Entre 2005 y 2022, las Naciones Unidas verificaron un total de 315.000 violaciones graves de los derechos de la infancia en situaciones de conflicto, una cifra espeluznante que ilustra claramente los efectos devastadores de las guerras y los conflictos sobre los niños y niñas.

UNICEF ha informado que, desde que comenzaron las labores de monitoreo en 2005, las Naciones Unidas han verificado 315.000 violaciones graves cometidas por las partes en conflicto en más de 30 situaciones de conflicto en África, Asia, Oriente Medio y América Latina.

Entre ellas cabe destacar las siguientes:

Las Naciones Unidas también han verificado más de 16.000 ataques contra escuelas y hospitales, y más de 22.000 casos de denegación de acceso humanitario a menores de edad. Dado que estos son solo los casos verificados, es probable que la cifra real sea mucho mayor. Además, varios millones más de niños y niñas han sido desplazados de sus hogares y comunidades, han perdido a sus amigos o familiares, o han quedado separados de sus padres, madres o personas encargadas de su cuidado.

UNICEF ha colaborado en la tarea de cuidar y proteger a millones de niños y niñas afectados por situaciones de conflicto para mejorar su bienestar, entre otras cosas mediante la prestación de apoyo psicosocial y de salud mental, la gestión de casos de protección de la infancia, la localización y reunificación familiar, y la prestación de servicios para niños y niñas supervivientes de la violencia de género. En 2022, UNICEF proporcionó apoyo para su reintegración u otro tipo de protección a casi 12.500 niños y niñas que abandonaron las fuerzas armadas o los grupos armados, y ofreció información para protegerse de los restos explosivos de guerra a más de 9 millones de niños y niñas.

el estudio alerta también sobre la inminencia de un déficit en la financiación. Si se mantiene el ritmo actual de financiación humanitaria, el déficit previsto sería de 835 millones de dólares en 2024, y aumentaría a 941 millones de dólares en 2026. Este déficit podría llevar a que los niños y niñas afectados por los conflictos queden expuestos a los efectos inmediatos y duraderos de la guerra, el trabajo infantil, la trata y la violencia.

UNICEF pide a los gobiernos que asuman nuevos y audaces compromisos para:

UNICEF también hace un llamamiento a los responsables humanitarios para que inviertan en políticas que sitúen a la infancia y su protección en el epicentro de la acción humanitaria en las situaciones de conflicto armado.

La fístula obstétrica es un agujero entre el canal de parto y la vejiga o el recto causado por la labor de parto prolongada y obstruida sin acceso a un tratamiento médico oportuno y de alta calidad. La fístula obstétrica deja a las mujeres y niñas con incontinencia urinaria o fecal, o ambas cosas, y a menudo da lugar a problemas médicos crónicos, depresión, aislamiento social y pobreza cada vez más profunda. El 90 % de los embarazos que involucran fístula terminan en mortinato.

Tres soluciones rentables pueden prevenir la fístula: acceso oportuno a atención obstétrica y neonatal de emergencia de alta calidad, profesionales capacitados con conocimientos de partería en el parto y acceso universal a anticonceptivos modernos. Los sistemas de salud pueden reducir la fístula mediante el seguimiento de la prevalencia, la corrección de las brechas en la atención y la garantía del acceso universal a un personal sanitario competente. Los planes nacionales de salud también deben abordar la discriminación de género y otros factores que hacen que las mujeres y las niñas sean más vulnerables a la mortalidad y las enfermedades maternas.

Asimismo, un liderazgo político audaz y un aumento de la inversión podrían contribuir a erradicar la fístula. Las asociaciones ambiciosas y las grandes inversiones son imperativas para poner fin a la fístula para 2030, nuestro objetivo mundial en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Existen maneras de prevenir esta lesión: retrasar la edad del primer embarazo, poner fin a ciertas prácticas tradicionales nocivas y proporcionar un acceso oportuno a la asistencia obstétrica. Sin embargo, los pasados años de pandemia mundial hicieron que más mujeres y niñas corrieran el riesgo de sufrir una fístula obstétrica debido a la sobrecarga de los sistemas de salud y se detuvieran las intervenciones y los tratamientos relacionados con la misma. Además, se prevé que haya 13 millones más de matrimonios infantiles en el curso de 10 años por las mismas razones, ya que muchas familias se apresuraron a casar a sus hijas para reducir los costes familiares, especialmente ante las consecuencias económicas del coronavirus.

Con este posible futuro escenario, ahora más que nunca, es importante pedir a la comunidad internacional que utilice el Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica para aumentar significativamente la conciencia sobre el problema e intensificar las acciones para terminar con la fístula obstétrica, así como instar a realizar seguimientos posoperatorios y apoyo a las pacientes que la padecen.

A pesar de la disminución constante del matrimonio infantil en la última década, los conflictos, las crisis climáticas y las secuelas de COVID-19, amenazan con revertir los logros conseguidos con tanto esfuerzo, según un nuevo análisis publicado por el Fonde de la ONU para la Infancia (UNICEF).

En todo el mundo, se calcula que 640 millones de niñas y mujeres que viven hoy en día se casaron en la infancia, es decir, 12 millones de niñas al año, según la última estimación mundial incluida en el análisis.

La proporción de mujeres jóvenes que se casaron en la infancia ha descendido del 21% al 19% desde que se publicaron las últimas estimaciones hace cinco años. Sin embargo, a pesar de este progreso, las reducciones mundiales tendrían que ser 20 veces más rápidas para cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible de poner fin al matrimonio infantil para 2030.

Las niñas que se casan en la infancia se enfrentan a consecuencias inmediatas y para toda la vida. Tienen menos probabilidades de permanecer en la escuela y se enfrentan a un mayor riesgo de embarazo precoz, lo que a su vez aumenta el riesgo de complicaciones de salud y mortalidad infantil y materna. Esta práctica también puede aislar a las niñas de su familia y amigos, y excluirlas de la participación en sus comunidades, lo que afecta gravemente a su salud mental y su bienestar.

En América Latina y el Caribe hay 58 millones de niñas casadas, un 9% del total mundial. Sin embargo, el informe advierte que la región se encamina a tener el segundo nivel regional más alto de matrimonio infantil para 2030, solo por detrás de África subsahariana. UNICEF explica que el matrimonio infantil es un fenómeno poco frecuente entre los segmentos con más poder adquisitivo de la sociedad, pero continúa siendo una práctica habitual entre los más pobres.

En todo el mundo, los conflictos, las catástrofes relacionadas con el clima y las repercusiones actuales de la COVID-19, especialmente el aumento de la pobreza, las crisis de ingresos y el abandono escolar, contribuyen a aumentar los factores que impulsan el matrimonio infantil, al tiempo que dificultan el acceso de las niñas a la atención sanitaria, la educación, los servicios sociales y el apoyo comunitario que las protegen esta práctica.

Como resultado, las niñas que viven en entornos frágiles tienen el doble de probabilidades de convertirse en novias infantiles que la media en el resto del mundo, señala el análisis. Por cada diez veces que se multiplican las muertes relacionadas con los conflictos, aumenta un 7% el número de matrimonios infantiles.

El análisis advierte de que los avances logrados en la última década para acabar con el matrimonio infantil también se ven amenazados, o incluso se ven anulados, por los efectos de la pandemia COVID-19. Se calcula que la pandemia ha afectado a más de 1000 millones de niñas en todo el mundo. Se estima que la pandemia ya ha reducido en una cuarta parte el número de matrimonios infantiles evitados desde 2020.

Pese a que el matrimonio infantil ha disminuido de forma constante en la última década, las múltiples crisis actuales —en particular los conflictos, las perturbaciones climáticas y los efectos persistentes de la pandemia de COVID-19— amenazan con revertir los logros que con tanto esfuerzo se han alcanzado, según se desprende de un nuevo análisis publicado por UNICEF.

Se calcula que, en todo el mundo, 640 millones de niñas y mujeres vivas en la actualidad se casaron en la infancia, lo que asciende a 12 millones de niñas al año, según las cifras mundiales más recientes incluidas en el análisis. El porcentaje de mujeres jóvenes que contrajeron matrimonio siendo niñas ha disminuido del 21% al 19% desde las últimas estimaciones publicadas hace cinco años. Sin embargo, a pesar de estos avances, la reducción mundial debería ser 20 veces más rápida si se quiere lograr el Objetivo de Desarrollo Sostenible de poner fin al matrimonio infantil para 2030.

África Subsahariana, que actualmente ocupa el segundo lugar en el mundo en cuanto al número de niñas casadas (20%), está a más de 200 años de acabar con esta práctica al ritmo actual. Todo parece indicar que el rápido crecimiento de la población, a lo que se suman las crisis actuales, incrementarán la cifra de niñas casadas, en contraposición con la disminución prevista en el resto del mundo.

La región de América Latina y el Caribe también se está quedando atrás y va camino de registrar el segundo nivel regional más alto de matrimonios infantiles en 2023. Por su parte, Oriente Medio y el Norte de África y Europa del Este y Asia Central también se han estancado, después de registrar un periodo de progresos constantes.

Las niñas que contraen matrimonio durante la infancia sufren consecuencias inmediatas y de por vida. Tienen menos probabilidades de seguir asistiendo a la escuela y se enfrentan a un mayor riesgo de quedarse embarazadas precozmente, lo que a su vez aumenta la probabilidad de que tanto ellas como sus hijos sufran complicaciones de salud o mueran. Esta práctica también puede aislar a las niñas de sus familias y amigos, además de excluirlas de participar en sus comunidades, una situación que tiene graves consecuencias para su salud mental y su bienestar.

A nivel mundial, los conflictos, los desastres relacionados con el clima y los efectos de la COVID-19 —en particular el aumento de la pobreza, la disminución de los ingresos y el abandono escolar— contribuyen al aumento de los factores que llevan al matrimonio infantil, al tiempo que dificultan el acceso de las niñas a la atención sanitaria, la educación, los servicios sociales y el apoyo comunitario que las protegen de esa práctica.

En consecuencia, según señala el análisis, las niñas que viven en entornos frágiles tienen el doble de probabilidades de contraer matrimonio durante su infancia que las de otros entornos. Cada vez que las muertes ligadas a los conflictos se multiplican por 10 se produce un incremento del 7% en el número de matrimonios infantiles. Por su parte, los fenómenos meteorológicos extremos provocados por el cambio climático también ponen a las niñas en una mayor situación de riesgo. De hecho, cada desviación del 10% en las precipitaciones es correlativa a un aumento de alrededor del 1% en la prevalencia del matrimonio infantil.

El análisis advierte de que los valiosos avances logrados en la última década para poner fin al matrimonio infantil también se están viendo amenazados —e incluso anulados— por los efectos persistentes de la COVID-19. Se calcula que la pandemia ya ha disminuido en una cuarta parte el número de matrimonios infantiles evitados desde 2020.

De acuerdo con datos de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (Conapo), en 2022 nacieron 9 mil 185 bebés cuyas madres son menores de 15 años de edad, en México.

Cabe precisar que de esta cifra, el 98 por ciento son niñas de 13 y 14 años; y los estados donde se presentan con mayor frecuencia son en zonas marginadas de Guerrero, Chiapas, Coahuila y Veracruz.

Paralelamente, una gran mayoría de nacimientos de padres adolescentes ocurren entre los 15 y 19 años de edad (más de mil cada día en México).

Los matrimonios y las uniones infantiles tempranas y forzadas son causa y consecuencia de una limitada autonomía física, económica y la toma de decisiones sobre las mujeres, sobre todo, niñas y adolescentes que viven en zonas rurales y en hogares en situación de pobreza y marginación.

En 2020, en el mundo se registraron 225 mil matrimonios de adolescentes entre 12 y 17 años de edad o en unión libre, lo que representa una violación a sus derechos humanos básicos, ya que las niñas tienen mayor probabilidad de abandonar la escuela y su hogar.

Fuente: GOBIERNO DE MÉXICO 30 de abril de 2023

El Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo 2023 se conmemorará el 28 de abril de 2023 y explorará el tema de un entorno de trabajo seguro y saludable como principio y derecho fundamental en el trabajo. También servirá para presentar los resultados de la investigación sobre el estado de aplicación de diversas disposiciones de los convenios fundamentales sobre seguridad y salud en el trabajo.

<p style="text-align: justify"Cada uno de nosotros es responsable de frenar muertes y lesiones en el trabajo. Como gobiernos, debemos proporcionar la infraestructura (leyes y servicios) necesaria para garantizar que los trabajadores sigan siendo empleados y que las empresas prosperen. Esto incluye el desarrollo de una política y un programa nacional y un sistema de inspección para hacer cumplir la legislación y política de seguridad y salud en el trabajo. Como empleadores, somos responsables de garantizar que el entorno de trabajo sea seguro y saludable. Como trabajadores, tenemos la responsabilidad de trabajar de manera segura y protegernos y no poner en peligro a otros, conocer nuestros derechos y participar en la implementación de medidas preventivas.

El 28 de abril es también el día en el que el movimiento sindical mundial celebra su Jornada Internacional de Conmemoración de los Trabajadores Fallecidos y Lesionados, para así honrar la memoria de las víctimas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, y se organizan con este motivo movilizaciones y campañas en todo el mundo.

La pandemia es uno de los ejemplos más palpables de la necesidad de adaptar los SST a los nuevos riesgos emergentes, una reivindicación que también está presente en este día internacional. Los riesgos del trabajo nuevos y emergentes pueden ser provocados por la innovación técnica o por el cambio social u organizativo, por ejemplo:

Estos riesgos pueden gozar de un reconocimiento más amplio a través de una mejor comprensión científica, por ejemplo, los efectos de los riesgos ergonómicos en los trastornos del sistema osteomuscular. Pero también pueden tener una mayor o menor influencia en función de las percepciones sobre la importancia que revisten en cada sociedad, como puede ser los efectos de factores psicosociales en el estrés relacionado con el trabajo.

La Organización Internacional del Trabajo ha acogido con satisfacción la Declaración de los Ministros de Trabajo y Empleo del G7, centrada en la necesidad de invertir en capital humano y trabajo decente.

La necesidad de un trabajo digno y el compromiso de los trabajadores; el aprendizaje permanente y la inversión en competencias; los mercados laborales inclusivos; y la igualdad de género, incluida la importancia de promover el permiso de paternidad en los lugares de trabajo y en la economía social y solidaria.

La Declaración señala que los trabajadores y sus familias se enfrentan a un futuro incierto en el contexto de una recuperación desigual de la pandemia de COVID-19, el cambio climático, la inflación, la erosión de los salarios reales y cambios estructurales como las transformaciones digital y ecológica y los cambios demográficos.

“Para responder a estos desafíos, es importante una amplia gama de inversiones en capital humano, incluyendo el desarrollo de competencias y el desarrollo de un mercado laboral inclusivo para promover empleos de calidad, permitir el trabajo decente, incluso a lo largo de la cadena de suministro global, y no dejar a nadie atrás”, señaló la Declaración.

Los ministros se comprometieron a:

Fuente: OIT 24 de abril de 2023

El informe Estado Mundial de la Infancia 2023: Para cada infancia, vacunación revela que la percepción de la importancia de las vacunas infantiles disminuyó en más de una tercera parte en la República de Corea, Papúa Nueva Guinea, Ghana, Senegal y Japón tras el inicio de la pandemia. Según los nuevos datos, recopilados por el Proyecto de Confianza en las Vacunas (en inglés The Vaccine Confidence Project) y publicados por UNICEF, China, India y México fueron los únicos países analizados donde los datos indican que la percepción de la importancia de las vacunas se mantuvo firme o incluso mejoró. En muchos países, las personas menores de 35 años y las mujeres fueron quienes manifestaron menos confianza en las vacunas infantiles tras el inicio de la pandemia.

La confianza en las vacunas es volátil y depende del momento. Por ello, es necesario recopilar más datos y realizar nuevos análisis para determinar si los resultados indican una tendencia a largo plazo. A pesar de estos retrocesos, el apoyo general a las vacunas sigue siendo relativamente sólido. En casi la mitad de los 55 países estudiados, más del 80% de los encuestados consideran que las vacunas son importantes para la infancia.

Sin embargo, el informe advierte que una confluencia de varios factores podría indicar que la amenaza que supone la indecisión ante las vacunas se está agravando. Estos factores incluyen la incertidumbre sobre la respuesta a la pandemia, el creciente acceso a información engañosa, la disminución de la confianza en los expertos y la polarización política.

El informe advierte que un total de 67 millones de niños y niñas se quedaron sin vacunar total o parcialmente entre 2019 y 2021, y que los niveles de cobertura de vacunación disminuyeron en 112 países. Los niños y niñas nacidos justo antes o durante la pandemia están superando la edad en la que normalmente deberían haber recibido las vacunas, una situación que destaca la necesidad de tomar medidas urgentes para ponerse al día con los que se quedaron sin vacunar y prevenir brotes de enfermedades mortales. En 2022, por ejemplo, el número de casos de sarampión fue más del doble del total del año anterior. El número de niños y niñas paralizados por la poliomielitis aumentó un 16% interanual en 2022. Si se compara el periodo de 2019 a 2021 con el trienio anterior, el número de niños y niñas que sufrieron parálisis a causa de la poliomielitis se multiplicó por ocho, lo que pone de manifiesto la necesidad de garantizar que se mantengan los esfuerzos de vacunación.

De los 67 millones de niños y niñas que se quedaron sin recibir inmunización sistemática total o parcial entre 2019 y 2021, 48 millones no recibieron ni una sola vacuna sistemática, un factor que también se conoce como “cero dosis”. A finales de 2021, India y Nigeria (ambos países con cohortes de nacimiento muy elevadas) presentaban el mayor número de niños y niñas cero dosis, pero los aumentos en el número de niños y niñas cero dosis fueron especialmente notables en Myanmar y Filipinas.

Los niños y niñas que no reciben ninguna dosis viven en las comunidades más pobres, remotas y marginadas, que en ocasiones están afectadas por conflictos. Los nuevos datos elaborados para el informe por el Centro Internacional para la Equidad en la Salud revelan que en los hogares más pobres, 1 de cada 5 niños son cero dosis, mientras que en los más ricos, solo lo son 1 de cada 20. El informe concluye que los niños no vacunados suelen vivir en comunidades de difícil acceso, como las zonas rurales o los barrios marginales urbanos. A menudo, sus madres no han podido ir a la escuela y su opinión no cuenta a la hora de tomar decisiones familiares. Estos problemas son mayores en los países de ingresos bajos y medios, donde aproximadamente 1 de cada 10 niños y niñas en las zonas urbanas es cero dosis, frente a 1 de cada 6 en las zonas rurales. En los países de ingresos medios-altos, la diferencia entre niños y niñas de zonas urbanas y rurales es casi inexistente.

Para hacer frente a esta crisis de la supervivencia infantil, UNICEF exhorta a los gobiernos a que redoblen su compromiso de aumentar la financiación de la inmunización y que trabajen con las partes interesadas para desbloquear los recursos disponibles, incluidos los fondos excedentes de la COVID-19, con el fin de aplicar y acelerar urgentemente los esfuerzos de vacunación de rescate, proteger a los niños y prevenir brotes de enfermedades.

El informe insta a los gobiernos a:

En los últimos 10 años, América Latina y el Caribe ha pasado de tener una de las tasas de vacunación infantil más altas del mundo a una de las más bajas, ha advertido UNICEF durante el lanzamiento del informe El Estado Mundial de la Infancia 2023: Para cada infancia, vacunación, que señala que este deterioro de la inmunización en la región sigue una tendencia global.

El reporte muestra que, en todo el mundo, 67 millones de niños no recibieron una o más vacunas en tres años debido a la interrupción de los servicios de salud causada por las tensiones en los sistemas sanitarios, el desvío de los escasos recursos, los conflictos y la disminución de la confianza de las personas en la inmunización.

En la región de América Latina, la cobertura de la triple vacuna contra la difteria, el tétanos y la tosferina, también conocida como la DTP3, entre los niños y niñas menores de un año cayó 18 puntos porcentuales, del 93% en 2012 al 75% en 2021. “Se trata de la tasa de vacunación de rutina más baja de la región en casi 30 años, lo que sitúa a América Latina y el Caribe por debajo de la media mundial (81%) y justo por delante de África Oriental y Meridional (74%)”, destaca la agencia de la ONU.

Según las últimas estimaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el retroceso de América Latina y el Caribe en materia de inmunización ha dejado a 2,4 millones de niños y niñas, uno de cada cuatro menores de un año, desprotegidos frente a enfermedades prevenibles mediante la vacunación.

Más de 1,7 millones de esos niños están catalogados médicamente como “cero dosis”, lo que significa que nunca han recibido vacuna alguna. Los niños y niñas de los hogares más pobres tienen casi tres veces más probabilidades de no haber sido inmunizados en su vida que aquellos de los hogares más ricos, según revela un nuevo análisis del informe.

El informe destaca que la vacunación no solo salva vidas, sino que también es una estrategia probada para reducir los costos futuros de la atención sanitaria y apoyar el crecimiento económico. La vacunación genera un fuerte retorno de la inversión de hasta 26 dólares por cada 1 invertido.

Para recuperarse del retroceso y reducir el número de niños y niñas cero dosis en América Latina, UNICEF hace un llamamiento a los gobiernos y aliados para que:

El Estado Mundial de la Infancia 2023 destaca que a nivel mundial se ha producido un descenso de la confianza en la vacunación. Por ejemplo, la percepción de la importancia que las vacunas tienen para los niños disminuyó en más de un tercio en la República de Corea, Papúa Nueva Guinea, Ghana, Senegal y Japón tras el inicio de la pandemia. Tan sólo China, India y México fueron los únicos de los 55 países estudiados en los que los datos indican que la percepción de la importancia de las vacunas se mantuvo firme o incluso mejoró.

Sin embargo, el informe advierte que la confluencia de varios factores sugiere que la amenaza de la indecisión ante las vacunas puede estar creciendo. Estos factores incluyen la incertidumbre sobre la respuesta a la pandemia, el creciente acceso a información engañosa, la disminución de la confianza en los expertos y la polarización política.

En 2022, por ejemplo, el número de casos de sarampión fue más del doble del total del año anterior. El número de niños paralizados por la poliomielitis aumentó un 16% interanual en 2022. Si se compara el periodo de 2019 a 2021 con el trienio anterior, el número de niños paralizados por poliomielitis se multiplicó por ocho, lo que pone de relieve la necesidad de garantizar que se mantengan los esfuerzos de vacunación.

Nuevos datos elaborados para el informe por el Centro Internacional para la Equidad en Salud revelan que en los hogares más pobres,uno de cada cinco niños no recibe ninguna dosis, mientras que en los más ricos, sólo uno de cada veinte.

Para vacunar a todos los niños, es vital reforzar la atención primaria de salud y proporcionar a sus trabajadores, en su mayoría mujeres, los recursos y el apoyo que necesitan. El informe señala que las mujeres están en primera línea de la vacunación, pero se enfrentan a salarios bajos, empleo informal, falta de formación formal y de oportunidades profesionales y amenazas a su seguridad.

Para hacer frente a esta crisis de supervivencia infantil, UNICEF hace un llamamiento a los gobiernos para que redoblen su compromiso de aumentar la financiación de la inmunización y trabajen con las partes interesadas para desbloquear los recursos disponibles, incluidos los fondos sobrantes de COVID-19, con el fin de aplicar y acelerar urgentemente los esfuerzos de vacunación de recuperación para proteger a los niños y prevenir los brotes de enfermedades.

En el informe Estado de la Población Mundial 2023: 8000 millones de vidas, infinitas posibilidades: argumentos a favor de los derechos y libertades, publicado por el Fondo de Población de la ONU (UNFPA), revela las principales características de la demografía a nivel global en la actualidad y las inquietudes que despierta el tamaño actual de la humanidad.

El informe explica cómo las cifras de población cambian a gran velocidad; dos tercios de la humanidad residen en contextos de baja fecundidad, mientras la mitad del aumento de la población mundial previsto para 2050 corresponde a solo ocho países: Egipto, Etiopía, Filipinas, la India, Nigeria, Pakistán, la República Democrática del Congo y la República Unida de Tanzania. Esto supone que en los próximos años cambiará radicalmente la clasificación de los países más poblados a nivel global.

El documento insta a las autoridades a facultar a la población para que cumplan sus objetivos reproductivos personales, en lugar de instaurar medidas con la intención de influir en las decisiones de los hombres y mujeres.

Según el informe, es posible forjar sociedades prósperas e inclusivas, independientemente del tamaño de la población, y para ello aboga por un cambio radical de mentalidad en lo que respecta a la percepción de los cambios poblacionales y las medidas en torno a ellos.

El informe destaca la importancia de defender los derechos humanos, los cuales deben también reforzar el sistema de pensiones y el sistema sanitario, fomentar el envejecimiento saludable y activo, proteger los derechos de las personas migrantes y hacer lo posible por adaptarse al cambio climático y paliar sus efectos.

Según los autores del informe, la igualdad de género destaca como el mejor recurso para gestionar el cambio demográfico y crear sociedades resilientes. Empoderar a la mujer para que tome decisiones sobre su cuerpo y su vida le permite desarrollar su potencial y prosperar, tanto ella como su familia, al igual que la sociedad. Las mujeres deben poder elegir si desean tener hijos y, si ese fuera el caso, cuántos y en qué momento de su vida.

En este sentido, otro estudio reciente de la ONU revelaba que impulsar la equidad de género en la fuerza de trabajo era más útil para sustentar las economías de sociedades con poca fecundidad y en proceso de envejecimiento que fijar metas para que las mujeres tengan más descendencia.

El informe pone de manifiesto que las decisiones de las autoridades o de otras personas no pueden interferir con el cuerpo de la mujer. Es necesario proteger su derecho a la salud sexual y reproductiva y hacer las inversiones necesarias para garantizar estos derechos.

Algunas de las medidas que los gobiernos pueden implementar para favorecer a la familia incluyen implementar programas de licencia parental y deducciones fiscales por cada hijo, y fomentar la igualdad de género en los entornos laborales.

El acelerado envejecimiento poblacional de América Latina y el Caribe moldea y moldeará la capacidad de los países y sistemas de salud de dar respuesta a las demandas concretas de la población. Por ello, a fin de diseñar sistemas inclusivos y sostenibles, es necesario contar con información actualizada que favorezca la toma de decisiones, plantea una nueva publicación elaborada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

El documento Perspectivas demográficas del envejecimiento poblacional en la Región de las Américas , forma parte de la serie titulada La Década del Envejecimiento Saludable en las Américas: situación y desafíos , una iniciativa interinstitucional que aspira a promover acciones eficaces, favorecer la priorización de medidas a nivel local y servir de base para informar sobre los progresos logrados durante la Década del Envejecimiento Saludable (2021-2030).

De acuerdo a las estimaciones y proyecciones de las Naciones Unidas, la población de la región pasa por un rápido proceso de envejecimiento. En 2023, en América Latina y el Caribe las personas de 60 años y más son alrededor de 92 millones y representan el 13,8% de la población total. Sin embargo, al final de la Década del Envejecimiento Saludable, en 2030, la población de 60 años y más en la región habrá aumentado en 23 millones, alcanzando los 115 millones, lo que representará el 16,5% de la población total.

Se proyecta en particular un fuerte crecimiento del grupo de personas de 80 años y más, que en 2023 en la región contaba con 12 millones de personas y en 2030 contará con 16 millones de personas, dos tercios de las cuales serán mujeres.

La región está lejos de la cobertura universal en pensiones: en 2020, el 73,9% de la población latinoamericana de 65 años y más recibió algún tipo de pensión. De ellos, 54,2% recibió una pensión contributiva y 24,9% una no contributiva.

Asimismo, alrededor de 2020 la proporción de personas de 65 años y más en América Latina que recibían pensiones con montos insuficientes —que incluye a quienes no reciben pensiones o, de recibirlas, tienen montos menores al valor de una línea de pobreza— era del 40,1%. Debido a que las pensiones no proveen ingresos suficientes para satisfacer las necesidades básicas de consumo, muchas personas mayores permanecen en el mercado laboral más allá de la edad legal de jubilación, no como opción sino como obligación.

El documento concluye que la situación sociodemográfica y socioeconómica de las personas mayores en América Latina es heterogénea, pues el nivel de desarrollo de los países incide en ella. Sin embargo, hay ciertas tendencias que se mantienen, como las diferencias por sexo. Si bien las mujeres tienen una mayor sobrevivencia y llegan a edades más avanzadas, las desigualdades que experimentaron durante todo su ciclo vital se expresan con fuerza en esta etapa de su vida, de modo que presentan menores niveles de escolaridad y alfabetización y de acceso a pensiones y deben seguir vinculadas a un trabajo precario, pese a que sus tasas de ocupación son menores.

“Esto es un llamado de atención a los tomadores de decisiones y los que formulan las políticas para personas mayores para que siempre tengan presente que estas deben considerar la perspectiva de género”, advierte el informe.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), como organismo público responsable de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG), pone a disposición del público usuario el sitio web de los Registros Nacionales de Información Estadística y Geográfica (RNIEG).

Los RNIEG compilan las referencias básicas de la oferta estadística y geográfica oficial que generan las entidades federativas y que contienen información sociodemográfica, económica, ambiental y de seguridad pública. Estas referencias básicas provienen de las instituciones públicas de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, los órganos constitucionales autónomos, así como los tribunales administrativos estatales.

En el sitio de los RNIEG, las y los usuarios podrán visualizar y descargar fichas con las características básicas de los programas de información estadística inscritos en el Registro Estadístico Nacional (REN) y los programas de información geográfica del Registro Nacional de Información Geográfica (RNIG). Estos se organizan en tres apartados: I. Descripción general, II. Características metodológicas básicas, y III. Datos de la institución que los produce.

En ambos registros se pueden realizar consultas por entidad federativa, tema, institución responsable o método de generación del programa de información. La herramienta también cuenta con una consulta avanzada. En esta, se puede precisar la selección a partir de los siguientes criterios: marco legal, metodologías, uso de infraestructura de información y calidad.

En su fase inicial, los RNIEG ofrecen las referencias de 1 377 programas de información estadísticos y geográficos que producen 577 instituciones del ámbito estatal. En una segunda etapa, se integrarán las referencias de la oferta estadística y geográfica oficial del orden federal y, posteriormente, del ámbito municipal.

Con este esfuerzo, el INEGI, como coordinador del SNIEG, diversifica las opciones para promover el uso de información en la toma de decisiones y en la adopción de políticas públicas de alcance nacional y local.

Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la reducción de la ingesta de sodio muestra que sólo el 5% de los Estados miembros de la agencia de la ONU están protegidos por políticas obligatorias de reducción del sodio y que el 73% de los Estados miembros carece de un rango completo de implementación de tales políticas.

El cumplimento de esas medidas de reducción del sodio podría salvar unos siete millones de vidas en todo el mundo de aquí a 2030. Es un factor importante para reducir las muertes por enfermedades no transmisibles, una meta incluida en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero hoy en día, sólo nueve países, Brasil, Chile, Chequia, Lituania, Malasia, México, Arabia Saudí, España y Uruguay, cuentan con una regulación completa para reducir la ingesta de sodio.

“Este informe muestra que la mayoría de los países aún no han adoptado ninguna política obligatoria de reducción del sodio, lo que deja a su población expuesta al riesgo de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular y otros problemas de salud.

Un enfoque integral de la reducción del sodio incluye la adopción de políticas obligatorias y una serie de medidas denominadas Mejores compras, que contribuyen de gran manera a prevenir las enfermedades no transmisibles. Entre ellas figuran:

Las políticas obligatorias de reducción del sodio son más eficaces, ya que logran una cobertura más amplia y protegen contra los intereses comerciales, a la vez que ofrecen igualdad de condiciones a los fabricantes de alimentos. Como parte del informe, la OMS elaboró una tarjeta de puntuación para los Estados miembros basada en el tipo y el número de políticas de reducción del sodio que aplican.

Se calcula que la ingesta media mundial de sal es de 10,8 gramos al día, más del doble de la recomendación de la OMS. El consumo excesivo de sal es el principal factor de riesgo de muertes relacionadas con la alimentación y la nutrición.

La agencia denuncia que están apareciendo más pruebas que documentan vínculos entre el consumo elevado de sodio y el aumento del riesgo de otras afecciones de salud, como el cáncer gástrico, la obesidad, la osteoporosis y las enfermedades renales.

Un informe, el primero de este tipo, de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la reducción de la ingesta de sal (Global report on sodium intake reduction) demuestra que estamos lejos de lograr la meta mundial de reducir la ingesta de sodio en un 30% para 2025.

El sodio, pese a ser un nutriente esencial, incrementa el riesgo de cardiopatías, como los accidentes cerebrovasculares, y de muerte prematura cuando se toma en exceso. La fuente principal de sodio es la sal de mesa (cloruro de sodio), pero otros condimentos, como el glutamato de sodio, también lo contienen. En el informe se demuestra que solo el 5% de los Estados Miembros de la OMS están protegidos por políticas obligatorias e integrales de reducción de sodio y que el 73% de los Estados Miembros de la OMS no aplican plenamente dichas políticas.

Se estima que la introducción de políticas de reducción de sodio, todas ellas sumamente costoeficaces, podría salvar la vida de unos 7 millones de personas de aquí a 2030, al tratarse de un componente importante de las medidas para lograr una de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: reducir el número de muertes por enfermedades no transmisibles. Actualmente solo nueve países (Arabia Saudita, Brasil, Chile, España, Lituania, Malasia, México, República Checa y Uruguay) cuentan con un conjunto integral de políticas recomendadas para reducir la ingesta de sodio.

Para reducir el sodio se requiere un enfoque integral que incluye la adopción de políticas obligatorias y las cuatro intervenciones de la OMS relativas al sodio que constituyen «mejores inversiones» y contribuyen enormemente a prevenir las enfermedades no transmisibles. Se trata de las siguientes:

Las políticas obligatorias de reducción de sodio son más eficaces, ya que logran una cobertura más amplia y protegen contra los intereses comerciales, a la vez que establecen condiciones igualitarias entre los fabricantes de alimentos. Como parte del informe, la OMS ha elaborado para los Estados Miembros un mapa de puntuación por país para el sodio, en función del tipo y número de políticas de reducción de sodio aplicadas.

La ingesta media mundial de sal se estima en 10,8 gramos al día, más del doble de lo recomendado por la OMS, esto es, menos de 5 gramos de sal al día (una cucharadita). Tomar demasiada sal es el principal factor de riesgo de muerte vinculada a los alimentos y la nutrición. Se dispone cada vez de más datos que documentan los vínculos entre una alta ingesta de sodio y un mayor riesgo de sufrir otras afecciones de salud como cáncer de estómago, obesidad, osteoporosis y nefropatías.

La OMS hace un llamamiento a los Estados Miembros para que apliquen sin demora políticas de reducción de la ingesta de sodio y mitiguen los efectos nocivos del consumo excesivo de sal. La OMS también insta a los fabricantes de alimentos a que establezcan metas audaces de reducción de sodio en sus productos.

El número de niñas adolescentes y mujeres embarazadas y lactantes que sufren desnutrición aguda ha aumentado desde 2020 de 5,5 millones a 6,9 millones –un 25%– en los 12 países más afectados por la actual crisis alimentaria y nutricional que sacude el mundo, según un nuevo informe publicado por UNICEF.

Desnutridas y olvidadas: una crisis mundial de la nutrición de las adolescentes y las mujeres, publicado con ocasión del Día Internacional de la Mujer, advierte que las perturbaciones actuales, agravadas por la persistente desigualdad de género, están agudizando una crisis de la nutrición entre las adolescentes y las mujeres que ya llevaba mostrando signos de deterioro en las dos últimas décadas.

Según el informe –una visión panorámica exhaustiva y sin precedentes del estado de la nutrición de las adolescentes y las mujeres en todo el mundo– más de 1.000 millones de niñas adolescentes y mujeres padecen desnutrición (que incluye la insuficiencia ponderal y la baja estatura), deficiencias de micronutrientes esenciales y anemia, una situación que tiene repercusiones devastadoras para sus vidas y su bienestar.

La nutrición deficiente de las niñas y las mujeres puede debilitar su inmunidad, mermar su desarrollo cognitivo y aumentar el riesgo de que padezcan complicaciones potencialmente mortales durante el embarazo y en el parto, con consecuencias peligrosas e irreversibles para la supervivencia, el crecimiento, el aprendizaje y la futura capacidad de generar ingresos de sus hijos.

En todo el mundo, 51 millones de niños menores de dos años sufren retraso del crecimiento, lo que significa que su estatura es demasiado baja para su edad debido a la malnutrición. En aproximadamente la mitad de los casos, el retraso del crecimiento comienza durante la gestación y en los primeros seis meses de vida (el periodo de 500 días en el que el niño depende totalmente de la nutrición materna), según se indica en un nuevo análisis que figura en el informe.

El informe hace un llamamiento a los gobiernos, los aliados y los donantes humanitarios y del desarrollo, las organizaciones de la sociedad civil y los agentes del desarrollo para que transformen los sistemas alimentarios, de salud y de protección social de las adolescentes y las mujeres mediante las siguientes medidas:

Según un nuevo informe del Banco Mundial, el ritmo de las reformas hacia un trato igualitario de las mujeres ante la ley ha caído a su nivel más bajo en los últimos 20 años, lo que constituye un obstáculo potencial para el crecimiento económico en un período crucial para la economía a nivel mundial.

En 2022, la puntuación promedio a nivel mundial en el índice de La Mujer, la Empresa y el Derecho es de 77,1 aumentando sólo medio punto, lo que indica que, en promedio, las mujeres gozan apenas del 77 % de los mismos derechos que tienen los hombres ante la ley. Al ritmo actual de reforma, en muchos países una mujer que ingresa a la fuerza laboral hoy se retirará antes de obtener los mismos derechos que los hombres.

El informe La Mujer, la Empresa y el Derecho 2023 mide leyes y regulaciones en 190 países en ocho áreas relacionadas con la participación económica de la mujer. Las ocho áreas son Movilidad, Trabajo, Remuneración, Matrimonio, Parentalidad, Empresariado, Activos y Jubilación. Los datos, que abarcan hasta el 1 de octubre de 2022, ofrecen parámetros de referencia objetivos para medir el progreso a nivel mundial hacia igualdad de género en el marco de la ley. En la actualidad, solo 14 países —todos ellos integrantes de las economías de ingreso alto—- cuentan con leyes que otorgan a las mujeres los mismos derechos que a los hombres.

Esta nueva edición de La Mujer, la Empresa y el Derecho contiene una evaluación integral del progreso global hacia la igualdad de género ante la ley durante los últimos 50 años. Desde 1970, la puntuación promedio global de La Mujer, la Empresa y el derecho, ha mejorado aproximadamente en dos tercios, incrementando de 45,8 a 77,1 puntos.

En la primera década de este siglo se lograron sólidos avances hacia la igualdad de género ante la ley. Entre 2000 y 2009, se introdujeron más de 600 reformas, alcanzando su punto máximo de 73 reformas anuales en 2002 y 2008. Sin embargo, desde entonces, el ritmo de las reformas se ha desacelerado, en particular en las áreas donde existen normas vigentes desde hace mucho tiempo, como en los derechos de las mujeres a la sucesión y de propiedad de bienes inmuebles. Un nuevo análisis de los datos permite establecer que las economías que históricamente presentaban una mayor brecha de género han ido recuperando terreno, especialmente a partir del año 2000.

En la actualidad, la igualdad de oportunidades económicas para las mujeres es más alta en las economías de ingreso alto de la OCDE. No obstante, se han seguido implementando reformas importantes en las economías en desarrollo. África al sur del Sahara realizó avances significativos el año pasado. La región ha registrado más de la mitad de todas las reformas llevadas a cabo en el mundo en 2022, ya que siete economías de la región, (Benín, la República del Congo, Côte d’Ivoire, Gabón, Malawi, Senegal y Uganda) aprobaron 18 cambios positivos en su legislación.

Aunque se han alcanzado grandes logros en las últimas cinco décadas, aún queda mucho por hacer en todo el mundo para garantizar que las buenas intenciones vayan acompañadas de resultados tangibles, es decir, la igualdad de oportunidades ante la ley para las mujeres. Las mujeres no pueden darse el lujo de seguir esperando más para alcanzar la igualdad de género y tampoco puede hacerlo la economía mundial.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) ha hecho públicos los indicadores desglosados por países relativos a las dietas saludables en los que se muestran sus costos —también por grupos de alimentos— y el número de personas que no pueden permitírselas. Los datos sirven para recordar que, pese a que el mundo ha realizado progresos en cuanto al suministro de calorías suficientes para alimentar a la población mundial, aún queda un largo camino por recorrer para nutrir de forma sostenible a todas las personas y en todo el mundo.

La FAO ha realizado recientemente un amplio análisis sobre el número de personas que de hecho pueden permitirse una dieta saludable, en la que se ofrezca una diversidad de alimentos ricos en nutrientes, en consonancia con las orientaciones dietéticas. Los resultados fueron demoledores: en el mundo hay miles de millones de personas que no pueden permitirse una dieta saludable.

Casi 3 100 millones de personas no podían permitirse una dieta saludable en 2020, un incremento de 112 millones de personas respecto de 2019, reflejando así el aumento de los costos de una dieta saludable en 2020. Esta cifra corresponde principalmente a Asia, donde otros 78 millones de personas más no podían permitirse llevar ese tipo de dieta, seguida de África (25 millones de personas más) y, en menor medida, de América Latina y el Caribe y América Septentrional y Europa (8 millones y 1 millón de personas más, respectivamente).

El conjunto de indicadores ya puede consultarse y descargarse de forma sencilla en la base de datos de la FAO. FAOSTAT es la mayor plataforma mundial de datos sobre alimentación y agricultura, con cerca de 20 000 indicadores que abarcan más de 245 países y territorios. Los procesos de cálculo, seguimiento y presentación de informes sobre los indicadores a nivel mundial, regional y nacional relativos a los costos y la asequibilidad de una dieta saludable ya están institucionalizados y la FAO se encargará de actualizarlos periódicamente. Esto constituye un nuevo y valioso punto de referencia para el seguimiento de los progresos realizados a nivel mundial hacia la consecución de dietas saludables asequibles para todos.

Estos indicadores se basan en un conjunto integrado de datos, calculados a partir de variables que incluyen los precios al por menor de alimentos disponibles localmente y las guías alimentarias basadas en alimentos, los patrones de distribución de los ingresos de los hogares del país y las fórmulas necesarias para establecer la paridad del poder adquisitivo.

La disponibilidad de estos indicadores a nivel mundial, regional y nacional sienta ahora las bases para una mayor rendición de cuentas, utilizando datos oportunos sobre los precios al por menor de los productos alimenticios nutritivos en todos los países del mundo. La labor que se efectúe en el futuro servirá para agilizar la actualización de los datos sobre los precios.

Esta iniciativa forma parte del amplio compromiso de la FAO en generar datos objetivos que permitan asesorar a los países sobre sus políticas alimentarias y nutricionales. La FAO anima a sus Miembros y a todas las partes interesadas a ampliar el cálculo y la notificación de estos indicadores al nivel subnacional, contribuyendo así a la consecución de políticas y programas más adaptados para tener mayor repercusión sobre el terreno. La FAO y el Gobierno de Pakistán ya están trabajando en un enfoque de este tipo.

El número de niños que no tienen acceso a servicios de protección social aumenta cada año, lo cual los expone al riesgo de sufrir pobreza, hambre y discriminación, según un nuevo informe publicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y UNICEF.

El informe, Más de mil millones de razones: La necesidad urgente de construir una protección social universal para los niños , advierte que entre 2016 y 2020, otros 50 millones de niños de 0 a 15 años no recibieron prestaciones básicas de protección social (en particular las prestaciones por hijos a cargo, pagadas en efectivo o a través de créditos fiscales), lo que llevó el número total de niños menores de 15 años en esta situación a 1.460 millones a nivel mundial.

Según el informe, las tasas de cobertura de las prestaciones familiares y por hijos a cargo disminuyeron o se estancaron en todas las regiones del mundo entre 2016 y 2020, lo cual significa que ningún país está en vías de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible de lograr una amplia cobertura de protección social de aquí a 2030. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe, la cobertura disminuyó de manera significativa de aproximadamente el 51% al 42%, mientras que en otras regiones se estancó o sigue siendo baja. En Asia Central y Asia Meridional; Asia Oriental y Asia Sudoriental; África subsahariana; Asia Occidental y África del Norte, las tasas de cobertura se sitúan alrededor del 21%, el 14%, el 11% y el 28% respectivamente desde 2016.

A nivel mundial, los niños tienen el doble de probabilidades que los adultos de vivir en la pobreza extrema (aquellos que luchan por sobrevivir con menos de 1,90 dólares (PPA* ) al día), aproximadamente 356 millones de niños. Mil millones de niños viven también en situación de pobreza multidimensional o, lo que es lo mismo, carecen de acceso a la educación, la salud, la vivienda, la nutrición, el saneamiento o el agua. La cifra de niños y niñas que viven en situación de pobreza multidimensional aumentó en un 15% durante la pandemia de COVID-19, lo cual supuso un retroceso en los avances que se habían conseguido hasta ese momento en la reducción de la pobreza infantil y subrayó la necesidad urgente de otorgarles protección social.

Con el objetivo de revertir la tendencia negativa, la OIT y UNICEF instan a los responsables de la formulación de políticas a dar pasos decisivos a fin de alcanzar la protección social universal para todos los niños, a través de medidas como las siguientes:

Fuente: OIT 01 de marzo de 2023

Total de defunciones

En México, durante el periodo de referencia, se contabilizaron, de forma preliminar, 636 900 defunciones registradas. Lo anterior, mediante los registros administrativos a partir de los certificados de defunción a cargo de las oficialías del Registro Civil y los Servicios Médicos Forenses. Estos se complementaron con las actas de defunción emitidas por el Registro Civil y con los cuadernos estadísticos suministrados por las Agencias del Ministerio Público. La cifra de defunciones registradas fue menor en 250 301 casos respecto a las que se presentaron en el mismo periodo de 2021. Las defunciones registradas de julio a septiembre de 2022 fueron 196 842.

La variación porcentual anual de las defunciones registradas para enero-septiembre de 2013 a 2019 tuvo incrementos de uno a seis por ciento. Entre 2019 y 2020, así como entre 2020 y 2021, los incrementos fueron de 39.6 y 14.0 %, respectivamente. Entre 2021 y 2022, las defunciones registradas disminuyeron 28.2 por ciento. Entre enero y septiembre de 2013 a 2019, la tasa de defunciones registradas por cada 10 mil habitantes tuvo un incremento de 4.89 puntos. De 2019 a 2020 y de 2020 a 2021, el incremento fue de 17.56 y de 7.96, respectivamente. De 2021 a 2022, decreció 20.04 puntos.

El informe, en el que se hace seguimiento de la mortalidad materna en el ámbito nacional, regional y mundial de 2000 a 2020, muestra que en 2020 se registraron, según las estimaciones, 287 000 muertes maternas en todo el mundo. Esa cifra constituye solo un ligero descenso desde las 309 000 muertes maternas de 2016, cuando se pusieron en marcha los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Si bien en el informe se presentan ciertos avances considerables en la reducción de la mortalidad materna entre 2000 y 2015, los avances logrados se estancaron en gran medida, e incluso en algunos casos retrocedieron, a partir de ese punto.

En dos de las ocho regiones de las Naciones Unidas –Europa y América del Norte, y América Latina y el Caribe– la tasa de mortalidad materna se incrementó entre 2016 y 2020 en un 17% y un 15% respectivamente. En las otras regiones se estancó. Con todo, el informe da a entender que es posible progresar. Por ejemplo, dos regiones –Australia y Nueva Zelandia, y Asia Central y Meridional– experimentaron descensos considerables (de un 35% y un 16% respectivamente) en sus tasas de mortalidad materna durante el mismo periodo, al igual que otros 31 países.

En números absolutos, la mortalidad materna sigue concentrándose mayoritariamente en las zonas más pobres del mundo y en países afectados por conflictos. En 2020, aproximadamente el 70% de todas las muertes maternas ocurrieron en África Subsahariana. En nueve países con graves crisis humanitarias, las tasas de mortalidad materna duplicaron con creces el promedio mundial (551 muertes maternas por cada 100 000 nacidos vivos, frente a 223 en el ámbito mundial).

Aproximadamente un tercio de las mujeres ni siquiera llegan a tener cuatro de los ocho controles prenatales recomendados ni a recibir atención posnatal esencial, mientras que unos 270 millones de mujeres carecen de acceso a métodos modernos de planificación familiar. Ejercer el control sobre su salud reproductiva –en particular las decisiones sobre si tener descendencia y en qué momento– es fundamental para garantizar que las mujeres puedan planificar y espaciar la procreación y proteger su salud. Las inequidades relacionadas con los ingresos, la educación, la raza o el origen étnico incrementan aún más los riesgos para las mujeres embarazadas marginadas, las que menos acceso tienen a atención esencial de maternidad pero las que más probabilidades registran de experimentar problemas de salud subyacentes durante el embarazo.

El informe revela que se deben acelerar considerablemente los progresos para cumplir las metas mundiales de reducción de las muertes maternas, o de lo contrario poner en riesgo la vida de más de 1 millón de mujeres de aquí a 2030.

Una iniciativa mundial liderada por la ONU para combatir el cáncer de mama podría salvar 2,5 millones de vidas de aquí a 2040, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en vísperas del Día Mundial contra el Cáncer, que se celebra el 4 de febrero.

Cada año se diagnostica cáncer de mama a más de 2,3 millones de mujeres, lo que lo convierte en el cáncer más frecuente en el mundo entre los adultos. Aunque un número limitado de países de ingresos altos ha logrado reducir la mortalidad por cáncer de mama en un 40% desde 1990, para las mujeres de los países más pobres uno de los principales retos es recibir un diagnóstico a tiempo.

Para hacer frente a estas desigualdades, la Iniciativa Mundial contra el Cáncer de Mama de la agencia de la ONU pretende reducir la mortalidad por esta enfermedad en un 2,5% anual.

Para abordar las necesidades específicas de cada país y orientar a los gobiernos, el marco de la iniciativa tiene tres pilares:

Para 2040 se esperan más de tres millones de casos y un millón de muertes al año en todo el mundo. Aproximadamente el 75% de estas muertes se producirán en países de ingresos bajos y medios.

El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente y la causa más común de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial. Además, causa más años de vida ajustados por discapacidad perdidos en mujeres que cualquier otro cáncer. Su carga es desproporcionadamente mayor en los países en vías de desarrollo, donde la mayoría de las muertes por cáncer de mama ocurren prematuramente, en mujeres menores de 70 años.

En el 95% de los países, el cáncer de mama es la primera o segunda causa de muerte femenina por cáncer. Sin embargo, casi el 80% de las muertes por cáncer de mama y de cuello uterino se producen en países de ingresos bajos y medios, según la OMS.

Las Américas representaron casi una cuarta parte de los nuevos casos de cáncer de mama en 2020, año en el que hubo más de 210,000 nuevos diagnósticos de cáncer de mama en América Latina y el Caribe, y casi 68,000 muertes. Un ejemplo de la desigualdad en la región es que en América Latina y el Caribe, la proporción de mujeres afectadas por la enfermedad antes de los 50 años (32%) es mucho mayor que en América del Norte (19%).

Si la Iniciativa tiene éxito, se evitarían casi 480.000 muertes por cáncer de mama solo en la región de las Américas durante el período de 20 años.

El cáncer se vincula con la multiplicación rápida de células anormales de algún órgano o sistema del cuerpo, que se extienden más allá de sus límites habituales y pueden invadir otras partes del cuerpo. Este proceso se denomina «metástasis» y es la principal causa de muerte por cáncer. Con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrece información —a partir de las Estadísticas de defunciones registradas 2021— de los principales indicadores sobre la mortalidad en la población mexicana a causa de tumores malignos.

En 2021, en México se registraron 1 122 249 defunciones, de las cuales 8 % fue por tumores malignos (90 123). La tasa de defunciones por esta causa aumentó de forma constante, al pasar de 6.09 defunciones por cada 10 mil personas en 2010, a 7.06 en 2021.

Desde que la Organización Mundial de la Salud pidió por primera vez en 2018 la eliminación mundial de las grasas trans producidas industrialmente -teniendo como meta su eliminación para 2023-, la cobertura poblacional de las políticas de mejores prácticas se ha multiplicado casi por seis.

Cuarenta y tres países ya han implementado políticas de mejores prácticas para abordar las grasas trans en los alimentos, con 2800 millones de personas protegidas en todo el mundo, de acuerdo con los datos recabados en el informe Cuenta atrás 2023 – Informe de la OMS sobre la eliminación mundial de las grasas trans 2022

Sin embargo, a pesar de los importantes avances, 5000 millones de personas en todo el mundo siguen expuestas a los devastadores efectos de las grasas trans sobre la salud, y el objetivo mundial de eliminarlas totalmente en 2023 sigue siendo inalcanzable.

En la actualidad, nueve de los 16 países con la mayor proporción estimada de muertes por cardiopatías coronarias causadas por la ingesta de grasas trans carecen de una política de buenas prácticas. Se trata de Australia, Azerbaiyán, Bután, Ecuador, Egipto, Irán, Nepal, Pakistán y República de Corea.

Existen dos alternativas de políticas de mejores prácticas:

se están estudiando políticas de buenas prácticas en México, Nigeria y Sri Lanka en 2023. De aprobarse, Nigeria sería el segundo país más poblado de África en poner en marcha una política de mejores prácticas para la eliminación de las grasas trans.

En 2023, la Organización Mundial de la Salud recomienda que los países se centren en estas cuatro áreas:

El informe Cuenta atrás 2023 – Informe de la OMS sobre la eliminación mundial de las grasas trans 2022 es un reporte anual de situación publicado por la OMS en colaboración con Resolve to Save Lives, para seguir los progresos hacia el objetivo de la eliminación de las grasas trans en 2023.

Los gobiernos no invierten lo suficiente en los niños que más necesitan la educación, afirma el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en un informe publicado, en el que se pide una financiación equitativa para combatir la “pobreza de aprendizaje”.

Los niños de los hogares más pobres son los que menos se benefician de la financiación nacional de la educación pública, según el estudio que examina datos de 102 países. Actualmente, el 20% de los alumnos más pobres solo se beneficia de 16% de la financiación pública de la educación, mientras que los más ricos se benefician del 28%. En los países de bajos ingresos, el desglose es del 11% y el 42% respectivamente.

El informe Transformar la educación mediante una financiación equitativa analiza el gasto público desde la enseñanza preescolar hasta la superior.

Sólo un aumento de un punto porcentual en la asignación de recursos educativos públicos al quintil de alumnos más pobre podría sacar a 35 millones de los niños en edad de cursar primaria de lo que UNICEF denomina “pobreza de aprendizaje”.

Dos tercios de los niños de 10 años alrededor del mundo son incapaces de leer y comprender un cuento sencillo, añadió la agencia de la ONU, citando estimaciones recientes.

El informe hace un llamado a la acción urgente para garantizar que los recursos educativos lleguen a todos los alumnos.

Señalan cuatro recomendaciones fundamentales, a saber:

El informe, titulado Transforming Education with Equitable Financing (Transformar la educación mediante una financiación equitativa), señala que, como término medio, el quintil de alumnos más pobres solo se beneficia del 16% de la financiación pública destinada a la educación, en comparación con el quintil más rico, que se beneficia del 28%. Entre los países de ingresos bajos, solo el 11% de la financiación pública para la educación se dedica a los alumnos más pobres, mientras que el 42% se dedica a los más ricos.

El informe examina los datos sobre el gasto público para la enseñanza preescolar, primaria, secundaria y superior de 102 países. El estudio concluye que un aumento de un punto porcentual en la asignación de recursos públicos dedicados a la educación del 20% más pobre podría sacar de la pobreza del aprendizaje a 35 millones de niños en edad de asistir a la escuela primaria. A escala mundial, el estudio señala que es más probable que el gasto público para la educación llegue a los alumnos de los hogares más ricos tanto en los países de ingresos bajos como en los de ingresos medios.

Según el informe, los niños que viven en la pobreza tienen menos probabilidades de acceder a la escuela y la abandonan antes. Además, los niños de los hogares pobres están menos representados en los niveles superiores de la enseñanza, que reciben una cantidad mucho mayor de fondos públicos per cápita para la educación. También tienen más probabilidades de vivir en zonas remotas y rurales que, por lo general, no cuentan con suficientes servicios y se encuentran en el extremo más desfavorecido de la brecha digital.

Según el informe, una medida fundamental para hacer frente a la crisis del aprendizaje es que los gobiernos proporcionen una financiación equitativa y den prioridad a los recursos destinados a la educación pública, entre otras cosas centrándose cada vez más en el aprendizaje básico. Esto supone garantizar que la financiación pública para la educación preescolar y primaria llegue a todos y prestar especial atención a los pobres y marginados en los niveles superiores de la enseñanza.

Estas son otras conclusiones del informe:

Es necesario tomar medidas urgentes para garantizar que los recursos destinados a la educación lleguen a todos los alumnos. En el informe se formulan cuatro recomendaciones fundamentales: desbloquear fondos públicos para la educación con el fin de promover la equidad; dar prioridad a la financiación pública del aprendizaje básico; monitorear y garantizar una asignación equitativa de la ayuda a la educación en contextos humanitarios y de desarrollo; e invertir en modalidades innovadoras para impartir educación.

Los organismos de las Naciones Unidas piden medidas urgentes para proteger a los niños más vulnerables en los 15 países más afectados por una crisis alimentaria y nutricional sin precedentes.

Los conflictos, las perturbaciones climáticas, las actuales repercusiones de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y el aumento del costo de la vida elevan el número de niños que padecen malnutrición aguda, mientras que los servicios fundamentales de salud y nutrición y otros servicios que salvan vidas son cada vez menos accesibles. Actualmente, en los 15 países más afectados, sufren emaciación —o malnutrición aguda— más de 30 millones de niños, de los que 8 millones sufren emaciación grave, la forma de desnutrición más letal. Esto representa una gran amenaza para la vida de los niños y para su salud y desarrollo a largo plazo, con repercusiones que no solo les afectan personalmente, sino que también se dejan sentir en sus comunidades y sus países.

El Plan de acción mundial aborda la necesidad de un enfoque multisectorial y destaca medidas prioritarias en materia de nutrición materna e infantil a través de los sistemas alimentarios, de salud, agua y saneamiento y de protección social. En respuesta a las crecientes necesidades, los organismos de las Naciones Unidas determinaron cinco medidas prioritarias que serán eficaces para abordar la malnutrición aguda en los países afectados por conflictos y desastres naturales y en las emergencias humanitarias. Ampliar tales medidas en forma de conjunto coordinado será fundamental para prevenir y tratar la malnutrición aguda en los niños, y evitar una pérdida trágica de vidas humanas.

Los organismos de las Naciones Unidas piden una actuación decidida y oportuna para evitar que esta crisis se convierta en una tragedia para los niños más vulnerables del mundo. Todos los organismos instan a que se haga una mayor inversión en apoyo de una respuesta coordinada de las Naciones Unidas con la que satisfacer las necesidades sin precedentes de esta crisis que no cesa de crecer, antes de que sea demasiado tarde.

El Panorama de la protección social en América Latina y el Caribe , analiza las tendencias de la seguridad social en la región, en especial el caso de los sistemas de pensiones y la seguridad económica de las personas mayores, que fueron puestos a prueba durante la crisis social y económica detonada por la pandemia.

La OIT recuerda en este documento que el desempeño de los sistemas de protección social y sus desafíos se relacionan con una “tríada de objetivos”: cobertura, suficiencia y sostenibilidad.

La nota técnica de la OIT destaca que los sistemas contributivos de pensiones permiten asegurar una continuidad en los ingresos, en la medida que se cumpla con los requisitos de edad y años de cotización requeridos (o de ahorros previsionales) para la obtención del beneficio lo que depende, entre otras cosas, de trayectorias laborales formales.

El análisis de la OIT dice que las dificultades para alcanzar los objetivos de cobertura, suficiencia y sostenibilidad financiera de los sistemas de pensiones se han agudizado, en un contexto de post – pandemia, con mayores incertidumbres sobre la capacidad de retomar el crecimiento económico, con menores espacios fiscales, aumento de las presiones inflacionarias e incremento del costo del crédito, entre otros.

El nuevo documento de la Oficina Regional de la OIT incluye los “10 desafíos para la consolidación de sistemas de protección social para la población mayor” en América Latina y el Caribe:

Fuente: OIT 21 de diciembre de 2022

NICEF ha presentado un llamamiento de financiación de emergencia por valor de 10.300 millones de dólares para ofrecer asistencia a más de 173 millones de personas –incluidos 110 millones de niños– afectadas por las crisis humanitarias, los efectos persistentes de la pandemia de COVID-19 en todo el mundo y la creciente amenaza de los fenómenos meteorológicos extremos provocados por el clima.

A principios de 2022, aproximadamente 274 millones de personas necesitaban asistencia y protección humanitaria. A lo largo del año, estas necesidades aumentaron considerablemente, en gran parte debido a los conflictos, incluida la guerra; al aumento de la inseguridad alimentaria; a las amenazas de hambruna provocadas por factores relacionados con el clima y otras causas; y a las devastadoras inundaciones registradas en Pakistán. En todo el mundo, el resurgimiento de brotes de enfermedades como el cólera y el sarampión suponen un peligro añadido para los niños y niñas que viven en situaciones de emergencia.

Los efectos persistentes de la pandemia de COVID-19, así como la inestabilidad y las perturbaciones económicas mundiales, entre ellas la inflación y el aumento del coste de los alimentos y el combustible, han tenido consecuencias devastadoras para la vida y el bienestar de millones de los niños y niñas más vulnerables del mundo.

Como parte de su Acción Humanitaria para la Infancia, donde figura el llamamiento del organismo para 2023, UNICEF tiene previsto prestar asistencia a:

En un momento en el que las necesidades humanitarias han alcanzado un nivel sin precedentes, UNICEF hace un llamamiento a sus aliados para que aumenten el apoyo a la respuesta humanitaria que salva vidas infantiles maximizando la flexibilidad de esta financiación, dando prioridad a los esfuerzos de preparación y a las medidas de anticipación adaptadas al clima, adoptando urgentemente enfoques de preparación y respuesta sin reservas, y garantizando una asistencia humanitaria equitativa y basada en principios.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México (CSTNRHM) 2021. Su finalidad es proveer información acerca del valor económico del trabajo no remunerado que los miembros del hogar destinan a las labores domésticas y de cuidados. Esta publicación permite dimensionar la aportación de los hogares —en particular, de las mujeres— al bienestar de la sociedad. Este documento representa la producción de los servicios del hogar que el Producto Interno Bruto (PIB) nacional no mide.

Principales resultados

En 2021, el valor económico de las labores domésticas y de cuidados que realiza la población de 12 años y más reportó un monto de 6.8 billones de pesos a precios corrientes. Este monto equivalió a 26.3 % del PIB nacional. Las mujeres contribuyeron con 19.1 % y los hombres, con 7.2 por ciento. Con sus labores domésticas y sus cuidados en el hogar, las mujeres aportaron 2.6 veces más valor económico que los hombres.

El valor que generó el Trabajo no Remunerado de los Hogares (TNRH) como porcentaje del PIB nacional fue superior al de algunas actividades económicas, como el comercio, la industria manufacturera y los servicios educativos. Estos registraron una participación de 19.6, 18.1 y 3.6 %, respectivamente.

Más de una de cada cinco personas empleadas (casi 23 por ciento) han experimentado violencia y acoso en el trabajo, ya sea física, psicológica o sexual, según un nuevo análisis conjunto, el primero de este tipo, realizado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Experiencias de violencia y el acoso en el trabajo: Primera encuesta mundial , proporciona una visión sobre la magnitud del problema y sus diferentes formas. Además, analiza los factores que pueden impedir a las personas hablar sobre sus experiencias, como la vergüenza, la culpa, la falta de confianza en las instituciones, o porqué este tipo conductas inaceptables son consideradas como “normales”.

La violencia y el acoso en el trabajo son difíciles de medir. El informe constató que sólo la mitad de las víctimas a nivel mundial ha revelado sus experiencias a otras personas y, con frecuencia, sólo cuando han sufrido más de una forma de violencia y acoso. Las razones más comunes de reticencia son “pérdida de tiempo” y “temor por su reputación”. Las mujeres eran más propensas a compartir sus experiencias que los hombres (60,7 por ciento frente a 50,1 por ciento).

A nivel mundial, 17,9 por ciento de las mujeres y hombres asalariados respondieron que habían sido víctimas de violencia y acoso psicológicos durante su vida laboral, y 8,5 por ciento que habían enfrentado violencia y acoso físicos, los hombres en mayor número. De los encuestados, 6,3 por ciento informó que había enfrentado violencia y acoso sexuales, siendo las mujeres las más expuestas.

Más de tres de cada cinco víctimas informaron que habían experimentado violencia y acoso en el trabajo múltiples veces y, para la mayoría, el más reciente episodio había tenido lugar durante los últimos cinco años.

El Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190) y la Recomendación sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 206) de la OIT, son las primeras normas internacionales que proporcionan un marco común para prevenir, reparar y eliminar la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluida la violencia y el acoso basados en el género. El Convenio contiene el reconocimiento específico, por primera vez en la legislación internacional, del derecho de todas las personas a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, y establece la obligación de respetar, promover y asegurar el disfrute de ese derecho.

El informe formula una serie de recomendaciones, entre ellas:

El estudio de la OIT-LRF-Gallup se basó en entrevistas realizadas en 2021 a cerca de 75.000 personas empleadas mayores de 15 años en 121 países y territorios, como parte de la Encuesta Mundial de Riesgo de la Lloyd’s Register Foundation.

Fuente: OIT 05 de diciembre de 2022

El estudio, publicado en vísperas del Día Mundial del SIDA que se celebra el 1 de diciembre de 2022, muestra cómo la desigualdad de la mujer y las normas de género perjudiciales están bloqueando el fin de la pandemia de sida, con un aumento de las nuevas infecciones y la continuación de las muertes en muchas partes del planeta.

Según el informe Las desigualdades peligrosas, en las zonas con una alta carga de VIH, las mujeres que sufren violencia de pareja tienen hasta un 50% más de posibilidades de contraer el virus. Durante el período comprendido entre 2015 y 2021, solo el 41% de las mujeres casadas de entre 15 y 24 años de 33 países podían tomar sus propias decisiones en materia de salud sexual.

Los efectos que la desigualdad de género presentan en los riesgos que corren las mujeres frente al VIH son especialmente pronunciados en el África subsahariana, donde las mujeres representaron el 63% de las nuevas infecciones por VIH en 2021.

Además, las adolescentes y las mujeres jóvenes de entre 15 y 24 años de la región tienen tres veces más probabilidades de contraer el VIH que sus homólogos masculinos.

El factor determinante es el poder, afirman los responsables de ONUSIDA, citando un estudio que muestran cómo la vulnerabilidad de las niñas a la infección por el VIH se reduce hasta en un 50% si se les permite permanecer en la escuela y completar la educación secundaria.

En forma general, la violencia se manifiesta de forma física, sexual y psicológica e incluye:

La desigualdad en el acceso al tratamiento entre los adultos y los niños también están frenando la respuesta al sida. Aunque más de las tres cuartas partes de los adultos que viven con el VIH reciben terapia antirretrovírica, poco más de la mitad de los niños reciben este medicamento que salva vidas.

El año pasado, los niños representaron sólo el 4% de las personas que viven con el VIH, pero el 15% de todas las muertes relacionadas con el SIDA.

El informe también revela que la lucha contra la desigualdad es posible.

El informe muestra además que la financiación de los donantes está contribuyendo a impulsar una mayor financiación por parte de los gobiernos.

Sin embargo, se necesitan urgentemente nuevas inversiones para hacer frente a las desigualdades, especialmente en un momento en que muchos países más ricos están recortando la ayuda a la salud mundial.

Aumentar el apoyo es fundamental para volver a poner en marcha la respuesta al sida.

Unos 110.00 jóvenes menores de 19 años murieron el año pasado por causas relacionadas con el sida, declaró el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), señalando que, junto con los 310.000 nuevos infectados, el número total de jóvenes que viven con el VIH asciende a 2,7 millones.

UNICEF advirtió en su última instantánea mundial sobre los niños, el VIH y el sida que la prevención y el tratamiento de esta pandemia casi se ha estancado en los últimos tres años, y que muchas regiones aún no tienen la cobertura de servicios anterior al COVID-19.

Esto se suma a una brecha existente y creciente en el tratamiento entre adultos y niños, adolescentes y mujeres embarazadas.

A pesar de que sólo representan el 7% del total de personas que viven con el VIH, los niños y los adolescentes representaron el 17% de las muertes relacionadas con el sida y el 21% de las nuevas infecciones por el VIH el año pasado. A menos que se aborden las causas de la desigualdad acabar con el sida en niños y adolescentes seguirá siendo un sueño lejano, advierte UNICEF.

Las nuevas infecciones por VIH entre los niños menores de 14 años se redujeron en un 52% entre 2010 y 2021, y las nuevas infecciones entre los jóvenes de 15 a 19 años también se redujeron en un 40%.

Asimismo, la cobertura del tratamiento antirretroviral de por vida entre las mujeres embarazadas que viven con el VIH aumentó del 46% al 81% en una sola década.

Mientras que el número total de niños que viven con el VIH está disminuyendo, la brecha de tratamiento entre los niños y los adultos sigue creciendo. En los países prioritarios para el VIH de UNICEF, la cobertura del tratamiento antirretroviral para los niños se situó en el 56% en 2020, pero cayó al 54% en 2021.

Varios factores fueron responsables del descenso, entre ellos la pandemia y otras crisis mundiales que han aumentado la marginación y la pobreza. Sin embargo, el fracaso también refleja el debilitamiento de la voluntad política y el debilitamiento de la respuesta al sida en los niños.

A nivel mundial, sólo el 52% de los niños que viven con el VIH tienen acceso al tratamiento, lo que sólo ha aumentado ligeramente en los últimos años. Mientras tanto, entre todos los adultos que viven con el VIH, la cobertura del 76% en 2021 era más de 20 puntos porcentuales superior a la de los niños. Y había una diferencia del 81% entre los niños y las mujeres embarazadas que vivían con el VIH.

Además, el porcentaje de niños menores de cuatro años que viven con el VIH y que no reciben tratamiento antirretroviral subió al 72% el año pasado, tan alto como en 2012.

Durante 2020, las mujeres embarazadas y lactantes de Asia y el Pacífico; el Caribe; África oriental y meridional; América Latina, Oriente Medio y África del Norte, y África occidental y central experimentaron descensos en la cobertura del tratamiento. Y en 2021, la cobertura en Asia y el Pacífico, y Oriente Medio y África del Norte disminuyó aún más.

A excepción de África Occidental y Central, que sigue registrando la mayor carga de transmisión de madre a hijo, ninguna de las regiones mencionadas ha recuperado los niveles de 2019, lo que pone en mayor riesgo la vida de los recién nacidos.

En 2021, se produjeron más de 75.000 nuevas infecciones infantiles porque las mujeres embarazadas no fueron diagnosticadas ni iniciaron el tratamiento.