A propósito de la celebración del Día del Niño, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) integra información sobre las niñas y niños de 0 a 17 años que residen en el país, y presenta datos sobre el volumen y composición de esta población, así como sobre sus necesidades de cuidados y algunas de las condiciones en las que estos ocurren. La fuente que se utilizó para estimar los indicadores fue la Encuesta Nacional del Sistema de Cuidados (ENASIC) 2022. Esta encuesta aporta información sobre el requerimiento de apoyo y cuidados por parte de la población, entendidos estos como las actividades que realizan las personas para atender, asistir y vigilar a los integrantes del hogar (o de otro hogar), con el propósito de buscar su bienestar y satisfacer sus necesidades básicas.

I.- Monto y estructura de la población de 0 A 17 años

De acuerdo con la ENASIC 2022, en el país residían 36.3 millones de personas de 0 a 17 años, cifra que equivalía a 28.1 % de la población total del país. De ellas, 51.8 % correspondió a hombres y 48.2 %, a mujeres. Por grupos de edad, 29.0 % (10.5 millones) tenía menos de 6 años y 71.0 % (25.7 millones), entre 6 y 17 años.

Por otra parte, la encuesta identificó 38.8 millones de hogares. En 78.1 % (30 291 257) había, al menos, una persona que requería apoyo o cuidados. En 27.6 % de los mismos, residía al menos una niña o niño con menos de 6 años (8.4 millones) y en 52.3 % (15.8 millones), alguna persona que tuviera entre 6 y 17 años.

II.- Necesidades de cuidados de la población de 0 A 17 años

De los 10.5 millones de niñas y niños con menos de 6 años, 97.5 % necesitaba cuidados (10 273 924). De estos, 99.0 % recibió algún tipo de atención (10 170 314). Para el grupo de personas de 6 a 17 años (25 729 941), 98.7 % necesitaba cuidados (25 388 900) y 79.4 % los recibió. En este último grupo, las niñas recibieron más cuidados (81.4 %) que los niños (77.6 %).

La persona cuidadora principal de niñas y niños de 0 a 17 años fue la madre (83.2 %). Siguieron abuela (6.7 %); y otra persona (padre, tía, tío, abuelo, etcétera, con 10.1 %). El grupo de 6 a 17 años requirió un porcentaje mayor de otros cuidadores (padre, abuelo, tía, tío, etcétera) si se lo compara con aquellos que cuidaron a la población de 0 a 5 años.

Un número “asombroso” de trabajadores, más del 70 por ciento de la mano de obra mundial, está expuesta a graves riesgos para la salud relacionados con el cambio climático, según un nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y las medidas existentes en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST) tienen dificultades para hacer frente a esta creciente amenaza.

El informe, titulado Garantizar la seguridad y la salud en el trabajo en un clima cambiante , afirma que el cambio climático ya está teniendo graves repercusiones en la seguridad y la salud de los trabajadores de todas las regiones del mundo. La OIT calcula que más de 2.400 millones de trabajadores (de una población activa mundial de 3.400 millones) pueden verse expuestos a un calor excesivo en algún momento de su trabajo, según las cifras más recientes disponibles (2020). Si se calcula como porcentaje de la población activa mundial, la proporción ha aumentado del 65,5 por ciento al 70,9 por ciento desde 2000.

Además, el informe estima que cada año se pierden 18.970 vidas y 2,09 millones de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) debido a los 22,87 millones de lesiones profesionales atribuibles al calor excesivo. Sin olvidar las 26,2 millones de personas en todo el mundo que padecen enfermedades renales crónicas relacionadas con el estrés térmico en el lugar de trabajo (cifras de 2020).

El informe señala que numerosas afecciones de salud de los trabajadores se han relacionado con el cambio climático, entre ellas el cáncer, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias, las disfunciones renales y las afecciones mentales. El impacto incluye:

El informe también explora las respuestas actuales de los países, incluida la revisión o creación de nueva legislación, reglamentos y orientaciones, y la mejora de las estrategias de mitigación del cambio climático -como las medidas de eficiencia energética- en los entornos de trabajo.

Fuente: OIT 22 de abril de 2024

Siete de cada 10 trabajadores, “un número asombroso” de la fuerza laboral global, están expuestos a graves riesgos para la salud por el aumento de la temperatura en el mundo a causa del cambio climático, advirtió la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La OIT publicó el informe Garantizar la seguridad y la salud en el trabajo en un clima cambiante, en el cual advierte que más de 2,400 millones de trabajadores, el 70.9% de la población activa en el mundo, pueden verse expuestos a un calor excesivo en algún momento de su jornada.

“El calor excesivo en el trabajo crea riesgos profesionales para la salud; restringe las funciones y las capacidades físicas del trabajador, así como su capacidad y productividad laboral. El rendimiento laboral disminuye cuando la temperatura supera los 24 a 26 grados. Al alcanzar los 33 o 34 grados, con una intensidad de trabajo moderada, los trabajadores pierden un 50% de su capacidad”, indicó el organismo previamente.

El informe estima que cada año se pierden 18,970 vidas y 2.1 millones de años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) debido a una cantidad promedio de 22.9 millones de lesiones profesionales atribuibles al calor excesivo.

Además de esto, se calcula que hay 26.2 millones de personas en todo el mundo que padecen enfermedades renales crónicas relacionadas con el estrés térmico en el lugar de trabajo.

En el marco del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo que se conmemora el 28 de abril, la OIT hizo hincapié en que el impacto del cambio climático en la fuerza laboral va mucho más alá de la exposición al calor excesivo e implica otros riesgos para la salud, entre estos, diferentes tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares y respiratorias, disfunciones renales y afectaciones mentales.

Al respecto, presentó los siguientes datos:

Fuente: EL ECONOMISTA 22 de abril de 2024

El Grupo Banco Mundial anunció un ambicioso plan para ayudar a los países a brindar servicios de salud asequibles y de calidad a 1500 millones de personas para 2030. Esto forma parte de un esfuerzo global más amplio dirigido a ofrecer un estándar básico de atención en todas las etapas de la vida: infancia, niñez, adolescencia y adultez.

La estrategia que se aplicará para llegar a 1500 millones de personas se basa en tres elementos fundamentales:

Para alcanzar este objetivo, se contabilizarán únicamente las personas que hayan sido atendidas y tratadas por un trabajador de la salud a través de una visita presencial o una teleconsulta.

En la actualidad, unos 2000 millones de personas enfrentan graves dificultades financieras cuando deben pagar servicios de salud. Una serie de desafíos interrelacionados, como el cambio climático, las pandemias, los conflictos, el envejecimiento de la sociedad y un déficit proyectado de 10 millones de trabajadores de la salud para 2030 exacerban el ciclo de la pobreza y la desigualdad.

En el caso de los países más necesitados, la ayuda financiera de la Asociación Internacional de Fomento permitirá llevar trabajadores de la salud a comunidades que de otro modo no tendrían acceso a los servicios. En los países de ingreso mediano, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento suministrará financiamiento para incentivar las inversiones públicas en salud y la promulgación de normas que favorezcan los avances. Con certidumbre regulatoria y una gestión institucional confiable, se abre la puerta a un mayor volumen de inversiones del sector privado, en especial en la producción local de medicamentos y equipos de protección.

El objetivo de brindar servicios de salud asequibles y de calidad a 1500 millones de personas para 2030 es uno de los ejemplos más recientes del compromiso del Grupo Banco Mundial de orientarse más a lograr impacto y el subproducto de un esfuerzo concertado por construir un Banco mejor.

Un nuevo informe publicado, revela una grave desigualdad entre los distintos países ya que más de la mitad de las muertes maternas, un 62%, se producen en países que se encuentran en estado de crisis o de conflicto.

El documento Vidas entrelazadas, hilos de esperanza destaca el papel que desempeñan el racismo, el sexismo y otras formas de discriminación en el bloqueo de los avances en materia de salud sexual y reproductiva.

Las mujeres y niñas atrapadas en la pobreza tienen más probabilidades de morir prematuramente por la insuficiente atención sanitaria si pertenecen a grupos minoritarios o están atrapadas en un entorno de conflicto, según el informe.

Dichos avances se están estancando en varias áreas clave. En un mundo en el que una cuarta parte de las mujeres no puede decir no a las relaciones sexuales con su pareja y casi una de cada 10 no tiene voz ni voto en materia de anticoncepción, 800 mujeres mueren cada día dando a luz, una cifra preocupante que no ha variado desde 2016. Casi 500 de esas muertes evitables al día se producen en países que viven crisis humanitarias y conflictos.

El informe destaca la importancia de adaptar los programas a las necesidades de las comunidades y de capacitar a las mujeres y las niñas para que elaboren y apliquen soluciones innovadoras.

Asimismo, calcula que, si se invirtieran 79.000 millones de dólares adicionales en países de renta baja y media de aquí a 2030, se podrían evitar 400 millones de embarazos no deseados, salvar un millón de vidas y generar 660.000 millones de dólares en beneficios económicos.

Fuente: OIT 17 de abril de 2024

Hasta febrero de 2014, el IMSS tenía registradas a 62,831 personas trabajadoras del hogar. Pero la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), actualizada a febrero de este año, indica que hay más de 2.5 millones de empleadas y empleados en esta actividad.

Por lo tanto, apenas al 2.5% de la población trabajadora del hogar le están respetando su derecho a la seguridad social. Dicho de otra manera, las empleadoras y los empleadores de sólo el 2.5% de las trabajadoras del hogar han cumplido con su obligación de inscribirlas al IMSS.

De las más de 2.5 millones de personas que se dedican al trabajo del hogar en México, más de 2.3 millones son mujeres, lo que representa el 92% del total, según la ENOE.

Entre la población afiliada al IMSS también son mayoría, pero no en la misma proporción. De acuerdo con información del organismo, el 67% de las personas trabajadoras del hogar aseguradas es mujer y el 33% es hombre. Esto equivale a 42,506 empleadas y 20,325 empleados. La mayor parte de las trabajadoras y los trabajadores con afiliación a la seguridad social está cerca de la tercera edad o ya se encuentra en esa etapa de su vida.

El grupo más amplio es de quienes tienen entre 55 y 59 años, son más de 12,000 personas. Le siguen quienes tienen 60 y 64 años, con 11,231 afiliados y afiliadas. En tercer lugar están las personas entre 50 y 54 años, casi 9,000 tienen esa edad.

En el otro extremo, las trabajadoras con menor afiliación son quienes tienen entre 15 y 19 años, son 234 personas de este sector quienes están cotizando en el instituto.

El segundo grupo con menos inscripciones es el de 75 o más años, 1,001 personas afiliadas superan esa edad y si bien tienen seguridad social, siguen realizando un trabajo sumamente físico mientras otras personas ya han podido jubilarse desde hace años. En tercer sitio está el grupo de entre 20 y 24 años, con 1,410 personas inscritas.

Fuente: EL ECONOMISTA 01 de abril de 2024

Más de 230 millones de niñas y mujeres vivas actualmente han sufrido mutilación genital femenina, según un informe de UNICEF publicado recientemente. Las estimaciones actualizadas a nivel mundial revelan un aumento del 15% en el número total de supervivientes –esto es, 30 millones de niñas y mujeres más– en comparación con los datos publicados hace ocho años.

Estas cifras, publicadas en el Día Internacional de la Mujer, demuestran que los avances hacia la erradicación de la mutilación genital femenina siguen siendo lentos, a la zaga del crecimiento de la población, especialmente en los lugares donde esta práctica está más extendida, y lejos del ritmo necesario para alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible fijado por las Naciones Unidas para eliminarla. De hecho, para poner fin a la mutilación genital femenina de aquí a 2030, el ritmo mundial de reducción debería ser 27 veces más rápido.

El informe Female Genital Mutilation: A Global Concern (“La mutilación genital femenina: una preocupación mundial”) es una recopilación de las estadísticas más recientes sobre esta práctica, que viola los derechos humanos de las niñas y las mujeres y puede dejar secuelas físicas, psicológicas y sociales de por vida. Según el informe, el mayor número de casos se da en los países africanos (144 millones), seguidos de Asia (80 millones) y Oriente Medio (6 millones). Además, se calcula que hay más casos en pequeñas comunidades que la practican y en países destinatarios de población migrante en otras regiones del mundo.

El estudio muestra también que 4 de cada 10 supervivientes de la mutilación genital femenina viven en entornos frágiles y afectados por conflictos, en los que además se registra un rápido crecimiento demográfico. Esta combinación de factores puede sobrecargar los servicios de educación y salud, desviar los recursos hacia la gestión de crisis e interrumpir los programas destinados a hacer frente a la desigualdad de género, todo lo cual puede dificultar aún más la lucha contra la mutilación genital femenina. Países como Somalia o Sudán deben hacer frente al reto planteado por la elevada prevalencia de esta práctica, entre otros problemas acuciantes, y ello en medio de los conflictos y el crecimiento de su población. En Etiopía, por su parte, se han registrado avances continuados, pero las perturbaciones climáticas, las enfermedades y la inseguridad alimentaria están dificultando la ejecución segura de programas de apoyo a las niñas.

Para erradicar la mutilación genital femenina, UNICEF insta a los dirigentes y a las comunidades a redoblar esfuerzos para acabar con la discriminación y la desigualdad de género; invertir urgentemente en servicios para las niñas; impulsar su capacidad de actuación y sus recursos; priorizar los derechos de las niñas en las leyes y las políticas, y mejorar el seguimiento de los niveles de prevalencia de esta práctica con datos de calidad.

Cada ocho de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1977, con el fin último de reconocer a las mujeres de todo el mundo y su relevancia para la construcción de sociedades más justas y con plena igualdad sustantiva.

Los retos que día con día enfrentan las mujeres todavía persisten dado que, si bien se han roto techos y brechas de desigualdad, todavía pondera la vulnerabilidad para este sector, ya sea económica, social o laboral.

En México viven alrededor de 67.3 millones de mujeres, de las cuales el 78.9 por ciento (53.1 millones) radican en localidades urbanas y alrededor del 21.1 por ciento (14.2 millones) habitan en localidades rurales.

La agricultura es el subsector en el que más mujeres campesinas trabajan, pues emplea al 84.6 por ciento; la ganadería al 12.5 por ciento; la pesca al 1.7 por ciento; y el 1.2 por ciento se dedica a otras actividades.

Este 8 de marzo reconocemos el esfuerzo y la contribución que día con día llevan a cabo las mujeres que trabajan en el campo. Y es que el sector primario del país es trabajado con amor por manos de mujeres mexicanas y sin ellas no hay alimentos, ya sea en el cultivo del campo, o en el procesamiento, preparación y distribución, su trabajo da de comer a sus familias, comunidades y a la nación.

Desde Agricultura destacamos la incansable labor de las mujeres que forman parte del sector primario, sin ellas no sería posible una transformación del campo. Porque las mujeres que se desempeñan en el campo mexicano, también son nuestras #HeroínasDeLaAlimentación, y un símbolo de vida, resistencia, amor y resiliencia.

Fuente: SADER 08 de marzo de 2024

El Día Internacional de la Mujer es un momento para celebrar los avances y reconocer los retos pendientes. Hemos avanzado mucho en el reconocimiento de los derechos de la mujer en el lugar de trabajo.

Y la violencia de género y el acoso son demasiado frecuentes en el trabajo.

En este Día Internacional de la Mujer, sigamos uniéndonos en solidaridad, defendiendo la igualdad de género y construyendo un futuro mejor para todos.

Fuente: OIT 07 de marzo de 2024

Fuente: CONEVAL 06 de marzo de 2024

En 2023, la población de América Latina alcanzó los 652 millones de personas. De este total, 331 millones formaron parte de la fuerza de trabajo, lo que representa el 50,8% de la población total de la región, señala el informe Observatorio Demográfico 2023: La dinámica demográfica de América Latina y su impacto en la fuerza de trabajo, dado a conocer por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El documento, elaborado por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE)-División de Población de la CEPAL, subraya que la tasa de crecimiento cada vez menor de la población llevará a la región a alcanzar una población de 737 millones de personas en 2050, con una fuerza de trabajo de 402,7 millones de personas, lo que asciende a 54,6% de la población total regional.

El Observatorio Demográfico 2023 confirma que la dinámica demográfica de América Latina ha cambiado drásticamente. En los últimos 70 años, la región pasó por transformaciones sin precedentes, que se caracterizan por una rápida caída de la fecundidad y de la mortalidad, y que se evidencian en los cambios de la estructura por edades de la población, donde los grupos de jóvenes y adultos pasan a ser la mayoría de la población.

El análisis del Observatorio Demográfico 2023 destaca que los cambios estructurales de la fuerza de trabajo entre 1980 y 2022, y sus proyecciones hacia 2050, presentan escenarios radicalmente diferentes según los grupos de edad y sexo, así como según áreas urbanas o rurales, lo que tiene implicaciones para las políticas públicas en materia de trabajo, educación, salud y cuidado, entre otras áreas.

En el decenio 2000-2010, la fuerza de trabajo de América Latina creció, en promedio, en unos 5,6 millones de personas por año. Para el decenio 2010-2022, se estima un crecimiento medio anual de 4,5 millones de personas. Para el siguiente decenio (2022-2032), se proyecta un crecimiento de 3,9 millones de personas y, para el período 2040-2050, se espera un crecimiento medio anual de 1,5 millones de personas.

El Observatorio Demográfico revela también que, de mantenerse las condiciones históricas, hacia 2050 la fuerza laboral femenina perteneciente al rango etario de entre 25 y 64 años seguirá en aumento, alcanzando cerca del 73% dentro del grupo de edad. Sin embargo, esta cifra será casi 20 puntos porcentuales inferior a la de los hombres.

La última edición del informe La mujer, la empresa y el derecho ofrece un panorama completo de los obstáculos que enfrentan las mujeres para ingresar a la fuerza de trabajo mundial y contribuir a una mayor prosperidad para ellas mismas, sus familias y sus comunidades. En este documento se amplía el alcance del análisis, puesto que se agregan dos indicadores que pueden ser cruciales para expandir o restringir las opciones de las mujeres: la seguridad frente a la violencia y el acceso a los servicios de cuidado infantil. Cuando se incluyen esas mediciones, se observa que las mujeres están amparadas, en promedio, por solo el 64 % de las protecciones legales de las que disponen los hombres, un valor mucho menor que la estimación anterior, del 77 %.

La brecha de género es aún mayor en la práctica. Por primera vez, en el informe se evalúa la diferencia entre las reformas legales y los resultados reales para las mujeres en 190 economías. El análisis revela una brecha alarmante en la implementación. Si bien según las leyes vigentes las mujeres, en teoría, gozan de aproximadamente dos tercios de los derechos de los hombres, los países han establecido, en promedio, menos del 40 % de los sistemas necesarios para su aplicación plena. Por ejemplo, 98 economías han promulgado leyes que exigen que las mujeres reciban igual remuneración por trabajo de igual valor. No obstante, solo en 35 de ellas —menos de una cada cinco— se han adoptado medidas de transparencia o mecanismos de cumplimiento para abordar la brecha salarial.

Para que la aplicación de las leyes sobre igualdad de oportunidades sea efectiva, se debe contar con un marco de apoyo adecuado, que incluya mecanismos de cumplimiento sólidos, un sistema para monitorear las disparidades salariales relacionadas con el género y servicios de salud para las mujeres que sobreviven a situaciones de violencia.

En 2023, diversos Gobiernos se mostraron enérgicos en sus avances en tres categorías de reformas legales referidas a la igualdad de oportunidades: remuneración, derechos parentales y protección en el trabajo. Aun así, casi todos los países tuvieron un magro desempeño en las dos categorías que se analizaron por primera vez: el acceso al cuidado infantil y la seguridad de las mujeres.

La mayoría de los países obtuvo puntajes bajos en lo que respecta a las normas sobre cuidado infantil. Las mujeres dedican, en promedio, 2,4 horas al día más que los hombres a tareas de cuidado no remuneradas, la mayor parte, dedicadas a los niños. La ampliación del acceso a los servicios de cuidado infantil tiende a aumentar la participación de las mujeres en la fuerza laboral en alrededor de 1 punto porcentual inicialmente, y ese efecto aumenta a más del doble en cinco años. En la actualidad, solo 78 economías —menos de la mitad— proporcionan algún tipo de apoyo financiero o tributario a los padres y madres con hijos pequeños. Solo 62 —menos de un tercio— han establecido normas de calidad para los servicios de cuidado infantil, sin los cuales posiblemente las mujeres duden en salir a trabajar si tienen niños a su cargo.

Las mujeres también enfrentan obstáculos importantes en otras áreas. En relación con la actividad empresarial, por ejemplo, solo una de cada cinco economías exige que se apliquen criterios con perspectiva de género en los procesos de las adquisiciones públicas, lo que significa que las mujeres se ven excluidas en gran medida de una oportunidad económica cuyo valor se estima en USD 10 billones al año. En lo que respecta a la remuneración, las mujeres ganan solo 77 centavos por cada dólar que se paga a los hombres. La diferencia en los derechos se extiende hasta la jubilación. En 62 economías, la edad de jubilación no es la misma para hombres y mujeres. Estas tienden a vivir más, pero debido a que reciben una remuneración menor cuando trabajan, dejan por un tiempo el ámbito laboral cuando tienen hijos y se jubilan antes, terminan con prestaciones jubilatorias más bajas y mayor inseguridad financiera en la vejez.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados del programa estadístico Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) 2023. Este programa ofrece datos de los 65 CJM que había en operación al 30 de junio de 2023 en 31 entidades federativas. El levantamiento da continuidad a los resultados de la edición 2021 y ofrece información comparable para los 55 CJM en funcionamiento al 1 de octubre de 2021. Cabe señalar que, de noviembre de 2021 a junio de 2023, 10 CJM iniciaron operaciones en Campeche, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Jalisco, Michoacán, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Sonora.

Con la edición 2023 se actualizan los datos de los CJM en cuanto a infraestructura, recursos económicos, perfil de la persona titular y personal del CJM. También informa sobre instituciones con presencia en el CJM, espacios físicos, áreas de atención, servicios, características del registro de información en torno a la atención que ofrecen, así como estadísticas de las mujeres que atienden por situación de violencia. La información refiere a dos periodos: del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. La finalidad de este ejercicio estadístico es brindar información para el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas enfocadas a la atención y eliminación de la violencia contra las mujeres, así como contra sus hijas e hijos. Asimismo, profundiza en el conocimiento sobre la operación de los CJM y la atención que brindan.

En 2022, al menos 4.050 mujeres fueron víctimas de femicidio o feminicidio en 26 países y territorios de América Latina y el Caribe, según los últimos datos informados por organismos oficiales al Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Esto representa la muerte violenta de una mujer por razón de género cada dos horas en la región.

“No es posible determinar una tendencia con relación a las tasas de femicidio o feminicidio en la región, ya que las variaciones en cada país son pequeñas y no reflejan dinámicas sostenidas de incremento o reducción”, explica la CEPAL en un nuevo reporte al respecto. Lo que sí se puede afirmar, recalca el organismo regional de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), es que la violencia feminicida se mantiene en la región, a pesar de la mayor conciencia pública al respecto, de los avances legislativos, de la respuesta estatal y de los progresos en medición.

De los 19 países y territorios de América Latina que informaron el número de femicidios, feminicidios o muertes violentas de mujeres por razón de género en 2022, las tasas más altas se registraron en Honduras (6,0 por cada 100.000 mujeres), República Dominicana (2,9) y El Salvador y Uruguay (1,6). Las más bajas (es decir, menos de 1 víctima por cada 100.000 mujeres) se observaron en Puerto Rico y Perú (0,9), Colombia (0,8), Costa Rica (0,7), Nicaragua (0,5), Chile (0,4) y Cuba (0,3). En el Caribe, 46 mujeres fueron víctimas de violencia letal de género en siete países y territorios que entregaron información correspondiente a 2022. El mayor número de casos se dio en Trinidad y Tabago (43).

El feminicidio es solo la expresión extrema de la desigualdad, la discriminación y las múltiples formas de violencia contra las mujeres y las niñas, reitera la CEPAL. Por ejemplo, de acuerdo con encuestas nacionales especializadas de 10 países de la región, entre el 42% y el 79% de las mujeres (alrededor de 2 de cada 3), han sido víctimas de violencia por razón de género en distintos ámbitos. Además, en promedio 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima o vive violencia física y/o sexual por un perpetrador que era o es su pareja, lo que conlleva el riesgo de la violencia letal, según la OMS. Ello corresponde a 88 millones de mujeres mayores de 15 años en América Latina y el Caribe. A su vez, los matrimonios y uniones infantiles, tempranos y forzados son una práctica nociva y una manifestación de violencia de género persistente y extendida en la región, que afecta a 1 de cada 5 niñas.

Para prevenir la violencia feminicida, se requiere, además, fortalecer los datos relativos a la existencia de denuncias previas de violencia o medidas cautelares que permitan evaluar y actuar frente al riesgo y así evitar las muertes violentas por razones de género. Los Estados de la región deben ampliar las asignaciones presupuestarias e invertir para fortalecer las políticas contra la violencia de género con nuevas estrategias para responder a las distintas manifestaciones de violencia, como, por ejemplo, la violencia de género en medios digitales, alerta la CEPAL.

En suma, la Comisión insta a los gobiernos de la región a redoblar sus esfuerzos orientados a mejorar los sistemas de registro e información; a aumentar los recursos presupuestarios para políticas públicas que respondan de manera integral a las víctimas y sobrevivientes; y a invertir en la prevención efectiva, fortaleciendo la valoración del riesgo y las medidas de protección y reparación efectivas para las víctimas, su acceso a servicios médicos, psicosociales y de asistencia jurídica, entre otros, y a oportunidades educativas, económicas y laborales.

Finalmente, la Comisión aclara que la información actual sobre las víctimas de feminicidio o femicidio no permite construir una serie temporal comparable en el tiempo para los países de la región. Varios países han llevado adelante procesos de mejoramiento de sus registros de femicidio o feminicidio mediante reformas de la legislación vigente, lo que ha supuesto ajustes metodológicos que impiden la estricta comparación.

Desde 1999, la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) estableció el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El objetivo es visibilizar la violencia que padecen las mujeres y niñas en todo el mundo, así como emprender acciones para prevenirla, atenderla y eliminarla.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer definió «violencia contra la mujer» como «todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o sicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada».

La violencia que enfrentan las mujeres y las niñas se ha considerado como «un problema generalizado y devastador que se empieza a sufrir a edades alarmantemente tempranas». Se trata de una situación que se gesta desde las primeras etapas de la vida y que afecta la salud y el bienestar de las niñas que la padecen, aun mucho tiempo después de haber sido violentadas. La exposición a la violencia desde los primeros años de vida puede convertirse en un fenómeno estructurante, que genere ciclos complejos caracterizados por la tolerancia, normalización e, incluso, la reproducción de la violencia en etapas posteriores.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados de la Cuenta Satélite del Trabajo No Remunerado de los Hogares de México (CSTNRHM) 2022. Su finalidad es proveer información acerca del valor económico del trabajo no remunerado que los miembros del hogar destinan a las labores domésticas y de cuidados. Esta publicación permite dimensionar la aportación de los hogares —en particular, de las mujeres— al bienestar de la sociedad.

Principales resultados

En 2022, el valor económico de las labores domésticas y de cuidados que realiza la población de 12 años y más reportó un monto de 7.2 billones de pesos a precios corrientes. Esta suma equivale a 24.3 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional. De ese monto, las mujeres contribuyeron con 72 % y los hombres, con 28 por ciento. Con sus labores domésticas y de cuidados, las mujeres aportaron a sus hogares 2.6 veces más valor económico que los hombres.

El valor que generó el trabajo no remunerado de los hogares (TNRH) como porcentaje del PIB nacional fue superior al de actividades económicas, como la industria manufacturera, el comercio y los servicios educativos. Estos registraron una participación de 21.5, 19.6 y 3.4 %, respectivamente.

En 2022, la población que realizó TNRH se compuso mayoritariamente por mujeres, con 52.8 por ciento. Los hombres participaron con 47.2 por ciento. Al medir este trabajo en número de horas y en valor económico, las mujeres aportaron casi tres cuartas partes del total de esta actividad.

Un nuevo documento elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), analiza el avance en la implementación de las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo en América y el Caribe, a diez años de su adopción.

El documento titulado Población, desarrollo y derechos en América Latina y el Caribe: propuesta de segundo informe regional sobre la implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, analiza logros, desafíos y buenas prácticas para facilitar el intercambio y el aprendizaje entre países, y constituye la contribución de América Latina y el Caribe al examen y evaluación mundial del Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo.

El informe consta de cuatro capítulos, el primero de ellos sobre tendencias demográficas en América Latina y el Caribe, donde se analizan las cifras de mortalidad, fecundidad global y adolescente, estructura por edades y cambio demográfico y la migración interna e internacional.

El segundo capítulo analiza el seguimiento regional de la implementación de las medidas prioritarias del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo: (A) Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto de los derechos humanos; (B) Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes; (C) Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos; (D) Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva; (E) Igualdad de género; (F) La migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes; (G) Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad; (H) Pueblos Indígenas, interculturalidad y derechos; y (I) Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial.

Los capítulos tercero y cuarto, en tanto, están enfocados a identificar los avances y desafíos en la implementación del Consenso de Montevideo en el Caribe, y a las conclusiones, respectivamente.

El documento subraya que, a 10 años de su adopción, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo ha contribuido a visibilizar las grandes desigualdades que existen en América Latina y el Caribe en función del nivel socioeconómico, la edad, el territorio de residencia, la identidad de género, el origen étnico y racial, la orientación sexual, la condición migratoria, y la discapacidad, entre otras dimensiones. Asimismo, ha dado impulso y fundamento para la aplicación de políticas públicas con enfoque de derechos y perspectiva de género, interculturalidad e interseccionalidad.

Al corte de septiembre de 2023 se observó que el 39.8% de los trabajadores en México cuentan con acceso a instituciones de salud, una cifra mayor que la registrada en el mismo mes del año previo (38.2 por ciento). Esto significó un crecimiento de casi dos puntos porcentuales en la comparación interanual.

En términos absolutos se registró un total de 23.5 millones de trabajadores con cobertura de salud, de acuerdo con cifras de la ENOE (Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo) del Inegi en su edición mensual. En el desglose por género no se observan brechas profundas en el ejercicio de este derecho laboral: el 40.5% de las mujeres y el 39.2% de los hombres tienen acceso a instituciones de salud.

Durante este septiembre se registró que el 66.0% de los trabajadores tuvieron otras prestaciones laborales, el mismo mes del año pasado la cifra fue de 64.0%; este avance fue de dos puntos porcentuales.

Pese a los avances respecto de septiembre pasado, todavía 6 de cada 10 trabajadores no tienen acceso a unidades de salud y 4 de cada 10 no cuentan con otras prestaciones laborales (como el aguinaldo o las vacaciones).

En septiembre, la tasa de informalidad en México se ubicó en 54.3%: poco más de la mitad de los trabajadores están bajo alguno de los esquemas irregulares de empleo. Este nivel refleja un modesto avance en comparación con el mismo mes del año previo, cuando la tasa se ubicó en 55.6 por ciento.

Los retos en el mercado laboral mexicano todavía son grandes, pero en los últimos años se han anotado avances importantes en los ingresos medios laborales de los mexicanos y en la creación de empleo formal.

Fuente: EL ECONOMISTA 26 de octubre de 2023

Nos encontramos en un momento en el que se están produciendo una serie de movimientos y acciones para recortar los derechos de las niñas y las mujeres y hacer retroceder los avances en materia de igualdad de género. Desde la atención sanitaria materna y el apoyo a la crianza de las madres adolescentes, hasta la formación digital y en destrezas para la vida; desde la educación sexual integral hasta los servicios de apoyo a las supervivientes y los programas de prevención de la violencia, existe una necesidad urgente de aumentar la atención y los recursos destinados a las áreas clave que permiten a las niñas hacer realidad sus derechos y aprovechar todo su potencial.

Las niñas están sobradamente preparadas para avanzar en el próximo decenio. Ha llegado el momento de que rindamos cuentas con y ante ellas e invirtamos en un futuro que crea en su capacidad de organización, su liderazgo y su potencial.

Maneras de colaborar

Las adolescentes tienen derecho a una vida segura, educada y saludable, no solo durante estos años críticos de formación, sino también a medida que maduran y se convierten en mujeres. Si reciben apoyo efectivo durante la adolescencia, las niñas tienen el potencial de cambiar el mundo, tanto como niñas empoderadas de hoy como trabajadoras, madres, emprendedoras, mentoras, jefas de hogar y líderes políticas del mañana. La inversión para ello pasa por la defensa de sus derechos en por de un futuro más equitativo y próspero, en el que la mitad de la humanidad sea un socio igualitario para resolver los problemas del cambio climático, los conflictos políticos, el crecimiento económico, la prevención de enfermedades y sostenibilidad global.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ( ODS ) adoptados por los líderes mundiales en 2015, incorporan una hoja de ruta para que el progreso que sea sostenible y no deje a nadie atrás. Lograr la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer es parte integral de cada uno de los 17 objetivos. Solo garantizando los derechos de las mujeres y las niñas en todos los objetivos llegaremos a la justicia y la inclusión, a economías que funcionen para todos y a mantener nuestro entorno compartido ahora y para las generaciones futuras.

Fuente: ONU 11 de octubre de 2023

El cuidado de las infancias es trascendental para el desarrollo social, ya que de ellas depende el rumbo que tomarán las poblaciones en el futuro. Procurar y determinar ambientes sanos para su desarrollo es una necesidad de orden primario, pues es derecho universal de todos los niños y niñas tener acceso a una vida libre de violencia, con seguridad, educación y salud, procurando un desarrollo integral.

Sin embargo, estas condiciones no son una realidad para todos los infantes, especialmente para las niñas, ya que, desafortunadamente, en muchos lugares del mundo aún se siguen manteniendo estereotipos de género, en los que, la figura de la mujer está relegada a labores domésticas o relacionadas a la maternidad o crianza de los hijos, sin dar demasiada importancia al ámbito académico o intelectual.

Estos roles de género internalizados afectan directamente al desarrollo de las niñas, las que, al verse envueltas en ellos desde la infancia, van acarreando rezagos educativos que devienen de la idea fundamental de que las niñas no necesitan superarse académicamente pues en un futuro no se les considera como proveedoras o trabajadoras activas en el mercado laboral, desplazando a las niñas a un apartado en donde su voz difícilmente es escuchada.

Que tengan un acceso real a sus derechos fundamentales es una de las principales motivaciones para la celebración de esta efeméride, intentando impulsar e invertir en acciones que permitan que el sector femenino de la población infantil, pase de ser un grupo vulnerado, a un grupo con voz propia y participe activamente en los procesos sociales e históricos que van conformando la historia.

No podemos seguir negando la figura de las niñas dentro de los aspectos sociales asociados al éxito, pues esto contribuiría a seguir minimizando esta problemática que es tan profunda. Por ello algunas de las acciones que se promueven en este día son:

1.- Compartir historias de interés, blogs y videos de niñas que estén cambiando las cosas, mostrar estas acciones como inspiradoras, pues en razón de que sean cada vez más vistas, podrá normalizarse la idea de relacionar a las niñas, en posiciones de éxito y de liderazgo.

2.- Promover acciones en los sistemas gubernamentales, que permitan la inversión económica en acciones específicas que ayuden a socavar el rezago educativo de las niñas especialmente en comunidades marginadas.

3.- Sensibilizar y concientizar acerca de las problemáticas que durante mucho tiempo han impedido que las niñas logren un desarrollo integral y digno en nuestras propias regiones, para que así, sean realmente visibles ante los ojos de la sociedad en general.

Este 11 de octubre: Día Internacional de las Niñas, es importante reflexionar acerca de cómo podemos ayudar como ciudadanos, a minimizar el impacto de los estereotipos que ponen a las niñas en situaciones de vulnerabilidad social.

Fuente: ONU 11 de octubre de 2023

En vísperas del Día Mundial de la Salud Mental, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) lanzan conjuntamente una nueva publicación titulada Salud mental, derechos humanos y legislación: orientaciones y prácticas (en inglés), con la que pretenden ayudar a los países a reformar su legislación para poner fin a las violaciones de los derechos humanos y mejorar el acceso a una atención de salud mental de calidad.

Las violaciones de los derechos humanos y las prácticas coercitivas en la atención de salud mental, que se sustentan en la legislación y las políticas vigentes, siguen siendo demasiado frecuentes. En todo el mundo, muchos servicios de salud mental continúan recurriendo a la hospitalización y el tratamiento sin consentimiento, condiciones de vida insalubres, la violencia física y el maltrato psicológico.

Aunque, desde la adopción en 2006 de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, muchos países han intentado reformar sus leyes, sus políticas y sus servicios, muy pocos han adoptado o enmendado las leyes y políticas pertinentes en la medida necesaria para poner fin a los abusos y promover los derechos humanos en la atención a la salud mental.

La mayor parte del gasto público en salud mental se destina a hospitales psiquiátricos; concretamente, el 43% en los países de ingresos altos. Sin embargo, se ha demostrado que los servicios de atención comunitaria a la salud mental son más accesibles, rentables y eficaces que los que priman la atención en establecimientos de salud. En estas orientaciones se proponen medidas para impulsar dicha desinstitucionalización e incorporar en la atención de salud mental un enfoque comunitario basado en los derechos, que incluya una legislación que sustituya progresivamente las instituciones psiquiátricas por sistemas de apoyo comunitario y servicios integradores.

Las orientaciones proponen una legislación que ponga fin a la coacción en los servicios de salud mental y consagre el consentimiento libre e informado como base de todas las intervenciones en esta esfera. Además, en ellas se aconseja cómo tratar los casos más complejos y difíciles mediante legislación y políticas, sin tener que recurrir a prácticas coercitivas.

Aunque en estas nuevas orientaciones se reconoce que la salud mental no es responsabilidad exclusiva del sector de la salud, se apela a todas las instancias normativas y legislativas que intervienen en la elaboración, la modificación y la aplicación de la legislación que afecta a la salud mental, como las leyes que combaten la pobreza, la desigualdad y la discriminación.

Las orientaciones incluyen una lista de control para que los países evalúen si su legislación sobre atención a la salud mental cumple las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Además, en ellas se subraya la importancia de que, como parte esencial de este proceso, se consulte a personas con experiencia práctica y a sus organizaciones, y de que se informe y se conciencie a la población general sobre cuestiones relacionadas con los derechos.

Aunque las orientaciones proponen un conjunto de principios y disposiciones que pueden incorporarse a la legislación nacional, cada país puede adaptarlas a su situación (su contexto nacional, sus lenguas, sus sensibilidades culturales, sus sistemas jurídicos, etc.), sin por ello comprometer el respeto de los derechos humanos.

El 10 de octubre, la OMS se sumará a colectivos de todo el mundo para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental 2023, cuyo lema es La salud mental es un derecho humano universal.

Fuente: ONU 09 de octubre de 2023

La agencia señaló que Niños desplazados en un clima cambiante es el primer análisis mundial del número de menores expulsados de sus hogares entre 2016 y 2021 debido a inundaciones, tormentas, sequías e incendios forestales. Además, el documento examina las proyecciones para los próximos 30 años.

UNICEF advirtió que las decisiones de desplazarse, ya sean forzadas y abruptas ante una catástrofe o el resultado de una evacuación preventiva, pueden salvar vidas. Sin embargo, muchos niños siguen enfrentándose a los peligros y desafíos que conlleva el desarraigo de sus hogares, a menudo durante largos periodos.

Los pequeños están especialmente expuestos al riesgo de desplazamiento en países que ya están lidiando con crisis superpuestas, como conflictos y pobreza, donde las capacidades locales para hacer frente a cualquier desplazamiento adicional están sobrecargadas.

Las inundaciones y las tormentas representaron 40,9 millones, o el 95%, de los desplazamientos infantiles registrados entre 2016 y 2021, debido en parte a una mejor notificación y a evacuaciones más preventivas. Mientras tanto, las sequías provocaron más de 1,3 millones de movimientos de niños, con Somalia de nuevo entre los más afectados, mientras que los incendios forestales provocaron 810.000, con más de un tercio ocurriendo solo en 2020. Canadá, Israel y Estados Unidos registraron el mayor número.

Estos son los países donde el número de niños vulnerables es mayor y las capacidades de hacer frente al cambio climático y la financiación son limitadas y, por tanto, donde la mitigación del riesgo, la adaptación, los esfuerzos de preparación y la financiación son más urgentes.

Los vientos ciclónicos y las mareas de tempestad tienen el potencial de arrancar de sus casas a 10,3 millones y 7,2 millones de niños respectivamente, en el mismo periodo. Estas proyecciones, advierte la agencia, no incluyen las evacuaciones preventivas. Además, con fenómenos meteorológicos más frecuentes y graves como consecuencia del cambio climático, las cifras reales serán casi con toda seguridad más elevadas.

El informe advierte que los niños de América Latina y el Caribe se encuentran entre las más más vulnerables del mundo a verse expulsados de sus hogares por el clima. Entre 2016 y 2021, 2,3 millones de niños fueron desplazados en la región debido a desastres climáticos. De ellos, 1,7 solo por las tormentas, y 620.000 por las inundaciones.

En este contexto, UNICEF insta a los gobiernos, donantes, socios de desarrollo y al sector privado a tomar las siguientes medidas:

Fuente: ONU 06 de octubre de 2023

Los desastres meteorológicos provocaron 43,1 millones de desplazamientos internos de niños y niñas en 44 países durante un periodo de seis años, lo que equivale a unos 20.000 desplazamientos infantiles al día, según un nuevo análisis de UNICEF.

Según el análisis, China y Filipinas se encuentran entre los países donde se registraron las cifras absolutas más elevadas de desplazamientos infantiles, debido a su exposición a fenómenos meteorológicos extremos, al gran tamaño de su población infantil y a los progresos realizados en materia de alerta temprana y capacidad de evacuación. Sin embargo, si consideramos el tamaño de la población infantil, los niños y niñas que viven en pequeños estados insulares, como Dominica y Vanuatu, sufrieron más los efectos de las tormentas, mientras que en el caso de los niños y niñas de Somalia y Sudán del Sur fueron las inundaciones las que les causaron los mayores estragos.

Las inundaciones y las tormentas representaron 40,9 millones –o el 95%– de los desplazamientos infantiles registrados entre 2016 y 2021, debido en parte a una mejora en los sistemas de notificación y al aumento de evacuaciones preventivas. Mientras tanto, las sequías provocaron más de 1,3 millones de desplazamientos internos de niños y niñas, y Somalia volvió a ser uno de los países más afectados, mientras que los incendios provocaron 810.000 desplazamientos de niños y niñas, más de un tercio de los cuales se produjeron solo en 2020. Canadá, Israel y Estados Unidos fueron los países más afectados.

Utilizando un modelo de riesgo de desplazamiento por desastres elaborado por el Observatorio de Desplazamiento Interno, el informe prevé que las inundaciones fluviales pueden desplazar a casi 96 millones de niños y niñas en los próximos 30 año sobre la base de los datos climáticos actuales, mientras que los vientos ciclónicos y las tormentas pueden desplazar a 10,3 millones y 7,2 millones de niños y niñas, respectivamente, en el mismo periodo*. Debido al aumento de la frecuencia y la gravedad de los fenómenos meteorológicos como consecuencia del cambio climático, las cifras reales serán casi con toda seguridad más elevadas.

UNICEF trabaja con los gobiernos de los países en mayor situación de riesgo para prepararse mejor y minimizar el peligro de desplazamiento, formular y aplicar estrategias de reducción del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático que tengan en cuenta las necesidades de la infancia, y diseñar servicios resilientes y fáciles de trasladar para proteger a los niños y niñas y velar por ellos antes, durante y después de los desastres, ofreciendo soluciones para abordar las vulnerabilidades específicas de cada contexto.

Mientras los dirigentes mundiales se preparan para reunirse en la Cumbre sobre el Cambio Climático COP28, que se celebrará en Dubai en noviembre, UNICEF insta a los gobiernos, donantes, aliados para el desarrollo y al sector privado a tomar las siguientes medidas para proteger a los niños, niñas y jóvenes en riesgo de desplazamiento futuro y prepararlos tanto a ellos como a sus comunidades:

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), realizó la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022. Este ejercicio es el segundo como encuesta independiente, pues de 2007 a 2017 el tratamiento fue mediante el Módulo de Trabajo Infantil (MTI). A partir de 2019, se realiza cada tres años como encuesta.

Principales resultados

Trabajo infantil

Se considera trabajo infantil cuando niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años participan en una o más formas de trabajo no permitidas. Se clasifica como ocupación no permitida a la que realizan personas de este grupo de edad en la producción de bienes y servicios destinados al mercado, o en ocupaciones de sectores económicos, lugares o actividades peligrosas. Asimismo, incluye a quienes realizan quehaceres domésticos no remunerados en sus propios hogares en condiciones no adecuadas, lo que incluye a niñas, niños y adolescentes que las realizan durante horarios prolongados o en condiciones peligrosas o riesgosas. En la figura 1 se detallan los componentes del trabajo infantil.

En México, 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes trabajan, la mayoría de ellos en ocupaciones no permitidas o en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas. Este dato representa un crecimiento de 14.1% respecto de la última medición, en gran parte como reflejo del impacto multidimensional de la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) 2022, publicada este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 13.1% de los menores de edad en el país laboran, lo que implica un aumento de 1.6 puntos porcentuales respecto del último dato disponible. De este universo, 60% son hombres y 40%, mujeres.

La ENTI 2019 reportaba que, de acuerdo a la medición más amplia del trabajo infantil, en ese entonces, en México trabajaban 3.3 millones de menores de edad, esta población se incrementó en 462,472 personas para 2022, para un total de 3.7 millones de personas.

En tanto, en ocupaciones no permitidas laboran 2.1 millones de niñas, niños y adolescentes en el país; a este universo se sumaron 114,234 menores respecto de la reportado para 2019. De esta manera, la tasa de ocupación infantil no permitida pasó de 7.1 a 7.5% entre ambas mediciones. Las principales actividades económicas en las que se desempeñan son en el campo, la construcción y el comercio.

Al preguntar sobre los motivos por los que trabajan, la mayoría de los menores de edad que participan en el mercado laboral lo hace por gusto o sólo por ayudar (31.5%), pero también para pagar su escuela o sus gastos personales (22.7%), porque en su hogar necesitan el aporte (18.4%), para aprender un oficio (15.2%) o para pagar deudas (12.2%).

Fuente: EL ECONOMISTA 04 de octubre de 2023

Por lo anterior y para sostener el estado de eliminación del tracoma, el país necesita implementar una vigilancia continua, que permita detectar oportunamente el resurgimiento de la enfermedad; así como mantener acciones de prevención y atención de las formas crónicas de la enfermedad.

Principales resultados

Personas susceptibles de recibir cuidados

En esta sección se presentan los resultados de las personas susceptibles de recibir cuidados en su hogar o fuera de este. En 2022, del total de los hogares en el país, 77.8 % (30.2 millones) tenía al menos una o un integrante en esta situación. Este porcentaje incluye a la población con discapacidad o dependencia; población infantil (0-5 años); niñas, niños y adolescentes (6-17 años); y personas adultas mayores (60 años y más).

Un nuevo análisis de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) revela que los niños de las comunidades indígenas corren un riesgo significativo de ser víctimas del trabajo infantil y a menudo carecen de acceso a la educación.

El “Documento temático sobre el trabajo infantil y la exclusión educativa de los niños indígenas ” muestra que los niños indígenas están sobrerrepresentados en trabajos peligrosos. La mayoría de ellos trabajan en la agricultura, pero también en la construcción, el comercio, la industria manufacturera y el trabajo doméstico.

Según el documento, el trabajo infantil indígena es consecuencia directa de la marginación social, económica y cultural de las comunidades indígenas. Estas comunidades tienen tres veces más probabilidades de vivir en la pobreza extrema. A menudo son desposeídas de sus tierras, soportan el peso del cambio climático y los conflictos, tienen un acceso limitado a los servicios esenciales y se enfrentan a obstáculos para mantener sus modos de vida tradicionales.

Para superar el trabajo infantil y la exclusión escolar se necesitan respuestas que incluyan también la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas en general, señala el análisis. Esto incluye intensificar los esfuerzos para establecer mecanismos de participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones, el diseño y la aplicación de políticas y programas, el acceso a una educación de calidad culturalmente apropiada, el acceso a la protección social y la protección de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.

Este documento se basa en anteriores investigaciones y orientaciones políticas de la OIT. Fue elaborado con financiación del Departamento de Trabajo de EE.UU. y analiza datos de informes de todo el mundo, grupos de discusión con organizaciones de pueblos indígenas (en Camboya, Kenia, la Federación Rusa, Nepal y Tanzania) y datos cuantitativos nacionales de seis países latinoamericanos (Bolivia, Brasil, Ecuador, Guatemala, Panamá y Perú).

Fuente: OIT 26 de septiembre de 2023

Progress on Children’s Well-Being: Centring child rights in the 2030 Agenda (Progresos en el bienestar infantil: dar prioridad a los derechos de la infancia en la Agenda 2030) advierte que en la actualidad solo en 11 países donde vive el 6% de la población infantil, es decir, 150 millones de niños y niñas, se ha alcanzado el 50% de los objetivos relacionados con la infancia, el nivel de progreso más alto del mundo.

Si el progreso continúa de la forma prevista, solo un total de 60 países –donde vive únicamente el 25% de la población infantil– habrán alcanzado sus objetivos para 2030, dejando atrás a unos 1.900 millones de niños y niñas en 140 países.

El análisis reúne más de 20 años de datos procedentes de más de 190 países, compara la situación actual de los países con sus objetivos para los próximos siete años y define los obstáculos y las oportunidades para acelerar el proceso. Los resultados muestran un panorama heterogéneo de avances y retrocesos en relación con los objetivos mundiales.

Según el informe, el desarrollo acelerado es posible si se alcanza un compromiso nacional sólido, se formulan políticas eficaces y se establece una financiación adecuada. Algunos países de ingresos bajos y medios-bajos son los que más rápido están avanzando. Por ejemplo, según los datos disponibles hasta 2021, Camboya, India, Marruecos, Rwanda y Uganda, entre otros, obtuvieron resultados uniformes en múltiples ODS relacionados con la infancia, principalmente cuando los esfuerzos se dedicaron a esferas que produjeron resultados en una diversidad de indicadores. Sin embargo, incluso a estos países les queda mucho camino por recorrer para alcanzar las metas y deben mantener su ritmo o acelerarlo aún más.

Para alcanzar los objetivos de 2030, los países que actualmente están retrasados tendrán que acelerar el progreso a niveles que no tienen precedentes históricos. Las pruebas demuestran que la inversión en los derechos de la infancia impulsa y preserva los resultados en favor de toda la sociedad, las personas y el planeta, ya que las intervenciones en los primeros años de la infancia son las que más contribuyen a erradicar el hambre, la pobreza, la mala salud y la desigualdad.

Mientras los dirigentes mundiales se preparan para reunirse esta semana con el fin de debatir la situación en el ecuador de los ODS, UNICEF hace un llamamiento a los países para que den prioridad a los derechos de la infancia en sus agendas y tomen medidas históricas para acelerar el progreso mediante la toma de las siguientes medidas:

A pesar de los esfuerzos que se están realizando a escala planetaria, la igualdad de género es todavía una quimera. La edición de este año del informe de ONU Mujeres y del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (ONU-DAES), “El progreso en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible: Panorama de género 2023”, dibuja un panorama preocupante cuando nos encontramos a medio camino de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El “Panorama de género 2023” advierte de que, si se mantienen las tendencias actuales, más de 340 millones de mujeres y niñas —lo que, según las estimaciones disponibles, supone un 8 por ciento de la población femenina mundial— vivirán en la pobreza extrema en 2030, y cerca de una de cada cuatro experimentará inseguridad alimentaria moderada o grave. La brecha de género en los puestos de poder y liderazgo sigue estando muy arraigada y, al ritmo actual de progreso, la próxima generación de mujeres seguirá dedicando una media de 2,3 horas diarias más que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.

<p style="text-align: justify"La publicación anual ofrece un análisis exhaustivo de la situación actual de la igualdad de género en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y destaca las tendencias predominantes, las lagunas y los retrocesos recientes en el camino hacia la consecución de la igualdad de género de aquí a 2030.

El informe de este año incluye, por primera vez, datos desglosados por sexo sobre las intersecciones entre género y cambio climático, y pronostica que, para mediados de siglo, en el peor de los escenarios climáticos, el cambio climático puede empujar a la pobreza a 158,3 millones adicionales de mujeres y niñas (16 millones más que el número total de hombres y niños que se verían en la misma situación).

El informe, que este año se centra especialmente en las mujeres de edad avanzada, revela que estas se enfrentan a mayores índices de pobreza y violencia que los hombres de edad. En 28 de los 116 países para los que se dispone de datos, menos de la mitad de las mujeres de edad reciben una pensión; en 12 países, esta proporción es inferior al 10 por ciento. A mitad de camino hacia 2030, los avances en el ODS 5 (igualdad de género) son claramente muy inferiores a los deseados. El informe pone de manifiesto que el mundo está fallando a las mujeres y las niñas, ya que tan solo dos indicadores del Objetivo 5 se encuentran próximos a alcanzarse y ningún indicador del ODS 5 ha llegado al nivel de “meta alcanzada o casi alcanzada”.

El “Panorama de género 2023” destaca la urgente necesidad de realizar esfuerzos concretos para acelerar el progreso hacia la igualdad de género de aquí a 2030; revela que se necesita una inversión adicional de USD 360.000 millones al año para lograr la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todos los objetivos mundiales clave. El informe, que llega a la conclusión de que el hecho de no priorizar de forma inmediata la igualdad de género podría poner en peligro toda la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, incluye asimismo llamamientos en favor de un enfoque integrado y holístico, una mayor colaboración entre las partes interesadas, una financiación sostenida y la adopción de medidas de política destinadas a abordar las disparidades de género y a empoderar a las mujeres y las niñas en todo el mundo.

<p style="text-align: justify"El informe pone de relieve además otros datos y cifras:

La proporción de niños en situación de movilidad en la región alcanza al 25% de los migrantes, la tasa más alta a nivel mundial -la media es del 13%-, señaló UNICEF en una alerta publicada que menciona la violencia, la inestabilidad y el cambio climático como los máximos detonadores de estos desplazamientos de población. Esos factores se van apoderando de la región, cambiando de forma dramática la naturaleza de la migración en la última década.

UNICEF destacó que en los peligrosos viajes en los que se embarcan los migrantes se observa a niños cada vez más pequeños, detallando que el 91% de ellos son menores de once años en algunos puntos de tránsito.

En este sentido, el organismo afirmó que los riesgos físicos a lo largo de las rutas migratorias irregulares son innumerables, especialmente para los niños, que a menudo atraviesan selvas, ríos, vías férreas y carreteras, arriesgando su integridad, al margen de que pueden convertirse en víctimas de violencia, explotación y otros atropellos graves.

Esta realidad plantea desafíos a las políticas migratorias nacionales y a las respuestas humanitarias en los países de origen, tránsito y destino. Pero esto no es fácil puesto que los flujos migratorios de la región a menudo se cruzan de manera que la mayoría de los países son puntos de origen, tránsito, destino y retorno al mismo tiempo, haciendo de América Latina el escenario de una de las crisis de migración infantil más grandes y complejas del mundo.

Para solventar esta situación, UNICEF insta a adoptar un enfoque regional integrado que garantice protección a los niños migrantes y refugiados y a sus familias, y que aborde las raíces de la migración forzada. El Fondo para la Infancia delineó cinco puntos orientados hacia ese objetivo:

Fuente: ONU 07 de septiembre de 2023

Un número récord de niños, niñas y adolescentes se desplaza a través de tres rutas migratorias principales en América Latina y el Caribe: a través de la selva del Darién entre Colombia y Panamá, la migración hacia el exterior desde América del Sur y en puntos de tránsito clave en el norte de Centroamérica y México. La naturaleza de la migración en América Latina y el Caribe ha cambiado dramáticamente en la última década.

Al menos 29.000 niños, niñas y adolescentes cruzaron el peligroso Darién en 2021. Se estima que 40.000 niños hicieron el cruce en 2022 y más de 60.000 niños han cruzado la selva del Darién en los primeros ocho meses de 2023, la mitad de ellos menores de 5 años, lo que hace que sea el año con más cruces de niños y niñas registrados. Mientras tanto, el número de niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes detenidos en la frontera sur de Estados Unidos también ha ido en aumento.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) registró más de 149.000 niños cruzando en el año fiscal (FY) 2021 y más de 155.000 en el año fiscal 2022. En los primeros siete meses del año fiscal 2023, más de 83.000 niños ingresaron al país según la CBP. Estas tendencias se reflejan en otros flujos migratorios más pequeños en toda la región, a medida que el aumento de la violencia, la inestabilidad y los desastres relacionados con el clima provocan más desplazamientos y migraciones forzadas.

La proporción de niños que se desplazan a lo largo de las principales rutas migratorias en América Latina y el Caribe también ha aumentado a un nivel récord en los últimos tres años. En todo el mundo, los niños representan el 13 por ciento de la población migrante, pero en esta región, aproximadamente una de cada cuatro personas en movimiento (25 por ciento) es un niño, frente al 19 por ciento en 2019. Esto solo puede rivalizar con África subsahariana, donde los niños y niñas también representan el 25 por ciento de la población migrante.

Cada vez más, son los niños y niñas más pequeños los que realizan estos peligrosos viajes; los niños menores de 11 años representan ahora hasta el 91 por ciento de todos los niños, niñas y adolescentes que se desplazan en algunos puntos de tránsito clave. Esta nueva realidad plantea desafíos a las políticas migratorias nacionales y a las respuestas humanitarias en los países de origen, tránsito y destino.

Los riesgos físicos a lo largo de las rutas migratorias irregulares son innumerables, especialmente para los niños y niñas. Además del peligroso terreno que atraviesan (desde selvas y ríos hasta vías férreas y carreteras), los niños y niñas también pueden sufrir violencia, explotación y abuso.