Coincidiendo con el inicio de la COP27 en Egipto, UNICEF advierte de que las devastadoras inundaciones registradas este año han afectado a al menos 27,7 millones de niños y niñas en 27 países de todo el mundo.

La gran mayoría de esos 27,7 millones de niños y niñas* afectados por las inundaciones en 2022 se encuentran entre los más vulnerables y están expuestos a múltiples amenazas, entre ellas, muerte por ahogamiento, brotes de enfermedades, falta de agua potable, malnutrición, interrupciones en la educación y violencia.

Para la infancia, las consecuencias de las inundaciones suelen ser más letales que los propios fenómenos meteorológicos extremos que las provocaron. En 2022, las inundaciones han contribuido a un aumento de la propagación de las principales causas de mortalidad infantil, entre otras, la malnutrición, el paludismo, el cólera y la diarrea.

Además de poner en peligro la vida de millones de niños y niñas, las inundaciones han alterado el funcionamiento de los servicios básicos y han provocado el desplazamiento de infinidad de familias.

Además de presionar a los gobiernos y a las grandes empresas para que reduzcan rápidamente sus emisiones, UNICEF insta a los dirigentes mundiales a tomar medidas inmediatas para proteger a la infancia frente a la devastación climática mediante la adaptación de los servicios sociales esenciales de los que dependen. Las medidas de adaptación, como la creación de sistemas de agua, salud y educación resilientes a las inundaciones y las sequías, salvarán muchas vidas.

El año pasado, los países desarrollados acordaron duplicar las ayudas destinadas a la adaptación hasta los 40.000 millones de dólares al año para 2025. En la COP27, deben presentar una hoja de ruta creíble y con metas claras sobre cómo se ejecutarán esas ayudas como paso previo para la inyección de al menos 300.000 millones de dólares al año destinados a cubrir las necesidades de adaptación de aquí a 2030. Como mínimo, la mitad de toda la financiación climática debería dedicarse a la adaptación.

En la COP27, UNICEF insta a todas las partes a emprender las siguientes acciones:

1.- Prevenir. Revisar sus planes nacionales sobre cambio climático para reducir las emisiones de forma drástica y urgente y evitar así una catástrofe climática.

2.- Proteger. Garantizar una acción clara en materia de adaptación que proteja a todos los niños y las niñas de los efectos acelerados del cambio climático en el marco del Balance Mundial y el Objetivo Mundial relativo a la Adaptación.

3.- Preparar. Promover la educación sobre cambio climático y una participación efectiva para preparar a la infancia y a los jóvenes a través de planes de Acción para el Empoderamiento Climático (AEC).

4.-Priorizar a la infancia y a los jóvenes acelerando las inversiones de financiación climática en servicios sociales resistentes al clima que lleguen a las niñas y los niños más expuestos a los riesgos, y desbloquear el estancamiento en materia de pérdidas y daños.

5.- Comprometerse con una acción climática que tenga en cuenta a la infancia, poniendo en práctica y alineándose con la Declaración sobre los Niños, Niñas, Jóvenes y la Acción Climática.

El suministro limitado de vacunas y su distribución desigual impulsan la disparidad a escala mundial. La vacuna contra el virus del papiloma humano (VPH) para luchar contra el cáncer de cuello uterino solo ha llegado al 41% de los países de ingresos bajos, a pesar de que en estos se concentra gran parte de la carga de la enfermedad, en comparación con el porcentaje en el caso de los países de ingresos altos, que es del 83%.

La asequibilidad también es un obstáculo para el acceso a las vacunas. Si bien los precios tienden a estar escalonados en función de los ingresos, las disparidades a este respecto provocan que los países de ingresos medianos paguen tanto, o incluso más, que los más ricos por varios tipos de vacunas.

En 2021 se suministraron aproximadamente 16 000 millones de dosis de vacunas, por un valor de US$ 141 000 millones, unas cifras que son, respectivamente, casi tres veces el volumen de mercado de 2019 (5 800 millones) y cerca de tres veces y media el valor de mercado de 2019 (US$ 38 000 millones). Este aumento se debió principalmente a las vacunas contra la COVID-19, lo que demuestra las enormes posibilidades que ofrece incrementar el ritmo de fabricación de las vacunas en respuesta a las necesidades de salud.

Aunque la capacidad de fabricación en todo el mundo ha aumentado, sigue estando muy concentrada. Diez fabricantes suministran el 70% de las dosis de vacunas (excluyendo las vacunas contra la COVID-19). Algunas de las 20 vacunas más utilizadas (como la PCV, las vacunas contra el VPH o las vacunas con componentes antisarampionosos o antirrubeólicos) dependen actualmente sobre todo de dos proveedores.

El informe destaca las oportunidades para una mayor armonización entre el desarrollo, la producción y la distribución de vacunas y una agenda de salud pública, con miras a alcanzar los objetivos de la Agenda de Inmunización 2030 (AI2030) y orientar los esfuerzos en materia de prevención, preparación y respuesta ante pandemias.

Las medidas recomendadas para la industria incluyen: centrar los esfuerzos de investigación en los agentes patógenos a los que la OMS considera que hay que prestar una atención prioritaria, garantizar la transparencia, facilitar la transferencia de tecnología y comprometerse a adoptar medidas específicas para la asignación de recursos que se basen en recursos propios. Las organizaciones internacionales y los asociados deben priorizar los objetivos de la Agenda de Inmunización 2030, apoyar iniciativas impulsadas por los países e impulsar la aplicación de resoluciones sobre la transparencia del mercado.

Nuestra salud depende de la salud de los ecosistemas que nos rodean, y estos ecosistemas están ahora amenazados por la deforestación, la agricultura y otros cambios en el uso del suelo y el rápido desarrollo urbano. La invasión cada vez mayor de los hábitats animales está aumentando las oportunidades para que los virus perjudiciales para el ser humano hagan la transición desde su huésped animal. Entre 2030 y 2050, se espera que el cambio climático provoque unas 250 000 muertes más al año por malnutrición, paludismo, diarrea y estrés térmico.

Los costos de los daños directos para la salud (es decir, excluidos los costos en sectores determinantes para la salud como la agricultura y el agua y el saneamiento) se estiman entre US$ 2000 millones y US$ 4000 millones al año para 2030.

El aumento de la temperatura a nivel mundial que ya se ha producido está provocando fenómenos meteorológicos extremos que traen consigo olas de calor y sequías intensas, inundaciones devastadoras y huracanes y tormentas tropicales cada vez más potentes. La combinación de estos factores significa que el impacto sobre la salud humana está aumentando y probablemente se acelerará.

La OMS pide a los gobiernos que lideren una eliminación progresiva justa, equitativa y rápida de los combustibles fósiles y la transición a un futuro energético limpio. También se han producido avances alentadores con respecto a los compromisos de descarbonización, y la OMS pide la creación de un tratado de no proliferación de combustibles fósiles que permita la eliminación progresiva del carbón y otros combustibles fósiles perjudiciales para la atmósfera de forma justa y equitativa. Esto representaría una de las contribuciones más significativas a la mitigación del cambio climático.

La mejora de la salud humana es algo a lo que todos los ciudadanos pueden contribuir, ya sea mediante la promoción de más espacios verdes urbanos, que facilitan la mitigación del clima y la adaptación a él al tiempo que disminuyen la exposición a la contaminación del aire, o la promoción de restricciones del tránsito local y la mejora de los sistemas de transporte locales. El compromiso y la participación de la comunidad en materia de cambio climático son esenciales para crear resiliencia y reforzar los sistemas alimentarios y de salud, y esto es especialmente importante para las comunidades vulnerables y los pequeños estados insulares en desarrollo (PEID), que son los que más sufren los fenómenos meteorológicos extremos.

La política climática debe situar ahora la salud en un lugar central y promover políticas de mitigación del cambio climático que aporten simultáneamente beneficios para la salud. Una política climática centrada en la salud ayudaría a conseguir un planeta con un aire más limpio, agua potable y alimentos más abundantes y seguros, sistemas de protección sanitaria y social más eficaces y justos y, en consecuencia, personas más sanas.

La inversión en energías limpias producirá beneficios para la salud que duplicarán con creces la inversión realizada. Existen intervenciones de eficacia probada capaces de reducir las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta, por ejemplo, la aplicación de normas más estrictas para las emisiones de los vehículos, que según los cálculos puede salvar aproximadamente 2,4 millones de vidas al año gracias a la mejora de la calidad del aire y reducir el calentamiento mundial en unos 0,5 °C para 2050. El costo de las fuentes de energía renovables ha disminuido considerablemente en los últimos años, y la energía solar es ahora más barata que el carbón o el gas en la mayoría de las grandes economías.

La financiación se destinará a apoyar las actividades mundiales para allanar los últimos obstáculos en la erradicación de la poliomielitis, vacunar a 370 millones de niños cada año en próximo lustro y mantener la vigilancia de esta enfermedad en 50 países.

El poliovirus salvaje es endémico en solo dos países: el Pakistán y el Afganistán. Ahora bien, tras registrarse solamente seis casos en 2021, en lo que va de año se han registrado 29 casos, cifra que incluye un pequeño número de nuevos casos detectados en el sudeste de África vinculados con una cepa originaria del Pakistán. Además, los brotes de cVDPV, esto es, de variantes del poliovirus que pueden surgir en lugares donde no hay suficientes personas inmunizadas, continúan propagándose por partes de África, Asia y Europa; de hecho, en los últimos meses se han detectado nuevos brotes en los Estados Unidos, Israel y el Reino Unido.

En un momento difícil para los países de todo el mundo, los gobiernos y los asociados han dado un paso adelante para demostrar su determinación colectiva de erradicar una enfermedad humana por segunda vez en la historia. Además de las promesas de contribuciones existentes, entre los nuevos compromisos para la Estrategia 2022-2026 de este otoño cabe mencionar los siguientes:

43,55 millones de dólares australianos aportados por Australia
€ 50 millones de Francia
€ 72 millones de Alemania
US$ 11 millones del Japón
4500 millones de won de la República de Corea
€ 1,7 millones de Luxemburgo
€ 30 000 de Malta
€ 450 000 de Mónaco
€ 100 000 de España
US$ 20 000 de Turquía
US$ 114 millones de los Estados Unidos
US$ 1200 millones de la Fundación Bill y Melinda Gates
US$ 50 millones de Bloomberg Philanthropies
US$ 1,8 millones de Islamic Food and Nutrition Council of America
US$ 400 000 de Latter-day Saint Charities
US$ 150 millones de Rotary International.

El acto dedicado a las promesas de contribuciones celebrado en Berlín ha sido la primera gran oportunidad de comprometer apoyos hacia el logro de los US$ 4800 millones necesarios para aplicar plenamente la Estrategia 2022-2026. Si la Estrategia se financia en su totalidad y se logra la erradicación, se estima que ello daría lugar a USUS$ 33 100 millones en ahorros en costos de saludnbsp; 33 100 millones en ahorros en costos de salud durante este siglo en comparación con los que costaría controlar los brotes. Además, el apoyo continuado a la IEMP le permitirá ofrecer servicios de salud y otras vacunas, además de vacunas contra la poliomielitis, a las comunidades subatendidas.

Además de la financiación para la IEMP anunciada, un grupo de más de 3000 influyentes científicos, médicos y expertos en salud pública procedentes de todo el mundo publicaron una declaración para respaldar la Estrategia 2022-2026 y pedir a los donantes que mantuvieran su compromiso con la erradicación y velaran por la financiación plena de la IEMP. El grupo pone de relieve las nuevas tácticas recogidas en la estrategia del programa, como el despliegue continuo de la nueva vacuna antipoliomielítica oral de tipo 2 (nOPV2), que los hacen confiar en la capacidad de la IEMP para poner fin a la poliomielitis. Ya se han administrado quinientos millones de dosis de nOPV2 en 23 países, y los datos recogidos sobre el terreno siguen mostrando que se trata de una herramienta prometedora para contener de manera más sostenible los brotes de cVDPV de tipo 2. El grupo afirma además que el apoyo a la erradicación fortalece considerablemente los sistemas de vacunación y la preparación frente a pandemias en todo el mundo –lo que destaca el apoyo de la IEMP a la respuesta a la COVID-19– e insta a los mandatarios de los países en que la poliomielitis es endémica y están afectados por la enfermedad a mantener su compromiso con la ampliación de las actividades de vacunación y vigilancia de morbilidad.

La Iniciativa de Erradicación Mundial de la Poliomielitis es una alianza público-privada dirigida por gobiernos nacionales que cuenta con seis asociados principales: Rotary International, la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados Unidos, el UNICEF, la Fundación Bill y Melinda Gates y Gavi, la Alianza para las Vacunas.

Entre 2020 y 2030, casi 500 millones de personas desarrollarán enfermedades cardíacas, obesidad, diabetes u otras enfermedades crónicas atribuibles a la inactividad física, con un costo de 27.000 millones de dólares anuales, si los gobiernos no toman medidas urgentes para fomentar una mayor actividad física entre sus poblaciones, ha informado la Organización Mundial de la Salud.

En su informe sobre la situación global de la actividad física 2022, la Organización mide hasta qué punto los gobiernos están implementando las recomendaciones para aumentar la actividad física en todas las edades y capacidades.

Los datos de 194 países muestran que, en general, el progreso es lento y que los países deben acelerar el desarrollo y la implementación de políticas para aumentar los niveles de actividad física y, por lo tanto, prevenir enfermedades y reducir la carga en los sistemas de atención médica que ya están sobrecargados.

Entre otros datos, en el informe se destaca que:

De acuerdo con el estudio, la carga económica de la inactividad física es significativa y el costo del tratamiento de nuevos casos de enfermedades crónicas alcanzará casi los 300.000 millones de dólares para 2030, alrededor de 27.000 millones anuales.

Si bien las políticas nacionales para abordar estas enfermedades y la inactividad física han aumentado en los últimos años, actualmente el 28% de las medidas no están financiadas ni implementadas.

El informe muestra, además, que solo un poco más del 50% de los países realizaron una campaña de comunicación nacional u organizaron eventos de actividad física de participación masiva en los últimos dos años.

Además, la pandemia de COVID-19 no solo ha paralizado estas iniciativas, sino que también afectó la implementación de otras políticas que han ampliado las desigualdades en el acceso y las oportunidades para participar en la actividad física para muchas comunidades.

El informe anima a lograr el objetivo mundial de una reducción del 15 % en la prevalencia de la inactividad física para 2030. Para ayudar a los países a aumentar la actividad física, el Plan de acción mundial sobre actividad física 2018-2030 de la OMS establece 20 recomendaciones de políticas.

Entre esos consejos figuran las políticas para crear carreteras más seguras que fomenten un transporte más activo y proporcionar más programas de actividades físicas en entornos esenciales, como las escuelas, la atención primaria de la salud y el lugar de trabajo.

Un hallazgo crítico del informe es la existencia de brechas significativas en los datos globales para rastrear el avance de las políticas como la oferta de espacios públicos exteriores, la de infraestructuras para caminar y montar en bicicleta, o la de programas de deporte y educación física en escuelas.

El informe invita a los países a priorizar la actividad física como clave para mejorar la salud y abordar las enfermedades crónicas, integrar la actividad física en todas las políticas relevantes y desarrollar herramientas, orientación y capacitación para mejorar la implementación.

Un nuevo informe de la ONU* muestra que la salud de las mujeres y los niños se ha resentido en todo el mundo, ya que las repercusiones de los conflictos, la pandemia del COVID-19 y el cambio climático convergen con efectos devastadores en las perspectivas de los niños, los jóvenes y las mujeres.

Los datos presentados en el informe, titulado Proteger la Promesa, muestran una regresión clara y crítica en prácticamente todas las medidas principales de bienestar infantil, y en muchos indicadores clave de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Desde el último informe Todos las Mujeres Todos los Niños, publicado en 2020, han aumentado la inseguridad alimentaria, el hambre, el matrimonio infantil, los riesgos de violencia doméstica, la depresión y la ansiedad de los adolescentes.

Se estima que 25 millones de niños estaban infravacunados o no estaban vacunados en absoluto en 2021, lo que representa seis millones más que en 2019, aumentando su riesgo de contraer enfermedades mortales y debilitantes.

Millones de niños no asistieron a la escuela durante la pandemia, muchos de ellos durante más de un año, mientras que aproximadamente el 80% de los niños de 104 países y territorios experimentaron pérdidas de aprendizaje debido al cierre de las escuelas.

Desde el comienzo de la pandemia mundial, 10,5 millones de niños han perdido a uno de sus padres o cuidadores a causa del COVID-19.

El informe aporta amplias pruebas que demuestran que las posibilidades de los niños y los adolescentes de llevar una vida sana varían considerablemente por razones tan simples como el lugar donde nacen, su exposición al conflicto y las circunstancias económicas de sus familias. Por ejemplo:

Por todos esos motivos, en el informe se hace un llamamiento a la comunidad internacional para que aborde esta perjudicial trayectoria y proteja las promesas hechas a las mujeres, los niños y los adolescentes en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

En particular, aboga por que los países sigan invirtiendo en servicios de salud, para hacer frente a todas las crisis y a la inseguridad alimentaria, y para empoderar a las mujeres y a los jóvenes de todo el mundo.

A propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta datos sobre las defunciones de personas de 20 años y más por este padecimiento. Lo anterior con base en cifras preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas en 2021.

En México, durante 2021, se registraron 1 117 167 defunciones. De las personas que perdieron la vida, 644 058 fueron hombres (58 %) y 472 375 (42 %), mujeres. Por tumores malignos fallecieron 90 525 personas (8.1 %); de estas, 7 973 murieron por cáncer de mama. De la cifra anterior, 7 925 (99.4 %) fueron mujeres y 48 (0.6 %), hombres. De las defunciones en mujeres por tumores malignos, 17 % se debió a este cáncer.

El nuevo Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) publicado muestra que la reducción de la pobreza a gran escala es posible y revela nuevos “perfiles de pobreza” que pueden revolucionar los esfuerzos para desatar los nudos de pobreza. Este análisis — del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI) de la Universidad de Oxford — mira más allá del ingreso para comprender cómo las personas experimentan la pobreza en diferentes aspectos de sus vidas diarias — desde el acceso a educación y salud, a indicadores del nivel de vida, tales como vivienda, agua potable, saneamiento y electricidad.

El informe identifica las ‘canastas de privaciones’ — patrones recurrentes de pobreza — que afectan comúnmente a las personas pobres en distintas partes del mundo. Los nuevos datos permiten identificar los perfiles de pobreza más relevantes en distintos lugares. Éste es un paso crucial en el diseño de estrategias que puedan abordar los múltiples aspectos de la pobreza al mismo tiempo.

Los datos muestran que — incluso antes de los efectos de la pandemia de COVID-19 y de la crisis del costo de la vida — 1.200 millones de personas en 111 países vivían en pobreza multidimensional. Éste es casi el doble del número de personas en pobreza monetaria extrema — viviendo con menos de 1,90 dólar de los Estados Unidos (USD).

Sobre la base de los últimos datos disponibles, en su mayoría recolectados antes de la pandemia COVID-19, el informe destaca la necesidad de abordar combinaciones persistentes de privaciones, incluyendo:

El informe presenta historias de éxito de distintas partes del mundo, basadas en estrategias integradas para la reducción de la pobreza. Las inversiones en saneamiento en Nepal han mejorado el acceso a agua potable, la nutrición infantil, y reducido la mortalidad infantil producto de menos casos de diarrea. En la India, cerca de 415 millones de personas dejaron de ser pobres en un período de 15 años, un cambio histórico.

Antes del impacto de la pandemia, 72 países habían reducido significativamente la pobreza. El informe anticipa que es probable que muchos de los esfuerzos por erradicar la pobreza en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible se hayan frustrado con las crisis múltiples que enfrentamos.

La identificación de perfiles de pobreza se basa en datos y evidencia sobre las múltiples dimensiones de la pobreza. El informe enfatiza la necesidad de retomar esfuerzos para actualizar la recolección de datos, en particular en los países más pobres y en los lugares donde viven las personas más pobres.

El IPM ofrece asimismo un análisis en profundidad de la pobreza en distintas regiones y países.

Es probable que no haya dos personas que experimenten la pobreza exactamente de la misma manera.

Por primera vez, en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) 2022 se presentan los “perfiles de carencias”, y una de las conclusiones más claras es que estos varían según la región. Al analizar de este modo los patrones y las interrelaciones, el IPM se ha convertido en una herramienta aún más potente para monitorear el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Cerca de 1.200 millones de personas en 111 países en desarrollo viven en situación de pobreza multidimensional, según el IPM 2022 que han publicado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Oxford Poverty and Human Development Initiative. Aproximadamente la mitad de las personas que viven en la pobreza multidimensional son niños.

Para obtener estas cifras, además de los indicadores, en el IPM se examinan otros aspectos para comprender cómo las personas experimentan la pobreza en sus variadas formas, las que además se superponen. Se determina de qué manera se deja a las personas atrás en lo que atañe a la salud, la educación y el nivel de vida, para lo cual se estudian 10 indicadores como el acceso a una fuente mejorada de agua potable, nutrición adecuada o al menos seis años de escolaridad.

Las personas que padecen carencias al menos en una tercera parte de estos 10 indicadores ponderados se consideran personas en situación de pobreza multidimensional. En el Índice 2022 se cubren 6.100 millones de personas de 111 países en desarrollo, el equivalente a aproximadamente el 92 % de la población del mundo en desarrollo. De ellas, se considera que el 19,1 % padece pobreza multidimensional.

682 millones de personas pobres pertenecen a un hogar en el que vive al menos una persona desnutrida.

595 millones de personas pobres viven en un hogar en el que ninguno de sus integrantes ha completado como mínimo seis años de escolaridad.

1.000 millones de personas pobres están expuestas a los peligros de los combustibles sólidos para cocinar.

África Subsahariana presentó el número más elevado de personas en situación de pobreza multidimensional: unos 579 millones. A esa región le sigue Asia Meridional con 385 millones de personas. Ambas en conjunto alojan al 83 % de las personas en situación de pobreza multidimensional en el mundo. El papel destacado de África en el IPM obedece, en parte, a la disponibilidad de datos más recientes de Asia Meridional y de la India en particular. Sin embargo, las cifras también dan cuenta de un progreso importante en dicha región. De las estimaciones del IPM para la India, se desprende que 415 millones de personas salieron de la pobreza multidimensional en los últimos 15 años aproximadamente. La mejora más rápida se registró entre los grupos más pobres, incluidos los niños, las castas bajas y las personas que viven en zonas rurales.

Además de la distribución geográfica, en el informe se revela una diferencia considerable entre las zonas urbanas y las rurales y según la edad. Un 83 % de las personas en situación de pobreza multidimensional viven en zonas rurales. En los 111 países analizados, hay 964 millones de personas que viven en la pobreza multidimensional en zonas rurales y 198 millones en entornos urbanos.

La mitad de quienes viven en la pobreza multidimensional (593 millones de personas) son personas de menos de 18 años. Esto equivale prácticamente a uno de cada tres niños, en comparación con uno de cada siete personas adultas. Un poco más del 8 % (94 millones) tienen 60 años o más.

En el IPM 2022 se muestra que muchos países han logrado reducir la pobreza en varios indicadores. De los 81 países que poseen registros comparables en el tiempo, 72 alcanzaron disminuciones considerables en el IPM al menos en un período. La mayoría redujo las carencias entre las personas pobres en cinco o más indicadores.

Con la introducción de los “perfiles de carencias”, en el IPM 2022 se presenta un panorama muy matizado de la magnitud y la naturaleza de la pobreza en los países en desarrollo. Las estimaciones del IPM exploran más de 850 combinaciones diferentes entre 10 tipos de privaciones para conocer las variaciones regionales y de otra índole en la pobreza multidimensional.

Cerca del 40 % de las personas que experimentan pobreza multidimensional (470,1 millones de personas) padecen privaciones de nutrición y saneamiento, lo que las vuelve potencialmente más vulnerables a la COVID-19 y otras enfermedades infecciosas. Más de la mitad (593,3 millones de personas) padece privaciones simultáneas de electricidad y combustible para cocinar. Y el perfil más común, que afecta al 3,9 % de las personas pobres, incluye exactamente cuatro privaciones: nutrición, combustible para cocinar, saneamiento y vivienda (este es el perfil más común también en la India).

En el análisis se muestra el valor potencial de enfocar las políticas en estos conjuntos de privaciones que las personas pobres padecen de forma combinada con más frecuencia y que, por lo tanto, deben abordarse de manera integrada. Se propone ayudar a los Gobiernos y otros actores clave a mejorar las respuestas para acercarnos más al logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo.

Se ha lanzado un nuevo Plan de acción conjunto sobre Una Salud por parte de la asociación cuatripartita: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA, antes OIE) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

Este primer plan conjunto sobre Una Salud pretende crear un marco para integrar los sistemas y la capacidad de manera que podamos prevenir, predecir, detectar y responder mejor colectivamente a las amenazas para la salud. En última instancia, esta iniciativa pretende mejorar la salud de los seres humanos, los animales, las plantas y el medio ambiente, contribuyendo al mismo tiempo al desarrollo sostenible.

El Plan de acción conjunto sobre Una Salud, desarrollado a través de un proceso participativo, ofrece un conjunto de actividades destinadas a reforzar la colaboración, la comunicación, la creación de capacidad y la coordinación por igual en todos los sectores responsables de abordar los retos sanitarios en la interfaz entre los seres humanos, los animales, las plantas y el medio ambiente.

El plan quinquenal (2022-26) se centra en apoyar y ampliar las capacidades en seis ámbitos: Las capacidades de Una Salud para los sistemas sanitarios, la aparición o reaparición de epidemias zoonóticas, las enfermedades zoonóticas endémicas, las enfermedades tropicales olvidadas y las transmitidas por vectores, los riesgos para la inocuidad de los alimentos, la resistencia a los antimicrobianos y el medio ambiente.

Este documento técnico se basa en pruebas, mejores prácticas y las orientaciones existentes. Abarca un conjunto de medidas que pretenden hacer avanzar Una Salud en los planos mundial, regional y nacional. Estas medidas incluyen, en particular, el desarrollo orientaciones de ejecución para los países, socios internacionales y actores no estatales, como organizaciones de la sociedad civil, asociaciones profesionales, instituciones académicas y de investigación.

El plan establece objetivos operativos, entre los que se incluyen: proporcionar un marco para la acción colectiva y coordinada con el fin de incorporar el enfoque “Una salud” en todos los niveles; proporcionar asesoramiento normativo y legislativo previo y asistencia técnica para ayudar a establecer objetivos y prioridades nacionales; y promover la colaboración multinacional, multisectorial y multidisciplinaria, el aprendizaje y el intercambio de conocimientos, soluciones y tecnologías. También fomenta los valores de la cooperación y la responsabilidad compartida, la acción y la asociación multisectorial, la equidad de género y la inclusión.

“Una salud” es el principal enfoque para abordar los complejos retos sanitarios a los que se enfrenta nuestra sociedad, como la degradación de los ecosistemas, los fallos del sistema alimentario, las enfermedades infecciosas y la resistencia a los antimicrobianos.

Sobre la base de las estructuras y acuerdos existentes, se están desarrollando mecanismos de financiación coordinada para apoyar la implementación del plan. La asociación cuatripartita unirá sus fuerzas para obtener los recursos necesarios en apoyo del enfoque común para hacer frente a las amenazas sanitarias cruciales y promover la salud de los seres humanos, los animales, las plantas y el medio ambiente.

La depresión y la ansiedad causan una pérdida de 12.000 millones de días de trabajo cada año provocando unas pérdidas de casi un billón de dólares a la economía mundial, destacan dos nuevas publicaciones lanzadas por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo.

Las directrices mundiales de la Organización Mundial de la Salud recomiendan una serie de medidas para afrontar los riesgos asociados a la salud mental, como las grandes cargas de trabajo, los comportamientos negativos y otros factores que generan angustia en el trabajo.

Un reciente Informe de salud mental a nivel global reveló que de los mil millones de personas que vivían con un trastorno mental en 2019, hubo un 15% de adultos en edad laboral que experimentaron esos síntomas. El trabajo agudiza problemas sociales más importantes que afectan negativamente a la salud mental, como la discriminación y la desigualdad.

La intimidación y la violencia psicológica, también conocida como mobbing, es una de las principales causas de acoso laboral que provoca un impacto negativo en la salud mental. Sin embargo, hablar o revelar problemas de salud mental sigue siendo un tabú en los entornos laborales de todo el mundo.

Las orientaciones también recomiendan mejores métodos para atender las necesidades de los trabajadores con problemas de salud mental, proponen actuaciones que apoyen su reincorporación al trabajo y, en el caso de padecer síntomas graves, ofrecen medidas que facilitan la incorporación al empleo remunerado.

El segundo documento, elaborado conjuntamente, explica las directrices de la Organización Mundial de la Salud mediante estrategias concretas para los gobiernos, los empleadores y los trabajadores, y sus organizaciones, en los sectores público y privado.

Su objetivo es apoyar la prevención de riesgos causados por la salud mental, su protección y mejora en el trabajo, y apoyar la participación y el desarrollo de las personas que sufran esos síntomas en el ámbito laboral. Para la aplicación de estas estrategias se indica que serán fundamentales la inversión y el liderazgo.

A lo largo de 2020, los gobiernos de todo el mundo solo destinaron una media del 2% de los presupuestos sanitarios a la salud mental, y los países de renta media-baja invirtieron menos del 1%.

El Convenio de la OIT sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (nº 155) y la Recomendación (nº 164) proporcionan un marco legal para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores. Sin embargo, el Atlas de Salud Mental de la OMS (en inglés), descubrió que sólo el 35% de los países aseguraron contar con programas nacionales de promoción y prevención de la salud mental relacionada con el trabajo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) han llamado a adoptar medidas concretas para abordar los problemas de salud mental en el entorno laboral.

Se estima que cada año se pierden 12.000 millones de días de trabajo debido a la depresión y la ansiedad, lo que cuesta a la economía mundial casi un billón de dólares. Hoy se publican dos nuevas publicaciones que pretenden abordar esta cuestión: las Directrices de la OMS sobre salud mental en el trabajo y una nota conjunta de la OMS y la OIT.

Las directrices mundiales de la OMS sobre la salud mental en el trabajo recomiendan medidas para hacer frente a los riesgos para la salud mental, como la gran carga de trabajo, los comportamientos negativos y otros factores que generan angustia en el trabajo. Por primera vez, la OMS recomienda la formación de los directivos para que puedan prevenir los entornos laborales estresantes y responder a los trabajadores que sufren.

El Informe Mundial de Salud Mental de la OMS, publicado en junio de 2022, mostró que de los mil millones de personas que viven con un trastorno mental en 2019, el 15% de los adultos en edad de trabajar experimentaron un trastorno mental. El trabajo amplifica problemas sociales más amplios que afectan negativamente a la salud mental, como la discriminación y la desigualdad. La intimidación y la violencia psicológica (también conocida como “mobbing”) son las quejas clave de acoso laboral que tienen un impacto negativo en la salud mental. Sin embargo, hablar o revelar la salud mental sigue siendo un tabú en los entornos laborales de todo el mundo.

Las directrices también recomiendan mejores formas de atender las necesidades de los trabajadores con problemas de salud mental, proponen intervenciones que apoyen su reincorporación al trabajo y, en el caso de los que padecen problemas graves de salud mental, ofrecen intervenciones que facilitan la incorporación al empleo remunerado. Es importante destacar que las directrices piden intervenciones dirigidas a la protección de los trabajadores sanitarios, humanitarios y de emergencias.

En otro documento de la OMS/OIT se explican las directrices de la OMS en términos de estrategias prácticas para los gobiernos, los empleadores y los trabajadores y sus organizaciones, en los sectores público y privado. El objetivo es apoyar la prevención de los riesgos para la salud mental, proteger y promover la salud mental en el trabajo, y apoyar a las personas con problemas de salud mental para que puedan participar y prosperar en el mundo del trabajo. Inversión y liderazgo serán fundamentales para la aplicación de las estrategias.

El Convenio de la OIT sobre Seguridad y Salud en el Trabajo (nº 155) y la Recomendación (nº 164) proporcionan un marco legal para proteger la salud y la seguridad de los trabajadores. Sin embargo, el Atlas de Salud Mental de la OMS descubrió que sólo el 35% de los países aseguraron contar con programas nacionales de promoción y prevención de la salud mental relacionada con el trabajo.

La COVID-19 provocó un aumento del 25% en la ansiedad y la depresión general en todo el mundo , lo que puso de manifiesto la falta de preparación de los gobiernos para lidiar con su impacto en la salud mental y reveló una escasez crónica de recursos de salud mental a nivel mundial. En 2020, los gobiernos de todo el mundo gastaron una media de sólo el 2% de los presupuestos sanitarios en salud mental, y los países de renta media-baja invirtieron menos del 1%.

Fuente: OIT 28 de septiembre de 2022

Brindar a las mujeres y las niñas el acceso a métodos anticonceptivos seguros forma parte de las responsabilidades de los Estados de garantizar el más alto nivel posible de salud física y mental para todos, subrayaron tres relatores especiales y un grupo de trabajo de derechos humanos de la ONU*.

En una declaración conjunta, los expertos se refirieron a los retrocesos registrados en algunos países que afectan el derecho a la salud sexual y reproductiva, incluido el derecho al aborto, y recalcaron que las decisiones autónomas de las mujeres y niñas deben ser respetadas.

“Las leyes de derechos humanos estipulan que las mujeres deben ser libres de decidir cuándo quedar embarazadas, cuántos hijos tener y cómo espaciar los embarazos. El pleno disfrute de las garantías de salud sexual y reproductiva es indispensable para que las mujeres y las niñas puedan ejercer todos los demás derechos humanos y para lograr la igualdad de género”, afirmaron.

La declaración de los expertos se produce con motivo del Día Mundial de la Anticoncepción, por celebrarse el 26 de septiembre, y el Día Internacional del Aborto Seguro, el 28 de septiembre, fechas que los expertos aprovechan para instar a los Estados y sus instituciones “a priorizar los derechos a la salud sexual y reproductiva, y a adoptar legislaciones, políticas y decisiones que aseguren a las mujeres y niñas el pleno ejercicio de su derecho al acceso a la salud sexual y reproductiva y a servicios sanitarios -incluido el aborto seguro-, sin temor a la intimidación, el estigma o la penalización, de conformidad con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”.

La declaración cita los datos de la Organización Mundial de la Salud que indican que cada año mueren hasta 39.000 mujeres por falta de servicios de aborto seguro y recalca la importancia de prevenir embarazos no deseados a través del acceso a métodos anticonceptivos, servicios de aborto seguro y atención postaborto de calidad.

Todas las mujeres y niñas deben tener un acceso adecuado a métodos anticonceptivos seguros, eficaces y asequibles de su elección, incluidos los anticonceptivos modernos de acción corta y prolongada y otros métodos como la anticoncepción de emergencia, así como cualquier otro método para evitar embarazos forzados.

Los relatores explicaron que al garantizar este derecho, los Estados deben respetar la capacidad de las mujeres y las niñas para la toma de decisiones autónomas y no limitar el acceso a los anticonceptivos a la obtención de la autorización de los esposos, parejas o padres.

Asimismo, argumentaron que las estrategias de salud sexual y reproductiva deben tener en cuenta las necesidades de las mujeres lesbianas y bisexuales, los hombres trans y todas las personas de género diverso para quienes son relevantes. Advirtieron que los Estados son responsables de cualquier acto, incluidos los actos de omisión, que viole los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas por parte de actores estatales y no estatales.

Los relatores llamaron a los Estados a trabajar arduamente para desmantelar todas las barreras prácticas ancladas en la falta de regulaciones oficiales, como la objeción de conciencia y la imposición de un requisito de consentimiento conyugal, incluso cuando no lo exija la ley.

Los especialistas en derechos humanos encomiaron el reconocimiento constitucional de los derechos sexuales y reproductivos que han hecho algunos países y exhortaron a todos los Estados a adherirse a seguir ese camino.

Si bien la gobernanza de los riesgos biológicos no puede estar bajo la responsabilidad exclusiva de un organismo internacional, la OMS, a través de su liderazgo, se propone aprovechar la evolución de las ciencias de la vida para mejorar la salud mundial, adelantándose a los riesgos que plantean tales novedades y mitigándolos. El Marco se aplicará en el ámbito nacional y local, con el apoyo de las oficinas regionales de la OMS y otros asociados.

Como parte de su Colección de estudios sectoriales y regionales, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta el estudio Conociendo la industria farmacéutica.

El documento ofrece un panorama económico de las actividades productivas, el empleo, los salarios, las cadenas productivas, la inflación y el comercio exterior de esta industria. La finalidad es dimensionar su importancia en la economía nacional.

Algunos aspectos relevantes de la industria farmacéutica

La evolución del Producto Interno Bruto (PIB) de la industria farmacéutica a precios constantes muestra dos periodos diferenciados. El primero, de 1993 a 2008, tuvo un crecimiento promedio anual de 3.0 % y el segundo se marcó por una reducción a partir de 2009.

Lo anterior fue consecuencia, entre otras cosas, de la reestructuración de las cadenas de valor a nivel internacional. Esto ocasionó que México dejara de producir algunos medicamentos y se tuvieran que importar.

El PIB de la industria farmacéutica tuvo un crecimiento de 8.4 % en 2021 respecto a 2020 y alcanzó un nivel superior al que se tenía antes de la pandemia por la COVID-19.

De 2003 a 2021, los establecimientos de la industria farmacéutica aumentaron de 480 a 908, lo que representó un crecimiento promedio anual de 3.6 por ciento.

En 2018, 30.0 % de las unidades económicas de la industria farmacéutica eran establecimientos medianos y grandes. Este porcentaje contrasta con el 1.1 % que este tipo de unidades económicas representan a nivel nacional.

Los empleos de la industria farmacéutica aumentaron 3.6 % en 2020 respecto a 2019. Lo anterior se traduce en 79 000 puestos de trabajo en total.

En 2018, en la industria farmacéutica 46.5 % del personal ocupado fueron mujeres. En el promedio de la economía, las mujeres ocupan 41.3 % de los puestos y en las manufacturas, 36.9 por ciento.

En 2020, 81.4 % de las exportaciones de esta industria se concentró en nueve países. El principal destino fue Estados Unidos de América, con 42.3 por ciento. Con relación a las importaciones, 83.2 % se concentró en ocho países. El mayor porcentaje provino de Estados Unidos de América con 30.7 % y lo siguió China, con 14.2 por ciento.

La Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) instituyeron el 10 de septiembre como el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El objetivo es que las naciones implementen y promuevan acciones para su prevención y que en todo el mundo se fomenten compromisos y medidas prácticas para prevenirlos.

Con el propósito de contribuir a esta causa, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ofrece información actualizada sobre estos hechos. En esta ocasión, se concentra en los suicidios de las personas de 15 a 29 años, pues, según las últimas estimaciones de la OMS, son la cuarta causa de muerte en este grupo.

Panorama actual del suicidio en México

En 2021, las estadísticas de mortalidad reportaron que del total de fallecimientos en el país (1 093 210), 8 351 fueron por lesiones autoinfligidas. Esto representa una tasa de suicidio de 6.5 por cada 100 mil habitantes. De los decesos por esta causa, destaca que los hombres tienen una tasa de 10.9 suicidios por cada 100 mil (6 785). La tasa para las mujeres es menor: 2.4 por cada 100 mil (1 552).

El grupo con mayor riesgo de fallecimiento por homicidio es el de las personas de 15 a 29 años, con una tasa de 10.4 por cada 100 mil. A este sigue el grupo de 30 a 59 años, con 8.3 por cada 100 mil.

Los hombres de 15 a 29 años son el grupo con mayor riesgo debido a que ocurren 16.2 suicidios por cada 100 mil hombres entre estas edades.

Principales resultados

Características de la muerte fetal

Las Estadísticas de Defunciones Fetales (EDF) se obtienen anualmente del aprovechamiento de los registros administrativos de las oficinas del Registro Civil distribuidas en todo el país.

La información que integra las EDF se suministró por 1 435 fuentes informantes, además de los casos que se reciben en formato digital por parte de la Secretaría de Salud (SSA), en el marco del convenio vigente para el intercambio de información en la materia. Lo anterior se realiza con base en la propuesta sometida a consulta pública para mejorar la captación en las EDF, que se llevó a cabo del 14 de mayo al 10 de junio de 2020.

En México, durante 2021, se registraron 23 000 defunciones fetales, con lo que se obtiene una tasa de 1.44 habitantes por cada 10 000 con la captación tradicional y de 1.80 con la incorporación de la información captada por la SSA.

De acuerdo con el informe más reciente del Programa Conjunto de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la mitad de los establecimientos de salud del mundo carecen de aseos y de servicios básicos de higiene dotados de agua y jabón o desinfectante hidroalcohólico en las instalaciones donde se presta atención a los pacientes. Los cerca de 3850 millones de personas que acuden a estos establecimientos corren un gran riesgo de contraer infecciones, más aún si se tiene en cuenta que 688 millones son atendidos en establecimientos donde no hay ningún tipo de servicio de higiene.

En el informe sobre los progresos realizados en el periodo 2000–2021 en materia de agua, saneamiento e higiene en los establecimientos de salud, que se centra especialmente en su utilidad para prevenir y controlar las infecciones, se establecen por primera vez unas referencias aplicables a todo el mundo sobre los servicios de higiene. Gracias a que, en esta ocasión, el número de países que han proporcionado datos sobre elementos esenciales de los servicios de agua, saneamiento e higiene en sus hospitales y establecimientos de salud ha sido más alto que en los informes anteriores, se han podido establecer estas referencias relativas al acceso en los puntos de atención de salud y los aseos. Actualmente se dispone de datos sobre los servicios de higiene procedentes de 40 países, que abarcan el 35% de la población mundial, mientras que en 2019 y 2020 solo se tenían datos de 14 y de 21 países, respectivamente.

Estas nuevas estimaciones ponen de manifiesto un panorama claro y más alarmante sobre la situación de la higiene en los establecimientos de salud. Aunque el 68% de ellos disponen de estas instalaciones en los lugares donde se atiende a los pacientes y el 65% cuentan con puntos para lavarse las manos con agua y jabón en los aseos, solo el 51% dispone de ambos recursos y, por consiguiente, cumple los criterios establecidos para los servicios básicos de higiene. Otro dato revelador es que uno de cada 11 establecimientos de salud (el 9%) no dispone de ninguno de estos recursos.

En el informe se señala que los ambientes y las manos contaminadas son una fuente importante de transmisión de patógenos y de generación de resistencias a los antimicrobianos en los establecimientos de salud. Para mejorar los programas de control y prevención de las infecciones es fundamental dotar de más acceso a puntos para lavarse las manos con agua y jabón e higienizar el entorno. Se trata de medidas imprescindibles a fin de prestar una atención de calidad, sobre todo para el parto sin riesgos.

La cobertura de las instalaciones de agua, saneamiento e higiene sigue siendo desigual en las distintas regiones y países en función del grupo de ingresos al que pertenecen:

Principales resultados

Establecimientos

En 2021, se integró información de 2 886 establecimientos particulares que se encuentran en 563 municipios o alcaldías. De estos, 72 cuentan con al menos 10 establecimientos particulares, y concentran 1 513 (52.4 %). Los siguientes municipios y alcaldías cuentan con más de 20 establecimientos particulares y suman 856 (29.7 %): Tijuana, Guadalajara, Iztapalapa, Nezahualcóyotl, Puebla, Ecatepec, Toluca, Gustavo A. Madero, Juárez, Cuauhtémoc, Morelia, León, Monterrey, Naucalpan de Juárez, Tuxtla Gutiérrez, Cuernavaca, Oaxaca de Juárez, Acapulco de Juárez, Zapopan, Querétaro, Reynosa, San Luis Potosí y Durango.

En cuanto a la cantidad total de camas censables en establecimientos particulares de salud (36 095), 56 municipios o alcaldías cuentan con 100 y más, y se ubican en 1 334 establecimientos (46.2 % del total de establecimientos). Hay 26 municipios y alcaldías con más de 300 camas censables cada uno: Monterrey, Guadalajara, Cuauhtémoc, Tijuana, Puebla, Miguel Hidalgo, Zapopan, Morelia, León, Juárez, San Luis Potosí, Benito Juárez, Querétaro, Chihuahua, Nezahualcóyotl, Toluca, Gustavo A. Madero, Mérida, Aguascalientes, Naucalpan de Juárez, Iztapalapa, Ecatepec, Tlalpan, Álvaro Obregón, Tuxtla Gutiérrez y Reynosa.

Siete entidades concentraron 57.7 % de camas censables en establecimientos particulares: Ciudad de México 4 907 (13.6 %), México 4 001 (11.1 %), Jalisco 3 147 (8.7 %), Michoacán 2 524 (7.0 %) Nuevo León 2 347 (6.5 %), Guanajuato 2 223 (6.2 %) y Puebla 1 663 (4.6 %).

Unos 900 millones de personas de 35 países de América, el 96% de la población, cuentan con al menos una de las seis medidas de control del tabaco recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, un 50% más que las registradas el año 2007, informó la Organización Panamericana de la Salud.

El Informe sobre el control del tabaco para la Región de las Américas 2022 indica que 26 de los 35 países de la región han alcanzado el máximo nivel de aplicación de al menos una de esas órdenes, pero en otras, como el aumento de los impuestos al tabaco, han avanzado con lentitud, y nueve países todavía no han adoptado ninguna medida.

Los progresos en la aplicación de las seis normas, conocidas como MPOWER* y establecidas por la Organización Mundial de la Salud en 2008, contribuyeron a reducir el número de consumidores, que pasaron de representar el 28% de la población de la región en 2000 al 16,3% en 2020, la segunda cifra más baja del mundo a ese nivel.

La agencia recuerda que el consumo de tabaco es el principal factor de riesgo en seis de las ocho principales causas de muerte en el mundo, así como para las cuatro enfermedades no transmisibles más prevenibles y prevalentes: cardiovasculares, diabetes, cáncer y afecciones respiratorias crónicas.

El estudio también advierte sobre la alta disponibilidad y accesibilidad de nuevos productos que pueden contener nicotina, como los cigarrillos electrónicos y alerta sobre las afirmaciones engañosas que usa la industria del tabaco para ganar consumidores e introducirse en nuevos mercados.

Siete países de América prohíben la venta de sistemas electrónicos de administración de nicotina. Cinco de esas naciones y otras trece adoptaron medidas parciales para prohibir su uso, limitar su publicidad, promoción y patrocinio o exigieron advertencias en su empaquetado. Por el contrario, quince no imponen ningún tipo de marco regulador.

El estudio halló que durante el año pasado sobre 35 países del continente americano:

Las seis medidas MPOWER son:

1.- Vigilar el consumo de tabaco y las políticas de prevención.

2.- Ofrecer ayuda para dejar el tabaco.

3.- Advertir de los peligros del tabaco.

4.-Hacer cumplir las prohibiciones sobre publicidad, promoción y patrocinio del tabaco.

5.- Aumentar los impuestos sobre el tabaco.

Esta Semana Mundial de la Lactancia Materna, ambas agencias de la ONU están pidiendo a los gobiernos que asignen mayores recursos para proteger, promover y apoyar políticas y programas de lactancia materna, especialmente para las familias más vulnerables que viven en situaciones de emergencia.

Durante emergencias, incluidas las de Afganistán, Yemen, Ucrania, el Cuerno de África, y la vasta región africana del Sahel, la lactancia materna garantiza una fuente de alimentos segura, nutritiva y accesible para bebés y niños pequeños.

Según la ONU, menos de la mitad de todos los recién nacidos son amamantados en la primera hora de vida, lo que los hace más vulnerables a las enfermedades y la muerte. Y solo el 44% de los bebés son amamantados exclusivamente en los primeros seis meses de vida, por debajo del objetivo de la Asamblea Mundial de la Salud dirigido, del 50% para 2025.

Proteger, promover y apoyar la lactancia materna es más importante que nunca, no solo para proteger nuestro planeta como el primer sistema alimentario natural y sostenible definitivo, sino también para la supervivencia, el crecimiento y el desarrollo de millones de bebés.

para aumentar la cantidad de bebés amamantados en todo el mundo, los gobiernos, los donantes, la sociedad civil y el sector privado deben concentrarse en cuatro áreas clave.

1.- Priorizar la inversión en políticas y programas de apoyo a la lactancia, especialmente en situaciones de fragilidad e inseguridad alimentaria.

2.- Equipar a los trabajadores de la salud y la nutrición en los establecimientos y las comunidades con las habilidades que necesitan para brindar asesoramiento de calidad y apoyo práctico a las madres.

3.- Proteger a los cuidadores y trabajadores de la salud para que no sean influenciados por la falta de ética del mercadeo de la industria de fórmulas para bebés mediante la plena adopción e implementación del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, incluso en contextos humanitarios.

4.- Implementar políticas e iniciativas de salud pública favorables a la familia, que brinden a las madres el tiempo, el espacio y el apoyo que necesitan para amamantar.

Una de las principales disparidades en la lucha contra el VIH-SIDA es la observada en la proporción de niños y adultos portadores del virus que reciben tratamiento con antirretrovirales: mientras que el 76% de los seropositivos adultos tienen acceso a esas terapias, lo menores alcanzan apenas al 52%.

Por ello, para hacer frente a esta inequidad, ONUSIDA, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), junto con socios internacionales, anunciaron una iniciativa para garantizar que ningún niño con VIH se quede sin tratamiento y que no haya nuevas infecciones infantiles al terminar esta década.

Los datos de ONUSIDA indican que 1,2 millones de niños y adolescentes hasta 19 años portadores del VIH no reciben tratamiento. De ellos 800.000 tienen entre 0 y 14 años y los 400.000 restantes oscilan entre 15 y 19. De este último grupo, una gran parte se habría infectado recientemente.

Las agencias de la ONU señalaron que el estigma, la discriminación, las leyes y políticas punitivas, la violencia y las desigualdades sociales y de género arraigadas en las sociedades dificultan el acceso de las mujeres, los adolescentes y los niños a la atención que requieren.

Según las agencias, las actividades preventivas y terapéuticas entre menores de 20 años no han sido prioritarias en las estrategias, planes y presupuestos nacionales.

La inversión insuficiente en servicios dirigidos o basados ​​en la comunidad también dificulta el acceso a pruebas, tratamiento y seguimiento en el cuidado, sobre todo entre las poblaciones más vulnerables, que incluyen a los niños y adolescentes.

Entre los participantes en la Alianza se cuentan organizaciones de la sociedad civil, incluida la Red mundial de personas que viven con el VIH, gobiernos nacionales de los países más afectados y socios internacionales.

La labor de la Alianza se centrará en cuatro acciones colectivas básicas:

1.- Otorgar tratamiento adecuado a todas las mujeres y adolescentes embarazadas o lactantes portadoras del VIH para eliminar la transmisión de madre a hijo.

2.- Prevenir y detectar nuevas infecciones de VIH entre las adolescentes y mujeres embarazadas y lactantes.

3.- Hacer accesibles las pruebas de diagnóstico y el tratamiento y atención integral para bebés, niños y adolescentes expuestos al virus o portadores de éste.

4.- Promover los derechos a la salud y la igualdad de género y eliminar las barreras sociales y estructurales que dificultan el acceso a los servicios.

Pese a los avances en la reducción de la transmisión vertical del VIH, los niños tienen muchas menos probabilidades que los adultos de acceder a los servicios de prevención, atención y tratamiento.

El mundo sufre actualmente a un nuevo brote de hepatitis aguda infantil de causas desconocidas. La OMS, en colaboración con científicos y responsables políticos de los países afectados, está trabajando para entender el origen de estas infecciones, que aparentemente no son provocadas por ninguno de los cinco tipos conocidos de virus: A, B, C, D y E.

Este nuevo brote sirve para recordar los miles de casos de hepatitis víricas agudas que afectan cada año a niños, adolescentes y adultos. La mayoría de las hepatitis agudas causan síntomas leves e incluso pueden pasar desapercibidas, pero en algunos casos provocan complicaciones e incluso la muerte. Se ha calculado que en 2019 se produjeron en el mundo 78 000 muertes por complicaciones de infecciones agudas por los virus de las hepatitis A, B, C, D y E.

Las iniciativas mundiales priorizan la eliminación de las hepatitis B, C y D. A diferencia de las hepatitis víricas agudas, estos tres virus causan hepatitis crónicas que duran décadas y provocan más de un millón de defunciones al año por cirrosis o cáncer de hígado; además, están detrás de más del 95% de las muertes por hepatitis. Aunque disponemos de las orientaciones y las herramientas necesarias para diagnosticar, tratar y prevenir las hepatitis víricas crónicas, estos servicios no suelen estar al alcance de las comunidades y, en ocasiones, solo se pueden obtener en hospitales centralizados o especializados.

En el Día Mundial contra la Hepatitis 2022, la OMS subraya la necesidad de acercar la atención a las hepatitis a los centros de atención primaria y a las comunidades para dar más acceso al tratamiento y la atención, sea cual sea el tipo de hepatitis que se padezca.

El objetivo de la OMS es eliminar las hepatitis víricas de aquí a 2030. Para lograrlo, ha pedido a los países que fijen metas específicas:

América Latina y el Caribe perdió 2,9 años de esperanza de vida al nacer entre 2019 y 2021 a consecuencia del COVID-19, pasando de 75,1 años en 2019 a 72,1 años en 2021, lo que la convierte en la región del mundo que perdió más años en la esperanza de vida debido a la pandemia, reveló un análisis de las tendencias recientes de la población de la región realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

De acuerdo al organismo, la caída entre 2019 y 2021 fue mayor en América Central, con una pérdida de 3,6 años, aunque se evidenció una aceleración en la pérdida de esperanza de vida en el Caribe en 2021, así como grandes desigualdades entre países.

Las proyecciones suponen que ya en 2022 comenzará la recuperación de los años perdidos de esperanza de vida, debido al proceso de vacunación y las medidas tomadas por los países para combatir la pandemia.

Según el análisis, la población de la región pasó de 168,3 millones de personas en 1950 a poco más de 660 millones en 2022 y se espera que comience a decrecer en aproximadamente 34 años.

El crecimiento cada vez menor de la población, resultante principalmente de la disminución de la fecundidad, llevará a la región a alcanzar su población máxima en el año 2056, con un total de 751,9 millones de personas, señala el análisis, que advierte un quiebre en la tendencia del crecimiento de la región en 2020 y 2021, como efecto de la pandemia de la COVID-19.

El análisis evidencia también un envejecimiento poblacional y la aproximación del fin del bono demográfico. Precisa que la región se encuentra en una etapa de envejecimiento relativamente acelerada y se proyecta que ya en 2047 la población de personas con 60 años y más supere a la de menos de 15 años. Se estima que en 1967 la relación de dependencia de la región empezó a decrecer, marcando el inicio del bono demográfico, mientras que, en 2029, se proyecta que la población dependiente (menores de 15 años y de 65 años y más) crecerá más que la población en edad de trabajar (de 15 a 64 años), lo que indica el aumento de la relación de dependencia y el fin del bono demográfico en la región, un bono que duraría cerca de 62 años. Sin embargo, persiste la heterogeneidad regional, existiendo distintos ritmos de envejecimiento.

Respecto a la fecundidad en las adolescentes de 15 a 19 años, las estimaciones y proyecciones muestran que América Latina y el Caribe presenta tasas de las más altas en el mundo, quedando solamente por debajo de las tasas estimadas y proyectadas para África. Pese a lo anterior, la región como promedio ha logrado aumentar el ritmo de descenso de la fecundidad adolescente desde 2010 pasando de 73,1 hijos por 1000 mujeres de 15-19 años en 2010 a 52,1 en 2022. Sin embargo, sigue siendo un valor elevado comparado con otras regiones del mundo y es 48% mayor que el promedio mundial. Nueve países de la región se encuentran entre los 60 países con mayor tasa de fecundidad adolescente del mundo en 2015-2020.

Finalmente, el análisis aborda la creciente importancia de la migración intrarregional y advierte que uno de los principales desafíos para el estudio de la migración es la disponibilidad de fuentes de datos que den cuenta de los patrones migratorios, flujos y características de la población migrante.

Precisa que América Latina y el Caribe se caracteriza por ser una región expulsora de población, con saldo migratorio negativo desde 1950 a la fecha. En ese sentido, y pese a las dificultades de movimiento de la población durante la pandemia, principalmente por el cierre de fronteras, la región presentó saldos migratorios negativos en 2020 y 2021, pero inferiores a los estimados para 2019.

El dinamismo con que se dan los cambios demográficos en la región, en especial el descenso de la fecundidad y los movimientos migratorios, y recientemente el impacto del COVID-19, llevan a que la CEPAL, en conjunto con la División de Población de las Naciones Unidas, realice un constante monitoreo y revisión de las estimaciones y proyecciones de población. Solo con información oportuna y de calidad es posible elaborar estimaciones y proyecciones de población que reflejen la realidad demográfica de los países de la región y del mundo.

Pese a la eficacia de los tratamientos contra el VIH y de las herramientas para prevenir, detectar y tratar las infecciones oportunistas, la pandemia de sida se cobró el año pasado una media de una vida por minuto con 650.000 muertes, destacó un nuevo informe de ONUSIDA.

Aunque las cifras globales parecen indicar una caída de los registros de los nuevos casos de la enfermedad, el número de nuevas infecciones a nivel mundial se redujo solo un 3,6% entre 2020 y 2021, el menor descenso anual de nuevos contagios por el VIH desde 2016.

A este registro, se le suma otro dato importante: desde hace varios años, Europa del Este y Asia Central, Oriente Medio y el Norte de África y América Latina siguen experimentando crecimientos anuales de las infecciones por el VIH.

Así, en Asia y el Pacífico las nuevas infecciones por VIH aumentan donde antes disminuían y en África oriental y meridional, el rápido progreso de los años anteriores se ralentizó considerablemente en 2021.

La falta de progreso provocó que el año pasado se registraran cerca de 1,5 millones de nuevas infecciones, una cifra que supera en más de un millón los objetivos mundiales contra la enfermedad.

Las mujeres y las adolescentes fueron el grupo poblacional más afectado por las nuevas infecciones durante el 2021, con un nuevo contagio cada dos minutos.

El crecimiento de VIH en clave de género, en particular para las mujeres jóvenes y las niñas africanas, coincidió con la interrupción de los servicios de tratamiento y prevención de la enfermedad, con millones de niñas que se quedaron sin asistir a la escuela debido a las pandemias, y por el aumento de los embarazos adolescentes, junto a la violencia de género.

El informe también muestra que el acceso al tratamiento antirretroviral de todas las personas que conviven con el VIH está fallando, ya que durante 2021 creció más lentamente que en toda una década.

El estudio destaca las devastadoras consecuencias que pueden suceder si no se toman medidas urgentes para atajar estas desigualdades. De mantenerse el ritmo actual, el número de nuevas infecciones anuales superará los 1,2 millones en 2025, año en el que los Estados miembros de las Naciones Unidas se fijaron un objetivo de menos de 370.000 nuevos contagios.

La ayuda al desarrollo para el VIH procedente de donantes bilaterales, aparte de los Estados Unidos de América, se ha desplomado un 57% en la última década. La respuesta al VIH en los países de ingresos bajos y medios tiene un déficit de 8000 millones de dólares con relación a la cantidad necesaria para 2025.

En la búsqueda de facilitar aún más el acceso a los test de diagnóstico, la Organización Mundial de la Salud (OMS) precalificó una prueba casera que costará sólo un dólar gracias una nueva asociación entre la Iniciativa Clinton de Acceso a la Salud y las empresas MedAccess y Biotech.

Según la OMS, muchas personas entre las poblaciones de alto riesgo de contraer el VIH consideran que la autoevaluación es una opción conveniente y confidencial de detección del virus.

La OMS recomienda el autodiagnóstico del VIH como una forma segura, precisa y eficaz de llegar a las personas que de otro modo no se harían la prueba y, hasta la fecha, ha precalificado seis pruebas caseras tanto en fluidos orales como en productos a base de sangre, asegurando la calidad y facilidad de su uso.

La crisis climática, la pandemia de COVID-19 y un mayor número de conflictos en el mundo ponen en peligro la consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), advirtió en su informe la ONU.

La publicación destaca la gravedad y la magnitud de los desafíos que enfrentamos, con estas crisis en cascada que se interceptan, afectando la alimentación y la nutrición, la salud, la educación, el medio ambiente y la paz y la seguridad, y dificultando la carrera hacia el logro de los ODS, establecidos en 2015 para la construcción de sociedades más resilientes, pacíficas, justas y equitativas para todos los habitantes del planeta.

Según los datos de la ONU, la pandemia ha causado estragos en los Objetivos y sus efectos aún están lejos de terminar. El “exceso de muertes” a nivel mundial atribuible directa e indirectamente al COVID-19 sumaba 15 millones a fines de 2021.

Esto significa un retroceso de más de cuatro años en el alivio de la pobreza que había sumido a 93 millones de personas más en la pobreza extrema en 2020. Además, unos 147 millones de niños perdieron más de sus clases presenciales en últimos dos años.

Para evitar los peores efectos del cambio climático, como se establece en el Acuerdo de París, las emisiones globales de gases de efecto invernadero deberán alcanzar su punto máximo antes de 2025 y luego disminuir en un 43% para 2030, cayendo a cero neto para 2050. Sin embargo, esas emisiones crecerán casi un 14% en la próxima década.

Los países y grupos de población más vulnerables del mundo sufren de manera desproporcionada todas estas afectaciones, con las mujeres a la cabeza de las pérdidas de empleo y un mayor trabajo de cuidados en el hogar, además de encarar una violencia doméstica exacerbada por los confinamientos de la pandemia.

Los países menos adelantados luchan contra un crecimiento económico débil, una inflación creciente, grandes interrupciones en la cadena de suministro, incertidumbres políticas y una deuda insostenible.

La ONU advirtió que el mundo se encuentra frente a una disyuntiva que definirá su futuro: abandonar los compromisos de ayudar a los más vulnerables, o redoblar los esfuerzos por revitalizar la marcha hacia los Objetivos y construir un mejor porvenir para las personas y el planeta en 2030. El informe sostiene que para que el mundo salga fortalecido de la crisis y se prepare para los desafíos que se avecinen, es imperativo el financiamiento de la infraestructura de datos e información de los gobiernos nacionales y la comunidad internacional.

Entre los datos negativos que detalla el estudio, destacan los siguientes:

El número de personas que padecen hambre en el mundo aumentó hasta alcanzar los 828 millones de personas en 2021, lo que supone un aumento de unos 46 millones desde 2020 y de 150 millones desde el brote de la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19), según un informe de las Naciones Unidas en el que se aportan nuevas pruebas que muestran que el mundo se está alejando de su objetivo de acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en todas sus formas de aquí a 2030.

En la edición de 2022 del informe El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo (SOFI) se presenta información actualizada sobre la situación de la seguridad alimentaria y la nutrición en todo el mundo, incluidas las últimas estimaciones sobre el costo y la asequibilidad de las dietas saludables. Además, en el informe se plantean las formas en que los gobiernos pueden reorientar el apoyo que actualmente prestan a la agricultura para reducir el costo de las dietas saludables, teniendo en cuenta los limitados recursos públicos disponibles en muchas partes del mundo.

Elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), el estudio destaca también el avance de la pobreza extrema y la creciente desnutrición crónica.

Las cifras describen un panorama desalentador:

En el informe se destaca de manera notable que el apoyo mundial al sector alimentario y agrícola representó un promedio anual de casi 630 000 millones de USD entre 2013 y 2018. La mayor parte de ese apoyo se destina a los agricultores individualmente, a través de las políticas sobre comercio y mercados y de subvenciones fiscales. No obstante, en gran parte, este apoyo no solo distorsiona el mercado, sino que tampoco está llegando a muchos agricultores, daña el medio ambiente y no promueve la producción de alimentos nutritivos que conforman una dieta saludable. Esto se debe, entre otras cosas, al hecho de que las subvenciones suelen dirigirse a la producción de alimentos básicos, lácteos y otros alimentos de origen animal, especialmente en los países de ingresos altos y los países de ingresos medianos altos. El arroz, el azúcar y las carnes de diversos tipos son los alimentos que más incentivos reciben a nivel mundial, mientras que las frutas y las hortalizas reciben un apoyo relativamente menor, sobre todo en algunos países de ingresos bajos.

Ante la amenaza de una recesión mundial y las consecuencias que comporta para los ingresos y gastos públicos, una forma de contribuir a la recuperación económica pasa por adaptar el apoyo a la alimentación y la agricultura para destinarlo a alimentos nutritivos allí donde el consumo per cápita aún no alcanza los niveles recomendados para una dieta saludable.

Los datos sugieren que, si los gobiernos adaptan los recursos que están utilizando para incentivar la producción, la oferta y el consumo de alimentos nutritivos, contribuirán a hacer las dietas saludables menos costosas y más asequibles y equitativas para todas las personas.

Por último, en el informe también se señala que los gobiernos podrían hacer más por reducir los obstáculos al comercio de alimentos nutritivos como las frutas, las hortalizas y las legumbres.

“El mundo está retrocediendo en sus esfuerzos por acabar con el hambre, la inseguridad alimentaria y la desnutrición para 2030, un objetivo establecido por las Naciones Unidas en 2015”, afirma la edición correspondiente a 2022 del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, publicada por cinco organismo de la ONU.

Elaborado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF), el estudio destaca también el avance de la pobreza extrema y la creciente desnutrición crónica.

El informe indica que el número de personas afectadas por el hambre en el mundo llegó a 828 millones en 2021 -el 9,8% de la población mundial-, un aumento de 46 millones desde 2020 y de 150 millones desde el comienzo de la pandemia de COVID-19.

El texto lamenta las proyecciones para 2030, que apuntan a casi 670 millones de personas -el 8 % de la población mundial- todavía con hambre, incluso calculando una recuperación económica global. El número no está lejos al de las personas hambrientas en 2015, cuando se fijó la meta de poner fin al hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición para fines de esta década en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

El estudio detalla que en 2021 unos 2300 millones de personas padecieron inseguridad alimentaria a nivel moderado o grave, 350 millones más que al principio de la pandemia; y casi 924 millones -11,7% de la población mundial-, la enfrentaron en niveles severos, un incremento de 207 millones en dos años.

Las cifras desagregadas marcan que el 31,9% de las mujeres sufrió inseguridad alimentaria, una proporción mayor que el 27,6% de los hombres afectados por el mismo flagelo. Los números representan una brecha de género de 4 puntos porcentuales, en 2020 la diferencia era de 3 puntos.

Además, casi 45 millones de niños menores de cinco años presentaron emaciación, la forma más letal de desnutrición ya que aumenta hasta doce veces el riesgo de que mueran; mientras que 149 millones de menores de cinco años tenían retraso en el crecimiento y el desarrollo debido a la falta crónica de nutrientes esenciales en sus dietas. Por otra parte, 39 millones tenían sobrepeso.

El estudio cita avances en la lactancia materna exclusiva, con casi el 44% de los bebés menores de seis meses del mundo alimentados sólo con leche materna en 2020. La cifra aún está por debajo del objetivo del 50% para 2030.

El estado del hambre y la nutrición en América Latina y el Caribe no es mejor que en el resto del mundo.
De acuerdo con el informe, entre 2020 y 2021, cuatro millones de personas se sumaron al conjunto de hambrientos en la región.

El retroceso se produce después de un aumento ya desalentador de nueve millones de personas entre 2019 y 2020. Con respecto a las personas desnutridas, el número se ubicó en 56,5 millones en 2021, el 8,6% de la población regional.

Según el informe, en América Latina y el Caribe se concentra el 7,4% de la población mundial que sufre hambre; más de la mitad de las personas hambrientas vive en Asia, y más de un tercio en África.

La inseguridad alimentaria también sigue empeorando en la región. En 2021, el 40,6 % de la población, 268 millones de personas, encararon inseguridad alimentaria moderada o grave, un 1,1% más que el año previo.

La inseguridad alimentaria grave afectó a 93,5 millones de personas en 2021, luego de aumentar 1,4%, a 14,2%, un incremento de casi 10 millones de personas en un año, y casi 30 millones más en comparación con 2019.

Cerca de la tercera parte de las mujeres que viven en los países en desarrollo se convierte en madre antes de los 19 años y casi la mitad de los primeros nacimientos de adolescentes son de niñas de 17 años o menos, informó este martes el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en un nuevo estudio sobre el tema.

Remediar este fenómeno, que desafortunadamente disminuye a un ritmo que alcanza apenas tres puntos porcentuales por década, requiere inversiones por parte de los gobiernos que amplíen las oportunidades, educación y capacidades de las adolescentes para evitar así embarazos precoces no deseados.

La agencia recomienda a los responsables de la elaboración de políticas, tomar en cuenta la urgencia de ofrecer a las niñas educación sexual integral, tutoría, apoyo social y servicios de salud de calidad, además de brindar apoyo económico a las familias e involucrar a las organizaciones locales.

El informe revela que, de acuerdo con los datos del periodo 2015-2019, aunque la fecundidad mundial ha disminuido, las mujeres que comenzaron a tener hijos en la adolescencia tuvieron casi cinco nacimientos al llegar a los 40 años.

Detalla que casi el 75% de las niñas con un primer parto a los 14 años o menos tiene un segundo alumbramiento en la adolescencia, y agrega que el 40% de las que tienen dos partos tienen un tercer hijo antes de salir de la adolescencia.

El UNFPA recuerda que las complicaciones del parto son una de las principales causas de muerte y lesiones entre las adolescentes.

Subraya también que ser madre adolescente puede dar lugar a otras graves violaciones de derechos humanos así como acarrear consecuencias sociales graves, entre ellas el matrimonio infantil, la violencia de pareja y los problemas de salud mental.

El análisis por regiones marca diferencias considerables y coloca a América Latina y el Caribe a la cabeza de la maternidad adolescente.

América Latina y el Caribe y los países de renta media de Europa han registrado los mayores aumentos de madres adolescentes, con el 18% del total de los nacimientos en los países latinoamericanos y caribeños.

En cambio, las naciones del norte de África y de Asia occidental han registrado el declive más pronunciado en el mundo de nacimientos durante la adolescencia, para abarcar en la actualidad el 6% del total.

De ese conjunto de naciones, destacan siete por haber documentado al menos el 20% de todos los nacimientos de adolescentes en los últimos años: Bangladesh, Colombia, República Dominicana, El Salvador, Etiopía, Gabón y Nepal. Esos alumbramientos fueron de mujeres que hoy tienen una media de 40 años.

El 23% de nacimientos adolescentes entre las mujeres que hoy alcanzan los 40 años en América Latina ocurrieron en Colombia.

Entre 2005 y 2020, las Naciones Unidas verificaron más de 266.000 violaciones graves contra la infancia cometidas por las partes en más de 30 situaciones de conflicto en África, Asia, Oriente Medio y América Latina, dijo UNICEF en un nuevo informe. Esta cifra representa solamente una fracción de todas las violaciones que se cree que se han producido, ya que las limitaciones en materia de acceso y seguridad, entre otras, y la vergüenza, el dolor y el miedo que sufren los niños y las familias supervivientes dificultan a menudo la denuncia, la documentación y la verificación de las violaciones graves contra la infancia en situaciones de conflicto armado.

El informe, titulado 25 años de conflictos armados y la infancia: Actuar para proteger a los niños y niñas en la guerra, reveló que entre 2005 y 2020 se han verificado los datos siguientes: más de 104.100 niños y niñas han sido asesinados o mutilados en situaciones de conflicto armado; más de 93.000 niños y niñas han sido reclutados y utilizados por las partes en conflicto; al menos 25.700 niños y niñas han sido secuestrados; y las partes en conflicto han violado, casado a la fuerza, explotado sexualmente y cometido otras formas graves de violencia sexual contra al menos 14.200 niñas y niños. Las Naciones Unidas verificaron más de 13.900 incidentes de ataques contra escuelas y hospitales y no menos de 14.900 incidentes de denegación de acceso humanitario a los niños desde 2005.

El informe señala que muchos niños y niñas sufren más de una violación, un factor que aumenta su vulnerabilidad.

El informe constata que todas las partes en conflicto, tanto los Estados como los agentes no estatales, cometen graves violaciones contra los niños. Entre 2016 y 2020, los agentes estatales –incluidas las fuerzas y coaliciones nacionales e internacionales– fueron responsables de al menos el 26% de todas las violaciones. En comparación, los agentes no estatales fueron responsables de alrededor del 58% de todas las violaciones verificadas, lo que destaca la importancia de comprometerse con todas las partes en conflicto, incluidos los agentes no estatales, para poner fin y prevenir de forma contundente las violaciones contra la infancia.

El informe también constató lo siguiente:

Poco antes de que varios dirigentes mundiales se reúnan en la cumbre del G7, UNICEF pide 1.200 millones de dólares para:

Las recomendaciones del informe, basadas en las pruebas y los análisis presentados, tienen por objeto movilizar a todas las partes interesadas, incluidas las partes en conflicto, los Estados y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, para proteger a los niños de forma eficaz y sostenible y acelerar la acción a nivel local, nacional, regional y mundial.

Además de hacer un llamamiento a las partes en conflicto y a los Estados para que cumplan con sus obligaciones en virtud de los derechos humanos internacionales y el derecho humanitario, el informe incluye una serie de recomendaciones sobre las cuestiones siguientes:

Si bien la pandemia de COVID-19 aún no ha terminado, ofrece lecciones valiosas que pueden ayudar al mundo a responder mejor a otras crisis, dice el Informe COVID 2022 de la UNCTAD.

El informe detalla cómo la pandemia ha expuesto las debilidades en la estructura del orden social y económico internacional. Al mismo tiempo, encuentra una resiliencia notable en varias áreas, pero solo algunas personas se han beneficiado de esto, dejando a muchos atrás.

La pandemia ha puesto de relieve que desarrollar la resiliencia del sistema mundial ante las crisis y proteger a los más vulnerables es una responsabilidad compartida y el único camino viable a seguir.

El informe dice que la pandemia no solo ha demostrado cuán interconectado está el mundo, sino que también ha revelado las profundas desigualdades que existen entre los países en muchas dimensiones.

La UNCTAD dice que el mundo debe abordar urgentemente estas desigualdades para evitar una década perdida para los países en desarrollo y mantenerse en el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.

El comercio mundial se redujo en unos 2,5 billones de dólares en 2020 (o alrededor del 9 % en relación con 2019), pero se recuperó con fuerza y ​​alcanzó un máximo histórico de unos 28,5 billones de dólares en 2021, lo que equivale a un aumento de alrededor del 13 % en relación con los niveles previos a la pandemia.

Pero surgieron importantes diferencias a nivel regional y nacional. Las exportaciones de los países más pobres se recuperaron considerablemente menos durante 2021, descubrió la UNCTAD.

Las estrategias de eficiencia y reducción de costos continúan siendo el objetivo primordial de las empresas globales, dice el informe.

Impulsado por la creciente demanda mundial, el transporte marítimo también se recuperó más rápidamente de lo esperado. En 2021, los envíos marítimos se expandieron 3,3% y para 2022 se proyecta un crecimiento de 2,6%.

Según el modelo de simulación de la UNCTAD, un aumento sostenido de las tarifas de flete puede conducir a un aumento de los precios al consumidor a nivel mundial del 1,6 % en 2023.

El informe dice que las intervenciones gubernamentales influyeron en gran medida en la producción y ubicación de las vacunas COVID-19.

El informe dice que tanto el comercio internacional como los acuerdos de inversión tienen disposiciones sobre licencias obligatorias para anular los derechos de propiedad intelectual en situaciones de emergencia. Pero durante los últimos dos años, a ninguna empresa se le ha otorgado una licencia obligatoria para fabricar una vacuna contra el COVID-19, lo que destaca la necesidad de mejorar aún más la cooperación internacional durante las emergencias.

El informe señala que la asistencia oficial para el desarrollo a los países en desarrollo alcanzó un nuevo máximo de 178 900 millones de dólares en 2021, impulsada por las donaciones de vacunas y otros financiamientos relacionados con la COVID-19.

Las medidas de apoyo fiscal han aumentado la deuda pública en muchos países en desarrollo a niveles insostenibles. La Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda debe extenderse, recomienda la UNCTAD.

Subraya que la vulnerabilidad de la deuda no ha recibido la atención adecuada y requiere una agenda política más ambiciosa.

El informe también dice que si bien COVID-19 ha provocado un aumento en la transformación digital en todo el mundo, las brechas cada vez mayores han impedido que muchas personas aprovechen las oportunidades en la economía digital.

Subraya que el mundo tiene una oportunidad única en la vida de rehacer la sociedad para un futuro mejor. La visión y muchas herramientas para hacerlo existen y pueden activarse, pero se necesita una acción internacional coordinada para tener éxito en este esfuerzo.

La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 26 de junio como el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el tráfico de Drogas. El propósito es concientizar sobre las implicaciones que el uso indebido de las drogas y su tráfico ilegal tienen sobre el bienestar y la salud de la sociedad.

La Estrategia Hemisférica sobre Drogas —aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 1997 y adoptada por la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) en 2010— exhorta a los países miembros (entre ellos México) a generar información sobre la demanda y oferta de drogas, así como sobre las acciones gubernamentales para su prevención, tratamiento y combate. Lo anterior incluye aquellas dirigidas a la recuperación y reinserción social de las personas infractoras de la ley penal que padecen adicción a las drogas.

Para entender mejor este problema en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta información sobre los delitos relacionados con drogas cometidos por la población privada de la libertad (PPL) y sobre el uso de sustancias psicoactivas en esta población. Los datos provienen de los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios Estatales y Federal (2021) y de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL, 2021).

En cuanto a drogas ilegales, los delitos de narcomenudeo —que las autoridades del fuero común sancionan— ocurren si la cantidad de sustancias psicoactivas (cannabis, cocaína, opio, heroína, alucinógenos o estimulantes de tipo anfetamínico) es inferior a lo que resulte de multiplicar por mil el gramaje especificado en la Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato, que estable la Ley General de Salud, y cuando no existen elementos para presumir delincuencia organizada. Cuando esa cantidad se rebasa, entonces se consideran delitos contra la salud. Estos son responsabilidad del fuero federal y se sancionan conforme al Código Penal Federal.

Casi 8 millones de niños menores de 5 años en 15 países afectados por la crisis del hambre corren el riesgo de morir a causa de emaciación grave a menos que reciban alimentos y atención terapéutica inmediata, y la cifra aumenta cada minuto, advirtió hoy UNICEF con motivo de los preparativos para la reunión de líderes mundiales en la cumbre del G7.

Desde principios de año, la creciente crisis alimentaria mundial ha provocado que 260.000 niños más –o un niño cada 60 segundos– sufran emaciación grave en los 15 países más afectados por la crisis, entre ellos el Cuerno de África y el Sahel Central. Este aumento de la emaciación grave se suma a los niveles existentes de malnutrición infantil que, según advirtió UNICEF el mes pasado, constituyen un “polvorín potencial”.

El aumento de los precios de los alimentos provocado por la guerra, la sequía persistente debida al cambio climático en algunos países –combinada a veces con un conflicto– y las repercusiones económicas actuales de la COVID-19 siguen agravando la inseguridad alimentaria y nutricional de los niños en todo el mundo, lo que da lugar a unos niveles catastróficos de malnutrición grave entre los menores de 5 años. En respuesta, UNICEF está ampliando sus esfuerzos en los 15 países más afectados. Afganistán, Burkina Faso, Chad, Etiopía, Haití, Kenya, Madagascar, Malí, Níger, Nigeria, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán, Sudán del Sur y Yemen serán incluidos en un plan de aceleración para tratar de evitar una explosión de muertes infantiles y mitigar los daños a largo plazo de la emaciación grave.

UNICEF estima que al menos 40 millones de niños padecen inseguridad nutricional grave en los 15 países mencionados, lo que significa que no reciben la alimentación mínima y diversa que necesitan para crecer y desarrollarse en la primera infancia. Además, 21 millones de niños padecen inseguridad alimentaria grave, lo que significa que no tienen acceso a una cantidad suficiente de alimentos para satisfacer las necesidades alimentarias mínimas, lo que les expone a un riesgo elevado de padecer emaciación grave.

Mientras tanto, el precio de los alimentos terapéuticos listos para usar, que se utilizan para tratar la emaciación grave, se ha disparado en un 16% en las últimas semanas debido a un fuerte aumento del coste de las materias primas, lo que deja a otros 600.000 niños en peligro de morir sin no reciben acceso a un tratamiento que pueda salvarles la vida.

Poco antes de que varios dirigentes mundiales se reúnan en la cumbre del G7, UNICEF pide 1.200 millones de dólares para:

a Organización Mundial de la Salud publicó su estudio más completo sobre salud mental en el mundo desde principios de siglo hasta la actualidad. El detallado análisis dota de una hoja de ruta a los gobiernos, las instituciones académicas, los profesionales de la salud, la sociedad civil y otros interesados que tengan por objeto ayudar al mundo a transformar la salud mental.

Entre los principales hallazgos del estudio destaca que cerca de mil millones de personas vivían con un trastorno mental en 2019, incluido el 14% de todos los adolescentes del mundo y que 1 de cada 100 muertes fueron por suicidio, el 58% de ellas cometidas por personas menores de 50 años.

Además, destaca que las personas con trastornos mentales graves suelen fallecer en promedio entre 10 y 20 años antes que la población general, que los abusos sexuales sufridos durante la infancia y la victimización por acoso escolar son causas importantes de depresión y que las desigualdades sociales y económicas, las emergencias de salud pública, la guerra y la crisis climática son algunas de las amenazas globales y estructurales para la salud mental.

El análisis destaca que, en todos los países, son los más pobres y desfavorecidos de la sociedad los que corren mayor riesgo de padecer enfermedades mentales y los que tienen menos probabilidades de recibir servicios adecuados.

Así, el 71% de todas las personas con psicosis no reciben servicios de salud mental, con una gran disparidad entre naciones. Mientras el 70% de las personas que padecen este trastorno mental en los países de ingresos altos reciben tratamiento, en los países de ingresos bajos sólo reciben atención mental el 12% de las personas.

En el caso de la depresión, las deficiencias en la cobertura son amplias en todos los países: sólo un tercio de las personas en los países de ingresos altos reciben cuidados de salud mental, mientras que el tratamiento mínimamente adecuado para esta enfermedad oscila entre el 23% en las naciones de rentas altas y el 3% en las de bajas y medias bajas.

Los 194 Estados Miembros de la OMS han suscrito el Plan de acción integral de salud mental 2013-2030, por el que se comprometen a alcanzar las metas mundiales para transformar la salud mental.

El estudio insta a todos los países a acelerar la aplicación del Plan de Acción Integral y formula varias recomendaciones de actuación, que se agrupan en tres ‘vías de transformación’.

La Organización Mundial de la Salud publica su examen más completo sobre la salud mental en el mundo desde principios de siglo. Este detallado trabajo ofrece un plan maestro a los gobiernos, las instituciones académicas, los profesionales de la salud, la sociedad civil y otros interesados que tengan por objeto ayudar al mundo a transformar la salud mental.

En 2019, casi mil millones de personas –entre ellas un 14% de los adolescentes de todo el mundo– estaban afectadas por un trastorno mental. Los suicidios representaban más de una de cada 100 muertes y el 58% de ellos ocurrían antes de los 50 años de edad. Los trastornos mentales son la principal causa de discapacidad y son responsables de uno de cada seis años vividos con discapacidad. Las personas con trastornos mentales graves mueren de media de 10 a 20 años antes que la población general, la mayoría de las veces por enfermedades físicas prevenibles. Los abusos sexuales en la infancia y el acoso por intimidación son importantes causas de depresión. Las desigualdades sociales y económicas, las emergencias de salud pública, las guerras y las crisis climáticas se encuentran entre las amenazas estructurales para la salud mental presentes en todo el mundo. La depresión y la ansiedad aumentaron más de un 25% en el primer año de la pandemia.

La estigmatización, la discriminación y la violación de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales están muy extendidas en la sociedad y en los sistemas de atención de todo el mundo; de hecho, en 20 países todavía se penalizan los intentos de suicidio. En todos los países, las personas más pobres y más desfavorecidas de la sociedad son las que mayores riesgos corren de verse afectadas por mala salud mental y también las que menos probabilidades tienen de recibir los servicios adecuados.

Incluso antes de la pandemia de COVID-19, solo un pequeño porcentaje de las personas que la necesitaban tenían acceso a atención de salud mental eficaz, asequible y de calidad. Por ejemplo, el 71% de las personas con psicosis en todo el mundo no reciben servicios de salud mental. Si bien en los países de ingresos altos el 70% de las personas con psicosis reciben tratamiento, en los países de ingresos bajos solo el 12% de las personas con psicosis reciben atención de salud mental. Por lo que respecta a la depresión, las lagunas en la cobertura de los servicios son amplias en todos los países: incluso en los de ingresos altos, solo un tercio de las personas con depresión recibe cuidados de salud mental formales y se estima que el tratamiento contra la depresión mínimamente adecuado oscila desde el 23% en los países de ingresos altos hasta el 3% en los países de ingresos bajos y medianos bajos.

En este completo informe de la OMS se ponen de relieve –a partir de las últimas evidencias disponibles, y presentando ejemplos de buenas prácticas y haciéndose eco de experiencias personales– las razones y los aspectos en los que más necesarios son los cambios y la mejor forma de proceder. Se hace un llamamiento a todas las partes interesadas para que colaboren entre sí con el fin de profundizar en el valor y el compromiso atribuidos a la salud mental, reorganizar los entornos que influyen en la salud mental y reforzar los sistemas en los que se atiende la salud mental de las personas.

Los 194 Estados Miembros de la OMS han suscrito el Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2030 (en inglés), por el que se comprometen a lograr las metas mundiales para transformar la salud mental. Los progresos parciales logrados en el último decenio demuestran que el cambio es posible. Con todo, el cambio no es lo bastante rápido, y la salud mental sigue teniendo un historial de necesidad y desatención en el que dos de cada tres dólares del escaso gasto público en salud mental se asignan a hospitales psiquiátricos independientes más que a servicios de salud mental comunitarios, donde las personas reciben mejor atención. Durante decenios la salud mental ha sido uno de los ámbitos de la salud pública más olvidados y recibía una parte ínfima de la atención y los recursos que necesita y merece.

En el informe se insta a todos los países a acelerar la aplicación del Plan de Acción Integral sobre Salud Mental 2013-2020. Se formulan varias recomendaciones de actuación, que se agrupan en tres ‘vías de transformación’ centradas en cambiar las actitudes frente a la salud mental, dar respuesta a los riesgos para la salud mental y fortalecer los sistemas de atención de la salud mental. Son las siguientes:

Las personas con discapacidad, especialmente las mujeres, se enfrentan a enormes barreras que les impiden participar en el mercado laboral y recibir formación, según las últimas estadísticas publicadas en la nueva base de datos de la Organización Internacional del Trabajo sobre su situación en el mercado laboral.

En los 60 países en los que el organismo dispone de datos, la tasa de inactividad de las mujeres con discapacidad no sólo era superior a la de las mujeres sin discapacidad, sino también a la de los hombres con y sin discapacidad.

Entre las personas que buscan trabajo, la tasa media de paro se sitúa en el 7,6%, frente al 6 % de las personas sin discapacidad y cualquier periodo de desempleo, pero especialmente uno prolongado, tiene un impacto significativo en los resultados futuros del mercado laboral.

Dado que los trabajadores informales carecen de cobertura laboral o de seguridad social, las personas con discapacidad que tienen empleos informales se encuentran en una situación aún más vulnerable.

Sin embargo, las personas con discapacidad tienen más probabilidades de trabajar por cuenta propia que las que no las tienen, es decir, como trabajadores autónomos o como trabajadores domésticos. En muchos países, esta situación responde a las escasas oportunidades que tienen de encontrar un trabajo remunerado.

En la mayoría de los países de los que se dispone de datos, las personas con discapacidad ganan menos al mes que las que no la tienen, una situación que repercute directamente en su poder adquisitivo y en su nivel de vida.

La Organización también indica que estas barreras laborales aparecen a una edad temprana. Los jóvenes de entre 15 y 29 años con discapacidad tienen hasta cinco veces más probabilidades de estar fuera del sistema educativo y de no trabajar o formarse que sus compañeros sin discapacidad.

La tasa de personas con discapacidad empleadas disminuyó entre 2019 y 2020 en 11 de los 12 países de los que se dispone de datos. Una posible razón de este deterioro es que las mayores pérdidas de empleo se produjeron en los sectores del comercio minorista y la hostelería, donde suelen trabajar muchas personas con discapacidad.

A pesar de la adopción de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad hace ya más de una década, a estas personas se les niega con frecuencia su derecho a trabajar en igualdad de condiciones con las demás.

Las personas con discapacidad, especialmente las mujeres, se enfrentan a enormes barreras de actitud, físicas y de información que les impiden participar en el mercado laboral, y no disfrutan del mismo nivel de acceso a las oportunidades de empleo que las personas sin discapacidad.

En comparación con las personas sin discapacidad, experimentan mayores tasas de desempleo e inactividad económica y corren un mayor riesgo de encontrarse en una situación de empleo vulnerable, concretamente en trabajos que les expone a un mayor riesgo de caer en la pobreza.