mundial, aún queda un largo camino por recorrer para nutrir de forma sostenible a todas las personas y en todo el mundo.

La FAO ha realizado recientemente un amplio análisis sobre el número de personas que de hecho pueden permitirse una dieta saludable, en la que se ofrezca una diversidad de alimentos ricos en nutrientes, en consonancia con las orientaciones dietéticas. Los resultados fueron demoledores: en el mundo hay miles de millones de personas que no pueden permitirse una dieta saludable.

Casi 3 100 millones de personas no podían permitirse una dieta saludable en 2020, un incremento de 112 millones de personas respecto de 2019, reflejando así el aumento de los costos de una dieta saludable en 2020. Esta cifra corresponde principalmente a Asia, donde otros 78 millones de personas más no podían permitirse llevar ese tipo de dieta, seguida de África (25 millones de personas más) y, en menor medida, de América Latina y el Caribe y América Septentrional y Europa (8 millones y 1 millón de personas más, respectivamente).

El conjunto de indicadores ya puede consultarse y descargarse de forma sencilla en la base de datos de la FAO. FAOSTAT es la mayor plataforma mundial de datos sobre alimentación y agricultura, con cerca de 20 000 indicadores que abarcan más de 245 países y territorios. Los procesos de cálculo, seguimiento y presentación de informes sobre los indicadores a nivel mundial, regional y nacional relativos a los costos y la asequibilidad de una dieta saludable ya están institucionalizados y la FAO se encargará de actualizarlos periódicamente. Esto constituye un nuevo y valioso punto de referencia para el seguimiento de los progresos realizados a nivel mundial hacia la consecución de dietas saludables asequibles para todos.

Estos indicadores se basan en un conjunto integrado de datos, calculados a partir de variables que incluyen los precios al por menor de alimentos disponibles localmente y las guías alimentarias basadas en alimentos, los patrones de distribución de los ingresos de los hogares del país y las fórmulas necesarias para establecer la paridad del poder adquisitivo.

La disponibilidad de estos indicadores a nivel mundial, regional y nacional sienta ahora las bases para una mayor rendición de cuentas, utilizando datos oportunos sobre los precios al por menor de los productos alimenticios nutritivos en todos los países del mundo. La labor que se efectúe en el futuro servirá para agilizar la actualización de los datos sobre los precios.

Esta iniciativa forma parte del amplio compromiso de la FAO en generar datos objetivos que permitan asesorar a los países sobre sus políticas alimentarias y nutricionales. La FAO anima a sus Miembros y a todas las partes interesadas a ampliar el cálculo y la notificación de estos indicadores al nivel subnacional, contribuyendo así a la consecución de políticas y programas más adaptados para tener mayor repercusión sobre el terreno. La FAO y el Gobierno de Pakistán ya están trabajando en un enfoque de este tipo.